10/22/2022

Las mejores del mundo en parkour y karate son orgullosamente mexicanas

  

Fotografía: Especial

Guadalupe Quintal Catzín (conocida por muchos como Lupita Quintal) ganó el oro en la categoría de más de 68 kilos en la Serie Mundial de Karate, la cual concluyó el pasado domingo 25 de septiembre en Kocaeli, Turquía.

La campeona originaria de Yucatán, quien se ha dedicado a entrenar durante casi 18 años, venció a su contrincante originaria de Turquía en el último día de la contienda deportiva. Sin embargo, desde los días previos ya había acumulado una serie de victorias contra competidoras de Francia, Egipto e Inglaterra.

Quintal Catzín es la actual coordinadora de alto rendimiento del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. Además, es entrenadora del equipo representativo de karate en la Universidad Anáhuac Mayab ubicada en Mérida, la capital yucateca.

Tras su triunfo, Lupita Quintal se une a una lista de deportistas mexicanas que han puesto el nombre de su país en lo más alto del podio en el área de las artes marciales, como la taekwandoista María del Rosario Espinoza. Pero este no es el único campo deportivo en el que las mexicanas han resultado campeonas…

Ella Bucio, primera campeona mundial de Parkour

Por primera vez se celebró el Campeonato Mundial de Parkour, cuya organización corrió por cuenta de la Federación Internacional de Gimnasia. Y la alegría para las y los mexicanos no puede ser más grande luego de que la connacional de 25 años Ella Bucio Dovali se llevara la medalla de oro en el estilo libre de la contienda deportiva.

Bucio Dovali, quien es originaria de la Ciudad de México, se impuso ante las competidoras de Japón y de República Checa con una calificación final de 27 puntos. Con esto suma tres reconocimientos a nivel mundial. El primero de ellos es una medalla de oro obtenida durante la Copa Mundial de Parkour en Montpellier, Francia este 2022; el segundo, otra presea dorada resultado de su participación en la Copa Mundial de Parkour en Sofía, Bulgaria.

La deportista (quien también tiene una trayectoria como doble de acción o stunt cuenta con una beca de la Comisión Nacional del Deporte (Conade). No obstante, tal como ha sucedido con otras deportistas como la raquetbolista Paola Longoria o las mujeres del equipo femenil de futbol americano, no ha recibido el respaldo suficiente de parte del gobierno mexicano para seguir con su desempeño deportivo.

Recientemente, en una publicación de Instagram, Ella Bucio lamentó que las y los deportistas no puedan ir a participar al extranjero por la falta de subsidio para los viajes.

«Ninguna institución en México cubre los gastos que implica ir a una competencia y todo corre por parte de los atletas», escribió la campeona mundial.

A pesar de esta falta de apoyo, tanto ella como Lupita Quintero y otras deportistas mexicanas no cesan en su esfuerzo de seguir representando a México y poniendo su nombre en alto, a pesar de que el país no les dé el reconocimiento que sí han obtenido en el extranjero.

Fortalecer a las mujeres y las comunidades: retos para la comunicación en América Latina

 

.-Buenos Aires, Argentina.-Esta tarde concluyó el foro La Comunicación: Piedra Angular de la Justicia Social, convocado por la Asociación Mundial por la Comunicación Cristiana (WACC por sus siglas en inglés).

Las y los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer los procesos de capacitación técnica para potenciar la participación de las mujeres en la producción de contenidos y en el acceso a las tecnologías para la comunicación como lo son el internet y las radios comunitarias. 

La WACC América Latina (WACC AL) reunió a comunicadoras y comunicadores de toda la región para dialogar sobre los retos y las experiencias de base en materia de comunicación indígena y radios comunitarias, la comunicación medioambiental, la internet ciudadana y la comunicación para las y los migrantes, todos proyectos para aportar a la justicia social.  

Durante el foro, las expertas y expertos denunciaron los intereses empresariales que atentan contra la naturaleza, el medio ambiente y atentan así contra la vida y la cosmovisión de las comunidades indígenas desde México hasta la Patagonia con afectaciones directas a los pueblos del Abya yala.

Maribel Guate. Crédito de foto: Marcela Gabioud

Maribel Sontay de la Asociación de Mujeres Mayas Majawil Qíj Nuevo Amanecer de Guatemala, destacó la sostenibilidad económica de las radios comunitarias y la criminalización a defensoras y defensores de derechos humanos”. 

El monopolio digital e incluso el androcentrismo en los medios de comunicación fueron señalados como una constante que se vive en la región.

Con los medios comunitarios se destacaron los procesos de comunicación que se desarrollan desde la mirada de las y los migrantes y las poblaciones aymaras, garífunas, mayas y pueblos originarios de América Latina. 

Alfedro Rax, de la Red Centroamericana de Radios Comunitarias de Guatemala señaló que “en la mayoría de las radios comunitarias hay poca participación de compañeras por lo que hay que abrir espacios y oportunidades para el fortalecimiento para que participen en la creación de contenidos… lograr que al menos haya una técnica en cada radio”.

Crédito de foto: Marcela Gabioud

Las experiencias compartidas dan cuenta del arduo y valioso trabajo de las comunidades indígenas que, a pesar de las distancias y brechas, mantienen un trabajo sostenido, desde su cosmovisión, por una comunicación que les represente y difunda sus contextos. 

“El avance que tienen las y los hermanos indígenas en cada país nos da luz para fortalecer la lucha de nuestros pueblos en cuanto a estrategias y propuestas para una comunicación inclusiva” concluyó Rax.

