2/22/2014

Programa Tiempo de Mujeres con Hilda Venegas CFRU de este sabado 22 de febrero


Desde cfru 93.3 fm la Radio de la Universidad de Guelph 
en Ontario, Canadá 
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MUJERES POR LA DEMOCRACIA

Bienvenida al programa de hoy
 con Hilda Venegas 

Noticias de Género en la Red
iniciamos con -Un diagnóstico de la violencia hacia las mujeres en América LatinaSólo un tercio de 32 países de América latina y el Caribe cuenta con un plan nacional específico para abordar la violencia contra las mujeres y se percibe un aumento en la magnitud, gravedad y ensañamiento de las expresiones violentas. Estas son algunas de las conclusiones el informe El Compromiso de los Estados: Planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, que publicaron en noviembre del 2013 ONU Mujeres y PNUD y que da cuenta del estado de situación del tema en la región.

México, país incivilizado para las mujeres
 Y aún cuando existen como lo hemos dicho muchas veces convenios, acuerdos tratados y hasta leyes para disminuir la violencia contra las mujeres, en cifras no se ve reflejada la intención de por lo menos reducirla, el caso de México es un ejemplo los discursos a favor de DH contrastan con realidad violenta más allá de las declaraciones hace falta un combate efectivo contra los persistentes patrones de agresiones e impunidad. “Nos preocupa la gran contradicción entre sus posturas internacionales y las formas como reacciona a las cuestiones de Derechos Humanos internamente”dice la ONG Amnistía Internacional que México, país incivilizado para las mujeres.


Y desde los cinco continentes muchas voces se alzan para reclamar el espacio que corresponde a las mujeres en la agenda post 2015, la cual dará continuidad a los ocho Objetivos mencionados, sabemos que el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género constituyen componentes clave para el desarrollo sostenible, sin embargo, la exclusión y la inequidad impiden su pleno aporte al progreso, su capacidad y potencial no pueden aprovecharse al máximo, porque entre las mujeres –quienes representan la mitad de la población mundial– se encuentra el 70 por ciento de las personas pobres y el 65 por ciento de las analfabetas, hablaremos sobre - Igualdad de género, base para la agenda de desarrollo post 2015-


 “Mulas”: entre la pobreza y los roles de género
Hace años que se registra un incremento de las mujeres encarceladas por delitos vinculados a la venta y transporte de drogas ilegales en América Latina. Del 2006 al 2011 se duplicó la población penitenciaria femenina en la región. Según un estudio publicado recientemente, las razones del involucramiento de las mujeres en actividades delictivas son económicas, en el contexto del continente más desigual del mundo. “Muchas de ellas son madres solteras que entran al negocio de las drogas solamente para poder alimentar a sus hijas e hijos” 
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Tiempo de Mujeres 










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Los Robots del presidente Peña Nieto se programan para obedecer, les falta emoción para gobernar






Pedro Echeverría V. 

1. Los Robots están preparados –declaró el presidente Peña Nieto–  para hacer muy bien las cosas: inalterados en sus emociones y no dejarse llevar por ninguna otra emoción que no sea la de hacer perfectamente bien las cosas. Añade: Yo creo que eso no ocurrirá (que pudieran gobernar), porque para quienes tenemos la responsabilidad social de gobernar, algo que será insustituible por la mejor tecnología o por un Robot, es el poder compartir las emociones, los sentimientos y generar las empatías, concluyó. Esto de los Robots y las emociones me ha hecho pensar en si los políticos tienen emociones o si sólo están programados para actuar como Robots.

2. La robótica, como ciencia, es producto de la gran tecnología de los altos países capitalistas encabezados por EEUU, Japón y Alemania. Desde los años ochenta se han operado con gran capacidad de desplazamiento, guiados por la información recibida a través de sensores; aseguran la transportación de piezas en una cadena de fabricación. “Guiados mediante pistas materializadas a través de radiación magnéticas, de bandas detectadas fotoeléctricamente; incluso pueden ser dotados de “inteligencia”. Los Robots Androides intentan reproducir total o parcialmente acciones del ser humano, pero aún están en experimentación. Se les tiene que controlar y mantener su equilibrio.

3. Pienso que los Robots sólo alcanzarán tener sentimientos cuando entiendan la importancia del Poder y de ponerlo al servicio de la sociedad de productores, pensadores y poetas. En tanto sólo actúen –como la mayoría de los seres humanos-obedeciendo a programas hechos desde las élites del Poder para beneficio de unos pocos, sólo llegarán a ser tan grandes y fuertes como cualquier locomotora o supersónico. Pero si llegaran en algún momento a entender que su Poder radica en su fuerza e inteligencia, y que con ellas juntas pudieran someter a quienes los hacen producir sin pago, ésta se convertiría en una sociedad de Robots inteligentes.

4. El problema de los Robots son los programas que les instalan por sus dueños. Son los programadores al servicio del capital, los que les ordenan lo que deben hacer: matar, golpear, ser hijueputas o bondadosos. Son exactamente iguales a la gran mayoría de los “seres humanos” que innegablemente actúan como máquinas que bombardean, matan, invaden y saquean; además producen y consumen, se dejan seducir o “aman” como el capitalismo quiere. Así que había que imaginarse a los Robots del PRI, del PAN, del PRD y demás. Así que como dice Peña Nieto: “hacen perfectamente las cosas” que les programan perfectamente por quienes son sus programadores interesados.

5. Así se pensó hace cinco siglos que sería la máquina. Se recuerda cuando los obreros de Luud buscaban el rompimiento de las máquinas porque representaba una terrible competencia y amenaza al sustituir a los trabajadores. Luego los obreros descubrieron que no eran las máquinas las culpables de la falta de trabajo, sino quienes programaban a las máquinas y quienes se quedaban con las riquezas que producían. ¿Por qué en lugar de trabajar cada obrero ocho o doce horas no se garantiza con las máquinas que trabajen sólo cuatro horas con un salario suficiente para vivir junto a su familia? Lo que ha sucedido  es que cada “progreso” en la historia ha favorecido al bienestar de los capitalistas.

