La violencia sexual como arma del genocidio

Un Estado depredador

Fuentes: CTXT [Foto: Prisioneros palestinos detenidos en la prisión israelí de Ofer, cerca de Jerusalén, en la Cisjordania ocupada, el 28 de agosto de 2024. / Chaim Goldberg/Flash90]

Un exhaustivo informe concluye que las violaciones y agresiones sexuales son clave en la estrategia de Israel para destruir Palestina. El abuso, que sufren personas de todas las edades, es fruto de protocolos específicos

Israel está intentando aniquilar al pueblo palestino. Desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, la ofensiva es de una brutalidad sin parangón, y las tácticas del genocidio abarcan desde los bombardeos a discreción hasta la hambruna provocada, pasando por el borrado cultural, la desinformación, etc., siempre con la crueldad como bandera. Palestinian Feminist Collective y Progressive International han querido desvelar una de las armas más perversas del Estado de Israel: la violencia sexual y de género.

Para ello se ha llevado a cabo una investigación, realizada entre diciembre de 2025 y abril de 2026, que ha recopilado información procedente de archivos israelíes desclasificados, testimonios de primera mano, reportes de organizaciones humanitarias y otras fuentes. El resultado es el informe A Predatory State (‘Un Estado depredador’), que evidencia la utilización de la violencia sexual como una herramienta sistémica del sionismo colonialista, organizada desde las instituciones del Estado de Israel e integrada en el marco de la violencia de género que forma parte estructural de la ocupación de Palestina. CTXT ha decidido reproducir las conclusiones de dicho informe por su enorme relevancia dentro de nuestra amplia cobertura del genocidio.

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Cuando Israel utiliza acusaciones falsificadas de violencia sexual supuestamente perpetrada por palestinos para establecer una justificación moral del genocidio, está invirtiendo las realidades del poder, situando a los colonos israelíes como víctimas y a los palestinos como agresores. Y aunque esta distorsión de la realidad es una forma de violencia epistémica, aún peor es la forma en que genera consentimiento para el exterminio masivo a través del genocidio. Aunque actualmente la atención se centra en las acusaciones –ya ampliamente desmentidas– de que Hamás agredió sexualmente de forma sistemática a mujeres colonas el 7 de octubre, es importante analizar por qué dichas acusaciones se difundieron tan ampliamente y se mantuvieron incluso a pesar de que se admitió que eran inventadas.

Comprender que los regímenes coloniales e imperiales retratan a los hombres autóctonos y de razas colonizadas como hiperviolentos, culturalmente atrasados y políticamente antitéticos a la modernidad y al progreso es fundamental para poner al descubierto las formas en que Israel ha utilizado como arma las acusaciones de violencia sexual para justificar el genocidio en Gaza y las nuevas guerras en toda la región. Estos estereotipos de género sitúan a la cultura colonial, blanca u occidental –tanto a las mujeres como a los hombres– como la contraparte progresista y moralmente superior, dando luz verde a cualquier acción emprendida por el grupo dominante como algo alineado con el progreso y la modernidad en aras del bien común.

Sin embargo, más allá de esta “otredad”, estas representaciones sirven para activar y justificar la violencia colonial. Como hemos visto con las invasiones estadounidenses de Irak y Afganistán, y su llamada “guerra contra el terrorismo” sin fin, las construcciones racistas de los hombres árabes y musulmanes como terroristas y salvajes incivilizados se fabrican intencionadamente para legitimar la guerra imperialista. Estas evocaciones raciales y coloniales son fundamentales para comprender las acusaciones contemporáneas de violencia sexual dirigidas contra los hombres palestinos a raíz del 7 de octubre de 2023.

Los israelíes han aprovechado los estereotipos orientalistas, raciales y de género

A través de múltiples vías de difusión de la información, los israelíes han aprovechado los estereotipos orientalistas, raciales y de género que el público occidental mantiene desde hace tiempo. Aún el 8 de julio de 2025, fuentes informativas como la BBC seguían perpetuando esta narrativa de la “violencia sexual generalizada de Hamás”, a pesar no solo de la falta de pruebas que respalden las afirmaciones, sino también de las pruebas contundentes que reflejan que la narrativa fue orquestada por las más altas esferas del Estado israelí para justificar y encubrir el genocidio en Gaza.

Si bien las acusaciones, como las que surgieron tras el 7 de octubre, siguen una larga historia de demonización racial de los hombres palestinos, árabes y musulmanes, también cumplieron otra función. Se utilizaron de manera instrumental para ocultar y poner en duda los informes muy reales de violencia sexual denunciada por detenidos y presos palestinos.

La violencia sexual y de género ha sido históricamente una característica intrínseca del proyecto sionista, y sigue impulsando la guerra contra los cuerpos, la intimidad, la vida familiar y los espacios palestinos. Desde el 7 de octubre de 2023, se ha producido un aumento drástico de las denuncias de violencia sexual contra hombres, mujeres y niños palestinos cometida por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Los palestinos han denunciado amenazas de violación, registros al desnudo y desnudez forzada, agresiones verbales de carácter sexual y burlas, tocamientos y manoseos no consentidos, fotografías y grabaciones mientras se encontraban parcial o totalmente desnudos o durante las agresiones, aplicación de presión física en partes íntimas del cuerpo y otras interacciones físicas de carácter sexual no consentidas que resultan sexualmente humillantes. También hay decenas de denuncias de soldados israelíes y guardias de prisiones que torturan sexualmente a detenidos y presos palestinos, lo que incluye, entre otros, mutilaciones sexuales, reproductivas y genitales; la inserción de objetos afilados y, en ocasiones, al rojo vivo en el ano; violaciones, simulacros de violación y violaciones perpetradas por perros adiestrados.

Como se ha señalado anteriormente, el informe de septiembre de 2024 del Instituto Lemkin señala las múltiples formas en que los líderes israelíes y los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel sistematizan la violencia sexual contra los palestinos, lo que es indicativo de una intención genocida. Además de esto, señalan que el deseo de impedir que los palestinos se reproduzcan “biológica y culturalmente” se convierte en un indicio de la extensa violencia de género de Israel dirigida contra la vida, la socialidad y los mártires palestinos, al atacar la continuidad generacional, los hogares, la salud reproductiva y la unidad familiar de los palestinos. Al analizar la violencia de género israelí contra hombres, mujeres y niños palestinos identificamos cómo la lógica de la violencia de género y sexual de Israel contra los palestinos es intrínseca a su estructura estatal. Los ataques contra los palestinos como pueblo pretenden causar daños físicos y mentales masivos, con el fin último de despojarlos de su tierra, lo que respalda o refuerza la estructura estatal colonial. Las conclusiones de este informe confirman, más allá de toda duda, que la violencia de género y sexual forma parte constitutiva del proyecto más amplio de dominación colonial y genocidio de Israel, y es empleada de forma sistemática por este. Estas conclusiones se basan en los siguientes patrones institucionales clave:

1. La magnitud y la coherencia de las pruebas –casos que documentan actos distintivos y graves llevados a cabo siguiendo un patrón constante– descartan cualquier afirmación de que los abusos constituyan incidentes aislados. Las pruebas y los detalles de la violencia de género y sexual que se exponen en este informe ilustran la deshumanización institucionalizada orquestada para infligir daño y castigo colectivos a la población palestina, así como un intento de frustrar la resistencia frente a una situación de subyugación colectiva. El alcance y la magnitud de la brutalidad sexual abarcan todas las edades, géneros y lugares, y están relacionados con las fuerzas israelíes de diversos puestos y unidades. Las pruebas que hemos recopilado sugieren que todos los espacios en los que se gesta, se nutre, se confina y se entierra la vida palestina son objeto sistemático de violencia sexual israelí.

