En Jalisco, se fue el Mundial y volvió el horror

 Puntos y Contrapuntos 

Pedro Mellado Rodríguez

"Jalisco sigue siendo el estado de la República con más personas desaparecidas: hasta el cierre de mayo del 2026 estaban registradas 16 mil 170 personas no localizadas".

El sueño ha terminado. El viernes 26 de junio del 2026, con el encuentro que España le ganó por la mínima diferencia a Uruguay, terminó la serie de cuatro partidos del Mundial de Futbol programados en Guadalajara, una sede que los gobiernos estatal y tapatió se han apresurado en calificar como la mejor de todas en el certamen mundialista que todavía está en proceso en la Ciudad de México y en otras metrópolis de Canadá y Estados Unidos.

Pero con los últimos murmullos del Mundial en el estadio de las Chivas, regresó el profundo dolor por los más de 16 mil desaparecidos en Jalisco, por los miles de cuerpos exhumados de fosas clandestinas que permanecen sin identificar, por la inseguridad rampante en varias regiones de la entidad y por la emergencia sanitaria derivada del abasto de agua insalubre y apestosa que reciben cientos de colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, en la cual habitan más de cinco millones de personas.

Apenas este miércoles primero de julio del 2026 miembros del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informaron a medios de comunicación que hasta poco después del mediodía ya se habían encontrado tres bolsas con restos humanos en la Colonia Balcones de Santa Anita, en Tlajomulco de Zúñiga, uno de los siete municipios que integran la zona metropolitana de Guadalajara. Suman ya 51 bolsas con restos humanos extraídas en ese lugar.

Mientras que este mismo miércoles que abrió el mes de julio del 2026, el investigador de la Universidad de Guadalajara y exrector de esa institución, Víctor Manuel González Romero, publicó en su red social X que es alarmante el incremento de desapariciones de menores de edad en Jalisco. Precisó que entre enero y junio del 2026 se publicaron en Jalisco 232 cédulas de desaparición de menores de 17 años de edad, la cifra más alta que se ha registrado en ese mismo periodo desde 2022.

En los registros que el investigador de la Universidad de Guadalajara actualiza permanentemente, señala que del 2018, cuando llegó a la gubernatura de Jalisco el emecista Enrique Alfaro Ramírez, hasta la actual Administración del también emecista Jesús Pablo Lemus Navarro, ha sido Tlajomulco de Zúñiga el municipio de la zona metropolitana de Guadalajara en el cual se han localizado más fosas clandestinas, con 98. Tlajomulco es gobernado por Movimiento Ciudadano desde el 2010, desde hace 16 años, en forma ininterrumpida.

Le siguen en fosas clandestinas Zapopan con 45; Tlaquepaque e Ixthauacán de los Membrillos con 23; Tonalá con 13 y Guadalajara con 12 fosas clandestinas localizadas en los más recientes ocho años.

Jalisco sigue siendo el estado de la República con más personas desaparecidas: hasta el cierre de mayo del 2026 estaban registradas 16 mil 170 personas no localizadas. La cifra de desaparecidos en Jalisco no ha disminuido en el actual Gobierno, pues en 2025 se registraron 15 mil 796 casos de personas de las que no se tiene alguna referencia. Hasta mayo del 2026 aparece en segundo lugar nacional Estado de México con 13 mil 845 desapariciones y en tercer lugar Tamaulipas con 13 mil 845.

Hasta septiembre del 2025 el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) estimaba que la crisis forense de Jalisco ya había rebasado los 11 mil cadáveres y segmentos humanos sin identificar, estadística que profundiza la crisis humanitaria que los tres más recientes gobiernos, el del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, del 2013 al 2018 y los de los emecistas Enrique Alfaro Ramírez y Jesús Pablo Lemus Navarro, desde el 2018 hasta la fecha, no han podido resolver y crece mes con mes.

Este miércoles 1 de julio del 2026 el periódico Mural le dio seguimiento a un caso que ilustra muchas de las tragedias que de forma soterrada ocurren en varias regiones de Jalisco. Advierte: “Esta madrugada fueron localizados los cadáveres de tres hombres en Huescalapa, en el municipio de Zapotiltic, donde ayer se reportaba que había al menos ocho personas privadas de la libertad; de las cuales, dos mujeres y una niña pudieron escapar”.

Apenas 24 horas antes el mismo periódico había reseñado que elementos de la Policía de Tlaquepaque resguardaron a dos mujeres y a una niña de 4 años, que escaparon luego de estar secuestradas en una huerta aguacatera en el poblado de Huescalapa, municipio de Zapotiltic, en el sur de Jalisco, donde, según su testimonio, fueron retenidas a la fuerza por hombres armados junto con alrededor de otros ocho hombres.

Los otros horrores

Pero hay un problema sanitario muy importante y delicado que ha crecido ininterrumpidamente desde la anterior Administración de Enrique Alfaro en Jalisco y se ha agudizado en el actual Gobierno del también emecista Jesús Pablo Lemus Navarro.

Como una pedrada en el ojo para el Gobierno de Jalisco, apenas 24 horas después del último partido mundialista en el estadio de las Chivas, en la portada del periódico tapatío El Diario-NTR se advierte el sábado 27 de junio del 2026 que el agua que llega a los hogares en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) a través de las redes del Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) no sólo está sucia y apestosa, sino que está contaminada y ya tiene consecuencias en la salud de las personas.

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), que encabeza María González Valencia, informó que en tres meses han recibido 802 denuncias por agua insalubre que afecta a pobladores de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.

Al respecto habría que rescatar una información publicada el jueves 27 de febrero del 2025 en el periódico La Jornada, en la cual se advierte que “el agua que llega a aproximadamente 65 por ciento de los hogares en la zona metropolitana de Guadalajara, es decir a unas tres millones 445 mil personas, proviene del lago de Chapala y contiene toxinas de microalgas […] que pueden representar un riesgo para la salud humana, de acuerdo con un estudio del Instituto de Limnología de la Universidad de Guadalajara (UdeG) que dio a conocer su director, Eduardo Juárez Carrillo”.

Agrega la información firmada por el reportero Juan Carlos G. Partida: “Las microcistinas, detalló el especialista médico, son toxinas que causan daño hepático y renal, alteraciones gastrointestinales, reacciones alérgicas, así como cambios al citoesqueleto que a su vez derivan en daños al ADN, con especial vulnerabilidad para mujeres en periodo de lactancia, personas con enfermedades hepáticas o que reciben tratamiento de diálisis, y adultos mayores”.

Es terrible el impacto del agua envenenada que se recibe en la zona metropolitana de Guadalajara y con la que tiene contacto la población de la rivera de Chapala desde hace por lo menos medio siglo. En Poncitlán, Jalisco, hay actualmente por lo menos tres mil 400 niños en riesgo de tener insuficiencia renal crónica y una de las causas de esa enfermedad es el consumo y el contacto con el agua contaminada tanto del Río Santiago como del Lago de Chapala. Jalisco rebasa a países como Estados Unidos, Japón o Singapur por la tasa de enfermedad renal crónica entre su población.

Hasta marzo del 2025 estaba documentado por expertos de la Universidad de Guadalajara que Jalisco tenía una lista de espera de cinco mil 800 personas que requieren de un transplante de riñón, de las cuales por lo menos tres mil 800 son locales. Para esas fechas Jalisco ya era primer lugar mundial por el número de personas que requieren el tratamiento de diálisis en proporción de 664 pacientes por millón de habitantes. Esa es una consecuencia del impacto que el agua contaminada tiene en la salud de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara.

El lunes 29 de junio del 2026 el periódico tapatío Mural reseñó que el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) recibía quejas de los usuarios del servicio de agua potable, insalubre, turbia y maloliente, pero éstas no se traducían en la generación de un folio que permitiera darle seguimiento al reclamo, según denunciaron vecinos de distintos municipios de la zona metropolitana de Guadalajara.

