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3/23/2019

Garantizar políticas para el adelanto de mujeres en el PND


Movimiento de mujeres impulsará transversalidad


Para el diseño del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), el instrumento del gobierno que define los objetivos nacionales del sexenio, el movimiento de mujeres buscará que se garanticen políticas a favor del adelanto de la población femenina y la transversalidad de la perspectiva de género en todos los programas del gobierno. 
Esta mañana el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) convocó al "Foro Mujeres", con el propósito de recoger las propuestas del movimiento amplio de mujeres para la conformación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de coordinar a la Administración Pública Federal para la edificación del Plan Nacional en el que se deben precisar los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades del desarrollo integral del país que seguirán durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
El Plan marcará las responsabilidades que tienen las dependencias de gobierno y debe tener entre sus ejes transversales la perspectiva de género, garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, además de promover el adelanto de la población femenina por medio del acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo, indicó en la inauguración del foro la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann.
Cerca de 300 asistentes discutieron nueve temas en los que se observa el rezago y las brechas de género más amplias en México: igualdad de género, no discriminación e inclusión y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); la violencia contra mujeres y niñas; participación plena y efectiva de las niñas y las mujeres en la educación.
También salud de las mujeres; derechos sexuales y reproductivos; enfoque intercultural y enfoque de desarrollo territorial de mujeres indígenas y afromexicanas; y desafíos para la participación de las mujeres en la economía nacional.
En las discusiones hechas en paneles participaron integrantes de organizaciones de la sociedad civil, académicas, legisladoras y servidoras públicas. En representación de estos sectores inauguración el foro las legisladoras Wendy Briseño Zuloaga y Martha Lucía Micher Camarena, la comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Candelaria Ochoa Ávalos, la magistrada Lilia Mónica López Benítez, la directora de Católicas por el Derecho a Decidir, María Consuelo Mejía Piñeros y la abogada Elvira Constantina Pablo Antonio.
Al encuentro de mujeres para la construcción del PND también acudieron las representantes de los institutos para el adelanto de las mujeres de los estados de la República y las consejeras del Inmujeres.
En su turno la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Wendy Briseño Zuloaga, destacó que las legisladoras tienen la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento del PND, para ello dijo que es necesario precisar indicadores que permiten medir los avances obtenidos en el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres.
Mientras tanto, señaló la diputada federal, desde el legislativo se encuentran trabajando en generar presupuestos públicos con perspectiva de género, seguridad y paz para las mujeres, y atender temáticas como la violencia política en razón de género.
Por su parte la directora en México de Católicas por el Derecho a Decidir y quien este año recibirá el galardón “Elvia Carrillo Puerto” por parte del Senado, María Consuelo Mejía, indicó que es un momento clave para monitorear la efectiva instrumentación de políticas públicas que existen a favor de los derechos de las mujeres, asimismo de legislaciones como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.
Mejía Piñero refirió además que en el PND 2019-2024 se deben introducir las recomendaciones que el año pasado dictó el Comité de expertas de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y las recomendaciones derivadas del Examen Periódico Universal (EPU) a México, ambos mecanismos de Naciones Unidas.
El “Foro Mujeres” es parte de las consultas para la integración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014 a las que está convocando el gobierno Federal a lo largo del país, generar un proceso en el que participe la ciudadanía para la construcción del PND es un mandato establecido en la Constitución mexicana.  

Imagen retomada de Twitter del Inmujeres
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México

La SG enfatizará en el PND la defensa de la mujer ante la violencia


En la preparación del programa nacional de derechos humanos 2019-2024, la Secretaría de Gobernación (SG) pondrá énfasis en el grave nivel de violencia contra las mujeres, así como en el reto que representa el registro de más de 40 mil personas desaparecidas y la prevalencia de la tortura en el sistema de procuración de justicia.
El tema de la violencia contra las mujeres es fundamental: siete mueren de manera violenta en México cada día, señaló en entrevista Estefanía Hernández Ceballos, directora de Política Pública de Derechos Humanos de la SG.
Antes, durante un foro hacia a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la funcionaria criticó la falta de compromiso de gobiernos anteriores.
Gobernación, dijo, ha sido testigo del desarrollo del México posrevolucionario y de un régimen que se perpetuó en el poder, que renunció a gobernar para todos y se benefició a costa del sufrimiento de las mayorías.
La SG es testigo del fin de un régimen y el inicio de uno nuevo que tiene como origen al pueblo que, cansado de abusos y excesos, decidió poner fin a ese episodio. Dejamos atrás la etapa en la que para el gobierno los derechos humanos eran sacrificables en aras de la preservación de sus privilegios, los tiempos en los que el régimen autoritario los veía como amenaza para su subsistencia.
En la inauguración del foro, Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, destacó la importancia de plataformas y métodos para informar de manera periódica a la sociedad respecto de las acciones implementadas.
Esto, con la intención de vigilar que los resultados esperados sean favorables a la garantía, protección, respecto y promoción de los derechos humanos, dijo.
De manera simultánea se realizaron en la SG foros de los temas igualdad de género, inclusión y no discriminación, y el relativo a los derechos de menores de edad.
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, dijo que el compromiso de cada Estado comienza con la aplicación de los instrumentos internacionales, pero sobre todo a destinar presupuesto y crear mecanismos que aseguren su cumplimiento.
Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se refirió a la necesidad de ampliar el marco jurídico y ratificar documentos internacionales, así como formular un plan nacional con perspectiva de niñez y adolescencia.

Periódico La Jornada

2/09/2019

Cinco razones por las cuales la paridad es clave para democracias de América Latina

Mujeres participan en una actividad política en Santo Domingo.
Crédito: PNUD República Dominicana
Este es un artículo de opinión de Richard Barathe, director del Centro Regional del PNUD en América Latina y el Caribe

PANAMÁ, 6 feb 2019 (IPS) - En el 2019, América Latina y el Caribe será el escenario de 12 procesos electorales. Momentos como este llaman a pensar en los sistemas democráticos nuevamente y el impacto que tienen estos en la presencia de las mujeres en la política como una oportunidad para renovar nuestro compromiso por una inclusión de las mujeres en la política y así, la transformación hacia un nuevo sistema democrático paritario.
Desde el año 2000 el porcentaje de parlamentarias elegidas a nivel local en América Latina se ha incrementado de 13,23 por ciento a 30,7 por ciento en el 2018; sin embargo, en la región persisten importantes deficiencias en el empoderamiento político de las mujeres.
La baja participación de las mujeres en espacios de decisión y los obstáculos que deben sobrellevar para formar parte de los sistemas democráticos muestran una situación crítica, pero también una oportunidad para generar un cambio positivo en la región.
La paridad política es necesaria para que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones que afectan sus vidas y se beneficien del proceso de la democracia.  La democracia paritaria propone un nuevo modelo de un estado inclusivo, tal como lo propone la Agenda 2030, y un nuevo pacto social donde la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres sea una realidad.
  1. Calidad y legitimidad democrática: Cuando la diversificación en la toma de decisiones no existe es probable que los intereses que se traducen en políticas representen sólo a un grupo determinado en desmedro de otros.  La democracia paritaria es una oportunidad para que las necesidades del 50 por ciento de la población sean atendidas a través de decisiones y políticas más inclusivas desde todos los poderes del Estado y en todos los niveles de gobierno. La experiencia ha mostrado que la participación de mujeres en espacios donde se decide la agenda política contribuye a que se incorporen temas que repercuten en beneficio de toda la sociedad, como la custodia parental, legislación contra la violencia de género, la salud sexual y reproductiva, el empleo y autonomía económica de las mujeres, seguridad en espacios públicos, educación, gestión del agua, etc.

