5/04/2019

Gabriela Molina Moreno No fui arrullada con canciones de cuna, sino con cantos guerreros



El atajo a Desemboque de los Seris es un enorme jardín repleto de saguaro, cinita y pitaya, que los jóvenes comca’ac decidieron esconder para mantenerlo vivo. Por aquí no pasa nadie que no sea de la comunidad o invitado por ella. Gabriela Molina va al volante. Está desvelada porque el día anterior a nuestro encuentro enfrentó, junto a sus compañeros de la Guardia Tradicional, a un grupo de delincuentes que robaban el fruto de la pesca. En lancha y armados los persiguieron durante la madrugada, lograron detenerlos y los entregaron al Ministerio Público. La estampa retrata a esta Concejala de cuerpo entero. Lo mismo porta un chaleco negro y enfunda un arma como parte de la Guardia, que viste una larga y colorida enagua adornada con grecas hechas con listones, parte del traje tradicional de la nación comca’ac.
Con las aguas del Golfo de California de fondo, sentada en una pequeña silla de madera, Gabriela deshilvana con soltura las desgracias de este pueblo milenario, de los primeros, dicen, que poblaron Mesoamérica. Además del acecho de la delincuencia, los comca’ac, como el resto de los pueblos, naciones y tribus indígenas de México, enfrentan las amenazas de empresas mineras que se imponen en el territorio. Hace cuatro años, cuenta Gabriela, “llegaron los mineros a amenazarnos con armas”, porque así llegan estos proyectos a las comunidades. “Aceptas o te encañonan”. Los comca’ac decidieron que ni una ni otra. Y siguen resistiendo.
En el 2015, del territorio sagrado extrajeron los trabajadores de la mina La Peineta alrededor de 300 toneladas de tierra y devastaron 31 kilómetros lineales de la reserva indígena, afectando la vida del venado bura y del borrego cimarrón, entre otras especies, además de los daños a la salud humana y al medio ambiente. Gabriela o Gaby, como la llama la mayoría, advierte que los empresarios sonorenses quieren “llevarse el oro, la plata y el cobre que abunda en estas tierras”.
Fue precisamente la lucha contra las mineras lo que llevó a esta joven a involucrarse directamente en la defensa del territorio. Las mujeres de la comunidad empezaron a organizarse porque se estaban otorgando concesiones sin consentimiento y sin ninguna consulta. En ese momento, recuerda, “pensábamos que solamente era La Peineta, pero cuando empezamos a investigar encontramos ocho sitios concesionados a la minería a cielo abierto”. Aproximadamente a cinco kilómetros de Desemboque se encuentra la concesión minera La Rojiza. Y otra más en el cerro de Tepopa, más las tierras de Punta Chueca.
Desemboque de los Seris y Punta Chueca son las dos comunidades que conforman el territorio comca’ac. Juntas tienen una población de alrededor de dos mil hombres y mujeres de mar y arena. La asamblea tradicional de Desemboque fue la que eligió a Gabriela Molina para participar en el Concejo Indígena de Gobierno. Ella, hija del actual gobernador seri y nieta de la única mujer que ha tenido ese cargo, tiene hoy la responsabilidad de promover la organización y visibilizar las luchas de su pueblo, que no son pocas.
Además de la lucha contra las minas, hay otras amenazas contra este territorio de más de 200 mil hectáreas y 100 kilómetros de litoral. Sobre la zona desértica y la costa “hasta hoteles quieren construir”, además de un proyecto maremotriz auspiciado por la empresa Tiburón Agua y Electricidad que promueve el “Proyecto de desalinización de agua y de producción eléctrica mediante energía maremotriz Hermosillo”, que no es otra cosa que la venta de energía y agua al noroeste mexicano y al sudoeste de Estados Unidos.

La Isla Tiburón, corazón amenazado de la nación comca’ac

Frente al improvisado set en el que transcurre la entrevista se yergue voluptuosa la Isla Tiburón, la más grande de la República Mexicana, territorio sagrado comca’ac que con sus mil 200 kilómetros cuadrados es sólo un poco menor a la Ciudad de México. Punto de reunión de los guerreros seri, actualmente sólo está habitada por la Marina Armada de México, institución que sin permiso de la tribu instaló un edificio en la puerta de entrada conocida como Punta Tormenta. “Ellos (la Marina) alegan que llegaron a un acuerdo con la autoridad seri, pero no es así. En lugar de cuidar el territorio, defienden a la delincuencia organizada”, acusa Gabriela.
“La mayoría de la gente del territorio no aprueba que la Marina Armada de México esté ahí, porque nosotros le tenemos un respeto a la isla. Su presencia no sólo no nos beneficia, sino que además, cuando se meten barcos sardineros, son ellos quienes los defienden. A los comca’ac nos ponen vedas en la pesca, pero a los barcos de arrastre no les prohíben nada, los protegen”.

| La mayoría de la gente del territorio no aprueba que la Marina Armada de México esté ahí, porque nosotros le tenemos un respeto a la isla |

Al corazón de la nación comca’ac, que “desde tiempos atrás era la cuna, el lugar donde se refugiaban los seris que quedaron”, hoy no la habitan los pobladores originales porque la consideran sagrada y no quieren impactarla, “pero hay gente que no entiende esta parte”, lamenta Gabriela.
En Isla Tiburón yacen los cuerpos de sus ancestros y, aunque es Área Natural Protegida, cuando los indígenas interpusieron denuncias para frenar la entrada de la Marina, la Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas no hizo nada, acusa Molina. “A ellos sí les dieron chance de entrar y a nosotros nos pedían miles de cosas para hacer trabajos de prospección”.
No es poco lo que se juega aquí. Un paraíso de flora y fauna que contempla borrego cimarrón, venado bura, coyotes, tortugas del desierto, víboras endémicas; frijoles nativos, semillas, biznagas, palo fierro y cientos de especies más, incluyendo plantas medicinales y una amplia variedad de cactáceas, significa recursos nada despreciables para gobiernos y trasnacionales, pero tienen dueño y son los comca’ac. Desde tiempos inmemoriales, las islas, bahías, esteros, cuevas y montañas fueron zonas de refugio que posibilitaron su sobrevivencia durante la guerra del gobierno contra su pueblo, como sostiene el antropólogo Gabriel Hernández García.

Si nos quitan el mar, nos quitan la vida

“¿Ustedes comen de todo?”, pregunta Gaby al equipo de Desinformémonos antes de llegar a su comunidad. Ella y su familia prepararían la comida y quería prevenirse. “Sí”, fue la respuesta. “Es que aquí sólo comemos mariscos”, contesta. Y así fue. Enormes platos de pescado y camarón inundaron los platos. Hombres y mujeres de mar, su origen nómada se debe al seguimiento de la pesca. Desde las primeras horas de la mañana tienden sus redes sobre el Mar de Cortés y arrojan el fruto del día en pequeñas barcas familiares. Ricas en especies marinas, a estas aguas se asoma también la pesca ilegal y la invasión de personas externas “que hacen todo tipo de atracos que se los achacan a los comca’ac”.
Gabriela, como parte de la Guardia Tradicional, trabaja en el “reacomodo del territorio” y redobla la vigilancia de sus aguas. Ha detenido “a delincuentes que no son de la comunidad y que vienen a asaltar los barcos”. Y aclara: “Nosotros no somos ese tipo de gente, no estamos haciendo ninguna maldad y nos culpan. Por eso nosotros mismos los estamos deteniendo y entregando a las autoridades”.

| Crecí junto al mar, es mi vida. No es un pedazo de agua, sino algo que va más allá. Es la sangre de todos nuestros ancestros y también el lugar de donde sobrevivimos |

“Crecí junto al mar, es mi vida. No es un pedazo de agua, sino algo que va más allá. Es la sangre de todos nuestros ancestros y también el lugar de donde sobrevivimos. Por eso hay que cuidarlo y respetarlo más allá de lo que se conoce como vedas. Nosotros no lo hacemos por temporadas, pues el agua es el lugar donde se reproduce nuestro alimento, de ahí sobrevivimos. Es también la parte espiritual de nosotros. Si nos quitan el mar, nos quitan la vida”. Con escasa tierra cultivable, los seris han vivido de la pesca y de la cacería, pero esta última también ha sido explotada de manera furtiva, siendo los venados y el borrego cimarrón los más afectados.
Las tensiones en estas tierras son las del resto del país. Desde antes de que fuera un problema nacional, aquí ya había tendido sus redes el narcotráfico. Gabriela asegura que “donde está la Marina o hay fuerza pública se dan este tipo de situaciones”. Antes, dice, los de la tribu no denunciaban, “pero los jóvenes de ahora están cambiando. Hay una nueva generación que está más consciente y está sacando todo a la luz”. Ellos lo hacen a través de las redes sociales y dejan claro que no lo van a permitir.

