Alertan escalada de violencia en Chiapas, registran 156 agresiones contra defensoras

 Escrito por Paola Piña

.- Ciudad de México.– En Chiapas, entre enero de 2024 y mediados de 2025 se documentaron 156 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, entre ellas cuatro asesinatos y 131 ataques directos en represalia por su labor, cifras que evidencian una escalada de violencia en la región, alertó Espacio OSC.

En este escenario, el panorama para las mujeres periodistas tampoco es alentador. De acuerdo con Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), entre 2024 y 2025 se registraron 21 agresiones contra mujeres periodistas, siendo 2025 el año más violento con 16 casos, incluidos dos allanamientos.

Este clima de violencia se desarrolla en el contexto de crisis que arrastra la entidad. Según el informe “Chiapas es un desastre” (2023), el estado se ha convertido en un territorio en disputa por el control político, social, económico y territorial, producto de la triada gobierno–empresas–delincuencia organizada, lo que ha profundizado la violencia y la impunidad.

Como consecuencia, persisten desigualdades estructurales, incremento de violencia armada, desplazamiento forzado, desapariciones y trata de personas, afectando de manera desproporcionada a pueblos indígenas, mujeres, niñas y niños.

Frente a este contexto se encuentran las y los defensores de derechos humanos, quienes además de enfrentar condiciones adversas, han sido reprimidos por el Estado. Un caso reciente fue el ocurrido el 7 de octubre de 2025, cuando madres buscadoras que mantenían un plantón frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron agredidas por policías estatales para desalojarlas.

Las madres buscadoras denunciaron además violencia institucional, acusando a la FGE de filtrar carpetas de investigación y fotografías, vulnerando nuevamente sus derechos y poniendo en riesgo su seguridad.

Este no es un hecho aislado, pues durante el transcurso 2025 también se han registrado múltiples agresiones contra Dora Robledo, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien ha sufrido al menos ocho ataques, el más reciente documentado por Cimacnoticias, el allanamiento de su vivienda.

Directora del Frayba reporta 8 agresiones en su contra durante 2025

A su vez, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha documentado 46 agresiones en su contra, incluyendo vigilancia, amenazas, allanamientos y campañas de difamación por parte de autoridades. Pese a contar con medidas cautelares desde 2010, el Estado no ha garantizado su protección.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, ha sido una de las organizaciones que más ha denunciado el avance del crimen organizado en el estado, lo que ha derivado en hechos como la Masacre de Nueva Morelia, donde fueron asesinadas 11 personas (cinco mujeres y seis hombres).

Otro caso reciente fue contra la organización Las Abejas de Acteal, quienes denunciaron un ataque armado por grupos delictivos el pasado 8 de junio , no obstante el Estado en lugar de detener a los responsables, las autoridades criminalizaron a uno de sus integrantes.

Comunidad Tzajalch’en y Las Abejas de Acteal denuncian agresión armada en su contra

“La realidad en Chiapas muestra desafíos alarmantes en materia de seguridad y derechos humanos. Mientras se habla de reconciliación y diálogo, las agresiones contra quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo persisten”, advirtió Espacio OSC.

A su vez, detallaron que estos abusos cometidos contra las y los defensores, se entrelazan con las denuncias de las comunidades zapatistas ante los  despojos de tierras y hostigamientos contra comunidades indígenas, pues se demuestra la complicidad con fuerzas armadas federales, policías  estatales y agentes particulares. 

Pese a este contexto crítico, Espacio OSC denunció recortes al financiamiento de organizaciones civiles, lo que limita su capacidad de acompañamiento y deja en mayor vulnerabilidad a víctimas y comunidades.

Exigencias

Las organizaciones exigieron al gobierno de Chiapas que garantice la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, respete su labor y detenga cualquier forma de criminalización y estigmatización en su contra. También demandaron acciones urgentes para salvaguardar su vida e integridad.

La Fiscalía del Estado de Chiapas, le demandaron informar sobre el avance de las investigaciones por los delitos cometidos contra defensoras, defensores y periodistas, y a agilizar los procesos judiciales correspondientes.

Asimismo, pidieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que emita un informe especial sobre la situación de riesgo que enfrenta este sector y transparente el estado de las quejas presentadas contra autoridades involucradas en violaciones a derechos humanos.

El elevado costo de las violencias contra las mujeres en México

Familiares de desaparecidos protestan en la ciudad de Veracruz, en el estado homónimo del sureste de México. La violencia deja una elevada carga física, emocional, laboral, económica y de salud, aún no cuantificada, en este país latinoamericano, con un peso especial y diferenciado para las mujeres. Imagen: Emilio Godoy / IPS

MÉXICO – Desde 2010, la defensora de derechos humanos Teodomira Rosales ha cambiado de residencia tres veces en México y ha tenido incluso que vivir fuera del país unos meses, a causa de las amenazas en su contra.

“No es un tema chido (agradable), mi desplazamiento fue muy triste, porque teníamos ilusiones de tener una casa. Y al tenerla, nos desplazamos. Nunca pensé que defender a desplazados era pecado”, relató a IPS la directora del no gubernamental Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, del suroccidental estado de Guerrero.

En 2018 ella y sus hijos abandonaron la comunidad Tecoanapa, en el homónimo municipio de Guerrero, a unos 480 kilómetros al sureste de Ciudad de México, para residenciarse en Chilpancingo, la capital del estado. Luego, en 2020 debieron desplazarse hacia la capital, donde también ha recibido intimidaciones.

Los ataques provienen de su trabajo con grupos desplazados en Guerrero, estado asolado por bandas de narcotraficantes y uno de los territorios más pobres del país.

La migración obligada ha sido un suplicio para esta afro indígena y defensora de derechos humanos de 43 años, divorciada y madre de cuatro hijos, y que ha tenido una caída emocional, laboral y de salud por las amenazas y los forzados desplazamientos con sus hijos.

“Llegar con una muda de ropa, pensar que no tienes dinero, ni quién te ayude. Estás como bloqueada, estás sola. La vida en un pueblo se vive tranquila, todos nos conocemos. Pero al estar en Ciudad de México, todo cambia, llegamos a un lugar desconocido. Es una ciudad muy grande, nadie se conoce y luego en una zona donde hay gente güera (blanca), alta”, señaló.

Rosales, quien ha estado cobijada por el gubernamental Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y quien tuvo que irse a Francia en 2024 por unos meses con sus hijos, pasó del miedo a la autoinculpación, a la depresión y a una adaptación relativa.

“No nos acostumbrábamos a un apartamento, era muy complicado. No sentía sabor ni siquiera la comida. En las noches lloraba mucho, soñaba con mi casa. Siempre me preguntaba qué hice, si defender derechos humanos era lo único que hice. Caí en depresión, igual que mis hijos. Me he enfermado mucho desde que salí”, relató.

Esta historia refleja el impacto de la violencia sobre asuntos como la vida económica de las mujeres en México, incluyendo el acceso al mercado laboral, especialmente en los estados más asediados por este flagelo.

Los datos más recientes denotan la situación de violencia en la que viven millones de mujeres mexicanas, por diferentes razones, desde su activismo como es el caso de Rosales, hasta el empoderamiento en su comunidad, el trabajo o en su misma familia, o la discriminación por su condición de género.

De los 130 millones de habitantes en este país latinoamericano, prácticamente la mitad son mujeres y de ellas siete de cada 10 mayores de 15 años reportan haber experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

Históricamente, las tasas de denuncia de violencia de género han sido extremadamente bajas. Estimaciones recientes indican que alrededor de 93 % de los casos de violencia sexual no se denuncian o no originan una investigación de las autoridades.

Los dos subindicadores del Índice de Paz México 2025 más estrechamente asociados con la violencia contra las mujeres son la violencia sexual y la violencia familiar, cuyas tasas oficiales se han más que duplicado en la última década.

En los primeros cinco meses del año, de los 16 364 homicidios registrados en México, una cuarta parte de las víctimas fueron mujeres. Mientras, los feminicidios totalizaron 274, casi un cuarto menos del nivel del mismo periodo de 2024.

Pero si en 2015 los feminicidios, o asesinatos de mujeres por razón de su género, representaban casi 20% de los homicidios de mujeres, esta tasa aumentó a 24 % el año pasado.

El costo de la violencia de género totalizaba 1,4% del producto interno bruto (PIB) en 2015, cifra que pudo haber aumentado desde ese año.

Prácticamente, la mitad de México padeció algún grado de violencia en 2024. Imagen: IPM

Exclusión

Esta situación de violencia repercute en la participación laboral femenina en México, según estadísticas y expertas consultadas.