    Richard Barathe
    Richard Barathe
  2. Igualdad real en el acceso al poder: Además de que haya más mujeres en los diversos espacios y órganos de decisión política, es igualmente necesario promover las mismas condiciones y oportunidades para hombres y mujeres, en todos los niveles jerárquicos de las estructuras políticas. La paridad, como medida legal en lo político electoral ha demostrado ser la política más efectiva para lograr esa diversidad en el acceso al espacio público: en las democracias latinoamericanas que la han aplicado en nominaciones electorales, se ha logrado el mayor número de mujeres electas como parlamentarias en la historia de dichos países alcanzado rangos cercanos al 40-50 por ciento en Bolivia, México, Costa Rica y Ecuador (CIM e IDEA Internacional, 2016). A su vez, Bolivia, Costa Rica y México son los países de la región con la proporción más equitativa de mujeres y hombres en sus parlamentos.
  3. Igualdad real a través de nuevas leyes y políticas: La paridad permite que más mujeres lleguen y cuando eso sucede, tal como señalan diversos estudios como el del Banco Mundial (2014), se produce un impacto positivo en el tipo de políticas, temas y soluciones consideradas (incluyendo presupuestarias). Tomando como ejemplo el parlamento, las mujeres electas han impulsado nuevas leyes desde su llegada, relacionadas por ejemplo, a propiciar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el hogar, a la igualdad salarial y la mitigación de la violencia de género en una región en la que -según datos de CEPAL- solo en 2017, 2795 mujeres fueron víctimas de feminicidio. 
  4. Aprovechar el capital humano y mejorar el desarrollo: La desigualdad tiene costos para el desarrollo de los países. Recientes estudios del plano económico señalan que las brechas que afectan a las mujeres en el mundo empresarial y salarial suponen una pérdida del 14 por ciento del producto interno bruto en América Latina y el Caribe (Cuberes y Teignier, 2014). En el plano educativo, las mujeres superan a los hombres en el número máximo de años de instrucción:  23 por ciento de mujeres frente a 20,2 por ciento de hombres con más de trece años (CEPAL, 2017). La democracia paritaria plantea la incorporación plena e igualitaria de las mujeres en los aspectos económicos, sociales y políticos, aprovechando así un valioso capital humano.
  5. Trasformación en las relaciones de poder: Que haya mujeres líderes políticas contribuye a generar nuevos roles y prototipos de mujeres, distintos de las tradicionales. El redistribuir el poder de forma equilibrada entre hombres y mujeres como plantea la democracia paritaria (tanto en el mundo público como en la vida privada) ayuda a construir relaciones horizontales de igualdad y liderazgos libres de estereotipos y prejuicios. Además, las mujeres líderes refuerzan el concepto de la mujer ciudadana frente a la mujer víctima, vulnerable y económicamente dependiente.  Dicho esto, la paridad también supone la liberación para los hombres de un tipo de masculinidad muchas veces anclada en relaciones de subordinación.
Por ello desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres e IDEA Internacional, hemos lanzado recientemente la Red de Democracia Paritaria compuesta de más de 200 líderes en la región, con el objetivo de formar un diálogo regional que busque impulsar la participación política de las mujeres en América Latina, y promover reformas legislativas que les permitan ocupar cargos de liderazgo político para representar e influir en el desarrollo de sus sociedades.

RV: EG

6/18/2016

Integrantes de Naciones Unidas terminan gestión en Guatemala



   Salen dos mujeres del SNU y PNUD



Guatemala dice adiós hoy a la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas (SNU) Valerie Julliand, tras distinguirla con la orden de Embajadora de la Paz en el Palacio Nacional de la Cultura.
 
Desde el 21 de abril el presidente Jimmy Morales declaró que prefería la alternabilidad de los funcionarios del organismo multilateral en el país y la secretaría general del mismo parece haber decidido secundar la petición, al punto que resolvió la salida de la también representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
 
Consultores políticos y ciudadanos guatemaltecos consideran lamentable la retirada de la periodista de origen francés, quien llegó al territorio en 2013 y desde entonces instó con firmeza a las autoridades a incrementar el gasto social, acabar con la pobreza y enfocarse en resolver la grave situación de la niñez.
 
Incluso, cuestionó el peso del Ejército en Guatemala y la demora en concretar una depuración de este, pese a la implicación directa de miembros de esa fuerza en masacres y otros crímenes que redundaron en la muerte o desaparición de unas 250 mil personas en el ámbito del conflicto armado interno (1960-1996).
 
Pero quizás la presencia de Julliand comenzó a sentirse más incómoda desde que en noviembre del año anterior alentó a crear un sistema tributario progresivo, en consonancia con una propuesta de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, concuerda la mayoría.
 
"Los pobres no pueden contribuir mucho, los que tienen mucho pueden contribuir más, es una lógica progresiva normal. Nadie con sentido común puede oponerse a eso", declaró a periodistas, con lo cual levantó un revuelo entre los detractores de una reforma fiscal que pudiera perjudicar sus bolsillos.
 
"Guatemala que sea hoy o que sea mañana, tendrá que repensar su política fiscal para poder financiar las diferentes acciones. La justicia es un tema central, pero los temas sociales también", afirmó y recordó que este país invierte en ese orden apenas siete por ciento de su Producto Interno Bruto.
 
Por ello, al margen del argumento manejado para su retirada y designación similar en Nepal, para los analistas resulta controversial que la despedida oficial de la coordinadora del SNU más apreciada por la ciudadanía en los últimos tiempos estuviera a cargo del vicepresidente de la república Jafeth Cabrera.
 
El vicetitular de Gobierno presidió la ceremonia del Cambio de la Rosa en el Monumento de la Paz, mientras el gobernante participaba en el foro Hacia dónde va Guatemala, de la Asociación Nacional de Abogadas y Notarias.
 
"La paz es nuestro norte, nuestra razón de ser, por qué trabajamos, por qué luchamos, por qué abogamos", expresó Julliand al ser reconocida por su labor humanitaria y aseveró que como funcionaria tiene un mandato: luchar por los derechos humanos "y me voy con ese sentimiento, de que he hecho mi trabajo".



Por: la Redacción
Cimacnoticias/PL | Guatemala, Guate.- 

1/12/2015

Limitados institutos estatales para actuar a favor de las mexicanas

PNUD advierte falta de atribuciones, autonomía y presupuesto

A tres décadas de que comenzaron a crearse, los institutos estatales de la Mujer aún no cuentan con la autonomía y montos suficientes para su funcionamiento, además de que no tienen atribuciones amplias para incidir en la toma de decisiones, lo que les impide cumplir con los objetivos para los que fueron creados, criticó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

En su más reciente informe “Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología”, el PNUD examinó las capacidades institucionales de las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas (IMEF), ya que estas dependencias son parte de la respuesta gubernamental para “eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres para escapar de los círculos de pobreza, que provocan la inequidad en el acceso a toda clase de servicios públicos”.

