Algunas
agricultoras cosechan hojas de té en una plantación en Nyaruguru, en el
distrito de Kibeho, en Ruanda. El té es uno de los principales
productos agrícolas de exportación del país. Imagen: Jean Baptiste
Nkurunziza / IPS.- Zipporah Musau
NACIONES UNIDAS – Mientras la FAO coordina la puesta en marcha
del Año Internacional de la Mujer Agricultora 2026, el responsable del
equipo de género, Tacko Ndiaye, explica por qué invertir en las mujeres
agricultoras de África es esencial para la seguridad alimentaria, el
crecimiento económico y la creación de sistemas agroalimentarios más
resilientes
¿Qué papel desempeñan las agricultoras a la hora de garantizar la seguridad alimentaria en África?, se la pregunta.
Y Ndiaye responde: «Sabemos que las mujeres son el núcleo de los
sistemas agroalimentarios de África. En todo el continente, las mujeres
desempeñan un papel fundamental en los sistemas agroalimentarios gracias
a su trabajo, sus conocimientos y su dedicación, apoyando a los
hogares, las comunidades y los mercados locales».
Las mujeres constituyen casi la mitad de la mano de obra
agroalimentaria —49 %— y contribuyen en todas las etapas de la cadena de
valor, desde la producción y la transformación hasta la distribución y
el comercio, según el reciente informe de la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) titulado «La
situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios del África
subsahariana».
Además, las mujeres son las guardianas de la cultura y las
depositarias de los conocimientos tradicionales transmitidos de
generación en generación sobre la conservación de semillas y la
protección de la biodiversidad, además de mantener los lazos sociales
que sustentan el sector agroalimentario.
Al mismo tiempo, el África subsahariana sigue enfrentándose a
múltiples retos en materia de inseguridad alimentaria. Por poner un
ejemplo, en 2024, alrededor del 64 % de la población de África
subsahariana sufría inseguridad alimentaria moderada o grave, según
datos de la FAO. También sabemos que más del 30 % de las mujeres de
entre 15 y 49 años padecen anemia en la región.
La autora, Zipporah Musa
Si África quiere hacer frente a sus retos en materia de seguridad
alimentaria, el empoderamiento de las agricultoras debe ser una
prioridad.
¿Cuáles son los retos más acuciantes a los que se enfrentan hoy en día las agricultoras en África?
En África, como sabéis, son las mujeres las que labran la tierra.
Cada vez que veis una publicación sobre agricultura y sistemas
alimentarios en África, es muy probable que encontréis una foto de una
agricultora en la portada.
Sin embargo, a pesar de su papel fundamental, las mujeres siguen
enfrentándose a desigualdades estructurales que limitan su
productividad, su resiliencia y sus oportunidades económicas.
• Una de las barreras más importantes a las que se enfrentan las
mujeres es el acceso y el control desiguales de la tierra. En 28 de los
32 países del África subsahariana que hemos estudiado, los hombres
tienen más probabilidades que las mujeres de poseer o controlar tierras
agrícolas. En más del 40 % de esos países, la brecha de género en la
propiedad o en los derechos seguros sobre las tierras agrícolas es
especialmente pronunciada.
• También sabemos que, incluso cuando existen leyes que protegen los
derechos sobre la tierra, dichas protecciones jurídicas son débiles o
insuficientes. En la mitad de los países que hemos estudiado, la
legislación no protege adecuadamente los derechos de las mujeres sobre
la tierra.
• La propiedad de la tierra también está estrechamente vinculada al
acceso a la financiación, ya que la tierra se utiliza a menudo como
garantía. Sin embargo, solo el 49 % de las mujeres de la región tiene
una cuenta financiera, frente al 61 % de los hombres.
• Las mujeres también se enfrentan a obstáculos a la hora de acceder a
insumos agrícolas, servicios de extensión, mercados y tecnología.
• La exclusión digital es otro reto. Las plataformas digitales se han
convertido en esenciales para comercializar productos, acceder a la
información y adquirir nuevas competencias. Sin embargo, las mujeres
tienen un 29 % menos de probabilidades que los hombres de utilizar
Internet móvil. Se estima que 205 millones de mujeres en África
subsahariana siguen sin tener acceso a herramientas digitales.
• Además, a pesar de sus importantes contribuciones a los sistemas
agroalimentarios, las mujeres suelen trabajar en condiciones peores que
los hombres. Están representadas de manera desproporcionada en empleos
precarios, informales, intensivos en mano de obra, poco cualificados y
mal remunerados. Esto se refleja en el hecho de que casi el 90 % de las
mujeres de la región trabajan en el sector informal.
• Las normas sociales discriminatorias, la violencia de género, las
restricciones al liderazgo y la participación de las mujeres, así como
la pesada carga que supone el trabajo de cuidados no remunerado, limitan
aún más sus oportunidades.
Hay muchos retos que deben abordarse si queremos construir sistemas agroalimentarios más inclusivos, resilientes y eficientes.
Zipporah Musau es escritora de Africa Renewal (Renovación de África), publicación digital de las Naciones Unidas.
Ana
Alvarado cuida desde hace cinco años a su padre, Manuel de Jesús
Alvarado, de 85 años, en su vivienda del cantón El Tránsito, en Santa
María Ostuma, en el centro de El Salvador, en un contexto donde, en
América Central, el peso del cuidado recae mayoritariamente en las
mujeres. Imagen: Edgardo Ayala / IPS.- Edgardo Ayala
SANTA MARÍA OSTUMA, El Salvador – Los esfuerzos por establecer
políticas sobre cuidados en América Central avanzan lentamente, con
rezagos estructurales y sin una red pública de servicios, como centros
de cuido para niños y personas mayores, que evite que el peso del
trabajo recaiga en su mayor parte en las mujeres.
El financiamiento siempre limitado en las siete naciones
centroamericanas impide ampliar esos servicios, de modo que la
construcción de un sistema integral de cuidados sigue siendo un objetivo
lejano en la región, conformada por Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
El istmo está marcado por profundas brechas socioeconómicas, con
altos niveles de desigualdad, informalidad laboral y limitaciones
fiscales que condicionan la capacidad de los Estados para ampliar
sistemas de protección social para una población conjunta de 53
millones.
Detrás de las brechas estructurales en la provisión de cuidados, las
dinámicas cotidianas se traducen en arreglos familiares donde la
responsabilidad recae de forma desigual en una sola persona,
generalmente una mujer cercana al familiar frágil, en el caso de los
adultos mayores.
“Tal vez me hubiera
gustado tener mis propias cosas, trabajar para tener mi casa, mi
familia, pero ya era el destino que me tocaba”: Ana Alvarado.
“Aquí estamos siempre pendientes de mi papá, él es un hombre fuerte,
gracias a Dios”, dijo a IPS Ana Alvarado, de 51 años, responsable del
cuidado de su padre, Manuel de Jesús Alvarado, de 85 años.
Ana y su padre viven en el cantón El Tránsito, un asentamiento rural
del distrito de Santa María Ostuma, en el centro de El Salvador.
Ana relató que ella trabajaba en San Salvador, la capital del país,
distante unos 70 kilómetros. Pero hace cinco años asumió el cuidado
permanente de su padre, luego de una serie de complicaciones médicas
graves que incluyeron múltiples cirugías y una infección que dejó
secuelas en el estado de salud de él.
“Casi se nos muere”, contó.
Su padre, sentado a su lado asintió, y comentó: “No todo el tiempo
pasa uno con toda la energía de cuando uno es joven, se nota el avance
de la edad y los golpes de las enfermedades”.
“Me tocó venirme a mí, porque era la única soltera. Me tocó estar
aquí. Mis hermanos aunque quisieran estar aquí no pueden, ellos trabajan
en San Salvador y ya tienen su hogar”, dijo Ana entre comprensiva y
resignada.
Integrantes
del Centro de Estudios de la Mujer de Honduras, una de las
organizaciones que impulsan la creación de una ley de cuidados en su
país, junto a un cartel con el lema “Hora de Cuidar”. Imagen: Cortesía
del CEM
El peso sobre las mujeres
Los cuidados se entienden como el conjunto de actividades necesarias
para sostener la vida diaria y el bienestar de las personas, que
incluyen desde la atención a niños y personas mayores o enfermas y
dependientes hasta el trabajo doméstico asociado a esas tareas.