Este meétodo engañoso le permite al Sistema Intermunicipal de Agua Potable mantener bajas las estadísticas por las denuncias de usuarios inconformes, aún cuando el servicio ha empeorado mes con mes desde diciembre del año pasado, con el suministro generalizado de agua contaminada que pone en riesgo la salud de más de un millón 200 mil usuarios registrados, que la reciben en sus tomas domiciliarias, pero que impacta a más de cinco millones 110 mil personas que viven en la zona  metropolitana de Guadalajara.

Apenas el pasado lunes 29 de junio del 2026, el Jefe de Gabinete del Gobierno emecista de Jalisco, Alberto Esquer Gutiérrez, anunció en redes sociales un plan estratégico que dijo, contempla más de 30 acciones específicas en el corto, mediano y largo plazo para atender de manera integral la situación: desde la calidad, el abastecimiento, la distribución y el saneamiento, hasta la mitigación de inundaciones y la atención a socavones. En una primera etapa el plan tendría una inversión de cinco mil millones de pesos, pero se calcula que el costo total será de más de 20 mil millones de pesos.

En una entrevista con el periódico Mural publicada el martes 30 de junio del 2026, el Jefe de Gabinete en el Gobierno emecista de Pablo Lemus reconoció que para financiar las obras en el sistema de agua potable de la zona metropolitana de Guadalajara pretenden poner en práctica un mecanismo conocido como Mantenimiento, Rehabilitación y Operación, que combina inversión privada con recursos estatales y federales. Este podría ser un primer paso para privatizar el servicio de agua potable, posibilidad que no se descarta en el esquema de un gobierno proempresarial como el del emecista Lemus Navarro.

Atrapado en una crisis humanitaria por desaparecidos, fosas clandestinas, miles de cuerpos sin identificar en el Servicio Médico Forense de la entidad y una emergencia sanitaria muy delicada por el suministro de aguas contaminadas, turbias y pestilentes a millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, el Gobierno del emecista Jesús Pablo Lemus Navarro regresó a su brutal realidad, luego que pasó la euforia por los cuatro partidos del Mundial de Futbol que se jugaron en Jalisco durante junio del 2026.

Un dulce zumbido

Leonardo García Tsao

▲ Fotograma de Moscas, del cineasta mexicano Fernando Eimbcke.Foto

Con sólo cinco largometrajes en su haber, el cineasta mexicano Fernando Eimbcke ha demostrado ser muy coherente con sus intereses y obsesiones. Su enfoque es minimalista, sus protagonistas suelen ser niños o adolescentes, las figuras de autoridad pueden estar ausentes y hay un apreciable humanismo en la forma como se desarrollan las historias.

En 2004, su ópera prima Temporada de patos supuso una dosis de frescura para el cine mexicano de entonces y ahora, en Moscas, su quinto esfuerzo, refrenda las cualidades de aquella recuperando dicha frescura con algunas similitudes.

Las dos se ubican en edificios reconocibles para el espectador chilango –en este caso, el multifamiliar Alemán y el aledaño hospital 20 de Noviembre–, la fotografía es en blanco y negro, el protagonista Cristian (Bastián Escobar) en un momento se queda sin padres, los videojuegos son una actividad fundamental e incluso aparece el actor Enrique Arreola en un papel secundario. Sin embargo, Moscas supera a su predecesora con buenos sentimientos que nunca caen en la sensiblería.

Los insectos del título se refieren a las moscas cuyo zumbido molesta a Olga (Teresita Sánchez), la señora cincuentona que vive sola en uno de los departamentos del citado multifamiliar. Ella decide rentar una de sus habitaciones para alguien que tenga familiares internados en el vecino hospital. Quien acude es el humilde Tulio (Hugo Ramírez), cuya esposa está internada de una enfermedad grave. El hombre omite decir que estará acompañado por Cristian, de 8 años, y eso no cae bien a Olga, cuyo mal carácter impone reglas severas a sus inquilinos. De hecho, el niño debe orinar en una botella de plástico, pues el baño no está incluido en la renta.

Como Cristian no puede entrar al hospital, se las arregla para entretenerse en la calle y eso se reduce a jugar a las maquinitas de un negocio. Su obsesión es el juego Space Invaders (en la película lleva otro nombre, quizá por cuestión de derechos), con el cual él desea imponer un récord. Por cuestiones económicas, Tulio debe marcharse de la ciudad a buscar trabajo. El niño se queda absolutamente solo.

Con buen sentido del humor, Eimbcke describe el dilema de su protagonista y la forma como en su tensa interacción con Olga, va a conseguir ablandarla en su trato. Aquí el desempeño de los actores es básico. Sánchez se ha vuelto una especie de tesoro nacional, pues es una actriz todoterreno, susceptible de expresar diversas emociones con gestos mínimos. Su cálida sonrisa implica un cambio total en la personalidad de Olga. Mientras que el debutante Escobar se aleja de los mohines típicos del niño actor mexicano. La escena en que ambos bailan chachachá es una sucinta demostración de un acercamiento emocional.

El director –quien uno supone es adicto a los videojuegos– juega con las gráficas de Space Invaders de manera ingeniosa, integrándolas al tejido visual de su película. Lo meritorio es cómo sostiene el interés de su relato, apoyándose en el humor que no excluye instancias dramáticas.

Para no variar, Moscas se acaba de estrenar en condiciones desfavorables, cuando el público está distraído con espejismos de campeonato. Esperemos se sostenga en cartelera, a fin de que sea apreciada justamente.

Moscas / Director: Fernando Eimbcke/ Guión: Fernando Eimbcke, Vanesa Garnica / Filme en ByN: María Secco / Sonido: Javier Umpierrez / Edición: Salvador Reyes Zúñiga, Fernando Eimbcke / Con : Teresita Sánchez, Bastián Escobar, Hugo Ramírez, Enrique Arreola/ Productoras: Kinotitlan, Teorema. México-España, 2026.

X: @walyder

Violencia vicaria es constitucional: SCJN establece criterios históricos para proteger a madres e hijos

 Escrito por Georgina Monroy Vázquez

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La Ministra Loretta Ortiz Ahlf propuso el proyecto del Amparo 2798/2025

 que determina que el abuso de juicios y demandas por parte de los agresores es una forma de violencia.

En un fallo histórico para los derechos de las mujeres y las infancias en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la violencia vicaria es plenamente constitucional y que la utilización abusiva del sistema judicial por parte de los agresores constituye una modalidad de este tipo de violencia de género.

Bajo la ponencia de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, al resolver el Amparo directo en revisión 2798/2025, el máximo tribunal del país blindó las leyes que sancionan la violencia vicaria, reiterando que estas medidas no discriminan a los hombres, sino que responden de manera urgente a una violencia estructural que busca castigar a las madres a través de sus hijas e hijos.

El caso que abrió el precedente

El asunto llegó a la SCJN después de que una madre promoviera un procedimiento por violencia familiar. Como represalia, el padre retuvo al hijo, impidió la convivencia con la madre y promovió múltiples juicios civiles y penales con el único propósito de prolongar el conflicto, ejercer control y mantener la separación.

Aunque una Sala Familiar ya había concluido la existencia de violencia vicaria, el caso escaló hasta el Máximo Tribunal, el cual mantuvo firme dicha determinación y fijó criterios jurisprudenciales obligatorios para todo el país.

#ComunicadoSonoro I Hoy la #SCJN emitió lineamientos para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia vicaria y, resolvió que el Congreso de la Unión tiene 2 periodos ordinarios de sesión para subsanar la omisión de expedir la Ley General… pic.twitter.com/VXbOEcffLm

— Suprema Corte (@SCJN) July 2, 2026

Los criterios clave de la SCJN sobre violencia vicaria

El fallo de la Suprema Corte deja un precedente fundamental para los juzgados familiares a través de varios puntos medulares:

• El sistema judicial como arma: Las denuncias, juicios, recursos y medidas cautelares promovidas de forma masiva o infundada por el agresor para separar a la madre de sus hijos o castigarla ya son reconocidas legalmente como violencia vicaria.
• Las infancias no son «instrumentos»: Las niñas, niños y adolescentes de una dinámica vicaria sufren violencia psicológica,física,económica y sexual directa. Por ende, la Corte los reconoce como víctimas directas con derechos propios y vida judicializada.
• Análisis conjunto de pruebas: Las carpetas de investigación penales pueden incorporarse al juicio familiar, pero los jueces deben analizarlas en su conjunto y no permitir que un proceso penal determine en automático el destino de la custodia familiar.

