6/14/2014

Los libros de texto gratuito y obligatorio: combatidos y quemados por la derecha




Pedro Echeverría V. 
1. En un estudio comparativo de la Unesco en cerca de 20 países europeos, americanos y asiáticos, en los primeros años del presente siglo, escribe hoy en La Jornada Calderón Alzati,  México aparecía en primer lugar en cuanto a la producción de libros de texto, (la mayor parte de los cuales son gratuitos para los escolares de primaria de todo el país), por arriba incluso de los que se producían en Japón, o los que editaban los gobiernos de los países del ex bloque comunista, como Checoslovaquia y Hungría.  Más de 100 millones de libros fuesen entregados a los estudiantes de primaria, en la primera semana de clases de cada ciclo escolar. Hoy día la cantidad se ha elevado a 250 millones. 
2. A mi también me da gusto –no por el reconocimiento a los gobiernos- sino por el enorme papel que han tenido los libros de texto gratuitos en la educación primaria nacional. Los usé como profesor en la primaria en los estados de Hidalgo y Yucatán,  por lo menos durante seis años, hasta que en 1966 me hice profesor de secundarias. En esos años Televisa no se había convertido en la SEP, ni tampoco Jacobo Zabludovski, Raúl Velazco y  el "niño" Chavelo en sus más grandes ministros de la tele; tampoco en Monterrey los grandes empresarios ligados a editoriales, apagaban  las grandes hogueras donde quemaban los libros  "gratuitos, únicos y comunistas". 
3. La idea de editar  masivamente  los libros de texto fue magnífica; en 90 por ciento servían a los niños, pero en un 10 por ciento servían a los profesores que los leían, les servía en parte de guía, para elaborar su material didáctico y su programa. La TV sólo llegaba a las ciudades, en las poblaciones menores aún no se conocía y los niños no empleaban en promedio ni media hora frente a la tele. Hoy, según estudios, están enfrente a esa "caja idiota" alrededor de ocho horas al día viendo novelas, programas tontos y, sobre todo, publicidad, mucha publicidad, elaborado por sicólogos y especialistas en la penetración y desajuste de la mente de los niños. Si los libros de texto no sirven o sirven poco,  no hay que buscar mucho la causa. 
4. Hoy no solo los libros de texto gratuitos parecen aburridos a los niños, también los libros en general a los adultos; no tienen la menor capacidad para competir con la TV y el Internet y se han convertido en lecturas para los privilegiados que aún conservan el interés y la costumbre por los libros. Aunque le pusieran más fotografías, cuentos y adivinanzas, incluso musiquita a los libros de texto, jamás podrá competir con Televisa y TV Azteca que están a punto de meter (ignoro si lo han hecho)  novelas, diversiones y publicidad en los teléfonos móviles o celulares. ¿Puede olvidarse que en el capitalismo siempre triunfa el dinero?
5. La derecha en Monterrey, en Puebla y demás ciudades y estados, quemaba los libros de texto porque eran gratuitos y obligatorios; ya no ganaban dinero con su industria editorial privada en la venta de sus ediciones, pero también decían que eran libros de texto comunistas porque propagaban las doctrinas de Hidalgo, Morelos, Juárez y del nacionalismo. Por el contrario los héroes de la derecha: los españoles, Iturbide, la iglesia, Santa Ana y Porfirio Díaz, según ellos, eran vilipendiados. Esta derecha clerical, que estaba ligada a grupos reaccionarios de los EEUU, recibía el apoyo del gobierno de Kennedy (1961-63) y su programa "Alianza para el progreso". 
6.  No conozco cuál es la problemática actual de los libros de texto gratuito en la escuela primaria. Conocí como asesor-profesor en 1981, en la ciudad de México, los maravillosos textos editados en la Universidad Pedagógica por el "Sistema de Educación a Distancia". Luego en seminarios de representantes elaboramos algunos textos de asignaturas nuevas. Como si fuera un digesto, una compilación, se introdujeron en los textos decenas de capítulos de libros de escritores de mucho prestigio en su campo; eran tan  interesantes que los mismo "asesores pedagógicos" aprendimos mucho en esos textos con interpretación crítica. 
7. Los libros de texto gratuitos y obligatorios deben seguir publicándose porque son muy necesarios para cubrir un periodo de la enseñanza. No necesitan los libros muchos cambios para los niños que no habitan en las grandes urbes y mucho menos para aquellos en cuya cabeza no ha penetrado mucho la televisión. Al parecer las grandes ciudades –con excepción de las colonias marginadas- no tienen salvación porque ya son dóciles marionetas de la llamada sociedad del consumismo y la manipulación. Allí e se burlan del "aburrimiento" que producen los libros de texto. El desarrollo capitalista caminó a la inversa de los libros de texto y de los libros… (14/VI/14) 
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Un sistema judicial que discrimina




