5/01/2010

Europa:
Agarrón por México


Marco Appel

BRUSELAS, 1 de mayo (apro).- A pocas semanas de realizarse la VI Cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea y Latinoamérica --el 17 y 18 de mayo en Madrid--, la pésima situación de los derechos humanos en México se ha convertido en una fuente de tensiones en el Parlamento Europeo entre el grupo del Partido Verde y algunos eurodiputados españoles que intentan matizar o eliminar cualquier cuestionamiento al gobierno mexicano que aparezca en los documentos que publican.

Un texto en preparación es el Informe sobre la estrategia de la UE en las relaciones con Latinoamérica, que elaboró por iniciativa propia el eurodiputado español José Ignacio Salafranca, miembro del grupo del Partido Popular Europeo (PPE), de la misma familia ideológica que el Partido Acción Nacional (PAN).

Antes de cada cumbre entre la UE y Latinoamérica, Salafranca suele presentar a la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo esta clase de informe. Esta vez, también la Comisión de Desarrollo pidió dar una “opinión” y, en consecuencia, proponer enmiendas al texto de Salafranca.

Así, las eurodiputadas del grupo del Partido Verde, la austriaca Ulrike Lunacek, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, y la francesa Catherine Grèze, miembro de la Comisión de Desarrollo, presentaron, entre otras, una enmienda relativa a México.

Ésta se refiere, en concreto, a “la reciente sentencia de la Corte Interamericana de derechos humanos sobre Campo Algodonero”, que, considera, “es un precedente para toda la región”. Por tanto, “pide a los gobiernos de la UE, América Latina y el Caribe respaldar” tal fallo y “acogerlo como guía para su futuro trabajo” en materia de género.

En dicho fallo, del 16 de noviembre pasado, la mencionada corte concluyó que el gobierno mexicano violó derechos humanos consagrados en el Pacto de San José y en la Convención de Belém do Pará, ya que no garantizó tales derechos ni adoptó disposiciones que evitaran los feminicidios de varias mujeres que fueron encontradas asesinadas en un campo algodonero de Ciudad Juárez en 2001.

La enmienda propuesta por las eurodiputadas verdes fue votada y aprobada por los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Salafranca se oponía a que fuera votada. Argumentó que la enmienda había llegado fuera de tiempo para poderla considerar y que, en todo caso, su informe “ya cubría todos los puntos”.

Durante el encuentro de esa comisión, el pasado 17 de abril, Lunacek confrontó a Salafranca. Le dijo que estaba equivocado: la entrega de la enmienda había cumplido con el calendario establecido por la institución, y su informe no abordaba temas tan importantes como el fallo de Campo Algodonero.

Los miembros del Comité de Asuntos Exteriores decidieron entonces votar. El resultado: la enmienda de los verdes fue aprobada por un solo voto de diferencia.

Este miércoles 5 de mayo está previsto que el pleno del Parlamento Europeo vote el informe de Salafranca. A más tardar a las 17:00 horas de este lunes 3, el reglamento interno le permite al eurodiputado español intentar eliminar o modificar la enmienda referente al Campo Algodonero, ya sea cambiando el contenido de ésta o pidiendo un “voto separado” por parte de la plenaria.

Por otro lado, el eurodiputado Raúl Romeva, también del Partido Verde, propuso la misma enmienda acerca del fallo de Campo Algodonero en el informe que prepara la Comisión Política de la Asamblea Parlamentaria Europa-Latinoamérica (Eurolat), cuya reunión plenaria tendrá lugar del 13 al 15 de mayo en Sevilla.

Los ponentes de tal informe, titulado La Asociación Europea-América Latina en la perspectiva de la VI Cumbre de Madrid, de mayo de 2010, son el español Ramón Jáuregui, eurodiputado de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (APSD) y presidente de la Delegación para las relaciones con México del Parlamento Europeo; la rumana Renate Weber, eurodiputada de la Alianza de los Demócratas y los Liberales, y la hondureña Vilma Reyes, legisladora del Parlamento Centroamericano.

El pasado martes 20, el eurodiputado Romeva, miembro de dicha Comisión Política de la Eurolat, presentó a Jáuregui tal enmienda durante una "reunión de compromiso". Ese tipo de encuentro forma parte de los procedimientos de rutina del Parlamento Europeo, y su objetivo es que los "eurodiputados negociadores" de cada grupo político lleguen a acuerdos sobre los distintos documentos legislativos que elaboran.

Sin embargo, posterior a esa reunión Jáuregui y Weber modificaron la enmienda de Romeva de una manera en que, dijeron, ellos la aceptarían.

En esa nueva versión ambos eurodiputados eliminan la referencia al caso "de Campo Algodonero en México", y borran igualmente la petición de que los gobiernos "acojan la sentencia como guía para su futuro trabajo". Además, en lugar de exigirles "respaldar" en concreto el mencionado fallo, se limitan a solicitarles que "mantengan su firme condena" contra los feminicidios en general.

Mediante un correo electrónico, Romeva afirmó a Apro que no aceptaría los cambios. “Me mantengo en la redacción original de nuestra enmienda", señaló.

Está programado que el contenido del informe sea sometido a la votación del Comité Político de la Eurolat el 14 de mayo y, al día siguiente, del pleno de la Eurolat, en presencia de la embajadora de México ante la UE, Sandra Fuentes Berain.

Concesiones

Una confrontación anterior ocurrió el pasado 12 de marzo. Ese día, el Parlamento Europeo adoptó, con carácter de "urgente", una resolución que criticó el incremento de las violaciones a los derechos humanos en México, como resultado de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Felipe Calderón.

En la versión original de dicha resolución el Ejército mexicano era acusado, junto con el narcotráfico, de cometer tales violaciones, pero esa referencia fue eliminada de la resolución final luego de un proceso de negociaciones entre los grupos políticos del Parlamento Europeo.

La mañana del pasado 11 de marzo, un reducido grupo de eurodiputados de distintas orientaciones políticas se encontró en una "reunión de compromiso".

En tal reunión, los eurodiputados negociadores del grupo del PPE --los españoles Salafranca y Santiago Fisas-- expresaron de entrada su rechazo a que la resolución cuestionara el desempeño de las autoridades mexicanas en el tema de los derechos humanos.

Por esa razón, el PPE --la fuerza mayoritaria del Parlamento Europeo-- proponía incluir un párrafo en la resolución que "diera la bienvenida a la iniciativa de Calderón de involucrar al Ejército en el combate contra el crimen organizado".

El eurodiputado Romeva, negociador del grupo del Partido Verde, contestó que la decisión de Calderón de militarizar el país había empeorado la situación de los derechos humanos en todo el país, y que casos suficientemente documentados de violaciones a éstos podían encontrarse en reportes de organizaciones internacionales y de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.

A propuesta de los verdes, el punto 'N' de la resolución preliminar indicaba que el Parlamento Europeo tomaba en consideración que "las fuerzas de seguridad, del Ejército y de la policía han sido denunciadas por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, por abusos de poder y de violaciones de derechos humanos".