Mariana Ávila, fundadora y presidenta del no gubernamental Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, un estado del centro del país, analizó que la invisibilización y falta de prevención son factores que impulsan esta violencia

“Hay una gran deuda, muchos pendientes. Hay falta de perspectiva de derechos, de enfoque de género, de políticas públicas y la generación de la agenda pública. En el trabajo se replican las violencias en los espacios familiares y que no están siendo atendidas. Institucionalmente, no se han logrado mecanismos para que las mujeres empaten horarios labores con escolares o con centros infantiles”, señaló a IPS.

La especialista citó el caso de Aguascalientes, imán de industrias ensambladoras de automóviles, electrodomésticos y otros equipos, y cuyos puestos de trabajo recaen en manos femeninas, lo que las ha situado a la cabeza de los hogares y su principal sostén económico.

“Por lo regular, las mujeres solventan la canasta básica, pero los trabajos que tienen un mayor ingreso son de varones en las grandes empresas. Tenemos un problema fuerte cuando hay una denuncia por violencia, porque los que pagan los créditos del hogar son hombres. En la mayoría de los casos, las mujeres tienen que retirarse del hogar”, denunció desde Aguascalientes, capital del estado homónimo. .

El resultado: perjuicio al acceso a salarios más dignos y condiciones de seguridad social.

Entre las 90 recomendaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que vela en el mundo por el cumplimiento de la convención al respecto, vigente desde 1981, ha dirigido a México, figuran medidas para mejorar la vida económica de las mujeres.

Entre ellas destacan el cumplimiento de la ley laboral, mejor acceso al empleo formal y presupuesto adecuado para el Sistema Nacional de Cuidados.

Pero pese a los avances registrados a lo largo de este siglo, predomina la desigualdad económica de género.

En mayo último, la población económicamente activa, las personas que trabajan, buscan empleo o están dispuestas a trabajar, sumó 61,7 millones de personas, ligeramente mayor que la cantidad registrada en el mismo lapso de 2024. Las mujeres representaron 45,8%, por debajo de la tasa de hace un año (47 %).

Entre 2005 y 2023 la participación de las mujeres en el mercado laboral creció cinco puntos porcentuales, por lo que demorarían 119 años que alcancen el porcentaje de los hombres.

Los costos de la violencia de género cruzan estos datos. Por ejemplo, la reparación del daño por un caso de violencia en Aguascalientes ascendió a unos 82 000 dólares, sin el apoyo psicológico.

Al respecto, en México operan un fondo federal, otro estatal y uno más a cargo de las fiscalías, insuficientes ante el nivel de violencia imperante.

Más adaptada a la vida en la metrópoli capitalina, pero añorando su tiene a la que la perspectiva de volver es lejana, Rosales plantea la necesidad de que el gobierno dé atención a los desplazados internos.

“Necesitamos apoyo, porque cuando hay una persona desplazada, nadie se acerca. El gobierno no mira a las víctimas de desplazamiento, no veo que den atención. Pero las personas que no son defensoras son más vulnerables. El desplazamiento no se menciona ni se quiere reconocer, porque no hay ley”, cuestionó.

Desde 2009, la cantidad de desplazados internos ha aumentado en México, hasta ascender a 390 000 por situaciones violentas en 2024.

Para la experta Ávila, urge la superación de barreras como la corrupción, la incapacidad, la falta de fortalecimiento institucional y de presupuesto. “Hay mucho trabajo hecho por la sociedad civil y las víctimas, pero poca respuesta institucional. Podríamos tener más roles y necesitamos discutirlo en el debate público”, sostuvo.

Presentan acciones de prevención y erradicación de la violencia

 Escrito por Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta.- Ciudad de México.- Este 25 de abril, que como cada mes se conmemora el Día Naranja, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y la Secretaría de Seguridad Pública –acompañadas por funcionarias de Chiapas– presentaron el informe mensual del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores que viven violencia basadas en el género.

Al presentar este informe, la titular del Inmujeres, Nadine Gasman Zylberman, aseguró que de manera coordinada entre las instituciones federales y los gobiernos de los estados y los municipios han buscado desarrollar modelos de atención y de atención primaria de la violencia. 

Este modelo, presentado originalmente en una conferencia del pasado noviembre, es eje de la política nacional integral y consiste en prevención, atención y sanción, para lo cual se despliegan servicios e intervenciones dirigidos a la población, así como un cuarto paso que es la erradicación, que requiere programación y presupuesto, estadísticas y evaluación y armonización legislativa.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, dijo que 80 por ciento de los casos de feminicidio son causados por una persona cercana y conocida de la víctima, y anunció una iniciativa para el registro de agresores sexuales y feminicidas para que las fiscalías estatales tengan un banco de ADN para uso forense, en el cual se registre información genética de los agresores y sea utilizado para vincular evidencia entre entidades, con apoyo de un grupo de expertos de la SSPC.

La funcionaria dijo también que “en los próximos meses” se va a expedir un protocolo homologado de atención a la violencia de género y violencia feminicida para los primeros respondientes y a la par se va a emprender una certificación policial de los tres niveles de gobierno para que prevengan y atiendan cualquier caso de violencia con los estándares adecuados. 

Cuestionada directamente sobre cómo funcionaria el registro de ADN, Icela Rodríguez respondió: “estamos iniciando apenas la discusión sobre esta propuesta. Por eso decimos nosotros que es una propuesta, una iniciativa que tiene la Secretaría para ayudar en las investigaciones”. 

Cimacnoticias también preguntó a las funcionarias si son vigentes la estrategia “Puertas Violeta” y “Siempre Vivas” que fueron anunciadas por ellas en el pasado, y cuáles han sido sus resultados.

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Al respecto, la titular del Inmujeres  dijo: “hemos estado trabajando de una manera coordinada en diferentes estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres en el marco del protocolo, del modelo del que hablamos, acciones que van desde las redes Mujeres Constructoras de Paz”.  

Es de recordar que desde el inicio de su administración, el gobierno federal lleva enlista una serie de acciones que no han logrado disminuir la violencia y no constan en documentos oficiales, empezando por el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, uno de los documentos más importantes de la administración federal pues contiene las acciones específicas que cada dependencia de gobierno debe realizar para atender esta problemática, y que se publicó oficialmente hasta diciembre de 2021.

Además, desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2018, y hasta el 25 de noviembre de 2021, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Secretaría de Gobernación (Segob) había presentado en conferencia de prensa al menos tres acciones para prevenir la violencia, sin que ninguna conste en algún documento oficial ni exista aún evidencia sobre su impacto, estas son: Puerta Violeta, el Acuerdo Nacional por la Vida, la Seguridad e Integridad de las Mujeres, el Plan Emergente para Prevenir y Sancionar las violencias contra las mujeres y la Red de servicios especializados para mujeres que se llama “Siempre vivas, siempre libres, siempre iguales.

En el caso de la acción “Puerta Violeta”, anunciada por la entonces secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Segob informó a Cimacnoticias vía transparencia que no tenía facultades sobre este programa, llamado también Estrategia Nacional de Protección Integral a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes; el Inmujeres, por su parte, precisó también vía transparencia que para esta acción, que consiste en unidades de atención en los municipios, el gobierno federal únicamente brindó asesoría y acompañamiento a los grupos impulsores locales que han implementado las unidades en el Estado de México, Michoacán y San Luis Potosí, sin embargo, no tenía información específica de cada una de estas unidades. 

El Acuerdo Nacional por la Vida, la Seguridad e Integridad de las Mujeres, por otra parte, fue presentado en abril de 2020 por la entonces titular de la Conavim, la maestra Candelaria Ochoa, ante el Congreso de la Unión pero no formaba una política pública y nunca derivó en un documento oficial. 

Otro caso es el de la Red de Servicios Especializados para mujeres que se llama “Siempre Vivas, Siempre Libres, Siempre Iguales”, presentado este enero de 2021, para el cual la Conavim dijo vía transparencia, que no genera, registra, ni mantiene información al respecto.

Pensar y explicar la violencia extrema

 Escrito por Lucía Melgar Palacios 

Sobre “Necromáquina”, de Rossanna Reguill

CIMACFoto: César Martínez López

“Cuando morir no es suficiente”, subtítulo del reciente libro “Necromáquina” (2021) de Rossana Reguillo, apunta a la dimensión “abismal” de la violencia extrema que estamos viviendo en México desde la agudización de una “guerra inducida” (Monárrez) que alcanza hoy niveles casi inimaginables de crueldad.