El conocido empresario mexicano Gastón Azcárraga era hasta hace poco tiempo dueño de un emporio económico. Poseía una cadena de hoteles de lujo y había adquirido, a precio de ganga, la más antigua y muy eficiente y prestigiada empresa Mexicana de Aviación. Consecuentemente, su condición de multimillonario y miembro destacado de la oligarquía azteca resultaba indiscutible.
Pero un día, por razones ignotas, inexplicables o incomprensibles, el célebre multimillonario decide incrementar su ya enorme fortuna mediante la comisión de distintos tipos de fraudes.
El primero consistió en obtener cuantiosos préstamos para capitalizar su empresa aérea. Sólo que destinó los créditos a incrementar su fortuna personal, lo que por esa y otras razones, condujo a la quiebra de Mexicana de Aviación. Esta conducta implicó no pagar a sus múltiples acreedores, no cumplir con sus obligaciones fiscales e incumplir los compromisos laborales que tenía con sus empleados y con los jubilados de la empresa.
Por si todo ello no hubiera sido suficientemente enriquecedor, se apoderó de los fondos de un multimillonario fideicomiso propiedad de los trabajadores de la empresa aérea.
Hoy Gastón Azcárraga es prófugo de la ley. Se encuentra en Estados Unidos, donde fue localizado por la Interpol, a disposición de las autoridades migratorias de ese país. El empresario ha solicitado asilo político a Washington con el fin de evitar su ya solicitada extradición a México. Y en cosa de semanas o meses se sabrá si la autoridad migratoria estadounidense le concede o le niega el asilo solicitado.
Hasta aquí el asunto no pasa de ser un caso de nota roja o policiaca. Pero la médula de la cuestión radica en saber si al empresario le podrán (o le querrán) probar los delitos que se le imputan y si, consecuentemente, recibirá la sanción establecida en el código penal.
La experiencia mexicana enseña que es muy improbable que el inculpado termine en prisión y, todavía más importante, que repare el daño económico cometido contra sus acreedores, el fisco y sus ex empleados. En México pueden citarse innumerables casos de impunidad plena para miembros destacados de la oligarquía.
Este es el centro de la cuestión. No es que la justicia mexicana sea particularmente ineficiente. Se trata más bien de un sistema judicial que discrimina por partida doble: la aplicación de la ley para los pobres que no pueden pagar el precio de la impunidad; y la aplicación de la ley para los oligarcas que han cometido el error de convertirse en adversarios del régimen.
Y este no es el caso de Gastón Azcárraga. Podrá ser un ladrón y el peor de los delincuentes, pero no es enemigo del sistema político mexicano. Y tampoco es el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez, el tristemente célebre líder del PRI, hoy acusado de dirigir una red de prostitución con dinero público. Podrá ser un enriquecido lenón, pero no es adversario ideológico, político o partidista del régimen, de modo que también en él la impunidad está garantizada.
Casos muy distintos éstos a los de, por ejemplo, la antigua lideresa del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo. Durante años se enriqueció desmedidamente al apoderarse del dinero propiedad de su gremio. Pero también durante décadas no hubo castigo. Y no lo hubo porque se trataba de una amiga, una compañera, un importante personaje del sistema político mexicano.
Bastó, sin embargo, que se indisciplinara, que se negara a obedecer las órdenes de Los Pinos y que amenazara con tornarse adversaria del régimen para que sufriera en carne propia los rigores de la persecución judicial y de la cárcel, donde todavía se encuentra.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

La economía mexicana en permanente crisis solo beneficia a gobierno y empresarios




1. La economía mexicana –publicó el miércoles 11 La Jornada- se encuentra en una fuerte desaceleración. Así calificó el momento el Banco Mundial (BM), en reporte publicado el martes. El organismo pronosticó que el producto interno bruto (PIB) -la medida más amplia del desempeño de la actividad- crecerá 2.3 por ciento este año, menos de la previsión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya revisada a la baja el mes pasado, de 2.7 por ciento. Si a gobiernos y funcionarios en todos los tiempos nunca se les ha tenido confianza, ahora el presidente y el secretario de Hacienda han caído en el mayor descrédito por decir y jurar que “vamos bien” y a los pocos días reconocer que vamos mal.

2. ¿Creen acaso que se puede “tapar el sol con un dedo” después de más de 34 años de mantener una economía que va en picada, que se refleja claramente en la desesperación de nuestro pueblo por conseguir un sustento para vivir? Carajo, si la economía está muy mal y empeora cada día se debe informar a la población de esa realidad y tomar las medidas necesarias; sin embargo a la clase dominante les parece mejor tener engañado al pueblo para frenar cualquier enojo o protesta. Pero también –es lo más importante- evitar algún disgusto con la gran burguesía que exige mayor estabilidad y confianza. ¿Resistirían los ricos reclamos del pueblo que exige mayores salarios e igualdad?

3. El desplome de la economía mexicana se inició con la estrepitosa caída de los precios del petróleo a finales del gobierno de López Portillo que coincidió con el ascenso de la Thatcher al gobierno de Inglaterra en 1979 y el arribo de Reagan a la Presidencia de los EEUU dos años después. Son los años que iniciaron la imposición en la economía mundial el profundo proceso de privatización y globalización conocido como neoliberalismo. La realidad es que no se puede hablar de un año preciso porque ese modelo, que puede estar en su 40 aniversario, al parecer se inició con el derrocamiento de Allende en Chile con la asesoría de Nixon, Kissinger y los economistas de Hayek.

4. Desde entonces en cada sexenio en México –siguiendo el neoliberalismo que hace más millonarios y poderosos a los ricos y más miserables a 90 millones (de los 115 millones de habitantes)- el crecimiento de la economía es menor provocando cada año más desempleo, salarios mucho más precarios, hambre, extensión del trabajo informal, crecimiento de la llamada “delincuencia” y un proceso imparable de migración de desempleados a los EEUU y otros lugares del mundo. Lo más grave es que no es una crisis económica pasajera que afecta sólo a México; ¿puede silenciarse que es una gran crisis “globalizada” que ha penetrado en todos los países del mundo que lleva ya más de 30 años?