Según el enfoque de ONU Mujeres, se trata de un trabajo esencial para
el funcionamiento de la sociedad y la economía. Comprende tanto el
cuidado no remunerado dentro de los hogares como los servicios de
cuidado pagados, y que tiende a recaer de forma desproporcionada sobre
las mujeres.
El reporte establece que en los tres países persisten patrones
similares en la organización del cuidado que profundizan las brechas de
género.
En los tres las mujeres dedican entre tres y cinco veces más tiempo
al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres, lo que
se refleja en una menor participación laboral femenina.
Cerca de 70 % de las mujeres guatemaltecas permanece fuera de los
sistemas laborales regulados, al igual que 66,7 % de las salvadoreñas y
64,7 % de las hondureñas. Muchas terminan incorporándose a ocupaciones
precarias, caracterizadas por bajos ingresos, ausencia de protección
social y escasas oportunidades de capacitación.
La investigación también encontró que la provisión de cuidados en la
región sigue descansando principalmente en arreglos familiares
informales, debido a la falta de marcos normativos coherentes y
mecanismos de financiamiento sostenibles, un modelo que reproduce
desigualdades de género a lo largo del ciclo de vida de las mujeres.
“Hemos visto que las mujeres se dedican definitivamente más tiempo de
su vida a cuidar a otros que a cuidarse ellas mismas”, acotó Velásquez.
Ante este panorama, el estudio propone destinar al menos el
equivalente a 1 % del producto interno bruto (PIB) a un fondo plurianual
de cuidados para ampliar la infraestructura social y reducir el déficit
de servicios dirigidos a la primera infancia, personas mayores y
población dependiente.
Actividad
en un centro diurno en San José de Costa Rica, donde se apoya el
cuidado de los adultos mayores, como parte de las mejoras del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos, que se considera el más avanzado hasta ahora en América Central. Imagen: Sinca
Pocos avances reales
El avance de las políticas de cuidados en América Central muestra
distintos niveles de desarrollo entre países, con brechas importantes en
su institucionalización y alcance.
Mientras Guatemala, Honduras y El Salvador apenas comienzan a
construir marcos más sistemáticos para organizar la provisión de
cuidados, todavía con iniciativas fragmentadas y limitaciones de
financiamiento, Costa Rica se ubica en una etapa más avanzada.
Esa nación aprobó en 2022 la Ley del Sistema Nacional de Cuidados,
que dio base legal a su implementación, con una red estatal que
articula servicios públicos y privados para personas adultas y en
situación de dependencia, a fin de protegerlas y dar apoyo a los
cuidadores, remunerados o no, para mejorar la calidad de vida de las dos
partes.
En El Salvador, la política de cuidados existe como marco, pero su alcance sigue siendo muy limitado en la práctica.
“Es un instrumento poco conocido y con limitaciones para volverse
operativo, pues carece de un presupuesto”, señaló a IPS Carmen Urquilla,
de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, al referirse a
la Política Nacional de Corresponsabilidad de los Cuidados, aprobada en el 2023.
Esa iniciativa no es una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, sino un instrumento de política pública del Poder Ejecutivo.
Esto significa que no tiene rango legal vinculante, sino que funciona
como un marco de orientación para acciones institucionales y programas.
Su implementación depende, en la práctica, de la voluntad política y de
la asignación de recursos presupuestarios.
La experta salvadoreña explicó que uno de los principales desafíos no
está en la definición del problema, sino en la falta de recursos para
traducirlo en servicios concretos como centros de atención infantil o
espacios de apoyo para personas mayores.
También advirtió que el énfasis del enfoque vigente tiende a
centrarse más en quienes reciben cuidados que en la organización del
sistema que los sostiene.
En Guatemala, la discusión sobre cuidados se mantiene en una fase inicial y con avances intermitentes.
“El avance es muy incipiente”, afirmó la guatemalteca Velásquez, al señalar que no existe aún una política pública consolidada.
La dirigente señaló que algunos acercamientos institucionales en
materia de cuidados fueron impulsados desde la Secretaría Presidencial
de la Mujer durante el gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024),
pero advirtió que estos procesos han perdido continuidad con el cambio
de administración hacia el actual gobierno de Bernardo Arévalo.
La activista agregó que la transición entre ambas gestiones ha
implicado la interrupción o ralentización de varias iniciativas previas,
lo que ha afectado la posibilidad de darles seguimiento sostenido
dentro del aparato estatal.
Según explicó, esa inestabilidad ha dificultado la construcción de un
sistema sostenido y con participación formal de las organizaciones
sociales.
Velásquez agregó que, aunque se han retomado conversaciones
recientes, el proceso sigue sin una hoja de ruta clara y sin mecanismos
estables de articulación entre Estado y sociedad civil. En su visión, el
país aún se encuentra en una etapa de definición básica de qué tipo de
sistema de cuidados se quiere construir.
En Honduras, el debate ha avanzado hacia propuestas más estructuradas, aunque sin aprobación legislativa.
“El país aún no cuenta con una ley aprobada, pero sí con borradores y
mesas de trabajo”, explicó a IPS Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer de Honduras.
La especialista explicó que existe una iniciativa de Ley del Sistema
Integral de Cuidados presentada por una diputada de oposición, mientras
el gobierno trabaja en una propuesta propia, con la intención de
fusionarlas y avanzar hacia una normativa común.
Sin embargo, advirtió que el avance de esta agenda ha estado marcado
por vaivenes políticos y cambios de prioridades con la llegada de un
nuevo gobierno, lo que ha impedido darle continuidad sostenida a los
esfuerzos previos y consolidar un marco legal estable para el sistema de
cuidados.
Tras el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026), en enero de este año
llegó a la presidencia de Honduras el ultraconservador Nasry Asfura,
promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Retrato
de Manuel de Jesús Alvarado y su esposa, María Cristina López, cuando
eran más jóvenes, que destaca en la sala familiar. López falleció en
2010, a los 62 años, y años después, tras sufrir varias enfermedades, el
esposo requirió cuidados permanentes, que quedaron en manos de su hija,
Ana Alvarado. Ella debió dejar su vida en San Salvador y trasladarse a
la comunidad rural del padre. Imagen: Edgardo Ayala / IPS
Buenas leyes, pero de momento lejanas
La activista hondureña explicó que la propuesta de sistema integral
de cuidados contempla una combinación de transferencias económicas y
expansión de servicios públicos, con la creación de bonos para personas
cuidadoras y apoyos directos a hogares que realizan estas tareas.
A esto se sumarían centros diurnos para personas mayores, programas
de atención domiciliaria y servicios de asistencia para personas con
discapacidad, como parte de una red de apoyo que busca reducir la
sobrecarga actual en las familias.
La implementación de este esquema, señaló Martínez, requeriría una
inversión significativa, estimada en alrededor de 29 millones de dólares
en un período de cuatro años, según los estudios preliminares incluidos
en la propuesta.
En ese contexto, señaló que una de las principales referencias para el diseño del sistema es la experiencia de Uruguay.
Ese país cuenta desde 2015 con un Sistema Nacional Integrado de
Cuidados, que reconoce el cuidado como un derecho humano, en lo que fue
un modelo pionero en América Latina que se sustenta en la
corresponsabilidad y el financiamiento compartido del Estado, las
familias, el mercado y la comunidad.
En 2024, Panamá siguió parcialmente ese modelo al establecer un
Sistema de Cuidado de Personas, que “garantiza el derecho al cuidado, el
pleno bienestar y el desarrollo de las personas, así como a la
protección de su autonomía”, brindando apoyo legal a las personas bajo
cuidado y sus cuidadores. Pero el sistema enfrenta aún desafíos en su
aplicación.
En el caso hondureño, Martínez advirtió que el proceso aún depende de
acuerdos políticos y de la definición de recursos sostenidos para su
implementación.
Mientras tanto, la cuidadora salvadoreña, Ana Alvarado, señaló que le
habría gustado continuar trabajando o desarrollar un proyecto propio,
pero terminó reorganizando completamente su vida para atender a su
padre.
Contó que ella recibe apoyo financiero de sus hermanos para
medicamentos y otros gastos de su padre, ellos se mantienen muy
pendientes de él, pero el cuidado cotidiano recae casi por completo en
ella.