Mabel Quinto de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca Colombia se pronunció por el respeto a la labor de las y los comunicadores de los territorios indígenas. “Son necesarias nuevas formas de comunicación para la defensa de los derechos no solo humanos, sino también ambientales y naturales”. 

Mabel Quinto. Crédito de foto: Marcela Gabioud

Para el caso de la Amazonia, Sandra Díaz de Grupo Comunicarte de Colombia, organización que se enfoca en las necesidades de comunicación de las comunidades migrantes con información contextual, localizada y a través de las radios comunitarias de esta región.

Para Díaz, este tipo de encuentros “permiten crear una integración continental para integrar el trabajo local con pasos hacia políticas globales que logren una mayor incidencia por nuestros derechos y el respeto a muestra madre tierra y quienes habitamos en ella”.

Crédito de foto: Marcela Gabioud

Violencia vicaria ya es ley en San Luis Potosí

  

Fotografía: Twitter @FNCVVICARIA

La iniciativa para reconocer esta expresión de violencia fue presentada por la diputada Gabriela Martínez Lárraga, del partido Redes Sociales Progresistas, de la mano del Frente Nacional Contra Violencia Vicaria (FNCVV). Su propuesta aprobada por unanimidad entre las y los legisladores del estado. Gracias a esto, violencia vicaria ya quedó reconocida dentro de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Esta violencia tiene diferentes expresiones pero, a grandes rasgos, consiste en que el agresor utilice a sus hijos o hijas para hacer daño a su pareja o expareja a través de ellos. Un ejemplo de esto es la retención de los menores en contra de la voluntad de la madre.

En este sentido, aunque falta establecer las penas dentro de los Códigos, la propuesta aprobada incluye que las niñas, niños y adolescentes víctimas de esta violencia reciban atención psicológica. Dicha atención también será brindada a los agresores dentro de los procesos judiciales que se ejecuten en su contra.

Con la decisión de la legislatura potosina, ya son nueve las entidades de la República Mexicana en los que la violencia vicaria está tipificada. Los otro ocho territorios son Baja California Sur, Yucatán, Puebla, Hidalgo, el Estado de México y Zacatecas. Sin embargo, estos avances están en riesgo debido a una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

CNDH pide «diálogo abierto» en la discusión sobre la eliminación de violencia vicaria

Este 19 de octubre, la CNDH emitió un comunicado dirigido a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En él reitera su llamado a que haya un diálogo abierto para involucrar a «diferentes actores» en la discusión sobre la eliminación de la violencia vicaria.

Aunque el organismo no declara específicamente quiénes son esos actores, a lo largo del comunicado se hace hincapié en la no discriminación a favor de la protección de los derechos. Con esto, la CNDH alude al argumento que ha utilizado para afirmar que la llamada Ley Vicaria y las legislaciones contra deudores alimentarios morosos discriminan a los agresores.

Según la institución, dichas regulaciones los violentan al no permitirles, entre otras cosas, acceder a cargos públicos en caso de ser deudores alimentarios o de haber ejercido violencia en contra de sus parejas o exparejas.

Diversas organizaciones como el FNCVV y el Frente Nacional Contra Deudores Alimentarios han rebatido estos argumentos aludiendo a ponderación de derechos y a la obligación del Estado de priorizar los derechos de las infancias sobre cualquier otro tipo de derechos. También, al hecho de que muchos agresores hacen uso de sus posiciones de poder para eludir sus responsabilidades e incluso revictimizar a las mujeres imputándoles cargos falsos.

El Frente Nacional de Mujeres (FNM) ya emitió un posicionamiento sobre el comunicado de la CNDH. En él, la organización explica que la SCJN ha ofrecido su escucha y su apoyo a las mujeres que se están organizando para erradicar la violencia vicaria. También hace frente a los argumentos de que las legislaciones contra agresores y deudores alimentarios son «sexistas y discriminatorias». Y es que se ha demostrado que los hombres son quienes ejercen la violencia vicaria mayoritariamente (una violencia que suele ser precedida por otras agresiones contra las mujeres).

De igual forma, la agrupación pide que se revise el actuar de las y los servidores públicos de la CNDH, ya que, al arremeter contra el reconocimiento de la violencia vicaria, están ayudando a perpetuar la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Trabajadoras independientes y el desempleo de Mujeres jóvenes

  

.- La recuperación del empleo post pandemia se caracteriza por su precariedad, afectando en mayor medida a las Mujeres, provocando una mayor pobreza. En el segundo trimeste de este año y conforme a los resultados de Enoe-Inegi, el trabajo independiente creció al 22.9 por ciento del total de la población ocupada, un nivel de 1.4 puntos porcentuales por arriba del nivel observado antes de las afectaciones generadas por la pandemia en el mercado laboral. 

Son 5.3 millones de Mujeres trabajadoras independientes, mientras que en el mismo periodo de 2018 fueron 4.6 millones, un alto crecimiento porcentual del orden de 15 puntos. Esta modalidad de trabajo se ve como una ventana de oportunidad frente al desempleo. 

El llamado trabajo independiente o por cuenta propia se caracteriza por sus bajos ingresos; carecer de derechos laborales, sin acceso a instituciones de salud, sin protección en accidentes de trabajo, donde  las mujeres  son víctimas de acoso laboral y sexual; no tienen estabilidad en el empleo y pueden ser desempleadas en cualquier momento sin poder exigir algún derecho.