Enfrentar las masacres y desapariciones y la extorsión impuestas por el crimen organizado, en colusión muchas veces con autoridades, es aterrador para la población; analizarla, es un reto doloroso. Dar cuenta y articular el sentido del salto a una crueldad extrema, que secuestra, desaparece, desgaja cuerpos humanos y los oculta como despojos en fosas clandestinas o los exhibe des-humanizados en calles y puentes, implica confrontar el espanto que enmudece, atreverse a mirar un horror asociado con lo indecible, para acotar con el poder de la palabra ética ese vacío que amenaza con engullir el sentido de lo humano y lo social.

Con una impresionante trayectoria como investigadora de las juventudes, los movimientos sociales y las violencias, Rossana Reguillo ha echado mano de un sólido bagaje intelectual y de su singular capacidad de reflexión e imaginación crítica para ofrecernos un acercamiento a las ya no tan nuevas violencias que desafían día a día a la sociedad, al Estado y su perdido monopolio del uso de la violencia “legítima”.

Con ello nos invita a superar las explicaciones maniqueas e intentar aprehender lo que llamamos “barbarie”, como si fuera ajena a “nosotros”, y resistir a su normalización.

Aunque una primera lectura no dé cuenta de la riqueza de este libro, destaco al menos su relevancia para pensar mejor en vías de resistencia e intervención social ante las violencias que desde hace años diezman nuestro presente y futuro.   

A través del análisis de hechos violentos que pautan el paso del inicio de la “guerra” al predominio del “narco” en vastas regiones,  al control con afán totalitario sobre territorios, recursos, personas, redes políticas y sociales del crimen organizado, Reguillo explica la transformación  de lo que antes llamó  “narcomáquina”, todavía activada por una racionalidad acumulativa de ganancias, a lo que hoy nombra “necromáquina”, una insaciable maquinaria de muerte.

La “necromáquina” remite a las violencias atroces, con que no se busca matar para deshacerse de un “enemigo” sino demostrar un poderío que se quisiera inconmensurable sobre la vida misma: ya no basta con morir, explica un chico engullido por el crimen organizado, es preciso desbaratar(se). Ya no basta matar, hay que imponer dolor y destruir.

La necromáquina, explica Reguillo, “es la disolución de la vida en estado de urgencia”, recurre a una práctica de “tierra arrasada”, de “destrucción sistemática del territorio y de la vida, para imponer un régimen de terror a través de violencias inenarrables y someter a las poblaciones a la resignación total”. En ella participan tanto el crimen organizado como los ejércitos que expulsan poblaciones para implantar megaproyectos.

La “necromáquina” recurre a la violencia “disciplinante” para conformar cuerpos y mentes sumisos; despliega sobre todo “violencia expresiva” en procesos de des-humanización y des-personalización; transforma vidas en despojos, que exhibe para aterrar. El efecto de esta violencia expresiva  – también evidente en los casos de feminicidio de Ciudad Juárez (Monárrez, Segato)-  no queda en gritos o estremecimientos de espanto.

La necromáquina, desplegada con particular brío en Michoacán, transforma y conforma relaciones sociales, modos de pensar y vivir: normaliza la violencia y su lenguaje. Crea sus propios agentes, sus condiciones de funcionamiento. Apela a la emoción, al anhelo de pertenencia o “redención” (como la Familia/Templarios)…

Con lucidez, Reguillo nos confronta con la realidad de una maquinaria destructiva, que se nutre en las capas oculta(da)s de una sociedad que ha negado presente y futuro a millones de jóvenes y tolerado  violencias insoportables sin reconocer su propia responsabilidad.

No todo está perdido, sin embargo. La resistencia individual y colectiva que representan el trabajo de periodistas de investigación, bordadoras por la paz, madres buscadoras, libros como éste (añado), desafía el silencio y el sometimiento ante la normalización del horror.

Anuncia gobierno federal nuevo modelo de atención para víctimas de violencia

Escrito por Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

Cortesía de Segob

Ciudad de México.- El gobierno de México anunció hoy un nuevo modelo de atención para víctimas de violencia aún cuando no ha publicado el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres ni otras estrategias anunciadas a inicio de este 2021.

En la conferencia de prensa del presidente este 3 de noviembre, las titulares del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) Nadine Gasman Zylbermann y de la Comisión Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres (Conavim) Fabiola Alanís Sáman, informaron las acciones y los avances del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias hacia las mujeres.

Nadine Gasman anunció la creación de un modelo de atención integral para la atención primaria de la violencia contra las mujeres, enfocado en la prevención. Este modelo, dijo, fue formalizado en el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres el 7 de septiembre pasado, y su objetivo es hacer un nuevo pacto social para una sociedad libre, democrática y soberana en el que no haya cabida para la exclusión y la violencia contra las mujeres.

“Este modelo considera las relaciones sociales, interpersonales y familiares, pero también las comunitarias y las estructurales, y a través de acciones que hacen cada uno de los que están involucrados, de los ámbitos de acción, hacemos estas transformaciones. Son cuestiones que tienen que ver con los contenidos en la escuela, con los contenidos, lo que se hace desde la cultura, cómo se previene el acoso y el hostigamiento en el trabajo, cómo se previene la violencia obstétrica en salud”, detalló la funcionaria.

Es de recordar que el 27 de enero de este año, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como las funcionarias integrantes del Grupo Interinstitucional de Estrategia contra Violencias (GIEV), anunciaron la creación de una Red llamada “de las Siempre Vivas”, la cual daría atención psicosocial, jurídica y de salud a las mujeres víctimas de violencia, además de implementar estrategias de prevención. Esta Red y su funcionamiento aún no consta en ningún documento público, menos aún sus resultados.

Asimismo, desde diciembre de 2019 que inició su mandato, el gobierno federal no ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que sería la estrategia formal de la que deberían derivar las acciones que esta administración lleve a cabo para atender la violencia contra las mujeres.

De acuerdo con información obtenida vía transparencia, hasta el 28 de octubre de este 2020, el programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres estaba aún a la espera de la recepción del refrendo por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Una vez realizado esto, explicó la Conavim, se estará en condiciones de remitir el expediente completo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su presentación a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y someterlo a firma del Presidente de la República.

La titular de Inmujeres también habló hoy de una segunda estrategia enfocada en el acceso a las mujeres al derecho agrario, y aseguró que desde esa instancia, en coordinación con la Procuraduría Agraria y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, han impulsado procesos de formación y reflexión de mujeres en las regiones de la Huasteca, Totonacapan y en las altas montañas de Veracruz, y que se han dado desde 2020 “casi tres mil títulos de propiedad a las mujeres”.

Gasman Zylbermann también refirió el programa de “Mujeres Constructoras de Paz”, anunciado en 2020, como medida para la prevención de la violencia. La funcionaria aseguró que este 2021 se formaron 100 redes de Mujeres Constructoras de Paz en 54 municipios de 11 entidades federativas donde están participando activamente más de mil 500 mujeres; en 2020 se formaron más de 200 redes.

La funcionaria aseguró que los derechos de las mujeres están garantizados a través de los programas prioritarios de esta administración, ya que 58 por ciento de las beneficiarias, lo que equivale a 55 millones, son mujeres y niñas, quienes representan, por ejemplo, 57 por ciento del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” y 68 por ciento de las más de 15 millones de becas ‘Benito Juárez’.

Presumen mayor inversión en Centros de Justicia y AVG, pero no informan resultados

La titular de la Conavim, por su parte, informó que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han invertido más de 300 millones de pesos en los 56 Centros de Justicia para las Mujeres que hay en todo el país.

Ésta, aseguró, se trata de la mayor inversión que ha dedicado una administración federal para este tipo de centros. Tan sólo este 2021 se inauguraron Centros de Justicia en San Luis Potosí, Uruapan y Michoacán, y dijo que próximamente habría más Centros en Gómez Palacio, en Durango; Cuauhtémoc, en Chihuahua y en Piedras Negras, en Coahuila, además de que ya se están construyendo los de Escárcega, en Campeche; La Magdalena Contreras, en Ciudad de México; San Luís Río Colorado, en Sonora y el de Tlaxcala.

La Conavim precisó que en lo que va del año, estos Centros han atendido a 174 mil mujeres, es decir, un promedio diario de 580 mujeres que acuden a recibir atención psicológica, asesoría legal, atención médica, a poner una denuncia, a capacitarse para el empleo, etcétera.

No obstante, en el informe “Violencia en espera de atención”, que publicaron las organizaciones “Equis Justicia para las Mujeres” y el “Observatorio Ciudadano de los Centros de Justicia para las Mujeres” en 2020, se dio a conocer que los Centros de Justicia para las Mujeres –que son espacios integrales que concentran servicios interinstitucionales y especializados de atención con perspectiva de género para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos– limitaron su funcionamiento debido a las medidas de confinamiento por la pandemia. Por ejemplo, testimonios de Torreón señalaron que en el número telefónico 075, instalado en paralelo al 911 con el objetivo de dar asistencia a mujeres, no responden cuando las víctimas lo han marcado y, en otras ocasiones, no había señal, entre otras fallas en estos servicios.

