Infancias en orfandad por feminicidio olvidadas. Urge registro nacional: OCNF

 Escrito por Wendy Rayón Garay 

Crédito: Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF).- Ciudad de México.- Uno de los temas prioritarios que ha dejado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como una tarea pendiente para el Estado mexicano tras la sentencia García Andrade y otros Vs. México emitida el pasado 19 de diciembre del 2025 es la protección de las niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio y de acuerdo con María Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), también será la creación de un registro nacional una acción fundamental en el cumplimiento de ésta resolución.

Norma Andrade tenía razón. A 24 años del feminicidio de su hija, Corte IDH falla contra Estado mexicano

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Público (SESNSP) indica que solo en 2025 ocurrieron 721 casos de feminicidios en México, siendo Sinaloa la entidad con mayor registros seguidos estado de México, Chihuahua, Ciudad de México y Veracruz.

Gráfica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Público (SESNSP)

En entrevista para Cimacnoticias, la defensora de derechos humanos señaló que México necesita con urgencia un registro nacional de infancias en orfandad por feminicidio para saber cuántas niñas, niños y adolescentes se encuentran en esta condición, ya que no existe un conteo nacional pese a la insistencia del movimiento de mujeres para su creación y las iniciativas presentadas en el Congreso se encuentran congeladas.

En 2024, el ahora extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer que había al menos 5 mil infancias en orfandad por feminicidio entre abril del 2018 y marzo del 2021. Eran niñas, niños y adolescentes registrados por las fiscalías de los estados y conocidos por la entonces Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) a través de estudios y estadísticas, por lo que se le ordenó la publicación de dicha información.

Los datos a conocer por el INAI no contemplan a las infancias cuyas madres fueron asesinadas por la violencia de feminicida en años anteriores y posteriores, para María Luz Estrada esto dificulta proporcionar atención integral. Por ello, apuntó que México deberá hacer un diagnóstico que contemple a quiénes se están ayudando, de qué forma se proporciona, bajo qué programas, cómo se coordinan las instituciones en un protocolo de atención, cuántos casos hay por estado y cuáles son las barreras que les impiden acceder a la atención integral, una responsabilidad que debe recaer en las propias Comisiones de víctimas.

“Yo vi un registro que eran aproximadamente más de 200 casos que se les ha dado atención cuando cada año hay por lo menos 600 feminicidios. Estamos hablando de que se asesinan a más de 3 mil mujeres y solo en el 25% se logra iniciar una investigación (…) pero aquí los olvidados sí son los huérfanos”. —María Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Un diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del 2020 indicó que a nivel federal la Ley de General de Víctimas prevé medidas de rehabilitación especial hacia las hijas e hijos y adultos mayores dependientes de una víctima al considerarlos que fueron afectados de forma indirecta.

Ahora, en al menos cuatro entidades (12.5%) las leyes de víctimas contemplan a las infancias en orfandad por feminicidio, en 13 entidades (40.63%) regulan una disposición sobre proporcionar atención a este sector pero en 18 estados (56.25%) no prevén ninguna medida respecto al tema.

En las cuatro entidades que sí contemplan disposiciones específicas son Jalisco quien reconoce el deber de proporcionar atención psicológica especializada de emergencia; en Oaxaca se incluye un registro estatal para que puedan acceder a medidas de asistencia y atención; para Puebla se ordena que las infancias reciban servicios integrales de atención temprana y otros como jurídicos, médicos y psicólogos especializados; mientras que en Veracruz amplía la protección a infancias en orfandad por feminicidio y desaparición con medidas de reparación integral y un registro estatal.

Por ello, María Luz Estrada considera que México debe hacer una revisión a la Ley General de Víctimas federal y en las leyes locales para que contemplen el registro y la atención integral; sin embargo, mencionó que uno de los ejes que también se debe fortalecer son a las infancias en orfandad por desaparición en un conteo separado, pero manejado por la CEAV, ya que este fenómeno suele ser la antesala de un feminicidio y parte de una crisis generalizada en el país.

Actualmente, México cuenta con el Protocolo nacional de atención integral a niñas, niños y adolescentes en condiciones de orfandad por feminicidio creado en agosto de 2021. Fue expedido desde la Secretaría de Gobernación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), el Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) y Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Secretaría de Salud.

