8/12/2017

Programa Tiempo de Mujeres en CFRU la radio universitaria de Guelph sab 12 ago 2017


TIEMPO DE MUJERES
Desde cfru 93.3 fm la Radio de la Universidad de Guelph
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MUJERES POR LA DEMOCRACIA
Bienvenida al programa de hoy

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Noticias de Género en la Red
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 iniciamos este programa con palabras de Silvia Federici, escritora, profesora y activista feminista italo-estadounidense quien en sus trabajos reivindica que el trabajo reproductivo y de cuidados que hacen gratis las mujeres es la base sobre la que se sostiene el capitalismo. En los años setenta fue una de las impulsoras de las campañas que comenzaron a reivindicar un salario para el empleo doméstico, en la década de los 80 trabajó por varios años como profesora en Nigeria, estas trayectorias convergen en dos de sus obras más conocidas: Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria (2004)1​ y Revolución en punto cero: trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas del (2013). Se sitúa en el movimiento autónomo dentro de la tradición marxista. En la actualidad es profesora emérita de la Universidad Hofstra en Nueva York. ella estuvo en el Conosur en un seminario abierto y hablo sobre su obre Calibán y la bruja

 - Hablemos de igualdad de género - 
Y tenemos un interesante artículo para aquellos que aún se cuestionan sobre la desigualdad de género, todos los gobiernos en el mundo presumen democracia, equidad, justicia y respeto, lo cual es enorme mentira ya que sabemos que no estamos las mujeres en las mismas condiciones que los hombres, hay diversas normas internacionles que exhortan a los países a integrar a las mujeres a todos los ámbitos sociales, políticos y económicos para un avance como sociedad en conjunto, pero poco o nada a servido.

- La Prostitución en Colombia en el post-conflicto-
En este programa consideramos que la prostitución no es un trabajo y si una práctica de violencia contra las mujeres, porque es en la prostitición que la mujer no sólo es explotada sexualmente, sino desaparecida, asesinada y violentada en sus derechos humanos, hoy tenemos un artículo de la Presidenta de CATWLAC, Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés)

-Cuando el abusador es un familiar-
Y nuestra compañera Ilka Oliva Corado desde sus crónicas de una inquilina nos habla sobre la migración forzada y sus consecuencias, sumado a lo difícil que es migrar, lo es peor aún cuando hay que dejar a los hijos encargados con familiares, que en muchas de las ocasiones abusan sexualmente de las y los menores, hablremos de 

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Todos los Sábados de 6 a 9 de la noche
(tiempo del Este)