Alanís Samano también detalló que en lo que va de la presente administración la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Conavim, ha decretado siete Alertas por Violencia de Género: en Baja California, Guerrero, Chihuahua, Estado de México, Sonora, Puebla y Tlaxcala. “Se trata del mayor número decretado en menos de tres años, en coordinación con el Inmujeres y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Para atender las Alertas de Violencia de Género, la Segob a través de la Conavim realizó este año una inversión de 121 millones de pesos en acciones orientadas a la prevención del feminicidio, la atención al rezago en las carpetas de investigación, y la atención especializada a niñas y mujeres indígenas y afromexicanas.

Los recursos sirvieron, explicó la funcionaria, para la contratación de 787 profesionistas: abogadas, psicólogas, médicas, antropólogas forenses, trabajadoras sociales, traductoras, etcétera, que laboran en 34 instituciones locales, principalmente, fiscalías estatales, Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas, secretarías de Seguridad Pública y las secretarías e institutos de las mujeres en el país.

Destaca que, como informó la propia Conavim en días pasados, en 6 años de AVG decretadas en el país, solamente 9 por ciento de las 552 medidas recomendadas en 18 Alertas han sido cumplidas a cabalidad, el resto de las medidas evaluadas no se han cumplido o están en proceso; y 7 AVGM, con sus respectivas medidas, no han sido evaluadas.

La Conavim también informó que tiene un sistema de monitoreo que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las fiscalías de los estados, identifica los casos de violencia contra las mujeres y las niñas, y en lo que va del año, la Conavim ha atendido a 594 víctimas y sobrevivientes de violencia, más de la mitad por violencia sexual y física; 34 casos de feminicidio y 7 de tentativas de feminicidio.

El organismo dio a conocer que entre los casos que ha atendido hubo dos feminicidios infantiles, algunas de las víctimas de apenas 1 y 2 años de edad, ambos casos por agresión sexual, uno a manos del padre biológico, y en otro, en manos de un tío.

También dio a conocer que nueve de cada 10 violaciones a las niñas ocurren al interior de los hogares o en el entorno más cercano a la víctima, y no se denuncia por miedo, “por desconfianza a la autoridad o por pena”.

21/AJSE/LGL

Estas son las 7 colonias más inseguras para tomar Uber o taxi en CDMX

La Ciudad de México presenta condiciones que ameritan incrementar la seguridad en el transporte, porque de acuerdo a un estudio realizado por la Policía de Investigación hay un mapa delictivo que señala a siete colonias donde se registra mayor número de ataques a mujeres solas que viajan en taxi o en vehículos controlados por plataformas digitales.

Esas colonias son Polanco, Nápoles, Roma, Condesa, Santa Fe, Escandón y San Jerónimo, lo que se suma a los delitos cometidos contra mujeres que derivaron en la petición desde 2017 de colectivos feministas a una Alerta de Género para la Ciudad de México, con el objetivo de que se destinen mayores recursos y atención para resolver esta problemática.

Con el fin de mejorar la seguridad en el transporte de la Ciudad de México, se establecerá un botón de pánico para controlar alrededor de 180 mil taxis concesionados y de plataforma digital, el cual se activará desde una aplicación celular conectada al C5, informó Andrés Lajous Loaeza, secretario de Movilidad.

    Es una aplicación del taxi de la ciudad, la vas a descargar en tu celular, vas a poder poner la placa del taxi y entonces tú ya sabes en qué taxi vas y quién es el operador".

    Y ahí va a haber un botón, como parte de la aplicación. Si hay un incidente, lo aprietas y después de unos segundos manda una señal al C5 con los datos de tu localización. Se le empieza a seguir y se despachan policías", explicó y detalló que el tiempo de respuesta es de seis minutos de acuerdo a pruebas realizadas.

    La Alerta de Género es un tema que sí nos importa, no está bajo nuestra responsabilidad y tiene qué ver con muchas más cosas, no sólo el transporte.

    Pero siempre es preocupante porque es importante que las personas se sientan seguras y es nuestra responsabilidad generar las condiciones y evidentemente reducir los incidentes en donde haya personas afectadas, ya sea por robo o violencia sexual”, indicó Lajous.

Actualmente se está construyendo la base de datos, tarea en la que participan las empresas que dan servicio de taxi mediante plataformas digitales como Cabify, Didi, Uber, Vic y Volt.

El 17 de julio se reunieron con los representantes de esas compañías para informarles que, de acuerdo a la modificación del reglamento de la Ley de Movilidad, los conductores de esos vehículos y las unidades deben cumplir con ciertos requisitos.

    Incluimos que los vehículos que trabajan con estas empresas deben pasar por una revisión físico-mecánica una vez al año y que los conductores tendrán que sacar una licencia tipo E1.

    Por lo que deberán capacitarse y hacer una prueba de pericia, así como exámenes médicos que les realizan en el Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México (Cenfes, A.C.)”, explicó.

El registro de operadores termina el 10 de septiembre tanto para taxis concesionados como plataformas. En el caso de las empresas digitales se comprometieron a que cada siete días renovarán la información de quienes fueron conductores y vehículos. La información incluye el número de placa del vehículo y la Clave Única de Registro de Población (CURP) del conductor.

    Es decir, que podamos asociar conductores a placas de vehículo de tal manera que, si hubiera un incidente vial, o un incidente de seguridad, rápidamente la autoridad podría actuar conociendo el nombre del conductor responsable de ese vehículo.

    Cualquier ciudad debe tener un buen servicio de taxi, y eso es clave, y eso evidentemente implica que las personas se sientan seguras cuando se suban a un taxi. ¿De qué depende esa confianza? Depende que exista la información sobre con quién se sube uno”, subrayó.

En la Ciudad de México operan alrededor de 60 mil taxis regulados por las plataformas digitales mencionadas. Asimismo, hay 141 mil taxis con placas concesionadas, de los cuales aproximadamente 110 mil pasan a la revista mecánica año con año, son los que están en activo.

    Nosotros propiamente no le damos seguimiento a los incidentes de seguridad, es una cosa que hacen las instituciones respectivas, pero siempre que nos piden información la compartimos; realmente son unas semanas, no creo que sea mucho más, para que tengamos los botones de pánico conectados al C-5”, finalizó el funcionario.

https://m.excelsior.com.mx/comunidad/estas-son-las-7-colonias-mas-inseguras-para-tomar-uber-o-taxi-en-cdmx/1332486

Aumentan violencia y crímenes con arsenal de fuego, advierte Ruiz Cabañas en conferencia de Tokio

Entran a México 200 mil armas al año por la frontera norte: SRE

Cada año ingresan a México más de 200 mil armas por la frontera norte, la mayoría de las cuales llega a manos de la delincuencia organizada, señaló el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, durante la cuarta Conferencia de los Estados parte del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA).

En un discurso ofrecido por el funcionario mexicano en la conferencia que se lleva a cabo en Tokio, Japón, del 20 al 24 de agosto, se advirtió que a escala global existe un incremento de la violencia armada y de homicidios con armas de fuego, muchas de ellas desviadas al tráfico ilícito.

Ruiz Cabañas puntualizó que en 2017, las autoridades mexicanas decomisaron 37 mil 421 armas pequeñas y ligeras, procedentes de países de todas las regiones.

De acuerdo con el subsecretario, cuyas declaraciones fueron hechas públicas por él mismo, se estima que a escala global existen 875 millones de armas pequeñas y ligeras, cada año se producen 8 millones más.

Ante la comunidad internacional, defendió el TCA, al calificarlo como la vía para hacer la diferencia y que no mueran más personas en conflictos armados, no se cometan más ataques contra civiles y para que las armas no caigan en manos del crimen trasnacional organizado o las de personas desequilibradas que llevan a cabo ataques masivos contra población inocente.

Ningún país por sí solo puede hacer frente a este desafío. Se requiere la participación comprometida de todos, enfatizó.

Por ello, dijo, la cuarta conferencia debe servir para fortalecer el régimen del Tratado sobre el Comercio de Armas y consolidarlo como el pilar esencial de la estrategia global en la materia.

Debemos redoblar esfuerzos para alcanzar la universalidad del tratado. Estamos en la antesala de alcanzar las 100 ratificaciones. Llegar a esa cifra nos colocará sólo a la mitad del camino. Hacemos un llamado para que los estados que no lo han revalidado lo hagan a la brevedad, solicitó.

