Expulsar a la CIA
"La CIA ha violado la Constitución mexicana y no creo que pueda evadirse su pronta expulsión del territorio nacional".

Los agentes de la CIA, Richard Leiter Jonston y John Dudley Black, que murieron en un supuesto desbarrancamiento en Chihuahua salieron, según reportes, de una oficina de Operaciones Encubiertas en Monterrey, Nuevo León. Por eso, a la defensa de su Gobernadora en Chihuahua por parte del PAN, se le sumó la defensa que hizo el Partido del Movimiento Ciudadano de la CIA. Esta oficina se debe a la entrada de John Ratcliffe como director de la CIA. Defensor a ultranza de Donald Trump y apoyado por 20 votos demócratas para su ratificación en el Senado, John Ratcliffe ha dicho que el Centro de la Misión Contranarcóticos de las Américas, que es como se llama su sede en Virginia, es para que la seguridad de Estados Unidos sea la prioridad sobre la soberanía de otros países y llamó a los agentes encubiertos a no tenerle miedo al riesgo de las operaciones en territorio. Es decir, lo que la CIA de Trump quiere es entrar sin permiso en otros países y hacer labores policiacas que ni siquiera en su propio país tiene autorizadas porque es otra agencia, el FBI, el que actúa legalmente para detener gente. Pero si es México, la CIA actúa con impunidad, sobre todo, cuando está protegida por gobernadores entreguistas como Maru Campos y Samuel García.
Desde los años de Joe Biden y más con la segunda gestión de Trump, se han usado drones MQ-9 Reaper traídos desde Irak y Siria hacia territorio nacional para atacar sin previo aviso a las autoridades mexicanas, se ha disfrazado a agentes encubiertos con uniformes de las policías estatales, y en general todo lo que conlleva que este asunto de salud pública en los Estados Unidos sea abordado como un problema de contra-terrorismo en América Latina. Que antes fueran carteles de la droga y ahora sean organizaciones terroristas cambia el lugar desde el que es abordado por Estados Unidos: antes con la DEA, ahora con la CIA y el ejército estadunidense. Ese fue el cambio que hizo Donald Trump y eso es la gravedad que implica. Leo sin dar crédito a los articulistas del calderonismo: que para qué México protesta si lo que interesa es que se le dio un golpe a un narcolaboratorio. Hay tres respuestas para este tipo de entreguismo irresponsable: uno, la soberanía implica que México tiene un protocolo con las agencias estadunidenses donde tienen que tener un permiso para colaborar y esa es la legalidad constitucional en este país, les guste o no; dos, que las autoridades mexicanas no necesitan de la CIA para desmantelar laboratorios si tenemos en cuenta que, durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador se desmontaron dos mil 592 laboratorios y se incautaron dos billones de pesos y, en lo que va de la de Claudia Sheinbaum el promedio es de cuatro laboratorios diarios destruidos, es decir, a la fecha, unos mil 887; tres, que la táctica contraterrorista implica una violación de derechos humanos porque no hay autoridad a la que responder, como se ha visto en la trama de Maru Campos echándole la culpa al muerto, Pedro Román Oceguera, director de su agencia estatal de inteligencia de Chihuahua. Y, como está muerto, pues ahí terminan las explicaciones porque no puede testificar. Con esa chicana, más la renuncia de su Fiscal Jáuregui ---el mismo que había mentido sobre que los agentes de la CIA estaban volando drones por ahí cerca y que había pedido un aventón a la policía estatal---, Maru Campos pretende dar carpetazo al asunto y tuvo la indecencia política de dejar plantada a la comisión senatorial que la requirió para que diera algún tipo de explicación.