Los métodos de violencia sexual constituyen un patrón derivado de una política coordinada

2. Los métodos de violencia sexual constituyen un patrón derivado de una política coordinada, y no de actos delictivos aleatorios ni “aislados”. El informe destaca el abuso sexual sistemático llevado a cabo con tal coherencia que solo puede ser el resultado de protocolos específicos. Demuestra también la aplicación estandarizada de prácticas –desde la humillación sexual y el hecho de obligar a presenciar actos hasta el uso de la fuerza física–, así como la uniformidad de estas violencias en múltiples lugares, desde el ámbito íntimo hasta el carcelario. Si bien a lo largo de este informe se recogen numerosas prácticas de tortura sexual y violencia de género, llamamos la atención sobre el adiestramiento de perros para violar a palestinos como indicador esencial del uso metódico que hace Israel de la violencia sexual para dominar y destruir la vida palestina y la voluntad de resistencia. Sostenemos que la única forma en que un perro puede agredir y violar a un ser humano es si ha sido adiestrado para ello. Los métodos coordinados de violencia sexual, estandarizados de forma coherente en múltiples lugares, demuestran su aplicación en todos los niveles de la entidad israelí, desde sus sistemas de gobierno hasta sus estructuras socioculturales.

3. La violencia sexual sistemática y pautada que se describe en este informe, tal y como demuestran su contexto y sus repercusiones, revela que su propósito es infligir terror colectivo a la población palestina. La consideramos un indicio de la intención genocida de Israel de llevar a cabo una limpieza étnica mediante torturas, traumas y lesiones devastadoras. La absoluta depravación, combinada con la amplitud y el alcance, de la violencia sexual detallada en este informe revela una intención no solo de deshumanizar y aterrorizar a los palestinos, sino también de eliminarlos mediante la limpieza étnica y el asesinato en masa. No se puede pasar por alto ni subestimar el hecho de que tantos de los testimonios que presentamos contengan informes sobre declaraciones explícitas de las fuerzas israelíes en las que expresan su intención de matar. Los testimonios que hemos esbozado documentan la puesta en práctica de las declaraciones explícitas de los funcionarios israelíes de llevar a cabo una limpieza étnica contra el pueblo palestino. Varios de los casos que presentamos aquí no sobrevivieron a la tortura sexual sistemática, y eso es a propósito. Quienes han logrado vivir para dar su testimonio ofrecen una visión de los devastadores efectos de la violencia de género y sexual sobre ellos mismos como víctimas, sus familias y sus comunidades. Lo mínimo que se les debe es que las personas con conciencia de todo el mundo escuchen y actúen.

4. La intensificación de la violencia sexual contra presos y detenidos tras el nombramiento de Ben Gvir como ministro de Seguridad Nacional en 2022, y el aumento de las denuncias tras el inicio de la fase final del genocidio en Gaza en 2023, indican más allá de toda duda razonable que la violencia sexual forma parte de un arsenal más amplio de estrategias utilizadas para destruir al pueblo palestino y debe considerarse un elemento central del delito de genocidio.

Dado que estas violaciones constituyen infracciones graves del Derecho Penal Internacional (el Estatuto de Roma, incluidos los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de genocidio); del Derecho Internacional Humanitario (los Convenios de Ginebra III y IV y sus Protocolos Adicionales); y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura), y teniendo en cuenta las obligaciones imperativas de Israel en virtud del Derecho Internacional, la impunidad no es una opción.

Este artículo es un extracto del informe A Predatory State. Israeli systemic sexualized and gendered violence against palestinians, publicado por Palestinian Feminist Collective y Progressive International.

Palestinian Feminist Collective / Progressive International 

El texto ha sido traducido con DeepL y editado por la redacción de CTXT.

Fuente: https://ctxt.es/es/20260701/Politica/54466/Estado-depredador-Israel-genocidio-violencia-sexual-violaciones-limpieza-etnica.htm

Estado mexicano responsable por tortura sexual y feminicidio de Ernestina Ascencio Rosario: Corte IDH

 Escrito por Paola Piña 

Foto de la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso “Ascencio Rosario y otra vs. México”. Tomada el 30 de enero del 2025.-Ciudad de México.– El día de hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentenció que el Estado mexicano como responsable internacionalmente por la tortura sexual y las graves lesiones cometidas por integrantes del ejército mexicano, así como por la falta de atención médica que derivó en la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua originaria del estado de Veracruz.

Cabe destacar que desde la muerte de Ernestina Ascencio han pasado tres gobiernos y un cuarto inicia ahora con Claudia Sheinbaum; sin embargo, pese al relevo de partidos, ha prevalecido una constante: la negativa del Estado a asumir su responsabilidad en casos como este y la omisión frente a la violencia ejercida por el Ejército mexicano.

Esta sentencia llega tras 18 años de que la familia de Ernestina buscara justicia; años de una tajante respuesta del Estado mexicano que pretendía desligarse de responsabilidad, aún, cuando se ha documentado su articulación local y federal, hoy es un episodio que deja huella y que revira en un momento cumbre de nuestro país.

Ante ello, la Corte IDH determinó que México violó los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la honra y la dignidad, la igualdad ante la ley, la protección judicial y la salud, además violentó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST), en perjuicio de la señora Ernestina Ascencio Rosario.

Estas violaciones a la ley se sentenciaron, luego de que se constató que Ernestina Ascencio Rosario, mujer de 73 años y habitante de la comunidad de Tetlalzinga, ubicada en la Sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz, fue torturada sexualmente por miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007, luego de que un campamento militar se instalara  en las inmediaciones de su vivienda como parte de la estrategia de combate al narcotráfico implementada por el Estado desde 2006.

Además se  concluyó que la violación sexual sufrida por Ernestina Ascencio Rosario constituyó un acto de tortura al ser intencional y provocarle graves sufrimientos físicos y mentales con fines de humillación y control; además determinó que el Estado violó su derecho a la salud, ya que fue trasladada durante horas sin recibir atención y falleció en el Hospital Regional de Río Blanco antes de ser intervenida quirúrgicamente, situación agravada por la falta de intérpretes de náhuatl que dificultó la comunicación con el personal médico.

De manera adicional, la Corte sentenció que la investigación ministerial de los hechos no incorporó perspectivas de género, étnica ni etaria, fue cerrada de manera prematura sin agotar las líneas de investigación necesarias y se sustentó en estereotipos étnicos, etarios y de género que fueron replicados por altas autoridades del gobierno mexicano, incluido el entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. 

Pese a estás múltiples pruebas y denuncias, las autoridades veracruzanas habían cerrado el el caso, concluyendo que Ascencio había muerto de una gastritis crónica, una resolución avalada por la CNDH y reiterada por el entonces presidente Calderón,  un mes antes de que se diera el carpetazo a la investigación.

No es un hecho aislado 

El caso perpetrado contra Ernestina no es el único que se ha cometido a manos del ejercito. Según Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh, 2021), revela que más de 68 mil mujeres sufrieron violencia en su comunidad por parte de militares o marinos. Entre las agresiones más comunes están: piropos ofensivos, 38.2%; miedo a ser atacada sexualmente, 10.1%; ataques con armas blancas o de fuego, 3.3%; intentos de violación 1.1% y 0.2%.

Esta situación ha sido advertida por la periodista Lucía Lagunes Huerta en su columna “La militarización caerá sobre nosotras”, en la que señala que, en materia de seguridad, a mayor violencia generalizada y presencia de hombres armados en las calles, se incrementan la violencia y las restricciones a las libertades de las mujeres.

Dicha realidad ha sido constatada históricamente, ya que en los contextos de violencia social armada las mujeres han sido tratadas como botín de guerra, donde sus cuerpos y sus vidas se convierten en premios a conquistar o dañar, en el marco de una construcción patriarcal basada en la masculinidad y el uso de la violencia.

Además, es importante subrayar que esta situación impacta con mayor fuerza a las mujeres indígenas, pues la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022 apunta el siguiente panorama de discriminación contra este sector de la sociedad, siendo las cifras de las mujeres más elevadas que la de los hombres indígenas, pues el 40.8% de ellas opinó que, en nuestro país, sus derechos humanos no se respetan.

Entre los principales motivos de discriminación a las mujeres indígenas, se encuentran: forma de vestir (35.2%), peso o estatura (33.2%), por ser mujer (29.4%), por ser indígena o afrodescendiente (28.9%), creencias religiosas (28.3%), manera de hablar (27.4%), clase social (22.6%), edad (21.5%), lugar donde viven (21.4%), opiniones políticas (21.1%), tono de piel (17.1%), por ser huérfana o adoptada (16.8), tener alguna enfermedad (9.5%), tener alguna discapacidad (9.5%) y por su orientación sexual (6.2%).