Ana Langner

Periódico La Jornada
Miércoles 22 de agosto de 2018, p. 12

Asesinan a precandidata priista Dulce Rebaja Pedro

 Era funcionaria y buscó una diputación local 

   

La ex aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputada local en el distrito 25, Dulce Rebaja Pedro, y su primo Crescencio Rebaja Bello fueron encontrados asesinados alrededor de las 7:30 de la mañana de este domingo 25 de febrero en la carretera Chilapa-Atzacoaloya.

De acuerdo con medios locales, el 24 de febrero ambas víctimas desaparecieron cuando viajaban con dos familiares más, un hombre que también fue hallado asesinado y una mujer de quien se desconoce el paradero. Antes de la desaparición ella tomó protesta como coordinadora del PRI en Chilapa.

La joven actualmente era directora de Investigación y Evaluación de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes del Gobierno de Guerrero y coordinadora regional de la organización priista Movimiento Territorial en Chilapa.

El presidente del PRI estatal, Heriberto Huicochea Álvarez, dijo a la presan local que Dulce Rebaja, de 27 años, compitió en la selección de precandidatos a diputaciones locales pero el lugar lo obtuvo la ex alcaldesa de Chilapa, Alicia Zamora Villalba.

Al respecto ayer el Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitió un comunicado para condenar el crimen, expresar su pésame a los familiares, exhortar a que se investigue y castigue el asesinato y pronunciarse en contra de los actos de violencia política contra las mujeres.

Este crimen ocurrió el mismo día que el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza y la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), Hilda Flores Escalera, presentaron el Protocolo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género, en su partido.

Este asesinato se dio cuatro días después del de Antonia Jaimes Moctezuma, precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a una diputación local por Chilapa, asesinada por hombres armados cuando estaba en un restaurante de su propiedad

CIMACFoto: César Martínez López

Por: la Redacción

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

50 mil niños huérfanos por la guerra en México; se suicidan o se vuelven delincuentes: periodista palestino

 

Por: Emma Martínez 

México vive una hemorragia; en el norte tiene su propio Medio Oriente: periodista palestino

(28 de mayo, 2015).- Miguel tiene 7 años de edad, constantemente sueña con sangre. Afirma que es la sangre de su padre y sus dos hermanos que fueron ejecutados frente a él y su madre.

Ellos, su madre, padre y hermano, transitaban una de las carreteras de Chihuahua. Un comando armado los detuvo y bajó de su camioneta, hicieron que se formaran en una fila y así de pronto le dispararon al hermano y al padre de Miguel. El grupo de hombres armados aventó los cadáveres al monte. A él y a su mamá los dejaron en un entronque. Miguel sueña con sangre, no hay más sueños que ese.

“A sus 8 años, Jaime, originario de Torreón, Coahuila, le ha expresado a su abuela que espera “crecer para matar” a los asesinos de sus padres. Tan sólo en esa ciudad, suman poco más de 150 niños que han perdido a uno o a sus dos padres por la violencia de los últimos años”, afirma Ramiro Ornelas, psicólogo e integrante de la asociación civil Grupo Vida.

Asegurando que, “con frecuencia los familiares se ven en la necesidad de esconder qué fue lo que pasó con su ser querido, para no enfrentarse al escrutinio y condena social, a la que con frecuencia afecta en mayor medida a los menores de edad, principalmente en el ambiente escolar, donde predomina la discriminación, esto debido a que las instituciones gubernamentales se muestran incapaces de tomar medidas, al no estar preparadas para atender los efectos colaterales de la violencia”, afirma Ornelas.

La madre de Jorge apenas se percató que el niño tiene una alcancía, en la que deposita todas las monedas que llegan a sus manos, tampoco era un secreto que escondiera su hijo. Cuando ella le preguntó qué haría él con todo el dinero ahorrado, él respondió: “voy a comprar un cuerno de chivo para matar a los que mataron a mi papá”.

En  Chihuahua, uno de los estados más afectados, Jesús Ramón Lozano, candidato a diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afirma, “el narcotráfico tiene consecuencias gravísimas, sin dudarlo, una de las más sensibles es la orfandad de miles de niños de todo el estado y el país. Es urgente aplicar programas de larga duración, de atención psicológica y ayuda económica a las familias afectadas, a quienes el gobierno federal tiene en el abandono absoluto”.

Agregando que, “paralelamente el sistema de justica debe basarse en el cumplimiento de los protocolos internacionales establecidos con el fin de combatir al crimen organizado, documentos que México ya firmó y se comprometió a observar, motivo por el cual urge establecer un compromiso con los afectados”.

Una familia que regresaba de vacaciones de Mazatlán, Sinaloa, casi llegando a la ciudad fue interceptada por un grupo armado. Ellos se llevaron al padre secuestrado, aunque horas más tarde apareció decapitado. En el lugar la madre quedó en el pavimento desangrándose, mientras sus hijos de 3 y 5 años lloraban desesperados.

Irene, de ocho años; Guadalupe, de 11; Ernesto, Carlos y Javier, de seis años, temen jugar a la pelota en las calles de su natal Chihuahua porque “vienen los malos que matan”. Ellos y ellas no saben si los malos que matan son soldados, narcotraficantes, policías o delincuentes comunes. Son, simplemente, adultos.

La diputada Lucila Garfias afirma que es urgente que se le dé prioridad a la atención de los niños huérfanos, víctimas de la lucha contra el crimen organizado, “ellos requieren apoyo adicional para evitar las secuelas psicológicas que producen los entornos violentos, porque hoy no existen programas especiales enfocados a los menores que han quedado en la orfandad, porque han sido invisibilizados, lo que es peor, no existe una contabilidad sobre los menores que se han quedado sin padres o tutores, pues de acuerdo con organizaciones civiles, sólo se tiene un estimado de 50 mil niños huérfanos en México”.

Sobre el tema, el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, en su más reciente estudio, revela que en el periodo comprendido entre 1990 y 2010, asciende a 803 mil 519 víctimas invisibles de primer grado. En cuanto al número de menores que quedaron en la orfandad por motivos de crimen organizado, no existe tal.

Julio, un niño de 9 años, comenzó ahorrar y pidió ayuda a sus familiares, quiere comprar una bomba y hacerla explotar en el canal de televisión, donde mostraron la cabeza degollada de su padre.

El periodista palestino, experto en conflictos bélicos, Abdel Bari, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO: “México ha sufrido y sigue padeciendo una hemorragia, porque en su zona norte tiene su propio Medio Oriente, por absurdo que parezca, la sociedad mexicana no debe tenerle mayor miedo a los narcotraficantes, que a los políticos y sus mentiras, a su falta de humanidad. Poco más de 50 mil niños viven en orfandad, o se suicidan o se vuelven delincuentes, yo pregunto al gobierno, ¿dónde están los programas de apoyo psicológico, social, tanatológico, económico, educativo? No hay tales, porque padecen un gobierno ensimismado, una presidencia regida por los intereses personales y el control del poder. Un niño no podría significarle nada que no sea ‘una carga’, en los Pinos se invierte en que lo que deja dólares, ahí el humanismo, la democracia y el progreso por medio de políticas públicas eficaces, no son rentables”.

“El número de muertos y desaparecidos del gobierno de Calderón y de Peña Nieto no son exactos, mucho menos la cifra de los niños que ahora han quedado solos y huérfanos, de eso el gobierno no se ocupa, y a ciencia cierta tampoco los grupos independientes que estudian el crimen organizado. Ese factor demuestra que México es una zona de guerra. Nadie se ocupa, menos preocupa, y quienes lo hacen se basan en lo inmediato, olvidando lo permanente, es decir miles de niños desorientados y con la venganza a cuestas. Si en algo ‘triunfó’ la guerra contra el narco, fue en convertir la violencia en algo aplaudible, para el actual presidente todo a quien asesine el ejército es narco, exhiben y celebran que sus fuerzas mataron, sin llevar a juicio. Si alguien reclama le ponen una mordaza, si era un padre inocente, el niño crecerá con el resentimiento, él sí podría matar”, afirma.

Andrés,  tiene 7 años, él estaba sentado viendo la televisión cuando la policía entró de forma violenta a la casa y disparó a su padre, madre y abuela. El niño fue el único testigo presencial de los homicidios. Él no ha podido dormir desde entonces, a menos que un adulto esté con él. Algunas veces asegura que se vengará.

  

Filipinas: marco legal no impide el maltrato infantil

Persisten violencia sexual y embarazos tempranos


Filipinas tiene una buena imagen entre organizaciones de Derechos Humanos (DH) por su avanzado marco legal en materia de protección infantil, pero activistas como Mae Baez se lamentan de la persistencia de varias violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes en este país de Asia Pacífico.