La Suprema Corte enfatizó que los jueces de lo familiar tienen la obligación estricta de aplicar simultáneamente la perspectiva de género, el interés superior de la niñez, el análisis interseccional y la debida diligencia reforzada.

Nuevas reglas para decidir la guarda y custodia

A partir de este amparo, la resolución de la guarda y custodia, las convivencias y los alimentos no podrán ser otorgados como un «premio» o un «castigo» para los progenitores. Las y los jueces deberán resolver considerando de forma prioritaria:

1. La opinión de la niña, niño o adolescente y su deseo de participar.
2. Una evaluación actualizada del riesgo y del contexto de violencia.
3. La continuidad de su vida cotidiana y sus vínculos afectivos.
4. La capacidad parental evaluada sin estereotipos.

Para garantizar la protección del adolescente en este caso particular, la Corte ordenó emitir una nueva resolución que identifique la violencia sufrida por los menores, nombre a un representante especial independiente para su defensa y, al mismo tiempo, garantice de forma provisional las convivencias con la madre.

¿Prueba superada?

 Escrito por Lucía Melgar Palacios 

.-Un evento como el Mundial enfrenta a las ciudades sede a grandes pruebas. En la Ciudad de México, dijo una voz desde el micrófono de la feria futbolera en La Bombilla el jueves pasado, podemos decir “¡prueba superada!”. Tibios aplausos. En “organización”… Mientras el público cautivo, ansioso de ver el partido, escuchaba el autoelogio gubernamental a su gestión, algún paseante se preguntaba si la autoridad había acaso pasado por Avenida de la Paz, adornada con extraños tubos naranja que, suponía, deberían quedar bajo tierra y ahora sobresalen de la recién renovada banqueta hacia ninguna parte. 

¿Será que la jefa de gobierno o sus allegados, pues de ella se trataba, no han transitado o caminado por calles y avenidas aledañas – u otras de esta misma ciudad? ¿Será que cuando van en coche no ven el caos a su alrededor? Porque, más allá de las obras inconclusas que demuestran una organización deficiente y apresurada, documentada por los medios, la experiencia del peatón, del conductor o de la usuaria de transporte público invita a cuestionar el optimismo oficial.

El transporte público, fundamental para millones de personas, no dejará en el visitante la mejor impresión: padecerá, como las usuarias locales, hacinamiento en horas pico, vagones sucios, frenazos súbitos, paradas entre estaciones y, en éstas, escaleras mecánicas inmóviles, además de polvo y ruido donde continúa la “renovación”.

¿Por qué no mejorar definitivamente la infraestructura básica del Metro en vez de afear los pasillos? ¿Acaso la decoración importa más que la eficiencia? ¿Cree acaso el gobierno que con machacar desde las pantallas del Metro y del metrobús los grandes “logros”, siempre atribuidos a la jefa de gobierno, van a convencer a la sufrida ciudadanía de las bondades de estas insignes autoridades?

En la superficie, el panorama es peor. Autobuses contaminantes, sin placa, número, ni identificación interior, conducidos por émulos del Checo Pérez , que, ajenos al supuesto reglamento, carecen de uniforme, aturden al pasaje con música a todo volumen, platican con acompañantes peligrosamente sentados sobre cubetas, ignoran las paradas establecidas, arrancan antes de que el pasaje acabe de subir o bajar y dejan las puertas abiertas. 

En su afán por llegar a una meta invisible, uno se pasa el alto en una avenida; otro, a punto de imitarlo, frena brutalmente para evitar a un auto en el cruce. El pasaje grita, algunas caen, una se golpea la cabeza contra un tubo, otra se raspa las rodillas, otro pierde sus lentes; varios aprovechan para huir del peligro: mejor caminar bajo la lluvia.

Otro día, en otra esquina, otro autobús, otros pasajeros desesperados: “¡Ya vámonos!” , le gritan al chofer que, a media calle, pelea a golpes con un pasajero (suponemos) al que defienden varias mujeres: “¡Ya déjalo!”,  mientras el “ayudante” del conductor observa sonriente. “¡Te vamos a reportar!”, advierten al rijoso que por fin deja a su víctima. Pero, ¿cómo reportar un autobús blanco y morado sin placas, sin número de unidad o ruta? Ni un agente vial, ni una patrulla.

Otro día de otra plácida semana en otra zona: un autobús de otra ruta da vuelta prohibida en U en una concurrida avenida mientras mira su celular, peatones que intentaban cruzar se paralizan, manifiestan con aspavientos su rabia o indignación; ensimismado en su conversación, él prosigue su camino… a unos metros, abandona el vehículo, vacío, en el segundo carril y baja a comerse unos tacos. Ese puesto debe ser muy bueno, hasta taxis y lujosas camionetas se detienen ahí en pleno día. Ni un agente vial, ni una patrulla….

Si se aplicara el reglamento, se dice algún ciudadano, tal vez habría menos camiones contaminantes, menos accidentes viales, menos tensión al usar un autobús o al cruzar las calles; los camiones no taponarían los cruces, los motociclistas irresponsables no amenazarían la vida del peatón ni expondrían la suya al pasarse el alto o circular en sentido contrario; hasta los asesinatos cometidos desde una moto (pocos que pero graves) podrían aclararse pronto o evitarse…  Difícil imaginar una ciudad distinta en medio de la estridencia exacerbada por automovilistas, choferes, bocinas callejeras, sirenas de patrullas…

¿Por qué, si los autobuses de la RTP o de la nueva red El Chapulín siguen las reglas, el gobierno no pone orden y mejora la vida de todos? ¿Por qué si han gastado millones de pesos en obras, no terminan bien ninguna? La prueba cotidiana no está superada.

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Arbitraje femenino hace historia: Katia Itzel García será cuarta árbitra en el Argentina vs Cabo Verde

 Escrito por Georgina Monroy Vázquez

Foto: Redes sociales Katia Itzel/ La participación de Katia Itzel García como cuarta oficial y de Sandra Ramírez como quinta árbitra marca historia..-La silbante mexicana Katia Itzel García rompe el techo de cristal en el Mundial 2026 y liderará la representación arbitral en la fase de eliminación directa en el duelo de Lionel Messi.

El arbitraje femenino de México continúa derribando barreras en el balompié internacional. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó de manera oficial la designación de la mexicana Katia Itzel García como cuarta árbitra para el encuentro entre Argentina y Cabo Verde, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Este histórico nombramiento para la fase de eliminación directa tendrá lugar este viernes 3 de julio a las 16:00 horas en el Estadio de Miami. Con este paso, García no solo consolida su trayectoria individual, sino que abandera el orgullo del arbitraje mexicano, siendo la primera representación del país en la Fase Final de este certamen mundialista, por encima de figuras consolidadas del sector varonil.

Una terna histórica con presencia mexicana

Para el duelo donde la albiceleste buscará asegurar su pase frente a la escuadra africana de Cabo Verde, la terna principal estará encabezada por el árbitro central canadiense Drew Fischer.

No obstante, el poder de las mujeres mexicanas en la cancha se potenciará por partida doble, ya que la también connacional Sandra Ramírez completará el cuerpo arbitral en sus funciones como quinta árbitra de reserva, fortaleciendo una alianza deportiva que ya ha dado frutos a lo largo de este torneo.

El camino de Katia Itzel García: Rompiendo el techo de cristal en el fútbol

La trascendencia de esta nueva designación radica en el imponente camino que la árbitra mexicana ha trazado en la actual Copa del Mundo 2026. El pasado 25 de junio, Katia Itzel García inscribió con letras de oro su nombre en la historia del deporte global al convertirse en la primera mujer latinoamericana en dirigir un partido de Mundial varonil como árbitra central, llevando las riendas del encuentro entre Túnez y Países Bajos en la fase de grupos.