Medidas de Reparación 

Frente a esta serie de omisiones y  violaciones cometidas por el caso de Asencio, la Corte ordenó al Estado implementar distintas medidas de reparación, incluida una investigación penal exhaustiva y seria sobre la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina para identificar, procesar y sancionar a los responsables; brindar tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico a las y los familiares; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.

Además se le dictó implementar programas de formación y capacitación para funcionarios públicos; fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa, y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.

Datos de la audiencia

Asuntos medulares que fueron cuestionados en la audiencia del 30 de enero de este 2025, ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos bajo un lema sencillo: ¿Hasta dónde el Estado mexicano es capaz de llegar con tal de defender al Ejército?

Ese día se celebró la histórica audiencia de alegatos orales en donde, en representación de la presunta víctima, abogó Carmen Herrera y Elvia Duque del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Patricia Torres Sandoval de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Angelita Baeyens de la Fundación Robert Kennedy Human Rights.

Al día siguiente, es decir, el 31 de enero, en el Centro Prodh, las defensoras realizaron algunos apuntes en el caso, por ejemplo, la importancia de consultar la audiencia, de difundir lo mencionado en la Corte, seguir de cerca el proceso y por supuesto, cuestionar viejas prácticas. 

Norma Don Juan, de la defensoría de la familia Ascencio apuntó a una verdad inequívoca: Los esfuerzos de todos los gobiernos en turno para contener la violencia en contra de las mujeres no sólo ha sido escueta, sino, además desentendida como un fallo sistémico del Estado mexicano. 

La defensora apuntó a que, si bien se han desarrollado comisiones, fiscalías especializadas o las Alertas de Violencia de Género, las mujeres siguen sin estar verdaderamente en el foco público y esto no es un señalamiento sin fundamento, por el contrario, es palpable en el caso Ernestina Ascencio; el caso es emblemático, no sólo por la verdad y la justicia en su memoria, sino también, porque estos 18 años de impunidad ha tenido una repercusión directa en la vida de las mujeres indígenas. Una repercusión colectiva donde se esboza que, realmente, la discriminación racial, la impunidad y la segregación son componentes que se han mantenido a lo largo del tiempo. 

Durante la audiencia presentada ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos la defensoría del Estado mexicano lanzó sus mejores argumentos para evitar cargar con la responsabilidad absoluta, por lo que, si bien aceptó sus obligaciones con la familia Ascencio y su falla al garantizar el acceso a la salud, evitó, de manera reiterada incluir en su discurso a la Secretaría de la Defensa Nacional y zanjó su defensoría aceptando sólo «parcialmente» su responsabilidad.

Esto último, cuestionado por las organizaciones civiles como el Robert Kennedy Human Rights quien exigió en conferencia de prensa reconsiderar el hecho y, sobre todo, dejar de omitir la responsabilidad del Ejército. 

Por su parte, Norma Don Juan realizó un férreo posicionamiento que sería clave para poner la mira en las acciones del actual gobierno federal y cuestionar qué tanto el sexenio de Sheinbaum dista de la época calderonista bajo 2 sencillas causales: El Ejército mexicano como brazo derecho del poder ejecutivo en materia civil y respuestas confusas desconociendo su responsabilidad. 

«Siempre hemos dicho que este caso es muy importante por la verdad y justicia, pero también, tiene una repercusión en la vida de las mujeres indígenas. El Estado dio discursos confusos como decir: No estamos de acuerdo con Calderón, pero sí desconocieron los asuntos de fondo que les planteamos, la narrativa [que manejaron los representantes del Estado] fue la misma» (Norma Don Juan)

El juez Rodrigo Mudrovitsch cuestionó a los representantes del Estado qué tanto se había hecho para evitar las violaciones a los derechos humanos a manos del Ejército y qué protocolos existían para que los cuerpos castrenses actuarán con debida diligencia en las zonas rurales, indígenas y/o alejadas de áreas conurbadas.

Asimismo, el juez mostró su preocupación ante la llegada de la Guardia Nacional y la reforma que la unió a la Sedena, sin embargo, la defensoría del Estado negó cualquier conexión entre la violencia y el Ejército, atajando que, de hecho, la población mexicana se sentía optimista con esta acción, pues la mayoría tiene plena confianza en el Ejército por lo que no hay nada de qué temer. 

Un argumento que deviene directamente de las declaraciones hechas por la propia hija de Ernestina, Martha Ascencio, quien durante la primera parte de la audiencia acusó directamente al Ejército y refirió el miedo constante que ha prevalecido entre las mujeres de su comunidad; narró desde la experiencia del miedo cada vez que pasaba un miembro del ejército y cómo ella, junto con otras mujeres, preferían encerrarse en sus casas como método de supervivencia.

La agresión sexual, como ya advertía Norma Don Juan, no sólo hirió irreparablemente a la familia Ascencio, sino también, a toda una comunidad; trasgredió a las mujeres de la región y dejó una marca imborrable deshilando todo el tejido social de la comunidad, tal como apuntó la defensora Patricia Torres en la audiencia:

«Hablar de violencia sexual sigue siendo un tabú en muchas comunidades de México porque implica consecuencias sociales y culturales que tienen un efecto en la esfera personal y familiar. Si agregamos el edadismo, existe un reconocimiento de honorabilidad a las personas mayores en las comunidades, es decir, al atacar a una mujer indígena mayor, también se está atacando simbólicamente a una figura de honorabilidad que representa un daño psicoemocional para su comunidad y la región de la Sierra de Zongolica. Esto también es sobre la importancia de recuperar el tejido social comunitario» .

Las esclavas sexuales de la Segunda Guerra Mundial que han provocado un nuevo conflicto diplomático entre Japón y Corea del Sur

bbc.com

Redacción

BBC Mundo

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Varios activistas colocaron la estatua en Busán el 28 de diciembre.

Japón ha retirado temporalmente de Seúl a su embajador en Corea del Sur, y todo por una estatua.

La efigie, de bronce y apenas metro y medio de altura, representa a una "mujer de confort" joven y descalza, sentada en un banco.

Fue colocada por activistas frente al consulado japonés en Busán, la segunda ciudad más grande del país.

¿Pero quiénes son estas mujeres y por qué han provocado de nuevo un conflicto diplomático entre ambos países?

Se las llama "mujeres de confort" a las esclavas sexuales que estuvieron al servicio de los soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.

Mujeres de China, Filipinas, Indonesia y Taiwán también poblaban los burdeles militares, pero las coreanas constituían la gran mayoría.

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Se calcula que unas 200.000 mujeres fueron las esclavas sexuales de soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y de ellas sobreviven 46 en Corea del Sur.

Se calcula que en total llegaron a sumar 200.000, de las que según se cree en Corea del Sur sobreviven 46.

"Somos muy viejas. Vamos muriendo año a año, una por una", le dijo a la BBC una de ellas, Lee Ok-seon, de 88 años, en 2013.

"Como un matadero"

La mayoría habita en la Casa Compartir, un hogar de retiro de la ciudad de Gwangiu, un verdadero museo viviente del sufrimiento.

Ubicada a la vera de un camino rural, no puede ser más diferente de las cabañas y granjas de tomates que la rodean: está llena de placas y estatuas que dan cuenta de las historias de sus habitantes.

Son historias como la de Lee Ok-seon, quien contó a la BBC que fue raptada a los 15 y enviada a la fuerza al noroeste de China, en aquel entonces bajo control japonés.

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Lee Ok-seon fue raptada a los 15 y esclavizada sexualmente por tres años en una de las así llamadas "estaciones de confort".

Llevaba tiempo rogándoles a sus padres que la enviaran a la escuela, pero con una docena de hijos que alimentar no podían permitírselo.

Así que la enviaron lejos de casa, a trabajar como empleada doméstica. Y fue entonces cuando la secuestraron y la llevaron a China.

Una vez allí, fue esclavizada sexualmente por tres años en una de las así llamadas "estaciones de confort", instaladas por el ejército japonés para atender a sus soldados.

"Era como un matadero, pero no para animales, sino para humanos. Allí se hacían cosas horribles", recordó Ok-seon.

Y mientras lo contaba, mostraba las numerosas cicatrices en sus brazos y piernas, producto —dijo— de puñaladas.

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La primera filmación conocida de las "mujeres de confort"

Explicó también que intentó escapar del burdel varias veces.