De acuerdo con el análisis, dichas instancias “parecen no estar bien equipadas” para concretar la agenda que les dio vida, es decir  consolidar la perspectiva de género como lineamiento en el quehacer de la Administración Pública, e incidir en el adelanto de las mujeres y la equidad de género.

Si bien el PNUD celebró que actualmente todas las entidades federativas cuentan con instancias de gobierno para el adelanto de las mujeres y la mayoría han sido creadas a partir de decretos legislativos (lo que les brinda mayor estabilidad institucional), advirtió que las dependencias enfrentan “severos retos”.

Cabe destacar que existen 32 instancias gubernamentales de jurisdicción estatal cuya función principal es el adelanto de las mujeres (con excepción del Estado de México); 11 tienen su origen en un decreto del Ejecutivo estatal y el resto tras la aprobación de leyes locales. El primer instituto se creó en Guerrero en 1987.

A decir del PNUD, para cumplir verdaderamente con su objetivo los institutos deben gozar de una ubicación estratégica dentro del aparato gubernamental, suficiencia de recursos materiales y financieros, un mandato amplio, mecanismos de incidencia, y un liderazgo consolidado, lo que en la mayoría de las 32 dependencias no existe.

Con respecto a la ubicación estratégica, el análisis destaca que en 27 entidades el instituto es un órgano descentralizado; de ellos, 10   son organismos descentralizados de la Secretaría de Desarrollo o Fomento Social; 11 descentralizados de la Administración Pública Estatal (aunque están  directamente vinculados a la Oficina del gobernador); cinco son organismos descentralizados de la Secretaría de Gobierno, y en Zacatecas está descentralizado de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.

En Querétaro, el Instituto de la Mujer es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, y en Tlaxcala el Instituto Estatal de la Mujer es un órgano desconcentrado del Ejecutivo. En Guerrero, Michoacán y Chiapas se trata de una secretaría de Estado.

De acuerdo con el PNUD, las instancias requieren una ubicación estratégica, pero ésta es insuficiente si no se acompaña de capacidades básicas y de un auténtico compromiso para incorporar la perspectiva de género en el quehacer cotidiano gubernamental, y al mismo tiempo las ventajas de contar con una ubicación estratégica también disminuyen si la titularidad de la institución no es “estable”, es decir que no haya continuidad.

Un reto importante que señala el PNUD para los institutos es contar con recursos suficientes para su operación, toda vez que muchos de ellos dependen en gran medida de la asignación presupuestal federal y “cuanto mayor es la dependencia, mayor será también la canalización de su tiempo y personal por implementar actividades acordes con los lineamientos de los fondos federales, situación que en última instancia restringe el mandato del instituto en lugar de procurar su ampliación”.

Un ejemplo de esta situación es el esfuerzo del Instituto Hidalguense de la Mujer para mantener la operación permanente de 17 Módulos de Atención Regionales (cada uno con una abogada y una psicóloga), que otorgan atención a las hidalguenses.

Pero debido a que dependen de un programa federal, enfrentan el problema de aminorar o suspender actividades en los tres meses que usualmente demora la entrada de recursos federales al iniciarse el año fiscal.

Sobre el personal que labora en los institutos, se cuenta con datos de 30 entidades (no hay información de Baja California Sur ni Tamaulipas). En promedio, cada instancia cuenta con 63 empleadas y empleados, de los cuales 46 por ciento son de confianza, 31 por ciento de base, y 23 por ciento son eventuales.

Para el PNUD, sólo cinco institutos tienen más atribuciones a favor de las mujeres que el promedio de los mecanismos (Coahuila, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas). Incluso tienen más facultades que las secretarías de la Mujer en Guerrero y Chiapas.  

Por ejemplo, sólo 25 por ciento de los institutos tiene entre sus atribuciones elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres en la entidad, y únicamente el 44 por ciento está obligado a crear, gestionar y coordinar un sistema estatal de información.

El PNUD observó que tales actividades son centrales para la planeación de políticas públicas a favor de la población femenina, pero ni siquiera la mitad de los institutos las llevan a cabo.

Finalmente, el mecanismo de la ONU señaló que lo contenido en el informe debe abrir el debate para subsanar los retos que enfrentan las instancias de las mujeres en México.


CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 

7/30/2014

Un tercio de mujeres en el mundo serán agredidas por sus parejas


   Persisten desigualdad y menor desarrollo para ellas: PNUD

A nivel mundial el desarrollo de las mujeres es 8 por ciento inferior al de los varones, a lo que se suma que un tercio de ellas sufrirá violencia de cualquier tipo a lo largo de su vida, según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2014, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).



Publicado la semana pasada, el informe “Sostener el progreso humano: Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia” expone que además de que el desarrollo humano aumenta a un ritmo más lento que antes, la desigualdad entre los sexos y la violencia contra la mujeres son persistentes.

El reporte da cuenta que a nivel mundial casi 1.5 billones de personas vive en pobreza “multidimensional” (que se refleja en carencias en salud, educación, alimentación y nivel de vida), al mismo tiempo que 800 mil personas están en riesgo de caer en ella si se enfrentan a desastres naturales, crisis financieras o conflictos violentos.

En América Latina (AL) el número de personas vulnerables ante la pobreza “multidimensional” es de 45 millones de habitantes.

En el documento también se analiza el Índice de Inequidad de Género, que mide la desigualdad en el desarrollo de mujeres y hombres con base en la representación política femenina en sus países, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, participación en el mercado laboral, y acceso a la educación.

A nivel mundial el valor de desarrollo de las mujeres es 8 por ciento más bajo que el de los varones, ya que “las mujeres enfrentan diversos tipos de desventajas y discriminación”.

Las naciones con los índices de inequidad de género más bajos están en Europa y son encabezados por Eslovenia; mientras que las inequidades más amplias se concentran en el sur de Asia.

Globalmente las mujeres están en desventaja en la representación política nacional, pues en promedio ellas ocupan el 21 por ciento de los parlamentos. AL tiene el porcentaje de representación más amplio con el 25 por ciento, y en los Estados árabes la proporción es apenas de 14 por ciento.

De acuerdo con el informe, la pobreza en los servicios de salud reproductiva contribuye en mayor medida a las inequidades entre los sexos, especialmente en países en desarrollo.

Dentro de los problemas más preocupantes se destaca la muerte materna, que además de tener un alto impacto en las mujeres tiene implicaciones en las hijas o hijos, quienes se quedan sin cuidado materno y pueden ver interrumpido su desarrollo y enfrentar varios obstáculos a lo largo de su vida.

Por ejemplo, la razón de muerte materna en África Subsahariana es de 474 muertes por cada 100 mil niños nacidos vivos.

La falta de acceso a servicios de salud adecuados también se refleja en los nacimientos de hijas o hijos de madres adolescentes, lo que debilita el desarrollo humano para las mujeres jóvenes y sus descendientes.

Por otro lado, las deficiencias en la educación también son amplias entre mujeres y hombres; en promedio 60 por ciento de las mujeres de 25 años o más tienen al menos estudios de secundaria en comparación con el 67 por ciento de los varones con ese nivel de estudios.