Hablemos de igualdad de género



Lilia Mónica López Benítez*
La igualdad de género y concretamente la igualdad en el ámbito jurisdiccional, es un tema que no está del todo comprendido en México y el mundo.
En nuestro país, la participación de la mujer en la vida social y política debe ser una preocupación de los tres poderes del Estado, pues su intervención en igualdad en todos los niveles de decisión resulta indispensable para el desarrollo sostenible, la paz y la democracia.
Son varias las normas suscritas por el Estado mexicano que disponen pautas vinculadas con la participación de las mujeres en las esferas de decisión: por ejemplo, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw por sus siglas en inglés) exhorta a los Estados Parte a tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública, garantizando, en igualdad de condiciones, el derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.
La Convención además prevé que los Estados Parte adoptarán todas las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, para asegurar, en condiciones de igualdad, idénticos derechos; en particular las mismas oportunidades de trabajo, inclusive en la aplicación de criterios de selección laboral.
Otro documento relevante, a nivel interno, es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007. Entre sus principios rectores destaca la igualdad jurídica de la mujer y el hombre; el respeto a la dignidad humana, la no discriminación y la libertad de las mujeres.
No obstante, pese al enorme avance de estas normas, la brecha entre el orden normativo y la efectivización de los derechos sigue teniendo dimensiones preocupantes.
En los últimos años se observan mujeres en lugares antes destinados para los hombres; sin embargo, todavía el nivel de representatividad en los cargos de mayor jerarquía sigue siendo limitado. En el informe intitulado El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: la ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos alertó a los Estados en el sentido que el acceso de las mujeres a mayores oportunidades educativas y a capacitación no se está traduciendo en una trayectoria laboral libre de discriminación reflejada en un acceso igualitario al empleo, en promociones y en puestos de dirección y de mayor jerarquía. Señala que el marco normativo resulta todavía insuficiente, verbigracia, en los regímenes de licencia por paternidad y parentales, y en la disponibilidad de guarderías.
Por otra parte, advierte que la gran mayoría de los esfuerzos estatales están exclusivamente orientados hacia las madres; tendencia que refuerza el problema de la división sexual del trabajo y fomenta la sobrecarga de labores de las mujeres al interior de sus familias. Las mujeres todavía enfrentan un conjunto de obstáculos definidos a su inserción laboral, como la división sexual del trabajo, la demanda del cuidado y la segregación ocupacional, entre otros.
Pero, previo a hablar de normas que procuran evitar la discriminación por género, debemos preguntarnos el significado de este concepto. Así tenemos un segmento de la producción de conocimientos que se ha ocupado de este ámbito de la experiencia humana sobre la significación de ser mujer u hombre en cada cultura y en cada persona.
Mabel Burin, en su libro Género y Familia. Poder, amor y sexualidad en la construcción de la subjetividad refiere que la idea general, mediante la que se diferencia al género del sexo, es que el segundo queda determinado por la diferencia sexual inscrita en el cuerpo, mientras que el género se refiere a los significados que cada sociedad le atribuye.
En este sentido, los modos de pensar, sentir y comportarse de ambos géneros, más que tener una base natural invariable, se deben a construcciones sociales, familiares y culturales asignadas de manera diferenciada entre mujeres y hombres.
Por medio de tal asignación, a partir de estadios muy tempranos en la vida de cada infante, se incorporan ciertas pautas de configuración síquica y social que dan origen a la feminidad y la masculinidad.
Entonces, al género se le define por una serie de creencias, rasgos de la personalidad, actitudes, valores, conductas y actividades que nos diferencian. Tal diferenciación es producto de un largo proceso histórico de construcción social, que no sólo produce diferencias entre lo femenino y lo masculino, sino que, a la vez, implican desigualdades y jerarquías entre ambos.
Las relaciones entre géneros son eminentemente de poder, de relaciones de dominación.
La mayoría de los estudios se han centrado en la predominancia del ejercicio del poder de los afectos en el género femenino y el poder racional y económico en el masculino.
La noción de género suele ofrecer dificultades cuando se le considera como un concepto totalizador que vuelve invisible la variedad de determinaciones con que nos cons
truimos como personas: raza, religión, clase social, etc. Todos son factores que se entrecruzan durante la construcción de nuestra subjetividad; por tanto, el género jamás aparece en forma pura, sino enlazado con estos otros aspectos.
El siguiente punto a dilucidar consiste en desentrañar si dentro del ámbito jurisdiccional, la mujer aporta una visión distinta a la justicia o dicho de otra forma, si juzga en forma diferente respecto del juez, magistrado o ministro. La respuesta la intentaremos dar en la siguiente entrega.
*Magistrada federal y académica universitaria

La Prostitución en Colombia en el post-conflicto


Mujeres cautivas
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*

 En esta ocasión quisiéramos referirnos a las graves violaciones a los Derechos Humanos de mujeres y niñas y demás población explotada sexualmente en la prostitución en Colombia, víctimas de violencia de género extrema. La Iniciativa por la Equidad de Género ha constatado la ausencia de la debida diligencia por parte del Estado colombiano para investigar, perseguir y castigar a perpetradores de inducción, constreñimiento a la prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual, delitos que se configuran aún con el consentimiento de la víctima.
 
También se ha constatado cómo sentencias de las altas Cortes en los últimos años protegen el “derecho al trabajo” de proxenetas (propietarios y administradores de establecimientos destinados a la explotación de la prostitución ajena), así como un Código Nacional de Policía que reglamenta las conductas de establecimientos, clientes y personas en “situación de prostitución”, logrando un marco socio-jurídico favorable a la industria del sexo, con un efecto directo en la descriminalización tácita del proxenetismo y la trata de personas con fines de explotación sexual. 
 
La Iniciativa Pro Equidad de Género ha documentado al menos 8 casos en prensa, y a través de testimonios de mujeres en situación de prostitución, desde finales del 2015 a la fecha, de mujeres que han sido asesinadas en establecimientos de prostitución, o por sus “parejas”, con perfiles correspondientes a mujeres explotadas sexualmente en la prostitución.
 