"Pero me atraparon y me pegaron, una y otra vez".

Y las palizas le hicieron perder parte de su capacidad auditiva y algunos dientes.

Según el voluntario del hogar, por otras lesiones producidas en aquella época también quedó estéril.

Disculpas recientes

Pero a pesar de las decenas de testimonios del estilo y de que los padecimientos de las mujeres como Ok-see salieran a la luz por primera vez en 1981, Japón no reconoció el uso de burdeles de guerra hasta 12 años después.

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Quienes colocaron la estatua en Busán no están de acuerdo con el pacto alcanzado por Corea del Sur y Japón el 28 de diciembre de 2015 sobre las "mujeres de confort".

Tokio ofreció disculpas por primera vez por ello en 2007, aunque muchos no las consideraron sinceras, ya que varios japoneses aún siguen negando la existencia misma de las esclavas sexuales durante la Segunda Guerra Mundial.

Y el 28 de diciembre de 2015 las autoridades de Corea del Sur y Japón sellaron un acuerdo con el que esperaban pasar definitivamente esa amarga página de su historia, justo el año en el que se conmemoraba el medio siglo del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Las "mujeres de confort" de la Segunda Guerra Mundial que obligaron a Japón a disculparse y pagar

"El primer ministro (Shinzo) Abe expresa de nuevo sus más sinceras disculpas y arrepentimiento a todas las que padecieron inconmesurables y dolorosas experiencias y sufrieron heridas psicológicas y físicas incurables como mujeres de confort", declaró desde Seúl el ministro de Relaciones Exteriores japonés, Fumio Kishida, al hacer el anuncio.

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Japón ofreció disculpas por las "mujeres de confort" por primera vez en 2007.

Y el acuerdo incluía también un fondo de compensación de 1.000 millones de yenes (unos US$8,3 millones) para apoyar a los sobrevivientes.

Con el pacto, Seúl se comprometió a dar el asunto por resuelto "final e irreversiblemente", siempre que Tokio cumpliera sus promesas.

Inconformes

Pero hoy parece haberse iniciado otro capítulo en este conflicto de larga data, con la colocación de la estatua y con la retirada temporal del embajador japonés de Seúl.

Los activistas colocaron la escultura frente al consulado de Japón en Busán el 28 de diciembre de 2016, justo al año de haberse firmado el acuerdo.

Y lo hicieron para criticar el pacto mismo, ya que consideran que se llegó a él sin haberlo consultado con las víctimas y que no recoge el reconocimiento de la responsabilidad legal por parte de Japón.

De hecho, no es la única estatua que representa a "mujeres de confort" que existe en Corea del Sur.

Se cree que hay unas 37 en total. Y también se colocó una en Australia, lo que provocó una disputa entre las comunidades de japoneses y surcoreanos que allí viven.

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La estatua de una "mujer de confort" colocada en Sídney provocó conflictos entre las comunidades surcoreanas y japonesas que viven en Australia.

La policía de Busán trató en un principio de retirar la que situaron allí el mes pasado, en medio de la presión de los ciudadanos por que la dejara.

Así lo reportó el medio local The Korean Herald.

Pero a los dos días la ministra de Defensa de Japón, Tomomi Inada, visitó el polémico santuario de Yasukuni, en Tokio, un lugar en el que se encuentra un listado de los nombres de 2.466.532 soldados japoneses y coloniales (27.863 coreanos y 21.181 taiwaneses) caídos en conflictos bélicos, entre los que se encuentran algunos considerados criminales de guerra.

La República Popular China, Corea del Norte y Corea del Sur, entre otros países, ven el santuario como símbolo del militarismo japonés de la Segunda Guerra Mundial.

Así, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur describió la visita de la funcionaria surcoreana al lugar como "deplorable".

Mientras el Ministerio de Defensa expresó "profunda preocupación y pesar" por el suceso, que consideró en contraste con el mensaje pacifista enviado por el primer ministro japonés Shinzo Abe durante su viaje a Pearl Harbor el 28 de diciembre.

"La raza japonesa es una raza enemiga": cómo el ataque a Pearl Harbor convirtió la vida de los japoneses de Estados Unidos en un tormento

Asimismo, las autoridades locales de Busán autorizaron que la estatua de la "mujer de confort" se recolocara ante el consulado japonés.

Retirada del embajador

Ahora Tokio considera que la estatua viola el acuerdo sellado con Seúl sobre el tema el 28 de diciembre de 2015.

En un comunicado hecho público este viernes, el primer ministro Abe insistió en la necesidad de que surcoreanos y japoneses cumplan con el pacto.

Y anunció la retirada temporal del embajador de Corea del Sur, así como suspensión del intercambio de divisas y de unas conversaciones económicas de alto nivel previstas.

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A Ok-seon la obligaban a satisfacer a soldados japoneses destacados en China.

"Hemos pedido a Corea del Sur en repetidas ocasiones que resuelva esta cuestión de forma apropiada, pero la situación no ha mejorado. Y es por eso que hemos tomado estas acciones", explicó este viernes el secretario jefe del gabinete, Yoshihide Suga.

Ya antes Tokio había tachado de ilegal la estatua de una "mujer de confort" ubicada fuera de su embajada en Seúl.

Según Japón, dicha estatua infringe la Convención de Viena de 1961, que dicta que los países anfitriones deben proteger los edificios de las misiones diplomáticas que albergan.

"Aun habiendo cuestiones difíciles, los gobiernos de ambos países deberían continuar desarrollando su relación en base a la confianza", dijo por su parte el Ministerio de Exteriores de Corea del Sur este viernes, a través de un comunicado.

Así que hoy, con la estatua de Busán, vuelve a avivarse un conflicto de larga data entre Corea del Sur y Japón.

“En los conflictos armados se sigue usando la estrategia de castigar al enemigo a través del cuerpo de las mujeres”

Tica Font, investigadora del Centre Delàs

Por Lucía Cortés

Ataca al honor del marido, compañero, el hijo, la familia… Es mas un ataque simbólico que perdurará en el tiempo y en la memoria de la familia

Madrid, 11 junio 2020. AmecoPress – Hablamos con Tica Font, investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau y miembro de WILPF España. Durante la entrevista, realizada de forma telemática, la investigadora analiza el fenómeno de la violencia sexual como arma de guerra en los conflictos armados, la desmilitarización de los Estados y la corriente feminista de la seguridad.

El próximo 19 de junio es el día internacional por la eliminación de la violencia sexual en los conflictos armados, ¿se sigue utilizando esta forma de violencia machista como arma de guerra?, ¿qué puede hacerse para evitarlo?

Se sigue usando esa estrategia que es la de cómo castigar a tu enemigo a través del cuerpo de las mujeres. Eso sigue siendo una estrategia de combate, sigue implantada porque sigue en la mente de las sociedades el patriarcado. Eso está implantado en todos los estamentos sociales. Para el que utiliza esa violencia contra las mujeres, atacando a la mujer ataco a la propiedad más íntima del hombre. Ataca al honor del marido, compañero, el hijo, la familia… Está haciendo un ataque que perdurará en el tiempo y en la memoria de la familia.

Son ataques premeditados. Y fíjate que muchas veces ese tipo de violencia hacia la mujer tiene mucha escenificación. Hay ocasiones que se busca en qué espacio va a hacerse, a veces se suele buscar ciertos espacios públicos simbólicos, una iglesia, una escuela, un centro comunitario. Por tanto son espacios simbólicos, no para la persona sino para la comunidad hacia la que se dirige el simbolismo de ese ataque a las mujeres. Otras veces podemos observar que no es solo un hombre violando a una mujer, sino que se pueden producir violaciones en masa. En definitiva, es un fenómeno que se da, se sigue dando y está constatado.

El avance jurídicamente se ha introducido legislación internacional para juzgar esos casos. En la práctica está siendo muy difícil juzgar la violación a la mujer como estrategia de guerra. Porque es muy difícil hacer pruebas. Por ejemplo, cuando las mujeres son violadas no hay forenses que lo atestigüen, no hay pruebas médicas. Eso dificulta mucho en los procesos judiciales la obtención de pruebas.

Cuando hablas de esta escenificación de la violencia sexual no sé si estás pensando en algún conflicto en concreto.