5. ¿Por qué no explicar con claridad que analistas internacionales han señalado que siguiendo al “mundo globalizado” los países en desarrollo de América del Norte y América Central son también víctimas de una fuerte desaceleración encabezada por México, en medio de una menor demanda global y una recesión en el sector de la construcción? ¿Por qué no decir que la menor actividad industrial en Estados Unidos, destino de ocho de cada 10 dólares de las exportaciones mexicanas (el sector externo aporta un tercio del PIB del país), y el aumento de los impuestos, que redujo el gasto privado, fueron citados por el organismo como razones de la baja actividad económica en el país?

6. ¿No se recuerda acaso que al inicio de este año la SHCP anticipaba un crecimiento del PIB de 3.9 por ciento para 2014, que en mayo pasado, después de conocido el desempeño durante el primer trimestre, ajustó el pronóstico a 2.7y que el Banco de México lo calcula en un rango de 2.3 a 3.3 por ciento? De aquí el análisis que sigue: “El crecimiento de América Latina y el Caribe se desaceleró a 1.4 por ciento en el cuarto trimestre de 2013 y disminuyó todavía más, a 0.9, en el primero de 2014 (en ambos casos, respecto del trimestre previo), como reflejo de la débil actividad en Brasil, Perú y México, en medio de un alza de impuestos en México y un entorno más complejo para las exportaciones, expuso el Banco Mundial”.

7. En los años que van de 1954 hasta 1970 se habló en el mundo del “milagro mexicano” porque en los sexenios de Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz (1952-70) México logró tasas de crecimiento de más de 6 por ciento (6.1 y 6.3) conociéndose este periodo como “desarrollo estabilizador”. Sin embargo ese gran “progreso económico” –como siempre- sólo benefició a los más ricos y la población -que sólo era de 25 millones en 1950, de 34 en 1960 y de 48 millones en 1970- permaneció en la pobreza y la miseria haciendo sacrificios “para beneficiar a México”. Por ello el gobierno de Echeverría Álvarez (1970-76) habló de “desarrollo compartido” con el fin de “reconquistar” al pueblo.


8. El gobierno de Echeverría (LEA) con sus frases de “arriba y adelante”, “nacionalismo revolucionario” y “apertura democrática” llevó la inflación monetaria a 21.4 por ciento y a la devaluación del peso respecto al dólar: de 12.50 (desde 1954) a 21 pesos por dólar en 1976. Por el gasto público social logró el crecimiento económico de 6.0 por ciento. Sin embargo en 1973 fue asesinado el presidente chileno Salvador Allende, que meses antes había estado en visita a México. ¿Puede olvidarse que desde 1971 en México se vivía entonces la guerra sucia que el gobierno había desatado contra los jóvenes que militábamos en organismos de oposición radical, asesinado particularmente a lo integrantes de la guerrilla urbana? 


9. López Portillo, presidente (1976-82) continuó con la política de despilfarro construyendo plazas y creando empleos; pensaba que los nuevos yacimientos petroleros descubiertos a principios en 1977, así como los altos precios del crudo le permitían un alto nivel de gasto público y endeudó fuertemente al país. Con la enorme deuda el PIB decreció 0.5 por ciento en 1982 y 3.5 por ciento en 1983. La inflación promedio que se registro de 1977 a 1982 fue de 35.7 por ciento. En 1982 López Portillo nacionalizó la banca de manos privadas con el grito de “ya no nos saquearán”. Los años 1981-82-83 son importantes: la burguesía privada demostró que ya tenía la capacidad para adueñarse del gobierno mediante la privatización de todo. Y así fue.

10. Miguel de la Madrid (1982-1988) dijo textualmente siendo candidato presidencial que “el Estado tendrá que devolverle todo le que le ha quitado a la sociedad” (que para él eran los grandes burgueses de la iniciativa privada) Con ello empezaría a cambiar radicalmente el modelo económico de México. La inflación en 1982 era de 98.9 por ciento, el crecimiento económico era negativo, la deuda pública era muy elevada y no se tenía acceso al crédito externo porque se dejó de pagar la deuda externa. Se buscó disminuir el déficit fiscal y renegociar la deuda. Los precios del petróleo se desplomaron, la mezcla mexicana de exportación pasó de 24.6 dólares por barril en noviembre de 1985 a 8.6 en julio de 1986. Las exportaciones petroleras cayeron de 14,767 millones de dólares en 1985 a 6,307 en 1986.

11. De la Madrid se montó en el neoliberalismo privatizador. Se vendieron muchas empresas públicas; México se entregó en 1985 al GATT (que después se convirtió en la Organización Mundial de Comercio) y redujo sus barreras al comercio exterior. Además, se empezó un proceso de desregulación de la economía. El gobierno tenía participación en 1,155 empresas en 1982 (las llamadas “paraestatales”) cinco años después la cifra se redujo a 617. En 1993, el sector público conservaba sólo 258 empresas. En 1982 el 100 por ciento de las importaciones requerían un permiso previo, en 1993 sólo el 5 por ciento lo requería. Al final del sexenio, en 1987, el crecimiento económico volvió a ser negativo y la inflación repuntó de 63.7 por ciento en 1985 a 105.8 por ciento en 1986.

12. Salinas de Gortari (1988-1994) fue el más privatizador, neoliberal y pro imperialista de todos los presidentes. Continuó con la privatización de empresas públicas, la apertura al comercio exterior y la desregulación. En 1994 puso a funcionar el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con EEUU y Canadá. Abrió a estos países sectores que estaban restringidos a mexicanos o al Estado y los bancos fueron vendidos de regreso al sector privado. Logró bajar al inflación de 159.2 por ciento en 1987 a 51.7 por ciento en 1988 por medio de una política heterodoxa conocida como "Pacto". Por medio del Pacto los empresarios, los sindicatos y el gobierno negociaron menores aumentos en precios, salarios y tarifas públicas para combatir la inflación. El crecimiento promedio fue de 3.9 por ciento.