Las mujeres en situación de prostitución viven graves violaciones a sus Derechos Humanos fundamentales y son sometidas a tortura o tratos crueles inhumanos y degradantes, secuestro, desaparición, feminicidio, entre otros.  
  
Adicionalmente, nos parece importante que ONU Mujeres promueva el lenguaje utilizado en el derecho internacional y de los Derechos Humanos, sobre la prostitución. Se sugiere que al hablar de prostitución, se evite utilizar términos como “Trabajo Sexual” que llevan a invisibilizar las violencias contra las mujeres inherentes en ella, favoreciendo la impunidad de los explotadores sexuales (proxenetas e intermediarios), poniendo la responsabilidad de la explotación sexual en las víctimas.
 
Contexto actual de las mujeres explotadas sexualmente en la prostitución y tratadas con este fin, en Colombia: 
 
1. Se ha constatado el impacto desproporcionado del conflicto armado y el desplazamiento forzado en los derechos fundamentales de las mujeres en Colombia, donde todos los grupos armados han abusado, violado, explotado y tratado a mujeres, niñas, niños y adolescentes durante esta larga guerra.
 
2. También se ha comprobado que en contextos postconflicto en el mundo se tiende a empeorar la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y aumenta la explotación sexual en la prostitución, así como la trata de personas con este fin. Los grupos post-desmovilización y los traficantes de armas, cambian el negocio de la guerra por el negocio de la trata de personas que, junto con el tráfico de drogas, son los socios fundamentales del proxenetismo. 
 
3. El proxenetismo y la mal llamada “industria del sexo” se alimenta sin restricción, principalmente, de las niñas y mujeres que son los grupos más vulnerables de la sociedad. Ellas pertenecen a poblaciones tradicionalmente discriminadas, con escasa escolaridad y recursos, además de venir de un continuo de violencias de género, y luego explotadas y tratadas para la explotación sexual y, finalmente, asesinadas porque no satisfacen a proxenetas y hombres que pagan por utilizarlas sexualmente. De hecho, es el grupo humano con más riesgo de ser asesinado en el mundo. La explotación sexual en la prostitución tiene impactos graves para su salud mental y física, así como afectaciones directas en la salud e integridad de sus hijos e hijas.
 
4. Además de las mujeres colombianas víctimas del conflicto armado, la violencia de la que son víctimas y la exclusión social, la crisis en Venezuela ha hecho que muchas mujeres sean atrapadas por las redes de trata y explotación sexual en Colombia, que además de ser país de destino, es conocido en el mundo como país de origen de víctimas tratadas hacia Ecuador, Panamá, México y otros continentes, todo esto facilitado por normativas que consideran la prostitución como “trabajo sexual”.
 
5. Adicional a una tradición de economías extractivas, cultivos temporales y narcotráfico; el turismo se está presentando actualmente como la mega industria postconflicto, y esto asociado a la naturalización de la explotación sexual como “trabajo sexual”, hace que la “industria del sexo” utilice la infraestructura del turismo y la termine desplazando, con enormes impactos en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
6. La explotación sexual en la prostitución está normalizada tanto culturalmente, como en la actuación histórica del Estado colombiano, con una visión de salud pública o de convivencia en el espacio público, que ha dejado la responsabilidad de la explotación sexual en las víctimas, muy a pesar del bloque de constitucionalidad y el Código Penal Colombiano.
 
7. Supuestos “sindicatos de trabajadoras sexuales”, la academia y organizaciones han avanzado en una agenda en los últimos años para lograr una jurisprudencia favorable a la “industria del sexo” en Colombia. Estas sentencias en realidad no protegen a las mujeres, sino que sugieren soluciones que terminan facilitando su explotación sexual y la impunidad de tratantes y explotadores sexuales, efectos que ya son visibles en la jurisprudencia de las altas cortes en la que se ha exonerado e incluso ordenado la indemnización de tratantes y proxenetas bajo el argumento del consentimiento de las víctimas.
 
8. Cada vez son más frecuentes escándalos en medios de comunicación relacionados con violencia sexual hacia mujeres en situación de prostitución, que terminan justificándola porque “fueron pagadas” y “ellas consintieron” o porque consideran que son “trabajadoras sexuales”.  No se entienden las causas estructurales ni los impactos de la prostitución en la vida de ellas, y los explotadores directos e indirectos no son judicializados ni visibilizados por la violencia que ejercen. 
 