Romeva aceptó "suavizar" el enunciado pero no eliminarlo, como lo quería el grupo del PPE. El párrafo se reformuló entonces con matices, de modo tal que el Parlamento Europeo reconoció "que se han producido denuncias por parte de organizaciones nacionales e internacionales para la defensa de los derechos humanos en relación con violaciones de esos mismos derechos en determinados comportamientos de las fuerzas de seguridad".

El inciso 'M', propuesto por los verdes en conjunto con los liberales, quedó en la resolución final por una concesión de los populares europeos. Éste afirma que "son frecuentes el acoso y las amenazas contra miembros de organizaciones" defensoras de los derechos humanos, y que "muchas de las investigaciones preliminares sobre las agresiones y asesinatos" de tales activistas "sufren retrasos injustificados a nivel estatal y federal".

Los verdes también consiguieron eliminar el enunciado donde el Parlamento Europeo "se solidariza con las autoridades mexicanas en la lucha contra el narcotráfico", el cual habían propuesto populares, socialistas y liberales. En la versión final esa solidaridad es sólo "con el pueblo de México".

A cambio de tales concesiones, el grupo del PPE logró conservar intactos los incisos 'J' y 'K', a los que se oponía Romeva. El primero considera "la importancia que reviste el plan lanzado por el gobierno (de Calderón) en el ámbito de la salud, la educación y la cohesión social, así como el refuerzo de la estrategia política dirigida a recuperar Ciudad Juárez", que, agrega el texto, "contribuirá a suprimir las causas sociales de la violencia".

En su parte central, el segundo inciso expone "que el gobierno mexicano ha mostrado su firme compromiso para mejorar la situación de seguridad en el país".

Un punto más de debate fue el séptimo, que pedía al gobierno mexicano "seguir trabajando en el fortalecimiento del Estado de derecho", por lo que subrayaba "la importancia de un poder judicial independiente, con el fin de garantizar la imparcialidad".

Romeva advirtió a Salafranca que los verdes no apoyarían la resolución si el texto final no hacía mención al problema de impunidad que hay en México. Finalmente consiguió agregar otra finalidad: "la lucha con determinación contra la impunidad".



Sindicatos se unen contra reforma laboral

Sindicatos se unen contra reforma laboral
CIERRAN FILAS.
Los agremiados también condenaron la aprobación
de la ley antiinmigrantes en Arizona


Dirigentes de la UNT, SME, STUNAM y CNTE coinciden en que la propuesta de reforma laboral de Acción Nacional puede perjudicar a la clase obrera y al sindicalismo

Al conmemorar el Día del Trabajo, organizaciones sindicales y sociales rechazaron la propuesta de reforma laboral del PAN y condenaron la aprobación de la ley antimigrante de Arizona que -dijeron- criminaliza a los trabajadores.

Dirigentes sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores, Sindicato Mexicano de Electricistas, Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pidieron a sus agremiados no permitir cambios en la Ley laboral que puedan perjudicar a la clase obrera y al sindicalismo.

Sobre posibles modificaciones al marco laboral, Francisco Hernández Juárez, de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), dijo que en la Cámara de Diputados no existen el apoyo de ningún partido político para respalda la iniciativa presentada por el PAN.

Francisco Bravo, de la CNTE, aseguró que deben luchar porque haya un aumento a los salarios, a los que calificó de ridículos.

En un mitin en la plancha del Zócalo, el líder de los electricistas Martín Esparza pidió el desafuero en contra del secretario del Trabajo, Javier Lozano, por su política contra los trabajadores de México.

Exigió además que el gobierno federal entregue los informes de actuarios de los fondos de ahorro para de los trabajadores del país, para conocer el estado de estos recursos y que se pueda impulsar una ley de para protegerlos

Previo al mitin, contingentes de trabajadores se movilizaron hacia el Zócalo cuya plancha no se llenó, e incluso antes de que terminara el evento muchos trabajadores ya se habían ido.

El Universal.

Periodistas de Contralínea rescatados

Contralínea
27 Abril 2010

Actualización 30 de abril de 2010 12:00 hrs.

Conferencia primera parte:

Conferencia segunda parte:

Periodistas Érika Ramírez y David Cilia en conferencia de prensa, en minutos el audio completo.

Érika Ramírez: con la emboscada se revela la impunidad con la que operan los grupos paramilitares en México / David Cilia: nos ocultamos en distintas cuevas de la serranía. Érika se solidarizó conmigo

Érika Ramírez: con la emboscada se revela la impunidad con la que operan los grupos paramilitares en México / David Cilia: nos ocultamos en distintas cuevas de la serranía. Érika se solidarizó conmigo

Actualización 30 de abril de 2010

Miguel Badillo confirma que el convoy de rescate con los periodistas Érika Ramírez y David Cilia ha iniciado el descenso de la región triqui

Miguel Badillo director de Contralínea y la reportera Érika Ramírez

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David Cilia Olmos (Izquierda) y su hijo David Cilia

David Cilia con heridas en tobillo y cadera

Érika Ramírez ilesa decidió quedarse acompañando a David Cilia mientras David Venegas y Noé Bautista iban por ayuda

Entrevista con David Venegas narrando la emboscada y cómo huyeron del lado contrario que los demás compañeros:

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Actualización 29 de abril de 2010 23:06 hrs

Se complica rescate de periodistas

Versiones falsas de que ya fueron localizados los periodistas Érika Ramírez y David Cilia ponen en riesgo su vida. Ha cuatro horas de iniciado el operativo de búsqueda en las inmediaciones de la comunidad autónoma de San Juan Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca, para rescatarlos, no ha bajado el convoy y no hay autoridad alguna que informe sobre los avances del rescate.

El comisionado de Seguridad Pública en la región oaxaqueña de Juxtlahuaca, Jorge Quezada, informó que los miembros de su corporación aún no han ubicado a los reporteros.

Cada minuto que pasa es crucial para salvar la vida de los periodistas de Contralínea, Érika Ramírez y David Cilia. Este último se encuentra herido de bala en la pierna izquierda y en la cintura.

Sobre el silencio de las autoridades, José Reyez, subdirector de Contralínea y quien se localiza en Juxtlahuaca, dijo: “Ya no sabemos ni a quien acudir para que dé una repuesta”.

De acuerdo con Jorge Quezada, el Ejército Mexicano no se encuentra en la zona. Según él, los policías estatales que integran el escuadrón de búsqueda y rescate “toleran” las controversias entre los distintos grupos que dominan San Juan Copala. “Por ello se ha dificultado el rescate”.



Crece incertidumbre por operativo de rescate





Granaderos agreden marcha convocada por familiares de periodistas y Contralínea





Video: Testimonio de vida periodistas Contralínea





Los periodistas están vivos





Marcha por la vida de Érika Ramírez y David Cilia





Reporteros de Contralínea continúan desaparecidos






Reportero Zósimo Camacho, enviado especial informando desde Oaxaca:

Un fracaso más
Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 30 de abril (apro).- ¿Dónde están los operadores de Felipe Calderón, del encargado del Ejecutivo federal?, es la pregunta. La verdad, es que parece no tenerlos, por lo menos eso se demostró cuando fracasó la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional.

Desde que inició su sexenio, Calderón sacó al Ejército a las calles para combatir al narcotráfico y, tres años después, ahí lo mantiene; intensificó los operativos y dio golpes mediáticos con la detención de grandes capos, pero con un costo muy alto: más 22 mil muertos, según la cifra oficial. Sin embargo, las calles sigues circulando las drogas y se ha intensificado la violencia.