Yo esto lo he escuchado tanto en Colombia como en la ex Yugoslavia. También he leído casos en Sierra Leona o Ruanda en donde para la iniciación en los grupos armados tienen que violar a un familiar o tienen que matar a un familiar. O tienen que arrancar el corazón de un familiar y darle un mordisco. Suelen hacerse en grupo, porque de ese manera el grupo se siente unido a través de lo que han hecho. No es una acción individual, de un soldado o un hombre armado. La mente pensante suele ser otra.

"Para ellas la justicia está muy ligada a la reparación"

¿Ha habido ya alguna sentencia histórica en este sentido?

Esto acaba siendo de un ámbito muy personal que las propias mujeres tienen que decidir qué clase de justicia quieren y en qué consiste esa justicia para ellas. Para muchas mujeres, en contextos de conflictos armados, la justicia no pasa porque alguien reconozca que las han violado. Para ellas la justicia también está muy ligada a la reparación. En ese caso muchas veces sus demandas son que haya atención ginecológica, que puedan tener servicios públicos sanitarios, escolares o que puedan tener acceso a ciertos desarrollos económicos. Por ejemplo que puedan tener derecho a la propiedad de la tierra, que puedan realizar trabajos. Porque de alguna manera para muchas mujeres remover psicológicamente lo que las ha pasado es muy difícil. En esos casos creo que hay que respetar la decisión que tomen. Hay mujeres mucho más fuertes que públicamente quieren hablar pero muchas otras que no quieren, porque siguen queriendo proteger a hijos, familia… de lo que pueda ser esa vergüenza.

En la charla en la que participaste de WILPF España sobre Seguridad Feminista abogabas por una abolición de los Ejércitos.

Bueno pero es un sueño, una utopía. La realidad es que ahora eso es imposible. Imposible eliminarlos, abolirlos pero ¿podemos dar pasos de reducción? Yo creo que sí. Y ahí es donde hay que insistir. Si en toda Europa solo tuviéramos 200.000 soldados y dependieran de la Unión Europea ya habríamos eliminado 1.300.000.

Esto iría muy en la línea de la instauración de Ejército Europeo del que tanto se ha hablado.

Exacto. Si en vez de tener 27 ejércitos tengo uno reduzco armas, reduzco personal y reduzco gasto público que puede ir a otras cosas.

¿Podríamos considerar esta reducción de los ejércitos un presupuesto de la corriente feminista de la seguridad?

No necesariamente. Desde una perspectiva no solamente de mujer sino también social, el cambio que proponemos es que cuando el Estado habla de seguridad habla de la seguridad del Estado. Cuando el Estado está seguro, la sociedad está segura. Lo que decimos es no, no es el Estado quien tiene que estar seguro sino las personas. Porque cuando se dice el Estado tiene que estar seguro lo que se dice es que las élites tienen que estar seguras y no. Aquí son las personas las que tienen que estar seguras. También nos preguntamos, la seguridad ¿frente a qué? Y el frente a qué no es a ser atacados si no la seguridad de la vida. Por tanto a tener recursos económicos, sanitarios, educativos, medioambientales… La seguridad como comunidad. Es decir, poder sobrevivir comunitariamente con tus propias formas culturales. También hablamos de seguridad política: que no pierdas tus derechos y libertades.

Foto: Archivo AmecoPress y Centre Delàs. 

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La guerra contra las mujeres. Violencia sexual como arma de guerra

Por Teresa Domínguez

Reflexionando a raíz de un artículo de Pablo Castillo, especialista en políticas de la Organización de las Naciones Unidas  respecto a la violencia sexual en conflicto. Me propuse escribir sobre la guerra contra las mujeres con el fin de despertar conciencia de una realidad dura y violenta que sucede y de la que la comunidad internacional se adolece, pero apenas toma medidas reales para combatirla.

Pablo Castillo contaba que después de 52 años de conflicto, en Colombia se firmó un acuerdo de paz en 2016. Un hecho histórico que le debe mucho a mujeres como la periodista Jineth Bedoya, que en 2009 rompió su silencio y compartió su historia de agresión sexual para iniciar una valiente campaña en nombre de las miles de mujeres y niñas que fueron violadas en la guerra civil de su país. Su acto de valentía agregó un ímpetu a un movimiento global que empezaba a hacerse más fuerte.

Hace diez años, la Organización de las Naciones Unidas lanzó su primera campaña mundial contra la violencia sexual en conflictos. En el decenio transcurrido desde entonces, abordar dicha violencia se convirtió en el centro de una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, llamamientos a la acción, compromisos nacionales y mandatos de las misiones de mantenimiento de paz. Financiación para investigación, defensa y programas han aumentado significativamente, y los nuevos programas están llegando a cientos de miles de supervientes cada año.

Hoy en día, un grupo emergente de abogados especializados e investigadores están persiguiendo estos casos. Los periodistas están cubriendo estas atrocidades con una regularidad sin precedentes. En los últimos años se han visto muchos antecedentes históricos en jurisprudencia internacional sobre violencia sexual en conflictos y avances en la concesión de reparaciones a supervivientes de violencia sexual.

En 2009, el Tribunal Especial para Sierra Leona dictó la primera condena en un Tribunal Internacional por crímenes contra la humanidad por esclavitud sexual y matrimonio forzado.

Acoguate

En el caso de Sepur Zarco, Guatemala se convirtió en el primer país dónde un Tribunal nacional emitió una condena por esclavitud sexual durante un conflicto armado. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió su primera condena por crímenes sexuales y de género en 2016 contra Jean Pierre Bemba por atrocidades cometidas en la República Centroafricana.

Hace solo unos meses, en un caso separado contra un jefe de la guerra congoleña en DRC el señor de la guerra Coronel Sheka se rindió después de más de 387 violaciones y años matando a diestro y siniestro. Aún pendiente de juicio.

La CPI dictaminó que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe la violación y la esclavitud sexual cometidas contra los propios soldados y no solo contra civiles o soldados enemigos. Los debates han sido innumerables a lo largo de los años acerca de si las resoluciones del Consejo de Seguridad son las herramientas adecuadas o si son los defensores adecuados; Si centrarse en la violencia sexual en los conflictos trae luz sesgada a las mujeres y las niñas como víctimas, y no a su potencial transformador como agentes; Y si el énfasis en la violencia sexual relacionada con los conflictos se produce a expensas de descuidar otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas que son más frecuentes.

Algunos se preocupan de que se gasten demasiados recursos en defensa y coordinación a nivel mundial, en lugar de prestar servicios reales a las personas sobre el terreno. Algunos académicos desalientan a los estudiantes a unirse al número cada vez mayor de investigadores sobre este tema, preocupados por la saturación, o la motivación o enfoque equivocado.

Todos estos debates son importantes, pero todos deben compartir el mismo punto de partida: que la violencia sexual relacionada con los conflictos continúa siendo omnipresente, y la respuesta de los gobiernos y la comunidad internacional va de insuficiente e inadecuada a veces, a escandalosamente negligente y cómplice otras afirmaba el especialista en políticas de ONU y mujeres.

Issouf Sanogo/AFP/Getty Images Conakry

 En 2009, al menos 109 mujeres y niñas fueron violadas o sexualmente agredidas por agentes de seguridad en la represión de una protesta pro-democracia en Conakry. En solo tres días en 2010, los rebeldes violaron a cerca de 400 civiles en Walikale, en el norte de Kivu, en la parte oriental de la República Democrática del Congo. Nadie ha sido llevado a un Tribunal Nacional o Internacional hasta la fecha por esta atrocidad. Las casi 300 niñas de Chibok que fueron secuestradas en 2014 fueron las más conocidas entre miles de mujeres y niñas nigerianas que sufrieron un destino similar.

 Las miles de mujeres Yazidis esclavizadas por el llamado Estado Islámico o Daesh, son también solo una fracción de las muchas mujeres y niñas que han sido víctimas como esclavas sexuales, y tráfico sexual, vendidas y violadas como componente central de la ideología y estrategia económica y terror de ese grupo armado. En lugares como Siria e Iraq las mujeres Kurdas y algunas mujeres Yazidis que consiguieron escapar de las garras de Daesh, han tomado las armas luchando en primera línea contra la esclavitud y violencia sexual. A mediados de septiembre aún quedaban secuestradas 1636 mujeres y niñas.