Al mismo tiempo, las mujeres permanecen detrás de los varones con respecto a su participación en el mercado laboral, pues hay una presencia femenina de sólo 51 por ciento, mientras que la participación masculina es de 77 por ciento. Aunque se destaca que la participación de las mujeres es mayor en empleos forzados derivados de la trata de personas.

En tanto, la violencia contra las mujeres, de “proporciones epidémicas”, pone diversos desafíos para que ellas “puedan participar en la vida de su sociedad, así como en garantizar la seguridad” de esta población, ya que la violencia de pareja va ligada a las condiciones de pobreza.

En el informe se da cuenta de que alrededor de un tercio de las mujeres a nivel mundial experimentará violencia sexual u otro tipo de violencia física a lo largo de su vida, principalmente a manos de su pareja, quienes se han identificado como responsables de cerca del 40 por ciento de todos los casos de feminicidio en el mundo.

A lo que se suma que en 143 países las mujeres dicen sentirse temerosas de padecer alguna agresión basada en género, y sostienen que se sienten más inseguras que los varones ante la violencia.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-



2/22/2014

Un diagnóstico de la violencia hacia las mujeres en América Latina


 

Sólo un tercio de 32 países de América latina y el Caribe cuenta con un plan nacional específico para abordar la violencia contra las mujeres y se percibe un aumento en la magnitud, gravedad y ensañamiento de las expresiones violentas. Estas son algunas de las conclusiones el informe El Compromiso de los Estados: Planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, que publicaron en noviembre del 2013 ONU Mujeres y PNUD y que da cuenta del estado de situación del tema en la región.

ALG1Por Mariana Fernández Camacho

COMUNICAR IGUALDAD- Pasaron diecinueve años desde la firma de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (más conocida como Convención de Belém do Pará) y trece desde que las personas que dirigen el mundo se comprometieron a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015. Sin embargo, al momento sólo un tercio de 32 países de América latina y el Caribe cuenta con un plan nacional específico para abordar la violencia contra las mujeres y se percibe un aumento en la magnitud, gravedad y ensañamiento de las expresiones violentas. Así lo confirmó el informe El Compromiso de los Estados: Planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, que a fines de noviembre del 2013 publicó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en colaboración con ONU Mujeres.

Se trata del mapeo, sistematización y análisis de la respuesta institucional en la región a un problema social que traspasa fronteras, culturas y estratos sociales y económicos y que las mujeres vivimos diariamente en las calles, en las escuelas, en nuestros trabajos y, cada vez más, en nuestros propios hogares.

“Creemos que los avances en los últimos años han sido relevantes pero insuficientes. La mayoría de los países (78%) tienen un plan o política que aborda esta violencia, aunque solamente en un tercio de ellos se trata de planes específicos. La consecuencia es que se difumina el problema y la respuesta del Estado. Queda como un eje más, a veces marginal de la acción pública. Por eso consideramos que la magnitud del tema requiere de los Estados un mejor abordaje institucional, más holístico e integral”, explica Neus Bernabeu, especialista del Área Práctica de Género en el PNUD.

ALG2
A paso firme

El informe hace hincapié en la institucionalización de nuevas y mejores prácticas, más inclusivas y participativas, que impactan en el diseño y desarrollo de las políticas y/o planes nacionales de igualdad de género y luchan contra la violencia hacia las mujeres. Varios datos confirman estos logros. Por ejemplo: el 87% de las leyes nacionales analizadas tipifican la trata, el tráfico de personas y la prostitución forzada; el  97% de los países aprobaron leyes contra la violencia doméstica; los 32 países (es decir, el 100% de la muestra) implementaron campañas de prevención, sensibilización, promoción, divulgación y/o fomento de actitudes, valores y prácticas de respeto a los derechos humanos y a una vida libre de violencia contra las mujeres; en todos se penaliza la violencia sexual y física, y se crearon espacios de atención médica, psicológica, emocional y económica a mujeres víctimas.

Suenan esperanzadoras también las responsabilidades y funciones compartidas entre el Estado y la sociedad civil que comienzan a notarse, al igual que las estrategias de articulación interjurisdiccional. Para Bernabeu, la tendencia es positiva: “En la mayoría de los países observamos diferentes grados de descentralización/desconcentración que traen ventajas para la implementación de los planes contra la violencia. Se puede mencionar que abren oportunidades de participación con actores sociales e instituciones del territorio, generan sistemas de réplicas y se fortalece la institucionalidad local”.

El único país que parece no hacerse eco de los nuevos aires es San Vicente y las Granadinas, y en Barbados y en Surinam la violencia figura dentro de otra política general. Ivonne Urriola, del equipo regional de género del PNUD, da cuenta de esta particularidad caribeña: “Erradicar la violencia contra las mujeres es un tema que va ganando relevancia en toda la región, pero este análisis nos muestra que algunos de los problemas reincidentes son más profundos en los países del Caribe anglófono. Un ejemplo es la debilidad de los sistemas de información: hay menos datos disponibles y de peor calidad, y eso dificulta los análisis sobre el tema y el poder orientar adecuadamente la respuesta del Estado para eliminarlo”.

ALG3
De cal y de arena

Según el informe, en el contexto regional actual la mayoría de los países están realizando importantes esfuerzos para la elaboración de nuevas políticas que aborden la violencia contra las mujeres. Incluso, en algunos estados de la región, estos avances permitieron procesos más amplios

de reforma y modernización del Estado, plantearon redefiniciones en la relación con la sociedad civil, y abrieron nuevos debates, demandas y agendas. Sin embargo, todavía persisten nudos críticos que afectan la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y planes contra las violencias.

Entre otros, se enumera la escasa voluntad y de apoyos políticos de las instituciones gubernamentales rectoras de las políticas públicas; una insuficiente asignación de recursos financieros; cambios frecuentes en las gestiones y altas tasas de rotación de los equipos encargados de las políticas; y sistemas débiles de información: solo el 62,5% de los países estudiados avanzaron en la creación de mecanismos confiables para medir la violencia contra las mujeres.

A esta altura del campeonato, para Urriola resulta inconcebible andar a tientas: “Este es un tema gravísimo en la región, pues sin buena información es difícil poder hacer buenos análisis y llevar adelante políticas que atajen este problema. Seguimos usando datos generales o antiguos, proyecciones que nos plantean panoramas preocupantes, porque no contamos con buenos datos en la mayoría de los países, continuos, comparables, que aborden las diferentes aristas del problema. Es inaudito que, después de tantos años y con tantas capacidades generadas en otros ámbitos estadísticos e institucionales, sigamos en muchos países en el tema de la violencia contra las mujeres en el mismo punto: sin saber, sin analizar, sin comprender, y por lo tanto, haciendo sin tener un diagnóstico real del problema”.

Resalta también el aumento en la gravedad y el ensañamiento de la violencia contra las mujeres, pese a que el compromiso incansable de diversas organizaciones logró que el tema saliera de los márgenes para entrar en la agenda pública de varios países de la región. Es que la magnitud del problema se va complejizando y se entrecruza con nuevas expresiones de violencia de género, tales como el crimen organizado, el narcotráfico, el acecho por internet y los fenómenos migratorios entre otros nuevos blancos de ataque. Para colmo, el análisis regional confirma que sólo 11 países incluyen al ámbito público dentro de la protección de sus Estados, mientras en la mayoría persisten legislaciones ocupadas únicamente del ámbito familiar, intrafamiliar o doméstico.