13. En la presidencia de Zedillo Ponce de León (1994-2000) se presentó otra gran crisis de fin de sexenio. El PIB disminuyó 6.2 por ciento en 1995 y la inflación llegó a 52 por ciento al final del mismo año. En diciembre de 1994 se inició la crisis cuando el gobierno de Zedillo se vio obligado a devaluar el peso. La devaluación de 1995 representó la quiebra de los bancos y de muchas empresas. El debacle fue muy profundo, pero en 1996 se alcanzó un crecimiento económico de 5.1 por ciento. (El Fobaproa creado en 1990 es sustituido por el IPAB ocho años después) La situación económica mejoró, Zedillo se planteó como meta que no hubiera otra crisis de fin de sexenio. El crecimiento de la economía de 1995 a 2000 fue, en promedio, 3.5 por ciento y la inflación fe 22.5 por ciento en el mismo lapso.

14. Vicente Fox Quesada (2000-2006) mantuvo el modelo económico heredado de Salinas y Zedillo. En 2001 el PIB presentó una caída de 0.1 por ciento, pero no se puede hablar de una nueva crisis sexenal porque se mantuvo la estabilidad en los demás indicadores económicos como, por ejemplo, la inflación y el tipo de cambio. En 2006, al concluir el sexenio del presidente Vicente Fox, el valor total del PIB de México ascendió a 8 billones 765 mil 947.4 millones de pesos y ahora al término de la administración del presidente Felipe Calderón la economía mexicana tiene un valor de 9 billones 634 mil 719.1 millones de pesos, lo que representa apenas 9.9 por ciento superior en términos nominales a la del sexenio pasado, ambas administraciones emanadas del Partido Acción Nacional (PAN).

15. Durante el sexenio de Calderón Hinojosa (2006-12), el crecimiento promedio anual del producto interno bruto (PIB) fue de apenas 1.66 por ciento, el más bajo en los pasados 24 años , según señalan estadísticas oficiales. Esto quiere decir que el crecimiento de la economía ha ido en picada sean gobiernos del PRI o del PAN. Tan funesto uno como el otro. Pero lo más grave es que el pueblo –no solo no los repudia por sus robos y asesinatos- sino que sigue votando por sus verdugos. Yo no podría decir que son unos idiotas o imbéciles por seguir la propagada radio-televisiva. Lo único que diría es que son “pobrecitos” por soportar esa tremenda carga sobre sus hombros durante siglos. Pero también los que nos decimos izquierdistas conscientes no hemos podido construir junto al pueblo un programa alternativo de lucha.

16. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), cuando se instrumentó la apertura comercial con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la economía mexicana registró un crecimiento promedio anual de 3.17 por ciento; en la administración del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), periodo en que la economía experimentó la recesión de 1995, el PIB avanzó a una tasa promedio por año de 2.94 por ciento; el gobierno siguiente, encabezado por Vicente Fox (2000- 2006), el crecimiento promedio de la economía fue de 2.43 por ciento al año. Con Calderón apenas del 1.66 y parece que con Peña Nieto la economía empeorará. ¿Cuándo despertará la población?

Mitos de la reforma laboral patronal




Enrique Peña Nieto fue a El Vaticano a ver si le hacían un milagrito. Sería un milagro para canonizar al Presidente: el milagrito del crecimiento económico. Por lo pronto, lo que si le prometió el papa Francisco a Enrique es venir a darle indulgencias políticas a este gobierno priista inepto para resolver los grandes problemas nacionales. Eso sí, el gobierno federal será “Siempre fiel” al Consenso de Washington [ordenanzas de los corporaciones financieras internacionales como el FMI o el Banco Mundial]. El Estado capitalista fiel a la doctrina de la teología neoliberal a ultranza; la práctica de una capitalismo salvaje que ha llevado al país al despeñadero.

Hasta el momento la política económica de la administración peñista no ha tenido ninguna efectividad para impulsar el crecimiento productivo. Vamos hacia la cuarta década perdida, o sea, una década más de casi nulo crecimiento económico. Las llamadas reformas estructurales están muy alejadas de sus promesas demagógicas: opulencia gracias al “libre mercado”, pleno empleo gracias al crecimiento y a la mundialización de la libre circulación de capitales y sus inversiones directas a la producción. 

Las medidas económicas emergentes anunciadas hace días por Peña Nieto para reactivar la economía mexicana son aisladas e insuficientes y no tienen relación orgánica con las reformas estructurales. Eso sí, hasta el momento, las consecuencias de las décadas perdidas han sido terriblemente catastróficas para el pueblo trabajador, pero si han beneficiado a un reducido grupo de grandes empresarios quienes se constituyen en los dueños del país, decidiendo, para mal, el rumbo económico y político de lo que queda de nación.

La burguesía “mexicana” quiere presentar como panacea económica las reformas estructurales, y decía el año pasado que los beneficios de tales reformas se verían este año, pero lo cierto es que si ha habido algún beneficiario solamente ha sido ella; el resto que recoja las migajas. Hasta el momento, como era previsible, en el marco de una profunda crisis económica mundial, que está haciendo temblar a muchos países, la reforma laboral ha sido un estrepitoso fracaso respecto a la generación de empleos e incremento de la productividad. La reforma laboral continúa sin representar beneficio alguno a los millones de trabajadores; tal reforma aprobada en 2012 no ha conducido a ningún crecimiento de la productividad del trabajo –en el cuarto trimestre de 2013, el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía, elaborado por el INEGI, descendió 1.8 por ciento respecto a igual periodo de un año antes–, por el contrario, ha conducido a un empeoramiento de las condiciones de vida del laborante; la precariedad de las condiciones laborales, económicas y sociales van en aumento, pues la pobreza social está haciendo estragos en la mayor parte de la población trabajadora. 