El mejor ejemplo son las y los trabajadoras de plataformas digitales como: Uber, Didi, Rappi, etc.; los llamados “gig work” son trabajadoras y trabajadores independientes, por cuenta propia. Les venden la fantasia de compartir la empresa, son emprendedoras y por tanto no son “empleados”, desde esta perspectiva cero derechos.

El pomposo título de “socios repartidores”, esconde una explotación de las y los repartidores porque la premisa de socias permite negar derechos laborales como salud, vacaciones, accidentes de trabajo, etc.. En realidad es una explotación encubierta, no se puede formar un sindicato de“socios”.

El ingreso promedio por hora trabajada de las y los trabajadoras independientes apenas alcanza un promedio de 49.5 pesos, muy inferior a los 78.3 de los empleadores; en tanto que  los datos de personas sin acceso a instituciones de salud es de 13.7 en hombres y 10.5 millones para mujeres trabajadoras, un efecto inegable del “trabajo independiente” (veáse gráfica). 

De hecho las llamadas “socias repartidoras” cuentan con un ingreso mensual promedio de ocho mil pesos, ni siquiera alcanzan diez salarios mínimos.

“Lo cierto es que obtienen muy bajos ingresos, a tal punto que un 20 por ciento declaró que“pasó hambre porque no podía pagar lo suficiente para comer”. Y casi un tercio que no pagaron el monto total de sus recibos de los servicios públicos de sus hogares (luz, gas,agua) en el mes anterior a la encuesta. 

Adicionalmente, un 62 por ciento de los encuestados declaró que perdió parte de sus ingresos debido a dificultades técnicas para marcar la entrada o la salida de sus labores”.

Un factor a considerar es la relación entre trabajo independiente y desempleo juvenil, en las mujeres tiene una tasa de 6.93 para la edad de 15-19 años y 5.77 para 20-29. En contraste la tasa muy baja de 2.06 corresponde del grupo de mujeres trabajadoras con 40-49 años. 

Es sabido que el desempleo más alto del mercado laboral está en la juventud, las altas tasas permiten concluir que no se ha recuperado el nivel de empleo para este segmento demográfico de la población, registrado previo a la pandemia; para mayor información: 7 de cada diez mujeres de 15 a 19 años no tienen acceso a trabajos formales, mucho menos a derechos laborales y sindicalización (ver gráfica).

Y esta situación significa un grave problema social y político generador de pobreza. Según Inegi el trabajo por cuenta propia sumó 345 mil 728 personas a la población ocupada en el octavo mes del año, el trabajo subordinado (generalmente con derechos laborales) tuvo una reducción de 155 mil 726 plazas. 

Implica una amplia desigualdad laboral entre trabajadoras con derechos y las “independientes” sin acceso a derechos laborales, con ingresos muy bajos que las circunscriben a condiciones de pobre intergeneracional.

Los documentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el tema del desempleo juvenil señalan:

“Entre 2019 y 2020, las y los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad experimentaron una pérdida porcentual de empleo mucho mayor que los adultos (definidos como las personas que tienen 25 años o más). 

Muchos de ellos abandonaron la fuerza de trabajo, o no llegaron a incorporarse a ella, debido a la enorme dificultad de buscar y conseguir un empleo en un momento en el que muchos gobiernos imponen medidas de cierre y confinamiento y los empleadores sufrían pérdidas masivas de ingresos como consecuencia del cierre de empresas. 

Además, la fuerte caída de los ingresos familiares y el cambio al aprendizaje a distancia por parte de las instituciones educativas hicieron que la búsqueda de educación y formación fuera más ardua para muchos. En consecuencia, el ya elevado número de jóvenes sin estudios, trabajo ni formación aumentara a partir de 2020.

El déficit global de empleo de los jóvenes con respecto a 2019 ascendía al 8,2 por ciento en 2020, mientras que el déficit correspondiente a los adultos ascendía a menos de la mitad”. 

@ramonaponce

Digna Ochoa no es un caso aislado. 21 años después México se disculpa; ¿y la justicia?

  

La mañana de este miércoles se llevó a cabo un acto de reconocimiento de responsabilidad y una disculpa pública por el caso Digna Ochoa, en el cual participaron diferentes funcionarios del gobierno de México, así como defensores y familiares de la abogada mexicana.

Tal ceremonia es sólo una de las 15 medidas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ordenó adoptar al Estado mexicano por las diversas fallas cometidas en la investigación de la muerte de Digna Ochoa y Plácido. Debido a estas «graves falencias», en 2011, la entonces Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México determinó que la defensora de derechos humanos se había suicidado y cerró el caso.

Hoy, a 21 años del hecho, Alejandro Encinas Rodríguez (Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación) y Cristopher Ballinas Valdés (Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores) ofrecieron explícitamente una disculpa por este acto revictimizante y por la falta de voluntad del gobierno mexicano para dar una respuesta real sobre el feminicidio de la defensora.

Ofrezco una disculpa pública a Digna y a su familia porque el Estado mexicano no pudo garantizar su seguridad y su integridad personal y porque tampoco garantizó su acceso pleno a la justicia… Por las fallas en la implementación de los protocolos especializados para la investigación de su caso, las faltas al debido proceso y a las debidas diligencias. Porque su lucha y su memoria no pueden ser discriminadas ni estigmatizadas por su pertenencia de género ni su pertenencia social y cultural.