“Tal vez me hubiera gustado tener mis propias cosas, trabajar para
tener mi casa, mi familia, pero ya era el destino que me tocaba”, afirmó
Ana.
.-Ciudad
de México.- Este domingo se celebra en México el Día del Padre. Aunque
las más recientes ediciones de la Encuesta Nacional para el Sistema de
Cuidados (Enasic) 2022 y la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo
(ENUT) 2024, elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), muestran una mayor participación de los hombres en la
crianza de sus hijas e hijos, las mujeres continúan asumiendo la mayor
carga de trabajo doméstico y de cuidados.
De acuerdo con la
Enasic, en 2022, 34.7 por ciento de los hombres de entre 15 y 60 años
(13.1 millones de personas) eran padres de al menos una hija o hijo
menor de 18 años. De ellos, 95.5 por ciento afirmó estar al pendiente de
sus cuidados; 91.7 por ciento acompañó a su pareja a consultas
prenatales; 91.6 por ciento estuvo presente durante el nacimiento, y
75.9 por ciento participó en actividades como bañar, cambiar pañales,
vestir o arreglar a sus hijos.
Sin embargo, la encuesta también
muestra que una parte importante de los padres no vive con sus hijas e
hijos. De los 13.1 millones de padres de menores de edad, 4.4 millones
tenían hijos viviendo fuera del hogar. Entre ellos, 73.6 por ciento,
equivalente a 2.4 millones de hombres, proporcionó apoyo económico.
De este grupo:
44.7 por ciento cubrió más de la mitad o la totalidad de las necesidades de sus hijas e hijos;
32.9 por ciento cubrió aproximadamente la mitad;
18.3 por ciento aportó menos de la mitad, y
4.2 por ciento no brindó apoyo económico o no supo responder.
En
cuanto a la convivencia con sus hijas e hijos, los hombres reportaron
menor participación que las mujeres en algunas actividades escolares.
Mientras 45.3 por ciento de los padres asistió a reuniones o festivales
escolares, entre las madres la cifra fue de 51.7 por ciento. Asimismo,
66 por ciento de los hombres dijo mantenerse al pendiente de las
calificaciones escolares, frente a 69.4 por ciento de las mujeres.
En
contraste, los padres reportaron una mayor participación en actividades
recreativas con sus hijos durante la semana: 54.8 por ciento frente a
51 por ciento de las madres.
Las madres siguen siendo las principales cuidadoras
A
pesar del mayor involucramiento paterno en algunas tareas de crianza,
la responsabilidad principal de los cuidados continúa recayendo en las
mujeres.
La Enasic señala que, entre las niñas y niños de 0 a 5
años que reciben cuidados dentro del hogar, 86.3 por ciento son
atendidos principalmente por sus madres, mientras que únicamente 6.1 por
ciento tiene como principal cuidador al padre u otro familiar.
En
el grupo de 6 a 17 años, las madres continúan siendo las principales
responsables del cuidado en 81.7 por ciento de los casos, mientras que
los padres lo son en apenas 6.6 por ciento.
Asimismo, entre los
hombres de 15 a 60 años con hijas o hijos, solo 23 por ciento realiza
labores de cuidado, frente a un 77 por ciento que no se identifica como
cuidador principal.
La encuesta también muestra que 83.2 por
ciento de los padres están casados o viven en unión libre; 12.2 por
ciento son separados, divorciados o viudos, y 4.6 por ciento son
solteros.
Licencia de paternidad: cinco días desde hace más de una década
En
noviembre de 2012 México incorporó a la Ley Federal del Trabajo la
licencia de paternidad, un permiso laboral con goce de sueldo que busca
fomentar la corresponsabilidad parental durante los primeros días de
vida de las hijas e hijos.
El artículo 132, fracción XXVII Bis,
establece la obligación de los empleadores de otorgar a los trabajadores
cinco días laborables con goce de sueldo por el nacimiento o adopción
de una hija o hijo.
No obstante, especialistas han señalado que
este periodo resulta insuficiente para promover una participación más
activa de los padres en los cuidados tempranos.
Datos del
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) indican que, para 2025,
23 entidades federativas habían ampliado las licencias de paternidad
para trabajadores del sector público, aunque estas disposiciones no son
obligatorias para las empresas privadas.
Según el organismo, siete
estados conceden más de 40 días de licencia; 14 otorgan entre 6 y 20
días; dos estados ofrecen entre 21 y 40 días, mientras que nueve
mantienen permisos de cinco días.
En diciembre de 2023, la Cámara
de Diputados aprobó una reforma para ampliar la licencia de paternidad
de cinco a 20 días laborables con goce de sueldo. Sin embargo, la
iniciativa permanece pendiente de discusión y aprobación en el Senado.
La brecha en el uso del tiempo persiste
La
desigualdad también se refleja en el uso del tiempo. La ENUT 2024
revela que las mujeres continúan destinando muchas más horas que los
hombres al trabajo no remunerado de cuidados, labores domésticas,
trabajo comunitario y voluntario.
Mientras las mujeres dedicaron
en promedio 64.8 horas semanales a estas actividades, los hombres
invirtieron 30.9 horas, menos de la mitad.
Entre las personas que
trabajan 40 horas o más a la semana en actividades remuneradas, las
mujeres destinaron además 12.7 horas más al trabajo doméstico que los
hombres en la misma condición laboral.
Las mayores brechas se
registraron en la preparación de alimentos y la limpieza del hogar. Las
mujeres dedicaron en promedio 13 horas semanales a la preparación y
servicio de alimentos, frente a 4.7 horas de los hombres. En las labores
de limpieza, ellas invirtieron 4.8 horas más por semana.
La
diferencia también es evidente en el cuidado infantil. Las mujeres
destinaron 33.4 horas semanales al cuidado de niñas y niños de 0 a 5
años, mientras que los hombres dedicaron 14.8 horas. En el cuidado de
personas con enfermedades crónicas o discapacidad, ellas invirtieron
23.8 horas semanales, casi el doble que las 13.1 horas reportadas por
los hombres.
Aunque las encuestas muestran avances en la
participación de los padres en la crianza y una mayor presencia en la
vida de sus hijas e hijos, los datos evidencian que la
corresponsabilidad en los cuidados continúa siendo una tarea pendiente
en México.
.-Ciudad
de México.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), en conjunto con la Secretaría de Economía (SE) y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), presentaron el documento «Acción para la igualdad de género y la sociedad del cuidado: propuesta normativa», una
iniciativa que plantea acciones concretas para integrar la perspectiva
de cuidados en la política industrial y el desarrollo económico del
país.
El documento parte de una premisa fundamental:
«Para
que México aproveche plenamente las oportunidades derivadas de la
reconfiguración de las cadenas globales de valor y los objetivos del
Plan México, es indispensable avanzar hacia un modelo de desarrollo que
elimine las barreras estructurales que limitan la participación
económica de las mujeres».
Como parte de la presentación de esta
propuesta, señalan que «la prosperidad compartida en México exige
desmantelar la división sexual del trabajo y la injusta organización
social de los cuidados», porque esto constituye un nudo estructural de
la desigualdad de género.
Resaltan que «el éxito del Plan México y
la transformación económica del país dependen de consolidar una
política industrial feminista que eleve el cuidado al rango de
infraestructura habilitadora».
Recordemos
que en agosto del 2025, de forma previa a la 16 Conferencia Regional de
la Mujer en América Latina y el Caribe con sede en Ciudad de México, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció el cuidado
como un derecho humano y señaló que corresponde a los Estados
garantizarlo, así como adaptar medidas legislativas para lograr su plena
eficacia.
La Corte determinó que los Estados tienen la obligación
de implementar acciones concretas para desmantelar los estereotipos que
generar una distribución desigual de las labores del cuidado, así como
asegurar que las mujeres que realizan este trabajo de la forma no
remunerada puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
La propuesta
La
propuesta identifica que la actual organización social de los cuidados
constituye uno de los principales nudos de la desigualdad de género.