“Los embarazos en adolescentes aumentan, a los niños de la calle los tratan como delincuentes castigados y no se atienden a los menores en conflicto con la ley ni a los afectados por desastres y, ahora, con la prevalencia de la pornografía infantil, niñas y niños saben cómo usar video llamadas”, señaló Baez, de la Secretaría de la Coalición para la Convención sobre los Derechos del Niño.

El último caso sonado de este flagelo ocurrió a principios de este año en la isla de Cebu, 570 kilómetros al sur de Manila, donde la Policía Nacional de Filipinas detuvo y procesó a varios extranjeros por pedofilia y pornografía infantil en un gran negocio de sexo virtual.

Baez se lamenta de que “persisten violaciones”, como el generalizado castigo corporal en el ámbito doméstico, la escuela y otros ámbitos.

El movimiento Bata Muna (niños primero), que supervisa la implementación de los derechos de la infancia en Filipinas, dijo que esas violaciones están previstas en las recomendaciones de expertos y revisiones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) al gobierno del archipiélago.

Bata Muna está integrado por 23 organizaciones civiles dedicadas a asuntos de la infancia, junto con Save The Children, Zone One Tondo y Children Talk to Children.

El movimiento enumeró varios logros en materia legal entre las políticas de protección a la infancia.

También está el Programa Pantawid Pamilyang Pilipino, que se propone erradicar la extrema pobreza concentrándose en la salud y la educación infantil. Además del Marco Estratégico Nacional para el Desarrollo de la Infancia 2001-2005 y el Plan de Acción para la Infancia, junto con los crecientes esfuerzos colectivos de la sociedad civil en defensa de los derechos de niñas y niños.

Pero Baez dijo que las leyes y los programas no están totalmente implementados y, de hecho, se ven enturbiados por propuestas legislativas como la reforma del Código Penal para elevar la edad del estupro de los actuales 12 años a 16, para alinear al país con los estándares aceptados internacionalmente sobre la edad de consentimiento.

La Ley de Salud Reproductiva y Paternidad Responsable, promulgada hace poco pero que llevó 15 años de idas y venidas, tampoco se ha implementado. Muchas organizaciones ciudadanas tienen puestas sus esperanzas en esta norma para mejorar muchos de estos problemas.

ADOLESCENCIA SIN ATENCIÓN

El embarazo en adolescentes afecta a 1.4 millones de jóvenes de entre 15 y 19 años de edad en todo el país, según el Instituto de Población de la Universidad de Filipinas, responsable de la Encuesta sobre Sexualidad y Fertilidad entre Jóvenes Adultos, de 2013.

Hay unos 43 millones de menores de 18 años en Filipinas, según estimaciones de la Oficina Nacional de Estadísticas, y necesitan, en especial los de hogares más vulnerables y con poco acceso a la educación formal, información sobre su cuerpo, salud y sus derechos para evitar el embarazo precoz, que impide a las niñas el goce total de sus DH básicos, pues, entre otras cosas, evita que dejen la escuela.

En materia de educación, el gobierno todavía debe concretar un mayor acceso para todos desde preescolar hasta el doceavo grado, indicó Baez.

Mark Timbang, coordinador del Grupo de Acción de Mindanao para la Protección y los Derechos de la Infancia, en el sur de Filipinas de mayoría musulmana, coincidió y dijo que el gobierno debe mostrar sus intenciones de garantizar la educación a las y los jóvenes.

Además, “el gobierno no interviene para proteger a los menores del matrimonio temprano ni para poner fin a la guerra de décadas entre musulmanes y cristianos, y lograr una paz verdadera y duradera”, añadió, para que niñas y niños puedan crecer en un ambiente seguro.

Sheila Carreon, responsable de participación infantil de Save the Children, criticó otro proyecto de ley que busca elevar la edad, de entre 15 y 17 a 18 y 24, para integrarse al Sangguniang Kabataan (consejo de jóvenes), un órgano político y un mecanismo para fomentar la participación de este grupo poblacional.

“Urgimos al gobierno a que no borre a las y los jóvenes del consejo. Que los deje experimentar los asuntos que los conciernen. El consejo es su única plataforma”, remarcó Carreon.

Angélica Ramírez, del Comité de Legisladores de Filipinas para Población y Desarrollo, dijo que las leyes actuales no garantizan la protección de la infancia, y citó como ejemplo proyectos de ley pendientes que buscan métodos de corrección positivos en vez del castigo corporal.

El más destacado es el proyecto de “Disciplina Positiva y contra el Castigo Corporal”, que busca enseñar a las y los niños que la violencia no es aceptable ni una estrategia adecuada para resolver conflictos.

Promueve una paternidad no violenta que pauta el comportamiento infantil a la vez que se respetan sus derechos a un desarrollo saludable y a su participación en el aprendizaje, desarrollar una comunicación positiva y la capacidad de escucha, además de ofrecer oportunidades para evaluar las elecciones que hacen.

Ramírez mencionó el eslogan de una campaña que muestra a niñas y niños diciendo: “No necesitan lastimarnos para que aprendamos”, para remarcar que el castigo físico es “rampante y prevalece” en los hogares filipinos, pues se le considera un comportamiento normal.

Además, mencionó una encuesta de la firma de estudios sociológicos Pulse Asia, de 2011, que concluyó que ocho de cada 10 niñas y niños filipinos reciben castigos corporales, y dos de cada tres padres no conocen otros métodos para educar a su descendencia.

Atender este problema eliminando la violencia física puede tener un efecto multiplicador sobre las futuras generaciones, remarcó Ramírez, pues nueve de cada 10 padres que aplican correctivos físicos arguyeron que lo mismo hicieron sus tutores con ellos.

La ONU define castigo corporal como el castigo físico, emocional y psicológico de niñas y niños con el pretexto de disciplinar.

Además recomienda que todos los países, incluido Filipinas que es signatario de la Convención, implementen leyes que prohíban todas las formas de castigo corporal en la escuela, instituciones públicas y privadas, en el sistema de justicia para menores, en el de atención alternativa y en el ámbito doméstico.

*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.

Por: Diana Mendoza*

Cimacnoticias/IPS | Manila.- 

Propietarias guerrerenses ven quebrar sus negocios por violencia

Ayuda económica sólo va a grandes centros turísticos, critican

Los altos niveles de violencia y delincuencia en el estado de Guerrero han provocado que el turismo decaiga y que algunos pequeños y medianos negocios –encabezados por mujeres– quiebren.

 

Si bien este periodo vacacional el puerto de Acapulco alcanzó el 100 por ciento de ocupación hotelera, en días recientes algunas propietarias de pequeños negocios en comunidades aledañas de la Costa Chica de Guerrero alertaron sobre una disminución alarmante en el turismo y el comercio, tras la desaparición de estudiantes normalistas en Iguala.

 

“Silvia”, entrevistada por Cimacnoticias durante la reciente Caravana de la “Brigada Nacional por la aparición con vida de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos”, detalló que desde octubre pasado no tiene suficiente clientela en su pequeña zapatería.

 

La mujer tiene 42 años, es madre soltera de tres hijos y vende huaraches en un local frente a la plaza principal de San Luis Acatlán, desde hace seis años.

 

Acatlán es un municipio de 42 mil 460 habitantes (con más de 21 mil mujeres), ubicado en la Costa Chica de Guerrero. La mitad de la población es indígena hablante de tres lenguas (mixteco, náhuatl y tlapaneco).

 

“Silvia” explicó que su papá, quien antes administraba el negocio, sufrió en 2011 tres intentos de secuestro y cientos de extorsiones, lo que lo obligó esconderse y a ella a quedar al frente del comercio para sostener a su familia.

 

También relató que fue hasta que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-Policía Comunitaria) se hizo cargo de la seguridad del municipio que su negocio pudo estabilizarse y continuar con las ventas, ya que los asaltos en caminos, violaciones sexuales contra menores de edad, robo de ganado y otros abusos amedrentaban diariamente a la comunidad.

 

Sin embargo, tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, los días 26 y 27 de septiembre, sus proveedores (provenientes de los estados de Michoacán y Veracruz), y las y los turistas dejaron de visitar las comunidades Guerrero.

 

La vendedora detalló que antes de los hechos violentos en Iguala sus ventas diarias eran de hasta de tres mil pesos, pero que ahora sólo vende cuatro pares de huaraches por día, lo que equivale a unos 800 pesos.