Crecí con los abuelos escuchando cantos y las historias sentada en una fogata

Janeydi entona el canto Hamat cmaa tpaaxi (La Creación) en medio de los saguaros y pitayas, de espaldas a la Sierra Bacha. Es la hermana menor de Gabriela y, como ella, rompe los moldes y transforma los cantos tradicionales al ritmo del hip hop. Su hermano mayor, como todos en la tribu, se dedica a la pesca, mientras su sobrina Nicole, de dos años, corretea por la arena balbuceando los idiomas comca’ac y español al mismo tiempo. La niñez de Gabriela transcurrió alrededor de la hoguera atizada por su abuela, con quien, por azares de la vida, se crió. “No tuve mucho tiempo para jugar con niñas de mi edad, crecí con los abuelos escuchando cantos y las historias sentada en una fogata. Fue algo muy fuerte que asumí desde muy pequeña. Yo creo que por eso soy tan apegada a mi cultura, a mi gente, a las danzas y a todo lo que nos hace del pueblo”.
Solitaria, le robaba los fósforos a su abuela y hacía su fogata en el monte, donde jugaba a la comidita con vainas de mezquite. Si la consigna “infancia es destino” es cierta, aplica como manual a Gabriela. Casi recién nacida, su madre la entregó a su tía para su cuidado y ella la hizo crecer junto a su abuela. Los motivos de la separación ellas los conocen.
Estudió la primaria en el pueblo y en segundo de secundaria salió de la comunidad para reunirse con sus padres, quienes decidieron que tenía que acoplarse a la gente externa y se la llevaron a Bahía de Kino a cursar el resto de la escuela y la preparatoria. Después regresó a Desemboque y “como toda buena rebelde” volvió a salir para ingresar a la universidad.

| Cuando llegué a vivir a Bahía de Kino, de mis compañeros sólo escuchaba que los indios seris eran salvajes, no estudiaban y no les gustaba trabajar, que éramos asesinos y asaltantes |

De su rebeldía culpa a sus abuelos. “Ellos me enseñaron”, dice, al tiempo que recuerda que en las festividades tradicionales ella se incorporaba al juego varonil de los carrizos. Nunca le dijeron “no hagas esto porque es de hombres” y por eso creció “en libertad”, aunque eso no hizo natural su convivencia “con los de afuera”. Cuando salió a estudiar, “me di cuenta de que nos tachan de lo que no somos. No nos conocen a fondo y hablan mal de nosotros, nos discriminan. Cuando llegué a vivir a Bahía de Kino, de mis compañeros sólo escuchaba que los indios seris eran salvajes, no estudiaban y no les gustaba trabajar, que éramos asesinos y asaltantes”. Gabriela entonces se camuflajeaba y nunca hablaba su lengua.
La hoy integrante del Concejo Indígena de Gobierno tiene dos licenciaturas, la primera en Gastronomía, por la Universidad del Valle de México plantel Hermosillo. Su propuesta culinaria se basó en la comida típica de su pueblo con la incorporación de nuevos ingredientes. Reivindicó en su tesis el uso de la harina tradicional de mezquite, en lugar de la harina de trigo que afecta la salud de los indígenas de su pueblo. Luego se fue a la Ciudad de México y empezó a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La historia de Gabriela Molina se remonta al clan guerrero al que pertenece y que marca su destino. Por eso para nadie es sorpresa su incorporación a la lucha por la defensa del territorio. Cuando regresó a su comunidad después de terminar sus estudios, se encontró con un grupo de mujeres tan jóvenes como ella que le transmitieron la preocupación por la mina que levantaban a la mitad del territorio. Abrieron un grupo de Facebook para mantener la comunicación con Punta Chueca, la otra comunidad afectada.
Aunque acordaron que no habría una cara visible, la situación de sus compañeras casadas les impedía afrontar responsabilidades, y como ella era la única soltera y sin hijos (y lo sigue siendo), asumió la vocería informal y siguió denunciando la invasión minera. Y así se encontró con las luchas de “los pueblos hermanos yaquis, los makurawe y después los rarámuri”. Y pasando el tiempo nos empezamos a unir con los del sur del país, de Xochicuautla (Morelos), de Atenco (Estado de México) y con otros con los que se hicieron enlaces para brindarse apoyo.
Eran “sólo un grupo de Facebook”, no había fondos “y ni siquiera nombre teníamos. No sabíamos lo que éramos”. Empezaron a cooperarse para comprar gasolina para transportarse a Punta Chueca: “Nos fuimos las mujeres en la camioneta y hablamos con el comisariado ejidal para pedirle que convocara a una reunión con todos los ejidatarios para exigir información a la empresa minera, para ver si había algo claro, porque la gente no entendía nada”. La sorpresa fue que cuando regresaron a su comunidad les dijeron que eran “unas putas, lo típico de las comunidades machistas”, y la acusaron de alborotar a las mujeres de la comunidad, “pero me dio risa porque ellas fueron las que me impulsaron para hacer todo eso”.
Gaby iba y venía con el papeleo a la Ciudad de México, hasta que tomó la decisión, apoyada por un grupo de académicos que la asesoraban en la lucha contra la mina, de quedarse a estudiar Ciencias Políticas. Eran tiempos de amenazas contra su vida, dice, pues, la empresa contrató gente para amedrentar a las opositoras. “Nos decían que dejáramos las cosas así, que permitiéramos trabajar a los empresarios mineros. Incluso, en una asamblea pública en la cancha de basketball, uno de los empresarios nos dijo que cuánto queríamos para dejarlos trabajar en paz y ofrecieron una cantidad de millones. Dijimos que no porque nuestra dignidad y nuestra vida no estaba en venta”.
Lograron parar La Peineta con un amparo contra la concesión. La victoria estaba en el papel, pero el gobierno del estado nunca actuó, por lo que “la tuvimos que parar con las armas”. Gabriela cuenta que el grupo de mujeres fue hasta la mina e hizo “pedazos todo lo que había ahí”.
Los colectivos y activistas de la Facultad de Ciencias Políticas fueron su inspiración para no rendirse. “Me compartían libros escritos por otros compañeros en luchas sociales en América Latina. Yo tenía 25 años. Salía mucho del país y colaboraba en el territorio con un grupo de conservacionistas. Trabajaba en la protección de la tortuga marina y eso me dio la oportunidad de viajar y de compartir con hermanos de Panamá, de Colombia y de otras partes. Me interesó estar con hermanos de otros pueblos originarios, conocía muy poco de las luchas de México, pero empecé y ahora de ahí no me sacan”.
Suspendió los estudios por el trabajo en la defensa de los bienes comunales en Isla Tiburón, “pues había una autoridad tradicional que estaba haciendo mucho daño”. La comunidad ya les tenía confianza a estas jóvenes “y nos pidieron acompañamiento jurídico, porque dentro de nuestro grupo hay un abogado y otro que estudió ecología. Y esos estamos hasta la fecha”.
El 4 de noviembre de 2017, un día después de la entrevista, las mujeres se reunieron en el solar del clan guerrero. Su padre, el gobernador tradicional, hombre fuerte y enérgico, convoca y organiza la comida que habrán de compartir al centro de la reunión. El Concejo de Ancianos está presente, al igual que la Guardia Tradicional con sus armas y uniformes camuflajeados. Las mujeres seri con sus largos faldones y los pañuelos cubriendo su pelo llegan primero y comparten la elaboración de los alimentos. El menudo hierve a un lado mientras toma la palabra don Miguel Estrella, la autoridad del Concejo de Ancianos, el mismo que autorizó la realización de este reportaje en su comunidad.
La lengua comca’ac es la única. Se habla de los problemas del ejido (me traducen las mujeres que se cubren del sol bajo el nogal). Ponen la olla con la comida al centro y mientras transcurre la reunión los hombres se van sirviendo. Al final, don Adolfo, el anciano cantador, lanza su voz hacia el mar.
Gabriela es la única mujer que toma la palabra. A saber qué dice. Luego se reúne con las mujeres y sigue el encuentro. “Muchas veces he estado en situaciones de peligro”, reconoce, “pero desde que asumí este trabajo sé que es vivir por todos. No siento que deba tener miedo porque hay algo mucho más allá que me está cuidando, los abuelos que ya no están. Cada vez que voy a hacer algo, trato de hacer un rezo, una oración, como me enseñaron ellos. No siento miedo, no sé si eso sea ser valiente”. Su madre, una artesana que teje cestos de torote, la mira y sonríe.
Las mujeres seri son parte importante de la economía familiar. Representan, en muchos casos, el mayor ingreso de dinero. Aprenden el arte de la cestería desde niñas y sus productos se cotizan en dólares en Estados Unidos. La nación comca’ac era una cultura de matriarcados hasta que llegó el hombre blanco y la cambió. Hoy, mujeres como Gabriela intentan recuperar la política interna: “El trabajo es fuerte porque se quiere retomar el rol de la mujer. Antes era ella quien diseñaba la estrategia de guerra y más en mi familia. Eran las mujeres las cazadoras de venado y lo entregaban a los guerreros”.
Y justamente su clan es el de los guerreros, por parte del padre; por parte de su madre pertenece al de los cantores. Hay también clanes de artesanía, guías espirituales, médicos tradicionales, entre otros roles dentro de la comunidad. “Desde chiquita te instruye tu clan y te cuenta las historias de antes para que no traiciones a tu pueblo y no te vendas, para que veas por el bien de la comunidad y del territorio. Te van formando y contando cómo llegaron los mestizos a exterminarlo todo, desde el puerto de Guaymas hasta Puerto Peñasco”.
Descendientes de los 24 seris que quedaron después de la guerra de exterminio, Gabriela asume la responsabilidad “para seguir conservando todo lo que tenemos y dar la cara por todo lo que hay aquí”. A ella no la arrullaron con canciones de cuna, sino con cantos de guerra.