Alejandro Encinas Rodríguez

Durante el acto, tanto Encinas Rodríguez como la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), Ernestina Godoy Ramos, recordaron que la Fiscalía de la CDMX ya reabrió la investigación de la muerte de la abogada y defensora de los derechos humanos. Además, de acuerdo con Ernestina Godoy, se creó una Unidad Especializada para la Investigación del Caso de Digna Ochoa para ofrecer una resolución satisfactoria a las y los familiares de Digna.

Para entender mejor: CoIDH acepta analizar caso de la defensora Digna Ochoa

Digna Ochoa no es un caso aislado; ¿y la justicia?

La Senadora Olga Sánchez Cordero también estuvo presente durante la ceremonia. En su discurso destacó que tuvo la oportunidad de conocer a Digna Ochoa «en una versión de México en la que en muchas ocasiones el gobierno revictimizaba con impunidad e incluso era el primer sospechoso de articular la violencia homicida y feminicida». Sin embargo, aseveró, «ese país ha quedado atrás«.

«Las amenazas ya no vienen del Estado», añadió la funcionaria, aunque reconoció que aún hay muchos peligros para las y los defensores de derechos humanos. Estos peligros siguen tan latentes que, según un informe del Comité Cerezo México, en 2021 asesinaron por lo menos a 25 defensoras y defensores en el territorio mexicano. Además, según el mismo informe —y contrario a lo indicado por Sánchez Cordero—, los perpetradores de estas muertes fueron agentes del Estado mexicano directa o indirectamente.

Desde que inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hasta diciembre de 2021 se han contabilizado 59 homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos. Aunado a esto, el gobierno mexicano sigue acumulando casos y sentencias de organismos internacionales por su falta de acción para ofrecer justicia a las y los familiares de estas víctimas.

Funcionarias y funcionarios del gobierno mexicano durante el acto de reconocimiento de responsabilidad por el caso Digna Ochoa. En este cato también estuvieron presentes las y los abogados del caso, así como los familiares de la defensora. Fotografía: Twitter @SEGOB_mx

Apenas la semana anterior, los abogados Micheel Salas y David Peña (quienes llevan el caso Digna Ochoa) anunciaron la decisión de llevar el caso de los defensores Bety Cariño y Jyri Jaakkola con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tal como ha ocurrido con el asesinato de digna, la muerte de ambos activistas lleva años en la impunidad.

Los posibles culpables de este homicidio forman parte de un grupo delictivo que presuntamente tuvo alianzas electorales con el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones pasadas por la gubernatura de Oaxaca.

Pero, más allá de estos casos ligados con asuntos políticos, el Estado tampoco ha podido garantizar la no revictimización de víctimas de otros crímenes feminicidas. Muestra de ello son las declaraciones de la Fiscalía General de Jalisco acerca del caso de Luz Raquel. Al igual que con Digna Ochoa, las autoridades también la culparon de su propia muerte.

El caso de Digna Ochoa y Plácido forma parte de este contexto de violencia generalizada que ha golpeado de manera específica a mujeres, defensoras y defensores de derechos humanos y también a periodistas. A raíz de él, el Estado mexicano tiene la obligación de implementar y fortalecer los protocolos de actuación en casos de ataques contra personas defensoras. También debe cumplir su compromiso de dar con los responsables del asesinato de Digna.

¿Cuándo asumirá este compromiso con las miles de víctimas más en México? Como declaró su hermano Jesús Ochoa y Plácido este miércoles: «Digna Ochoa no esta muerta: está mas viva que nunca y exige justicia». Que esa justicia se extienda para todas y todos quienes actualmente habitan en los terrenos de la impunidad.

El voto y la paridad no bastan

 

.-Este lunes 17 de octubre, se conmemoraron 69 años del voto universal en México, culminación de décadas de lucha de las mexicanas por acceder a sus plenos derechos políticos y al reconocimiento de su ciudadanía también en términos civiles, sociales, económicos y culturales. Desde 1953 mucho ha cambiado pero quedan grandes pendientes para alcanzar una ciudadanía plena y sobre todo la igualdad.

En estas décadas México y el mundo cambiaron, la sociedad es más plural, el discurso de los derechos humanos y la igualdad de género se ha globalizado y es evidente el valor de la participación de las mujeres en la esfera pública y laboral. En términos legales, son indudables los cambios: a raíz del reconocimiento de la igualdad política se modificaron leyes discriminatorias.

En 1974 se inscribió en la Constitución la igualdad de hombres y mujeres, en los años 80 y 90 se tomaron medidas contra la violencia machista, en 2006 y 2007 se aprobaron respectivamente la Ley de Igualdad y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El marco jurídico electoral sobre todo se fue ajustando a las demandas de mujeres organizadas que promovieron las cuotas como medio de compensar desigualdades históricas y por último la paridad que se ha concretado en la casi igual representación de hombres y mujeres en el Congreso.

¿Podemos estar satisfechas con estos cambios? Es evidente que no. Las leyes no modifican por sí solas prácticas y mentalidades; aunque inciden en la organización política, no la pueden transformar de fondo si no se cumplen y si persisten o se agudizan tendencias autoritarias y excluyentes, como sucede en nuestro país.

El contraste más evidente entre la ley y la realidad se da en la creciente violencia contra mujeres y niñas que limita sus oportunidades de desarrollo y crecimiento. Con un promedio de once mujeres asesinadas al día, México es uno de los países más hostiles para las mujeres en América Latina. A este agravio, se suman el acoso laboral y callejero, la violencia sexual, la inseguridad rampante, la amenaza de la trata y la desaparición y ahora la legalización de los vientres de alquiler (en Tabasco y Sinaloa), práctica que en un país sin estado de derecho puede agravar la cosificación y explotación de los cuerpos femeninos. 