6. ¿Pero es que realmente los seres humanos nos parecemos a los Robots? Sólo basta revisar nuestros comportamientos. Desde que nacemos pareciera que estamos programados; el capitalismo ha organizado nuestra vida hasta la muerte: obedecer la cultura de nuestros padres, de la escuela, de la iglesia, del trabajo; si violamos cualquier norma nos castigan con el desprecio, los despidos, los golpes, la cárcel o la muerte. Incluso nuestras emociones, sentimientos y empatías corresponden al sistema de valores que el mismo capitalismo ha programado. Así que no necesitamos Robots; lo urgente es destruir el imperio capitalista para que nosotros mismos nos programemos para servir a los seres humanos libres. (22/II/14)


Desigualdad socava 20 años de conquistas de las mujeres


INTERNACIONAL
   Faltan medidas contundentes en países en desarrollo: UNFPA

Egipto eliminó la educación sexual de las escuelas. Foto: Victoria Hazou/IPS
Por: Jonathan Rozen*
Cimacnoticias/IPS | Naciones Unidas.- 

Cuando falta solo un año para que venza el plazo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de Naciones Unidas, la ONU divulgó un nuevo informe revelando el progreso logrado por las sociedades, pero también el largo camino que les queda por transitar.

El estudio hace un seguimiento de los últimos 20 años de avances en temas como el acceso universal a los anticonceptivos, los servicios de salud sexual y reproductiva, y el acceso igualitario de las niñas a la educación.

“Debemos colaborar con los gobiernos para buscar soluciones al problema de la desigualdad, que considero es de los factores más decisivos de los ODM”, dijo a IPS/Cimacnoticias el director ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Babatunde Osotimehin.

“Esperamos que, a medida que avanzamos en el debate sobre lo que sucederá después de 2015, las pruebas de hoy servirán para que los Estados miembro se den cuenta de que si queremos lograr avances… debemos poner a las personas en el centro del desarrollo”, añadió.

En la histórica Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) de 1994, en El Cairo, 179 gobiernos adoptaron un Programa de Acción para alcanzar el desarrollo basado en los Derechos Humanos en un plazo de 20 años.

Desde entonces, el UNFPA ha identificado importantes logros con respecto a los derechos femeninos y a la planificación familiar efectiva, pero también ha notado un fuerte aumento de la desigualdad.

La mortalidad materna ha disminuido casi 50 por ciento, y más mujeres tienen acceso a métodos anticonceptivos y a mecanismos de planificación familiar que nunca antes en la historia. Esto ha contribuido a la disminución de la mortalidad infantil.

Además, las mujeres tienen cada vez más acceso a la educación, son parte de la población económicamente activa y participan en la política.

Sin embargo, persiste una gran desigualdad entre los países del norte y los del sur. En conferencia de prensa, Osotimehin señaló que, si bien la probabilidad media a nivel mundial de que una mujer muera en el parto es de una por cada mil 300, la cifra aumenta a una por cada 39 en los países en desarrollo.

El informe también observa que el uno por ciento más rico de la población mundial ha acaparado 53 por ciento de la riqueza, mientras que al 10 por ciento más pobre no le ha llegado nada.

La investigación se centra en las causas fundamentales de estos problemas y los principales factores que influyen en la capacidad de las mujeres y las niñas de tomar decisiones con respecto a sus vidas. El matrimonio infantil y la educación son dos factores decisivos.

“Es importante subrayar el hecho de que, cuando las niñas no asisten a la escuela y cuando se casan muy jóvenes o tienen hijos a muy temprana edad, no pueden ser iguales a los hombres y no pueden tener el mismo poder político y económico que ellos”, explicó Babatunde.

Estos factores no sólo afectan el éxito personal, sino que también son importantes en el desarrollo de los países. “La educación y el acceso a la salud, si se planifican adecuadamente, permiten que las personas vivan más y añadan valor al desarrollo del país”, dijo Osotimehin a IPS/Cimacnoticias.

El UNFPA no trabaja solo en estos temas. Hay también otras organizaciones que recopilan información y cooperan para buscar soluciones a los problemas relacionados con la población y el desarrollo.

“El informe nos parece muy importante porque refleja lo que hemos logrado y, a la vez, sugiere el camino a seguir, algo sobre lo que esperamos haber contribuido a informar”, afirmó Suzanne Petroni, directora de Género, Población y Desarrollo del International Centre for Research on Women (ICRW), una organización que se dedica a detectar los aportes y los obstáculos que afrontan las mujeres en todo el mundo.

En 2000, todos los Estados miembros de la ONU suscribieron los ODM, que se abordan en el segundo informe de la CIPD. Estos serán sustituidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Programa de Acción de 1994 no se limitaba a los derechos de las mujeres, sino que también procuraba centrarse en los efectos individuales, sociales y económicos de la urbanización y la migración, además de apoyar el desarrollo sostenible y tratar los problemas ambientales asociados con los cambios en la población.

“Garantizar que contamos con un mecanismo de vigilancia del cumplimiento de los compromisos de los gobiernos… es realmente lo más importante de cara al futuro”, subrayó Osotimehin. “Ahora debemos hacer valer los compromisos en el terreno”.

Un tema central en el informe es que en las regiones de Asia meridional y de África subsahariana, donde vive 90 por ciento de las y los jóvenes del mundo, hay una gran oportunidad para las sociedades de capitalizar sus recursos y acelerar su desarrollo.