En los meses recientes México ha entrado a una competencia económica con China por las inversiones extranjeras directas (IED), pero mientras que en el país asiático prevalece un capitalismo [salvaje] de Estado, con un partido seudocomunista, aquí tenemos un capitalismo neoliberal a ultranza subordinado al imperialismo estadounidense y los grandes capitales europeos. La competencia reside en el abaratamiento de la mano de obra para su explotación intensa por el capital, y en el caso mexicano la tal reforma laboral legaliza la impunidad de la subcontratación (outsourcing) de la fuerza de trabajo, incluyendo los contratos de protección patronal en manos de los sindicatos charros de la CTM, CROC Y CROM, y de los sindicatos “blancos”.

Uno de los mitos neoliberales más difundidos con la mentada reforma es que estimularía el crecimiento, la inversión y, especialmente, el empleo. La política económica ficción; como Felipe Calderón, la mentira cínica a diestra y siniestra, pues tal reforma peñista no ha impulsado ningún crecimiento económico ni con la flexibilidad del trabajo, y sólo ha servido para profundizar la desigualdad social con la disparidad creciente del ingreso. Como bien señaló hace tiempo el economista Alejandro López Bolaños, de la UNAM, “El resultado más notorio del estancamiento económico y la disminución de la inversión, es la consolidación estructural del desempleo, un mercado laboral heterogéneo, con calidad deteriorada en los puestos de trabajo y que al adoptar formas flexibles de contratación de mano de obra fomenta la proliferación de empleos temporales, contratos de tiempo parcial y la progresiva reducción del salario.” El empleo informal o subempleo masivo sobrepasa los 20 millones de mexicanos. 

La informalidad laboral rebasa el 60 por ciento de la PEA. El desempeño desfavorable de la actividad económica en los primeros meses del presente año se ha visto reflejado en una lenta creación de empleos formales en el país. Según el número de trabajadores registrados en el IMSS, entre enero y febrero se crearon 148 mil plazas, la menor cifra para igual periodo desde 2004, sin considerar 2009, el año de la crisis global. De los empleos generados en el primer bimestre del año, 64 de cada cien son de tipo eventual y sólo 36 son permanentes. Estas cifras no ofrecen una buena señal de la situación actual del mercado laboral, pues significa que mayormente están creándose empleos muy precarios. La mayor parte de la población ocupada no está recibiendo, ni recibirá, todos los beneficios de la seguridad social y la alta ocupación en el sector informal y la baja calidad del empleo formal han deteriorado la productividad laboral. Urge un cambiar el modelo económico, pero no vendrá cual maná milagroso, sino del propio trabajador organizado.

Perspectiva de despojo


Editorial La Jornada 

En el proyecto de dictamen de la ley de la industria eléctrica, presentada ayer en el Senado, se incorporó de última hora la posibilidad de expropiar terrenos y propiedades particulares, ejidales y comunales, cuyos propietarios no lleguen a un acuerdo con las empresas trasnacionales sobre la renta o venta de los mismos. La adición de ese elemento, ausente en la iniciativa que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Senado, cierra la pinza que se había abierto el pasado lunes con la presentación del proyecto de ley de hidrocarburos, en el que también se establece que la exploración, la extracción y el transporte de petróleo tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectados a aquéllas.

No deja de ser paradójico que semejantes iniciativas se presenten a instancias de un binomio partidista –el que conforman el PRI y el PAN– que en las dos pasadas elecciones presidenciales propaló que uno de los principales riesgos de un gobierno federal de corte progresista era, precisamente, la pérdida de certidumbre sobre los derechos de propiedad. Sin embargo, al amparo de leyes como las propuestas esta semana, esos mismos derechos quedarían seriamente amenazados, con la diferencia de que las expropiaciones correspondientes se harían a favor de las empresas privadas, nacionales y extranjeras, y en detrimento del país, su población, su economía y su soberanía.

Una consideración fundamental es que, dada la orientación entreguista y privatizadora de la reforma energética, se abriría una perspectiva de despojo territorial generalizado por parte de las empresas de energía, las cuales recuperarían, de ese modo, el control territorial casi omnímodo de que gozaron hasta la expropiación petrolera de 1938.

Esa ampliación del poder fáctico de las trasnacionales sería proporcional a la pérdida de potestades reales de las autoridades de los distintos niveles en lo que se refiere al ordenamiento territorial para fines habitacionales, agrícolas, industriales, económicos, turísticos y de toda índole que no sea propiamente energética. Lo anterior abre un panorama gris para la economía nacional: por un lado, es previsible que, como consecuencia de la reforma energética, el Estado pierda una cantidad considerable de ingresos derivados de la renta petrolera y la generación y venta de energía eléctrica, lo que mermará al erario y afectará la capacidad estatal de fungir como motor del desarrollo y la actividad económica. Por otro lado, el desarrollo de actividades que pudieran suplir la pérdida de esos ingresos petroleros estaría en un estado de amenaza y precariedad permanente, en la medida en que la disposición de espacio físico para llevarlas a cabo quedaría a merced de las empresas trasnacionales, las cuales operan sin ningún compromiso con el país y con el único interés de obtener la máxima y más rápida ganancia.