Las mujeres en la lucha ya no son sólo cocineras o las que siguen a su hombre

A Punta Chueca, la otra comunidad comca’ac, llegó el entonces Subcomandante Marcos en octubre del 2006, en el contexto de La Otra Campaña. Fue el primer acercamiento de la tribu con las iniciativas zapatistas y el Congreso Nacional Indígena. Gabriela era una niña entonces. Su encuentro con esta red de pueblos, naciones y tribus del país fue en 2016, en el marco de la asamblea que se llevó a cabo en Chiapas para discutir la iniciativa de visibilizar las luchas de los pueblos y llamar a la organización en el marco del proceso electoral del 2018. La tribu yaqui fue el puente.
Hoy son los jóvenes comca’ac los que participan en el Congreso y en el Concejo. Los mayores se mantienen detrás de ellos, los protegen, pero los dejan ir solos a las reuniones fuera del territorio. Ambas generaciones acuerdan que los partidos políticos sólo los han usado y dividido y que “llegó nuestro momento”, como dice Gabriela, “para unir las fuerzas y visibilizar todas las luchas del país”.
La joven luchadora aclara que, a diferencia de los partidos, “nosotros no prometemos nada, sino que estamos visibilizando a los pueblos originarios y también a la sociedad civil”. Se trata, explica, “de que afuera se conozca nuestra organización indígena, mostrar cómo trabajamos en las comunidades. Los partidos políticos son gente que ni siquiera conocemos y ellos eligen, ponen y quitan. Con nosotros cada Concejal fue nombrado en asamblea, por decisión de un pueblo, esa es otra diferencia”.
En cada acto público del Concejo Indígena de Gobierno son las mujeres las que toman la palabra. Su vocera, María de Jesús Patricio, Marichuy, es la última en hablar. Las voces femeninas denuncian y llaman a la organización. “Somos muchas compañeras las que estamos en esto”, dice orgullosa Gabriela Molina. Y todas, explica, “tenemos un trabajo en nuestras comunidades, no es que una Concejala haya sido nombrada nada más por bonita o por equis razón. Todas tenemos una trayectoria, muchas son maestras, mujeres que trabajan con la medicina, que están en la lucha social defendiendo su territorio. No somos gente que estábamos en nuestra casa y que de un día para otro la comunidad o nuestros pueblos nos nombraron porque sí”.

| Siempre las mujeres hemos levantado la voz para animar a los hombres a que den el paso para defender el territorio |

Las mujeres en la lucha ya no son sólo cocineras o las que siguen a su hombre, cual fiel costumbre Adelita. Ahora toman la palabra y se ponen a un lado de los hombres. No más atrás. Gabriela no niega el machismo en su pueblo, pero asegura que cada vez más son las mujeres las que levantan la voz. “Pero esto no es nuevo”, aclara, “pues siempre las mujeres hemos levantado la voz para animar a los hombres a que den el paso para defender el territorio”.
Asegura Gaby que antiguamente la nación comca’ac era un matriarcado y que, en la toma de decisiones importantes, primero platicaban entre las mujeres y ellas decidían. El machismo, dice, “llegó hace unos años y también tiene que ver con que mujeres seris se casaron con hombres blancos, el coxa o mexicano”. La diferencia no es poca. El coxa es el que no es comca’ac, el de afuera.
Se considera que son pocos los más de dos mil integrantes de la nación de arena, pero el gobierno seri advierte que en 1920 llegaron a ser sólo 200 habitantes. El incremento de la población es proporcional al tamaño de su resistencia. Simplemente se niegan a dejar de existir. “Aquí seguimos más vivos que nunca, luchando contra corriente, pero lo queremos hacer. Queremos que entiendan que no estamos de acuerdo con las reformas estructurales, que nunca nos consultan. Queremos que sepan que no queremos sus proyectos. Queremos que ellos entiendan que estamos aquí y queremos participar”.
Como pueblos, explica Gaby, “estamos acostumbrados a escuchar”, y es justo lo que están haciendo en el recorrido por el país. Nada llegará solo, dice, “así es que nosotros no nos quedamos sentados a esperar”.

Niñas y mujeres de Nigeria, convertidas en botín de guerra

Una niña cuya familia huyó de los combatientes de Boko Haram, en la entrada de una improvisada tienda de campaña en un campamento para desplazados internos en Maiduguri, la capital del estado de Borno, en el noreste de Nigeria. El extremista grupo islamista ha secuestrado a miles de niñas y las ha convertido en esclavas sexuales y forzado a matrimonios no deseados, entre otros abusos. Crédito: Sam Olukoya/IPS
MAIDUGURI, Nigeria, 25 abr 2019 (IPS) - “Nos sacaron a la fuerza y ​​nos mantuvieron como prisioneras”, dijo Lydia Musa, quien fue secuestrada por Boko Haram cuando tenía 14 años, durante un ataque en Gwoza, un municipio del estado nororiental de Borno, en Nigeria.
Musa y otras dos niñas menores de edad fueron apresadas y obligadas a casarse con combatientes de Boko Haram a pesar de sus protestas de que eran demasiado jóvenes para contraer matrimonio.
“Debes casarte, te guste o no, nos conminaron mientras nos apuntaban con sus  armas”, contó a IPS la ahora adolescente de 16 años, en Maiduguiri, la capital de Borno, donde reside ahora porque le asusta volver a su localidad y que termine capturada de nuevo.
La violación de Boko Haram de los derechos de las mujeres y las niñas es la parte más notoria de un panorama más amplio de trata de personas, matrimonios forzados y  esclavitud que existe en Nigeria.
Cuando el grupo extremista llega a su décimo año de insurgencia, sigue siendo lo suficientemente poderoso como para secuestrar a mujeres y niñas a voluntad, y continúa “atacando a mujeres y niñas como botín de guerra”, dijo en un comunicado Anietie Ewang, investigadora en Nigeria de Human Rights Watch.
Esta nación de África occidental tiene la mayor incidencia de tráfico de personas a través del desierto del Sahara y el mar Mediterráneo hacia Europa. En las zonas del norte y noreste del país donde opera Boko Haram existe una alta incidencia de matrimonios forzados, mientras que en todo el país son frecuentes los casos de niñas “comerciadas” como esclavas modernas.
Boko Haram, cuyo nombre significa “la educación occidental está prohibida”, tiene la reputación de estar entre los cinco grupos terroristas más mortíferos del mundo. Ha impulsado una violenta campaña para imponer un régimen de observancia estricta del Islam en el noreste de Nigeria y en zonas de los países vecinos de Camerún, Chad y Níger.
Se calcula que más de 20.000 personas han sido asesinadas por los extremistas desde que comenzaron su actividad rebelde en 2009.
El grupo también está involucrado en secuestros, tráfico, trata y esclavitud de niñas y mujeres. Cientos de mujeres y niñas han sido secuestradas durante sus 10 años de insurgencia. Pero el secuestro de más repercusión ocurrió en abril de 2014, cuando 276 mujeres fueron sacadas de su dormitorio en la estatal Escuela Secundaria de Chibok, en el estado de Borno.
Aquel masivo secuestro dio pie a una campaña mundial bajo la etiqueta de  #BringBackOurGirls  (devuelvan a nuestras niñas).
Unos meses después de que las niñas de Chibok fueran secuestradas, el líder de Boko Haram, Abubakar Shekau, comunicó que las vendería.
“Soy quien capturó a todas esas chicas y las venderé”, dijo en un video distribuido por Internet, en el que justificaba la esclavitud humana. “La esclavitud está permitida en mi religión y capturaré a las personas y las convertiré en esclavas”, afirmó.
En consecuencia, ha habido otros secuestros masivos de niñas en la región desde el ocurrido en Chibok.
En marzo de 2015, los combatientes de Boko Haram secuestraron a más de 300 mujeres, niñas y niños en la estatal Escuela Primaria Zanna Mobarti en la ciudad de Damasak, mientras que en febrero de 2018 fueron secuestradas 116 estudiantes en el gubernamental Colegio Femenino de Ciencia y Tecnología de Dapchi, en el estado de Yobe, tras un ataque al centro educativo.
“La forma en que Boko Haram retiene a las mujeres y las niñas contra su voluntad es en sí misma una forma de esclavitud”, dijo Rotimi Olawale, del grupo Bring Back Our Girls (BBOG). El grupo participa en una gran campaña para la búsqueda y el rescate rápido y efectivo de las niñas de Chibok y otras mujeres y niñas secuestradas.
Olawale puntualizó en una entrevista con IPS que Boko Haram también está usando a las cautivas, como las chicas de Chibok, como “valiosas fichas de negociación”, para cobrar rescates y asegurar la liberación de sus combatientes presos en Nigeria.
Cinco años después de su secuestro, según informes, son 112 niñas secuestradas en la escuela de Chibok las que permanecen cautivas, mientras que las demás escaparon o fueron liberadas por Boko Haram por acuerdos alcanzados entre los extremistas y el gobierno nigeriano.
En lo que se considera una referencia implícita a Boko Haram, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha asegurado que desde 2012, los grupos armados ajenos al Estado que operan en el noreste de Nigeria han reclutado y utilizado a niños y niñas como combatientes y no combatientes, han violado a niñas y las han obligado a casarse, entre otros atentados graves a los derechos de la población infantil.
Las historias de quienes escaparon del cautiverio de Boko Haram lo confirman.
Ali Mohammed, un exprisionero de Boko Haram, contó a IPS que mientras estuvo cautivo vio a milicianos de Boko Haram usando a niñas cautivas como esclavas sexuales. “Por la noche, iban libremente al lugar donde las niñas estaban confinadas para tomarlas y obligarlas a tener relaciones sexuales”, explicó.
Otra excautiva de Boko Haram que pidió ser mencionada como Halima destacó que los niños varones nacidos como resultado de la esclavitud sexual se están convirtiendo en la nueva generación de combatientes de Boko Haram.
Halima misma, quien dio a luz a gemelos durante su cautiverio, un niño y una niña, dijo a IPS que los miembros de Boko Haram siempre celebran cuando un bebé nace en sus campamentos.
“Una vez que se den cuenta de que es un bebé varón, comienzan a disparar al aire y gritan con euforia que ha nacido un nuevo líder”, contó.
“Después de dar a luz a los bebés, cargaron al varón en señal de júbilo y conversaron con Allah Akbar, mientras que por el contrario no  mostraron alegría alguna con la niña, ni siquiera la tocaron”, rememoró sobre su propia experiencia.
El secuestro de jóvenes por de Boko Haram tiene como uno de sus objetivos el convertirlos en combatientes, confirman estudios sobre el grupo islamista radical.
Unicef asegura que entre 2013 y 2017 más de 3.500 niños, la mayoría de entre 13 y 17 años, fueron reclutados por grupos armados no estatales que los utilizaron en el conflicto armado en el noreste de Nigeria. El Fondo considera probable que las cifras reales sean superiores porque las suyas incluyen solo aquellos casos verificados.
Musa, la adolescente capturada en Gwoza, confirmó que mientras estuvo cautiva vio a niños secuestrados que eran entrenados para ser combatientes del grupo extremista islamista. “En las mañanas, habitualmente les enseñaban cómo disparar armas y perpetrar ataques”, dijo, antes de añadir que algunos de ellos tenían apenas 10 años.
También se sabe que Boko Haram entrena a niños para transformarlos en terroristas suicidas. Otro informe de Unicef, este de 2017, asegura que entre enero y agosto de ese año, 83 menores de edad, principalmente niñas, fueron utilizados por Boko Haram como terroristas suicidas.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia destacó que esa cifra era cuatro veces más alta que en 2016.
Fracaso de leyes contra abusos infantiles
Mientras, los intentos legislar contra abusos como el matrimonio infantil, el abuso sexual, el tráfico, la trata y el secuestro han fracasado en el pasado en este país africano.
En 2003, Nigeria adoptó la Ley de Derechos del Niño como un instrumento legal para proteger a los niños de estos abusos, y en ella se incluyó la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio.
Pero la Constitución nigeriana no contempla una edad mínima para casarse y la ley fracasó en parte porque varios de los 36 estados en que se divide el país se negaron  fracasó en parte porque varios de los 36 estados de Nigeria se negaron a aplicarla.
“También fue un fracaso en los estados donde se adoptó porque solo existía en el papel y no se hizo cumplir”, dijo a IPS la activista a favor de los derechos de las mujeres y las niñas Betty Abah.
Además, en 2016, el Senado de Nigeria, dominado por varones, votó en contra de un proyecto de ley sobre género e igualdad de oportunidades. Ese proyecto penalizaba la trata, el abuso sexual y la explotación de mujeres y niñas y niños. El proyecto también prohibía el matrimonio forzado y establecía los 18 años como la edad legal mínima para contraer matrimonio.
Según Unicef,  43 por ciento de las niñas en Nigeria están casadas antes de cumplir los 18 años. Algunos de los legisladores que votaron en contra del proyecto de ley argumentaron motivos como que su religión permitía el matrimonio de menores de edad.
“Es una muy mala señal de que tenemos un largo camino por recorrer, si aquellos que deben realizar las leyes para proteger a las mujeres y los niños y niñas consideran que tales leyes no son necesarias”, dijo Abah.
Mientras tanto, Musa, puede haber huido del cautiverio de Boko Haram, pero está demasiado aterrorizada para regresar a su hogar. Ahora vive en Maiduguri,  a unos 130 kilómetros de Gwoza, donde fue capturada.