Previo a su aclamada actuación como central, García acumuló una destacada experiencia desempeñándose como cuarta oficial en cuatro partidos de la primera fase:

• Países Bajos vs. Japón (marcando su debut mundialista el 14 de junio).
• Inglaterra vs. Croacia.
• Estados Unidos vs. Australia.
• Argelia vs. Austria.

Katia es la primera árbitra central mexicana en participar en este tipo de eventos mundiales varoniles, pero la cuarta mujer en realizar dicho trabajo en el futbol internacional.

La historia es que solo tres árbitras centrales han dirigido este tipo de partidos en el pasado Mundial de Qatar 2022:

• La francesa Stéphanie Frappart
• La ruandesa Salima Mukasanga
• La japonesa Yoshimi Yamashita

800 millones de mujeres afrontan la maternidad sin seguridad económica, según un informe de la ONU

 

La ONU alerta sobre una realidad poco visible: la violencia contra las madres

Informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas Reem Alsalem

¿Qué ha ocurrido?

La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, ha presentado un informe monográfico dedicado a la violencia y discriminación que sufren las mujeres por su condición de madres.

Cinco datos clave del informe

• 800 millones de mujeres carecen de seguridad económica en torno al parto.
  • Las mujeres realizan 2,5 veces más trabajo de cuidados no remunerado que los hombres.
  • El 24 % abandona el mercado laboral durante el primer año de maternidad.
  • Una embarazada en un país en conflicto tiene casi cuatro veces más riesgo de morir por causas maternas.
  • La utilización de los hijos para controlar a las madres es identificada como una forma específica de violencia.

¿Cuál es la principal conclusión del informe?

La maternidad sigue estando infravalorada y millones de mujeres sufren formas específicas de violencia y discriminación relacionadas directamente con su condición de madres.

¿Qué entiende la ONU por violencia contra las madres?

No se limita a la violencia física. Incluye violencia económica, psicológica, institucional, reproductiva, sexual y jurídica.

¿Qué dice el informe sobre la situación económica de las madres?

Advierte de una importante penalización económica asociada a la maternidad, que afecta al empleo, los salarios, las promociones y las pensiones.

¿Qué denuncia sobre los sistemas sanitarios?

Describe diversas formas de violencia reproductiva, incluyendo intervenciones sin consentimiento plenamente informado y trato degradante durante el embarazo y el parto.

¿Qué relación existe entre la violencia contra las madres y la violencia contra los hijos?

Muchos agresores utilizan a los hijos para controlar, castigar o intimidar a las madres. El daño a los menores tiene consecuencias duraderas para toda la familia.

¿Qué dice sobre conflictos armados?

Las madres son objetivo específico de la violencia en guerras y crisis humanitarias. En 2024 se estimó que 10,9 millones de embarazadas o lactantes sufrían desnutrición grave en países afectados por conflictos.

¿Qué grupos son especialmente vulnerables?

Madres migrantes, refugiadas, indígenas, adolescentes, con discapacidad, encarceladas, solteras, en situación de prostitución y madres sometidas a gestación subrogada.

¿Qué pide finalmente la ONU?

Reconocer la maternidad como un bien social, combatir la discriminación económica, reforzar la protección frente a la violencia y mejorar las políticas públicas dirigidas a las madres.

La justicia escocesa declara ilegal la política penitenciaria que permitía alojar a algunos hombres que se identifican como mujeres en cárceles de mujeres

 Redacción Tribuna

La revista de información que te cuenta lo que otros no creen importante

Documento de referencia: Outer House, Court of Session, [2026] CSOH 59, Opinion of Lady Ross, Petition of For Women Scotland for Judicial Review, 19 de junio de 2026.

La Corte de Sesión de Escocia (Court of Session), el máximo tribunal civil escocés, ha dado la razón a la organización feminista For Women Scotland y ha declarado ilegal la guía penitenciaria del Servicio Penitenciario Escocés (SPS) que permitía, en determinadas circunstancias, el ingreso de hombres que se identifican como mujeres en prisiones femeninas.

La sentencia, dictada el 19 de junio de 2026 por la jueza Lady Ross, supone una de las primeras aplicaciones directas del histórico fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido de abril de 2025, que estableció que los términos «hombre», «mujer» y «sexo» en la Ley de Igualdad de 2010 se refieren al sexo biológico.

¿Qué estaba en discusión?

For Women Scotland impugnó una guía penitenciaria aprobada en 2024 que permitía que algunos presos varones que se identifican como mujeres fueran considerados para ingresar en el sistema penitenciario femenino si no presentaban determinados indicadores de riesgo.

La política partía de una evaluación individual. Los hombres identificados como mujeres que no tuvieran antecedentes de violencia contra mujeres o delitos sexuales podían ser destinados a cárceles de mujeres. Incluso en algunos casos con antecedentes de violencia existía un mecanismo excepcional para autorizar su traslado al sistema femenino tras una evaluación específica.

La cuestión jurídica central

La jueza examinó la normativa penitenciaria escocesa y llegó a una conclusión clara: la legislación exige la separación por sexo de los presos.

La sentencia recuerda que la Regla 126 de las Prisons and Young Offenders Institutions (Scotland) Rules 2011 establece que las mujeres y los hombres no deben compartir alojamiento y que las instalaciones destinadas a cada sexo deben mantenerse separadas.

Lady Ross concluye que esta norma exige la existencia de un sistema penitenciario masculino y otro femenino diferenciados y que la finalidad de esa separación es proteger la seguridad, la privacidad y la dignidad de las mujeres presas.

La importancia del fallo del Supremo de 2025

El contexto de esta sentencia es fundamental.

En abril de 2025, el Tribunal Supremo británico resolvió otro litigio promovido por For Women Scotland y declaró que, para la Ley de Igualdad, las categorías de hombre y mujer se basan en el sexo biológico.

Hasta entonces, gran parte de las políticas públicas escocesas se habían construido sobre la premisa de que una persona con un Certificado de Reconocimiento de Género debía ser tratada legalmente como miembro del sexo declarado. El Supremo rechazó esa interpretación.

La nueva sentencia penitenciaria aplica esa doctrina al ámbito de las prisiones.

Los argumentos del Gobierno escocés

El Gobierno escocés sostuvo que necesitaba mantener cierta flexibilidad para proteger los derechos humanos de los presos trans.

Argumentó que algunos podrían enfrentarse a riesgos graves —incluido riesgo de suicidio— si fueran alojados exclusivamente según su sexo biológico. También defendió que las obligaciones derivadas del Convenio Europeo de Derechos Humanos exigían una evaluación individualizada.

Sin embargo, la jueza consideró que esos argumentos no podían alterar el significado jurídico de las categorías de sexo establecidas por la legislación vigente.

La posición de la Comisión de Igualdad (EHRC)

Un aspecto llamativo es que la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos del Reino Unido (EHRC) intervino en el procedimiento y mostró una posición cercana a la de For Women Scotland.

La EHRC sostuvo que, tras el fallo del Supremo de 2025, la guía penitenciaria escocesa debía ser reconsiderada y señaló que la presencia de hombres en cárceles de mujeres dificulta mantener la separación sexual exigida por la legislación. También expresó «cierta simpatía» por el argumento de que la guía ofrecía una imagen errónea de la situación jurídica real.

¿Por qué es una sentencia relevante?

Porque traslada al ámbito penitenciario una cuestión que hasta ahora se había discutido principalmente en relación con cuotas, estadísticas, espacios diferenciados y servicios de un solo sexo.

La sentencia afirma que:

• Las cárceles de mujeres existen para las mujeres como categoría basada en el sexo biológico.
• La separación sexual en prisión no es una mera política administrativa, sino una obligación legal.
• La guía penitenciaria escocesa se construyó sobre una interpretación jurídica incompatible con la establecida por el Tribunal Supremo británico.

Contexto político y social

El caso se produce tras varios años de controversia en Escocia sobre las políticas de identidad de género.

El detonante político fue el caso de Isla Bryson, un delincuente sexual varón condenado por violación que inicialmente fue enviado a una prisión de mujeres en 2023. El escándalo provocó una revisión urgente de las políticas penitenciarias escocesas y abrió un debate nacional sobre los límites de la autoidentificación de género en espacios segregados por sexo.