En abril de 2009 Calderón envió al Congreso la iniciativa de reforma para darle un marco jurídico al trabajo de las fuerzas armadas en su combate al crimen organizado, o mejor dicho, brindarles impunidad para hacer un trabajo que corresponde a otras instancias y seguir justificando los “daños colaterales”, como le gusta llamar a las muertes de inocentes.

Es cierto que la presencia del Ejército en las calles es un reclamo de la sociedad, pero no para que se justifiquen atropellos de la milicia, sino como medida última para acabar con la preocupación de los ciudadanos que sus hijos no regresen a sus casas y sean alcanzados por balas pedidas o que mueran en fuego cruzado, como ha ocurrido en las últimas semanas en diversas partes del país.

Sin embargo, el encargado del Ejecutivo federal, porque no se le puede llamar presidente de la República a quien llegó en forma tan dudosa a esa posición, erró la vía política para lograr la aprobación de la reforma.

Las fuerzas armadas que le abrieron la puerta de atrás del Congreso de la Unión a Felipe Calderón Hinojosa para que aquel 1 de diciembre de 2006, rindiera protesta como titular del Ejecutivo federal, le exigieron seguridad jurídica en las acciones de combate contra el crimen organizado que han venido realizado en los últimos tres años. Los salvadores, es decir, las fuerzas armadas, a quienes el Ejecutivo federal les debe en gran parte estar en la silla presidencial, quieren seguridad jurídica, pero Calderón no les ha podido cumplir.

Calderón envió al Senado su iniciativa de reforma --quizá por los acuerdos que ya tenía con el líder de los priistas, Manlio Fabio Beltrones, para sacar adelante la ley--, pero cometió un grave error:

Primero: el Senado nunca trabajó en conferencia, es decir, en acuerdo con la Cámara de Diputados, por lo tanto, tampoco con los diputados priistas para sacar adelante la reforma.

Segundo: los votos reales que aseguraban el transito de las reformas estaban entre los legisladores de la Cámara baja.

Efectivamente, el pasado 27 de abril salió del Senado la iniciativa con tan sólo dos votos en contra: los de Rosario Ibarra de Piedra y de Ricardo Monreal. Sin embargo, el problema es que la reforma fue aprobada con innumerables cambios que a las fuerzas armadas no gustaron; pretendían que la ley fuera aprobada según la había enviado el Ejecutivo federal.

Piensa ahora el Ejército que los senadores, en su negociación entre los diferentes partidos políticos, les quietaron los “dientes” que ellos habían presentando con la iniciativa calderonista, que más bien pareció haberla elaborado el propio Ejército.

Al llegar a la Cámara de Diputados la minuta se “atoró” porque el Ejército, molesto, pidió el apoyo de los priistas para que la frenaran y le hicieran nuevas modificaciones. Es decir, regresar la iniciativa a los términos en que fue presentada la propuesta.

El error político de Calderón consistió en haberla enviado al Senado y no a la Cámara, digo lo anterior porque entre los diputados, ---237 del PRI— hay más priistas que tienen un gran respeto por las fuerzas armadas; era mucho más factible que saliera adelante.

La operación política le falló a Calderón, pues no sólo equivocó la vía, sino que a pesar de saber del descontento del Ejército por los cambios, todavía ordenó a su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que empujara entre los diputados para que saliera adelante la minuta.

Todavía el 28 de abril --día en que llegó la minuta a la Cámara de Diputados-- y el mismo 29, último día en que sesionaron los legisladores, Gómez Mont seguía presionando para que incluyeran la minuta en el orden del día y fuera aprobada.

Una minuta que rechazan los militares, una minuta que no tiene el consenso de todos los partidos pero que, si hubiera llegado primero a la Cámara y no al Senado, con los 237 votos del PRI más los 143 del PAN, hubiera salido adelante sin ningún problema, incluso, como lo pedía el Ejército.

A pesar de tener todo el rechazo de las fuerzas militares, Calderón insistió y ordenó a Gómez Mont operar hasta el último momento.

“¡Pero qué le pasa al presidente!”, es el comentario que en los pasillos de la Cámara de Diputados se escuchó los días 28 y 29 de abril. “¡Ya se equivocó enviando al Senado la minuta y ahora que el Ejército está molesto por la forma en que quedó, todavía insiste en que se apruebe!”, decían los legisladores priistas.

El PAN en la Cámara de Diputados solo no puede hacer absolutamente nada, no sólo porque la coordinadora de los panistas, Josefina Vázquez Mota, nunca ha servido como operadora, sino también porque en estos momentos el tema ya se empalmó con los procesos electorales.

Hay que recordar que el 4 de julio habrá elecciones para elegir gobernador en 10 estados, los cuales, muy seguramente ganará el PRI --aunque Sinaloa aún mantiene preocupados a los priistas--, así es que en los meses de mayo y junio, los partidos estarán más preocupados por la operación política en cada una de esas entidades que lo que pueda ocurrir en el Congreso de la Unión.

Es cierto que se puede convocar a un periodo extraordinario para aprobar la Ley de Seguridad Nacional, pero los principales operadores del PRI estarán en los procesos locales y no tendrán tiempo para negociar los cambios que el Ejército quiere que se hagan a la minuta aprobada en el Senado. El PAN, tendrá que hacer lo propio, sobre todo, ahora que, como lo indican los sondeos de opinión, está a punto de perder todas las elecciones.

Calderón ya fracasó con cumplirle al Ejército sus exigencias; y como parte de sus errores políticos envió su iniciativa de cambios al fuero militar de nueva cuenta al Senado.

Pareciera que los operadores del calderonismo no saben hacer cuentas y desconocen la gran cercanía que hay entre los priistas y el Ejército. Pero parece que también ignora que al interior del priismo hay una lucha por la candidatura presidencial, una lucha que se enmarca en las cámaras.

Por ejemplo, dos de los principales competidores por la candidatura, Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto, mueven sus piezas y empujan acuerdos para sacar adelante sus aspiraciones.

En el Senado manda Beltrones pero en la Cámara, que por el momento es la importante, manda Peña Nieto.

Calderón escuchó a Beltrones y ahora la posibilidad de brindarles seguridad jurídica a los militares está en manos de Peña Nieto, está en la Cámara de Diputados.

Los errores de Calderón no hacen sino regresar el poder de decisión al PRI, que puede vender caro su amor a los militares y lo hará en función de la candidatura presidencial.

Quien obtenga lo que los militares quieren, es decir, Beltrones o Peña Nieto, tendrá también a un fuerte sector de su lado, lo cual lo hará un candidato más viable para la Presidencia de la República por el PRI.

Parece que todo esto no lo calcularon los operadores de Calderón o más bien, esto es una muestra de que Felipe Calderón no tiene ni ha tenido verdaderos operadores políticos, de ahí que halla decidido iniciar una “guerra” en contra del narcotráfico y haya provocado la ira de las fuerzas armadas, un bastión con el que el presidente de la República debe saber negociar siempre y tenerlo de su lado, en todo momento.