La
insuficiente infraestructura de cuidados restringe la autonomía
económica de millones de mujeres —de acuerdo con el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), la participación laboral de las
mujeres en el país es de apenas 45,7%, y el valor del trabajo no
remunerado que recae mayoritariamente sobre ellas equivale al 23,9% del
PIB nacional—. Esta exclusión representa, además, un obstáculo para la
productividad, la competitividad y la disponibilidad de talento que
requieren los sectores productivos estratégicos.
Como respuesta,
en un ejercicio iniciado bajo la solicitud de la Secretaría de
Economía, el grupo de instituciones propone actualizar el Estándar de
Parques Industriales (NMX-R-046-SCFI-2015) para incorporar servicios
como Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), lavanderías,
comedores duales, lactarios, áreas de autocuidado y sistemas de
transporte seguro. La incorporación de esta infraestructura permitiría
facilitar la participación laboral de las mujeres y mejorar las
condiciones de bienestar de las trabajadoras.
El documento
destaca que la localización de estos servicios en parques industriales y
Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) generaría
economías de escala y de aglomeración que permitirían compartir costos
entre empresas, beneficiando especialmente a las micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes).
La importancia de esta propuesta
radica en que se inscribe en una de las líneas estratégicas de trabajo
más relevantes de la CEPAL durante las últimas décadas: el
reconocimiento del cuidado como un pilar del desarrollo sostenible.
Desde
una perspectiva regional, la CEPAL ha impulsado la construcción de la
sociedad del cuidado como una condición indispensable para alcanzar la
igualdad de género, fortalecer la cohesión social y promover un
crecimiento económico más inclusivo y sostenible.
A través de
sus investigaciones y recomendaciones de política pública, la Comisión
ha demostrado que los cuidados no deben entenderse únicamente como una
responsabilidad privada de los hogares o de las mujeres, sino como una
función social y económica que requiere la corresponsabilidad del
Estado, el sector privado, las comunidades y las familias.
La
propuesta presentada refuerza esta visión al reconocer que la inversión
en infraestructura y servicios de cuidado genera un triple dividendo:
incrementa ael bienestar de las personas, promueve la creación de empleo y
fortalece la productividad empresarial. En este sentido, el documento
plantea una nueva forma de entender el desarrollo económico, donde el
cuidado se convierte en una infraestructura habilitadora para la
competitividad y el bienestar.
«Cuidar también es producir», concluye
el documento, sintetizando una visión de desarrollo que coloca a las
personas y a la sostenibilidad de la vida en el centro de la estrategia
económica.
El organismo autónomo precisó que esos 8 billones de pesos del
trabajo no remunerado representó casi el 24 por ciento del PIB nacional
en el 2024, siendo el porcentaje más alto desde 2020 (25.1 por ciento).
Foto Cuartoscuro / Archivo
Ciudad de México. El valor del
trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados en México
equivale a alrededor del 23.9 por ciento del producto interno bruto
(PIB) del total de la economía mexicana, reveló el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
Además, el
valor que se generó por el trabajo no remunerado de los hogares, como
porcentaje del PIB del total de la economía, superó algunas actividades
económicas, como la industria manufacturera (20.1 por ciento) y el
comercio (18.7 por ciento), principales actividades de la economía
nacional.
Al dar a conocer la Cuenta Satélite
del Trabajo no Remunerado de los Hogares de México, el Inegi estimó que
el valor económico de las labores domésticas y de cuidados que realizó
la población de 12 años y más fue de aproximadamente 8 billones de
pesos, cifra similar a los activos administrados por las afores (el
ahorro de los trabajadores para su retiro) de 8.18 billones de pesos al
cierre de octubre del presente año. Pero también muy cerca de los 7.5
billones de pesos que alcanzó el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)
en 2024.
El organismo autónomo precisó que
esos 8 billones de pesos del trabajo no remunerado representó casi el 24
por ciento del PIB nacional en el 2024, siendo el porcentaje más alto
desde 2020 (25.1 por ciento). De ese monto, las mujeres contribuyeron
con el 72.6 por ciento y los hombres, con 27.4 por ciento. En conjunto,
las labores domésticas y de cuidados que realizaron las mujeres
aportaron 2.7 veces más valor económico que las que desempeñaron los
hombres.
En 2024, la población que realizó
trabajo no remunerado se compuso mayoritariamente de mujeres, con 53.9
por ciento del total. Los hombres representaron 46.1 por ciento. Sin
embargo, al medir este trabajo en número de horas y en valor económico,
las mujeres aportaron casi tres cuartas partes del total de esta
actividad.
Por tipo de actividad, la limpieza
y mantenimiento a la vivienda participaron con 26.8 por ciento del
valor económico total; las actividades de cuidados y apoyo contribuyeron
con 23.6 por ciento; las de alimentación, con 23 por ciento; las
compras y administración del hogar, con 10.4 por ciento; la ayuda a
otros hogares y trabajo voluntario, con 8.7 por ciento, mientras que la
limpieza y cuidado de la ropa y calzado, con 7.5 por ciento.
El
valor económico neto (no consideran el componente de prestaciones
sociales) anual fue de 60 mil 379 pesos, en promedio, por persona. De
dicho monto, cada mujer realizó trabajo no remunerado equivalente a 82
mil 339 pesos anuales. Por su parte, cada hombre realizó actividades
similares por un monto promedio de 34 mil 695 pesos.
La
Ciudad de México, estado de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León
registraron el mayor valor económico de las labores domésticas y de
cuidados. Y es que el valor económico del trabajo no remunerado en
labores domésticas y de cuidados fue de poco más de 8 billones de pesos.
De ese total, los estados que aportaron una mayor participación fueron
el estado de México, con 11.6 por ciento; la Ciudad de México, con 6.7
por ciento; Jalisco, con 6.6 por ciento; Veracruz, con 6.3 por ciento, y
Nuevo León, con 5.6 por ciento.
El Inegi
destaco que al revisar el valor del trabajo no remunerado de cada
entidad federativa respecto del PIB que generaron, los estados con los
niveles más altos fueron el de Chiapas (58.4 por ciento); Guerrero (50.3
por ciento); Tlaxcala (46.9 por ciento); Oaxaca (42.9 por ciento) e
Hidalgo (38.9 por ciento).
Foto de Maricruz Pérez.- Ciudad
de México. En todo el mundo, las mujeres dedican más de 2.5 veces el
tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, según la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por ello, hoy, en el Día
Internacional de los Cuidados y el Apoyo, resulta indispensable dejar de
feminizar estas tareas y reconocer que su responsabilidad debe ser
compartida entre familias, sociedad y Estado.
El trabajo de
cuidados es uno de los principales sostenes del mundo, ya que está
presente en la vida de todas las personas y da forma a las economías y
comunidades. Sin embargo, históricamente se ha reforzado la idea de que
los cuidados son “cosa de mujeres”, lo que limita los derechos y las
oportunidades de ellas y constituye a “un lastre” para la sociedad en su
conjunto.
Pese a que el trabajo de cuidados es esencial, sigue
siendo invisible e infravalorado. Si se contabilizara el trabajo no
remunerado que realizan las mujeres, superaría el 40 por ciento del
producto interno bruto (PIB) en algunos países, de acuerdo a la ONU.
Además,
los trabajos de cuidados remunerados también han sido ocupados
mayoritariamente por mujeres, como niñeras, empleadas del hogar,
cuidadoras, enfermeras y docentes. Sin embargo, estas funciones suelen
ser informales, estar mal remuneradas y carecer de protecciones básicas,
como atención sanitaria o licencias retribuidas.
Datos de la
Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados de 2022 mostraron que en
México hay 58.3 millones de personas susceptibles de recibir cuidados en
los hogares. Entre ellas se encuentran personas con discapacidad o
dependientes, niñas y niños, y personas adultas mayores. No obstante,
son las mujeres de 15 años en adelante quienes mayormente se dedican a
esta labor, conformando el 75.1 % de las personas cuidadoras.
Además,
dedican en promedio 37.9 horas a la semana a estas tareas, atendiendo
principalmente a niñas y niños, así como encargándose de los cuidados
del hogar. De las mujeres que proveen cuidados, el 39.1 % afirmó
experimentar cansancio; el 31.7 % vio reducido su tiempo de sueño; el
22.7 % sintió irritabilidad; el 16.3 % manifestó depresión; y el 12.7 %
indicó que su salud física se vio afectada.