Aunque el documento menciona que el Estado debe restaurar derechos y proporcionar atención integral, María Luz Estrada advirtió que está enfocado en atender la protección de las infancias para decidir con quién se van a quedar en resguardo y no en desarrollar una metodología para identificar las necesidades de las infancias y la coordinación entre instituciones para proporcionar una atención integral.

En consecuencia, mencionó que la CEAV también tendrá que contar con un protocolo integral.

“Si tú revisas el protocolo, solo está enfocado en materia de protección, pero no en la protección integral que deben de tener las infancias y en la reparación integral del daño, porque lo que tú estás viendo es que los feminicidios nunca llegan la reparación integral. O sea, nunca logramos que se le repare, porque quien lo tiene que reparar al final es el Estado (…) No tenemos ningún protocolo o herramienta que estén guiando las Comisiones de víctimas.” —María Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

El tiempo para que el Estado mexicano acate la sentencia de la Corte IDH ha comenzado y le corresponderá a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asumir la responsabilidad. Para la defensora de derechos humanos será el momento para observar cómo el Gobierno va a materializar la política pública para proteger a las infancias en orfandad, así como la participación y coordinación de la Secretaría de las Mujeres.

Por ahora, María Luz Estrada destacó que será fundamental el papel de las organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas para acoger la sentencia y exigirla al Estado mexicano, ya que no se trata de un tema aislado, sino que refleja una problemática nacional.

«Es muy importante porque tenemos que ver si este gobierno tiene una perspectiva de género y de derechos humanos, podemos ver ya más materializadas en este tiempo, en este gobierno de Claudia, que se vayan cumpliendo estas recomendaciones (García Andrade y otros Vs. México y Ascencio Rosario y otros Vs México) y no que tarde años para que realmente la veamos materializada.» —María Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Navidad en la calle

Historias de Navidad

Bajo el resplandor de las luces que adornan las calles de la Ciudad de México, la Navidad se siente en cada rincón. Sin embargo, para muchos, esta época del año no es un momento de celebración, sino un recordatorio de lo que han perdido

Las luces navideñas que cuelgan en la Zona Rosa iluminan fachadas, bares y restaurantes. En la esquina de la calle Amberes con Londres, donde la vida nocturna nunca se apaga del todo, la Navidad no llega envuelta en papel brillante ni con villancicos, sino en el ruido constante de la gente que entra y sale de los locales y en la espera silenciosa de quien no tiene a dónde ir. Ahí, casi siempre en el mismo punto, se encuentra José, un hombre de 61 años que ha hecho de la calle su casa y de la observación su rutina diaria.

Cada noche, José amontona cartones y una cobija para encontrar refugio. Su vida es una constante lucha por la supervivencia, pero a pesar de su situación, lleva consigo una chispa de esperanza. Su pasado está lleno de recuerdos que lo impulsan a seguir adelante, recordándole que siempre hay una razón para levantarse.

Aunque puede sostener una conversación fluida, por momentos divaga o murmura frases que parecen perderse en el aire. No hay agresividad en él; al contrario, su trato es afable y agradecido cuando alguien se detiene a hablarle.

“Nunca se quieren acercar a nosotros, bueno, a mí. Yo creo porque me ven sucio y piensan que estoy loco, pero no estoy loco. Solo que me ven así y creen que les voy a pegar o a hacer algo malo”, dice mientras sigue con la mirada a los transeúntes que pasan sin detenerse.

Perderlo todo

José es originario de Hidalgo. Llegó a la Ciudad de México después del sismo de 1985, con la esperanza de encontrar trabajo. Durante más de cinco años fue ayudante de un tapicero en la colonia Guerrero. Se casó, tuvo un hijo y, en busca de un mejor ingreso, entró a trabajar a una fábrica de harina donde el sueldo era más estable.

La vida parecía encaminarse, pero el alcohol comenzó a ocupar cada vez más espacio en sus días. Primero los sábados y domingos, luego varias veces a la semana, hasta convertirse en una adicción que fue erosionando todo a su alrededor.

Su esposa se separó de él y se llevó a su hijo cuando tenía 11 años, cuenta José, supo que se fueron a Puebla, a casa de la madre de ella, pero con el tiempo perdió todo contacto. Tras la separación, cuando rondaba los 38 años, vivió solo durante un tiempo, hasta que el alcoholismo lo hizo perder el empleo.