Ahora, con este descalabro legislativo, la pregunta es si los militares seguirán confiando en Calderón y seguirán dando la cara por él en la lucha contra el narcotráfico; esa confianza implica seguir cargando con los muertos, el descredito y el repudió generalizado de la ciudadanía por los errores que ha cometido en la lucha contra el narcotráfico y que han dado como resultado la muerte de civiles inocentes.

Y es que como están las cosas y los tiempos electorales, será difícil que una ley de seguridad, a modo de los militares, salga durante mayo o junio; pasados los procesos electores --y más si se presentan conflictos poselectorales--, será muy complicado que se convoque a un periodo extraordinario para el mes de agosto.

Siendo así, lo más probable es que la minuta del senado se discuta al inicio del siguiente periodo ordinario que arrancará en septiembre, aunque el otro problema es que se empantanaría con la discusión del paquete económico para el 2011 que, por ley, debe estar en la Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre.

Siendo así los tiempos, se antoja complicado que la ley pueda salir, y si esto llega a ocurrir será por la operación política del PRI, el cual, de nueva cuenta, podrá condicionar al gobierno de Felipe Calderón, quien desde su llegada no ha podido rebasar a su principal opositor, el PRI.

mjcervantes@proceso.com.mx

¡Copala Aguanta, Oaxaca se levanta!,
clamor en la marcha por la defensa de la Autonomía de San Juan Copala
Poco después de las cinco de la tarde de este 30 de abril en la fuente de las 7 Regiones se dieron cita, diversas personas del pueblo de Oaxaca en apoyo a la defensa de la Autonomía de San Juan Copala
Daniel Arellano Chávez

Poco después de las cinco de la tarde de este 30 de abril, en la fuente de las 7 Regiones se dieron cita, diversas personas del pueblo de Oaxaca en apoyo a la defensa de la Autonomía de San Juan Copala, manifestaron su indignación ante los asesinatos cometidos por el grupo paramilitar Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) y exigieron justicia para Copala y castigo a los responsables de la brutal emboscada donde les fue arrebatada la vida a dos integrantes de la Caravana de observación y apoyo al municipio autónomo.

La marcha salió poco después de las cinco de la tarde bajo el inclemente sol de la ciudad de Oaxaca, clima acorde con la indignación del pueblo al conocer que dos personas fueron asesinadas en la Caravana de observación y de apoyo al municipio de San Juan Copala que fue arteramente atacada la tarde del 27 de abril de 2010.

¡De Copala a Palestina la lucha no termina!, ¡Ulises-Eviel-Gabino Asesinos!, fueron gritos constantes en las calles de Oaxaca, que también quedaron grabadas con las palabras ¡Jyri Antero Jaakkol, Presente! ¡Bety Cariño Presente!, compañeros que fueron asesinados el 27 de abril.

La marcha continuo con paso combativo por las calles de Oaxaca hasta llegar al Zócalo de Oaxaca donde culmino con palabras de integrantes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca que exigen el castigo a los asesinos de los compañeros Jyri y Bety Cariño y dan su respaldo total e incondicional a la lucha por la Autonomía del municipio de San Juan Copala, así como advertir que se prepara un ataque paramilitar de gran envergadura contra la comunidad y que por ello se justificaría la entrada de tropas del Ejercito Mexicano para desarticular el autogobierno de San Juan Copala.

Pide especialista regresar a la alimentación tradicional mexicana
Accesibilidad alimentaria para toda la infancia, para combatir la obesida
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Por Narce Santibañez Alejandre
México DF, 30 abr 10 (CIMAC).- La pobreza alimentaria, la marginación y la falta de políticas públicas en salud son los principales generadores de obesidad y sobrepeso en niñas, niños y adolescentes mexicanos.

Al respecto, Julieta Ponce, directora del área de nutrición del Centro de orientación Nutricional, señaló que el origen de la obesidad y el sobrepeso es la pobreza. Asegura que desde hace cuatro décadas las y los mexicanos perdieron identidad alimentaria y adoptaron alimentos ajenos (comida enlatada, refrescos) a nuestra dieta tradicional (frijol, maíz y frutas).

La también nutrióloga dijo que ante la actual crisis alimentaria, las niñas y niños deben regresar a los alimentos mexicanos que se preparan en sus hogares, pues en nuestro país cerca del 10 por ciento de los niños de 0 a 5 años de edad que habitan en las zonas más pobres de la república, padecen un grado alarmante de desnutrición.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), en los países con altos niveles de desnutrición, la aplicación de programas de asistencia alimentaria universal para menores de 12 años de edad, ha sido la política más eficaz, ha mejorado las condiciones de salud y propicia el rendimiento escolar de las niñas y niños.

En 2007, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó en México ocho mil 765 fallecimientos por desnutrición, y más de tres mil 410 muertes por anemias. En la población de cero a 14 años de edad, se registraron mil 22 muertes por desnutrición y anemias.

Ante ello, la nutrióloga Julieta Ponce, determina que para combatir la obesidad y el sobrepeso se debe pensar en la accesibilidad alimentaria para toda la población, es decir, para las zonas rurales, marginadas y urbanas, ya que las zonas más pobres del país también han sido invadidas por productos industrializados (comida chatarra) que no siempre tienen la mejor calidad, y propicia el aumento de los índices de desnutrición.

LA OBESIDAD Y EL IMPACTO EN NIÑAS Y MUJERES

El sobrepeso y la obesidad aumentó en siete años 22.6 y 26.5 por ciento respectivamente, entre las niñas, adolescentes y mujeres, lo que se ha traducido en un mayor índice de enfermedades cardiacas,
diabetes y algunos tipos de cáncer, revela la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT ) 2006.

El informe Género y salud en cifras, elaborado por la Secretaría de Salud (SSA) señala que en condiciones de escasez alimentaria, ganar peso suele ser lo socialmente adecuado, mientras que en condiciones de abundancia, la delgadez se convierte en una norma, lo que cual tiene una mayor impacto en las niñas y mujeres, pues en los hombres la corpulencia puede representar un signo de virilidad y dominación.

La obesidad es una condición más frecuente y más estigmatizante en niñas y mujeres, puntualiza la investigación y afecta en los diferentes niveles sociales, aunque el mayor impacto se presenta en las poblaciones de desventaja social.

En general, en la adolescencia es cuando se presenta la inconformidad de las mujeres con su imagen corporal e implica un mayor riesgo de sufrir trastornos psicológicos como la bulimia, la anorexia y la depresión.

Asimismo, en la adolescencia son más visibles los estigmas hacia las niñas y mujeres obesas o con sobrepeso, a quienes se les considera “descuidadas, sucias e incapaces de conseguir novio” o de realizar ciertas actividades físicas. Además se ha observado que sus relaciones interpersonales y su desempeño escolar también pueden verse afectado debido al rechazo de sus amistades, de la familia y docentes.

Por otra parte, la obesidad durante la maternidad implica riesgos para la salud fetal y neonatal que incluyen muertes fetales y malformaciones congénitas. También, puede provocar alteraciones hormonales como trastornos menstruales, infertilidad y abortos espontáneos, así como alteraciones metabólicas que aumentan el riesgo de hipertensión de diabetes gestacional, apunta el informe elaborado por la Secretaría de Salud.