Estas violencias no se derivan sólo del machismo que reproduce las desigualdades desde la casa y la escuela. El sistema de justicia, permeado de corrupción, carente de recursos suficientes, y por tanto ineficiente, es incapaz de hacer justicia a mujeres y niñas. No sólo las deja a la intemperie, las revictimiza. Éste es el caso de madres que denuncian acoso sexual por parte del padre contra sus hijas y violencia vicaria (abuso y manipulación de hijos e hijas para vengarse de la madre). No sólo no encuentran apoyo, son a su vez denunciadas por los agresores con la complicidad de MPs y jueces, sobre todo cuando los acusados tienen poder político o económico, como los magistrados acusados de violencia vicaria o incluso violencia sexual y protegidos por sus colegas u otros “poderosos”.  

La mayor participación de mujeres en las legislaturas, por otra parte, implica el reconocimiento de la igualdad política pero no garantiza la igualdad sustantiva de la mayoría. Resultado de las luchas feministas, y de acuerdos políticos, la paridad ha llevado al poder a mujeres que no siempre responden a las demandas y necesidades de las mujeres precarizadas o violentadas sino a su afán de poder, a los mandatos patriarcales – de jefes políticos, grupos religiosos o grupos de interés. Ser mujer no equivale a ser feminista pero no deja de sorprender, indignar, que, como en este gobierno, haya autollamadas “feministas”  que toleran un discurso oficial misógino, callan ante la estigmatización de grupos feministas, votan por la militarización o montan su carrera política sobre su identidad de “mujer” y para ello pretenden manipular, como el patriarcado, a mujeres vulnerables o dependientes de fondos públicos. 

No podemos exigir a legisladoras, funcionarias y agentes de justicia que se comporten como feministas, la pluralidad es clave de la democracia. Si podemos documentar que la paridad que muchas presumen como el gran logro de las mexicanas no ha servido, ya no digamos para mejorar la vida, para hacerle justicia a niñas y mujeres que todos los días enfrentan violencia y desigualdad. Éste sigue siendo el gran pendiente de nuestra precaria democracia. 

Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama: ¿cómo detectarlo a tiempo?

  

10 millones de mexicanas viven la menopausia y sin acompañamiento institucional

  

Por ello cada año, desde el 2000, se conmemora el Día Mundial de la Menopausia, con el objetivo de crear conciencia sobre la necesidad de prestar atención a la salud de las mujeres y que así puedan llegar a esta etapa de su vida de manera libre y sin tabús. 

Hace 22 años la Sociedad Internacional de la Menopausia (SIM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) declararon este día para que gobiernos y sociedad construyan soluciones que permitan a las mujeres mejorar sus experiencias al hablar de menstruación. Sin embargo, al día de hoy continúa siendo un tema poco abordado. 

La organización Planned Parenthood señala que “la menopausia comienza cuando tus ovarios dejan de producir estrógeno y comienzan a producir menos de otras hormonas reproductivas, como la progesterona. Sin estas hormonas deja llegar tu menstruación y el embarazo ya no puede ocurrir”. 

Fotografía: Pexels

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destaca que es común que la menopausia se presente en las mujeres entre los 49 y 51 años. Cabe destacar que en edades previas, las mujeres pueden experimentar períodos menstruales impredecibles, esta etapa mayormente es conocida como perimenopausia.

Estos procesos, destaca la académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Aline García Cortés, si se atienden y vigilan de una manera integral, permitirá a las mujeres tener una vida satisfactoria. 

Menopausia: un proceso que debe ser acompañado

En 2013 se publicó en el Diario Oficial de México la NOM-035-SSA2-2012: Para la prevención y control de enfermedades en la perimenopausia y postmenopausia de la mujer, la cual desglosa los criterios para brindar atención médica a mujeres que transitan por esta etapa.

La Norma destaca que los espacios de salud están obligados a: brindar atención médica integral, contribuir a la prevención y tratamiento oportuno de los síntomas y signos; fomentar en las mujeres hábitos higiénicos, dietéticos, saludables; además de procurar el acceso a la información.

Sin embargo, los comentarios de las mujeres que forman parte del grupo Nosotras y la menopausia, consejos para vivir mejor, las autoridades de salud no han hecho lo propio. 

“¿Alguna de ustedes ha tenido mareos?”, “¿Me pueden compartir cuáles fueron sus síntomas de la premenopausia?”, “Tengo 42 años y estoy teniendo cambios de humor que no puedo controlar y el deseo sexual se ha venido al suelo, qué puedo hacer?”, son algunos de los cuestionamientos que realizan día a día decenas de mujeres en este espacio creado en 2020 por Reina Reyes Osorio, pedagoga mexicana. 

Al respecto, Aline García Cortés -especialista de la UNAM- destaca que lo primordial es brindar información a las mujeres sobre todas las etapas que vivirán a lo largo de su vida y de esta forma puedan estar preparadas desde años antes. 

Sobre la medicalización, García Cortés señala:

“Aunque no hay medicamentos para retrasar la menopausia, hay tratamiento para sus síntomas, adecuado para cada paciente. A partir de la perimenopausia, cuando se comienzan a acortar y alargar los ciclos menstruales, se puede iniciar el procedimiento sustitutivo hormonal con estrógenos y progesterona si la mujer tiene sintomatología importante. Cada caso debe individualizarse, porque el tratamiento podría incluir, además de hormonas, antidepresivos o medicamentos para osteoporosis; es decir, una atención específica para las necesidades de cada mujer”. 