Sin embargo, los gobiernos deben invertir en su población mediante la educación, la atención de la salud, el acceso a oportunidades empresariales y la participación política.

“La sociedad civil, los medios de comunicación, los jóvenes y las organizaciones de mujeres pueden trabajar de manera positiva para ver lo que los gobiernos están haciendo bien y señalar lo que no está tan bien… eso está sucediendo en todo el mundo”, declaró Osotimehin.

“El informe nos da el impulso para avanzar hacia la próxima etapa, en que las mujeres, las niñas y los jóvenes serán fundamentales en el próximo programa de desarrollo”, agregó.

*Este artículo fue originalmente publicado por la agencia internacional de noticias IPS.
 


“LA HERENCIA DE LAS AUSENTES”




Katerina Anfossi/Radio Internacional Feminista



“La Herencia de las Ausentes” es un documental sobre el feminicidio en Ciudad Juárez  y sobre la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conocida como Campo Algodonero realizado por Radio Internacional Feminista y resultado de la posibilidad que tuvimos de conocer y compartir con 5 madres y familias de jóvenes mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez.

El documental también contiene las opiniones de la abogada Karla Michel Salas de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), María de la Luz Estrada de Católicas por el Derecho a Decidir y del Observatorio Nacional de Feminicidio, la jurista feminista Alda Facio, Teresa Incháustegui, ex Diputada Federal, Rosa Alvarez-Jueza Ad Hoc Campo Algodonero, Line Barreiro , entre otras.

Esta producción contó con el aporte de mujeres generosas que compartieron su experiencia en un transitar incomprensible por lograr algo de justicia, hace honor a la búsqueda incansable de las hijas desaparecidas, al intenso trabajo del movimiento internacional de mujeres que lucha contra el feminicidio y la impunidad que le acompaña, así como a todas las personas que luchan contra la violencia.
Si desea tener la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 La realización de este documental tuvo el aporte de la Campaña ÚNETE para poner fin a la Violencia, ONU Mujeres, Global Fund for Women y al aporte solidario del Movimiento Femininista de Mujeres.

México, país incivilizado para las mujeres: AI



NACIONAL

   Discurso de Peña a favor de DH contrasta con realidad violenta

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- 

El secretario general de Amnistía Internacional (AI), Shalil Shetty, afirmó que el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene un claro compromiso con los derechos de mujeres, periodistas, activistas y migrantes, por lo que instó a México a colocar a los Derechos Humanos (DH) en el centro de sus esfuerzos para mejorar la vida de la gente.

En conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de su reciente visita a México, el representante de AI dijo que se reunió con Peña Nieto para decirle que es hora de dejar atrás los mecanismos, las políticas y las declaraciones a favor de los derechos y pasar a concretar resultados reales.

Esta semana una comitiva encabezada por Shalil Shetty –integrada por los representantes de AI en Estados Unidos, Steven Hopkins; en México, Perseo Quiroz, y el investigador Rupert Knox– estuvo en nuestro país para reunirse con activistas, familiares de personas desaparecidas o torturadas, y funcionarios federales y estatales.

Al concluir la visita, el secretario general de AI dijo que México vive una situación preocupante en particular para las mujeres, periodistas, defensores de DH y migrantes, por lo que criticó que en el país las personas desaparezcan sin razones aparentes y que las agresiones contra estas personas “estén más allá de lo que pasa en un lugar civilizado”.

IGUALDAD DE GÉNERO

En el tema de igualdad de género, el organismo internacional elaboró un documento para destacar que a pesar de las medidas de apoyo a los derechos de las mujeres, la meta aún es lejana toda vez que persiste la violencia y la discriminación contra la población femenina.

Según la información de AI, continúa la impunidad en los casos de abuso sexual y feminicidio, asimismo el Ejecutivo federal y de los estados han bloqueado los esfuerzos de las organizaciones civiles para declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG).

La AVG es un mecanismo legal de emergencia para asegurar la intervención y coordinación de las autoridades, a fin de tomar medidas que aborden la violencia de género en regiones específicas.

No obstante, para AI las reformas recientes que buscan facilitar la implementación de la AVG no consideran las dificultades que persisten en el reconocimiento de los altos niveles de violencia.

DISCURSO SIN ACCIONES

Shalil Shetty destacó que más allá de las declaraciones hace falta un combate efectivo contra los persistentes patrones de agresiones e impunidad. “Nos preocupa la gran contradicción entre sus posturas internacionales y las formas como reacciona a las cuestiones de Derechos Humanos internamente”.

Señaló que la prioridad de la administración de Peña Nieto son las reformas políticas y económicas y que se ha destacado por ser abierta a las críticas, pero en este gobierno que apenas lleva 14 meses en el poder destaca la ausencia de compromisos públicos y acciones decisivas en materia humanitaria.

Por ello se reunió con el Ejecutivo y con los titulares de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, y de la Procuraduría General de la República, a quienes les dijo que el tema se ha relegado a funciones administrativas de rango medio en instituciones con capacidades limitadas para impulsar cambios sustanciales.

En un documento entregado al Ejecutivo federal, AI explicó que cuando un gobierno realmente quiere cambiar la cultura prevaleciente de abusos e impunidad, debe demostrar que está preparado para hacer de ésta una verdadera prioridad política, no una mera postura retórica sobre compromisos internacionales.

LAS DEFENSORAS

En la conferencia estuvo presente Silvia Pérez Yescas, indígena oaxaqueña e integrante de la organización Mujeres Indígenas por Ciarena, quien señaló que en hay casos de agresiones a activistas que defienden la tierra y el territorio que no tienen apoyo porque no son visibles ni son conocidas mediáticamente.