Pero último punto ---el de los agentes camuflados como policías de Chihuahua--- vale la pena de comprenderlo más en detalle para entender la gravedad de lo que Campos y García han estado apoyando en la frontera norte de la República. Richard Leiter Johnston había sido trasladado de Afganistán e Irak al norte de México, junto con los drones que se usaron en Irak y Siria, contra Al-Qaeda e ISIS, creaciones a su vez de los propios Estados Unidos. Ahí en Asia Occidental, Leiter participó en la fundación de un engendro en la región sureste de Afganistán, frontera con Pakistán, llamado unidades K-P, siglas de Fuerza de Protección de Khost, el grupo paramilitar de la CIA. Estas unidades K-P estaban en el Campo Chapman, la mayor base de la CIA para actividades encubiertas en el mundo.
La idea detrás de la creación de estas unidades K-P fue que emprendieran acciones que por razones legales los ejércitos no podían justificar. Es decir, violaciones severas a derechos humanos, alteración de la infraestructura de la Nación sin que nadie se la adjudicara, tortura, homicidio y secuestro. Las K-P se componen con personal local que hablaba el idioma pero bajo las órdenes de los agentes de la CIA. Esto hace de los chihuahuenses implicados en el supuesto desmantelamiento del laboratorio, subordinados de los estadunidenses. Tendemos a pensar que los agentes de la CIA estaban colaborando o simplemente viendo, pero no es así. Las unidades K-P están dirigidas por los gringos, por la CIA. Esto hace de los agentes de la CIA en Chihuahua delincuentes que no reportan a nadie de sus actividades. Actúan bajo el título 50 de la ley de seguridad de Estados Unidos que dice que un Presidente puede ordenar acciones encubiertas y negar su existencia ante cualquier autoridad. Es decir, estas unidades K-P actúan fuera de la ley de cualquier país.
La historia de las unidades K-P en América Latina es trágica. En Venezuela, estuvieron en acciones de sabotaje para debilitar la respuesta del ejército nacional cuando se secuestró al Presidente Nicolás Maduro. En Colombia, fue el Comando de la Jungla, un grupo de Boinas Verdes responsable de ejecuciones sumarias de gente que nunca se supo si eran narcotraficantes, guerrilleros o simples transeúntes. En Ciudad de Panamá y en Comalapa, El Salvador, tienen centros de espionaje digital a los teléfonos y computadoras, sin que Juez alguno ordene o prohíba sus actividades. La impunidad es el propósito de crear estas unidades. Y en eso se metió, hasta donde sabemos, Maru Campos. Falta que Nuevo León aporte información sobre la oficina de la CIA en Monterrey.
No capturan, asesinan personas. En caso de error, dicen que los asesinados inocentes, en realidad eran de una célula terrorista. Torturan a los detenidos antes de entregarlos a alguna autoridad judicial. Violan la privacidad de miles de personas mediante sus redes de intercepción ilegal de conversaciones y mensajes de texto. Un caso paradigmático fue la masacre de Haditha en Irak donde asesinaron a 24 ancianos, niños, mujeres y bebés, y ninguna instancia judicial pudo hacer justicia porque se argumentó por el lado de los asesinos que estaban repeliendo un ataque y que los muertos eran por una bomba terrorista. Como no hay instancias responsables, la violación no tiene forma de ser realmente investigada. No hay nadie convicto por la matanza de Haditha.
El siguiente punto es que este operativo no se trató sólo de que había unos gringos en un desmantelamiento de un supuesto laboratorio clandestino. El operativo comienza en enero cuando llegan los agentes de la CIA, Johnston y Black, a la oficina de Monterrey, justo cuando Radcliffe es ratificado como director de esa agencia de espionaje por demócratas y republicanos. Se mapearon las rutas de los precursores que llegaban del Puerto de Mazatlán. Para las actividades encubiertas en la Sierra Tarahumara, se hizo el acuerdo con el Fiscal Jáuregui, el mismo que dijo que eran entrenadores de vuelo de drones y que ahora ya hasta renunció por mentiroso. Entre febrero y marzo empieza la actividad de los drones MQ-9 cuyos datos van a dar al cuartel de la CIA en Langley, Virginia, lo que constituye ya una severa violación a la soberanía de México. En marzo también aparecen disfrazados de policías estatales para verificar en el terreno los datos de los drones. Estos son, al menos, tres operativos distintos. Entonces, viene el fallido. Es el operativo Guachochi que implicó redadas a poblaciones en la Sierra e interrogatorios. Hasta el 19 de abril en que el supuesto desbarrancamiento descubre estas actividades ilegales y políticamente irresponsables.