Resultados de la ENSANUT 2006 señalan que la baja talla – indicador que refleja el efecto acumulado de la desnutrición crónica- afecta a 12.3 por ciento de las adolescentes de 12 a17 años de edad; y en el rango de 20 a 49 años la anemia afecta al 20.6 por ciento de las embarazadas y a 15.5 por ciento de las no embarazadas.
Relegadas en espacios públicos y privados
Invisible el trabajo y lucha de guatemaltecas



Por Noé Ismalej

Baja Verapaz, Guate, 30 abr 10 (Cerigua/CIMAC).- En Guatemala aún no se ha logrado reconocer el trabajo de las mujeres ni su lucha por visibilizar sus aportes y sus derechos, declaró Ovidia Román de Paz, representante de la Defensoría Indígena Las Verapaces.

A decir de Román, en el ámbito gubernamental las mujeres no han tenido los espacios necesarios para dar a conocer su labor a favor de una sociedad más equitativa, además de que se les ha relegado de los puestos de toma decisiones.

La representante de la Defensoría, lamentó que recientemente el Fondo de Tierra haya entregado terrenos a campesinos de varias comunidades de Baja Verapaz, sin considerar a las viudas y madres solteras.

La lideresa enfatizó durante su participación en la radio revista “Elijamos Nuestro Futuro”, en la importancia de promover que las mujeres tengan sus propias tierras, pues ellas las saben trabajar y los beneficios económicos obtenidos son mejor administrados.

De acuerdo con Román, las mujeres son luchadoras y la mayoría de ellas han sacado adelante a su familia, son transparentes, justas y sinceras, además son ellas quienes contribuyen en mayor parte a los trabajos de agricultura en el campo y a la sostenibilidad de sus hogares.

La funcionaria de la Defensoría Indígena Las Verapaces, subrayó que las labores de las mujeres en el hogar no son reconocidas y no se toma en cuenta el tiempo que ellas destinan a estos quehaceres.

Por ello, hizo un llamado a todas las mujeres a unirse y seguir luchando para hacer escuchar su voz a favor de sus derechos, además de visibilizar la situación y los esfuerzos de las mujeres rurales a favor de su desarrollo.

La radio revista “Elijamos Nuestro Futuro”, producida por la Agencia Cerigua, es trasmitida por la emisora Uqul Tinamit 106.3 fm en San Miguel Chicaj, Baja Verapaz.
En México más de 3 millones de personas desempleadas
Deterioro laboral y conflictos sin resolver, en Día Internacional del
Trabajo

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 30 abr 10 (CIMAC).- La conmemoración del Día Internacional del Trabajo en el país, se vive en medio del deterioro laboral, que se caracteriza por más de 3 millones de personas desempleadas, 65 por ciento de las y los trabajadores sin seguridad social, y ante conflictos laborales sin resolver, como son el de los gremios minero y electricista.

En el centro del país, la “celebración” de reivindicación de derechos laborales se llevará a cabo en un zócalo capitalino ocupado por decenas de trabajadores electricistas, quienes desde el domingo pasado se han ido sumando a una huelga de hambre masiva, con el objetivo de que el gobierno federal les devuelva su empleo a seis meses de su decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, que dejó a cerca de 4 mil mujeres y 40 mil hombres sin empleo.

Las y los electricistas se añadieron a las filas del desempleo, que en septiembre pasado llegó a 3 millones 010 mil personas sin trabajo, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

En lo que va de la administración de Calderón Hinojosa, autonombrado “presidente del empleo”, la desocupación abierta creció 72 por ciento, según denunció el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) en su XIII Informe de violaciones a los derechos humanos laborales en México 2009.

Ese año, la economía informal se mantuvo a la alza, y para febrero de 2010 alcanzó 12.6 millones de personas ocupadas en este sector, superando a las y los trabajadores registrados formalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Cabe mencionar, que una de cada 3 mujeres ocupadas labora en este sector, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

El aumento en la economía formal está vinculado con que 65 por ciento de las y los trabajadores del país no tengan acceso a la seguridad social, refiere el informe del Cereal con base en información oficial.

CANANENSES EN RESISTENCIA

Mientras las y los electricistas, junto con millones de trabajadoras y trabajadores quedaron sin empleo y en la informalidad, en el norte del país, la comunidad minera de Cananea, Sonora, sostiene una huelga de más de dos años en busca de condiciones de seguridad e higiene, que eviten la muerte de cientos de mineros de la región.

Los trabajadores del cobre, junto con sus esposas organizadas en el Frente nacional de mujeres en lucha por la dignidad de los trabajadores de México, sostienen que no darán un paso atrás, a pesar de que en febrero pasado las autoridades del trabajo desconocieron su movimiento.

El 31 de julio de 2007, trabajadores de la Sección 65, 17 y 201 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, izaron las banderas rojinegras, en Cananea, Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas.

Dos años y siete meses después, las autoridades del trabajo desconocieron el movimiento de la sección 65, y les ofrecieron una liquidación que en promedio asciende a 170 mil pesos por trabajador.

Además de mejorar las condiciones de seguridad e higiene, los mineros cananenses demandaron una revisión contractual, a fin de optimizar sus prestaciones y salarios.

MAYORÍAS RECIBEN SALARIO INSUFICIENTE

En el país, las mayorías trabajadoras perciben salarios que no les permite cubrir sus necesidades primordiales. Esta situación es todavía más alarmante para las mujeres, sobre todo para las obreras y artesanas, quienes en promedio perciben un ingreso 38.4 por ciento menor que el de los hombres.

En 2009 de las 16.9 millones de trabajadoras en el país, 61 por ciento percibió de uno a tres salarios mínimos, considerados insuficientes para costear la canasta básica alimenticia. En tanto, de los 27 millones de trabajadores, 51 por ciento se encontró en esa circunstancia.

Otro indicador que da cuenta del deterioro laboral, es que en ese año, 10 por ciento de las trabajadoras y 8 por ciento de los trabajadores del país laboraron sin percibir ingresos.

VIOLENCIA DE ESTADO

De acuerdo con el informe del Cereal, el deterioro laboral, que se agudizó debido a que el gobierno federal optó por medidas anticrisis que “precarizaron” el mercado de trabajo, sólo puede llamarse violencia de Estado.

“No puede sino llamarse así, categorizarse así, al deterioro imparable del derecho a una vida digna. No puede sino analizarse así, la progresiva obstaculización y negación de legítimas aspiraciones de millones de mexicanos y mexicanas”, indica en un comunicado difundido en el marco del Día Internacional del Trabajo.

Ante a este panorama, especialistas en el tema como Rosario Ortiz Magallón, refieren que el sindicalismo es la forma en la que mujeres y hombres pueden exigir que sus derechos se cumplan.

Sin embargo, en México, este derecho, establecido en la Ley Federal del Trabajo, no se respeta, manifestaron ayer sindicalistas, abogadas y abogados laborales, integrantes del jurado del Tribunal Internacional de Libertad Sindical, tras analizar más de una docena de casos, presentados por trabajadoras y trabajadoras del país.

La falta de soluciones por parte de las autoridades mexicanas deriva en la búsqueda de justicia en el extranjero, este es el caso de las esposas y familias de 28 de los 63 mineros fallecidos en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, el 19 de febrero de 2006.