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Otra de las deudas de las políticas y planes nacionales analizados tiene que ver con que todas formulan objetivos y estrategias para abordar los ejes de prevención y atención, pero los porcentajes de acción bajan notoriamente cuando se trata de sancionar (58%) y de reparar (40%) la violencia. Queda en evidencia que todavía faltan medidas encaminadas al empoderamiento económico, la reintegración social, el acceso a una vivienda y a un empleo estables, y el fortalecimiento de las capacidades y de la fuerza emocional de aquellas que padecen violencia para tomar decisiones autónomas.

¿Si se estimula la denuncia pero luego no existen los instrumentos para proteger y reparar los derechos vulnerados y los daños morales se cae en una revictimización de las mujeres? Así responde Bernabeu: “Es cierto que la respuesta estatal se concentra sobre todo en los primeros ejes del abordaje (prevención y atención) y más recientemente en sanción y reparación. Por eso uno de los tres pilares de la Campaña del secretario general es precisamente decir ALTO A LA IMPUNIDAD, y eso pasa porque las mujeres que sufren violencia puedan acceder a la justicia, por sancionar a los victimarios y por establecer programas de reparación. Solo de esa manera podremos decir que una sociedad tiene tolerancia cero a la violencia contra las mujeres”.

Ambientes favorables

Para desatar los nudos encontrados, PNUD y ONU Mujeres finalizan la publicación con una descripción de las condiciones institucionales que permitirían crear ambientes favorables para la implementación de planes o políticas que hagan frente a la violencia contra las mujeres. Una suerte de recomendaciones para la acción.

Identificar las oportunidades para incluir esta lucha en las agendas políticas aparece como clave, sobre todo durante la gestión de gobiernos progresistas o mientras se dan procesos de reforma o modernización de los Estados. En ese marco, un punto de partida posible es crear un mapa de actores con quienes abrir canales de diálogo y crear redes y alianzas que posibiliten el trabajo colaborativo. Sin embargo, se hace referencia también a la importancia de que los planes nacionales no queden a merced de vaivenes políticos.

La falta de partidas presupuestarias suficientes debe, necesariamente, constituir otra de las preocupaciones para las autoridades nacionales de los países de la región; y los ejercicios de costeo de la violencia es una de las herramientas de incidencia conveniente para tener mayor claridad de los recursos a utilizar. Asimismo, se menciona fortalecer enfoques integrales en los planes y políticas, y robustecer a las instituciones gubernamentales rectoras. Tampoco queda afuera el foco sobre las capacidades de los cuadros políticos y operadores técnicos de la administración pública en pos de una implementación más eficaz y eficiente de los planes nacionales integrales.

Las políticas públicas surgen para dar respuestas a problemas o a situaciones que demandan atención, y sus contenidos orientan y fijan el rumbo de la acción pública para lograr las respuestas y soluciones satisfactorias para la sociedad. En 2012, dos de cada tres mujeres fueron asesinadas en Centroamérica por el hecho de ser mujeres, y entre el 17% y el 53% de las concubinas o casadas de doce países latinoamericanos denunciaron haber sido violentadas sexual o físicamente por su compañero. Los números no aflojan. Sigamos gritando basta. De nuestro ruido depende.

“La violencia pasó de ser un tema marginal a convertirse en un problema público gracias al movimiento de mujeres”


 

Por Mariana Fernández Camacho

COMUNICAR IGUALDAD- Neus Bernabé es especialista del Área Práctica de Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En esta entrevista explica cómo fue el proceso de diseño y realización del informe El Compromiso de los Estados: Planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, que acaban de publicar PNUD y ONU Mujeres.

- ¿Cómo fue el proceso de elaboración del informe “El Compromiso de los Estados: Planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe”?

La investigación fue impulsada por el PNUD, en colaboración con ONU Mujeres, en el marco de la campaña del secretario general de Naciones Unidas Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. El objetivo fue sistematizar y compartir con los países de la región lo hecho para abordar la violencia contra las mujeres, y contribuir a mejorar los niveles de implementación. Así, durante una primera etapa se recolectó información y se realizaron entrevistas a las instituciones de gobierno responsables de los planes y acciones públicas. También fuimos a buscar a la sociedad civil y a las academias de 32 países de América latina y el Caribe. Ya con todo sobre la mesa, se revisó la documentación, se identificaron nudos o problemas comunes y se definieron recomendaciones. Todo el proceso llevó un año de trabajo.

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- Preocupa percibir, a pesar del mayor activismo, sensibilización y concientización social, un aumento en la gravedad y ensañamiento de la violencia contra las mujeres. ¿Qué explicación le encuentra?

Gracias al compromiso, activismo y trabajo incansable de las organizaciones feministas y de mujeres la violencia contra las mujeres ha pasado de ser un tema marginal a convertirse en un problema público en varios países de la región. La denuncia continua, la demanda de soluciones, la visibilización del problema y la movilización social han ido en aumento y han conducido a la generación de un marco institucional y legal sobre la violencia contra las mujeres. Pese a estos avances, la magnitud del problema nos supera, se complejiza y se entrecruza con nuevas expresiones de violencia de género que hacen aumentar el ensañamiento de estas situaciones. Ha habido avances en leyes nacionales para tipificar la trata, el tráfico de personas y la prostitución forzada, por ejemplo, pero son temas que no están todavía suficientemente incorporados en los planes nacionales de violencia contra las mujeres.

- Resulta llamativo que solo once países amplíen la protección del Estado a los ámbitos público y privado.

La mayoría de los países de la región han dado un salto importante en sus legislaciones para romper con la idea de que la violencia contra las mujeres es un tema del ámbito privado. Ocho países de la región abordan en su legislación el derecho a vivir una vida libre de violencia, y once de ellos ya tienen leyes de segunda generación donde además de abordar el tema de la violencia intrafamiliar o doméstica incluyen otras manifestaciones de violencia que ocurren en el ámbito público.

7/17/2013

Cumbre en Montevideo para evaluar Programa de Cairo

NACIONAL
POBLACIÓN Y DESARROLLO
   Países de AL revisarán agendas a favor de las mujeres

Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 

Este 2013 los países miembros de Naciones Unidas comenzaron la cuenta regresiva para concluir el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Desarrollo y Población, realizada en El Cairo en 1994, cuyo objetivo fundamental fue promover políticas para mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo de los Estados.     

Hace 19 años los países reconocieron que la clave para mejorar el desarrollo era satisfacer las necesidades de mujeres y hombres, para lo cual debían atender temas como la fecundidad, la muerte materna, el acceso a la educación, y fomentar la participación económica femenina.

El acuerdo de los 180 Estados fue cumplir esta plataforma internacional –firmada en septiembre de 1994– en un plazo de 20 años, lo que significa que para 2014 problemas como el analfabetismo, la falta de oportunidades económicas, y la violencia de género tendrían que ser mínimos.

Para evaluar los avances y vislumbrar los retos que depara el futuro, delegaciones de América Latina (AL) y el Caribe se reunirán del 11 al 15 de agosto en Montevideo, Uruguay, para revisar si las agendas de cada nación garantizan los derechos de las mujeres y si contribuyen al desarrollo.