Disfrazados de policías estatales para no levantar sospechas en el Ejército mexicano, Johnston y Black ingresaron a México mintiendo sobre su estatus legal. Uno entró como turista y el otro con un pasaporte diplomático. Sus actividades están prohibidas por el artículo 71 de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en el 2020, que dice:
“Los Agentes Extranjeros deberán observar las siguientes disposiciones:
- Sólo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor;
- No podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional;
- Deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que corresponda en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional;
- Deberán poner en conocimiento de las autoridades mexicanas que corresponda, en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscrito por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional, la información de que se alleguen en el ejercicio de sus funciones;
- Deberán presentar ante las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional. En dicho informe se deberán incluir las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios. En todo caso, deberán mantener la confidencialidad de la información que obtengan derivado de la aplicación de los convenios de cooperación bilateral, de conformidad con los términos establecidos en los mismos;
- Tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes nacionales aplicables;
- Deberán abstenerse de realizar actividades que pongan en peligro su integridad física. En consecuencia, deberán sujetarse a los criterios que determine la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y
- Sólo podrán portar las armas de fuego que, en su caso, les autorice la Secretaría de la Defensa Nacional.
Como ya se ha dicho, Maru Campos violó las disposiciones de esta ley de Seguridad Nacional al permitir que una unidad híbrida, como también se le llama a las K-P, actuara por su cuenta en la sierra de su estado, que ella misma nunca ha visitado. Ella enfrenta muchas acusaciones. Entre ellas, que recibió un soborno de 10.3 millones para no acusar al exgobernador César Duarte, que hace poco regresó a la cárcel. Maru Campos le condonó a la familia de César Duarte impuestos por 34 millones, a pesar de que eso está prohibido en la Constitución. Pero, bueno, Maru y la legalidad no conviven en la misma sobremesa. Además, se ha gastado dos mil millones de pesos en limpiar su imagen en los medios, comprando notas, articulistas, y publicidad personal. Esos dos mil millones son de dinero público. Por si esto no fuera ya un escándalo, ha endeudado a su estado por tres mil millones hasta este abril de 2026, durante otros 25 años, es decir, hasta el 2051.
Su fracaso en seguridad es casi tan escandaloso como su corrupción. Chihuahua es el segundo estado, después de Guanajuato, en el índice de homicidios nacional. Con tan sólo el tres por ciento de la población de México, ostenta el ocho por ciento de la criminalidad. De 2020 a 2025 el secuestro en el estado aumentó 355 por ciento, 81 por ciento, en los últimos tres años. Con este nivel de inseguridad, la Gobernadora de Chihuahua pensó que era una buena idea desmantelar supuestos laboratorios de metanfetaminas en la Sierra Tarahumara para que los adictos de Texas y Arizona no los compraran. Se ha negado a los programas del bienestar que resuelven de raíz el problema de la delincuencia, fue la única que prohibió el reparto de libros de texto gratuitos en las escuelas públicas de su estado, y ahora desaira al ejecutivo al no tomar las llamadas de la Presidenta, y del Legislativo al no asistir a comparecer ante el Senado de la República. Ella autorizó la entrada de una unidad ilegal dirigida por agentes de la CIA a territorio nacional. Debe enfrentar un juicio político porque, como en el caso de Monterrey, algunos gobernadores se están pasando por el arco del triunfo la legal constitucional. Es un amago de secesión de la República y no debe permitirse.
En cuanto a la CIA, ha violado la Constitución mexicana y no creo que pueda evadirse su pronta expulsión del territorio nacional.