El continuar relegando
estas tareas de cuidados a las mujeres contribuye a limitar el tiempo
que estas pueden dedicar a estudiar, acceder a un empleo remunerado
decente, participar en la vida pública o descansar. Alrededor del 45 por
ciento de las mujeres en edad de trabajar están fuera del mercado
laboral como consecuencia del trabajo de cuidados no remunerado, frente a
tan solo el 5 por ciento de los hombres.
El
verdadero cambio empieza por considerar el trabajo de los cuidados como
una labor esencial y cualificada; no como un favor o un deber de las
mujeres, sino como un bien público que merece reconocimiento e inversión
y constituye una responsabilidad compartida. ONU Mujeres
Persiste
la negativa a delegar el trabajo de cuidado a alguien que no sean las
mujeres, siendo el Sistema Nacional de Cuidados una alternativa para
ellas. Este modelo quedó estipulado como parte de las promesas de
campaña y de los 100 compromisos de Claudia Sheinbaum Pardo, pero no
será una realidad en este sexenio, la actual titular de la Secretaría de
las Mujeres, Citlali Hernández, declaró que en esta administración
México no contará con un Sistema Nacional de Cuidados porque “requiere
años de planeación política y recursos que probablemente no alcancen a
estar cubiertos en este sexenio”.
Pese a ello, es importante
seguir insistiendo en que un sistema de cuidados que funcione
adecuadamente debe reconocer los cuidados como un pilar de sociedades
prósperas e igualitarias desde el punto de vista de género. También
implica reducir las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas, que
requieren gran cantidad de energía, mediante el uso de infraestructuras y
tecnología, y redistribuir las responsabilidades de manera más
equitativa entre mujeres y hombres, hogares y Estado, así como familias,
comunidades y empresas.
Además, un sistema de cuidados efectivo
debe recompensar a quienes se dedican a esta labor con un salario justo,
protección social y condiciones de trabajo dignas; garantizar la
participación de estas personas en el diseño de políticas y en los
espacios de toma de decisiones que afectan sus vidas; y dotar de
recursos a los sistemas de cuidados mediante fondos públicos para
políticas, servicios, infraestructuras, normas y capacitación.
La
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) refirió
durante la pasada Conferencia Regional sobre la Mujer que un SNC consta
de lo siguiente:
Diseñar
sistemas integrales de cuidado desde una perspectiva de género,
interseccionalidad e interculturalidad y de derechos humanos que
promuevan la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, Estado,
mercado, familias y comunidad, e incluyan políticas articuladas sobre el
tiempo, los recursos, las prestaciones y los servicios públicos
universales y de calidad, para satisfacer las distintas necesidades de
cuidado de la población como parte de sistemas de protección civil.
Foto: Foto de Mehmet Turgut Kirkgoz :Las
familias transnacionales son aquellas que, a raíz de los procesos
migratorios, se encuentran físicamente separadas, pero mantienen una
vida en común más allá de las fronteras. En estos contextos, el cuidado
no desaparece: se transforma, se adapta y encuentra nuevas formas de
sostenerse a la distancia.
A estas prácticas se les conoce como
cuidados transnacionales: gestos, rutinas y estrategias mediante las
cuales las personas en movilidad acompañan y sostienen a sus seres
queridos desde otros países.
Los vínculos a la distancia se
expresan de diferentes formas: apoyo económico a través del envío de
remesas, acompañamiento emocional mediante llamadas y videollamadas,
participación en la crianza de hijas e hijos, o incluso en la toma de
decisiones familiares importantes. Estos cuidados pueden provenir tanto
de quienes migran como de quienes permanecen en el lugar de origen, lo
que evidencia que el cuidado es un proceso bidireccional y compartido.
En
la práctica, los cuidados transnacionales se ejercen de manera
cotidiana, aun cuando los cuerpos no estén en el mismo territorio. Desde
un mensaje de ánimo en medio de la jornada laboral, hasta participar en
la educación de una hija o hijo a través de plataformas digitales,
estos gestos mantienen vivos los lazos afectivos y familiares. Así, el
cuidado a la distancia se convierte en una forma de resistencia y de
amor que sostiene a las familias en contextos marcados por la separación
física.
No obstante, muchas veces en esas llamadas no se habla de
lo que realmente se está viviendo. Se omiten las experiencias de
discriminación, las duras condiciones laborales o los percances sufridos
durante los trayectos migratorios. Se silencian los propios sentires
“para cuidar” a quienes se quedaron, en un intento de no preocuparles.
Aunque este silencio nace del afecto, con el tiempo puede generar
frustración, aislamiento emocional y una sensación de desconexión que
debilita el vínculo familiar.
Sabemos que los cuidados son
fundamentales para la sostenibilidad de la vida. Como plantea Silvia
Federici, el sistema capitalista se sostiene a través de la
fragmentación: nos aísla, rompe redes de apoyo y privatiza el cuidado,
manteniéndonos dependientes del salario y del mercado.
Llevando
esta lectura al caso de las familias transnacionales, vemos cómo esa
lógica se profundiza. Una mujer que migra para sostener económicamente a
su familia vive la fragmentación del cuidado de forma encarnada: su
cuerpo y su tiempo de vida se desplazan para mantener otras vidas,
reproduciendo el trabajo de cuidado, pero a la distancia.
En este
contexto, Federici propone repolitizar el cuidado, reconstruirlo como
una práctica colectiva y comunitaria, incluso más allá de las fronteras.
Frente al despojo y la separación que impone el capitalismo global, la
apuesta feminista es reconectar los vínculos de cuidado entre quienes
migran y quienes se quedan, imaginando formas de sostener la vida desde
la red, no desde la soledad.
Frente a las distancias impuestas por
el sistema, es urgente construir estrategias que fortalezcan los
vínculos afectivos transnacionales. Hablar de forma abierta y asertiva,
compartir tanto las alegrías como las dificultades, puede convertirse en
un acto político y reparador. Reconocer la vulnerabilidad como parte
del cuidado nos permite romper con el silencio que fragmenta y aísla.
Apostar
por redes de apoyo familiares, comunitarias o virtuales, que escuchen
sin juicio y acompañen sin estigma, es una forma de reconstituir los
lazos que el sistema intenta deshacer. Cuidar(se) en la distancia no
solo implica enviar dinero o brindar apoyo material. También es mantener
viva la palabra y la escucha como formas de resistencia colectiva.
Cuidar
a la distancia es una práctica profundamente humana que desafía las
fronteras impuestas. En cada gesto, en cada llamada, en cada silencio
cargado de amor, las familias transnacionales reinventan el cuidado como
una forma de resistencia cotidiana. Reconocer estas prácticas,
visibilizarlas y fortalecerlas es un paso necesario para imaginar un
mundo donde la vida, incluso entre distancias, pueda sostenerse con
dignidad, acompañamiento y ternura.
Ciertamente el tiempo dedicado
al trabajo no remunerado de cuidados apenas en los últimos años se está
reconociendo. El Inegi presentó los resultados de la Encuesta Nacional sobre el uso del Tiempo (ENUT, 2024), un trabajo realizado en una muestra de 32 mil 48 viviendas del país.
Se define “tiempo total de trabajo” el que comprende tanto el trabajo
que genera ingresos como el que no. El “trabajo remunerado o para el
mercado” comprende el trabajo de producción de bienes y la prestación de
servicios para terceros a cambio de un pago o beneficio. Abarca trabajo
formal (con contrato y seguridad social) y el informal, el tiempo de
búsqueda de trabajo, la creación de negocios y los traslados para
realizar el trabajo. El “trabajo no remunerado” comprende el trabajo de
producción de bienes de autoconsumo, el trabajo doméstico (preparación
de alimentos, limpieza, lavado, compras, etcétera) y el de cuidados para
el propio hogar y de familiares (bebés, niñas, niños y adolescentes,
personas mayores dependientes, enfermas o con alguna discapacidad), así
como el trabajo comunitario y el voluntario.
En México, es mucho el tiempo que mujeres y hombres se dedican a
trabajar, el promedio nacional es de 59.1 horas semanales: ellas
trabajan 61.1 por semana y ellos 58. Al trabajo no remunerado
(doméstico, de cuidados, comunitario y voluntario) las mujeres dedican
39.7 horas semanales en promedio, el doble que los hombres, quienes a
estos trabajos dedican 18.2 horas, por lo que la brecha es de 21.5
horas.