Encontrar otro trabajo se volvió casi imposible. Probó como vendedor ambulante en el centro de la ciudad:

    “Antes se podía vender de todo, había muchos puestos. Yo vendía tacos doblados que hacía una señora y me pagaba por día, pero igual estaba yo tomando ahí cuando vendía. Yo sé que hice mal”, cuenta, interrumpiéndose por momentos, para luego retomar la historia.

    “Antes se podía vender de todo, había muchos puestos. Yo vendía tacos doblados que hacía una señora y me pagaba por día, pero igual estaba yo tomando ahí cuando vendía. Yo sé que hice mal”, cuenta, interrumpiéndose por momentos, para luego retomar la historia. 

Ese fue su último trabajo. Después vino la caída definitiva: pedir dinero en la calle, gastar todo en alcohol, no poder pagar la renta y, finalmente, dormir a la intemperie. Pasó por la Alameda y por distintas zonas de la ciudad, hasta que encontró en la Zona Rosa un sitio donde quedarse.

Cuenta que el ruido de los bares no le molesta; al contrario, le da una sensación de compañía. “Aquí siempre hay movimiento, no se siente uno tan solo”, dice, aunque sabe que muchos lo miran con desprecio. “Yo creo que huelo mal, pero si vive uno en la calle, ¿dónde se va uno a bañar?”.

El sentimiento en Navidad

En Navidad, la calle cambia un poco. José cuenta que casi siempre hay alguien que le regala algo de comer: un plato caliente, un pedazo de pan, a veces comida que sobra en los locales de la zona. Para él, eso es un regalo. Hay días en que come muy poco o no come nada porque no tiene dinero.

Durante años, estas fechas le resultaban indiferentes; veía a la gente festejar y para él era un día más. Sin embargo, en los últimos años la Navidad le pesa. La soledad se hace más evidente. Piensa en su edad, en la muerte, en la posibilidad de irse sin que nadie lo acompañe.

    “Un buen regalo de Navidad sería tener comida y saber algo de mi hijo”, dice con la voz baja.

    “Un buen regalo de Navidad sería tener comida y saber algo de mi hijo”, dice con la voz baja. 

No pide volver a su lado ni perdón. Solo saber cómo está, qué ha hecho. Ese deseo sencillo resume una pérdida que no se mide en objetos, sino en vínculos rotos.

José es uno entre cientos. De acuerdo con el Conteo de Personas en Situación de Calle de la Ciudad de México 2023-2024, realizado por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, se registraron mil 124 personas viviendo en las calles: 86 por ciento hombres y 14 por ciento mujeres.

De ese total, más de la mitad, el 58.17 por ciento, llevan entre uno y 10 años en esta condición. Para ellas, la falta de un techo no siempre es lo más doloroso; lo que más pesa es la indiferencia, el desprecio, el ser ignorados justo cuando la ciudad habla de unión y solidaridad.

En estas fechas, las calles se convierten también en escenarios de encuentros breves y significativos. José se cruza con otros rostros que cargan historias similares: pérdidas, adicciones, rupturas familiares. Juntos, sin proponérselo, reflejan la otra cara de la Navidad, una que no aparece en los anuncios ni en las cenas familiares. 

Cada 20 segundos una adolescente se convierte en madre en AL y el Caribe

 Escrito por Paola Piña 

CIMAC FOTO.- Ciudad de México.– Cada 20 segundos, una adolescente se convierte en madre en América Latina y el Caribe, esto significa que cada año, 1.6 millones de jóvenes paren en la región, esto de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) lo que denota que la educación sexual integral y acceso al aborto siguen siendo derechos no garantizados, por lo que se trata de una conversación necesaria dentro de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

América Latina y el Caribe registran la segunda tasa más alta de fecundidad adolescente en el mundo, solo por debajo del África Subsahariana, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el embarazo adolescente está estrechamente vinculado a uniones tempranas y a la violencia sexual, especialmente en menores de 15 años.

Las mujeres que se embarazan en la adolescencia tienen menos probabilidades de continuar sus estudios que aquellas que son madres después de los 20 años. Quienes ejercen la maternidad en la adultez tienen tres veces más posibilidades de completar su formación académica y, en consecuencia, triplican la probabilidad de obtener mejores ingresos en el mercado laboral.