9. Existe un modelo para abolir la explotación sexual que funciona en el mundo, llamado modelo de igualdad de género, nórdico o abolicionista: Este modelo no penaliza a las mujeres en situación de prostitución, pero si prohíbe que otros lucren con la explotación de la prostitución ajena, y desestimula la demanda. Adicionalmente crea políticas públicas integrales de apoyo a las personas tratadas y explotadas sexualmente en la prostitución, medidas preventivas en población vulnerable, y educa a la sociedad en igualdad de género.
 
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
 
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Ciudad de México .

Organizaciones solicitarán a Conavim prevenir trata de mujeres en Tlaxcala


Dependencia se negó a activar Alerta de Género 

Tras la negativa de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para tomar medidas para erradicar la trata de personas en Tlaxcala, organizaciones civiles del estado solicitarán por segunda vez que se active la Alerta de Violencia de Género (AVG). 
 
La decisión la tomaron luego de que este 4 de agosto la Conavim, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), negó aceptar la solicitud Alerta que ya se había solicitado por los casos de trata de personas y violencia sexual.
 
En conferencia de prensa en Tlaxcala, representantes del Colectivo Mujer y Utopía y de la organización Red Retoño informaron que de nuevo solicitarán que se activen medidas de emergencia, pero esta vez por desaparición de mujeres ya que este delito es “la matriz de otros crímenes frecuentes. 
 
En entrevista con Cimacnoticias la abogada de la Red Retoño, Miriam Pascual Jiménez, declaró que en aquella entidad la desaparición de mujeres puede culminar en violaciones sexuales  o feminicidio.
 
El 8 de agosto de 2016 la organización Todos para Todos solicitó al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) activar la AVG por trata de personas y violencia sexual,  la cual fue admitida. En este caso se conformó un Grupo de Trabajo que, luego de analizar el contexto de violencia de género, entregó al gobierno del estado un informe y recomendaciones que el 24 de noviembre aceptó cumplir el gobernador de la entidad, el priísta Mariano González Zarur. 
 
El 4 de agosto la Segob emitió un dictamen donde estableció que la Alerta no se aprobó porque el gobierno de Tlaxcala realizó “acciones suficientes” para implementar las recomendaciones. 
 
Sin embargo, la directora del Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuactzin, denunció que la Segob negó la AVG porque el grupo de trabajo de la Conavim “no analizó que el fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual se encuentra vinculado a delitos sexuales, al embarazo infantil y adolescente y a las desapariciones de niñas y mujeres”.
 
A ello, dijo, se sumó que la solicitud se hizo durante la transición de gobierno. “El gobierno saliente de manera simuladora aceptó las nueve recomendaciones del grupo de trabajo sin realizar absolutamente nada en el último mes de su administración, dejando a la administración entrante la responsabilidad de dar repuesta”, expuso.
 
También señaló como un factor negativo que las recomendaciones fueron “muy generales” –como solicitar la creación de un banco estatal de datos sobre las mujeres víctimas de violencia en la entidad–  y que no se propuso  que “realmente se buscara y atendiera a víctimas por trata de personas y violencia sexual”.
 
Por su parte la defensora de la Red Retoño, Montserrath Gheno, señaló que el “discurso mediático del actual gobierno, encabezado por el priísta Marco Antonio Mena Rodríguez, ha sido no reconocer el problema, minimizarlo e visibilizarlo”.
 
En un comunicado, firmado también por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio  (OCNF), las organizaciones  lamentaron que la Segob rechazara la AVG y se basara únicamente el recuento de los “esfuerzos” realizados por el gobierno para atender la trata y violencia sexual. 
 
También expusieron su preocupación por que el resolutivo recomienda al gobierno realizar políticas públicas para prevenir, erradicar y sancionar la trata personas que, aseguran, ya están establecidas en la estrategia Estatal y el Plan Sexenal contra la trata que aún están vigentes. Además, denunciaron, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 carece de una política clara y comprometida en la materia.
 
Las firmantes aseguraron que también es preocupante que se recomendara al gobierno identificar las rutas de movilidad de tratantes cuando organizaciones internacionales las han señalado desde hace 13 años. Miriam Pascual dijo que antes de precisar para qué municipios se solicitará la Alerta las organizaciones expondrán que todo Tlaxcala es un “foco rojo por el delito de trata y desaparición”, ya que se sabe que al menos en 36 de los 60 de municipios operan familias de tratantes.
 