Como ejemplo, Silvia acusó que en enero de 2013 un grupo de hombres armados intentó asesinarla, lo que revela la situación en que viven las defensoras y en particular las indígenas, quienes no tienen apoyo y se ven obligadas a abandonar sus hogares para no ser silenciadas por sus denuncias públicas.

Por su parte, Lourdes Heredia, hermana de Germán Heredia, quien fue detenido de forma arbitraria, torturado y acusado de secuestro, señaló que el sistema judicial sigue cometiendo irregularidades porque a pesar de que hubo violaciones a los DH, su hermano fue condenado a 85 años de prisión.

Una vez constatada la situación humanitaria en México, la comitiva encabeza por Shalil Shetty decidió que en octubre próximo abrirán una oficina regional en el DF para dar seguimiento a estos temas. “No son las palabras en las que vamos a confiar. Haremos que cumplan lo que prometieron”, dijeron los activistas.
  

América Latina: El feminismo reactiva la lucha contra la explotación de recursos naturales


El modelo extractivista conlleva la militarización de los territorios, y las mujeres se enfrentan a formas específicas de violencia debido a su condición de género. Esto incluye agresiones físicas y sexuales por parte de las fuerzas de seguridad

Miriam Gartor

Madrid, 18 feb. 14. AmecoPress.- De sur a norte las venas de América Latina siguen sangrando. Proyectos extractivistas mineros, hidrocarburíferos o agroindustriales se multiplican por toda la geografía latinoamericana de la mano de empresas trasnacionales a las que se han ido sumando, en los últimos años, compañías estatales. Porque si hay algo en lo que coinciden gobiernos neoliberales y progresistas de la región, es en la consolidación de un modelo neo-desarrollista con base extractivista. La otra cara de este proceso de extracción y exportación de materias primas a gran escala, se asienta en la desposesión acelerada del territorio y de los derechos de las poblaciones afectadas.
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Pese a que las mujeres han estado presentes en las resistencias socio-ambientales contra los proyectos extractivos, sus luchas no siempre han sido visibilizadas. Sin embargo, en las últimas décadas, la masiva presencia de mujeres y su rol protagónico en la defensa del territorio ha cobrado visibilidad en la medida en que se ha ido profundizando el proceso de despojo.

Sus voces, que parten de la pluralidad de enfoques y posicionamientos, revelan el impacto que las actividades extractivas producen en las relaciones de género y en la vida de las mujeres. Algunas se sitúan en los feminismos populares y comunitarios, otras parten desde los ecofeminismos, y muchas no se reconocen como feministas de forma explícita. Pero todas ellas, desde su diversidad, comparten el horizonte de una lucha post-extractivista, descolonizadora y antipatriarcal, y se empoderan en el marco de las resistencias. Su principal aporte: sacar a la luz los estrechos vínculos entre extractivismo y patriarcado.

Trata de mujeres y niñas

Los bloques petroleros en la Amazonía ecuatoriana, la explotación minera de Cajamarca en Perú o la ruta de la soja en Argentina comparten una realidad común. En todos estos lugares, afectados por las actividades extractivas, la masiva llegada de trabajadores ha provocado el incremento del mercado sexual. El alcohol, la violencia, y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual se establecen en la cotidianidad de los pueblos como expresión de una fuerte violencia machista. Un informe realizado en el marco del Encuentro Latinoamericano Mujer y Minería que se celebró en Bogotá en octubre de 2011, señala que “aparecen situaciones críticas que afectan directamente a las mujeres, tales como la servidumbre, trata de personas, migración de mujeres para prestar servicios sexuales (…) y la estigmatización de las mujeres que ejercen la prostitución”.

Por otro lado, el modelo extractivista conlleva la militarización de los territorios, y las mujeres se enfrentan a formas específicas de violencia debido a su condición de género. Esto incluye, en numerosas ocasiones, agresiones físicas y sexuales por parte de las fuerzas de seguridad públicas y privadas.

Desde esta perspectiva, tanto la tierra como el cuerpo de la mujer son concebidos como territorios sacrificables. A partir de ese paralelismo, los movimientos feministas contra los proyectos extractivos han construido un nuevo imaginario político y de lucha que se centra en el cuerpo de las mujeres como primer territorio a defender. La recuperación del territorio-cuerpo como un primer paso indisociable de la defensa del territorio-tierra. Una reinterpretación en la que el concepto de soberanía y autodeterminación de los territorios se amplía y se vincula con los cuerpos de las mujeres.

Son las mujeres Xinkas en resistencia contra la minería en la montaña de Xalapán (Guatemala) quienes, desde el feminismo comunitario, construyen este concepto. Plantean que defender un territorio-tierra contra la explotación sin tener en cuenta los cuerpos de las mujeres que están siendo violentados es una incoherencia. “La violencia sexual es inadmisible dentro de este territorio porque entonces ¿para qué lo defiendo?”, se preguntaba Lorena Cabnal, integrante de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María de Xalapán – Jalapa.

“Las mujeres somos una economía en resistencia”

La penetración de industrias extractivas en los territorios desplaza y desarticula las economías locales. Rompe con las formas previas de reproducción social de la vida, que quedan reorientadas en función de la presencia central de la empresa. Este proceso instala en las comunidades una economía productiva altamente masculinizada, acentuando la división sexual del trabajo. El resto de economías no hegemónicas – la economía popular, de cuidados, etc. –, que hasta ese momento han podido tener cierto peso en las relaciones comunitarias, pasan a ser marginales.

En un contexto donde los roles tradicionales de género están profundamente arraigados y donde el sostenimiento de la vida queda subordinado a las dinámicas de acumulación de la actividad extractiva, los impactos socio-ambientales como la contaminación de fuentes de agua o el aumento de enfermedades incrementan notablemente la carga de trabajo doméstico y de cuidados diario que realizan las mujeres.