Aquellas mujeres que optan por no continuar con su embarazo siguen enfrentándose a la criminalización al buscar la interrupción del mismo. En la región, hay cinco países donde el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia: Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

En Costa Rica, Venezuela, Guatemala, Paraguay y Perú, el aborto solo es legal cuando la vida o la salud de las mujeres corre riesgo. Brasil y Chile permiten, además, la interrupción en casos de violación o cuando existen problemas graves que impedirían el desarrollo adecuado del feto.

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional la penalización absoluta del aborto. Sin embargo, en 8 de sus 32 estados aún es ilegal interrumpir un embarazo, y en las 24 entidades donde está despenalizado no se garantiza un acceso pleno y seguro, ya que persisten la criminalización, la falta de medicamentos, el estigma y la discriminación.

En América Latina y el Caribe, siete países han despenalizado el aborto en su totalidad: Cuba, Argentina, Colombia, Uruguay, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico. No obstante, casos como el de México demuestran que la despenalización a nivel federal no garantiza por si misma un acceso real y seguro.

CIMAC: César Martínez López

En América Latina y el Caribe, la mortalidad materna figura entre las tres principales causas de muerte en adolescentes de 15 a 19 años. Para las menores de 15, el riesgo de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo es hasta tres veces mayor que en mujeres mayores de 20. A esta cifra se suma un dato alarmante: cada año, unas 670 mil adolescentes de entre 15 y 19 años se someten a abortos inseguros en la región.

Cabe destacar que en la región, la legislación en cuanto a derechos sexuales y reproductivos es mínima. El acceso a la anticoncepción está consagrado a nivel constitucional únicamente en seis países: Bolivia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay y Venezuela.

Asimismo, solo siete países de la región incluyen en sus constituciones una referencia explícita al deber del Estado de garantizar la salud sexual y reproductiva: México (desde la reforma constitucional de 1974 y en reformas posteriores), Colombia (1991), Paraguay (1992), Venezuela (1999), Ecuador (2008), Bolivia (2009) y Cuba (2019).

¿Hemos avanzado en educación sexual integral?

Pese a este panorama, el informe La educación integral de la sexualidad en América Latina y el Caribe: Un llamado a la acción en contextos de incertidumbre, publicado por la UNFPA, señala que la educación integral en sexualidad (EIS) en escuelas y otros espacios educativos sigue siendo desigual y enfrenta grandes desafíos en calidad, cobertura y enfoque.

Menos de la mitad de los países de la región han hecho obligatorios todos los contenidos de la EIS. En muchos casos, los programas están condicionados por enfoques moralistas o puramente biologicistas, que omiten temas esenciales como derechos sexuales y reproductivos, perspectiva de género, diversidad sexual, placer y conductas sexuales responsables.

La situación es aún más crítica en comunidades históricamente marginadas: las adolescentes afrodescendientes tienen un 50% más probabilidades de ser madres que otras jóvenes. Si bien se han impulsado proyectos de EIS enfocados en poblaciones vulnerables, como adolescentes fuera de la escuela, comunidades indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad y población LGBTI+, la cobertura y sostenibilidad de estas iniciativas siguen siendo insuficientes.

A esto se suma que el presupuesto destinado a desarrollar EIS es mínimo o inexistente, y que los mecanismos de monitoreo y evaluación, incluidos los resultados de aprendizaje del estudiantado, son limitados o nulos.

CIDHM denuncia: en Morelos la Alerta de Violencia de Género no ha sido efectiva en seis años

Escrito por La Redacción 

CIMACFoto: César Martínez López

Ciudad de México.- La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) denunció que a seis años de decretarse la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad el delito de feminicidio continúa impune ya que durante este tiempo se registraron 547 asesinatos violentos de mujeres.

En una reunión de trabajo con el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, la Comisión hizo entrega del informe que elaboraron con motivo del sexto aniversario de la implementación de la AVG, medida que tiene por objetivo atender, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio en la entidad, como lo establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sin embargo, pese a varios años de que se decretara en ocho municipios de Morelos, la AVG no ha sido un mecanismo efectivo. Esta conclusión la obtuvo la CIDHM luego de evaluar las acciones en cada nivel de gobierno.