A principios de este año, la ONU informó que la violencia sexual había alcanzado “proporciones épicas” en la guerra civil del sur de Sudán. Todo ello sin que la comunidad internacional realmente haya tomado medidas eficaces, conjuntas y contundentes para combatir esta lacra, ni haya movido un dedo para liberar a todas las mujeres secuestradas que se cuentan por cientos de miles.

REUTERS/Adriane Ohanesian

Cox’s Bazar el horror de las mujeres Rohingya torturadas y violadas en Birmania. También se usó en los Balcanes entre 20.000 y 60.000 mujeres. En Ruanda se estima fueron entre 250.000 y 500.000 mil las mujeres y niñas violadas.

Por otra parte cabe destacar también el papel fundamental que juegan los Cascos Azules. Los Cascos Azules son cuerpos militares que tienen el encargo de mantener la paz en áreas de conflictos y monitorear los proceso pacíficos. Entre sus fines tienen la misión de supervisar el cumplimiento del alto el fuego y proteger a la población civil, brindando medicinas y alimento a los más pobres. También mantener la ley y el orden, y entrenar a la fuerza local de la policía.

Los Cascos Azules han sido objeto de muchas críticas y denuncias. Tienen en su haber más de 2.000 denuncias en su contra y otro personal de la ONU por abuso y explotación sexual en todo el mundo. Hay informes que aseguran más de 300 denuncias de víctimas menores.

En 2007, un centenar de soldados fueron acusados de violación y explotación sexual en Haití y fueron sustituidos por un batallón femenino. En 2015 la ONU registró 69 casos de abusos sexuales en República Centroafricana y en la República Democrática del Congo. Hubo denuncias de abuso sexual contra soldados y policías de Alemania, Francia, Burundi, Ghana, Senegal, Eslovaquia, Madagascar, Ruanda, República Democrática del Congo, Burkina Faso, Camerún, Tanzania, Níger, Moldova, Togo, Sudáfrica, Benín, Nigeria y Gabón. También hubo denuncias contra funcionarios de varios países europeos y Canadá.

La mayoría de los abusos tuvieron lugar en África, especialmente en República Centroafricana, pero también se denunció explotación sexual en Haití. En 2016, 120 soldados fueron expulsados de la misión acusados de abuso y de explotación sexual de mujeres y menores. En junio de 2017 salió publicado que más de 600 soldados congoleños abandonarían Republica Centroafricana por su “mala conducta”, acusados de abuso sexual. Soldados de varias nacionalidades, tanto africanos como europeos, han sido acusados por organizaciones humanitarias sobre el terreno de haber cometido supuestamente horribles violaciones contra mujeres y menores de edad, llegándose incluso a obligar a niños de siete años a tener sexo oral con los soldados a cambio de un paquete de galletas.

Las autoridades francesas investigaron también si soldados franceses que participaron de una misión en la República Centroafricana son responsables de abusos sexuales a menores, ya que Francia envió un contingente de 1.600 soldados al país africano en diciembre de 2013, en respuesta a una ola de violencia tras un golpe de Estado.

Para combatir la violencia sexual y una mejor atención a las víctimas, Ruanda ha desplegado 80 mujeres policías en misión de la ONU en Sudán del Sur. Specioze Dusabe es parte de la unidad de policía de Ruanda que acaba de ser desplegada. En una zona de conflicto, las mujeres y los niños son los más vulnerables, esa es la realidad, por lo que para lidiar con casos de violencia de género, violencia sexual y las mujeres policía pueden hacer un trabajo mucho mejor que los hombres. “. ¿Adivinan por qué? Muchas de estas mujeres vienen de Haití o Mali. En todos los países donde los Cascos Azules están desplegados, las fuerzas de paz son acusadas regularmente de violación, particularmente en estos campamentos de desplazados internos, que se supone que deben proteger. Las Naciones Unidas han establecido una estricta política de tolerancia cero.

“Habían intentado ocultar estos abusos.”

En 2015, la revista Foreign Policy reveló una investigación interna de la ONU sobre posible encubrimiento de denuncias de violaciones sexuales contra menores por parte de los Cascos Azules en África. Un tribunal convocado por Ban Ki Moon llegó a la conclusión de que funcionarios, encabezados por la jefa del Gabinete de la ONU habían intentado ocultar estos abusos.

La ONU ha prometido ‘tolerancia cero’ ante estas denuncias y ha iniciado una serie de investigaciones. Además ha repatriado a centenares de soldados. Pero habría que plantearse si de verdad esta Organización Internacional está luchando por erradicar dicha lacra o todo finalmente se queda en informes, algunas acciones, buenas intenciones, poca contundencia y resoluciones que nadie cumple.

Resolución 1820 (2008) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5916a sesión, celebrada el 19 de junio de 2008 Contra Violencia Sexual como arma de guerra

El Secretario General de la ONU ha incluido información sobre violencia sexual relacionada con el conflicto en 27 países diferentes en sus informes anuales al Consejo de Seguridad desde 2009. La impunidad sigue siendo desenfrenada, los servicios todavía son escasos y las respuestas de paz y seguridad siguen dominadas por hombres.

– Cuando las negociaciones de paz se llevan a cabo principalmente entre los hombres, es menos probable que la justicia, el cuidado y las reparaciones de los supervivientes sean incluidos en los acuerdos de paz.

– Cuando el 97% de los cascos azules son hombres, es menos probable que los pacificadores puedan ofrecer protección adecuada a las mujeres y las niñas.

– Cuando el 80% de los funcionarios electos son hombres, es menos probable que los gobiernos inviertan substancialmente en las necesidades de salud, psicosociales, de subsistencia y justicia de los sobrevivientes.

Las organizaciones de mujeres, a menudo las primeras o únicas personas que responden en primera línea, tienen acceso a lamentables fondos de la comunidad internacional.

La violencia sexual en conflicto ni debe silenciarse, ni ocultarse, ni debemos acostumbrarnos a que sean un daño colateral. No es aceptable. Las mujeres tienen mucho que decir sobre violencia sexual.

Desde su toma en consideración en la mediación e intervención en los lugares dónde se toman las decisiones de paz y negociación de conflictos hasta en la inversión de fondos en aquellas comunidades principalmente dirigidas por mujeres que son las que de hecho trabajan y devuelven la vida a sus comunidades tras un conflicto.

Ya lo dice el Dr Dennis Mukwege, cirujano ginecólogo, fundador y directoré médico de @PanziHospital, Presidente de @PanziFoundation @PanziUSA, Premio Sakharov 2014, el hombre que “repara a las mujeres”

“Debe haber un consenso en contra de la violación utilizada como arma de guerra”

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Escrito original 16 oct 2017 blog @letra_escarlata

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, 19 de junio

Búsqueda de justicia de 36 mujeres Maya Achíes que sufrieron violencia sexual

Las demandantes en el caso de violencia sexual Maya-Achi están con la abogada Gloria Reyes de la Clínica Legal Rabinal

Por Leonora Chapman | 

amlat@rcinet.ca

“Este caso es muy importante porque las mujeres son de diferentes comunidades rurales y tienen poco acceso a la justicia. También es importante que hablen sobre su caso y la violencia que sufrieron. Es un gran logro no callar sobre la violencia contra las mujeres. Establece un ejemplo para otras mujeres, alentándolas a denunciar los actos violentos»

– Gloria Reyes, abogada guatemalteca en gira por Canadá

Gloria Reyes, de la Clínica Legal Rabinal, se encuentra de gira por algunas provincias Marítimas de Canadá explicando el caso de 36 mujeres Maya Achíes que buscan justicia por violencia sexual cometida en el apogeo del conflicto armado interno de 36 años de Guatemala.

La gira de conferencias, organizada por Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network (BTS), se lleva a cabo en Tatamagouche, Moncton, Fredericton, Charlottetown, Antigonish y Halifax.

Gloria Reyes, abogada Maya Achí del Bufete Popular de Rabinal . Foto : Stacey Gomez

Gloria Reyes  es abogada, da acompañamiento y asesoría especialmente a mujeres Achíes, en la municipalidad de Rabinal. La clínica se dedica específicamente a la defensa y promoción de los derechos humanos de los pueblos alrededor de Rabinal.