Posteriormente, el Tribunal Supremo británico resolvió el caso For Women Scotland de 2025, y esta nueva sentencia de 2026 representa una de las primeras consecuencias prácticas de aquella decisión.

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Sentencia: Outer House, Court of Session, [2026] CSOH 59, Opinion of Lady Ross, Petition of For Women Scotland for Judicial Review, 19 de junio de 2026.

América Central cuida con desigualdad y con sistemas débiles

 

Ana Alvarado cuida desde hace cinco años a su padre, Manuel de Jesús Alvarado, de 85 años, en su vivienda del cantón El Tránsito, en Santa María Ostuma, en el centro de El Salvador, en un contexto donde, en América Central, el peso del cuidado recae mayoritariamente en las mujeres. Imagen: Edgardo Ayala / IPS.- Edgardo Ayala

SANTA MARÍA OSTUMA, El Salvador – Los esfuerzos por establecer políticas sobre cuidados en América Central avanzan lentamente, con rezagos estructurales y sin una red pública de servicios, como centros de cuido para niños y personas mayores, que evite que el peso del trabajo recaiga en su mayor parte en las mujeres.

El financiamiento siempre limitado en las siete naciones centroamericanas impide ampliar esos servicios, de modo que la construcción de un sistema integral de cuidados sigue siendo un objetivo lejano en la región, conformada por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

El istmo está marcado por profundas brechas socioeconómicas, con altos niveles de desigualdad, informalidad laboral y limitaciones fiscales que condicionan la capacidad de los Estados para ampliar sistemas de protección social para una población conjunta de 53 millones.

Detrás de las brechas estructurales en la provisión de cuidados, las dinámicas cotidianas se traducen en arreglos familiares donde la responsabilidad recae de forma desigual en una sola persona, generalmente una mujer cercana al familiar frágil, en el caso de los adultos mayores.

“Tal vez me hubiera gustado tener mis propias cosas, trabajar para tener mi casa, mi familia, pero ya era el destino que me tocaba”: Ana Alvarado.

“Aquí estamos siempre pendientes de mi papá, él es un hombre fuerte, gracias a Dios”, dijo a IPS Ana Alvarado, de 51 años, responsable del cuidado de su padre, Manuel de Jesús Alvarado, de 85 años.

Ana y su padre viven en el cantón El Tránsito, un asentamiento rural del distrito de Santa María Ostuma, en el centro de El Salvador.

Ana relató que ella trabajaba en San Salvador, la capital del país, distante unos 70 kilómetros. Pero hace cinco años asumió el cuidado permanente de su padre, luego de una serie de complicaciones médicas graves que incluyeron múltiples cirugías y una infección que dejó secuelas en el estado de salud de él.

“Casi se nos muere”, contó.

Su padre, sentado a su lado asintió, y comentó: “No todo el tiempo pasa uno con toda la energía de cuando uno es joven, se nota el avance de la edad y los golpes de las enfermedades”.

“Me tocó venirme a mí, porque era la única soltera. Me tocó estar aquí. Mis hermanos aunque quisieran estar aquí no pueden, ellos trabajan en San Salvador y ya tienen su hogar”, dijo Ana entre comprensiva y resignada.

Integrantes del Centro de Estudios de la Mujer de Honduras, 

una de las organizaciones que impulsan la creación de una ley

 de cuidados en su país, junto a un cartel con el lema “Hora de

 Cuidar”. Imagen: Cortesía del CEM

El peso sobre las mujeres

Los cuidados se entienden como el conjunto de actividades necesarias para sostener la vida diaria y el bienestar de las personas, que incluyen desde la atención a niños y personas mayores o enfermas y dependientes hasta el trabajo doméstico asociado a esas tareas.

Según el enfoque de ONU Mujeres, se trata de un trabajo esencial para el funcionamiento de la sociedad y la economía. Comprende tanto el cuidado no remunerado dentro de los hogares como los servicios de cuidado pagados, y que tiende a recaer de forma desproporcionada sobre las mujeres.

Las mujeres del Triángulo Norte de Centroamérica continúan asumiendo la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado, según el informe Estado de situación del sector de cuidados en Guatemala, El Salvador y Honduras, publicado en octubre de 2025.

El reporte establece que en los tres países persisten patrones similares en la organización del cuidado que profundizan las brechas de género.

En los tres las mujeres dedican entre tres y cinco veces más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres, lo que se refleja en una menor participación laboral femenina.

Cerca de 70 % de las mujeres guatemaltecas permanece fuera de los sistemas laborales regulados, al igual que 66,7 % de las salvadoreñas y 64,7 % de las hondureñas. Muchas terminan incorporándose a ocupaciones precarias, caracterizadas por bajos ingresos, ausencia de protección social y escasas oportunidades de capacitación.

“En Guatemala, las mujeres continúan asumiendo la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado, lo que les impide incorporarse al mercado laboral, continuar sus estudios o dedicar tiempo a su propio bienestar”, afirmó a IPS Maritza Velásquez, de la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila y de la Red Guatemalteca por los Cuidados.

Velásquez actuó como coordinadora del estudio.

La investigación también encontró que la provisión de cuidados en la región sigue descansando principalmente en arreglos familiares informales, debido a la falta de marcos normativos coherentes y mecanismos de financiamiento sostenibles, un modelo que reproduce desigualdades de género a lo largo del ciclo de vida de las mujeres.

“Hemos visto que las mujeres se dedican definitivamente más tiempo de su vida a cuidar a otros que a cuidarse ellas mismas”, acotó Velásquez.

Ante este panorama, el estudio propone destinar al menos el equivalente a 1 % del producto interno bruto (PIB) a un fondo plurianual de cuidados para ampliar la infraestructura social y reducir el déficit de servicios dirigidos a la primera infancia, personas mayores y población dependiente.

Actividad en un centro diurno en San José de Costa Rica, donde se apoya

 el cuidado de los adultos mayores, como parte de las mejoras del Sistema

 Nacional de Cuidados y Apoyos, que se considera el más avanzado hasta 

 ahora en América Central. Imagen: Sinca

Pocos avances reales

El avance de las políticas de cuidados en América Central muestra distintos niveles de desarrollo entre países, con brechas importantes en su institucionalización y alcance.

Mientras Guatemala, Honduras y El Salvador apenas comienzan a construir marcos más sistemáticos para organizar la provisión de cuidados, todavía con iniciativas fragmentadas y limitaciones de financiamiento, Costa Rica se ubica en una etapa más avanzada.

Esa nación aprobó en 2022 la Ley del Sistema Nacional de Cuidados, que dio base legal a su implementación, con una red estatal que articula servicios públicos y privados para personas adultas y en situación de dependencia, a fin de protegerlas y dar apoyo a los cuidadores, remunerados o no, para mejorar la calidad de vida de las dos partes.

En El Salvador, la política de cuidados existe como marco, pero su alcance sigue siendo muy limitado en la práctica.

“Es un instrumento poco conocido y con limitaciones para volverse operativo, pues carece de un presupuesto”, señaló a IPS Carmen Urquilla, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, al referirse a la Política Nacional de Corresponsabilidad de los Cuidados, aprobada en el 2023.

Esa iniciativa no es una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, sino un instrumento de política pública del Poder Ejecutivo.

Esto significa que no tiene rango legal vinculante, sino que funciona como un marco de orientación para acciones institucionales y programas. Su implementación depende, en la práctica, de la voluntad política y de la asignación de recursos presupuestarios.

La experta salvadoreña explicó que uno de los principales desafíos no está en la definición del problema, sino en la falta de recursos para traducirlo en servicios concretos como centros de atención infantil o espacios de apoyo para personas mayores.

También advirtió que el énfasis del enfoque vigente tiende a centrarse más en quienes reciben cuidados que en la organización del sistema que los sostiene.

En Guatemala, la discusión sobre cuidados se mantiene en una fase inicial y con avances intermitentes.

“El avance es muy incipiente”, afirmó la guatemalteca Velásquez, al señalar que no existe aún una política pública consolidada.