En febrero de este año, luego de agotar las instancias en el país, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que la primera semana de abril notificó a las y los familiares que analizará las violaciones a sus derechos humanos, para ver su admisibilidad.

Pide a cambio una recomendación
Rechaza gobierno posible convenio de OIT sobre trabajo doméstico



Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 30 abr 10 (CIMAC).- A pesar de reconocer el deterioro de las condiciones laborales de 1.8 millones de trabajadoras del hogar en México, el gobierno federal rechazó la posibilidad de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emita un convenio que obligue a sus Estados parte que lo firmen, a respetar los derechos de las trabajadoras del hogar.

En lugar de un convenio, el gobierno mexicano propuso que la OIT realice una recomendación, en la que sólo sugiera las políticas que los países firmantes deben llevar a cabo para generar mejores condiciones de trabajo para las empleadas del hogar.

Así lo informó a Cimacnoticias Rosario Ortiz Magallón, ex legisladora integrante del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, quien calificó como “incongruente” la respuesta que el gobierno federal dirigió a este organismo internacional, porque al tiempo que propuso una recomendación en vez de un convenio, reconoció la “precariedad” en la que se ocupa este sector.

Cabe mencionar que este mes, México, junto con doce países del continente, respondió un cuestionario que la OIT les envió para que informaran sobre las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar en cada nación.

En su respuesta, el gobierno mexicano reconoció que las trabajadoras del hogar laboran en circunstancias de “explotación, y de violencia sexual y laboral” (Cimacnoticias 9 abr 10).

Sin embargo, frente al “grave” escenario sólo propone una recomendación, “lo que quiere decir que no desea establecer el reconocimiento y la obligación del Estado mexicano para generar las leyes y políticas a favor de las trabajadoras del hogar”, lamentó la sindicalista.

Ello se debe a que “no tiene interés en que las mujeres tengamos derechos laborales plenos”. Y simultáneamente “al negarles garantías como la seguridad social, refleja una postura discriminatoria”, concluyó Ortiz Magallón.

RESPUESTA INTERNACIONAL

En los cuestionarios de la OIT, al igual que México, Guatemala y Canadá se manifestaron a favor de sólo una recomendación. Bolivia y Perú a favor de sólo un convenio, y Colombia se pronunció por un convenio y una recomendación.

Mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay consideran conveniente que la OIT emita un convenio complementado por una recomendación. Y Argentina favoreció un convenio que incluya disposiciones obligatorias y otras que no lo sean.

El cuestionario también lo respondieron diversas organizaciones sindicales de la región, quienes en su mayoría estuvieron de acuerdo con la emisión de un convenio.

En México, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) se pronunciaron por la creación de un convenio, complementado con una recomendación.

Rosario Ortiz consideró positiva la respuesta de los sindicatos mexicanos, manifestó que pese a la “desfavorecedora” propuesta del gobierno federal, confía en que la OIT se pronuncie por la creación de un convenio para las trabajadoras del hogar, durante la siguiente conferencia de este organismo, que se celebrará en junio próximo.

Las trabajadoras deben tener la mayor cobertura en términos de obligación para que se genere la política y la legislación correspondiente a fin de lograr la protección de sus derechos, afirmó.
No irán a la cárcel, pero si son criminalizadas
Esperan 9 mujeres en Puebla sentencia por practicarse un aborto


Por Dalia Patiño, corresponsal

Puebla, Pue, 30 abr 10 (CIMAC).- En 8 municipios de Puebla hay 30 casos de mujer
es indiciadas por practicarse un aborto, 9 de ellas ya fueron consignadas y 21 más enfrentan procesos de averiguaciones previas; esto de acuerdo a los datos revelados por la Procuraduría General de Justicia, como parte del último informe que rindió el titular de la dependencia, Rodolfo Igor Archundia.

Los municipios en los que se registran estos casos son: Acatlán, Cholula, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Teziutlán, Tepexi de Rodríguez, Puebla y Tehuacán, en estos dos últimos municipios, se presentan el mayor número de casos con 7 y 8, respectivamente.

De las nueve mujeres que enfrentan ya un proceso penal se espera aún la respuesta del juez y su sentencia; sin embargo cabe recordar que en este estado el aborto no es considerado como un delito grave, lo que limita de alguna forma el encarcelamiento. No obstante eso no impide que estas mujeres sí estén siendo criminalizadas.

Aunque el código Penal en Puebla permite la práctica del aborto con causales como peligro de la madre, peligro del producto, malformaciones o violación, no existe el procedimiento que facilite a una mujer la interrupción del embarazo producto de una violación.

En dichos casos, el procedimiento se sujeta a la autorización de los Ministerios Públicos, quienes pueden retrasar a más de 3 meses su aprobación.

La ley sobre el aborto en Puebla ha sido calificada por diversas organizaciones como un retroceso en la lucha por la igualdad y el respeto a los derechos de las mujeres, sobre todo cuando se hacen reformas que obedecen a negociaciones mediáticas con la jerarquía de la Iglesia Católica.

En este sentido y como parte de su vista a la Universidad Iberoamericana, Patricia Mercado, presidenta del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, se pronunció en contra de estos “intercambios” que tienen como finalidad la venta del voto a costa del derecho básico de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y salud.

VAN 278 RECURSOS Y AMPAROS

Así, a poco más de un año de que fue aprobada la ley que “protege la vida desde su concepción hasta la muerte, salvo sus excepciones”, unas 278 mujeres poblanas en edad reproductiva han interpuesto recursos de inconstitucionalidad y amparos en diferentes instancias, como la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, sin que hasta el momento se tenga una respuesta.

Vianey González, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Mujer (Ddeser) con presencia en Puebla, recordó que el 5 de marzo de 2009, fue presentada esta iniciativa de reforma por los diputados de la fracción priísta José Othón Bailleres Carriles y Pablo Fernández del Campo, y fue aprobada sin mayor análisis ni consenso el 12 de marzo del mismo año y publicada el 3 de junio de 2009.

Vianey González refiere que ante ese albazo se recurrió a la controversia constitucional promovida por el municipio de Palmar de Bravo (de extracción panista), ya que fue el único en manifestar su desacuerdo por las modificaciones a las reformas del estado. Sin embargo el alcalde reviró y se negó a impulsar este proceso.
Para el 15 de julio de 2009 un total de 115 mujeres interpusieron amparos directos ante el juzgado décimo de distrito; pero el recurso nuevamente fue desechado.

Posteriormente se volvieron a reagrupar y el 2 de diciembre de 2009 de nueva cuenta 163 poblanas se ampararon ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con la conciencia de que los procesos en estas instancias suelen dar respuestas hasta los 5 ó 10 años.

OPCIONES DE LAS POBLANAS

En el estado existen poco más de 5 millones de personas, de las cuales más del 50 por ciento son mujeres, y de este porcentaje la mitad se encuentra en edad reproductiva; sin embargo el tema de la despenalización del aborto no parece ser una prioridad en la agenda de propuestas de la mayoría de candidatos y candidatas a diputados que esperan ocupar una curul en la siguiente legislatura estatal.