Las 36 mujeres que sufrieron violaciones a sus derechos provienen de Rabinal, una de las regiones más afectadas por los 36 años del conflicto interno. Todas tienen historias diferentes sobre cómo se utilizó la violencia sexual como táctica de genocidio.

Siete ex miembros de las milicias controladas por el ejército llamadas patrullas de defensa civil están acusados ​​de crímenes contra la humanidad, incluida la violencia sexual, la tortura y la detención ilegal. Uno de los hombres murió por causas naturales mientras estaba bajo custodia.

Gloria Reyes  reconoce que generalmente se denuncian las violaciones de los derechos humanos, como las masacres, desapariciones forzadas y los desplazamientos ocurridos durante el conflicto armado interno.

Pero se invisibilizan siempre las violaciones a los derechos en contra de las mujeres y en este caso el bufete está dando acompañamiento legal ante la corte en Guatemala buscando justicia para las mujeres que sufrieron violencia sexual. Un tipo de violencia muy fuerte para las mujeres y una expresión extrema del racismo y discriminación en contra de las mujeres. Entonces consideramos que es muy importante buscar justicia en este tipo de delitos, de sentar precedentes de que se debe castigar esos delitos de violencia contra las mujeres, especialmente la violencia sexual.

La abogada defensora de derechos humanos explica que las 36 mujeres quieren con este jucio que sus hijas y las próximas generaciones no sufran la misma violencia que ellas sufrieron.

En Guatemala, el conflicto se inició formalmente en 1962 y duró más de tres décadas. Por parte del Estado, participaron las fuerzas armadas, policías militares y patrullas de autodefensa civil; por parte de la insurgencia, hubo movimientos revolucionarios, frentes estudiantiles, frentes guerrilleros y organizaciones sociales. El conflicto terminó oficialmente en 1996, con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) encontró una alta incidencia de violencia sexual perpetrada por militares, sobre todo en zonas rurales o indígenas. El Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica denunció violencia sexual en las masacres ocasionadas por la guerra civil. En el juicio por genocidio en contra de Ríos Montt (presidente en 1982 y 1983), se denunció que las violaciones a las mujeres eran parte fundamental de los ataques sistemáticos a la población ixil.

Un tema difícil de contar 

Denunciar las violaciones siempre es un tema difícil pero a esta altura, cuenta la abogada, las mujeres han tenido mucho empoderamiento gracias al acompañamiento legal de la clínica demás de un acompañamiento psicosocial a las mujeres.

La cantidad de mujeres que sufrieron violencia sexual son incontables y estas 36 mujeres representan todo lo que ocurrió en Rabinal y en toda Guatemala, dice.

Son mujeres muy valientes que tratan de denunciar este tipo de violencia pero hay muchas otras mujeres que no lo hacen por miedo a la estigmatización social y por las amenazas de parte de los autores.

Los altibajos de la justicia guatemalteca

Este caso se inició hace más de 10 años. Las mujeres Achí identificaron a seis acusados como miembros de las patrullas de autodefensa civil (PAC) organizadas por el Ejército de Guatemala para aterrorizar a la población, y como autores materiales de los crímenes que sufrieron. Las mujeres describieron haber sido violadas, colectivamente en algunas ocasiones, en sus hogares y en instalaciones militares, por los acusados y por otros individuos, incluyendo soldados. Tres de las mujeres estaban embarazadas y sufrieron abortos espontáneos como resultado de las violentas violaciones. Al menos una mujer quedó embarazada y tuvo un bebé como resultado de las violaciones. Las más jóvenes tenían 12 años de edad cuando se dieron los hechos violentos.

Lamentablemente, ha habido una serie de obstáculos en la lucha por la justicia. En junio, la jueza en jefe Claudette Domínguez, desestimó los cargos contra los seis acusados. Sin embargo, la fiscalía está apelando esa decisión.

El 9 de septiembre, en una victoria para las mujeres, la jueza Domínguez fue retirada del caso debido a su interrogatorio perjudicial a las víctimas y la evidencia de prejuicios relacionados con el puesto de su hermana en el ejército.

La gira por Canadá en búsqueda de solidaridad con las 36 mujeres

Gloria Reyes en las Marítimas de Canadá, junto a Stacey Gomez, Coordinadora en las Marítimas de la Red Rompiendo el Silencio y otros activistas por los derechos humanos. Foto: Stacey Gómez

La abogada Reyes señala que es muy importante para las mujeres guatemaltecas encontrar apoyo y solidaridad de lxs canadienses en su búsqueda de justicia. Eso les da fortaleza.

Considero  que representar a las mujeres es un reto y también como mujer es importante para mí la búsqueda de justicia porque si uno determina que eso es un delito y debe ser castigado, eso contribuye a la educación y formación de las futuras generaciones.

Breaking the Silence Network (BTS) Rompiendo el Silencio ha estado fomentando la solidaridad con Guatemala desde la década de 1980, trabajando con organizaciones guatemaltecas como la Clínica Legal Rabinal, que está desafiando la impunidad tan arraigada en el país. Un aspecto del trabajo de BTS incluye invitar a personas guatemaltecas como la abogada Reyes a las provincias de las Marítimas para arrojar luz sobre importantes cuestiones de derechos humanos que afectan al país y las formas en que los canadienses pueden ser solidarios.

Esto y más en la entrevista de Gloria Reyes, abogada Maya Achí del Bufete Popular de Rabinal con Radio Canadá Internacional.

Las mujeres guatemaltecas que lograron reparación por vidas rotas

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Las abuelas de Sepur Zarco. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres

SEPUR ZARCO, Guatemala, 8 may 2019 (IPS) - El día en que los militares llegaron para llevarse a su esposo y su hijo quedó grabado en la memoria de María Ba Caal, aunque ya no recuerda bien algunos detalles. “Cuando se llevaron a mi esposo y a mi hijo de 15 años, ambos trabajaban. El ejército llegó por la tarde y los sacó de casa. No recuerdo la fecha, pero fue la última vez que vi a mi marido y a mi hijo”, señala.

De eso hace 36 años. María tiene ahora 77.

Como muchas otras mujeres maya q’eqchi’ de Sepur Zarco, una pequeña comunidad rural ubicada en el valle de Polochic, en el noreste de Guatemala, María continúa buscando los restos de su esposo y su hijo, que desaparecieron por la fuerza y lo más probable es que fueran asesinados por el ejército guatemalteco a principios de la década de 1980.

El conflicto de Guatemala

El conflicto armado interno de Guatemala se remonta a 1954, cuando un golpe militar derrocó al presidente electo democráticamente, Jacobo Arbenz.

Seguidamente, el gobierno militar que se instauró eliminó las reformas agrarias que beneficiaban a las/os agricultoras/es pobres (en su mayor parte indígenas), lo que provocó un conflicto armado entre el ejército y diversos grupos de guerrilleros progresistas, que se prolongó 36 años y segó más de 200.000 vidas.

La mayoría de las personas que fueron asesinadas en el marco del conflicto (un 83 por ciento) eran indígenas mayas.

¿Qué ocurrió en Sepur Zarco?

En 1982, el ejército estableció un puesto avanzado en Sepur Zarco, a unos 400 kilómetros de Ciudad de Guatemala, para el descanso del personal militar. En aquel momento, los líderes q’eqchi’ de la zona trataban de obtener derechos legales sobre sus tierras. El ejército respondía con desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de hombres indígenas, así como con violaciones y esclavitud de mujeres.

“Quemaron nuestra casa. No fuimos a la base militar (el puesto avanzado) de Sepur porque quisiéramos… nos obligaron. Nos acusaban de alimentar a los guerrilleros. ¡Pero no los conocíamos! Tuve que dejar a mis hijas e hijos bajo un árbol para ir a cocinar para los militares… y…”, cuenta María Ba Caal, que no puede terminar la frase.

María Ba Caal con miembros de su familia. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres

El final inconcluso resuena en el aire mientras permanecemos sentadas frente a su chabola de barro. Sus bisnietos juegan cerca de nosotras. Ella llora en silencio.

“Violación” y “esclavitud sexual” son palabras que no tienen una traducción fácil a la lengua q’eqchi’. “Nos obligaban a turnarnos”, prosigue. “Decían que nos matarían si no hacíamos lo que nos ordenaban”, afirma.