La dirigente señaló que algunos acercamientos institucionales en materia de cuidados fueron impulsados desde la Secretaría Presidencial de la Mujer durante el gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024), pero advirtió que estos procesos han perdido continuidad con el cambio de administración hacia el actual gobierno de Bernardo Arévalo.

La activista agregó que la transición entre ambas gestiones ha implicado la interrupción o ralentización de varias iniciativas previas, lo que ha afectado la posibilidad de darles seguimiento sostenido dentro del aparato estatal.

Según explicó, esa inestabilidad ha dificultado la construcción de un sistema sostenido y con participación formal de las organizaciones sociales.

Velásquez agregó que, aunque se han retomado conversaciones recientes, el proceso sigue sin una hoja de ruta clara y sin mecanismos estables de articulación entre Estado y sociedad civil. En su visión, el país aún se encuentra en una etapa de definición básica de qué tipo de sistema de cuidados se quiere construir.

En Honduras, el debate ha avanzado hacia propuestas más estructuradas, aunque sin aprobación legislativa.

“El país aún no cuenta con una ley aprobada, pero sí con borradores y mesas de trabajo”, explicó a IPS Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer de Honduras.

La especialista explicó que existe una iniciativa de Ley del Sistema Integral de Cuidados presentada por una diputada de oposición, mientras el gobierno trabaja en una propuesta propia, con la intención de fusionarlas y avanzar hacia una normativa común.

Sin embargo, advirtió que el avance de esta agenda ha estado marcado por vaivenes políticos y cambios de prioridades con la llegada de un nuevo gobierno, lo que ha impedido darle continuidad sostenida a los esfuerzos previos y consolidar un marco legal estable para el sistema de cuidados.

Tras el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026), en enero de este año llegó a la presidencia de Honduras el ultraconservador Nasry Asfura, promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Retrato de Manuel de Jesús Alvarado y su esposa, María Cristina López, cuando eran más jóvenes, 

que destaca en la sala familiar. López falleció en 2010, a los 62 años, y años después, tras sufrir varias 

enfermedades, el esposo requirió cuidados permanentes, que quedaron en manos de su hija, Ana

 Alvarado. Ella debió dejar su vida en San Salvador y trasladarse a la comunidad rural del padre. 

Imagen: Edgardo Ayala / IPS

Buenas leyes, pero de momento lejanas

La activista hondureña explicó que la propuesta de sistema integral de cuidados contempla una combinación de transferencias económicas y expansión de servicios públicos, con la creación de bonos para personas cuidadoras y apoyos directos a hogares que realizan estas tareas.

A esto se sumarían centros diurnos para personas mayores, programas de atención domiciliaria y servicios de asistencia para personas con discapacidad, como parte de una red de apoyo que busca reducir la sobrecarga actual en las familias.

La implementación de este esquema, señaló Martínez, requeriría una inversión significativa, estimada en alrededor de 29 millones de dólares en un período de cuatro años, según los estudios preliminares incluidos en la propuesta.

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En ese contexto, señaló que una de las principales referencias para el diseño del sistema es la experiencia de Uruguay.

Ese país cuenta desde 2015 con un Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que reconoce el cuidado como un derecho humano, en lo que fue un modelo pionero en América Latina que se sustenta en la corresponsabilidad y el financiamiento compartido del Estado, las familias, el mercado y la comunidad.

En 2024, Panamá siguió parcialmente ese modelo al establecer un Sistema de Cuidado de Personas, que “garantiza el derecho al cuidado, el pleno bienestar y el desarrollo de las personas, así como a la protección de su autonomía”, brindando apoyo legal a las personas bajo cuidado y sus cuidadores. Pero el sistema enfrenta aún desafíos en su aplicación.

En el caso hondureño, Martínez advirtió que el proceso aún depende de acuerdos políticos y de la definición de recursos sostenidos para su implementación.

Mientras tanto, la cuidadora salvadoreña, Ana Alvarado, señaló que le habría gustado continuar trabajando o desarrollar un proyecto propio, pero terminó reorganizando completamente su vida para atender a su padre.

Contó que ella recibe apoyo financiero de sus hermanos para medicamentos y otros gastos de su padre, ellos se mantienen muy pendientes de él, pero el cuidado cotidiano recae casi por completo en ella.

“Tal vez me hubiera gustado tener mis propias cosas, trabajar para tener mi casa, mi familia, pero ya era el destino que me tocaba”, afirmó Ana.

Fiscalía confirma que restos hallados en Veracruz son de la periodista Roxana Guzmán

 Escrito por Georgina Monroy Vázquez 

Foto: Web/ Organizaciones como CIMAC recuerdan que la búsqueda de Roxana Guzmán Ramírez debe mantenerse y reforzarse.-La Fiscalía confirmó que los restos humanos localizados en un predio del sur de Veracruz corresponden a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó este viernes 03 de julio que los restos humanos localizados durante las investigaciones en un predio del sur de la entidad corresponden a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, quien fue privada de la libertad el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital.

La identificación fue posible tras los análisis periciales y las pruebas genéticas practicadas por las autoridades, poniendo fin a un mes de incertidumbre para su familia, que durante semanas insistió en mantener la búsqueda y evitar la difusión de versiones no confirmadas mientras se realizaban los estudios científicos.

Además, la Fiscalía ejecutó ocho órdenes de aprehensión en contra de presuntos responsables por el delito de homicidio doloso calificado en agravio contra Roxana Guzmán. Es importante señalar que cuatro de los detenidos son policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.

La desaparición de Roxana Guzmán generó preocupación entre organizaciones de defensa de periodistas y de derechos humanos, que exigieron una investigación con perspectiva de libertad de expresión y el esclarecimiento de los hechos.

𝗢𝗰𝗵𝗼 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗵𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱𝗶𝘀𝘁𝗮; 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗲𝘀𝗰𝗹𝗮𝗿𝗲𝗰𝗲 𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼 https://t.co/2jJq1vsxwe pic.twitter.com/X0UC9yCltf

— FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) July 3, 2026

Roxana estuvo un mes desaparecida

Roxana Guzmán fue privada de la libertad por un grupo armado que irrumpió en su domicilio el 2 de junio, en hechos presenciados por integrantes de su familia, entre ellos sus hijos.

Durante las investigaciones, autoridades estatales y federales realizaron operativos en distintos municipios del sur de Veracruz, donde localizaron un predio vinculado con una célula criminal. En ese sitio fueron hallados restos humanos que permanecieron bajo análisis hasta que las pruebas de ADN confirmaron que correspondían a la periodista.

Cabe destacar que durante este mes de búsqueda e investigaciones, hubo diversas especulaciones que intentaron vincular la desaparición de Roxana Guzmán con presuntas actividades del crimen organizado; sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha emitido una resolución definitiva sobre los hechos. En ese escenario, especialistas en desaparición y derechos humanos insistieron en que cualquier línea de investigación debe desarrollarse sin afectar el derecho de la víctima a ser buscada ni el derecho de sus familiares a conocer la verdad.

 Un mes sin Roxana.

Ha pasado un mes desde la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, en Nanchital, Veracruz.

 Su ausencia no es un caso más. Es el reflejo de un sistema que sigue sin… pic.twitter.com/oGcvgfOmsU

— CIMAC.org (@prensacimac) July 2, 2026

Crimen contra la libertad de expresión

El asesinato de Roxana Guzmán se suma a la violencia que enfrentan periodistas en México, particularmente mujeres comunicadoras que ejercen su labor en contextos de alta presencia del crimen organizado.

Para organizaciones de defensa de la prensa, el esclarecimiento del caso será determinante no solo para garantizar justicia a Roxana Guzmán y su familia, sino también para combatir la impunidad en los delitos cometidos contra periodistas.

Con la confirmación del asesinato de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, al menos dos periodistas han sido asesinados en México durante 2026, de acuerdo con el seguimiento de casos públicos y organizaciones de defensa de la libertad de expresión, como Art.19, desde CIMAC solo se tiene documentado el reciente hecho de Roxana Guzmán.

 Veracruz: el derecho a informar no debería ejercerse bajo el riesgo de la violencia.

Desde agosto de 2009 a junio de 2026, se han registrado 163 agresiones contra mujeres periodistas en la entidad. De ellas, 7 casos fueron feminicidios.