“Siempre rezo para que la crisis termine y pueda volver a mi casa, porque ahora no puedo retornar porque no quiero arriesgarme a que Boko Haram me capture de nuevo”, resumió a IPS sobre su vida actual, donde se la pasa prácticamente recluida en el lugar donde vive.

Rocío Moreno Nunca más un México sin nosotras


Con la llegada del Congreso Nacional Indígena (CNI) a Mezcala, comunidad coca enclavada en la ribera del Lago Chapala, Jalisco,  el pueblo inició una nueva etapa en la lucha por la defensa de su territorio y conoció las de los demás pueblos del país. En noviembre del 2006 se llevó a cabo el Foro Nacional en Defensa de la Madre Tierra y la Autonomía de los Pueblos Indígenas en su comunidad, al que asistieron delegados del CNI de todo el país. Fue, dice Rocío Moreno, integrante del Concejo Indígena de Gobierno (CGI) “una ventana para entender que no solamente era una guerra contra nosotros, sino contra todos los pueblos. Ahí la gente entendió que si defendíamos un pedazo de tierra, también teníamos que hacer una lucha nacional. No podíamos quedarnos con las cosas particulares”. El CNI, en definitiva, “nos permitió construir nuestro horizonte político. Ahí fue donde lo encontramos”.
Son 15 de sus 34 años los que Rocío  lleva caminando con esta red nacional de pueblos, naciones y tribus del país, “un espacio de análisis, reflexión y diálogo entre nosotros”. Conoce el movimiento, su recorrido y sus tropiezos. Los encuentros, explica, son “para hablar de las problemáticas de los pueblos en el país, de la forma en que están caminando para construir su autonomía y de cómo fortalecen las asambleas”. En 2016 el Congreso cumplió 20 años, “se hizo un balance de cómo estaban nuestros pueblos y vimos que el escenario era peor que hace 20 años: en este tiempo han golpeado duramente a nuestros pueblos, a nuestras organizaciones y al país. Vimos que había cada vez más imposición, por ejemplo con las minas, que ocupan más del 40 por ciento del territorio nacional. Además de los miles de desaparecidos en nuestros pueblos, del desempleo, el despojo y los asesinatos de muchos compañeros del CNI”.
El escenario, en resumen, era peor, y “según nosotros, se va a poner peor aún, pues hay una guerra contra la humanidad, contra la vida, porque los ríos ya no son ríos, los cerros ya no son cerros, la lluvia la quieren programar y hasta el viento se quieren robar”. Por lo tanto, concluyeron, “era urgente pasar a la ofensiva y hacer algo más”. Rocío explica que el “algo más” es la organización “y sin ella probablemente perdamos todo, ahora sí”. Es muy probable, añade, “que esta sea la única oportunidad de mantener lo que tenemos, porque los niveles de despojo y exterminio son alarmantes”.

Después de las elecciones vendrá la tormenta, ya las nubes están cargadas

En este contexto, el CNI decidió, con el apoyo del EZLN, lanzar la iniciativa de conformar un Concejo Indígena de Gobierno, integrado por representantes hombres y mujeres de todo el país elegidos por sus pueblos, y con esta fórmula participar en el proceso electoral presidencial del 2018, “no para ganar, sino para visibilizar a los pueblos y llamar a la organización”. Rocío, Concejala por el pueblo coca, explica que “en esta iniciativa la apuesta es la organización y creemos conveniente utilizar el espacio electoral para que se escuche la voz de los pueblos”. El proceso electoral del 2018 “es el momento y el espacio, pero no la finalidad de esta organización”, aclara.

| El problema no es quién ocupe la presidencia, sino es toda la estructura. Eso es lo que tenemos que cambiar. Lo que estamos denunciando es que esta estructura ya no sirve |