 

Si bien Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo federal, anunció que implementaría un “plan emergente” para reactivar la economía del estado, éste sólo se centra en el puerto de Acapulco, Taxco y Zihuatanejo (zonas primordialmente turísticas) y en la disminución de las cuotas de peaje.

 

Hace más de un mes Silvia se vio obligada a despedir a su única empleada porque no pudo pagar su sueldo y dijo que teme que en los próximos meses tenga que cerrar su local, del cual sólo espera “sacar” para las fiestas decembrinas y los gastos escolares de sus hijos al inicio de 2015.

 

“Silvia” aclaró que no hace responsables al movimiento de familiares y compañeros normalistas de lo que está sucediendo en la economía y el comercio de la entidad, ya que –afirmó– “los costos de lo que no hace el gobierno siempre los paga el pueblo”.

 

La comerciante agregó: “Ya queremos que esto termine, están cansando a los guerrerenses. Acá sólo confiamos en nuestra policía (la comunitaria) que se está enfrentando con los grupos del narcotráfico que sólo secuestran y matan.

 

“Ahora también tenemos que cuidarnos de los policías del gobierno, que no nos ayudan pero sí nos perjudican. Algo habrá que hacerse porque esto no lo vamos a aguantar”, declaró.

 

Pese a las dificultades económicas, durante el paso de la caravana por San Luis Acatlán “Silvia” buscó a las madres de los normalistas desaparecidos para ofrecerles un espacio para dormir o bañarse en su casa.

  

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

Empeora inseguridad en el país, revela INEGI

           Mónica Villanueva 

La encuesta indica que en el primer trimestre del año, los mexicanos han sufrido más robos o asaltos y desconfían más del desempeño de la policía

La inseguridad está peor ahora que hace cuatro meses, esa es la percepción que tienen los habitantes en todas las ciudades de México, reveló ayer el INEGI.

Siete de cada 10 mexicanos consideró que su municipio es inseguro, lo que significa 4.4% más personas que a finales de 2013, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) que trimestralmente elabora el INEGI.

La explicación que ofrece la ecuesta sobre este incremento es que ahora más mexicanos han sido testigos de un delito y aumentó el temor a ser víctima de uno; también se incrementó la mala percepción que la población tiene del desempeño de la policía.

Los datos que refleja el documento confirman la tendencia a la alza en delitos que reporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), como el caso del secuestro, que de 250 casos registrados en el primer bimestre de 2013, aumentaron en 278 este año. Las extorsiones de mil 159, pasaro a mil 209 en el mismo periodo.

Además, reporta el SNSP, un banco fue robado cada ocho horas, y una persona fue lesionada a balazos cada 80 minutos, durante los primeros dos meses de este año.

De hecho, de acuerdo al INEGI, la percepción de seguridad pública ha ido empeorando desde septiembre de 2013, cuando 68 de cada 100 personas afirmaba que se sentía inseguro en el entorno en el que vive, en diciembre la cifra se mantuvo, pero para diciembre se elevó a 72.4.

Todo seguirá igual 

El documento de INEGI revela que 37.3% de los encuestados en marzo, en ciudades de más de 100 mil habitantes, considera que la inseguridad seguirá igual de mal; en diciembre así lo creía 35.9%, mientras que en septiembre la cifra fue de 36.8%.

Sólo 15.4% de las personas entrevistadas creen que la situación mejorará; 18.7% considera que seguirá igual de bien, y 27.6% piensa que empeorará.

Entre las situaciones que más influyeron en la percepción de inseguridad fue que se presenciaron más robos o asaltos en marzo (66.4%), en comparación a diciembre (65.2%).

En esta encuesta el trabajo de la policía fue peor calificado. 42.2% considera que su desempeño es poco efectivo, 28.1% que es nada efectivo, 26.1 que es algo efectivo y sólo 3.5% que es muy efectivo.

En diciembre del año pasado, 40.5% creía que el desempeño era poco efectivo y tres meses antes el porcentaje fue de 39.2.

Encuesta: Mexicanos, entre temor por inseguridad y pesimismo

 @ADNPolitico

72.4% de los mexicanos consideró que vivir en su ciudad es inseguro, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada en marzo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Y, hacia el futuro, la expectativa de los ciudadanos no es optimista: 27.6% cree que la situación empeorará y 37.3% consideró que "seguirá igual de mal"; sólo 15.4% respondió que las condiciones de seguridad mejorarán.

La percepción de inseguridad incrementó 4.4 puntos porcentuales en comparación con diciembre de 2013, cuando el indicador fue de 68%. En tanto, 27.3% de los consultados respondió que vive en una ciudad segura.

En los últimos tres meses, 69% ha escuchado o ha visto en los alrededores de su vivienda situaciones como consumo de alcohol en las calles; 66.4%, robos o asaltos; 56.5% reportó vandalismo, y 40.2% indicó que venta o consumo de drogas.

Esta percepción de inseguridad transforma la vida cotidiana de las personas. Por temor a sufrir algún delito, 65% de los consultados manifestó que dejó de llevar a la calle cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito; 50.8% cambió rutinas de caminar por los alrededores de su vivienda después de las 20:00 horas; 47.6% modificó sus hábitos respecto a permitir salidas de sus hijos menores, y 30.6% cambió rutinas relativas a visitar parientes o amigos.

El 70.2% consideró que el desempeño de los cuerpos de policía es "poco o nada efectivo" en cuanto a prevención y combate a la delincuencia.

"La sensación de inseguridad por temor al delito y las expectativas que tiene la población respecto de la seguridad pública se generan por diversos elementos, como la atestiguación de conductas delictivas y antisociales que ocurren en el entorno de la población. Asimismo, el temor al delito tiene impacto en las rutinas de la población y en la percepción que se genera sobre el desempeño de la policía", indicó el Inegi en un comunicado.

La encuesta se aplicó a mayores de edad en 2,336 viviendas urbanas ubicadas en las capitales de 25 entidades, así como en las ciudades de Tijuana, León, Acapulco, Cancún, Tampico, Veracruz y el Distrito Federal. El tamaño de la muestra de la ENSU garantiza un nivel de confianza del 95%.

Piden renuncia; Graco se disculpa

sgarciasoto@hotmail.com

By Salvador García Soto 

En medio del clima de inseguridad que priva en el estado, la de Morelos comienza a ser una sociedad dividida. Mientras en las calles de Cuernavaca miles de morelenses exigían su renuncia inmediata por la ola de inseguridad que afecta a su estado, el gobernador Graco Ramírez insistía ayer en que su administración ha disminuido la delincuencia y presumía resultados a la baja en delitos de alto impacto y en robos con violencia.

Fue un día de contrastes en Morelos. Por la mañana, el gobernador, en reunión cerrada, inauguraba las instalaciones del Grupo Antisecuestros de Morelos, y junto a Graco aparecían el fiscal federal Renato Sales Heredia y la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace. Ahí, ante los funcionarios y líderes civiles, el mandatario aceptó una falta de atención a las víctimas de secuestro en el estado y por ello pidió disculpas. Fue lo más que aceptaría Graco que ya había descalificado con anticipación a quienes piden su renuncia tachando el reclamo de “venganza política” y apuntando a fantasmas del pasado como el ex gobernador Jorge Carrillo Olea.

Por la tarde, entre 8 y 10 mil personas, según la policía de Morelos, se movilizaron desde varios puntos de la capital para confluir en un mitin en la Plaza de Armas, en donde primero se habló de un plazo de tres meses para que el gobernador presentará resultados, aunque al final, varios de los oradores pidieron la renuncia inmediata de Graco Ramírez.

El único punto de confluencia ayer, entre el acto de cúpulas que encabezó el gobernador y la movilización ciudadana en su contra, fue el tema de las víctimas de la delincuencia en el estado. Mientras Graco ofrecía disculpas, en la marcha los miles de asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria de todos los que han muerto en Morelos en esta ola de violencia.

Y precisamente sobre los fantasmas que buscan venganza, ahora que Jorge Carrillo Olea ha vuelto a salir a la luz pública y que cuestiona la gestión de Graco Ramírez, tal como éste lo cuestionaba hace 20 años, a las redacciones de los diarios comenzaron a llegar expedientes que reviven el negro periodo que vivieron los morelenses bajo la gestión del general retirado que hoy se dice alarmado por la inseguridad en el estado.

Uno de esos expedientes es la resolución del Poder Judicial de Morelos, fechada el 28 de abril de 2000, sobre el Juicio Político que se realizó a Jorge Carrillo Olea en el Congreso de Morelos. En esa resolución, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado concluyen que Carrillo Olea violó la Constitución del Estado al incumplir su obligación de dar seguridad a los morelenses, ordenan su destitución como gobernador y lo inhabilitan para ocupar cargos públicos por 12 años, fecha que venció el pasado 2012.