“Hay miles de experiencias productivas y económicas desde las mujeres que a partir de hoy las reconocemos y las nombramos como economías en resistencia.” A través de esta idea, adoptada de forma colectiva en el Encuentro Regional de Feminismos y Mujeres Populares celebrado en Ecuador en junio de 2013, las mujeres plantean otra forma de hacer economía. Una economía basada en la gestión de los bienes comunes que garantiza la reproducción cotidiana de la vida. Tal y como asegura la socióloga e investigadora argentina Maristella Svampa, la presencia de las mujeres en las luchas socio-ambientales ha impulsado un nuevo lenguaje de valoración de los territorios basado en la economía del cuidado. Detrás de esas luchas, por lo tanto, emerge un nuevo paradigma, una nueva lógica, una nueva racionalidad.

El extractivismo y la reconfiguración del patriarcado

“La presencia de hombres de otro lugar que ocupan las calles, se ponen a tomar [beber alcohol] y fastidian a las mujeres, genera que éstas no puedan salir a tomar un café porque las tratan como a putas”, cuentan las mujeres en Cajamarca, una de las regiones más afectadas por las actividades mineras en Perú.

En un contexto de acelerada masculinización del espacio, el extractivismo rearticula las relaciones de género y refuerza los estereotipos de masculinidad hegemónica. En las zonas en las que se asientan las industrias extractivas se consolida el imaginario binario basado en la figura del hombre proveedor donde lo masculino está asociado a la dominación. En esta recategorización de los esquemas patriarcales, el polo femenino queda ubicado en la idea de mujer dependiente, objeto de control y abuso sexual.

En definitiva, tal y como señala un estudio publicado por Acsur-Las Segovias, las aspiraciones colectivas que rodean a las actividades extractivas están fuertemente influidas por patrones masculinos, por imaginarios masculinizados. En este sentido, las experiencias feministas permiten visibilizar el extractivismo como una etapa de reactualización del patriarcado. La investigadora y activista social mexicana Raquel Gutiérrez sostiene que “extractivismo y patriarcado tienen una liga simbiótica. No son lo mismo, pero no puede ir el uno sin el otro.”

Protagonistas de la resistencia

Cuando la empresa Yanacocha adquirió el proyecto minero Conga en 2001, nunca imaginó que una sola mujer pondría en riesgo sus aspiraciones. Máxima Acuña se enfrenta con firmeza a uno de los gigantes de la minería. Se niega a entregar sus tierras, ubicadas frente a la Laguna Azul de la región peruana de Cajamarca, a una empresa que ha sido varias veces denunciada por la adquisición irregular de terrenos privados. Desde el año 2011 Máxima y su familia han sido víctimas de violentos intentos de desalojo por parte del personal de la minera y de la policía estatal. Entre amenazas, intimidaciones y hostigamientos, resiste a un proceso judicial plagado de irregularidades que la empresa interpuso bajo el cargo de usurpación de tierras. En junio de 2008 Gregoria Crisanta Pérez y otras siete mujeres de la comunidad de Agel, en San Miguel Ixtahuacán, Guatemala, Guatemala, sabotearon el tendido eléctrico interrumpiendo el suministro de la minera Montana Exploradora, subsidiaria de la canadiense Goldcorp Inc. Durante cuatro años recayó sobre ellas una orden de captura por sabotaje del funcionamiento de la mina. Finalmente, en mayo de 2012, los cargos penales fueron levantados y las mujeres lograron recuperar parte de las tierras de Gregoria, que venían siendo utilizadas de forma irregular por la empresa.

Las mujeres del pueblo de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana, encabezaron la resistencia contra la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC), a la que lograron expulsar de sus tierras en el año 2004. El Estado ecuatoriano había concesionado el 60% de su territorio a la empresa, sin realizar ningún proceso de información ni consulta previa. Fueron las mujeres quienes, desde el principio, tomaron la iniciativa. Cuando el ejército incursionó en su territorio militarizando la zona en favor de la petrolera, ellas les requisaron su armamento. El ejército quiso negociar la devolución de las armas de forma secreta. El pueblo de Sarayaku, empujado por las mujeres, convocó a toda la prensa del Ecuador para sacar el caso a la luz pública. En el año 2012, tras una década de litigios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la violación de los derechos del pueblo de Sarayaku.

Estos y otros casos ilustran el panorama anti-extractivista latinoamericano en el que las mujeres se alzan como protagonistas de la resistencia, incorporando nuevos mecanismos de lucha y reivindicando su propio espacio. En su comunicado, las mujeres amazónicas que en octubre de 2013 caminaron durante más de 200 km en contra de la XI Ronda Petrolera en Ecuador, proclamaban: “Defendemos el derecho de las mujeres a defender la vida, nuestros territorios, y a hablar con nuestra propia voz”.
Foto: Marcha de mujeres amazónicas en Ecuador. Miriam Gator.

Un diagnóstico de la violencia hacia las mujeres en América Latina


 

Sólo un tercio de 32 países de América latina y el Caribe cuenta con un plan nacional específico para abordar la violencia contra las mujeres y se percibe un aumento en la magnitud, gravedad y ensañamiento de las expresiones violentas. Estas son algunas de las conclusiones el informe El Compromiso de los Estados: Planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, que publicaron en noviembre del 2013 ONU Mujeres y PNUD y que da cuenta del estado de situación del tema en la región.

ALG1Por Mariana Fernández Camacho

COMUNICAR IGUALDAD- Pasaron diecinueve años desde la firma de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (más conocida como Convención de Belém do Pará) y trece desde que las personas que dirigen el mundo se comprometieron a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015. Sin embargo, al momento sólo un tercio de 32 países de América latina y el Caribe cuenta con un plan nacional específico para abordar la violencia contra las mujeres y se percibe un aumento en la magnitud, gravedad y ensañamiento de las expresiones violentas. Así lo confirmó el informe El Compromiso de los Estados: Planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, que a fines de noviembre del 2013 publicó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en colaboración con ONU Mujeres.