La destrucción, dice, “no es un problema sólo de los pueblos originarios, sino un problema del país entero”. Se trata de una “guerra contra la vida” y por eso “la única forma de hacerle frente es organizándonos para que no puedan desaparecernos”.
“Después de las elecciones vendrá la tormenta”, vaticina Rocío. “Será cuando caiga todo. Ya vimos la nube, la cargada de agua, va a llegar el momento de la tormenta y si no estamos preparados, no vamos a sobrevivir”. Por eso la apuesta a la propuesta del CIG y de la vocera María de Jesús Patricio “es crear una alianza y organización nacional que enfrente al gobierno y a esta guerra que nos está destruyendo”.
No se trata, reitera “de ganar un proceso electoral, pues eso no nos va a resolver nuestros problemas. Si Marichuy gobierna a México seis años, a nosotros no nos va a servir de nada. El CNI eso lo tiene claro, porque no es una cuestión de buenas voluntades. No basta con que las personas que llegan a gobernar este país piensen bonito. Por lo que nosotros estamos peleando y lo que estamos denunciando es que esta estructura ya no sirve. Por eso el voto no significa nada. Nuestro país está lleno de fraudes electores, ellos ya eligieron quién va a gobernar a México los próximos seis años. Nuestra apuesta no es ahí, sólo pensamos que hay que tomar ese lugar, esa fiesta de los de arriba y, desde ahí, desmontar el poder denunciándolo. El problema no es quién ocupe la presidencia, sino es toda la estructura. Eso es lo que tenemos que cambiar. No sabemos cómo, porque ni siquiera hemos podido hablar con todos los sectores de esta nación. Por eso necesitamos escucharnos”.
El CIG, explica la indígena coca, está conformado por un hombre y una mujer de cada pueblo. Son 180 concejales en el país “y cada uno de ellos trae, además del compromiso que hemos aceptado para hablar con el pueblo de México, los trabajos de su comunidad”. Aunque la mitad son mujeres, el rol en esta iniciativa de ellas es predominante. En el recorrido de la vocera Marichuy por el país son ellas las que hablan, las que la reciben y cuentan la problemática de sus pueblos.
Rocío habla claro sobre el machismo al interior de los pueblos y de las organizaciones. Se refiere a la revuelta interna encabezada por las mujeres zapatistas en sus comunidades, en la que exigieron y ganaron el lugar que les corresponde. “Sería una pérdida de tiempo no hacer lo mismo que hicieron ellas, porque tenemos el machismo y el racismo inyectado en nosotros y éste es el momento para denunciarlo y cambiarlo”.
“Tenemos que sacar ventaja de lo que esta iniciativa nos permite ver”, dice Rocío, sentada en el centro de la isla de Mezcala. Y serena, advierte: “Nunca más un México sin nosotras”.
Racismo y exclusión
Tenía siete años cuando fue a la cabecera municipal de Poncitlán, Jalisco, y se sentó a comer unos tacos en un puesto callejero. Su tío la regañó y ella no entendió. Más tarde su mamá le explicó que su tío la estaba protegiendo, pues no quería que le dijeran nada y la lastimaran. Ella siguió sin entender. ¿Por qué le iban a decir algo sólo por sentarse en un puesto callejero? Sucede que los indígenas de Mezcala ni a eso tenían derecho. “No había una ley, nada, pero ya estaba en la cabeza de nosotros, nos habíamos apropiado de la idea de que ése no era nuestro lugar. Y mi tío tenía miedo de que me maltrataran”.
Rocío Moreno, con sus 34 años, es de las de mayor experiencia dentro del Congreso Nacional Indígena. Su nombramiento como Concejala a nadie sorprendió, pues su trayectoria como defensora del territorio es larga como la enorme trenza que le cae sobre la espalda. Nació, creció y vive en Mezcala, la única comunidad que queda en la ribera del Lago de Chapala, el más grande de México. A su pueblo le han negado todo, incluso su origen coca, el cual sólo se reconoce si de racismo se trata, como cuando, hace seis años, trabajó como maestra en la Universidad de Poncitlán y algunos maestros lamentaron que “una india de Mezcala fuera a dar clases”.
La ley estatal de Jalisco señala que Mezcala no es una comunidad indígena, “aunque nosotros no somos iguales a los vecinos”, señala Rocío, quien organiza desde hace diez años talleres de historia comunitaria con el fin de que los niños conozcan y se sientan orgullosos de su pasado. “Nos han hecho creer que ser miembros de un pueblo originario es una vergüenza. Nos dicen que es sinónimo de que estamos contra el progreso, que somos unos tontos, que no tenemos una visión, que nos gastamos el dinero en las fiestas”. Por eso en los talleres desde niños conocen “la otra historia”, la suya, la de los indios insurgentes que defendieron la isla de Mezcala de los españoles y nunca se rindieron.
Mezcala, comunidad pequeña que con sus 5 mil habitantes es prácticamente la única que queda en los alrededores del Lago de Chapala, ha vivido siempre de la pesca y de la agricultura. Tiene dos islas, una de ellas centro sagrado y corazón de la cultura coca. Aquí nació doña Rosa Moreno, madre de Rocío, hija de Locadio Moreno y nieta de Tomás Moreno, personas a las que la gente recuerda por su participación en la lucha por la recuperación de tierras de principios del siglo XX.
La historia de Rocío no se explica sin la de su madre, mujer alegre y combativa, enfermera de vocación y profesión. Una mujer peculiar que se rebeló a todo y no siguió los patrones impuestos. “La generación de ella, hombres y mujeres que hoy rondan los 70 años, casi no estudió. Ella lo hizo y además fue madre soltera, mamá y papá de todos sus hijos”.
Rocío creció en reuniones en las que sus abuelos, mamá, primos y tíos hablaban de la defensa del territorio y la importancia de mantener a la comunidad. Siempre decían, “lo que ustedes tienen de tierra y esta casa se debe a que mucha gente luchó atrás”. La niña Rocío comprendió desde entonces que la tierra es una herencia, un derecho, algo que les corresponde.
Doña Rosa ejerció la enfermería durante 33 años en el Seguro Social y en el Hospital Civil viejo, al oriente de Guadalajara, y por eso su hija creció y estudió en una colonia de la zona. Los fines de semana y en las vacaciones regresaban a la casa del pueblo, que siempre estaba llena de comuneros y de familia, por lo que nunca se sintieron lejos.
Para Rocío la vida era la laguna. No había agua potable, luz eléctrica ni carreteras. Ir de Guadalajara a Mezcala era como trasladarse a otro país. Los juegos de niña transcurrían alrededor del lago, igual que la comida y la conversación. “La gente se metía a la laguna y sacaba los cántaros de agua para tomar y cocinar, pues no estaba contaminada. Toda la vida estaba puesta ahí. Nosotros nos montábamos en un árbol, un ciruelo, y era la única forma de divertirte. Ni siquiera había dulces, pura fruta. Una infancia libre, en la que ni siquiera recuerdo que cerráramos una puerta de la casa”.
En Guadalajara vivían en Tetlán, una colonia popular del oriente de la ciudad habitada por mucha gente originaria de Mezcala. “Yo no sentía mucha diferencia porque era una colonia que no estaba pavimentada, y aunque sí había servicio de luz y de agua, el que hubiera mucha gente de la comunidad hacía que la viviera como si fuera una extensión, pues aquí se reproducía la vida comunitaria, incluyendo el sistema de cargos tradicionales”.
Una parte de la primaria la cursó Rocío en Mezcala, viviendo con sus abuelos, y la otra en Tetlán. La familia caminaba al paso de la madre, por lo que se movían si a ella la cambiaban de hospital, para estar cerca. Cuando terminó la preparatoria, su madre se jubiló del Seguro Social y se regresó de tiempo completo a Mezcala, pero Rocío se quedó en Guadalajara, pues decidió estudiar la licenciatura en Historia, carrera que eligió porque quería conocer los orígenes de su comunidad y “pensé que en la universidad me enseñarían”. En la comunidad existe una sensibilidad por la historia, la gente guarda libros sobre su pasado y documentos. El Título Primordial lo guarda la gente en sus casas y lo rotan como si fuera un santo. Por eso Rocío quería profundizar en la historia.
Los cinco años en la Universidad de Guadalajara fueron definitivos en su formación política. Ahí empezó a escuchar de colectivos y foros sobre el zapatismo. La información que le llegó de las comunidades indígenas de Chiapas, recuerda, “me hacía pensar en mi comunidad”, por lo que empezó a llevar revistas y documentales para que la gente tuviera más información. “Así formamos un colectivo. Nos juntábamos para leer, para hablar o para ver videos de zapatismo”. Era el 2001 y Rocío tenía 19 años.
En una tele pequeñita, en blanco y negro, de ésas que también tenían radio, la pequeña Rocío vio un programa sobre los zapatistas. Le preguntó a su mamá por qué los estaban asesinando y doña Rosa le respondió que “porque peleaban por la tierra, como tu abuelo, como tu bisabuelo”. Y se le quedó grabado. Así es que cuando volvió a escuchar sobre ellos en la Universidad, la información cayó sobre blandito. Con el colectivo que formaron en Mezcala los agarró el 2005, año de La Otra Campaña, iniciativa convocada por los zapatistas. “En ese momento nos fuimos para Chiapas y lo primero que nos preguntaron fue que dónde estaba nuestra asamblea y nuestros comuneros, nuestro gobierno tradicional. Tuvimos que ir hasta Chiapas para saber lo que había en nuestra comunidad, ahí entendimos que la defensa de nuestra comunidad no la podía hacer un colectivo, un individuo, sino el gobierno tradicional. Y entendimos que nuestro trabajo estaba en la propia comunidad, que la mejor manera de luchar era haciendo el trabajo en casa y reconociendo todo lo que teníamos”.
El paso siguiente fue participar en las asambleas del pueblo y después, por decisión de los comuneros, ingresaron como asamblea de Mezcala al Congreso Nacional Indígena (CNI) y a La Otra Campaña zapatista. “En ese momento ya no era el colectivo, sino la comunidad, y fue un paso muy importante”.

Talleres comunitarios para recuperar la historia y la identidad

La primera parte de la entrevista con Rocío transcurre en el patio de la casa materna, a un año de la muerte de su madre. Ella, una mujer fuerte, no puede evitar resquebrajarse ante el recuerdo de su progenitora. Su admiración es tan infinita como su recuerdo. “Cuando terminé la carrera, regresé a Mezcala a vivir con mi mamá, y empezamos el trabajo de los talleres de historia, sobre todo con niños y con jóvenes. No me cabía en la cabeza que tuve que haber ido hasta Chiapas para darme cuenta de lo que había en la comunidad. Pensé que nuestro trabajo era informar y empezamos a hacer talleres de historia de la propia comunidad en las calles de los nueve barrios. Eran más diálogos. Íbamos con la gente mayor del pueblo y ellos empezaron a contarnos lo que había pasado años atrás y por qué la importancia de conocerlo”.
Escucharon, para aprender su historia, a don Agapo Baltazar, que ya falleció, a don Salvador de la Rosa, a Martín Enciso, “y a mujeres que, aunque no eran comuneras, nos permitieron recoger las historias”. Una de ellas fue María de los Santos, conocida como María Machetes, porque siempre hablaba de la importancia de recuperar las tierras. Los mayores “empezaron a ver que jóvenes de la comunidad se interesaban por lo mismo, se abrieron y trabajamos con ellos”, recuerda esta historiadora que no encontró en la Universidad lo que ya existía en su pueblo.
En el Colectivo Mezcala estaban Jacobo Manuel, Adelo Robles, Mario de los Santos, Silvestre Claro, Paula Pérez, Leonor, todos jóvenes de entre 17 y 20 años, más los “viejos”, de entre 30 y 40 años. Cuando llegan al CNI, los comuneros ven que la lucha por el reconocimiento de la isla y del territorio comunal, que ya llevaba entre 40 o 50 años, era las misma que libraban otros pueblos, algunos avanzados en la construcción de sus autonomías y asambleas. Y se sintieron identificados. La visita de dos comandantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a Mezcala “fue un momento de cambio, pues a partir de entonces los comuneros abrieron la puerta de la casa comunal a mujeres, hombres y jóvenes que no fueran comuneros. Se entendió que la lucha la tenía que cargar la comunidad, no ellos solos, para poder recuperar las tierras que tenemos invadidas”.

| Antes de que empezáramos a escribir la historia de nuestro pueblo, los historiadores decían que los insurgentes de Mezcala habían sido vencidos por los españoles, y nosotros dijimos noAntes de que empezáramos a escribir la historia de nuestro pueblo, los historiadores decían que los insurgentes de Mezcala habían sido vencidos por los españoles, y nosotros dijimos no |