Con la nueva solicitud buscarán que la Conavim emita recomendaciones y que estas vayan de la mano con indicadores de evaluación que “permitan medir verdaderamente que el gobierno estatal está cumpliendo sus obligaciones porque en esta solicitud los criterios de evaluación fueron muy ambiguos y subjetivos”, indicó la abogada. 
 
DESAPARICIONES CONSTANTES
 
Olga Tezmol, madre de Karla Romero Tezmol, niña de 11 años desaparecida desde 2016 y el único caso de la entidad por el que la Procuraduría local inició una carpeta de investigación, denunció que en los municipios dedicados a la trata de mujeres y niñas con fines sexuales “seguirán desapareciendo mujeres y niñas, seguirá el miedo o la indiferencia, porque la realidad es que esta ‘buena voluntad’ no refleja cambios estructurales”.
 
Tzmol dijo también que el dictamen de la Conavim y el propio informe que la instancia emitió “no representa a las víctimas, a quienes nunca se nos ha tomado en cuenta”. En ello coincidió Miriam Pascual, quien espera que tras la nueva solicitud se realicen mesas de trabajo a las que inviten a familiares víctimas de desaparición y organizaciones especializadas en el tema.
 
La AVG se solicitará porque, aun cuando las desapariciones de mujeres y niñas son constantes en la entidad, de 2012 a 2016 la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala reportó sólo  8 mujeres desaparecidas, 3 de ellas menores de edad.
 
No obstante, no hay certeza de las cifras ya que de 2012 a 2014 la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas señaló que desaparecieron 20 menores de edad en Tlaxcala, de las cuales 14 son niñas y 6 son niños, solo los niños fueron localizados.  
 
En tanto la Red Retoño y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres en el estado de Tlaxcala documentaron, de enero de 2016 a abril de 2017, 20 casos de desaparición, en su mayoría de menores de edad.
 
Olga Tezmol denunció la indiferencia de las autoridades por garantizar justicia pues dijo que desde enero de 2016 en el municipio de San Pablo del Monte han desaparecido 12 niñas y mujeres, quienes fueron rescatadas por sus familias, la mayoría con signos de violencia sexual, pero todas ellas siguen sin obtener justicia. “La ‘buena voluntad’ que el gobierno señala no se ha visto reflejada en nuestra realidad cotidiana”, sentenció.
 
Imagen retomada de Red Retoño
Por: Montserrat Antúnez Estrada Cimacnoticias | Ciudad de México .-

Gobernador de Chiapas pide a mujeres pintar bardas para enfrentar feminicidio


Responde con discursos a violencia de género 

El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, “alentó” a las mujeres del municipio Huixtla a poner un alto a la violencia de género pintando bardas en sus barrios y ejidos y aseguró que aquellos que las maltraten “se irán a la chingada y al Amate”, esto, horas después que se registrara un feminicidio en el municipio costeño, el segundo de esta semana y tercero en lo que va del mes.
 
A manera por demás banal, Velasco Coello respondió al problema de los feminicidios que suceden en Chiapas pidiendo a las asistentes que denuncien “en las redes sociales, en los medios de comunicación y en la Fiscalía Especializada para atender a las mujeres” para mandar “al Amate y a la chingada” a los que las maltraten.
 
Con una actitud paternalista, el gobernador las llamó “ustedes, mis mujeres” y les pidió que alzaran la mano para que repitieran a coro después de él: Vamos… A denunciar… A quien no… Respete… A las mujeres… Lo vamos… A mandar… Al Amate… ¡Y a la chingada!
 
“¡A ver a ver a ver, tranquilas!”, les decía a las asistentes, todas mujeres, cada que ellas lo ovacionaban, para luego asegurarles que les entregaría una clínica de atención a las mujeres, así como prometerles que “Los apoyos para las mujeres en Huixtla se van a intensificar”.
 
Ante el problema de feminicidio en Chiapas, donde tan sólo en lo que va de este mes de agosto, se registraron tres asesinatos, el gobernador sólo atinó a dar un retórico y sexista discurso: “Hay un tema que me preocupa mucho, en toda la costa hay violencia en contra de las mujeres y en Huixtla tienen que entender que a las mujeres se les respeta, que a las mujeres se les debe de apoyar, cuidar y proteger y nadie tiene el derecho a tocarlas ni con el pétalo de una rosa”.
 