Se trata del mapeo, sistematización y análisis de la respuesta institucional en la región a un problema social que traspasa fronteras, culturas y estratos sociales y económicos y que las mujeres vivimos diariamente en las calles, en las escuelas, en nuestros trabajos y, cada vez más, en nuestros propios hogares.

Creemos que los avances en los últimos años han sido relevantes pero insuficientes. La mayoría de los países (78%) tienen un plan o política que aborda esta violencia, aunque solamente en un tercio de ellos se trata de planes específicos. La consecuencia es que se difumina el problema y la respuesta del Estado. Queda como un eje más, a veces marginal de la acción pública. Por eso consideramos que la magnitud del tema requiere de los Estados un mejor abordaje institucional, más holístico e integral”, explica Neus Bernabeu, especialista del Área Práctica de Género en el PNUD.

ALG2
A paso firme

El informe hace hincapié en la institucionalización de nuevas y mejores prácticas, más inclusivas y participativas, que impactan en el diseño y desarrollo de las políticas y/o planes nacionales de igualdad de género y luchan contra la violencia hacia las mujeres. Varios datos confirman estos logros. Por ejemplo: el 87% de las leyes nacionales analizadas tipifican la trata, el tráfico de personas y la prostitución forzada; el  97% de los países aprobaron leyes contra la violencia doméstica; los 32 países (es decir, el 100% de la muestra) implementaron campañas de prevención, sensibilización, promoción, divulgación y/o fomento de actitudes, valores y prácticas de respeto a los derechos humanos y a una vida libre de violencia contra las mujeres; en todos se penaliza la violencia sexual y física, y se crearon espacios de atención médica, psicológica, emocional y económica a mujeres víctimas.

Suenan esperanzadoras también las responsabilidades y funciones compartidas entre el Estado y la sociedad civil que comienzan a notarse, al igual que las estrategias de articulación interjurisdiccional. Para Bernabeu, la tendencia es positiva: “En la mayoría de los países observamos diferentes grados de descentralización/desconcentración que traen ventajas para la implementación de los planes contra la violencia. Se puede mencionar que abren oportunidades de participación con actores sociales e instituciones del territorio, generan sistemas de réplicas y se fortalece la institucionalidad local”.

El único país que parece no hacerse eco de los nuevos aires es San Vicente y las Granadinas, y en Barbados y en Surinam la violencia figura dentro de otra política general. Ivonne Urriola, del equipo regional de género del PNUD, da cuenta de esta particularidad caribeña: “Erradicar la violencia contra las mujeres es un tema que va ganando relevancia en toda la región, pero este análisis nos muestra que algunos de los problemas reincidentes son más profundos en los países del Caribe anglófono. Un ejemplo es la debilidad de los sistemas de información: hay menos datos disponibles y de peor calidad, y eso dificulta los análisis sobre el tema y el poder orientar adecuadamente la respuesta del Estado para eliminarlo”.

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De cal y de arena

Según el informe, en el contexto regional actual la mayoría de los países están realizando importantes esfuerzos para la elaboración de nuevas políticas que aborden la violencia contra las mujeres. Incluso, en algunos estados de la región, estos avances permitieron procesos más amplios

de reforma y modernización del Estado, plantearon redefiniciones en la relación con la sociedad civil, y abrieron nuevos debates, demandas y agendas. Sin embargo, todavía persisten nudos críticos que afectan la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y planes contra las violencias.

Entre otros, se enumera la escasa voluntad y de apoyos políticos de las instituciones gubernamentales rectoras de las políticas públicas; una insuficiente asignación de recursos financieros; cambios frecuentes en las gestiones y altas tasas de rotación de los equipos encargados de las políticas; y sistemas débiles de información: solo el 62,5% de los países estudiados avanzaron en la creación de mecanismos confiables para medir la violencia contra las mujeres.

A esta altura del campeonato, para Urriola resulta inconcebible andar a tientas: “Este es un tema gravísimo en la región, pues sin buena información es difícil poder hacer buenos análisis y llevar adelante políticas que atajen este problema. Seguimos usando datos generales o antiguos, proyecciones que nos plantean panoramas preocupantes, porque no contamos con buenos datos en la mayoría de los países, continuos, comparables, que aborden las diferentes aristas del problema. Es inaudito que, después de tantos años y con tantas capacidades generadas en otros ámbitos estadísticos e institucionales, sigamos en muchos países en el tema de la violencia contra las mujeres en el mismo punto: sin saber, sin analizar, sin comprender, y por lo tanto, haciendo sin tener un diagnóstico real del problema”.

Resalta también el aumento en la gravedad y el ensañamiento de la violencia contra las mujeres, pese a que el compromiso incansable de diversas organizaciones logró que el tema saliera de los márgenes para entrar en la agenda pública de varios países de la región. Es que la magnitud del problema se va complejizando y se entrecruza con nuevas expresiones de violencia de género, tales como el crimen organizado, el narcotráfico, el acecho por internet y los fenómenos migratorios entre otros nuevos blancos de ataque. Para colmo, el análisis regional confirma que sólo 11 países incluyen al ámbito público dentro de la protección de sus Estados, mientras en la mayoría persisten legislaciones ocupadas únicamente del ámbito familiar, intrafamiliar o doméstico.

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Otra de las deudas de las políticas y planes nacionales analizados tiene que ver con que todas formulan objetivos y estrategias para abordar los ejes de prevención y atención, pero los porcentajes de acción bajan notoriamente cuando se trata de sancionar (58%) y de reparar (40%) la violencia. Queda en evidencia que todavía faltan medidas encaminadas al empoderamiento económico, la reintegración social, el acceso a una vivienda y a un empleo estables, y el fortalecimiento de las capacidades y de la fuerza emocional de aquellas que padecen violencia para tomar decisiones autónomas.