Los comuneros les dijeron, “muy bien, éntrenle, pero y ustedes qué saben hacer”. Rocío respondió que había estudiado Historia y que podía armar talleres sobre la historia comunitaria de Mezcala, “pero que necesitaba que me ayudaran a construir el contenido”. Y así empezó el trabajo con los mayores. Todos hablaban del Título Primordial de Mezcala y de la insurgencia. “Veíamos a alguien cortando chayotes, le ayudábamos a deshojar y por ahí le preguntábamos que si sabía lo que había pasado en la isla y pues ya nos contaba. Fueron meses en los que grabamos a mucha gente y se empezó a recuperar todo. Al final, cuando empezamos el primer taller, ellos quisieron que la dinámica fuera leer el escrito de 14 hojas. Empezamos en las calles, la gente se sentaba afuera de las casas, alguien llevaba café, canela o pan y guardaban silencio mientras alguien leía. Pusimos los jueves y viernes a las seis de la tarde para reunirnos. Cuando se terminaba la lectura, la gente empezaba a preguntar o decía lo que se acordaba que sus papás le contaban o lo que tenía guardado. Todas esas historias se recopilaron durante un año. Lo que hicimos después fue un tríptico, lo llevamos a la asamblea de comuneros y pedimos que nos acompañaran a los nueve barrios de Mezcala”.
La cara de luna de Rocío se ilumina cuando recrea los talleres. No para. La parte más simbólica, cuenta, era cuando hablaba del pueblo coca. “Ninguno de nosotros lo sabíamos, pero vimos que la lengua originaria de Mezcala se perdió en el proceso de conquista. Los coca fueron uno de los grupos más golpeados. Los escritos de los franciscanos señalan que esta región tenía una diversidad lingüística impresionante y que no pudieron hacer lo mismo que en el centro o el sur del país, donde una lengua abarcaba la extensión territorial. Entonces lo primero fue explicarnos cuándo y cómo perdimos la lengua. Porque una cosa es decir, ‘voy a perder la lengua porque ya no me interesa conservarla o transmitirla’, pero otra es que a través de un proceso de conquista te despojen de esa parte esencial de la cultura”.
Su pertenencia al pueblo coca fue otro momento mágico. Existe un ritual en la comunidad para pedir un buen temporal que se hace en unas rocas conocidas como “La Vieja”, aunque aparecen en documentos históricos como “La Nona”. Son dos piedras grandes, una masculina y otra femenina, el viejo y la vieja. Cuando no hay lluvia para la siembra de finales de mayo, la gente se organiza para pedirle agua a La Vieja. Se le lleva agua y flores y la gente le canta y le reza. Se suben a ella, se vacía el agua y se le grita a Santa María de Soyatlán: “¡danos agua!”. Al final llueve y soluciona la sequía. “Este ritual lo describen los españoles, siempre refiriéndose al pueblo coca, a sus rituales, el comercio y la pesca. Cuando leíamos esas descripciones, la gente decía, ‘pues ése soy yo’. Era como leerte una descripción de ti mismo, te identificabas de inmediato. Eran momentos mágicos”. Se sabía de la pertenencia a un pueblo indígena, pero no al pueblo coca. “Por eso los talleres fueron fundamentales para apropiarnos de lo coca”. Lo indígena ya estaba.
Ahí se aclaró todo aún más para Rocío. Su lugar estaba en la comunidad y no en la ciudad, “no porque fuera malo, sino porque pensaba que de qué había servido estudiar en la universidad si no podía regresar algo a la comunidad, algo de lo poquito que pudiera hacer en mi pueblo”. La lucha zapatista le había permitido adentrarse a la historia de su pueblo “y ver de manera distinta a mi familia, a mis tías, a mi mamá, a mis amigos. Lo que descubrí fue que había una lucha en la comunidad y que esa lucha la van a disfrutar los hijos, los nietos, otra gente que va a contribuir. Muchos salen de aquí para sobresalir, pero qué es eso, qué es sobresalir. Tiene uno que abandonar esas ideas”.
La universidad, dice, le permitió entender “que no era lo que buscaba. Ahí hay conceptos y palabras que joden los procesos comunitarios. Antes de que nosotros empezáramos a escribir la historia de nuestro pueblo, los historiadores decían que los insurgentes de Mezcala habían sido vencidos por los españoles y nosotros dijimos no, que para nosotros había sido un triunfo, y lo argumentamos. Lo que se consigue en las universidades es eso, el discurso del poder y su visión. Pero tuve que estar ahí para ver que no era lo que yo quería”.
Rocío tiene una personalidad fuerte. No es extrovertida, aunque ella dice que sí. Es más bien seria. Con quien quiere. Hace de sus amigos una extensión de su familia y es famosa por su claridad. No le interesan las relaciones a medias ni quedar bien con nadie. En ese sentido, confirma, es “dura”, y a veces “hasta miedo me tienen”.
Se casó hace siete años con Chuy Pérez, un hombre de la comunidad que vivió su niñez como migrante en California, Estados Unidos. Para su fortuna lo deportaron “y a los dos añitos que regresó nos conocimos”. Duraron dos años de novios y se casaron por el civil en una ceremonia que Rocío recuerda como “una de las peores experiencias” de su vida, pues siempre ha considerado que son puro teatro.
El perfil de Rocío, sus salidas de la comunidad a la reuniones del CNI y ahora del Concejo Indígena de Gobierno, su trabajo político interno y la firmeza de su carácter no han sido problema para Chuy, quien es físicamente “como muy rudo”, lo que ayuda a que la gente no se meta con él ni critique la forma de vivir de su compañera. “Pero hay otras compañeras que participan y la gente les dice a sus esposos, ‘ah, oye, tu mujer anda por todos lados moviéndose’”.
Rocío tiene “suerte”. Pero pide que no se considere así, sino que el “apoyo” de la pareja se viva algún día como parte de la normalidad. “Le he dicho que no tendría por qué apoyarme, sino simple y sencillamente estar y ya. Y lo está. En broma le digo que socialmente está muy bien porque cuida a nuestra hija, pero falta más. Se trata de que lo haga sin que se considere una ayuda, sino algo que nos toca a los dos”. Con Chuy comparte la misma historia e identidad y “todo eso ayuda a que entendamos que estamos en lo mismo y que si tengo que salir es porque hay una lucha del pueblo, no un trabajo personal, sino de la comunidad”.

La isla, corazón de Mezcala, lugar donde se ganaron 28 batallas

Ubicada en la Ciénega de Chapala, la isla de Mezcala, corazón del pueblo coca, tiene una extensión territorial de 200 mil metros cuadrados. Y, como la comunidad, está llena de historia. Los coca perdieron la lengua pero no el territorio, las autoridades tradicionales, los bailes, las fiestas y los cargos. Y por eso se aferran a lo que les queda.
Rocío dice que no se puede entender a Mezcala sin sus dos islas, espacios sagrados y comunales del pueblo. “Aquí se dio una resistencia indígena desde el periodo poscolonial, en la que durante cuatro años peleó el pueblo contra el ejército realista”. Es un espacio, explica la historiadora, “que nos da orgullo e identidad”. Durante esos años fueron ellos prácticamente el último foco de insurgencia en todo el país, tal como indican los registros españoles. Fueron 28 batallas y ninguna perdieron los insurgentes. Sus armas eran piedras y hondas, y poco a poco fueron armándose con los cañones de ellos. Al final, el gobierno colonial tuvo que brindar un indulto para los insurrectos y negociar con los insurgentes para que pudieran tomar la isla. Una epidemia en el pueblo obligó a los rebeldes a aceptar la negociación con el ejército realista, a cambio de que les devolvieran el territorio y los liberaran del tributo. El armisticio se celebró el 25 de noviembre de 1816 y por eso, cada año en esa fecha, el pueblo de Mezcala celebra a sus insurgentes. La historia oficial narra este episodio como una derrota y borra la participación indígena, pero en realidad fue una victoria del pueblo.

| Tenemos que hacer visible lo que la historia oficial hace invisible porque es clasista, racista y narrada como les conviene |

Rocío Moreno es clara: “Tenemos que hacer visible lo que la historia oficial hace invisible porque es clasista, racista y narrada como les conviene. Por eso nosotros les explicamos a la gente que viene a la isla y a nuestros propios niños y jóvenes que fue una resistencia organizada y mantenida por los pobladores de la región, sobre todo los de San Pedro y Mezcala”.
Y la narran, dice, “para que sepan que la tierra es de ellos y hay que seguirla defendiendo”.
En el presente de Mezcala está la resistencia y la lucha por conservar su territorio. Para ellos la isla no es sólo un vestigio histórico, con su presidio y construcciones del pasado. La comunidad siempre ha estado ahí. Hay alrededor de 51 familias que en la isla cultivan sus chayoteras o que llegan a pescar. En 1971, el Estado mexicano le reconoció a la comunidad 3 mil 600 hectáreas de tierra comunal, pero no incluyó las islas dentro de la retribución de los bienes comunales. El gobierno tradicional peleó lo que les corresponde en la Secretaría de la Reforma Agraria y en 1997 ganaron la posesión.
La segunda parte de la entrevista con Rocío es justo en la isla. Salimos en lancha desde el embarcadero del centro y, al descender, muestra la reconstrucción de los edificios históricos que se hizo en el contexto del Bicentenario de la Independencia. Detrás del festejo, dice, “estaba un proyecto para privatizar esta área comunal, que consistía en la edificación de un museo y una caseta de cobro para que los visitantes pagaran por acceder a la historia de la comunidad”. Pero la comunidad se organizó, tumbaron la caseta y no lo permitieron. Ni la visita del entonces presidente Felipe Calderón pudo concretarse.

La invasión y el ataque de los empresarios

El otro conflicto de la comunidad es en tierra firme y es por la defensa de las 3 mil 600 hectáreas que le corresponden, codiciadas por caciques y empresarios. Mezcala se encuentra en una región turística que se ha convertido en el ombligo de la región. A unos kilómetros, siempre sobre la ribera del lago de Chapala, se encuentra la comunidad de Ajijic, ejemplo y modelo de la invasión y colonización actual. Es el lugar con mayor número de residentes estadunidenses en México, que a su vez es el país con más estadunidenses fuera de su país en el mundo. Aquí el segundo idioma es el inglés. El pueblo, por supuesto, ha cambiado su apariencia y cultura en los últimos 30 años. En otro Ajijic esperan convertir a Mezcala, la única que conserva el bosque. En los cerros de alrededor se levantan fraccionamientos residenciales de gente de México y de otros países que llega aquí a construir sus residencias de descanso. Mezcala sigue siendo un freno a ese desarrollo inmobiliario.
Hace 17 años, el empresario Guillermo Moreno Ibarra, socio de otros fraccionamientos en Chapala, llegó a la comunidad con un prestanombres y se posesionó de manera ilegal de alrededor de diez hectáreas de tierra comunal y boscosa.  “El invasor cercó el paraje de El Pandillo, por lo que la asamblea lo citó en la oficina de bienes comunales, pero no acudió. Los comuneros interpusieron un juicio por restitución de tierras comunales contra el empresario, y el prestanombres, que era de la comunidad, se posesionó en la parte boscosa, faltando a todos los reglamentos”, relata Rocío.