Estas cifras no son números… pic.twitter.com/JCBuAvg850

— CIMAC.org (@prensacimac) June 30, 2026

“El libro de los que no son”, un relato desgarrador sobre una mujer indocumentada, víctima de feminicidio

 By Resumen Latinoamericano 

Por Alexander Paéz. El otro país. Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2026

Alexander Páez es una firma conocida y celebrada por nuestros lectores. Fue el ganador de un reciente premio internacional con la historia de la periodista paraguaya asesinada Yamila Cantero, narrada con la excelencia de su estilo literario. Ahora nos ofrece un relato impresionante sobre una mujer hallada muerta y desmembrada en aguas del río Jejuí, en Kokueré, Departamento de San Pedro, en 2025, una mujer que había vivido su vida como un fantasma por carecer de documentos. “Es una narración extraña y muy sentida, nacida de un caso real, escrita desde un lugar poco habitual para mirar una vida”, nos dice el autor. Un relato de horror y de amor que nos convoca a reflexionar y a actuar ante la persistencia de los feminicidios.

La encontraron en marzo. El Jejuí la fue devolviendo por partes, con esa lentitud oscura de los ríos cuando el horror deja de sorprenderlos. Primero el torso. Después la cabeza, tres kilómetros más abajo. Un brazo no apareció nunca. Quizás quedó en el barro, entre raíces, botellas, ramas y esas cosas que el agua aprende a callar. El agua no devuelve de golpe. Dosifica. Administra.

Yo no me sorprendí. La esperaba.

No entre los camalotes. No en la orilla, donde los hombres se acercaron con esa mezcla de curiosidad y espanto con que se mira lo que nadie quiere nombrar. La esperaba en otro sitio, más seco y más antiguo: una oficina del Registro Civil de San Pedro del Ycuamandyyú; con un tomo de nacimientos, una página amarillenta donde la tinta había escrito a unos y había dejado intacto el lugar de ella.

Yo era ese lugar.

Un renglón en blanco.

Aún lamento no haber sabido nada de ella hasta el final. Todo lo que cuento me llegó tarde: cuando la familia empujó, cuando el pueblo gritó sobre el puente, cuando el expediente empezó a crecer alrededor de un cuerpo desmembrado y la Fiscalía tuvo que preguntar quién era, hasta terminar preguntándomelo a mí. Entonces me llenaron de golpe. Testimonios. Muestras de ADN. Resoluciones de urgencia. Lo que dijo la madre. Lo que dijo el hermano. Lo que dijeron los vecinos. Yo no era una conciencia. Era un papel obligado a enterarse. Volcaron sobre mí su versión de la vida, y me tocó ejercer ese oficio odioso: ordenar restos, administrar una existencia, ponerle burocracia a la piel.

Lo cuento desde esa vergüenza: la de haber permanecido vacío durante treinta y tres años y llenarme recién cuando ya no servía para nada.

María Enciso nació en Kokueré, donde el calor no cae sobre las cosas: entra en ellas. Se mete en la madera, en la ropa tendida, en el cuerpo de las mujeres, en los frascos donde la madre guardaba semillas. De aquella mañana no me llegó una firma ni un sello. Me llegaron, mucho después, restos de una escena: una madre doblada sobre sí misma, que se llamaba Rosa; una vecina que sabía de partos porque había visto demasiados; una palangana con agua tibia, un paño, un rancho de piso apisonado; olor a humo viejo bajo un cielo de azules intensos.

Todo eso existió.

Pero nadie la escribió.

Nadie hizo el viaje de polvo, barro y cansancio hasta la oficina donde yo aguardaba. No hubo dinero. No hubo tiempo. No hubo camino. Y, pensándolo ahora, yo tampoco fui hacia ellos: también estaba condenado a la inmovilidad, un pedazo de Estado con letra y polvo, incapaz de ir al encuentro de nadie, pero siempre listo para llegar tarde.

Hubo, como suele haber en el campo, esa costumbre de postergar lo imposible hasta que lo imposible termina pareciéndose al destino.

Así empezó todo.

No con el río.

Con la demora.

Los primeros años de María fueron los de tantas niñas del norte: tierra en los pies, humo en la ropa, guaraní en la boca, hambre a ciertas horas. Fue aprendiendo el mundo por señales pequeñas: el ruido de las ollas, la inclinación de la luz sobre el patio, la hora exacta en que el agua del arroyo todavía servía antes de que el sol la volviera amarga. Supo cuándo callar, cuándo apartarse, cuándo una casa está en paz y cuándo conviene no hacer preguntas. Y mientras barría, tarareaba bajito, como si en esa música mínima hubiera una forma de compañía.

Porque incluso allí, donde el Estado no llegaba o llegaba tarde, la vida encontraba cómo reunirse. Una mano alcanzaba mandioca, otra remedio, otra sombra. Las mujeres se llamaban de patio a patio. El tereré iba de boca en boca como una forma de confianza. Y en esa pobreza compartida, en esa intemperie que también sabía cobijar, se levantaba una belleza menor y verdadera: la de quienes, sin haber sido escritos por nadie, aprendían a sostenerse unos a otros.

No aprendió las letras.

Para entrar a la escuela hacía falta un certificado. El certificado exigía inscripción. Y para estar inscripta, alguien debía haber venido hasta mí. Nadie vino. Los años pasaron, y yo seguía en mi página, oyendo desde el estante el golpe seco del sello, el zumbido del ventilador, el llanto breve de los recién nacidos a quienes sí llevaban a inscribir. La tinta avanzaba sobre el papel. Los nombres caían uno tras otro, como si nacer fuera, para todos los demás, una costumbre sencilla.

Yo seguía vacío, guardándole a María un lugar al que no iba a llegar.

Creció. Se fue a San Pablo, que era pueblo si una venía de cualquier otra parte, y ciudad si una venía de Kokueré. Había calles cansadas, motocicletas que pasaban dejando un zumbido agrio, perros flacos echados contra la sombra mínima de los muros, y en los almacenes, ese olor dulzón del aceite recalentado que se pega a la ropa como una segunda intemperie. Allí vivió como viven los que no tienen archivo: enlazando trabajos sueltos, días medidos por la urgencia, una forma de presente tan frágil que casi no dejaba huella.

Hablaba guaraní con los vecinos, con esa naturalidad de las lenguas que no piden permiso. Compraba fiado en el almacén de don Alcides, que apuntaba las cuentas en un cuaderno de tapas vencidas y que nunca le pidió un papel. Volvía con bolsas de plástico que se le hundían en los dedos y le dejaban una marca roja, larga, como si también la compra quisiera recordar el peso de haber sido cargada. A veces llegaba con el pelo pegado a la nuca por el calor. Otras, se lo recogía con una cinta gastada, una de esas cintas que ya no sujetan del todo, pero insisten. Y cuando le tocaba esperar —en una fila, en una vereda, en el umbral de alguna oficina— buscaba con el pulgar la costura del vestido y la frotaba una y otra vez, como si en esa aspereza mínima hubiera algo firme, algo que no se movía.

Tenía un teléfono celular, pero no a su nombre: estaba a nombre de Gustavo. Hasta para que la llamaran hacía falta el nombre de otro.

Parió tres hijos. Los sostuvo contra el pecho cuando lloraban. Les bajó la fiebre con paños de agua. Les remendó la ropa bajo una luz pobre. Les reconoció el llanto desde otra pieza, aun dormida, aun rendida. Supo cuál tos era la del frío, cuál llanto venía del hambre, cuál silencio duraba demasiado. Pero no pudo inscribirlos. Lo hizo el padre, porque él sí tenía papeles, él sí estaba escrito. María podía poner el cuerpo, la leche, las noches partidas, el miedo, las manos. No podía, en cambio, dejar constancia legal de la vida que había sacado de sí misma.

Una mujer sin inscripción no puede inscribir a nadie.

La página en blanco también se hereda.

Hubo, casi seguro, una mañana de ventanilla. No sé el día. No sé el mes. Los días de María casi nunca quedaron en alguna parte. Pero la pobreza repite sus escenas con una exactitud cruel. Ella frente al vidrio. Un hijo tirándole de la mano. El ventilador de techo girando con esa desgana de las oficinas calientes. Del otro lado, una voz.