Las posibilidades de las mujeres ante este precario escenario se focalizan en el Distrito Federal, donde la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación, permite a muchas mujeres del estado y de otros, acceder a esta práctica en clínicas donde no se ponga en riesgo su vida y su salud.

LAS CIFRAS EN EL DF

Cifras que reportan las autoridades de salud en el DF, desde que se despenalizó el aborto, se han practicado 38 mil 126 abortos. En el DF se observa que las solicitudes de las poblanas han aumentado 82 por ciento de 2007 a 2009.

En el 2007 se registraron sólo 8 casos, en el 2009 la cifra aumentó a 66 y hasta marzo de este año ya se habían practicado 33 procedimientos para mujeres poblanas.

En la entidad opera el Fondo de Aborto para la Justicia Social (Fondo María), el cual trabaja para asesorar y apoyar a mujeres del estado que no cuenten con recursos para el traslado y hospedaje, y que buscan acceder a una interrupción segura del embarazo no deseado, en el Distrito Federal.
La propuesta obedece al mandato de la CoIDH por caso Radilla
Presentan PRD y PT en San Lázaro, iniciativas de reforma al Código de Justicia Militar


Por Gladis Torres Ruiz

México, D.F 30 abr 10 (CIMAC).- Legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), presentaron, por separado, iniciativas para reformar el Código de Justicia Militar (CJM), para que las autoridades civiles sean las encargadas de investigar, juzgar y sancionar a los elementos de las fuerzas armadas que cometan violaciones a los derechos humanos de civiles.

Al presentar la iniciativa, el coordinador del PRD en San Lázaro, Alejandro Encinas, señaló que es evidente que el fuero militar “vulnera, en su acción cotidiana, diversos derechos y garantías constitucionales, como la del acceso a la justicia y la presunción de inocencia, no sólo para los integrantes de los cuerpos armados, sino también para la población en general”.

La iniciativa reforma y deroga los artículos 57, 58, 78, 153, 154, 156, 330, 435, 442, 603 y 740 del CJM.

El objetivo, dijo Encinas, es eliminar la extensión extraordinaria del fuero militar hacia los delitos del orden común, toda vez que esta disposición contraviene lo previsto en el artículo 13 constitucional.

En su intervención en tribuna, el legislador del sol azteca, dijo que lo que propone es que el Ministerio Público militar únicamente conozca de hechos que probablemente puedan constituir un delito de competencia de los tribunales militares, previa declinación de la competencia del Ministerio Público ordinario.

Agregó, que quienes suscriben dicha iniciativa rechazan de manera contundentemente, el uso discrecional de la fuerza coercitiva del Estado en contra de la población civil y, de manera específica, “impugnamos las políticas implementadas por el gobierno federal en materia de seguridad pública y nacional”.

En el mismo tema y por separado, el diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa que reforma los artículos 57 y 58 del Código de Justicia Militar, para establecer la responsabilidad de las Fuerzas Armadas ante la sociedad y los poderes del Estado.

El legislador aseguró que “esta iniciativa tiene la finalidad de promover una reforma legislativa que coadyuve en el cabal cumplimiento con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, el pasado 23 de noviembre de 2009- por el caso de desaparición forzada del activista guerrerense Rosendo Radilla- y guiar la convicción de que el fuero militar es vital para mantener la disciplina de las Fuerzas Armadas de acuerdo a sus reglas particulares”.

Ibarra Pedroza afirmó que la extensión del fuero militar representa un conflicto para el principio de la división de poderes, ya que la propia Secretaría de la Defensa Nacional se encarga de nombrar y dirigir a los funcionarios en la procuración e impartición de justicia; por lo tanto, concentra funciones ejecutivas y judiciales a la vez.

Cabe recordar que el pasado 8 y 9 de marzo México compareció ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para presentar su quinto informe sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El Comité observó diversas violaciones a los derechos humanos, en especial de las mujeres.

Anteriormente, en junio de 2009 y en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), el Estado mexicano compareció ante la ONU, de esa revisión emanaron 91 recomendaciones acordadas por representantes de 47 países. Desde entonces los temas de preocupación para Naciones Unidas han sido los mismos.

Entre ellos, implementar acciones concretas y efectivas para combatir la impunidad, eliminar la figura del arraigo, garantizar que la justicia civil juzgue las violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares, así como reforzar las medidas y acciones para erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres
Podría haber periodo extraordinario en Cámara de Diputados

Frenó el PRI dictamen que eleva DH a rango constitucional



Por Gladis Torres Ruiz

México, D.F 30 abr 10 (CIMAC).- El dictamen que eleva los Derechos Humanos (DH) a rango constitucional, aprobado en lo general por las Comisiones de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, se quedó “atorado” ayer en la Cámara de Diputados, y podría ser sometido al pleno, si se convoca a un periodo extraordinario de sesiones.

En una circular entregada ayer a las y los integrantes de las Comisiones Unidas, los diputados presidentes Juventino Castro y Castro y Rubén Moreira Valdez, respectivamente, señalan que la iniciativa no fue aprobada en el periodo ordinario de sesiones que concluyó ayer porque algunos integrantes del PRI pidieron un “análisis mas detenido”.

Los integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidieron analizar el proyecto que modifica la denominación del Capitulo I del titulo Primero y Reforma diversos artículos de la Constitución y proponen en su caso solicitar se convoque un periodo extraordinario de sesiones con este tema.

El Capítulo Primero de la Constitución es conocido como “De las garantías individuales”, y según el dictamen de la minuta enviada por la Cámara de Senadores se cambiaría por el “De los derechos humanos y sus garantías”.

La circular de la que Cimacnoticias tiene copia, señala que en los primeros días de mayo, antes de dictaminar las Comisiones Unidas la discutirán con amplitud, para turnarla a la brevedad posible al pleno para sus efectos.

El pasado miércoles con 17 votos a favor de la Comisión de Puntos Constitucionales y 25 de la de Derechos Humanos, ambos órganos legislativos aprobaron las modificaciones a los artículos 11, 15, 18, 29,33, 89, 97, 102, y 105 de la Carta Magna, sin embargo se guardaron para su discusión en lo particular los artículos 29, 33, 97 y 102, lo que mantiene “atorada la iniciativa”.

Al respecto la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH, por sus siglas en inglés) lamentó la decisión de la Cámara de Diputados de no aprobar en el presente periodo ordinario de sesiones el dictamen procedente del Senado de la República.

En comunicado de prensa afirma que confía en que se cumplirá el acuerdo entre las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en el sentido de que será en los primeros días de mayo cuando ambas comisiones discutirán la reforma constitucional en DH.

Precisa que el dictamen aprobado el 8 de abril en el Senado contiene aspectos que de ser aprobados por la Cámara de Diputados supondrían un avance sustantivo en favor de los DH de las personas a la luz de los compromisos internacionales asumidos por el Estado.

De igual manera el organismo internacional, informa que ha seguido de manera puntual el debate público sobre el tema y ha constatado el amplio consenso social, nacional e internacional, a favor de su aprobación, por lo que espera que la Cámara de Diputados apruebe la reforma de conformidad a la recomendación realizada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU al Estado mexicano.

Ayer fue clausurado el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la Cámara de Diputados, y se integró la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que funcionará durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXI Legislatura.