El informe de la Comisión arrojó que en 21 años se han registrado un total de mil 196 feminicidios. De 2000 a 2021 se ha registrado este delito en 33 de los 36 Municipios que conforman el estado, incluyendo las ocho demarcaciones donde se decretó la Alerta de Violencia de Género, así como el municipio Indígena de Xoxocotla, creado recientemente y que se desprendió de Puente de Ixtla.

En ese sentido, los municipios con mayor número de feminicidios son:

Cuernavaca con 234

Jiutepec con 111

Temixco con 94

Cuautla con 74

Yautepec con 71

Emiliano Zapata con 52

Xochitepec con 51

Puente de Ixtla con 46

Jojutla con 42

Tepoztlán con 38 casos

“De las dependencias del estado de Morelos que deben acatar las medidas decretadas por la AVG, la Secretaría de Educación es la peor evaluada, al tener todas sus recomendaciones como No Cumplidas. Mientras que el Tribunal Superior de Justicia fue quien obtuvo un mayor avance en el proceso de cumplimiento, al tener cinco acciones en proceso de cumplimiento”.CIMACFoto: César Martínez López

Cabe destacar que todos los poderes del estado de Morelos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) no tienen ninguna acción cumplimentada. Ante este panorama, la Comisión planteó a Samuel Sotelo la necesidad de que se lleven a cabo las reuniones de trabajo con todas las instancias del estado para que se avance en el cumplimiento de las acciones que les corresponden a fin de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en Morelos.

Finalmente, la CIDHM reiteró que es importante no dar tregua a la violencia feminicida, para ello sentenció que es necesario usar los recursos brindados por la organización, tales como la documentación, el seguimiento y las propuestas que impidan la parálisis de la sociedad ante el dolor de quienes padecen esta grave violación de los derechos humanos.

Presentan acciones de prevención y erradicación de la violencia

 Escrito por Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta.- Ciudad de México.- Este 25 de abril, que como cada mes se conmemora el Día Naranja, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y la Secretaría de Seguridad Pública –acompañadas por funcionarias de Chiapas– presentaron el informe mensual del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores que viven violencia basadas en el género.

Al presentar este informe, la titular del Inmujeres, Nadine Gasman Zylberman, aseguró que de manera coordinada entre las instituciones federales y los gobiernos de los estados y los municipios han buscado desarrollar modelos de atención y de atención primaria de la violencia. 

Este modelo, presentado originalmente en una conferencia del pasado noviembre, es eje de la política nacional integral y consiste en prevención, atención y sanción, para lo cual se despliegan servicios e intervenciones dirigidos a la población, así como un cuarto paso que es la erradicación, que requiere programación y presupuesto, estadísticas y evaluación y armonización legislativa.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, dijo que 80 por ciento de los casos de feminicidio son causados por una persona cercana y conocida de la víctima, y anunció una iniciativa para el registro de agresores sexuales y feminicidas para que las fiscalías estatales tengan un banco de ADN para uso forense, en el cual se registre información genética de los agresores y sea utilizado para vincular evidencia entre entidades, con apoyo de un grupo de expertos de la SSPC.

La funcionaria dijo también que “en los próximos meses” se va a expedir un protocolo homologado de atención a la violencia de género y violencia feminicida para los primeros respondientes y a la par se va a emprender una certificación policial de los tres niveles de gobierno para que prevengan y atiendan cualquier caso de violencia con los estándares adecuados. 

Cuestionada directamente sobre cómo funcionaria el registro de ADN, Icela Rodríguez respondió: “estamos iniciando apenas la discusión sobre esta propuesta. Por eso decimos nosotros que es una propuesta, una iniciativa que tiene la Secretaría para ayudar en las investigaciones”. 

Cimacnoticias también preguntó a las funcionarias si son vigentes la estrategia “Puertas Violeta” y “Siempre Vivas” que fueron anunciadas por ellas en el pasado, y cuáles han sido sus resultados.

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Al respecto, la titular del Inmujeres  dijo: “hemos estado trabajando de una manera coordinada en diferentes estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres en el marco del protocolo, del modelo del que hablamos, acciones que van desde las redes Mujeres Constructoras de Paz”.  

Es de recordar que desde el inicio de su administración, el gobierno federal lleva enlista una serie de acciones que no han logrado disminuir la violencia y no constan en documentos oficiales, empezando por el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, uno de los documentos más importantes de la administración federal pues contiene las acciones específicas que cada dependencia de gobierno debe realizar para atender esta problemática, y que se publicó oficialmente hasta diciembre de 2021.