Durante el gobierno de Carrillo Olea, dicen los magistrados, “la inseguridad pública llegó al extremo de que los propios agentes policiacos cometían actos dañosos contra los gobernados…actos que fueron del conocimiento del Gobernador del Estado sin que éste haya tomado las medidas necesarias para corregir esos desvíos hasta la fecha que permaneció en el cargo (1994)”. Acusan también al ex mandatario de violar la constitución al haber nombrado a dos procuradores, Fernando Blumenkon y Carlos Perede Merlo, que no cumplían los requisitos legales, de haber desviado un fideicomiso constituido en Bancomer para la construcción de una Central de Abastos al que le dio un uso diferente, y en general de haber hecho “caso omiso” de la grave situación de inseguridad que vivió Morelos en esa época.

Ese es el mismo ex gobernador Carrillo Olea que hoy sale públicamente a cuestionar al actual mandatario Graco Ramírez, como antes lo hizo también con los panistas Sergio Estrada y Marco Adame. El general que ha afirmado que su destitución fue producto de un “resentimiento de Ernesto Zedillo”, aunque el fallo del Tribunal de Morelos afirma que: “Jorge Carrillo Olea es responsable de causar graves perjuicios a los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, como consecuencia del abandono y de la desatención injustificada de las funciones que se le encomendaron, violentando con ello los derechos constitucionales de todos los morelenses”.

Graco Ramírez tendrá que responder a los reclamos de seguridad y de ineficacia que le hacen los habitantes de Morelos en su corta y problemática gestión, pero ciertamente figuras como el ex gobernador Carrillo Olea no tienen la mínima autoridad moral para encabezar ni ese ni otros reclamos.

NOTAS INDISCRETAS… Alfredo Castillo confirmó que, dentro del cambio de estrategia federal, iniciarán el desarme de los grupos de autodefensa en municipios como Buenavista y La Ruana a donde entrará la Policía Federal a tomar el control que hoy tienen los comunitarios. A ver qué tan firme va esta vez el gobierno… Los dados mandan Serpiente. Mal tiro.

En México, secuestran más a personas de clase media que de la alta: Renato Sales

10 entidades del país concentran el 74 por ciento de la incidencia de secuestros: Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Durango, Veracruz, Oaxaca, Zacatecas y el Estado de México.

 Los ejemplos a seguir para combatir este delito son Puebla, Chihuahua y Nuevo León.

Redacción AN

Actualmente, el secuestro afecta más a las clases medias que a la alta, reconoció Renato Sales, coordinador Nacional Antisecuestro.

Sobre el perfil de víctimas de secuestro, apuntó que se trata de personas de las clases medias bajas. En ese sentido, dijo que “se ha ampliado el margen de las personas víctimas de este delito”, lo que atribuyó a que los grupos de la delincuencia organizada “han migrado de actividades” y, por ejemplo, dejan de distribuir droga y mejor se dedican a extorsionar o secuestrar para obtener recursos.

En entrevista para Noticias MVS, primera emisión, reconoció el incremento de este delito en el país, con más de 3 mil casos en los dos últimos años. Además, están los casos que no se denuncian a la autoridad, lo que llama “cifra negra”.

“Lo hemos dicho reiteradamente, existe una cifra negra importante, hay que disminuir esa cifra negra, significa visibilizar y atender a víctimas… estamos trabajando para que la gente se acerque a denunciar”, apuntó, vía telefónica.

Refirió que las entidades modelo, con las mejores unidades antisecuestro, son Puebla, Chihuahua y Nuevo León. “Eso no implica que no se esté trabajando en Guerrero”, agregó.

Sobre las denuncias más recientes, refirió que en febrero pasado fueron 171 en el país, las cuales dan “una idea general de lo que está aconteciendo”.

No obstante, señaló que como parte de los casos denunciados se encuentran engaños telefónicos, que se operan desde los penales, en los que a una persona le piden dinero por el supuesto secuestro de un familiar, del que ya obtuvieron datos.

Aceptó que “en espacios donde el control debe existir por naturaleza (la cárcel), son espacios descontrolados”.

“De los 171 denuncias de secuestro en febrero, más del 90 por ciento fue un secuestro extorsivo“, precisó.

Ante los engaños telefónicos, invitó a llamar al 088, donde se centraliza la atención de este tipo de ilícitos.

“Tenemos que generar espacios de confianza… elementos certificados… que sepamos que la sociedad cuenta con espacios en los que sepamos que se le va a atender”, comentó. Por ello se ha reunido con gobernadores para impulsar lo que él llama ”espacio victimal”, en la que se dé una atención oportuna a las víctimas directas o indirectas del secuestro.

“En el 088, canalizan a la víctima a un área y se le envía a una persona de atención directa”, apuntó. Lamentó que esta línea se use para hacer bromas y agregó que en ella también reportan engaños telefónicos, por lo que llamó a la sociedad a que primero intente ubicar a su familiar.

“Cuelgo después de la llamada (en la que anuncian un secuestro) y trato de ubicar a mi familiar, ver en donde estuvo y (si no lo encuentro) después denunciar… si vemos que es una lada extraña, no contestamos, el mecanismo elemental de prevención es ‘si no conoces no contestes‘”, consideró.

Aceptó en la extorsión los delincuentes dan datos sobre la familia, los cuales alarman.

“Cuando el secuestro es real, hablar al 088, se activa mecanisma de arropamiento victimal, de protección a la víctima indirecta y directa”, refirió.

Sales sostuvo que la única manera de terminar con este delito es construir confianza entre la sociedad y la autoridad.

“Acudir a la autoridad, la única manera de terminar con este delito… hay un protocolo de atención a víctimas pero cada caso es particular”, mencionó.

“Para prevenir hay que ser cada vez más atentos a nuestro entorno -aseguró el comisionado- tienen que abrir los ojos, ver quién los rodea, quién los acompaña, quién está trabajando con ellos… cuidarse, sin caer en la paranoia”.

Ayer, Renato Sales hizo un balance de las acciones de la Coordinación Nacional Antisecuestro, que él encabeza.

De enero a marzo de este año, 147 presuntos secuestradores han sido detenidos y se ha desarticulado a 21 organizaciones criminales dedicadas a ese ilícito, informó el coordinador.
Detalló que en el primer mes del año se detuvo a 17 presuntos delincuentes, en febrero a 80 y en marzo a 50; y en lo que va del año las fuerzas federales han logrado liberar a 15 personas.
El funcionario aseguró que en los últimos meses aumentaron las denuncias por este ilícito, lo cual, dijo, es resultado de la confianza de la ciudadanía en las autoridades, y que 10 entidades del país concentran el 74 por ciento de la incidencia de secuestros.
En la Secretaría de Gobernación, Sales Heredia expuso que los estados que presentan más secuestros son Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Durango, Veracruz, Oaxaca, Zacatecas y el Estado de México.
Ayer también reconoció que los delincuentes han mutado en sus actividades criminales, pues debido al desmembramiento de organizaciones dedicadas al narcotráfico, y quienes antes se dedicaban al narcomenudeo ahora se ocupan de privar de la libertad a personas a cambio de cantidades bajas de dinero.
Sostuvo que se trabaja en el desmantelamiento de grupos delictivos para que disminuyan los secuestros de manera eficiente, y aseguró que ya se ven resultados.
El Poder Judicial es una pieza central en la estrategia antisecuestro, pues “de nada o de muy poco sirve que se investigue correctamente, si no se procesa correctamente”, recalcó.
Asimismo, enfatizó que se necesita el “compromiso explícito” de los gobernadores de los estados que concentran la mayor incidencia para modernizar sus unidades especializadas de combate al secuestro y equiparlas con los instrumentos indispensables para combatir el delito.
Afirmó que los mandatarios estatales se han comprometido a plazos específicos para cumplir con estos objetivos y utilizar de manera eficiente el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
Destacó que Chihuahua ha demostrado tener el modelo más adecuado para la reclusión de secuestradores, pues su Penal Número Uno concentra a 572 sentenciados, con un modelo ideal en el que los plagiarios no tienen contacto con otros reos, y que en condiciones similares operan los penales de Nuevo León y Puebla.
Del 28 de enero a la fecha, se han efectuado reuniones de coordinación, vinculación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones para prevenir, sancionar y abatir el secuestro, con 15 entidades del país.
En dichos encuentros participaron gobernadores, procuradores, fiscales, los responsables de las unidades antisecuestro y representantes de la sociedad civil.
(Con información de Noticias MVS con Carmen Aristegui y Notimex)