Pero más allá de la medicalización, no se puede dejar de lado la necesidad de una buena alimentación y mantener activación física, además, evitar el tabaquismo y otros factores que predispongan a enfermedades como hipertensión o diabetes.

En lo anterior coincide Hadine Joffe, investigadora de la menopausia y psiquiatra de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, quien destaca que “la mayoría de las mujeres no tienen síntomas severos” cuando en la transición de la mediana edad llevaron una vida saludable. 

Universo de experiencias

Al hablar de menopausia no existe una experiencia única, pero es común encontrar cambios corporales en las mujeres que en ocasiones derivan en síntomas vasomotores (sofocos y sudores nocturnos), dificultades para dormir, cambios de humor, además de dolores musculares o articulares.

Sin embargo, la obstetra Martha Hickey, adscrita al Royal Women’s Hospital de Victoria (Australia), destaca en un informe publicado en el British Medical Journal que “las expectativas y experiencias de la menopausia de las mujeres están fuertemente influenciadas por factores personales, familiares y socioculturales”. Es decir, una mujer mexicana no atravesará este proceso de la misma forma que una mujer británica, ya que la multiplicidad de vivencias es infinita. 

“Los estudios transculturales muestran una variación geográfica y étnica sustancial en la experiencia de la menopausia. Mientras que las mujeres en países de altos ingresos tienden a reportar más síntomas vasomotores, una revisión de mujeres menopáusicas en 11 países asiáticos encontró que los dolores corporales y articulares eran los síntomas más problemáticos, afectando al 76 por ciento de las mujeres coreanas y al 96 por ciento de las mujeres vietnamitas. Solo el 5 por ciento de las mujeres indonesias reportaron sofocos”, se explica en el informe.

Sumado a lo anterior, la especialista destaca que la experiencia de las mujeres que viven la menopausia está influenciada por los valores sociales en torno a la reproducción y el envejecimiento. “Las mujeres tienden a tener peores experiencias con la menopausia en países donde su valor se basa en la juventud y la capacidad reproductiva y el envejecimiento está asociado con el declive”.

Entonces, mientras este contexto no se analice y las autoridades de salud no provean de los servicios necesarios para informar y acompañar, la menopausia continuará siendo un tabú y una etapa de incertidumbre.

Vivir en condición de calle: las infancias y su sobrevivencia

CIMACFoto: Tercero Díaz 

 .-CIMACFoto: Tercero Díaz.-

En México falta mucha información sobre cuántas niñas y niños viven en situación de calle. Sin embargo, gracias a estudios como los desarrollados por la doctora en Antropología Social y Cultural María Espinoza Spínola podemos tener una idea de los factores que llevaron a estos menores a dejar sus hogares y habitar la calle como un espacio de resistencia y libertad.

Espinoza Spínola se dedicó a estudiar la condición de niñas y niños en las calles de la Ciudad de México entre 2000 y 2009. A lo largo de estos años, la antropóloga española identificó una serie de constantes en las historias de las y los menores que deciden abandonar sus hogares.

Una de estas constantes es la separación entre padres y madres, tras la cual, son ellas quienes asumen por completo la responsabilidad del cuidado de hijas e hijos. No obstante, también es frecuente que estas mujeres busquen a otra pareja que cubra sus necesidades económicas y afectivas… algo que no suele suceder.

De acuerdo con las investigaciones de María Espinoza, la llegada de un padrastro a casa puede traer una serie de maltratos hacia la familia. Esto se exacerba en el caso de las niñas; por un lado, porque los hombres suelen ejercer violencia sexual contra ellas, y por otro porque, al ser mujeres, constantemente las descalifican y les hacen sentir que no tienen ningún derecho en el hogar que habitan.

Además de esto, hay otros factores íntimamente ligados con los roles de género socialmente establecidos. Es decir: con lo que nos han dicho sobre cómo tiene que ser una madre.

«Mala madre» y «buena madre»: no hay punto intermedio

Durante su estancia en México, María Espinoza Spínola escuchó los relatos de varias niñas y niños en situación de calle. En estos relatos, uno de los reclamos constantes de niñas y niños fue la falta de cariño de sus madres.

A ellas las calificaban como «malas madres» y mujeres indecentes por unirse con otros hombres tras el abandono de los padres, y también las consideraban tontas porque esos otros hombres las violentaban. Para los padres, por el contrario, no había ningún calificativo en específico, lo cual indica que detrás de la decisión de huir de estas niñas y niños hay concepciones de género revictimizantes para las mujeres y socialmente extendidas incluso en el imaginario de las infancias.

Fotografía: Pexels

De la misma forma, la antropóloga social explica que el reclamo de las y los menores tiene que ver con la concepción de la «madre abnegada» tan arraigada en la cultura mexicana. Esta madre ideal es una madre amorosa consagrada por completo al cuidado de su familia aunque ello implique sacrificar sus propias necesidades.

Ninguno de los menores a los que entrevistó Espinoza Spínola identifica esta figura con la de su madre. Por el contrario, las juzgaban como principales responsables de las violencias ejercidas en su contra, aún cuando muchas de estas violencias provienen de padrastros, tíos y otros familiares varones.