¿Si se estimula la denuncia pero luego no existen los instrumentos para proteger y reparar los derechos vulnerados y los daños morales se cae en una revictimización de las mujeres? Así responde Bernabeu: “Es cierto que la respuesta estatal se concentra sobre todo en los primeros ejes del abordaje (prevención y atención) y más recientemente en sanción y reparación. Por eso uno de los tres pilares de la Campaña del secretario general es precisamente decir ALTO A LA IMPUNIDAD, y eso pasa porque las mujeres que sufren violencia puedan acceder a la justicia, por sancionar a los victimarios y por establecer programas de reparación. Solo de esa manera podremos decir que una sociedad tiene tolerancia cero a la violencia contra las mujeres”.

Ambientes favorables

Para desatar los nudos encontrados, PNUD y ONU Mujeres finalizan la publicación con una descripción de las condiciones institucionales que permitirían crear ambientes favorables para la implementación de planes o políticas que hagan frente a la violencia contra las mujeres. Una suerte de recomendaciones para la acción.

Identificar las oportunidades para incluir esta lucha en las agendas políticas aparece como clave, sobre todo durante la gestión de gobiernos progresistas o mientras se dan procesos de reforma o modernización de los Estados. En ese marco, un punto de partida posible es crear un mapa de actores con quienes abrir canales de diálogo y crear redes y alianzas que posibiliten el trabajo colaborativo. Sin embargo, se hace referencia también a la importancia de que los planes nacionales no queden a merced de vaivenes políticos.

La falta de partidas presupuestarias suficientes debe, necesariamente, constituir otra de las preocupaciones para las autoridades nacionales de los países de la región; y los ejercicios de costeo de la violencia es una de las herramientas de incidencia conveniente para tener mayor claridad de los recursos a utilizar. Asimismo, se menciona fortalecer enfoques integrales en los planes y políticas, y robustecer a las instituciones gubernamentales rectoras. Tampoco queda afuera el foco sobre las capacidades de los cuadros políticos y operadores técnicos de la administración pública en pos de una implementación más eficaz y eficiente de los planes nacionales integrales.

Las políticas públicas surgen para dar respuestas a problemas o a situaciones que demandan atención, y sus contenidos orientan y fijan el rumbo de la acción pública para lograr las respuestas y soluciones satisfactorias para la sociedad. En 2012, dos de cada tres mujeres fueron asesinadas en Centroamérica por el hecho de ser mujeres, y entre el 17% y el 53% de las concubinas o casadas de doce países latinoamericanos denunciaron haber sido violentadas sexual o físicamente por su compañero. Los números no aflojan. Sigamos gritando basta. De nuestro ruido depende.

“Mulas”: entre la pobreza y los roles de género


 

drog1Por Belén Spinetta

COMUNICAR IGUALDAD- Año a año, miles de mujeres atraviesan las fronteras nacionales de sus países contratadas como “mulas” del narcotráfico.  Su trabajo consiste en transportar la droga que será comercializada y, una vez ingresada al circuito del consumo, engrosará las arcas de las mafias organizadas que operan a nivel trasnacional. Muchas de estas mujeres morirán haciendo su “trabajo”. Otras ocuparán otros eslabones de la cadena, dentro o fuera de sus lugares de origen. Una opción que la mayoría no elige, y a la que llegan principalmente por su situación socioeconómica.
Un documento reciente de Consorcio Internacional sobre Política de Drogas (IDPC) estudia la población femenina en cárceles para analizar los roles desempeñados por las mujeres en las redes criminales en América Latina y los procesos de involucramiento. Busca visibilizar cómo las relaciones de género y los factores socioeconómicos moldean la configuración de las redes de tráfico internacional de drogas y la inserción de las mujeres.

La feminización de la pobreza en el ojo de la tormenta

Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina se denomina el documento de IDPC publicado en octubre de 2013 y que estuvo a cargo de Corina Giacomello, del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (México).

Una de las primeras conclusiones que revela la investigación es que hay un incremento de mujeres encarceladas por delitos vinculados a la venta y transporte de drogas ilegales, y que esto se vincula, no sólo con su mayor involucramiento en las redes de narcotráfico, sino que también se debe al crecimiento de la persecución penal de estas actividades. La población penitenciaria femenina de América Latina se duplicó entre 2006 y 2011: pasó de 40 mil a más de 74 mil mujeres presas, la mayoría acusadas de delitos menores relacionados con las drogas.

Asimismo, el estudio muestra cómo las mujeres ocupan el lugar de mano de obra barata y fácilmente reemplazable de las redes criminales.Se desempeñan principalmente como cultivadoras, recolectoras, vendedoras al menudeo, correos humanos (lo que se suele conocer como “mulas” o “burreras”, entre otros nombres) e introductoras de drogas a centros de reclusión”, señala.

En tanto, en América Latina, las circunstancias socioeconómicas constituyen la principal motivación por la cual las mujeres se ven obligadas a cometer una actividad ilegal. Cabe destacar que, tal como señala el estudio, la región tiene el índice más alto de desigualdad económica del mundo y un alto porcentaje de la población que vive en pobreza e indigencia son mujeres. Estamos ante un fenómeno que se conoce como feminización de la pobreza y que se manifiesta tanto en áreas urbanas, cómo rurales. Poniendo el foco en el perfil de las mujeres encarceladas, se revela que “muchas de ellas son madres solteras que entran al negocio de las drogas solamente para poder alimentar a sus hijas e hijos”.