Posteriormente, María Ba Caal y otras mujeres que habían sido esclavizadas por los militares sufrieron durante años el rechazo de sus propias comunidades, que las llamaban “prostitutas”.

La guerra civil de Guatemala no solo fue la que más muertes causó en la región; también dejó un terrible legado de violencia contra las mujeres.

Hoy en día la comunidad de Sepur Zarco se compone de unas 226 familias. La ciudad más próxima, Panzós, se encuentra a 42 kilómetros en automóvil por una carretera polvorienta y solo parcialmente pavimentada.

A pocos kilómetros de Sepur Zarco se erigen las ruinas de la granja Tinajas, rodeada de campos de maíz.

En mayo de 2012, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala exhumó 51 cuerpos de indígenas en este lugar, que habían sido asesinados y enterrados en fosas comunes por el ejército guatemalteco.

Las pruebas obtenidas en Tinajas supusieron uno de los puntos de inflexión en el caso Sepur Zarco.

Paula Barrios, directora de Mujeres Transformando el Mundo, explicó que las comunidades indígenas que viven en la zona creían que más de 200 hombres habían sido llevados allí y jamás se les había vuelto a ver.

Mujeres de la comunidad, muchas con hijas e hijos, esperan en la clínica móvil. La clínica móvil gratuita en Sepur Zarco atiende entre 70 y 80 personas diariamente. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres

“Esta era la verdad del pueblo q’eqchi’, pero tuvimos que demostrar que aquellas historias eran ciertas. La exhumación continuó durante 22 días y costó 100.000 quetzales (13.500 dólares)”, detalla.

Y prosigue: “Algunas familias tuvieron noticia de ello y acudieron al lugar esperando encontrar a sus parientes desaparecidos. Las mujeres de la comunidad de Sepur Zarco también vinieron y cocinaron para el personal. Cavaron y cavaron durante cuatro días, pero no hallaron ningún cuerpo. Los antropólogos dijeron que el día siguiente sería el último”.

“Encontraron el primer cuerpo al día siguiente”, rememora.

Las abuelas de Sepur Zarco

En 2011, 15 mujeres sobrevivientes de Sepur Zarco —a las que hoy se conoce respetuosamente como “abuelas”— llevaron su caso ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, con el apoyo de las organizaciones locales defensoras de los derechos de las mujeres, de ONU Mujeres y de otros socios de las Naciones Unidas.

Después de 22 audiencias, el 2 de marzo de 2016, el tribunal condenó a dos exmilitares por delitos de lesa humanidad (violación, asesinato y esclavitud) y concedió 18 medidas de reparación para las sobrevivientes y sus comunidades.

Fue la primera vez en la historia que un tribunal nacional enjuiciaba un cargo de esclavitud sexual durante un conflicto utilizando la legislación nacional y el derecho penal internacional.

Las abuelas lucharon para obtener justicia y reparación, no sólo para ellas, sino también para lograr un cambio que beneficiara a toda la comunidad.

La casa de Felisa Cuc en Pombaac. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres

En su sentencia, el máximo tribunal prometió reabrir los expedientes de reclamación de tierras, crear un centro de salud, mejorar la infraestructura de la escuela de enseñanza primaria y abrir una nueva escuela de educación secundaria, además de ofrecer becas para mujeres y niñas/os; medidas que pueden sacar a esas personas de la pobreza extrema que todavía hoy continúan sufriendo.

“Cuando llevamos nuestro caso ante el tribunal, creíamos que ganaríamos, porque decíamos la verdad”, afirma María Ba Caal. “Para mí es muy importante que nuestro país escuche nuestra voz y conozca nuestra historia, para que lo que hemos vivido no le ocurra a nadie más”, añade.

Como parte de las medidas de reparación, las organizaciones de la sociedad civil trabajaron con el Ministerio de Educación guatemalteco en la elaboración de un cómic para niñas/os que narra la historia de Sepur Zarco.

El cómic se distribuirá en las escuelas de enseñanza secundaria de la capital del país, la ciudad de Guatemala, así como en los municipios de la zona de Alta Verapaz.

Tan solo una de las 11 abuelas sobrevivientes que lucharon para ganar este caso sin precedentes posee una casa en Sepur Zarco. La mayoría de las demás viven en las comunidades vecinas de San Marcos, la Esperanza y Pombaac, en viviendas provisionales.

Detrás del centro para mujeres que se está construyendo hay una pequeña parcela de terreno; a las abuelas les han prometido que podrán construir sus casas en ella.

María Ba Caal y Felisa Cuc nos llevan a visitar la zona. Felisa Cuc tiene 81 años y está esperando su casa. Quiere que sea de ladrillo y estaño.

“Cuando escuché la sentencia, me puse muy contenta. Pensé que mi vida iba a mejorar. Pero en este momento no sé si viviré lo suficiente como para ver los resultados”, afirma.

Don Pablo, un campesino local, ayudó a identificar la fosa común en la granja Tinajas, donde tuvo lugar la matanza de civiles por parte de militares en la década de 1980. En 2012 se exhumaron los restos de 51 cuerpos en el sitio. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres

Doña Felisa ha tenido una vida difícil. Los soldados se llevaron a su esposo en 1982 y lo torturaron. Nunca más volvió a verle.

“Nos violaron a mí y a mis dos hijas, que se habían casado hacía poco tiempo. Sus esposos habían huido… Tratamos de escapar, buscamos refugio en casas abandonadas, pero los soldados nos encontraron. Violaron a mis hijas delante de mí”, recuerda.

El puesto avanzado de descanso de Sepur Zarco se clausuró en 1988, y el conflicto terminó formalmente en 1996 con la firma del acuerdo de paz. Sin embargo, las abuelas continuaron luchando por conseguir un mínimo de dignidad, un pedazo de tierra y comida.

Doña Felisa nos lleva a su casa de Pombaac por caminos de tierra a través de campos de maíz. Su casa es la última de la aldea.

“Aquí hay muchas necesidades”, nos dice. “En este momento necesito algo para comer. Nadie sabe cuánto tiempo viviré. Necesito tierra para mis hijas e hijos. Quizá si tienen tierra para cultivar puedan ayudarme, alimentarme”, prosigue.

De todas las medidas de reparación, puede que la restitución de tierras sea una de las más importantes. Sin embargo, también resulta complicada de ejecutar, puesto que buena parte de la tierra reclamada se encuentra en manos privadas. El presidente debe nombrar una institución y el Ministerio de Hacienda debe dotarla de presupuesto para comprar la tierra a sus propietarios privados y, a continuación, redistribuirla.

Una medida de reparación que ha tenido cierto impacto es la clínica móvil gratuita, que atiende a unas 70 u 80 personas cada día.

“Antes teníamos que caminar mucho para llegar a una clínica, pero ahora la tenemos más cerca. Las distintas comunidades nos turnamos para recibir atención en la clínica. Muchas mujeres de mi comunidad han recibido medicamentos, pero hay enfermedades que la clínica no puede tratar… Soñamos con un hospital que pueda tratar todas nuestras dolencias”, explica Rosario Xo, otra de las abuelas.

Demesia Yat, una de las abuelas más extrovertidas, reconoce lo lejos que han llegado y también habla sobre lo que está en juego.

“Nuestros esfuerzos, primero como mujeres y en segundo lugar como abuelas, es muy importante. Es cierto que se hizo justicia. Ahora pedimos educación para nuestras hijas e hijos y para nuestras nietas y nietos, de modo que la juventud de la comunidad tenga oportunidades y no sea como sus mayores, que no pudieron estudiar”, afirma.

“El gobierno ya conoce nuestras reivindicaciones. Esperamos muchos años a que se hiciera justicia; ahora tenemos que esperar para obtener reparación”, añade.

El caso de Sepur Zarco es un caso de búsqueda de justicia; estas mujeres sufrieron un horror y una pérdida inenarrables. Hoy exigen experimentar esa justicia en su vida cotidiana.

“Di todo lo que tenía para obtener justicia”, nos dice María Ba Caal cuando nos despedimos. “Quiero ver los resultados antes de que me muera. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo”, concluye.

Este artículo fue publicado originalmente por ONU Mujeres.  IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo especial con ONU Mujeres.

RV: EG