Además, desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2018, y hasta el 25 de noviembre de 2021, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Secretaría de Gobernación (Segob) había presentado en conferencia de prensa al menos tres acciones para prevenir la violencia, sin que ninguna conste en algún documento oficial ni exista aún evidencia sobre su impacto, estas son: Puerta Violeta, el Acuerdo Nacional por la Vida, la Seguridad e Integridad de las Mujeres, el Plan Emergente para Prevenir y Sancionar las violencias contra las mujeres y la Red de servicios especializados para mujeres que se llama “Siempre vivas, siempre libres, siempre iguales.

En el caso de la acción “Puerta Violeta”, anunciada por la entonces secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Segob informó a Cimacnoticias vía transparencia que no tenía facultades sobre este programa, llamado también Estrategia Nacional de Protección Integral a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes; el Inmujeres, por su parte, precisó también vía transparencia que para esta acción, que consiste en unidades de atención en los municipios, el gobierno federal únicamente brindó asesoría y acompañamiento a los grupos impulsores locales que han implementado las unidades en el Estado de México, Michoacán y San Luis Potosí, sin embargo, no tenía información específica de cada una de estas unidades. 

El Acuerdo Nacional por la Vida, la Seguridad e Integridad de las Mujeres, por otra parte, fue presentado en abril de 2020 por la entonces titular de la Conavim, la maestra Candelaria Ochoa, ante el Congreso de la Unión pero no formaba una política pública y nunca derivó en un documento oficial. 

Otro caso es el de la Red de Servicios Especializados para mujeres que se llama “Siempre Vivas, Siempre Libres, Siempre Iguales”, presentado este enero de 2021, para el cual la Conavim dijo vía transparencia, que no genera, registra, ni mantiene información al respecto.

En siete años se incrementa violencia contra mujeres

Escrito por Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

Ciudad de México.- En siete años, las muertes violentas de mujeres en México incrementaron 73.3 por ciento, al pasar de 5.9 víctimas al día en 2015 a 9.8 víctimas durante el primer mes de 2022.

De acuerdo con un análisis estadístico del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (CELIG) de la Cámara de Diputados, entre enero y febrero de 2022 se registraron 426 víctimas mujeres de homicidios dolosos y 155 presuntos delitos de feminicidio, lo que en promedio es 10 mujeres asesinadas de forma violenta cada día.

Al comparar la cifra en un periodo de siete años, se observó que las muertes violentas de mujeres en México se han incrementado 73.3 por ciento, al pasar de 5.9 víctimas al día en 2015 a 9.8 víctimas durante el primer mes de 2022.

No obstante, los datos muestran también que 2019 ha sido el peor año para las mexicanas, toda vez que la cifra promedio de mujeres asesinadas cada día fue de 10.4.

Para los años siguientes, esta cifra descendió a 10.2 víctimas en 2020 y 2021, y luego 9.8 víctimas en el primer mes de 2022.

Además de estos datos, el CELIG reportó que entre enero y febrero de 2022 se registraron 2 millones 321 mil 948 llamadas de emergencia al 911, de las cuales 89 mil 898 fueron por violencia familiar, 36 mil 805 por violencia en la pareja, 45 mil 760 por violencia contra la mujer, mil 190 por hostigamiento o acoso sexual, 784 por abuso sexual y 489 por violación.

Es de recordar que en diciembre de 2021, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) rechazó la petición de declarar una Alerta de Violencia de Género a nivel nacional porque este mecanismo de emergencia sólo se aplica en un territorio determinado y porque las peticionarias no presentaron casos concretos de violencia feminicida.

A esto se suma que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para esta administración se publicó en diciembre de 2021.

Pese a Protocolos, normativas y sentencias, madres de víctimas de feminicidio no acceden a justicia

 Escrito por Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

Foto: Cortesía Conavim .-Ciudad de México.- Al participar en el tercer día de la Conferencia Mujer y Seguridad, que organizó la Embajada de los Estados Unidos en México, madres de víctimas de feminicidio, defensoras y autoridades federales reflexionaron sobre los faltantes para procurar una justicia con perspectiva feminista y erradicar la violencia contra las mujeres.