Además, les pidió “su apoyo” para denunciar la violencia hacia ellas y no queden impune sus maltratadores: “Quiero pedirles que me ayuden, su apoyo, así como están grabando con sus celulares cada una de ustedes, quiero que me ayuden a denunciar, si ustedes tienen una amiga, una hermana, una prima, una vecina, una conocida que haya sido agredida física o sicológicamente que haga la denuncia en las redes sociales, en los medios de comunicación, a través de la Fiscalía especializada para atender a las mujeres.
 
“Para que acá en Huixtla no quede impune ningún delito en contra de las mujeres, y el que no respete a las mujeres en Huixtla, se vaya a la cárcel. Ustedes son mis ojos en los barrios, en las comunidades, en los ejidos, ustedes son mis mujeres que me deben de ayudar a combatir la violencia en contra de las mujeres en Huixtla.
 
“Me van a ayudar ¿sí o no?” preguntaba eufórico el joven gobernador del Partido Verde Ecologista de México y pidió: Quiero que levanten la mano todas mis compañeras acá presentes y que juntos digamos: ¡Basta a la violencia contra las mujeres!

Y remató pidiendo: “Necesito que me ayuden, que en su colonias, en sus barrios, pintando bardas con una mano que diga Basta a la violencia contra las mujeres y yo les pido ayuda a cada una de ustedes. ¡Que dios los bendiga mucho!”
 
En esta semana se registró el feminicidio de Lizet, una mujer de 21 años en el municipio de Huixtla, de oficio mesera, cuyo cadáver fue encontrado a las afueras del municipio; un día antes se informó sobre Rosa, de 60 años de edad, quien de igual forma fue encontrada entre matorrales con evidentes señas de violación sexual y tortura, y el 9 de agosto en el municipio de Ocosingo, Esveydi, una joven de 16 años fue asesinada a puñaladas.
 
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Valeria Valencia Salinas Cimacnoticias | San Cristóbal de Las Casas, Chis.- 

Alerta de Género: Desinterés del Estado por proteger la vida de las mexicanas


Alertas se activan pero no atiende violencia de género

En una década 27 entidades del país han solicitado la Alerta de Violencia de Género (AVG) pero sólo se ha declarado para 83 municipios de 11 estados: Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Colima, Sinaloa, Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Morelos y el Estado de México. 

En 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que mandata en su artículo 22 la creación de la AVG como un instrumento de emergencia para salvar la vida de las mujeres y niñas mexicanas.

Impulsada por legisladoras feministas, la Alerta se pensó como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia en la que intervinieran los 3 órdenes de gobierno para atender de fondo la violencia de género en cada entidad o territorio determinado.

Sin embargo, a 10 años de su creación, prevalece el desinterés y falta de voluntad del Estado para implementarla, lo que se ha traducido en una “cascada” de alertas aprobadas, con medidas que no se cumplen o son acatadas a medias.

Como si se tratara de una “receta”, el sentido de la Alerta se ha distorsionado y a 10 años de su creación, el impacto real en donde se ha decretado se desconoce, porque hasta ahora, la instancia encargada de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, la Conavim, no ha informado ni transparentado su funcionamiento.

Así lo señalan expertas en el tema de violencia de género, como la académica y doctora en estudios de género, Lucía Melgar Palacios, quien sostiene que existe una completa incomprensión y desinterés del gobierno por atender la alerta.

“Todos han seguido la receta de la AVG. El grupo de trabajo hace un diagnóstico del territorio en 30 días, luego en seis meses continúan las acciones gubernamentales, hacer una campaña, capacitar a sus funcionarios, poner alumbrado, pero ¿quién está obligando a los gobiernos a hacer lo que deben; garantizar a las mujeres una vida libre de violencia?” cuestiona la académica de la UNAM.

A propósito del segundo aniversario de la AVG en el Estado de México, esta agencia consultó a varias especialistas para que hicieran un análisis de su funcionamiento en donde se ha decretado, y todas coinciden en que no es que el mecanismo esté mal, sino en el nulo interés del gobierno por realmente atender de fondo la violencia contra las mujeres y niñas.

Para Lucía Melgar, la responsabilidad de que la AVG genere resultados tan deficientes es del Estado, por la opacidad con la que actúa y su negativa en cumplir con la protección de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.