Tan sólo al trabajo doméstico ellas dedican en promedio 28.2 horas
semanales y ellos 11.5; al trabajo de cuidados, ellas dedican 13.6 horas
y ellos 8.7, en tanto que al trabajo voluntario ellas dedican 8 horas
semanales y ellos 5.5; al trabajo comunitario ellos dedican 3.7 horas
semanales y ellas 2.6 horas. Al trabajo para el mercado o remunerado,
las mujeres dedican 9 horas menos, 42.2 horas semanales, en tanto que
los hombres dedican 51.3 horas semanales.
La población que habla lengua indígena (HLI) trabaja muchas más horas
que la no hablante y las brechas de género son mayores: ellas dedican
44 horas semanales al trabajo no remunerado (doméstico, de cuidados,
comunitario y voluntario), al que ellos dedican 16.7 horas, una
diferencia de 28 horas; en tanto que al trabajo remunerado, ellas
dedican 36 horas, 11 horas menos que las 47.3 horas semanales que le
dedican ellos.
En la población HLI es de destacar la brecha entre los sexos en
trabajo doméstico: ellas dedican 23 horas más, 32.7 horas semanales, en
tanto que ellos sólo 9.5 horas a la semana. Las mujeres HLI trabajan en
total 80 horas a la semana y sus contrapartes masculinas, 64.
Entre personas con discapacidad, también son relevantes las
diferencias: ellas dedican 24.9 horas semanales al trabajo doméstico,
más del doble que los hombres con alguna discapacidad, quienes dedican
11.7 a estas labores.
Las brechas de género en el trabajo presentan grandes diferencias en
las entidades federativas. En Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero,
Michoacán, Zacatecas, Nayarit, Durango y Sinaloa las mujeres dedican en
promedio 24 horas semanales más que los hombres al trabajo no remunerado
(doméstico, de cuidados, comunitario y voluntario); en la Ciudad de
México y Baja California la brecha de género es la menor con 15 horas en
promedio, la segunda posición la tienen Chihuahua, Yucatán y Quintana
Roo, lugares donde las mujeres dedican 18 horas más al trabajo no
remunerado que sus contrapartes masculinas.
Focalizando en el trabajo de cuidados, las mayores brechas de género
las registran Veracruz, Nuevo León, Campeche e Hidalgo, donde las
mujeres dedican 6 horas más a diferencia de los hombres, en tanto que en
Baja California, Jalisco, Durango y la Ciudad de México, las mujeres
muestran menores brechas, con diferencias de 3 a 4 horas más que los
hombres al trabajo de cuidados.
Entre la población económicamente activa (PEA), quienes dedican 40
horas semanales al trabajo remunerado o de mercado, ellas dedican 23.8
horas (12.7 horas más) al trabajo doméstico, en tanto que ellos sólo
11.1 horas semanales; al trabajo de cuidados, las mujeres de la PEA que
cubren 40 horas laborales dedican 8.3 horas y los hombres 5.3 horas.
El 15.2 por ciento de las mujeres quisieran dedicar menos tiempo al
trabajo doméstico, un deseo de 6.4 por ciento de los hombres. Las horas
semanales dedicadas a utilizar medios de comunicación masiva es de 15.1
horas para las mujeres y 15. 7 horas, los hombres. A deportes ellas
dedican 4.7 horas y ellos 5.4, en tanto que a juegos y aficiones ellas
dedican 4.1 horas y ellos 6.1 horas semanales. Los hombres dedican 6.9
por ciento menos tiempo a rezar, meditar y descansar, y 2.5 menos horas a
los cuidados de salud.
Las estadísticas confirman una distribución desigual e injusta del
tiempo dedicado al trabajo, un tema de interés público, toda vez que las
brechas laborales de género son un freno estructural para la economía
del país, para la movilidad social y para la autonomía y crecimiento de
las mujeres, y en menor medida para la movilidad social de los hombres.
Los mexicanos se resisten a colaborar más en las tareas domésticas y de
cuidados, a lo que contribuyen jefes y patrones al no flexibilizar ni
reducir los horarios laborales ni mejorar los salarios de las
trabajadoras y de los trabajadores.
Crédito: Canva.- Ciudad
de México.- El postparto para las mujeres suele ser una etapa que
plantea diversos desafíos para las mujeres que recién comienzan a
maternar, una vez concluido el embarazo y tener a su bebé a su cargo,
ellas enfrentan cambios drásticos que les impiden sostener la vida como
habitualmente la conocían, por eso es necesario poner en el centro del
debate el trabajo de cuidados que desempeñan durante esta etapa de vida,
la cual desempeñan de forma exhaustiva, para propiciar un entorno más
cercano y humanizado que les permita transitarla de la mejor forma
posible.
El
puerperio es la etapa que comienza una mujer inmediatamente después del
nacimiento. Suele decirse que tiene una duración de 40 días, aunque
puede extenderse por meses e incluso hasta un año. En ese período
retroceden los cambios que se produjeron durante el embarazo. Existe un
puerperio inmediato que se produce en las primeras 24 a 48 horas
inmeditatas luego del parto, en los que las mujeres puérperas
experimentarán grandes cambios tanto a nivel físico como emocional. Sea
cual sea la etapa del puerperio en que la mujer se encuentre, requerirá
apoyo especial de su entorno más cercano. UNICEF
En entrevista para Cimacnoticias,
Brisa Armenta, sexóloga de la organización Psicobienestar y Sexualidad
Integral, declaró que una mujer atraviesa diferentes cambios en su
cuerpo desde que comienza su embarazo e incluso después de este. Por
ejemplo, los órganos se mueven de lugar para dar espacio al crecimiento
del feto y este mismo hace presión en la zona pélvica causando
incontinencia urinaria.
Para Armenta, no se debe perder de vista
los aspectos psicológicos y emocionales cuando una mujer se convierte en
madre, ya que debe adaptarse a nuevos roles que le son otorgados es
sociedades patriarcales, uno de ellos es el trabajo de cuidado que
recaen en las mujeres al considerar que es algo inherente a su género.
Debido al trabajo que implica cuidar y alimentar a un recién nacido,
pueden presentar falta de sueño y cansancio que influye en su deseo
sexual.
Datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022
mostraron que en México hay 58.3 millones de personas susceptibles de
recibir cuidados en los hogares. Entre ellos, la población infantil
entre 0 a 5 años representó el porcentaje más alto de cobertura de
cuidados llegando a conformar el 99%; pero también se encuentran
personas con discapacidad o dependientes, infancias y personas adultas
mayores.
No obstante, son las mujeres de 15 años en adelante
quienes mayormente se dedican a esta tarea conformando el 75.1% de
personas cuidadoras. Además, ellas atienden principalmente a niñas y
niños, así como se hacen cargo de los cuidados del hogar. De las mujeres
que proporcionan cuidados, el 39.1% afirmó tener cansancio; 31.7%
disminuyó su tiempo de sueño; 22.7% sintió irritabilidad; 16.3 sintió
depresión y el 12.7% vio afectada su salud física.
Algunas
mujeres también tienen un empleo remunerado que balancean con el trabajo
de cuidados. La encuesta reveló que la tasa de participación de las
mujeres económicamente activas que brindan cuidados es de 56.3%. Además,
personas de entre 15 a 60 años, el 42.7% estuvieron en desacuerdo con
llevar a las infancias a una guardería o estancia infantil y el 50.6%
manifestó no estar de acuerdo con dejar a las personas mayores a una
institución para su cuidado. Esta situación muestra una negativa de
delegar el trabajo de cuidados a terceros.
Por otro lado, la auto
imagen de las mujeres en el posparto también se coloca como un factor
esencial y tampoco se sienten cómodas por cómo lucen causando síntomas
de inflamación e inseguridad en ellas: «Es como una serie de
sensaciones, dicen algunas pacientes, como si te hubiera atropellado un
carro y entonces es como un poco de todo», mencionó Brisa Armenta.