En suma, el referido conjunto de leyes no sólo desdibuja aún más la potestad del Estado sobre los hidrocarburos y la industria eléctrica, sino también la posibilidad de que la economía nacional pueda reorientarse a otras ramas para potenciar el desarrollo del país. Dicha perspectiva resulta sumamente peligrosa para la soberanía del país, su economía y su sociedad y para sus propias instituciones y autoridades.

Cuatro propuestas para mejorar la imagen laboral de México



Arturo Alcalde Justiniani

Con motivo de la 103 Asam­­blea General de la Or­ga­ni­za­ción Internacional del Tra­bajo (OIT) realizada en Ginebra, Suiza, que concluyó esta semana, el secretario del Trabajo y Previsión Social , Alfonso Navarrete Prida ( Reforma, 9/6/14, Negocios p. 9), expresó la intención del gobierno mexicano de recomponer la imagen de la política laboral del país en el exterior. Es justificada la preocupación, pues las prácticas laborales existentes han generado una creciente condena fuera de nuestras fronteras, en virtud de que contradicen los principios básicos que promueve la comunidad internacional. No es posible a estas alturas tapar el sol con un dedo.

En los últimos años, especialmente a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se generó un flujo de información y visitas de representantes gremiales de diversas partes del mundo al país, particularmente de Estados Unidos y Canadá, lo que permitió que se conociera una realidad que había venido siendo encubierta mediante una política deliberada en la que participaba el gobierno, el sector empresarial y las centrales corporativas, especialmente la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Hacia fuera se ostentaba una cara democrática, hacia dentro se daba cauce a un sistema de control, corrupción y simulación.

Todo indica que la única manera de cambiar la imagen laboral de México al interior y exterior del país, sería modificar la realidad por lo menos en tres sentidos.

El primero consiste en atender un tema que da origen a buena parte de los vicios existentes: crear las condiciones para que los trabajadores puedan decidir libremente cuál es el sindicato que los represente en la contratación colectiva, esto es, que cuando un gremio pretenda la firma de un contrato colectivo con o sin emplazamiento de huelga, los trabajadores sean consultados para conocer si están conformes con dicho gremio, prefieren otro, o simplemente no desean afiliarse a ninguno. Esta consulta es elemental y existe en todo el mundo; sin embargo, en México los trabajadores son ignorados y es el patrón quien escoge al sindicato de su preferencia como una imposición que pervierte todo el proceso laboral; aquí nacen los llamados contratos de protección patronal que han provocado que las centrales obreras no consideren la opinión de sus supuestos representados y sus líderes se dediquen a congratularse con los empresarios para ser seleccionados al momento de la firma de los contratos colectivos.

El cambio que se intentó en la última reforma laboral mediante el conocido artículo 388 bis, que fue aprobado por la mayoría del Senado y estuvo a punto de aprobarse por los diputados, daría legitimidad a los procesos de representación, crearía opciones democráticas en los gremios y favorecería al sector del empresariado que es víctima del chantaje y la violencia que ejerce gran número de membretes sindicales para obligarlos a firmar contratos colectivos y a cubrir cuotas de protección periódicas al estilo de la delincuencia organizada.

Una segunda propuesta es someter a revisión el sistema de justicia laboral que se ejerce mediante las juntas de Conciliación y Arbitraje. Todos sabemos que cuando se trata de temas colectivos y relevantes, estas juntas se limitan a cumplir la decisión del gobernador o Ejecutivo federal en turno; no son árbitros que cuenten con el atributo esencial de imparcialidad. La forma tripartita de justicia es una ficción, ya que prevalece la voluntad del tercer voto, el del gobierno, que se ejerce a través del presidente de la junta, quien es el encargado de ejecutar las órdenes de su superior jerárquico. Por esta razón, ya no existen este tipo de instituciones en el mundo, sino jueces o tribunales autónomos encargados de aplicar la ley. La ausencia de un sistema de justicia confiable, inhibe cualquier posibilidad de cambio.

Una tercera propuesta está relacionada con la necesidad de que el gobierno asuma una actitud distinta frente a las quejas ante la OIT, que cancele su política de engaño a los órganos de aplicación de las normas internacionales vigentes. No se les puede mentir con argumentos falaces, como la violación no existe porque esa conducta no está autorizada en la ley o presumir un diálogo social inexistente. Esto ha sucedido, por ejemplo, en el caso 2694, presentado por la IndustriALL Global Unión, quien representa a 50 millones de trabajadores y 700 sindicatos de 140 países, quien junto con la Confederación Sindical Internacional (CSI), ha reclamado al gobierno mexicano abrir un diálogo en relación con las persistentes violaciones a los derechos fundamentales en México.

Un tema adicional se relaciona con los conflictos concretos en los que se exhibe la complicidad del gobierno con los grandes empresarios para ahogar a organizaciones que luchan por sus derechos; tal es el caso del Sindicato Nacional Minero que ha sido víctima de un acoso constante por algunos grupos empresariales de este sector, contando con el apoyo de diversos funcionarios gubernamentales; ambos pretenden doblegar la voluntad de los trabajadores mineros e imponer representaciones dóciles, sometidas a su capricho.