La calle como alternativa a una vida difícil

Las razones que llevan a niñas y niños a abandonar su hogar son muy complejas y no se limitan a los factores expuestos anteriormente. Las situaciones de pobreza y la precariedad económica también juegan un papel importante en esta decisión, así como la violencia como método de educación y aleccionamiento. Pero, ¿por qué elegir la calle para hacer frente a estas condiciones? María Espinoza ha concluido que esto tiene que ver con lo que significa la calle para niñas y niños.

«Las interpretaciones que los chicos y chicas hacían de la calle como lugar de libertad fue una de las explicaciones que me dieron para argumentar su salida», explica la investigadora en su artículo Discursos, narrativas y percepciones entre los y las niñas de la calle en torno a su huida.

Así, la calle se convierte en ese espacio en el que se liberan de la violencia, la pobreza y la disciplina rígida. También, en ese nuevo hogar sin delimitaciones claras encuentran a otros en las mismas condiciones que les ofrecen el apoyo o el cariño que nunca encontraron en el seno familiar.

La calle, por otro lado, también se convierte en un espacio de reafirmación. Una niña llamada Sonia, por ejemplo, confesó a Espinoza que todas las vivencias que ha tenido en el entorno callejero han hecho que no sea una ignorante y sepa defenderse.

Así, lo que para unos puede ser un modo de vida inimaginable, para otros es la mejor posibilidad frente a realidades crueles. No obstante, esto no los exenta de los obstáculos y las otras violencias que esto supone.

México, sin cifras claras sobre niñas y niños en situación de calle

Según datos del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en 2009, en México había cerca de 94 mil 795 niñas y niños en situación de calle. Desde ese entonces hasta ahora no hay una cifra oficial que dé cuenta de cuántas infancias viven en esta condición de vulnerabilidad.

Lo que sí se sabe es que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019 del Inegi, 2.2 millones de niñas, niños y adolescentes están trabajando. Tres de cada diez de estos menores son del sexo femenino de 15 años o menos, mientras que siente de cada diez son varones. Además, cinco de cada 100 (es decir, cerca de 116 mil 600 menores en total) trabajan por su cuenta, sin aportar nada a ningún familiar o alguna otra persona.

Es posible que esta última cifra corresponda al grupo de niñas y niños que viven en situación de calle en México. No obstante, la falta de datos al respecto no permite hacer inferencias tan a la ligera. Aun así, es innegable que las y los menores en situación de calle suelen hacer uso de diferentes recursos para subsistir, tales como emplearse vendiendo dulces, limpiando parabrisas en los semáforos o trabajando en mercados, entre una infinidad de posibilidades más.

Lo anterior los pone en riesgo de caer en redes de trata o sufrir diferentes tipos de abusos. Aun así, para ellos, la calle es un espacio preferible a la violencia que habita en sus hogares.

Protestas en CCH Sur por alumna que denunció violencia sexual en baños del plantel

  

De acuerdo con un comunicado de la colectiva Feministas Organizadas Independientes de CCH Sur, la agresión se perpetró el pasado 17 de octubre en los baños de las mujeres del edificio P aproximadamente a las 16:00 horas. La denuncia la realizó la madre de la estudiante, quien detalló que su hija no recibió ayuda de la institución al momento de los hechos.

“Se dirigió a la oficina de asuntos estudiantiles y ahí le dijeron que no había pruebas y que no iban a hacer nada. La compañera llamó a una familiar suya y de ahí la canalizaron con la abogada de jurídico, Lorena Fabiola Bautista Salazar, quien le dijo (como en anteriores ocasiones) que guardara silencio y no se acercara a ninguna feminista del plantel”. 

Feministas Organizadas Independientes de CCH Sur

La colectiva de CCH Sur detalla que posterior a los hechos la víctima y su madre acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a interponer una denuncia y se les indicó que autoridades acudirían el día jueves 20 de octubre a tomar fotografías. 

Sin embargo, la directora del plantel, Susana de los Ángeles Lira de Garay, dijo a la madre y su hija que personal de la Fiscalía no podía acudir el día jueves debido a que los baños donde se habría perpetrado la agresión estaban cerca de un espacio separatista “y no quería tener problemas con las feministas”. 

Tras darse a conocer esta información, autoridades del CCH Sur emitieron un comunicado en el que lamentaron lo ocurrido y aseguraron que a la víctima se le brindó acompañamiento desde el primer momento.

Tras la gravedad de la situación, mujeres se manifestaron este 20 de octubre a las afueras del plantel para exigir justicia por su compañera agredida al interior del CCH.

“No estás sola”, “Ni una más”, “El CCH no me cuida”, fueron algunas de las pintas que se dejaron ver frente a la institución.

Tras dicha movilización, el viernes 21 de octubre se llevará a cabo una Asamblea Estudiantil «por las violaciones dentro del plantel y su intento por silenciarnos». Para ello se rechazó la presencia de personal directivo, profesores y profesoras.

Fotografía: Facebook

Este no es el primer caso de abuso sexual reportado en la institución, apenas el 30 de agosto otra estudiante acusó haber sido víctima de intento de violación. Lo anterior se acumula a otras denuncias, como la realizada en 2019, cuando una joven refirió que sus compañeros la drogaron para posteriormente agredir sexualmente en las instalaciones del CCH Sur

La violencia de género perpetrada en el CCH Sur no es un hecho aislado, pues la UNAM en general ha registrado altas cifras de agresiones contra mujeres pertenecientes a la comunidad universitaria debido a una ola de impunidad reflejó de la que se vive en todo el país.