En ello coincide la senadora Diva Hadamira Gastelúm Bajo, una de las impulsoras de la Ley General, y agrega: “las autoridades locales tienen una completa ignorancia en su implementación, buscan resolver las consecuencias pero no sus causas, mientras la sociedad sólo está en un estado de cachar políticas públicas”.

La senadora reconoce que si más de la mitad del país ha pedido acciones de emergencia para proteger la vida de las mujeres, es porque el Estado no les garantiza “el mínimo de bienestar para que este a salvo su vida, integridad y seguridad”.

Por ejemplo, dice la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) María de Luz Estrada, en el Estado de México ya se cumplieron dos años desde que se decretó la AVG pero la falta de voluntad política del Estado mexicano hizo que este mecanismo se convirtiera en un trámite burocrático utilizado con fines políticos y mal implementado.

Aún bajo la alerta el panorama no es diferente en la entidad mexiquense. En estos dos años se han registrado 31 casos de feminicidio y 412 homicidios de mujeres de acuerdo con cifras oficiales, ubicando a este estado como el territorio más peligroso para la población femenina en el país, según Naciones Unidas.

Por ello Luz Estrada considera que las acciones urgentes y esenciales que deben de seguir las autoridades una vez solicitada la alerta son investigar de manera profunda las razones de la violencia contra las mujeres, revisar los casos en reserva, generar un sistema de seguridad, reeducar a la sociedad civil, en conclusión, instaurar una política integral de estado.

“No es de emergencia porque tienen que inventar un programa rápido, es porque hay que atender temas estructurales, tienes que ir al fondo para que lo que hagas no quede en simulación”, acotó.
 
REPENSAR LA AVG


Hasta ahora, las organizaciones civiles han hecho el trabajo que le corresponde al Estado, documentar, investigar las causas de la violencia y registrar los casos. Muchas más han recurrido a los amparos judiciales para pedir que se decrete una AVG y exigir reuniones gubernamentales, incluso manifestarse para agilizar los procesos.

Por ello piden nuevas adecuaciones a la normativa; el respeto de los tiempos del proceso, sanciones a quienes incumplan las obligaciones y la autonomía de los Grupos de Trabajo que respaldan la decisión de procedencia de la Alerta.

La coordinadora de Equifonía AC, peticionaria de las dos alertas para Veracruz, Araceli González Saavedra, agrega que se debe incluir en el proceso de seguimiento la participación de las organizaciones, pues son quienes ante la ausencia del Estado acompañan a las víctimas sin ningún presupuesto, pero en el reglamento su papel se reduce al trámite de la solicitud.

En tanto, Luz Estrada propone agregar un apartado final para que cada entidad emita un reporte de resultados de la AVG, y Lucía Melgar señala que ya pasaron 10 años desde que se pidieron las primeras alertas y por tanto, Conavim tendría que presentar un primer diagnóstico de la implementación de este mecanismo. 

En lo que va de este año la Secretaría de Gobernación (Segob) ya declaró cinco alertas y recibió otras cinco solicitudes, lo que para Melgar Palacios refleja “la gravedad del problema que enfrentan las mexicanas”.

En Nayarit por las elecciones de junio se detuvo el proceso, y ya van cuatro meses sin que la Segob dicte la deliberación final.

En Sonora, la AVG lleva dos años estancada pues aún cuando su reglamento no lo determina así, la Segob otorgó una prórroga al gobierno estatal para que cumpla con las recomendaciones.

Mientras Segob no respete los procesos establecidos en la ley y los gobiernos locales simulen la implementación de la AVG, se seguirán perdiendo vidas de mujeres y niñas, concluyen las expertas. 
Imagen retomada del portal cpsicologosguanaco
Por: Hazel Zamora Mendieta Cimacnoticias | Ciudad de México .- 

Tortura sexual, el castigo de la disciplina patriarcal

QUINTO PODER
Por: Argentina Casanova*




 En la tortura sexual las causas y sus formas están imbricadas en la violencia que el sistema patriarcal ejerce contra las mujeres con el fin de dar un castigo, disciplinar y contribuir a sostener así la dominación masculina desde y con el arma dictada desde el patriarcado que le ha permitido sancionar la desviación de la mujer: el abuso sexual.