La violación de los derechos laborales es una constante en todo el país: en Chihuahua, los trabajadores de Conalep se quejan del despido del comité ejecutivo de un sindicato que obtuvo su registro tras una larga jornada que incluyó cuatro amparos ante las instancias federales; en Tabasco, los representantes locales del Sindicato del Instituto Nacional de Educación de Adultos fueron desconocidos y despedidos por la actitud caprichosa de la titular en esa entidad; en Colima no ha habido intención política alguna para atender dos peticiones elementales en el entorno de una larga huelga de hambre; transparencia en los fondos pensionarios y respeto a la autonomía del gremio universitario para decidir sobre su representación legítima.

El gobierno mexicano debe incluir en su agenda prioritaria la necesidad de promover cambios para tener derecho a ser parte de una comunidad internacional que exige el respeto a los derechos humanos en el mundo del trabajo.

Nos defenderemos ante la servidumbre de hidrocarburos, advierten campesinos


El gobierno, ciego y sordo frente a un país que se descarrila

Laura Poy Solano
 Periódico La Jornada
Sábado 14 de junio de 2014, p. 13

Líderes campesinos advirtieron que de consumarse el despojo de tierras de cultivo ejidales y particulares en favor del capital privado y las empresas trasnacionales para imponer la servidumbre de hidrocarburos, como se proyecta en las leyes secundarias en materia energética, se generará un movimiento colectivo de resistencia mediante comités de defensa de la tierra.

El gobierno federal está ciego y sordo frente a un país que se descarrila, pero si continúa con su estrategia de imponer, la advertencia es clara: defenderemos la tierra a sangre y fuego

La decisión de las comunidades, lejanas a un Congreso que no las ve ni las oye, está tomada. Las trasnacionales como Shell y Halliburton, y cualquier otra, deben saber que no serán campos petroleros, sino campos de batalla, afirmaron.

En entrevista por separado, Álvaro López Ríos, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, consideró un atropello del Senado la inminente aprobación de las leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica, que contempla la expropiación de tierras comunales y particulares para la exploración de yacimientos, que podrán ser entregadas a las empresas que realicen estas tareas.

El gobierno está actuando de forma autoritaria en favor del gran capital y de las firmas que vendrán a intentar despojarnos de nuestra tierra. Lo previmos, pero hemos advertido que ante una reforma que atropella y despoja a los ejidatorios, comuneros y pequeños propietarios, vamos a organizar comités de defensa de la tierra.

Nuestro mensaje es claro, dijo, en este país la tierra se va a defender a sangre y fuego; a cualquier costo. Si el gobierno quiere, en harás de servir al capital, facilitar inversiones extranjeras que atropellan derechos adquiridos por los campesinos, éstos legítimamente tendrán derecho a defenderla a como dé lugar.

Recordó que en marzo pasado, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió ante diversas organizaciones del sector a que la propiedad social de la tierra no se tocaría, y estos son los resultados.

Por su parte, Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista, advirtió que de consumarse la aprobación de este marco normativo, vendrá una resistencia muy grande de los pueblos, ejidos y comunidades.

Reconoció que pese a la promesa del senador prísta Emilio Gamboa de que se respetería la propiedad social de la tierra, no se está cumpliendo, porque es evidente que el gobierno ya tomó una definición, pero nosotros como organizaciones también la tenemos para defender la tierra y los recursos naturales. Las empresas no van a pasar en los predios comunales y ejidales.

En tanto, Alfonso Ramírez Cuella, dirigente de El Barzón, señaló que la intención del PRI y del PAN es aplicar un despojo absoluto contra los campesinos, que afectará grandes extensiones de tierra, y además se destruye toda la procuración de justicia en materia agraria y ambiental.

Buscan legalizar despojo de tierras también en el sector de electricidad


Senadores agregan al plan de Peña figura de expropiación en favor de extranjeros o nacionales

Intenta el PRD que no aplique en propiedades de indígenas

Sería muy grave, señala Bartlett


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Alejando Encinas, Dolores Padierna, Manuel Bartlett, Fernando Mayans, Zoé Robledo y Miguel Barbosa, entre otros legisladores, durante la discusión de las leyes secundarias en comisiones del SenadoFoto José Antonio López

Andrea Becerril
 Periódico La Jornada
Sábado 14 de junio de 2014, p. 13

La pretensión de despojar a propietarios, comuneros y ejidatarios de tierras y bienes en los que haya yacimientos de petróleo y gas se extendió también para el caso de instalaciones eléctricas.
En el proyecto de dictamen de nueva ley para ese sector, dado a conocer por los presidentes de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera, David Penchyna y Raúl Gracia, respectivamente, se señala que el gobierno decretará, en un plazo de 10 días, la expropiación de terrenos y propiedades requeridos por las empresas nacionales y extranjeras que tengan contrato para generar y comercializar electricidad, en caso de que no hayan llegado a un acuerdo sobre la indemnización respectiva.

La iniciativa que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado sobre la nueva ley de la industria eléctrica no consideraba llegar a expropiar tierras y propiedades, pero en el proyecto de dictamen que ya circula en el Senado se incluyó esa medida, junto con otras modificaciones.

En el capítulo VII, título segundo, del proyecto de dictamen se autoriza a las trasnacionales eléctricas a negociar con los dueños de los predios la contraprestación que les deberán pagar por rentar o comprar los terrenos donde construirán instalaciones de electricidad, generadores o ductos, pero el valor de los terrenos se acordará con un organismo oficial, de acuerdo con la Secretaría de Energía, no con los propietarios.