Documento.

Ella no tenía.

Acta de nacimiento.

Tampoco.

Entonces la voz empezó a enumerar: testigos, formularios, declaraciones, juicio, requisitos. Todo lo que hace falta para que una ficción con sellos y ventanillas acepte que una mujer de carne y hueso estuvo aquí antes que sus papeles.

María escuchó. No discutió. No lloró. Apretó la mano del hijo. Buscó con el pulgar la costura del vestido.

Después salió. Afuera el día seguía, y el día no se detiene porque una mujer no exista en los libros. Había que comprar algo. Volver. Cocinar. Lavar lo que se pudiera. Acostar a los hijos. Seguir.

Treinta y tres años caben en ese verbo.

La noche del viernes 7 de marzo, al teléfono de María —que en verdad estaba a nombre de Gustavo— entraron unas líneas firmadas por una voz conocida. Bastó eso para que María saliera de la casa y caminara hacia uno de sus últimos encuentros.

No hacían falta muchas palabras. Bastaban unas pocas, puestas en el sitio exacto de su confianza. Bastaba la impostura mínima de una voz conocida. Bastaba ese pequeño fraude de la lengua para empujar un cuerpo hacia la noche.

Después se supo lo que ya estaba escrito en la trampa: que ese mensaje no lo había mandado quien lo firmaba. Alguien había escrito desde otro teléfono, usando el nombre de otro como se usa una llave robada. Primero borraron a quien firmaba. Después borraron a María.

Antes del cuchillo hubo una frase. Antes del río, una suplantación.

Cuando no volvió, Rosa no esperó. Fue a la comisaría el sábado por la tarde y denunció la desaparición de una hija que, en los papeles, no era hija de nadie. La escena tuvo algo de humillación antigua: para denunciar a una persona hay que nombrarla, y Rosa tuvo que jurar por una María que ningún sello certificaba. Los policías anotaron lo que pudieron: María Enciso, treinta y tres años, domicilio en San Pablo, sin documentos.

Así empezó a formarse el expediente.

Gustavo no durmió esa noche. Llamó a todos los números que tenía. Recorrió las casas de los conocidos. Golpeó puertas. Preguntó en patios todavía cargados de calor. Dijo el nombre de su hermana una y otra vez, como si al repetirlo pudiera impedir que se la tragara la oscuridad. La buscaron como buscan los pobres: sin protocolo, sin descanso, con la terquedad desnuda del afecto. Una linterna. Una motocicleta. Un vecino que acompaña. Una madre que no se sienta. Una casa donde nadie se acuesta, porque acostarse sería admitir que la noche ya decidió algo.

Al amanecer del domingo, cuando ya no quedaba nadie a quien preguntar y la Policía seguía diciendo que había que esperar, Gustavo fue a ver a una mujer que la gente consulta cuando alguien se pierde. No me llegó su cara. Me llegó una sola frase, repetida después como si fuera una dirección arrancada al misterio:

Ella está en tránsito por acá cerca.

Gustavo fue al río. Llevó a dos vecinos. Llevaron una canoa.

A la altura del puente, entre los camalotes, el Jejuí empezó a devolverla.

Primero el torso.

Lo subieron a la canoa con una delicadeza inexplicable, casi tierna, como si el cuidado todavía sirviera para algo. Después llegaron más vecinos. Después la comisaría. Después la Fiscalía. Después las cámaras. Después el país entero, con sus preguntas. Pero antes que todos ellos estuvieron Gustavo, la canoa y esa frase dicha en una cocina sin documentos, en un guaraní que ningún acta registra.

Entre todo lo que el río devolvió esa tarde hubo una señal pequeña y feroz. La pericia la anotó en su idioma seco. Dicho de otro modo: el pulgar de María estaba fuera de lugar.

Había peleado.

La mano con la que sostuvo a sus hijos. La mano que buscaba la costura del vestido frente a las ventanillas. La mano que lavaba, pelaba mandioca, apartaba el pelo de una frente con fiebre. Esa mano peleó hasta el final por seguir perteneciendo al mundo.

Al día siguiente, la Municipalidad de San Pablo declaró asueto. Los estudiantes dejaron las aulas. Los comercios bajaron las persianas. La gente fue llegando al puente sobre el Jejuí con cartulinas, botellas de agua, hijos de la mano, esa pena que en los pueblos no necesita ser anunciada porque se reconoce sola. Gritaron. Lloraron. Exigieron justicia. Una mujer dijo una frase que después repitieron los medios: no están solos.

Y no lo estaban.

Antes que las oficinas y sus sellos, antes que los laboratorios y su idioma tardío, estuvo el pueblo. Estuvieron los que la habían visto pasar. Los que sabían su nombre sin pedirle prueba. Los que la reconocían por la voz, por el modo de andar, por la costumbre de volver con las bolsas marcándole los dedos. La rodearon como se rodea lo propio cuando el daño ya ocurrió y, sin embargo, todavía queda algo por hacer: nombrarla en voz alta, sostenerla entre muchos, impedir que el río terminara de llevársela al silencio.

Solo después apareció el Estado. No donde había hecho falta, sino al final, cuando ya no quedaba nada por cuidar y todavía faltaban, sin embargo, sus permisos.

Para sepultarla hubo que inscribirla.

La frase conviene dejarla así, sin adorno, para que se oiga sola. Para sepultarla hubo que inscribirla. Como si la tierra pidiera constancia. Como si un cuerpo roto no bastara. Como si esa máquina de sellos, escritorios y formularios pudiera permitirse llegar tarde a una vida y a tiempo a sus trámites.

No había huellas previas. No había odontograma. No había registros médicos. No había partida de nacimiento sobre la cual abrir un acta de defunción. María había quedado fuera del archivo, y ahora el archivo alegaba no reconocerla sin pruebas. La fiscala tuvo que ordenar extracción de ADN y cotejo con muestras de Rosa y de Gustavo. Lo que el pueblo ya sabía por dolor, por memoria y por simple cercanía, tuvo que ser confirmado en otro idioma.

Se promovió un juicio de urgencia para inscribir a una mujer ya muerta y autorizar su entierro. Lo que no se hizo por ella en la vida se hizo en la muerte: no por amor ni por justicia, sino para que el expediente pudiera cerrarse sin tropiezos.

El juicio salió en días.

Entonces abrieron mi página vieja. Unos dedos pasaron sobre mi blancura intacta, esa blancura miserable que había durado más que la infancia de María, más que la paciencia de Rosa, más que la obligación del país de salir a buscarla cuando todavía estaba viva. Y por fin, me escribieron.

Escribieron: María Enciso.

Me escribieron tarde. Eso es lo que no puedo decir sin vergüenza.

Tarde, a la fuerza, por orden judicial, cuando lo único que faltaba ya no era el nacimiento, sino el entierro. Me abrieron para eso. Para destrabar la entrada de un cuerpo a la tierra. Y todavía hubo quien dijo que en ese gesto se le devolvía la dignidad, como si la dignidad hubiera estado aquí, esperándome, dormida entre sellos, tomos viejos y escritorios de fórmica.

Pero no.

Yo no tuve nada que ver con lo mejor de María.

No estuve en Rosa cuando la parió. No estuve en Gustavo cuando le prestó su nombre para un teléfono. No estuve en don Alcides cuando le fiaba sin pedirle nada. No estuve en los vecinos que salieron a buscarla con linternas y calor en los patios. No estuve en la canoa que la alzó del agua con una delicadeza que yo no conocí. No estuve en la mujer que, sobre el puente, dijo: no están solos.

Yo no estuve ahí.

Llegué después, cuando todo eso ya había ocurrido y un país entero necesitaba fingir que todavía era posible corregir algo.

No soy un certificado de nacimiento.

Soy una lápida.

La trajeron hasta mí cuando ya no quedaba nada por hacer con su vida.

Para existir en el papel, María Enciso tuvo que entrar muerta.

(*) La imagen que ilustra este relato ha sido realizada con la inteligencia artificial de Gemini.