Cualquier desviación del “deber ser” es visto como “transgresión” y el mecanismo de respuesta es el castigo patriarcal que dispone de un método “disciplinario”, el abuso sexual. Sólo entendiendo esta posición de castigo a la transgresión como una forma disciplinaria desde la “autoridad masculina”, es que la tortura sexual se entiende como algo intrínseco en la violencia de género, en los casos que se presentan en todo el mundo contra las mujeres.

En el constructo social jerarquizado desde la lógica patriarcal, las mujeres transitan en la inferioridad, no son personas sino bienes de consumo, propiedad que puede ser dañada para dañar a otro, o si está en la calle está “disponible”, y su tránsito por el espacio público no es condición natural sino una transgresión que merece ser sancionada con una medida ejemplar.

La sutil distancia entre el “resguardo” y el abuso de las mujeres que se encuentran bajo el “cuidado” o la jerarquía de una persona con autoridad se rompe porque hay un horizonte fluido –desde la mirada patriarcal– que no alcanza a ver que hay algo inadecuado en el abuso sexual.

Así, mujeres que se encuentran bajo la mirada de guardias en centros de detención migratorio, en retenes, durante cateos o en detenciones arbitrarias, incluso en vehículos oficiales o instalaciones hospitalarias y carcelarias han vivido la tortura sexual cuya motivación o razón de género es el “castigo” como medida disciplinaria.

Ocurre con mayor frecuencia de lo que se piensa o cree, se denuncia mucho menos de lo que se puede documentar, y ahí radica la condición de su comisión. Hay la conciencia de que las mujeres desacreditadas, las “transgresoras” tendrán menos credibilidad y esto las hace más susceptibles de ser víctimas el abuso sexual.

Si ya de por sí denunciar un abuso sexual lleva a la víctima al banquillo de las acusadas, cuando este acto se comete contra una mujer que transgredió la ley, creerle a la víctima es casi imposible por el previo descrédito de la denunciante, que no solo afrontará el sistema que cuestiona a las víctimas de violencia sexual, sino que sumará el factor “mujer periférica-transgresora”, una “sin valor”.

Dentro del sistema patriarcal el discurso de poder ser construye de la única forma que entienden, ejercerlo como una forma de subyugación al otro, a la otra, no es casual que el triunfo de un equipo de fútbol sobre otro sea sinónimo de que los “cogieron”, en esa retahíla harto dicha de que quien penetra es quien subyuga, castiga, alecciona.

La tortura sexual es desde la lógica patriarcal un mecanismo que garantiza el sometimiento, la docilidad y la ejemplar forma de aleccionar a las mujeres de lo que les ocurre cuando rompen el canon del deber ser, no importa cuál sea la transgresión, las alianzas patriarcales responden de esa forma para perpetuar así el sistema de control sobre las mujeres, sobre sus cuerpos.

Duncan Kennedy, especialista en la teoría crítica del Derecho, considera que hay un “residuo tolerado del abuso sexual” y éste tiene que ver con la aceptación social que hay alrededor de la violencia sexual sobre las mujeres, y que se refleja en el condicionamiento que esto causará sobre las demás mujeres y que beneficia a los hombres que encuentran mujeres más dispuestas a seguir los cánones para evitar los riesgos, y de paso buscar su “protección”.

Cuando se comete un acto de tortura sexual bajo la premisa de ser un castigo disciplinario para las transgresoras, el mensaje es también para las que “piensan” o transitan por el ámbito de la resistencia, las mujeres a las que llega la información –vía medios- reciben así un mensaje que va desde la apología a la violencia masculina contra las mujeres, hasta una forma aleccionadora.

De paso genera en las mujeres una convicción de que las víctimas de la tortura sexual, en realidad lo merecían, pues se encontraban en lugares donde no debían, de ahí la indiferencia ante la tortura sexual; que se convierte así en parte de ese “residuo tolerado de abuso sexual contra las mujeres” –del que habla Kennedy, y que socialmente se refleja en la resistencia que hay en torno a reconocer la tortura sexual cometida por agentes del estado contra mujeres disidentes y la indiferencia de otras mujeres.

La tortura sexual no solo afronta reticencias de ánimo social y aunque la discusión incipiente se centra en la posibilidad de un tipo penal, lo que hay detrás de (la tortura sexual), al igual que en algún momento con el feminicidio nos demanda entender las razones o las motivaciones de género implícitas en estos actos.

* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche

CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Campeche, Camp.-