Por
lo tanto, para que el cuerpo se reconfigure a su estado anterior
necesita tiempo de reposo. Esto aplica especialmente cuando atravesaron
por procesos de cirugía como una cesárea, llevándola a no forzar su
cuerpo hasta que pueda cicatrizar completamente, ya que en el proceso se
abren varias capas de la piel y en promedio se estiman 2 años para que
pueda cicatrizar al interior.
A los cambios fisiológicos se suman
los bajos niveles de libido que les provoca no querer tener relaciones
sexuales. Los motivos de que esto ocurra pueden ser debido a síntomas
psicológicos, baja calidad de relación, estrés, agotamiento o sensación
de experiencia negativa del parto como daño perineal. Otro factor
importante es la lactancia materna debido a que suprime la ovulación y
la menstruación, según establece el artículo.
En el posparto
tardío, a partir de los 40 días después de dar a luz, algunas mujeres
llegan a experimentar bajo libido sexual como producto de cambios
anatómicos, fisiológicos, psicológicos y sociales propios de esta etapa,
sin embargo algunas se enfrentan a presión de sus parejas para retomar
la actividad sexual, lo que en algunos casos puede derivar en
situaciones de coerción.
De acuerdo con el articulo «Conflicto sexual sobre sexo ¿Una consecuencia subestimada del parto?»
en algunas sociedades son los hombres quienes desean tener familias
numerosas y este factor es determinante en los conflictos sexuales de
pareja durante el posparto. A esto se suma que por lo general ellos
presentan un libido más alto que ellas en esta etapa, por lo que, suelen
presionar o forzar a sus parejas para que suceda el acto sexual en esta
etapa, un fenómeno que es invisibilizado y difícilmente nombrado como
violencia sexual.
Las consecuencias no de cumplir con la cuarentena
De
acuerdo con Brisa Armenta el periodo en promedio de espera antes de
llevar a cabo un acto coital completo es entre 4 a 6 semanas en lo que
se recupera el cuerpo físicamente. De no esperar a que el cuerpo
descanse, las mujeres pueden experimentar desgarre vaginal, abertura del
cuello uterino y sangrado posparto (sangre, tejido uterino, moco y
otros restos del útero).
Asimismo, la vagina también puede
presentar sequedad por los cambios hormonales dados del parto, por lo
que no pueden lubricar y si se lleva a cabo el acto sexual con
penetración puede provocar laceraciones o rozaduras. Esto no es cómodo
para las mujeres e incluso algunas deben usar lubricantes cuando retoman
la actividad sexual para ayudar al cuerpo.
El suelo pélvico
también se encuentra débil después del parto e incluso el personal
médico llega a recomendar ejercicios para ayudar a recuperar el tono
muscular de la vagina, ya que se encuentra lastimada por el peso que
tuvo que cargar durante el embarazo, pero también por aquellas mujeres
que parieron vía vaginal, de lo contrario las madres pueden perder la
capacidad de sostener esfínteres.
En adherencia, los tejidos
genitales también se encuentran sensibles o inflamados después del parto
y esto puede durar varias semanas. Esta situación provoca que durante
una penetración existe presencia de dolor e inflamación.
Por esta
razón, Brisa apuntó que es necesario que las mujeres identifiquen si se
sienten listas física y mentalmente para retomar la actividad sexual
fuera de una situación de coerción o presión por parte de sus parejas,
el cual puede derivar en varias violencias y terminar en una situación
grave de emergencia médica.
Para evitar estas situaciones, la
sexóloga recomienda mantener una comunicación abierta entre parejas
sobre cómo se sienten y cuáles son sus deseos y necesidades para que la
relación se nutra.
Retomar la relación sexual de forma segura
En
caso de que ambos quieran retomar la relación sexual, existen formas
más seguras para obtener placer sin que exista una penetración, ya que
el erotismo no solo se consigue a través de los genitales u órganos
sexuales.
Una vez que se comience con las penetraciones se debe
tener en cuenta que la mujer no estará completamente lista, por lo que
no podrá realizar posiciones sexuales con facilidad. Regularmente se
debe empezar con posiciones donde ella no haga mucho esfuerzo o que el
hombre no aplique mucha fuerza, de lo contrario puede provocar que las
mujeres ya no quieran tener contacto sexual por miedo a sentir dolor.
La creación de una Sociedad
de Cuidados es una acción de justicia para el tiempo y actividades de
las mujeres. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre
Uso del Tiempo, las mujeres dedicaron en promedio 39.7 horas semanales
al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario, mientras que los
hombres,18.2 horas: la brecha fue de 21.5 horas.
Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- El primer Paquete Presupuestal del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum contempla recursos para la Consolidación de una Sociedad de Cuidados,
atendiendo un reclamo antiguo de colectivos feministas y de mujeres en
general que abogan porque el Estado asuma tareas de cuidado que
históricamente han sido asignadas a las mujeres sólo por un rol de
género.
El Proyecto de Presupuesto plantea la creación del Anexo Transversal 31 que tendrá el fin de avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Cuidados. El Gobierno de México solicitará un monto de 466 mil 674 millones de pesos para dicho fin.
Incluye 49 programas presupuestarios de 18 ramos, que estarían
destinados a modificar la organización social del cuidado en México y a
“contribuir en la garantía del acceso efectivo al cuidado de infancias,
personas mayores con diversos niveles de autonomía y apoyos para
personas con discapacidad, así como al reconocimiento de derechos de las
personas cuidadoras”. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, el 75 por ciento de las personas que trabajan
en cuidados son mujeres.
Pero además de las personas que reportan trabajo de cuidados, estas
actividades han sido asignadas a las mujeres por el simple hecho de ser
mujeres independientemente de su edad, desde la infancia una mujer puede
empezar a cuidar a los hermanos, a los padres, a los adultos mayores.
Esta dinámica ha tenido como consecuencia que muchas mujeres no
puedan acceder a un empleo formal, ya que deben atender el trabajo en
los hogares. Para muchas de ellas, la informalidad ha sido una opción
pero conlleva no tener acceso a la seguridad social y demás prestaciones
de ley.
Hay generado también que muchas mujeres en edad productiva que
deciden ser madres no pueden reincorporarse a sus trabajos para atener a
los hijos o adultas mayores que tienen que hacerse cargo de nietos o
familiares enfermos a pesar de ellas también tener dolencias.
Este Anexo Transversal, puede leerse en la exposición de motivos,
buscará reconocer la importancia de los cuidados como un trabajo, un
derecho y un bien público; reducir el tiempo que dedican las familias al
trabajo de cuidados; redistribuir los cuidados para garantizar una
participación más justa y equitativa de los hombres; ampliar la
cobertura de los servicios de cuidados; reducir las barreras al acceso a
los programas y servicios de cuidados, y garantizar la pertinencia de
los servicios de cuidados.
Implicará también proyectos de inversión para ampliar la capacidad
instalada para la prestación de servicios de cuidados como la
construcción de los Centros de Educación y Cuidado Infantil; programas
de transferencias monetarias; prestación de servicios de cuidados y
otros proyectos que contribuyen a reducir barreras económicas y físicas a
los servicios de cuidados.
En su carta de exposición de motivos, la Presidenta Claudia Sheinbaum
establece que la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados,
impulsará la autonomía de las mujeres y fortalecerá su participación
plena en todos los ámbitos de su vida, “asegurando que sus derechos sean
respetados y promovidos en todos los espacios donde se desarrollen”.
Se trata de una acción de justicia para el tiempo y actividades de
las mujeres. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre
Uso del Tiempo (ENUT) 2024 del INEGI, las mujeres dedicaron en promedio
39.7 horas semanales al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario,
mientras que los hombres,18.2 horas: la brecha fue de 21.5 horas.
Esta brecha de género es aún más amplia para hablantes de lengua
indígena (27.3 horas) y para quienes residen en localidades con menos de
10 mil habitantes (26.4 horas).
Las mujeres dedicaron, en promedio, 9.4 horas más a la semana que los
hombres al cuidado de niñas y niños de 0 a 5 años y 5.3 horas más en
cuidados a personas con alguna enfermedad o discapacidad.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la
creación de este Anexo es una medida que busca hacer efectivo el
derecho al cuidado y que, adicionalmente, contribuye a cerrar brechas de
ingreso, sociales y de género."Reconocer, reducir, redistribuir, remunerar y representar las tareas
de cuidados —que recaen de forma desproporcionada en las mujeres—
significa avanzar hacia un país más igualitario y justo".