| Hace 17 años, el empresario Guillermo Moreno Ibarra llegó a la comunidad con un prestanombres y se posesionó de manera ilegal de alrededor de diez hectáreas de tierra comunal y boscosa |

Ahí inició el juicio agrario, que se convirtió en un juicio emblemático para los comuneros de Mezcala, pues “si entra él, entran todos. Y si sale él también se van a tener que salir todos”. El juicio inició en 1999 y en el 2009 se hizo el último peritaje. En el 2014 se dio la primera sentencia a favor de la comunidad, pero el empresario interpuso un recurso para que se volviera a revisar el caso. Una segunda sentencia volvió a dar la razón a la comunidad. “Esto es simple, no puede existir la propiedad privada en las tierras comunales”. Pero nada de simple ha sido la resistencia: intimidación, presos, burlas, división y conflicto son el saldo.
Actualmente, un grupo paramilitar del empresario hace guardia en las tierras invadidas. Son alrededor de 16 personas con el rostro cubierto con un paliacate o pasamontañas y fuertemente armados que impiden que alguien se acerque. “Buscan intimidar a la comunidad, pero hemos decidido no caer en su provocación. Han sido muchos años de estar en la lucha. Mucha gente a la mejor ha perdido la esperanza de recuperar esa tierra, porque dicen que no se puede ganar al rico y que el gobierno está de su lado. Después de 17 años algunos se han agotado, pero la asamblea de comuneros y muchísimos jóvenes que se han integrado desde los talleres de historia, las caminatas y los campamentos, están relevando a los que se cansan”, explica Moreno. Lo que se juega, insiste, no es sólo la tierra, sino además “la vida comunitaria y los lazos que se han construido por muchos años. No hay otra manera de ser autónomos que conservar el territorio”.

Sentí que mi vida se detenía

Además del uso de paramilitares, el empresario ha denunciado en dos ocasiones a miembros de la comunidad. La primera fue en el 2002 contra cinco comuneros, por secuestro. “En esa ocasión llegó a la casa comunal gritando y amenazando a la gente, y lo detuvieron en la delegación municipal”, acción por la que los comuneros estuvieron tres años procesados, aunque al final el juzgado penal dijo que no se podía llamar secuestro a la detención en una cárcel municipal.
La segunda ocasión fue porque en el 2011, aproximadamente a tres kilómetros de las hectáreas invadidas, construyó una represa para juntar agua y colocó un panel solar para que el agua pudiera subir a la tierra ocupada. “La asamblea fue y desmontó el panel porque significaba una segunda invasión. Y meses después se giraron once órdenes de aprehensión contra tres comuneros y ocho pobladores”.
Era tanta la resistencia de las mujeres de Mezcala, afirma Rocío, que “el empresario formó un grupo paramilitar de mujeres denominado Las Águilas de El Pandillo. Eran mujeres armadas que buscaban la confrontación con nosotras. El mensaje que quería mandar al pueblo era que si querías problemas u órdenes de aprehensión, entonces fueras con los comuneros y te organizaras”. Así de fácil.

| “Había dos personas que no se identificaron en una camioneta sin placas, me detuvieron y me esposaron”. Llegaron enseguida periodistas y hasta ese momento mostraron la orden de aprehensión |

Una de las once detenidas fue Rocío. En septiembre del 2011 se giraron las órdenes de aprehensión. Ella estudiaba en Guadalajara y policías investigadores le hablaron y la citaron haciéndose pasar por reporteros de un diario de la ciudad. “Había dos personas que no se identificaron en una camioneta sin placas, me detuvieron y me esposaron”. Llegaron enseguida periodistas y hasta ese momento mostraron la orden de aprehensión. Se la llevaron a la Fiscalía en Guadalajara y a la mañana siguiente la trasladaron a la cárcel de Ocotlán.
La experiencia fue terrible. “Sentí que mi vida se detenía. No podía entender qué tenía que estar ahí. Nadie me daba explicaciones. Sentí todo el poder del Estado. Estaba en sus manos, y en ese momento ya era lo que ellos quisieran, podían inventar cualquier proceso, decir lo que quisieran. Yo no era nada. Así me sentía”.
Se le acusó, sin averiguación previa, de daños a las cosas, igual que a los otros diez detenidos. No lograron acumular las pruebas y la tuvieron que dejar en libertad, aunque siguió procesada. Luego de siete años de una vida en los juzgados, los once fueron absueltos. Y hasta la fecha, todos, siguen luchando.


Ellas son como nosotras

Flores en el desierto es un proyecto periodístico multimedia sobre 10 mujeres referentes de pueblos indígenas mexicanos


Entre las historias se destaca Marichuy, vocera del Concejo Indígena de Gobierno.

Las mujeres siempre estuvieron ahí, acá. ¿Por qué contar estas historias de mujeres que son parte del Concejo Indígena de Gobierno? Para visibilizar y contar en primera persona las historias de diez mujeres que son representantes del CIG y, con ellas, el papel de este Consejo, que es “visibilizar las luchas desde abajo y organizarlas”, al decir de la periodista Gloria Muñoz, autora del trabajo periodístico multimedia Flores en el desierto.

“Nos cuentan sus vidas personales atravesadas por racismo, clasismo y machismo. Nos hablan de los ataques neoliberales a los pueblos indígenas de méxico y las formas en que las comunidades resisten”, resumió Muñoz, en diálogo con RMR.

El proyecto nace “a partir de que ponen como protagonista de esta iniciativa (nombrar a una mujer como vocera del CIG y candidata presidencial -que no llegó a la contienda electoral por falta de firmas) a una mujer indígena”, en referencia a Marichuy.

“Ellas nunca ponen de lado a los hombres, hay una cuestión muy inclusiva en sus prácticas, pero ponen en el lugar central a las mujeres. Esto me parece importantísimo porque siempre hemos estado, pero no en un lugar protagónico y el encuentro de mujeres de marzo es un reflejo de esta iniciativa de ponernos en primer plano”, dijo la directora del portal Desinformémonos.

Son mujeres que han tenido que superar diferentes obstáculos y barreras en sus familias, comunidades, en la sociedad mexicana en general, para ocupar un espacio en la defensa de los recursos naturales. Mujeres que practican feminismos comunitarios, aunque no lo llamen así, desde la “emancipación constante y la lucha por los derechos, que su participación no sea hacer arroz y frijoles para los compañeros que están en la trinchera, sino estar en la trinchera, al frente de las decisiones”, agregó Muñoz.

Con el reciente resultado en el que Andrés Manuel López Obrador quedó electo Presidente, la existencia del CIG y esta publicación cobran más sentido, dice la reportera: “En un México donde parece que no crece nada, florecen estas luchas, en especial las de las mujeres”.

Las historias de Rocío, Gabriela, Guadalupe, Osbelia, Bettina, Sara, Myrna, Lucero, Magda y Marichuy pueden verse en línea en este link (https://floreseneldesierto.desinformemonos.org/), cada una contiene una entrevista, un video y un fotoreportaje.

La cruzada de Trump contra las mujeres se vuelve global



Amy Goodman y Denis Moynihan

Antes de ser presidente, Donald Trump afirmaba estar a favor de la libertad de elegir abortar. Actualmente, no para de tomar medidas para negarles a las mujeres el control sobre sus propios cuerpos. Siguiéndoles el paso al vicepresidente Mike Pence y a algunos de los miembros de su coalición de derecha con mayor oposición al aborto, Trump ha vuelto global su cruzada. Esta semana, EE.UU. presionó para que se apruebe una versión lavada de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dirigida a poner fin a las violaciones y la violencia sexual en la guerra. El embajador interino de Estados Unidos ante la ONU amenazó con vetar cualquier resolución que contenga referencias a la “salud reproductiva”. El objetivo de la exigencia, según la mayoría de los observadores, es garantizar que las mujeres que sean violadas en el marco de una guerra no reciban ninguna ayuda para poner fin a los posibles embarazos resultantes. Este episodio es apenas el más reciente en la acelerada y cada vez más exitosa campaña para penalizar el aborto, llevada a cabo por una minoría fuerte y acaudalada en Estados Unidos.

Durante casi medio siglo, el derecho al aborto seguro y legal en el país ha sido garantizado por el histórico fallo de la Corte Suprema conocido como Roe contra Wade. Durante muchos años, la corte ha reafirmado sistemáticamente este fallo, en el marco de un equilibrio entre jueces progresistas y conservadores. Sin embargo, con el sorpresivo retiro del magistrado Anthony Kennedy y su reemplazo por el magistrado Brett Kavanaugh, tan conservador como polémico, el equilibrio en la corte se ha desplazado notablemente hacia la derecha, y el futuro del fallo Roe contra Wade es totalmente incierto.

Confiados en que la actual Corte Suprema, de tener oportunidad, anularía esta jurisprudencia, los activistas en contra de la opción del derecho al aborto y sus aliados en las legislaturas estatales de mayoría republicana están impulsando una nueva ola de proyectos de ley antiaborto. Ellos esperan que esto pueda sentar las bases para un fallo de la Corte Suprema que elimine el derecho de la mujer a la privacidad y a tomar sus propias decisiones de salud, consagradas en el fallo Roe contra Wade.

El Instituto Guttmacher, que apoya el derecho al aborto, señaló recientemente en un informe: “La naturaleza extrema de los proyectos de ley de este año no tiene precedentes. […] La legislación que se está considerando en 28 estados prohibiría el aborto de varias maneras”. Entre las diversas estrategias empleadas se encuentran las “cláusulas gatillo”, que harían que el aborto fuera completamente ilegal en determinados estados en caso de que la jurisprudencia de Roe fuera revocada; las prohibiciones de edad gestacional, que consideran ilegal el aborto después de que un feto se haya gestado seis, 12 o 18 semanas, o algún otro período (a menudo, estas prohibiciones son conocidas como leyes de “latido fetal”); las prohibiciones de motivo, que prohíben los abortos por razones de sexo, raza o discapacidad del feto; y las prohibiciones de método, que prohíben ciertos tipos de procedimientos abortivos.