En el foro, moderado por la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanis, las defensoras y madres de víctimas de feminicidio, Irinea Buendía y Norma Andrade, reflexionaron que si bien los asesinatos de sus hijas (uno en el Estado de México y otro en Chihuahua) se convirtieron en casos emblemáticos de violencia contra las mujeres que derivaron en protocolos y sentencias para investigar y juzgar con perspectiva de género, esto no ha garantizado que ellas hayan alcanzado la justicia ni que las instituciones atiendan a las víctimas. 

Por ejemplo, Irinea Buendia, madre de Mariana Lima (cuyo feminicidio ocurrido en 2010 y que logró la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidio), explicó que a siete años de que se ordenó reabrir la investigación por el caso de su hija, el asesino no ha sido sentenciado, por el contrario, no ha existido la debida diligencia: les han cambiado 9 veces de jueces y las audiencias se han diferido hasta alargar el proceso por varios años. 

Buendía dijo que esta simulación por parte de las autoridades busca dejar impune a los asesinatos de mujeres. Buendía también se dijo agraviada por la SCJN, quien en la última actualización de noviembre de 2020 que hizo al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género omitió mencionar la sentencia que llevó a la elaboración de este instrumento y que lleva el nombre de su hija Mariana Lima.

Por estos hechos, la defensora dijo que en junio de 2021 presentó una inconformidad ante la Suprema Corte que hasta el día de hoy no ha sido respondida. Esto representa no sólo un “error jurídico”, dijo Buendía, sino que también es injusto porque las y los jueces que revisen ese protocolo no contarán con la información para analizar otros casos semejantes, además de que las invisibiliza. “Nos revictimiza y borra de un plumazo años de lucha de muchas personas, no solo mía (…) Yo no vengo aquí con gusto, vengo con dolor porque me quitaron un pedazo de mi vida”, dijo. 

Al respecto de esta denuncia, la ministra de la SCJN, Yazmín Esquivel Mossa –también presente en el evento– se comprometió con Irinea Buendía a revisar el caso con las personas encargadas de la actualización del Protocolo a fin de que reintegren la sentencia Mariana Lima. 

La ministra reflexionó sobre este caso que si a pesar de ser “emblemático” sigue impune, qué pasará con los otros que no son tan visibles; y advirtió que si bien se ha conseguido desarrollar protocolos especializados, reformas legislativas y personal capacitado y comprometido al frente de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, es muy poco lo que se ha avanzado en el acceso a la justicia y la erradicación de la violencia.

Esto es así, observó Esquivel Mossa, porque no existe ni capacitación ni criterios homogéneos entre la policía, los Ministerios Públicos y las y los operadores de justicia. “Nos hace falta coordinación, capacitación, homogeneizar los criterios para que todos tengamos exactamente las mismas visiones, capacitaciones, criterios de aplicación y podamos avanzar. El resultado es la impunidad, detalló.

Por su parte, Norma Andrade, madre de Alejandra, asesinada en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua, señaló que si bien en esa época México llamó la atención internacional por la desaparición y asesinato de mujeres en la frontera norte del país, en ninguno de los tres casos que motivaron la sentencia “Campo Algodonero” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha habido detenidos. 

La también defensora y fundadora de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” lamentó que si bien aún ahora hay infraestructura, leyes y protocolos para la atención de las víctimas, las mujeres siguen desapareciendo y luego son encontradas asesinadas. Cuando las madres denuncian la desaparición de sus hijas, dijo, las autoridades dicen aún en 2022 lo mismo que hace 11 años que desapareció su hija: se fue con el novio, espere que regrese o vaya a buscarla. Andrade aprovechó el foro para advertir también que además de la revictimización que viven a manos de las autoridades, las madres de víctimas enfrentan riesgos y amenazas a su vida por su exigencia de justicia. 

Al respecto, la abogada feminista Karla Micheel Salas coincidió en que la justicia es un derecho del cual la mujeres y las niñas no gozan plenamente en este país y recordó que Norma ha esperado por más de dos décadas justicia para su hija Lilia Alejandra pero, además, para que otras mujeres no vivan lo que ellas. 

Salas refirió que las instituciones tienen una gran deuda con las mujeres al no garantizarles un acceso pleno a la justicia, y recordó que México acumula ya 11 sentencias de la CoIDH, seis de las cuales están relacionadas con la violencia contra las mujeres, ya sea por feminicidio, desaparición o violencia sexual, lo que es un indicador de que las mujeres no reciben justicia. 