El Programa de Acción de El Cairo se revisa cada cinco años; así se tuvo Cairo+5, Cairo+10, Cairo+15 y próximamente Cairo+20.

Si bien el eje rector del Programa de Acción fue ver a las mujeres como personas que deciden sobre su reproducción, también reconoció que la desigualdad de género es un factor de gran influencia en los parámetros demográficos, el desarrollo económico y el desarrollo sostenible.

Este principio fue retomado por otras agencias de Naciones Unidas, como ONU-Mujeres, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y el Fondo de Población, y entidades como la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, que reconocen el papel de las mujeres en el desarrollo.

Además Cairo fue base para la elaboración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otras cumbres como la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20).

La lógica del Programa de Acción de El Cairo es que si las mujeres acceden a métodos de planificación familiar, disfrutarán de mejor salud, mejor educación, más medios de acción en sus hogares y sus comunidades, y serán más productivas económicamente. Además sus hijas e hijos tendrán más oportunidades de salud, rendimiento escolar y mejores ingresos.

Según esta idea, una población sin oportunidades ni derechos crea modalidades irracionales de consumo, lo que contribuye al uso insostenible de los recursos naturales y a la degradación del medio ambiente, refuerza desigualdades sociales y genera pobreza.

En Montevideo los países tendrán la oportunidad de informar qué están haciendo para atender los derechos reproductivos y la salud reproductiva, la morbilidad y la mortalidad, y cómo atienden las necesidades de la juventud, la vejez, la migración, la educación y el empoderamiento de las mujeres.
 

6/26/2013

El PND, sin indicadores para medir inequidad de género

NACIONAL
POBLACIÓN Y DESARROLLO
   No se podrá evaluar cumplimiento de metas: Somede

Foto: Erika Cervantes
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.-

Aunque el gobierno federal presumió que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) –la guía de política pública a seguir durante los próximos cinco años– incluye la perspectiva de género como una estrategia transversal, en realidad no contiene metas específicas para reducir la desigualdad entre los sexos.

El demógrafo y vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Demografía (Somede), Carlos Echarri, sostuvo que los indicadores permiten monitorear el esfuerzo que hace el Estado para conseguir una meta, y por tanto criticó que el PND 2013-2018 carezca de indicadores que midan la inequidad entre mujeres y hombres.

El PND publicado por el gobierno federal incluye tres estrategias transversales (“Democratizar la productividad”, “Gobierno cercano y moderno”, y “Perspectiva de género”) en todas las acciones de la presente administración. La visión de género fue anunciada como un “gran avance” del gobierno federal.

De acuerdo con un análisis del profesor-investigador de El Colegio de México (Colmex) sobre la información sociodemográfica como base para la planeación nacional, es necesario considerar que los indicadores también sirven para plantear una situación específica y plantear objetivos para cambiar ese escenario.

En declaraciones a Cimacnoticias, Echarri consideró que los programas sectoriales derivados del PND deben tener indicadores que permitan medir las metas y reflejar qué tanto se ha avanzado para reducir la desigualdad de género en ámbitos como salud, educación o empleo.

El experto, también integrante del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colmex, explicó que las líneas de acción del Plan Nacional deben estar basadas en las normas oficiales mexicanas, ya que esto significaría que las entidades de la administración pública se comprometen a garantizar las leyes.

Por ejemplo citó que si existe una norma que dicta cómo se debe atender el embarazo o los casos de violación sexual, estos lineamientos deben estar incluidos en las estrategias a seguir durante los próximos cinco años, pues una vez que se revisen los indicadores habrá temas específicos que evaluar.

Según el PND, el gobierno de Enrique Pena Nieto promoverá acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación, pero para Echarri esto aún esta por verse en los planes sectoriales.

Criticó que actualmente se use sólo el Índice de Desigualdad de Género (IDG) como el indicador para medir la desventaja de las mujeres, toda vez que sólo refleja tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral.

Este índice se mide a través de cinco indicadores: Tasa de mortalidad materna, Tasa de fecundidad adolescente, Mujeres y hombres con al menos educación secundaria completa, Participación de mujeres y hombres en escaños parlamentarios, y Tasa de participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral.

El IDG es un indicador bienal que se mide en una escala del “0” a “1”, siendo “0” el máximo alcance de la igualdad, y según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 2010 este indicador fue de 0.408 y para 2012 avanzó a 0.382, pero Echarri aclaró que en realidad “no mide la desigualdad entre mujeres y hombres”.

Por ello llamó a tomar en cuenta los datos estadísticos a la hora de planear las metas nacionales y otorgar presupuesto, pues sólo así se podrán atender temas como la salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos, la mortalidad materna, los embarazos no deseados o los delitos contra las mujeres.
 

6/04/2013

PND no profundiza sobre feminicidio y migración femenina

NACIONAL
VIOLENCIA
   Confía académica en que programas sean más específicos

Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 incorpora de manera transversal la perspectiva de género, pero no puntualiza en las problemáticas específicas y más alarmantes que aquejan a las mexicanas.

La maestra en Derecho e investigadora de la UNAM Lourdes Enríquez Rosas, consideró que el PND contiene puntos pendientes, cuya omisión puede resultar alarmante si no se incluyen de manera real en los programas que de él deriven, como lo es el caso del feminicidio y la migración femenina.

La académica aclaró que no se puede generalizar en todo lo contenido en el PND, pero acotó que no se profundizó en algunos temas que deberían ser prioridad para el Estado mexicano.

Uno de ellos –dijo– es el feminicidio que cobra la vida de miles de mexicanas anualmente y “ni siquiera se le menciona” dentro de los objetivos y metas que se establecieron.

Puntualizó que es imposible incluir dentro de la planeación todas las problemáticas que enfrenta México, pero se debió profundizar en temas como éste y recordó que tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso Campo Algodonero, se ha hablado mucho sobre feminicidio pero no se ha hecho nada para atacar las raíces del problema.

Lourdes Enríquez consideró que la tipificación del delito en algunas entidades de la República no basta, pues “no se puede dejar de lado que se trata de la violencia extrema y la violencia letal contra las mujeres que se manifiesta en un asesinato”, por lo que se debe abordar desde una visión más amplia.

De acuerdo con la colaboradora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM, una forma de prevenir y erradicar el feminicidio es con políticas públicas desde distintos ejes como el educativo, el artístico y cultural, para dejar de ver a las mujeres como personas subordinadas.

Otra de las “omisiones graves” del PND es no abordar de manera transversal la migración y puntualizar en los obstáculos y riesgos que corren las “mujeres que están en tránsito”, que a decir de la investigadora son a quienes más se les violentan sus Derechos Humanos (DH).

La problemática migrante está incluida en el PND sólo en el eje “México como un actor con responsabilidad global”. De acuerdo con Enríquez Rosas, el plan no considera que actualmente cada vez más mujeres deciden emigrar, por lo que faltan políticas y programas públicos más sensibles a sus necesidades.

Tampoco se visibilizan las circunstancias que enfrentan las mujeres migrantes, por ejemplo las que son madres y se ven obligadas a dejar a sus hijas e hijos, así como el riesgo que corren de ser víctimas de violencia sexual, o la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Son “temas tan complicados que los han querido ver superficialmente”, apuntó.