A eso hay que sumarles las leyes específicas para los proveedores de servicios de aborto, que imponen reglamentaciones extraordinarias e incómodas, que la mayoría de las clínicas pequeñas no pueden cumplir. Estas leyes no mejoran la seguridad de las pacientes, sino que obligan a las instalaciones que brindan servicios de aborto a cumplir con una serie de condiciones onerosas, como poseer corredores de cierto ancho y salas de examen de un tamaño específico. Con frecuencia, los costos financieros de cumplir con estas regulaciones arbitrarias obligan a las clínicas a cerrar.

Si bien más de dos tercios de los estadounidenses están a favor del derecho al aborto, los activistas en su contra llevan la ventaja en los gobiernos estatales, con mayoría republicana en aproximadamente dos tercios de las cámaras de representantes estatales y 27 de las 50 gobernaciones del país. Pero, en varios estados, legisladores progresistas están impulsando proyectos de ley para proteger el acceso a un aborto seguro y legal, mejorar la disponibilidad de anticonceptivos y ampliar la educación sexual. Del mismo modo, los tribunales federales continúan rechazando los esfuerzos más atroces e inconstitucionales para controlar las decisiones de salud reproductiva de las mujeres.

Recientemente, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Trump emitió lo que los defensores del derecho al aborto llaman “regla mordaza del Título X”, que prohíbe a los médicos brindar a sus pacientes la gama completa de opciones al considerar la salud reproductiva. El martes, en Oregon, el juez federal de distrito Michael J. McShane emitió un recurso judicial preliminar contra la regla mordaza, a la que calificó de “enfoque equivocado en torno a la política de salud pública”.

La Dra. Leana Wen, presidenta de la organización Planned Parenthood Federation of America, declaró sobre el fallo de McShane: “Si bien esta es una victoria para médicos y pacientes, este alivio es preliminar. Seguiremos luchando contra el gobierno de Trump-Pence en los tribunales y en el Congreso para garantizar que la salud y los derechos de nuestros pacientes están protegidos”.

Volviendo a la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de Trump-Pence ha expandido al terreno internacional su agenda contra el derecho al aborto al eliminar toda referencia a la “salud sexual y reproductiva” de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos bélicos. Indignado por la postura de Estados Unidos, el embajador francés ante la ONU expresó: “Es intolerable e incomprensible que el Consejo de Seguridad sea incapaz de reconocer que las mujeres y niñas que sufrieron violencia sexual en conflictos, y que obviamente no eligieron quedar embarazadas, deberían tener derecho a interrumpir su embarazo”. El gobierno estadounidense también eliminó la palabra “género” de la resolución y diluyó las referencias a la Corte Penal Internacional, lo que dificulta que mujeres y niñas procuren justicia.

El propio Donald Trump ha sido acusado de acoso sexual y agresión sexual por no menos de 16 mujeres. ¿Realmente se lo puede considerar un líder mundial digno de modelar la política global sobre violencia sexual?

© 2019 Amy Goodman

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Mujeres que sobrevivieron a la guerra


El Gobierno ha empezado a hacer presencia en las veredas más apartadas en Anorí y las que más han vivido el conflicto armado.
 


Las campesinas colombianas son quienes más han sufrido la desigualdad de género. Aún se cree que ellas son las únicas que deben estar a cargo de la casa y la crianza de sus hijos, sin la posibilidad de asomarse al mundo para ver qué es lo que contiene y ellas cómo pueden aportar. En la vereda San Isidro, de Anorí, en el Nordeste antioqueño, hay un grupo de ellas que han decidido juntarse para girar esa página y poder participar más en las decisiones de su comunidad.
Anorí es un municipio que ha estado marcado por la guerra. El ELN fue el primer grupo armado en llegar, en la década de los setenta, y aunque el Ejército les dio un duro golpe con la Operación Anorí en 1973, donde murieron decenas de guerrilleros, se reorganizaron allí diez años después, encontrándose con las FARC e imponiendo duros controles a la población. A finales de los noventa llegó el Frente Héroes de Anorí, paramilitares de las AUC que se mantuvieron en el pueblo después de su desmovilización en 2005.
De ahí inició esa guerra que los anoriseños no desearon. El interés era el dominio territorial para controlar la coca, que para esa época ya tenía las montañas cubiertas. La minería también se había ganado un puesto importante en la economía del municipio, además de los grandes proyectos hidroeléctricos que se estaban realizando. Las minas antipersona fueron una de las estrategias de los grupos armados para proteger esos cultivos del accionar del Ejército, siendo el cuarto municipio más afectado por accidentes en Antioquia después de Ituango, Tarazá y San Carlos. En los últimos treinta años de Anorí se desplazaron 14 mil personas y hubo 164 víctimas de minas antipersona, según el Registro Único de Víctimas.
Toda esta violencia afectó con dureza a las mujeres que tuvieron que encargarse de las familias porque sus padres y esposos fueron asesinados. Y los niños también sufrieron al quedar huérfanos y ser vulnerables al reclutamiento forzado, a la deserción escolar y a los traumas que esto generó.
Empoderamiento femenino
La vereda San Isidro es un pequeño caserío a tres horas de la cabecera municipal. Para llegar allí primero hay que pasar por una base militar, luego un retén de la Policía y después, nuevamente, aparece el Ejército en la vereda La Plancha, donde quedó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de los excombatientes de FARC.
Cuentan las mujeres de esta vereda que eran constantes los bombardeos y las arremetidas del Ejército buscando guerrilleros y fumigando, intentando acabar con la coca. Ellas corrían con sus hijos a salvar las vidas mientras sus esposos estaban raspando. Llegaba la incertidumbre porque no sabían si ellos regresarían nuevamente a sus casas. Muchos no lo hicieron.
La vereda tiene 250 habitantes. El Estado nunca tuvo presencia allí. La carretera la abrieron entre todos y la escuela fue construida en comunidad. Hace cuatro años llegó la electricidad y aunque haya varias hidroeléctricas y microcentrales, aún faltan 15 veredas por electrificar.
Allí todos vivían de la coca. Pasaban al otro lado del río, donde estaban los cultivos, para trabajar en ellos. Eran pocas las mujeres que podían estar fuera de sus casas. “Yo siempre trabajé con los hombres y hasta me les adelantaba raspando coca. Muchos de ellos sentían rabia de ver a una mujer ganarles en el corte. A mis hijos los crié raspando coca, no quise pegarme a una cocina a pesar de que muchas mujeres me criticaban”, cuenta María Nubia Muñoz en medio de sonrisas por su hazaña liberadora.
En el 2017 todas las familias se acogieron al Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS), pero ahora andan sentados en la casa porque no tienen trabajo ni tierra para dedicarse a la agricultura. Los campesinos iban a buscar un jornal a otras tierras, pero ahora no hay esa posibilidad. Con el PNIS habían acordado arrancar los palos de coca y les llegaría un pago, cada dos meses, pero desde septiembre del año pasado no ha llegado este recurso.
“Se demoraron cinco meses para llegar los dos millones de pesos del PNIS. Se ve una incertidumbre muy grande, la gente preocupada y sin comida. Uno se pregunta qué es lo que quiere el Gobierno con el programa PNIS, con los PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), porque se oye decir a diario que en el plan de desarrollo nacional no hay plata para la implementación”, cuenta Fernando Zapata, presidente de la junta de acción comunal de San Isidro. Hasta ahora no ha llegado ningún proyecto productivo a la vereda.
Es la razón principal para que las mujeres hayan decidido crear un proyecto de panadería, que aunque lleva dos años, y ha tenido poca aceptación de sus esposos, aún se mantiene y surte a la vereda de pan fresco. “Lo que más nos compran son los pandequesos y los panes, pero también hacemos parva dulce. Lo que nos falta es tener un espacio adecuado para que la producción sea mayor y poder sacarlos a otras veredas, incluso al municipio”, cuenta Elida Quiroz. El grupo está conformado por 22 mujeres y aunque empezaron cincuenta, se han ido saliendo porque creen que no avanzan.
También quieren un taller de confecciones y, aunque tienen un terreno que les donaron para hacer sede, aún no pueden construir nada porque no tienen escrituras de ese terreno, igual que nadie las tiene de sus casas. La vereda ya cuenta con la caseta comunal que fue entregada en diciembre del año pasado con las pequeñas infraestructuras comunitarias, fruto del acuerdo de paz.
Proyectos de fortalecimiento
Con la cercanía al ETCR han logrado acceder a capacitaciones, a escuelas de formación y liderazgo, pero en muchas ocasiones se les dificulta participar por el costo del transporte, porque no tienen quién cuide a los niños o por el poco apoyo de sus compañeros que no ven con buenos ojos que estén fuera de sus casas.
En la vereda Montefrío otras mujeres crearon, en el 2012, la casa de la mujer, donde se capacitan, tienen un espacio para la memoria, le apuestan a la alimentación saludable, hacen productos para el consumo como vinos, mermeladas, tortas con frutas y verduras que ellas mismas cultivan. Han arreglado la cancha e hicieron la capilla.
En el 2018 Anorí fue priorizado por el Ministerio del Interior y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junto a otros 16 municipios del país, con la creación de escuelas de formación política enfocadas a fortalecer, empoderar y hacer visibles los nuevos liderazgos femeninos. Además el ETCR tendrá un proyecto de piscicultura para las 41 mujeres que están allí y que podrán expandir al resto de mujeres de las veredas cercanas.
Después de la firma del acuerdo de paz han llegado muchas iniciativas de proyectos para fortalecer a las mujeres, sin embargo aún no han empezado a ejecutarse y se ve un panorama incierto. Ellas también son conscientes de que falta más organización entre ellas, romper con los esquemas que les ha impuesto la sociedad y poder dedicarse a otras labores distintas a las del hogar, sin abandonarlo. Incluso creen que es necesaria más armonía entre ellas para no seguirse comportando como enemigas.