El Paquete Económico cita cifras del INEGI sobre el valor económico
del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados que
ascendió a 8.4 billones de pesos en 2023, equivalente al 26.3 por ciento
del Producto Interno Bruto (PIB).
La carga desigual limita directamente la participación laboral
femenina, que en 2025 fue de 45.6 por ciento, muy por debajo del 74.9
por ciento de los hombres.
"Continuar con la construcción de un sistema de cuidados robusto
permitirá liberar tiempo y generar oportunidades laborales para millones
de mujeres. Si todas aquellas fuera de la fuerza laboral, pero con
interés de trabajar de forma remunerada y que hoy dedican su tiempo
exclusivamente al cuidado no remunerado lograran incorporarse al mercado
laboral, el empleo femenino podría aumentar en 2.6 millones de
personas. Si además este sistema demuestra las ventajas de autonomía
para las mujeres y provee las condiciones adecuadas de apoyo y
corresponsabilidad, la cifra podría ascender en 18.2 millones de mujeres
más que, actualmente, se encuentran fuera de la fuerza laboral y no
disponibles", agrega Hacienda.
MONTEVIDEO – El 7 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH) dictó un fallo histórico que podría transformar la vida de
las mujeres en toda América. Por primera vez en el derecho
internacional, un tribunal internacional reconoció el cuidado como un
derecho humano autónomo. La Opinión Consultiva 31/25, emitida en respuesta a una solicitud de Argentina, eleva el cuidado —durante mucho tiempo invisible y relegado a la esfera privada— al nivel de un derecho universal exigible.
La decisión del tribunal surgió de un proceso altamente participativo
que incluyó amplias presentaciones escritas de la sociedad civil,
académicos, gobiernos y organizaciones internacionales, además de audiencias públicas celebradas en marzo de 2024 en San José de Costa Rica, sede la Corte IDH.
La sentencia emitida ahora valida lo que las activistas feministas
han defendido durante décadas: el trabajo de cuidados es un trabajo con
un inmenso valor social y económico que merece reconocimiento y
protección.
Tres dimensiones de los cuidados
Las estadísticas en las que se basa esta sentencia cuentan una historia cruda. En América Latina, las mujeres realizan entre 69 % y 86 %
de todo el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo que
obstaculiza sus carreras profesionales, su educación y su desarrollo
personal.
El tribunal interamericano reconoció este desequilibrio como una
fuente de desigualdad estructural de género que requiere una acción
urgente por parte del Estado.
La autora, Inés M. Pousadela
La resolución define el cuidado de manera amplia, abarcando todas las
tareas necesarias para la reproducción y el sustento de la vida, desde
proporcionar alimentos y atención médica hasta ofrecer apoyo emocional.
Establece tres dimensiones interdependientes: el derecho a proporcionar cuidados, el derecho a recibir cuidados y el derecho al autocuidado.
El tribunal interpretó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos abarca
el derecho al cuidado, dejando claro que los Estados deben respetar,
proteger y garantizar este derecho mediante leyes, políticas públicas y
recursos.
Esbozó las medidas que deben adoptar los Estados, entre ellas la
licencia de paternidad remunerada obligatoria equivalente a la licencia
de maternidad, la flexibilidad en el lugar de trabajo para los
cuidadores, el reconocimiento del trabajo de cuidado como trabajo que
merece protección social y sistemas públicos de cuidado integrales.
La defensa feminista reivindicada
La decisión de la Corte IDH refleja la profunda influencia de los
estudios feministas. Durante décadas, las activistas feministas han
insistido en que el trabajo de cuidados, realizado en su gran mayoría
por mujeres, es invisible e infravalorado a pesar de ser fundamental para el sostenimiento de la vida y las economías.
El reconocimiento del tribunal valida estos argumentos, afirmando que
el trabajo de cuidados no es una extensión natural de los roles de las
mujeres confinados en la esfera privada, sino un trabajo con un inmenso
valor social y económico.
El enfoque interseccional del tribunal representa otra victoria
crucial para los movimientos feministas. La opinión consultiva reconoció
que las cargas del cuidado no se distribuyen de manera uniforme entre
las mujeres: las mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes y de
bajos ingresos se enfrentan a responsabilidades desproporcionadas y a
múltiples niveles de discriminación.
Este reconocimiento coincide con el énfasis de los movimientos
feministas en las formas en que el género, la raza, la clase y la
situación migratoria se entrecruzan para configurar la desigualdad.
Es significativo que la Corte IDH haya relacionado explícitamente el autocuidado con el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva,
reconociendo que el bienestar genuino requiere la capacidad de tomar
decisiones libres e informadas sobre el embarazo, el parto, la
maternidad y la autonomía corporal.
También ha destacado que todas las personas, incluidas las mujeres,
las personas transgénero y las personas no binarias que pueden quedar
embarazadas, deben estar libres de mandatos impuestos de maternidad o
cuidado.
El papel crucial de la sociedad civil
Esta victoria pertenece a la sociedad civil. Las organizaciones
feministas y de derechos humanos de toda América Latina hicieron campaña
para llevar el tema ante el tribunal y aportaron conocimientos
especializados cruciales.
Las organizaciones documentaron la realidad de las mujeres que cuidan
a familiares encarcelados, las mujeres migrantes que realizan trabajos
de cuidados en condiciones precarias y las comunidades que carecen de
servicios básicos como agua y saneamiento, lo que hace que el trabajo de
cuidados no remunerado sea aún más pesado.
Esto contribuyó a que la opinión de la Corte IDH reflejara las realidades sociales en lugar de principios abstractos.
El potencial transformador de la opinión va más allá de la igualdad
de género. Al reconocer el cuidado como una necesidad humana universal,
lo posiciona como una piedra angular del desarrollo sostenible.
Las inversiones en infraestructura de cuidados crean puestos de
trabajo, reducen la desigualdad y apoyan la participación de las mujeres
en el lugar de trabajo, al tiempo que garantizan que los niños, las
personas mayores y las personas con discapacidad puedan vivir con
dignidad y autonomía.
El camino hacia la implementación
Las resoluciones sobre las opiniones consultivas no son vinculantes,
al contrario de las sentencias sobre casos juzgados, pero tienen un peso
jurídico y político considerable, ya que establecen normas regionales que influyen en las reformas constitucionales, los litigios estratégicos y el desarrollo de políticas.
Esta decisión proporciona un modelo para las sociedades en las que el
cuidado no es una carga invisible, sino una responsabilidad compartida y
respaldada.
Sin embargo, las organizaciones feministas han señalado una limitación crucial: la decisión de la Corte IDH de no designar al Estado
como garante principal de los derechos de cuidado crea una ambigüedad
que corre el riesgo de permitir que los gobiernos descarguen sus
obligaciones en las familias, perpetuando las desigualdades que la
decisión pretende abordar.
La sociedad civil se enfrenta a la tarea crucial de garantizar que la
implementación dé prioridad a la responsabilidad del Estado. La prueba
consiste en transformar el reconocimiento legal en leyes, políticas y
prácticas que lleguen a los más necesitados. La lucha se traslada ahora
de los tribunales al ámbito político.
Los movimientos feministas ya están preparando casos estratégicos y
lanzando campañas para presionar a los gobiernos a fin de que aprueben
leyes, asignen presupuestos y construyan la infraestructura necesaria.
Los Estados deben aprobar leyes que reconozcan el derecho al cuidado,
diseñar sistemas de cuidado universales, integrar encuestas sobre el
uso del tiempo en las cuentas nacionales y construir una infraestructura
de cuidado sólida. Los empleadores deben adaptar los lugares de trabajo
para reconocer las responsabilidades de cuidado. La sociedad civil y
los gobiernos deben desafiar los estereotipos de género e involucrar a
los hombres y los niños en las tareas de cuidado.
La Corte IDH ha demostrado lo que es posible: sociedades en las que
el cuidado se valora, se apoya y se comparte. Para los millones de
mujeres de toda América que han llevado esta carga en silencio, el
trabajo de convertir este reconocimiento histórico en una realidad
vivida comienza ahora.
Inés M. Pousadela es especialista
sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus
Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la
organización.