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En diálogo con COMUNICAR IGUALDAD, Corina Giacomello reflexiona sobre este punto. “En América Latina coexisten procesos mixtos con respecto al papel de las mujeres: por un lado, éstas tienen mayor acceso a la educación y una mayor presencia en los espacios públicos, pero también son las principales protagonistas de la pobreza y de la pobreza extrema. A menudo esto se combina con la permanencia de creencias de género tradicionales acerca de las funciones de la maternidad y la responsabilidad tradicional de las mujeres hacia ‘los otros’. El número de hogares monoparentales de jefatura femenina y de embarazos adolescentes entre niñas de los niveles socioeconómicos más bajos está aumentando, lo que implica un mayor número de mujeres en situación de pobreza y únicas responsables de sus hijos e hijas”. La especialista destaca que frente a este panorama, actividades del microtráfico -como la introducción de drogas a centros de reclusión o la venta al menudeo- ofrecen la “falsa ilusión” de poder combinar una actividad económica con el cumplimiento de los deberes tradicionales. “Estas mujeres encuentran normalmente empleo en actividades de la economía informal muy mal remuneradas (actividades de limpieza, sobre todo) y desempeñan una doble o triple jornada laboral. Las redes del tráfico identifican muy bien a las mujeres que reclutan y las involucran aprovechando su vulnerabilidad, por un lado, y la falta de mecanismos preventivos y de protección por parte del Estado”, enfatiza.

Relaciones de género, la “gran” puerta de entrada

Por otra parte, las relaciones de género constituyen un factor primordial de por qué las mujeres cometen estos delitos, ya que muchas de ellas se involucran a partir de sus relaciones familiares o sentimentales, ya sea como novias, esposas, madres e hijas, y en cumplimiento de los roles asignados para hombres y mujeres.
Sobre este punto, Giacomello resalta que las relaciones de género son espacios de poder generalmente asimétricos en detrimento de las mujeres y definen los ámbitos de acceso y las modalidades de inserción a ellos, diferenciados para hombres y mujeres. Frente a esto, se vuelve necesario adoptar la perspectiva de género para analizar espacios como el narcotráfico, “lo que permite visibilizar cómo hombres y mujeres se involucran en actividades delictivas relacionadas con drogas de manera distinta, a partir de diversos factores, entre ellos su identidad de género y los roles que la sociedad les atribuye”. Concluye que analizar cómo el proceso de construcción de la feminidad y de la masculinidad influye en el proceso de involucramiento y en las formas de participación en el tráfico de estupefacientes “puede ayudar a construir políticas públicas de prevención diferenciadas y adecuadas para distintos actores”.

Para la especialista, este análisis se aplica de la misma manera al aspecto punitivo. Generalmente, el sistema de justicia y el sistema penitenciario están diseñados a partir de las necesidades y las características de los varones: “así otros grupos (indígenas, LGBTI, personas extranjeras y mujeres, entre otros) son asimilados bajo una falsa igualdad y neutralidad de la norma. Por ende, introducir la perspectiva de género permite nuevamente elaborar políticas punitivas y carcelarias que respondan a las exigencias y características reales de las personas”.

drog3Cárceles: abandono y violencia

Otra de las principales conclusiones que arrojó la investigación de IDPC es que, una vez en contacto con el sistema de justicia penal y penitenciario, las mujeres suelen ser sometidas a formas de violencia específicas. Esto se evidencia en distintos aspectos como la falta de centros propios para mujeres; las violaciones y el abuso sexual ejercido por el personal de los centros; la existencia de redes de trata entre secciones femeniles y varoniles; la falta de atención a los problemas de salud mental; los daños infligidos sobre las hijas e hijos de las mujeres en prisión, en el caso de los que viven con ellas como de los que están afuera; la menor oferta de oportunidades educativas, laborales y de capacitación, entre otros.

Frente a esto el estudio hace referencia a una “ceguera de género” en relación a las leyes que regulan el sistema penitenciario.  Al ser consultada acerca de qué pasos deberían dar los Estados para ir sacándose esta venda, Giacomello señala: “Tanto a nivel de Naciones Unidas, como en el sistema interamericano se han producido diversos instrumentos que hacen referencia a las mujeres en reclusión, el más reciente y completo es el texto de las Reglas de Bangkok. Asimismo, existe suficiente evidencia empírica sobre las formas de discriminación de las mujeres en prisión. Los Estados deberían retomar esos principios y esa evidencia para sustentar y modificar sus estrategias punitivas y penitenciarias y asumir plenamente su papel de garantes de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, aplicando medidas generales pero también específicas, de acuerdo a las necesidades de cada grupo en prisión”.

Recomendaciones para desandar camino

El estudio realiza una serie de recomendaciones a los Estados en relación a la elaboración de datos, la prevención, la modificación del sistema penitenciario y la implementación de una adecuada política de drogas.
Giacomello destaca entre estas recomendaciones, por un lado la necesidad de una reelaboración de las medidas punitivas relacionadas con drogas que impliquen reducción de sentencias, la incorporación de otros factores más allá de sustancia-conducta-cantidad para determinar el rol real desempeñado por una persona en las redes de narcotráfico y aplicar una sentencia proporcional. Por otro lado, urge incorporar de manera plena las Reglas de Bangkok; así como garantizar el cumplimiento del interés superior del niño y la niña en sus políticas relacionadas con la procuración e impartición de justicia y con la ejecución de la pena.

Suma la necesidad de trabajar a fondo con el funcionariado público responsable de detener, procesar y sentenciar a personas por delitos de drogas en materia de perspectiva de género, políticas de drogas y derechos humanos. Y finaliza introduciendo un aspecto polémico: descriminalizar de manera integral y efectiva la posesión y consumo de todas las drogas. Sobre este último punto se vienen dando avances en América Latina, y particularmente en nuestro país existen proyectos de ley que avanzan en ese sentido.