De acuerdo con su Informe sobre la implementación del Protocolo para la atención de casos de violencia de género, la universidad dio a conocer que, de agosto de 2016 al 21 de agosto de 2020, mil 486 personas presentaron una queja por posibles hechos de violencia de género ante el Subsistema Jurídico de la institución, a partir de las cuales se identificaron a mil 311 personas presuntas agresoras, de las cuales únicamente a mil 158 se les pudo iniciar procedimiento de sanción en la institución debido a que en el resto de los casos no se encontraron elementos suficientes.

De los mil 158 procedimientos iniciados, 648 concluyeron con una sanción formal y 30 con un acuerdo a través de un procedimiento alternativo, 278 se encontraban en trámite, en 93 no se encontraron elementos para sancionar, 23 fueron declaradas improcedentes y 89 se declararon insubsistentes. Es decir, únicamente 55.9 por ciento de los agresores fueron sancionados.

Las mujeres «desaparecieron» del Presupuesto 2023

  

Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios, durante el parlamento abierto sobre el PEFE 2023 celebrado este miércoles 19 de octubre de 2023. Fotografía: Twitter @AliadasLa

Durante un parlamento abierto celebrado en la Cámara de Diputados este 19 de octubre, varias diputadas, funcionarias y activistas analizaron con detenimiento qué es lo que se está presupuestando en el famoso Anexo 13. Diversas opiniones hicieron énfasis en aquello que se viene discutiendo desde la publicación del proyecto: más de la mitad del dinero en este rubro se está destinando a los programas sociales protagonistas de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Es por eso que muchas de las asistentes a este parlamento están pidieron a las y los legisladores que el PEFE 2023 se modifique antes de su aprobación. De lo contrario, insisten, la igualdad permanecerá sólo en el discurso mientras que, en la realidad, las mujeres estarían desapareciendo de los planes del gobierno.

Pese a argumentos del gobierno, programas de AMLO no tienen perspectiva de género

Uno de los argumentos de los que se ha valido la administración actual para incluir sus programas asistenciales en el Anexo 13 es que dichos programas están pensados con perspectiva de género; además, dicen, están enfocados en cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, de acuerdo con la diputada del PAN Leticia Zepeda Martínez, la funcionaria Cecilia Aguilar Setién y la economista Magdalena García Hernández coinciden en que esto no es así.

Cecilia Aguilar Setién —directora general de Estadística Información y Formación en Género del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)— explicó que algunos de los programas asistenciales están supuestamente enfocados en fortalecer el sistema nacional de cuidados y, así, disminuir la carga de las mujeres en las labores de trabajo doméstico no remunerado.

Un ejemplo de ello son las becas para niñas y niños en educación básica «Benito Juárez», las cuales tienen un presupuesto de más de 27 mil millones de pesos en el PEFE 2023. Estas becas representan un alivio en la carga económica de las mujeres. Sin embargo, en muchos casos, siguen siendo ellas quienes se hacen cargo de administrar este y otros ingresos, así como de procurar todas las necesidades emergentes de la educación de sus hijas e hijos.

«Los programas están orientados a que las mujeres hagan más trabajo no remunerado», afirma Aguilar Setién, y agrega que el problema se extiende a otros programas de vacunación y alimentación a nivel nacional.

Al respecto, la directora de Estadística del Inmujeres recordó que el Estado no es una beneficencia sino un organismo garante de derechos. Por lo tanto, más que asistencia, debe procurar una igualdad real entre hombres y mujeres.

Por su parte, Magdalena García Hernández aseveró que los programas sociales de la administración obradorista ni siquiera cuentan con indicadores de impacto que den cuenta sobre si realmente funcionan para cerrar brechas de desigualdad o no. También externó su preocupación de que, a pesar de ello, haya una fuerte negativa para que el proyecto del PEFE 2023 se modifique.

Violencia y comunidades vulneradas históricamente quedan fuera del PEFE 2023

Otra de las asistentes al parlamento fue Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios. En comparación con los más de 27 mil millones para el programa de becas Benito Juárez, a dicha red únicamente se le están asignando poco más de 443 millones de pesos en el presupuesto de egresos del próximo año.

Figueroa expresó su frustración debido a que, desde el año antepasado, sus solicitudes sobre un aumento presupuestal no han sido escuchadas pese al incremento en la demanda de los refugios. También, pese a que en 2020 esos servicios fueron declarados esenciales por parte del mismo gobierno que se ha negado a dar el presupuesto completo de este 2022.

Además de esta falta de atención al tema de prevención de violencia, Magdalena García afirma que las mujeres indígenas prácticamente han quedado fuera del presupuesto 2023. Lo único que se está proyectando para ellas es un monto de poco más de 175 millones de pesos incluidos en el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas.

Ante este panorama, las diputadas Leticia Zepeda y Johana Montserrat Hernández Pérez, Cecilia Aguilar Setién, Wendy Figueroa y Magdalena García Hernández exigen que el proyecto del PEFE 2023 se modifique y se vuelvan a asignar los montos a programas realmente necesarios para las mujeres. Además, piden que esto se haga tomando en cuenta la inflación de los años siguientes y todas las alertas por violencia de género activas en las diferentes entidades de la República Mexicana.

«Nos desmantelaron todo el trabajo que habíamos hecho durante muchos años», aseveró la economista Magdalena García. También agregó que las mujeres han perdido más de 30 mil millones de pesos en presupuestos durante los últimos años. Pero, ante esto, no se dejará de insistir para que las mujeres realmente se incluyan en el PEFE 2023.