La perspectiva de género se materializó en “un discurso retórico y se planteó como un eje transversal”, lo que abre la puerta para que las mujeres puedan exigir en distintas formas el pleno ejercicio de sus DH.

Aclaró que la inclusión de esa visión no fue una dádiva del gobierno, pues deriva además del empuje de organizaciones civiles y de una obligación constitucional del Estado adquirida a partir de la reforma constitucional en materia de DH.

El 10 de junio de 2011 se reformó el artículo primero constitucional con el objetivo de reconocer los DH de las y los mexicanos, y dar carácter de obligatorio a los tratados y convenios internacionales signados por el Estado mexicano.

Lourdes Enríquez advirtió que durante las consultas que se realizaron para la elaboración del PND se excluyó el punto de vista de algunas académicas. “Las que critican y señalan más al sistema y demandan que se atiendan las necesidades de las mujeres no fuimos invitadas”, criticó.
 
Por separado, Lucía Melgar, académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, dijo a Cimacnoticias que las consultas para el PND fueron “selectivas y mal organizadas”, por lo que existen puntos que “no están muy bien aterrizados”.
 

5/24/2013

Dan al PND “beneficio de la duda” en materia de género

NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   En el discurso hay avances; falta ver los resultados

Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 

La perspectiva de género planteada como uno de los tres ejes transversales del recién publicado Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), más allá del discurso debe traducirse en acciones reales que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia.

Margarita Guillé Tamayo, especialista en violencia de género y Derechos Humanos, consideró que el PND en un primer momento es “esperanzador”, pues al plantear que México será un Estado garantista (que avala el ejercicio de los derechos fundamentales) dota a las mujeres de nuevas herramientas para que exijan su derecho a una vida libre de violencia y con acceso a la justicia.

Advirtió que aún hay que esperar a conocer la manera en la que el discurso plasmado en el PND será traducido en acciones concretas, tanto en programas gubernamentales como en políticas públicas contra la violencia de género.

Cabe recordar que en el rubro “México en Paz” uno de los objetivos es “garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”, a lo que se suma la Estrategia III que marca pautas para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Debido a ello, la también ex directora de la Red Nacional de Refugios destacó que en ese rubro no se menciona la prevención o sanción a los agresores, por lo que se esperaría que al momento de traducir el plan en acciones concretas esto se incluya.

Guillé Tamayo observó que si el plan habla de violencia de género y reparación del daño, también es necesario que se diseñe –a partir de los lineamientos que éste marca– un mecanismo específico que “dé seguimiento a las sentencias” contra los agresores, es decir que éstas se cumplan y que la justicia se brinde con visión de género.

Al mismo tiempo recordó que la violencia contra las mujeres tiene diversas aristas y que no sólo se debe enfocar en la erradicación de la violencia física.

La especialista puso como ejemplo a las mujeres que debido a la violencia se ven obligadas a abandonar su vivienda, por lo que las políticas públicas deben velar porque las y los ciudadanos adquieran un patrimonio propio.

Por separado, el doctor en Ciencias Sociales e investigador de la Universidad Iberoamericana, Enrique Gutiérrez Márquez, explicó que al considerarse la perspectiva de género como un eje transversal del PND uno “puede suponer que va a estar presente en todos los programas y en toda la estructura administrativa del gobierno federal, pero la pregunta es cómo lo van a hacer”.

Según el docente, no basta con nombrar la existencia del eje transversal sino que se debe conseguir que esté presente de manera real en todas las acciones que se emprendan en este sexenio.

Puntualizó en que “falta aterrizarlo y darle una viabilidad correcta”,  y agregó que si el enfoque de género se va a resolver únicamente mediante la creación de unidades de género en cada dependencia, el eje transversal no conducirá a ningún lado.

Agregó que éste es un primer paso de muchos que se tienen que dar de manera urgente para lograr la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres, así como para combatir la violencia de género y la discriminación.
 

5/23/2013

PND abre la puerta a programa de atención a las migrantes

NACIONAL
Migración
   Imumi inicia trabajos con Segob para armar estrategia nacional

Por: Adriana Franco Rosales
Cimacnoticias | México, DF.- 

El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) destacó que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) integra la perspectiva de género y de Derechos Humanos (DH), lo que permitirá programas específicos de atención para las migrantes en coordinación con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En entrevista con Cimacnoticias, Berenice Valdez Rivera, coordinadora de Políticas Públicas del Imumi, dijo que el PND incorpora la demanda ciudadana de dar atención diferenciada por sexo y edad a la población migrante.

La activista apuntó que el PND integró propuestas que presentó el colectivo PND-Migración, conformado por 50 organizaciones civiles y académicos.

Por ello confió en que en breve Segob realice un diagnóstico sobre las problemáticas de las mujeres migrantes, como base para un programa especial que proteja tanto a las mexicanas que emigran a Estados Unidos, como a las extranjeras que arriban a México como lugar de tránsito o destino.

Berenice Valdez dijo que otro planteamiento en el PND es la corresponsabilidad del gobierno mexicano respecto a la comunidad migrante en EU, como una manera de construir un puente con las familias “transnacionales” y para intervenir en los casos en que las mujeres son deportadas y sus descendientes quedan bajo custodia del gobierno norteamericano.

La integrante del Imumi adelantó que lo que resta es construir el Programa Nacional de Migración que proteja a las migrantes de manera integral, y para ello se espera que se incorporen otras dependencias federales como la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de las Mujeres, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Esta semana, dijo Valdez, el Imumi acudirá a una primera reunión en la Segob para delinear lo que será el Programa Nacional de Migración, en la que participarán grupos civiles y académicos, aunque para los encuentros posteriores se contempla la inclusión de la población migrante, tanto mexicana como extranjera.

La activista criticó que en el PND la problemática migrante haya quedado sólo en el eje “México como un actor con responsabilidad global”, y no como una política transversal de atención.

“El fenómeno migratorio toca el desarrollo del país en los cinco temas que aborda el PND, por lo que solicitamos que fuera un eje transversal en toda la estrategia; no se logró pero por lo menos no se quedó encasillado en la seguridad nacional, aunque no deja de lado ese enfoque del todo, con la creación de la nueva gendarmería y la protección de las fronteras, principalmente la del sur”, advirtió.

3/11/2013

Incluyen necesidades de mujeres en PND, pero no dicen cómo

NACIONAL
   Acto de Presidencia con la presencia de actrices y sin Peña Nieto

Especial | cortesía Inmujeres
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- 

En un encuentro al que por igual se convocó a representantes de agencias de Naciones Unidas, que a legisladoras y actrices de telenovelas, el Ejecutivo federal anunció que incluirá la perspectiva de género en las acciones del Plan Nacional de Desarrollo (PND) para este sexenio.

A propósito del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, la Presidencia y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) emitieron un mensaje que resultó pobre porque mientras las mexicanas esperaban la postura de Enrique Peña Nieto sobre las políticas de género, lo único que obtuvieron fue un discurso más.

Con una hora de retraso y sin la presencia de Peña Nieto –quien estuvo en los funerales del presidente de Venezuela, Hugo Chávez–, comenzó el acto oficial en el patio de honor de Palacio Nacional.