Sin embargo, se prevé un Periodo Extraordinario de Sesiones en mayo para debatir la nueva Ley de Derechos Humanos y la reforma laboral, entre otros probables temas.


Aquí han sido asesinadas 120 mujeres en lo que va del año
Llega a Honduras campaña regional contra el feminicidio

Por Carolina Velásquez, enviada

Tegucigalpa, Hon. 30 abr 10 (CIMAC).- Organizaciones feministas y civiles de Centroamérica y México presentaron hoy, en las instalaciones del Movimiento por la Paz “Visitación Padilla”, la Campaña regional por el acceso a la justicia para las mujeres de la que forman parte Guatemala, El Salvador, Nicaragua, México y Honduras.

Ante 33 medios de comunicación de prensa escrita, radio, TV y paginas Web, Gladys Lanza --coordinadora nacional del movimiento feminista conocido aquí como “las chonas”— señaló que el objetivo de la campaña es llamar a la sociedad civil y a los Estados para terminar con la impunidad y se haga justicia a las mujeres y sus familias que han sido víctimas de feminicidio (muerte violenta) en la región.

La campaña regional se suma a los esfuerzos de la Tribuna de Mujeres Contra los feminicidios, del que forma parte el Movimiento por la Paz “Visitación Padilla” creado hace 26 años, que el pasado 8 de marzo Día Internacional de la Mujer lanzó una campaña nacional con el lema “¡En memoria de sus vidas, no dejaremos impune sus muertes”.

En 2010, Honduras ocupa el segundo lugar, luego de Guatemala, con mayor incidencia de mujeres asesinadas de forma violenta en Centroamérica, con 405 casos en 2009 y 120 de enero a abril de este año.

En el acto, Gladys Lanza retomó la información presentada el pasado 8 de marzo en la que se denunció que actualmente en Honduras no se puede hablar de la ocurrencia del feminicidio sin mencionar el golpe de Estado que se efectuó en junio de 2009.

A partir de ese período hasta la fecha se registraron importantes violaciones a los derechos humanos de las mujeres, dijo. Entre estas violaciones están los ataques físicos, violencia física y verbal, violencia sexual y violación a la libertad de expresión, entre otras.

Estas agresiones fueron registradas por organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, como Feministas en Resistencia, Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPRT), que contabilizaron más de 400 casos con estas características en el período correspondiente a junio-noviembre de 2009.

Los asesinatos violentos de mujeres constituyen una de las formas más extremas de violencia por razones de género. Cada día se visibilizan asesinatos dolosos de mujeres cometidos por misoginia y discriminación. Una realidad vigente en Centroamérica y México es que la mayoría de estos casos siguen sin resolverse, en general eso sucede debido a la falta de acceso a la justicia, produciendo altos niveles de impunidad.

En la comparecencia pública se señaló que son preocupantes los datos más recientes sobre el feminicidio en Centroamérica y México.

El Procurador de Derechos Humanos de Guatemala informó que en 2009 en ese país se registraron 720 muertes violentas; El Salvador, según el Instituto de Medicina Legal, documentó 579 feminicidios; en Honduras, a través del Centro de Estadística de la Corte Suprema de Justicia, se informó de 405 asesinatos de mujeres.

Siempre en el mismo año, en Nicaragua la Red de Mujeres contra la Violencia, a través de un monitoreo que realiza en distintos medios de comunicación, registró 79 asesinatos de mujeres.

En México el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio registró 529 homicidios de mujeres a través de la información obtenida únicamente de ocho Procuradurías Estatales (Baja California, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas).

Todos estos escenarios de violencia extrema contra las mujeres representan una problemática regional que afecta de manera sustancial los derechos humanos de las mujeres.

Lamentablemente la mayoría de las legislaciones y normativas han ponderado sólo la violencia familiar y prácticamente no han tomado en cuenta otros tipos de violencias que se comenten en ámbitos públicos y privados: trata de personas, violencia sexual, violencia institucional y feminicidio.

Entre las acciones de la Campaña Regional por el Acceso a la Justicia para las Mujeres está la convocatoria a diversas instancias internacionales protectoras de los derechos humanos para integrar una misión que revise, documente y conozca la problemática a nivel regional.

A través de visitas a zonas donde se estén documentando altos índices de violencia contra las mujeres y feminicidio, para que se pronuncien sobre la atención que los Estados dan a esta problemática, la Misión hará un recorrido por México, Honduras y Nicaragua, se espera que llegue a la región en la última semana de septiembre y primera de octubre de este año.


Hay que hacer de la sentencia de CoIDH una herramienta jurídica: Marrufo
Presentan libro “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez



Por Gladis Torres Ruiz

México, D.F 30 abr 10 (CIMAC).- Hoy se presentó en Ciudad Juárez el libro “Campo Algodonero, un análisis detallado y las propuestas para el seguimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano por el feminicidio de 3 de 8 mujeres, ocurrido en ese predio donde se cultivaba algodón.

En entrevista con Cimacnoticias la activista y abogada Imelda Marrufo Nava, señaló que con el documento se busca que la sociedad en general comprenda la problemática y qué implica la sentencia de la CoIDH, y lo más importante, “cómo nos puede servir de instrumento para exigir los derechos humanos de las mexicanas”.

La integrante de la organización Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, dijo que la sentencia no es el punto final de un proceso judicial, ahora hay que garantizar que se cumpla y apropiarnos de ella como una herramienta jurídica y política para reflexiones y acciones a nivel local, regional e internacional.

Marrufo Nava, indicó que la sentencia es emblemática porque condena al Estado por violar derechos y señala su responsabilidad internacional por incumplir sus deberes en un contexto de violencia contra las mujeres, que se ha documentado en Ciudad Juárez, desde 1993.

Además por ser un caso vigente, marcado por la impunidad y porque define acciones de reparación del daño para las personas ofendidas directamente, así como medidas de no repetición, entre otras más, afirmó la activista.

El 10 de diciembre del 2009, la Corte publicó su sentencia para el caso González y Otras, mejor conocido como “Campo Algodonero”, condena al Estado mexicano por violar los derechos humanos de tres mujeres desaparecidas, torturadas y asesinadas en Ciudad Juárez, México, así como por violar derechos humanos de sus madres y familiares.

En ese contexto, hoy la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), presentaron el libro: “Campo Algodonero” Análisis y Propuestas para el Seguimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano”.

El libro creado por dichas organizaciones con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Stiftung y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, se presentó en el Colegio de la Frontera Norte.

Acudieron a la presentación Luz Estela Castro, abogada de la organización Justicia para Nuestras Hijas y directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, las abogadas Andrea Medina e Imelda Marrufo Nava, así como familiares de las mujeres desaparecidas recientemente en la entidad.

Al término de la presentación, familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio, se dirigieron junto con las activistas a las instalaciones de la procuraduría del estado, para demandar justicia y la búsqueda de las mujeres.

En un comunicado, las activistas informaron que el libro es un análisis con elementos sobre la situación de violencia contra las mujeres en ciudad Juárez. Contiene un disco compacto con la sentencia publicada y otros documentos de contexto y jurídicos que fueron retomados por la CoIDH para emitir la sentencia.