Al respecto, la senadora Dolores Padierna, del PRD, dijo que su bancada tiene reservados todos los artículos de la ley de hidrocarburos donde se establece el despojo de tierras, y lo propio hará en el caso de la industria eléctrica. Vamos a proponer cambios y que se señale expresamente que tales disposiciones no se aplicarán a superficies ocupadas por pueblos y comunidades indígenas

Por su parte, su homólogo Manuel Bartlett, del PT, dijo que sería gravísimo que tales normas se aprueben, ya que rompen el sistema de propiedad social.

Entre las modificaciones hechas a la propuesta original de Peña Nieto está precisamente que procederá la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria eléctrica.

Se resalta en el proyecto de dictamen que las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas.

Que la Federación y los gobiernos de los estados, municipios y delegaciones del Distrito Federal contribuirán al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia.

Asimismo, define que las empresas nacionales y extranjeras podrán acordar la adquisición, uso, goce, servidumbre o afectación de la modalidad idónea para el desarrollo de su proyecto eléctrico, entre ellas el arrendamiento, ocupación superficial, comodato, compraventa y permuta.

La contraprestación comprenderá pago en efectivo o en especie, o el compromiso de contratación del propietario o titular del bien o derecho de que se trate.

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) mediará entre el afectado y la empresa contratista, y podrá sugerir la forma de adquisición o uso de los terrenos o propiedades donde se habrá de construir estructura eléctrica. Además, en caso de que el propietario no acepte los avalúos particulares, este instituto será el encargado de fijarlos.

Programa es Tiempo de Mujeres CFRU la radio comunitaria de la Universidad de Guelph , sábado 14 junio 2014

Desde cfru 93.3 fm la Radio de la Universidad de Guelph 
en Ontario, Canadá 
escuchalo cada sabado en www.cfru.ca

MUJERES POR LA DEMOCRACIA

Bienvenida al programa de hoy
 con Hilda Venegas 
Noticias de Género en la Red

Género en la mira con
 Alerta Roja la política de la menstruación.
hoy egénero en la mira el espacio de nuestra amiga y compañera la maestra en estudios de género Daniela Villegas nos habla sobre los tabús, usar el cuerpo como leguaje, arte y protesta,reivindicando lo que una sociedad conservadora y patriarcal incomoda,
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Y en este espacio hablamos constantemente del cuerpo de las mujeres y niñas usado como botín de guerra, un delito de lesa humanidad que es utilizado aún por dictaduras y gobiernos represores,en Chile a mediados de mayo, mujeres sobrevivientes de centros de tortura interpusieron una querella por violencia sexual en la dictadura, apoyadas por la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, ex centro de detención que fue recuperado y transformado en un sitio de memoria. Los maltratos sistemáticos y recurrentes implicaban un castigo por ser militantes del bando contrario o vincularse con militantes que eran perseguidos. Pero también se trataba de apremiarlas por transgredir los roles femeninos tradicionales y una ideología militar y derechista que remarcaba la idea de las mujeres como madres y esposas abnegadas, hablaremos de : . 
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Precisamente por esto y a fin de encontrar soluciones globales contra el uso de la violación sexual de niñas y mujeres como arma de guerra, del 10 al 13 de junio se realizo en Londres, Inglaterra, la primera Cumbre Mundial para la Prevención de la Violencia Sexual en Zonas de Conflicto, tenemos un artículo al respecto. 
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Siendo el patriarcado una distribución desigual del poder entre hombres y mujeres es necesario desaparecerlo, la directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, Laksh mi Puri, hablo de la necesidad de que el Grupo de los 77 impulse acciones para que el siglo XXI convierta en prioridad política la equidad de derechos de las mujeres y de las niñas a fin de acabar con el patriarcado como en el siglo XX se hizo con el colonialismo

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Mujeres Argetinas instrumentistas, compositoras y cantautoras destacadas
para cerrar con broche de oro, tenemos el agrado de darle la bienvenida a la compañera María Néder, escritora y poeta argentina amiga del Colectivo Alternativa Latinoamericana y nos obsequia una serie de pequeños programas en donde nos hablará sobre instrumentistas, compositoras y cantoras a lo largo del tiempo hoy bandoneonista, cantante y compositora porteña Susana Ratcliff
Escucha el programa aquí:

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Mexico esta de LUTO / Aplican “fast track” PRI, PAN y PVEM y aprueban dictamen de sector eléctrico

Penchyna durante la discusión de la reforma energética. Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Sin discusión alguna, senadores del PRI, PAN y PVEM aprobaron en una hora el dictamen que da un nuevo marco regulatorio al sector eléctrico del país.

Los legisladores de esos tres partidos, ante la ausencia de los senadores del PRD, sólo hicieron posicionamientos y no hubo debate sobre el contenido de las nuevas leyes de la Industria Eléctrica y de Ley de la Industria Geotérmica, así como del proyecto de reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

La reunión de las comisiones unidas inició a las 13 horas y 60 minutos después ya había concluido tanto la discusión en lo general como en lo particular.

Tras los posicionamientos de senadores de los tres partidos, los legisladores indicaron que estaba suficientemente discutido el dictamen en lo general.

El senador del PAN Salvador Vega Casillas anunció que su fracción se reservaba todos los artículos de las tres leyes a discusión y que su bancada definirá después qué artículos se retiran de la reserva y que no necesiten modificación, para dejar los que se requiera cambiar, a fin de tener un documento armonizado.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna, explicó que el PRI no tenía ningún artículo reservado. Explicó que en la construcción del dictamen se hicieron más de 60 modificaciones con respecto a las iniciativas del Ejecutivo federal.

“Estamos convencidos que guardan una integridad en función de lo que mandata la reforma constitucional, tenemos claridad de que el modelo se está cubriendo cabalmente” dijo el priista.