Asistieron las y los integrantes del gabinete, entre ellas las únicas tres secretarias de Estado: Rosario Robles (Desarrollo Social), Mercedes Juan (Salud) y Claudia Ruiz Massieu (Turismo).

También acudieron la ex candidata presidencial Patricia Mercado o la directora del Instituto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl Bustamante, pero quienes robaron cámara fueron la actriz Carmen Salinas y la escritora y conferencista de temas de superación personal Gaby Vargas.

Al tomar la palabra, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, destacó los avances en materia de igualdad, y señaló que para acelerar el desarrollo de las mexicanas Peña Nieto –el gran ausente en el Día Internacional de la Mujer– instruyó que se incluyera la perspectiva de género en todas las acciones del PND, en vez de dedicar un apartado único para las mujeres.

Señaló que gracias a las reformas avaladas por la anterior Legislatura federal, de la que él fue presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se garantizó que el presupuesto para los programas de mujeres no disminuyera, tan es así –celebró– que para 2013 se destinaron 18.76 mil millones de pesos para la igualdad entre los sexos.

Al destacar los aumentos de hasta 22 por ciento en programas como el de instancias infantiles, Videgaray dijo que si esperamos que por inercia el movimiento social sea el que ayude a cerrar la brecha de desigualdad, el proceso “será lento”, por lo que refrendó la importancia de acciones afirmativas y cambios normativos que hagan realidad y efectivos los derechos de las mujeres.

Pero en ningún discurso las y los funcionarios expusieron las acciones a seguir para fomentar la participación económica de las mujeres, mejorar el cuidado de su salud, erradicar la violencia de género, o asegurar el acceso a la justicia para las víctimas de desapariciones y asesinatos.

Eso no pareció importar mucho a la senadora Diva Hadamira Gastélum, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara alta, y la asambleísta del DF, María de los Ángeles Moreno –ambas priistas–, quienes aplaudieron efusivamente todos los mensajes.

De gesto amable, la titular del Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, subió al pódium para recordar que las mexicanas aún son tratadas como minoría, pese a que son más de la mitad de la población.

Afirmó que la igualdad “detona el desarrollo armónico de la nación, una economía fuerte y una sociedad más equitativa”.

Luego la funcionaria fue cuestionada por los medios de comunicación sobre el feminicidio, a lo que respondió que dará seguimiento al presupuesto etiquetado contra violencia de género, ya que –afirmó– las desapariciones y asesinatos de niñas y mujeres es un problema que está en todos los estados del país.

Adelantó que el Inmujeres y la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, planean una reunión con madres de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez y en el Estado de México para analizar el tema.

2/25/2013

Reportaje - Piden incluir migración femenina al PND

REPORTAJE
Migración
   Urge estrategia sexenal para atender el fenómeno

CIMACFoto | César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- 

Grupos civiles exigen que el tema migratorio se aborde en el Plan Nacional de Desarrollo desde un enfoque de Derechos Humanos, género y etnicidad.

Ante la cruda realidad que enfrentan las personas migrantes y sus familias, más de 40 grupos ciudadanos demandan a Enrique Peña Nieto y a la Secretaría de Hacienda que el tema se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Aglutinados en el Colectivo PND-Migración, las y los activistas sostienen que las personas en tránsito, la mitad de ellas mujeres, son víctimas de abusos y vejaciones, y por ello el tema migratorio debe estar en la agenda sexenal para el desarrollo.

Fabienne Venet, directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim), explica que la agenda del actual gobierno federal debe incluir a la migración como una prioridad y establecer metas y estrategias para atenderla.

Agrega además que es indispensable que el PND, que debe estar listo entre marzo y abril próximos, contemple un enfoque de género y acciones específicas a favor de las migrantes, que según el Inedim –con base en datos de Naciones Unidas– representan el 49 por ciento de esta población.

En América Latina y el Caribe las mujeres son el 50.1 por ciento del total de la población migrante, lo que a decir de Venet significa que se debe atender a las que se quedan en los lugares de origen, a las que transitan por el país, y a las que viven en el exterior.

CONTRA LA VIOLENCIA

Por ello y debido a que estudios recientes estiman que 60 por ciento de las centroamericanas que pasan por México en camino a Estados Unidos son violadas o sufren otras formas de violencia, la activista afirma que debe hacer acciones concretas al respecto.

Entre las propuestas del Colectivo PND-Migración está la creación de un registro nacional de violencia sexual que incorpore datos para hacer un mapeo de las rutas peligrosas, y focalizar las acciones de seguridad.

Venet indica que el Estado mexicano también debe diseñar un protocolo de atención para las migrantes, que brinde pasos mínimos contra la violencia sexual y agilice las denuncias penales.

Otra propuesta es que el PND garantice el acceso a la anticoncepción de emergencia y a tratamientos antirretrovirales para atender el VIH/Sida, lo que atendería parte de los riesgos que enfrentan las migrantes y las mujeres cuyas parejas migraron, según la asociación civil Salud Integral para la Mujer (Sipam).

Esta organización ha denunciado que las autoridades no consideran a la migración como un factor de vulnerabilidad para las mujeres, y por tanto no han generado una estrategia de prevención contra el VIH ante el fenómeno migratorio.

De acuerdo con Alejandrina García, integrante de Sipam y especialista en mujeres y VIH, en zonas rurales las mujeres adquieren el virus a través de sus cónyuges migrantes, pero no tienen acceso a pruebas de detección ni a tratamientos en caso de requerirlos.

Al considerar que además de la violencia sexual las migrantes pueden ser víctimas de robos, abusos laborales o extorsión, las y los activistas consideran que este problema podría aminorar si se abriera para ellas una línea telefónica de atención gratuita.

RESPETAR DERECHOS

Efraín Jiménez, representante de la Red Mexicana de Organizaciones y Líderes Migrantes, explica que debido a que el PND es el documento estratégico más importante del sexenio debe incluir todos los aspectos de la migración.

Por ejemplo, el Inedim indica que 10 por ciento de las y los mexicanos viven en el exterior, por lo que Jiménez afirma que las autoridades mexicanas deben promover el respeto de los derechos de aquellas personas que, en su mayoría, viven en Estados Unidos.

Una forma de proteger sus derechos, expone el especialista, es generar acciones para evitar que en los trabajos temporales que se ofrecen en EU los empleadores cobren a la gente por dar empleo o los engañen con los sueldos.

Nancy Pérez, directora de Sin Fronteras, señala que para atender el fenómeno migratorio el PND debe poner atención a la falta de oportunidades en las comunidades de origen y retorno.

El colectivo de organizaciones critica que actualmente no haya oportunidades para las personas que viven en las comunidades de origen, donde es necesario llevar apoyos que fomenten el desarrollo local.

Pérez asegura que el retorno de migrantes será un tema importante ahora que en EU se debate una reforma migratoria, lo que podría generar que las personas regresen a sus lugares de origen y por tanto se genere un alza en la demanda de servicios en esas localidades.

Las y los activistas demandaron también recursos suficientes para atender a las y los migrantes. Al respecto, la organización civil Fundar Centro de Análisis e Información critica que de 2012 a 2013 los fondos para este rubro se redujeran en un 51 por ciento, como si fuera un fenómeno menor.