Frente a este panorama, la abogada pidió avanzar hacia una justicia especializada, es decir, eliminar la idea de la justicia penal y familiar, además de no centrar la política en materia de violencia contra las mujeres en el feminicidio, sino hacer una política más integral que prevenga particularmente la violencia familiar, que dijo, es el delito más común, menos visible y más menospreciado. 

En esto último coincidió la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, quien refirió que la violencia familiar es la denuncia más frecuente en la capital del país. 

La funcionaria señaló que desde su ámbito se ha buscado mayor especialización en la atención de las mujeres pero que aún persisten los retos de homologar los instrumentos para la detección de riesgos de muerte en las mujeres en Centros de Justicia y alcaldías, capacitar al personal, perfeccionar la investigación del delito de feminicidio en la CDMX, y actualizar protocolos. 

En 2021, un total de 111 niñas y adolescentes fueron víctimas de feminicidio, 166 de homicidio doloso, y más de 3 mil 250 de lesiones dolosas, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Cuenta hasta 10”, la naturalización y justificación de la violencia contra las mujeres

 Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

Ciudad de México. Especialistas en derechos de las mujeres criticaron la nueva campaña del gobierno federal “Cuenta hasta 10”, presentada este día por el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, la cual busca prevenir la violencia contra las mujeres durante la contingencia, ya que en su opinión, es lejana a la realidad de las mexicanas, es clasista, está descontextualizada, está repleta de estereotipos y naturaliza o justifica la violencia contra las mujeres. 

Durante la conferencia de prensa a la que citó este 26 de mayo la Secretaría de Gobernación (Segob) para hablar sobre la violencia contra las mujeres, fue presentada la campaña que busca “visibilizar la violencia contra las mujeres y por otro lado mostrar algunas herramientas prácticas a los ciudadanos para enfrentar situaciones difíciles que a veces desembocan o terminan en actos de violencia contra contra las mujeres”. 

En las postales, videos y audios que integran la campaña se ve a familias convencionales al borde de un acto de violencia. El mensaje del gobierno federal es “cuenta hasta 10” y “saca la bandera blanca de la paz”.

La campaña es un fracaso 

La campaña “es un fracaso de la política para prevenir la violencia contra las mujeres. No veo cuál es la estrategia, ni la perspectiva de género ni dónde está el contexto de la realidad de las mujeres”, expresó en entrevista con Cimacnoticias, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), integrado por más de 40 organizaciones que acompañan a víctimas.  

Luz Estrada explicó que cuando se habla de violencia familiar se tiene que explicar el impacto diferenciado entre mujeres y hombres, así como la diversidad de violencias y contextos a los que pueden enfrentarse las mujeres. Por ejemplo, no es la misma realidad la de una mujer indígena que la de una mujer en un contexto urbano, expresó. 

“Si ellos revisaran (el gobierno federal) los peritajes de víctimas de violencia familia se darían cuenta que las mujeres viven círculos de violencia donde las razones muchas veces por las que se mantienen unidas al agresor es la dependencia económica, el miedo a la pareja, a salvaguardar el nombre de las familias como dice Andrés Manuel López Obrador. Decir ‘calma y saca tu bandera de la paz’ me pareció hasta grosero, sin perspectiva”,

María de la Luz Estrada

De acuerdo con la coordinadora del OCNF esta campaña es reflejo que las autoridades no están entendiendo la cultura machista discriminatoria. “Imagínate que sólo sea que contaras 10 y ya acabara la violencia. Muchas mujeres están totalmente sometidas, tienen miedo al agresor. Todos los miembros de la familia pueden tener miedo”, detalló y agregó que las organizaciones de la sociedad civil basan sus campañas incluso en estudios más formales de comunicación.

Esta campaña, dijo Estrada, recordó otras estrategias fallidas para atender la violencia contra las mujeres en México, entre ellas la del silbato rosa para evitar la violencia sexual, de la administración de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno de la Ciudad de México, para la que se gastaron muchos millones de pesos y no tuvo resultados; y la campaña “Cuenta hasta 10”, que publicó Televisa hace 10 años para prevenir la violencia familiar. 

Por su parte, la coordinadora de la Red Nacional de Refugios A.C, (RNR) Wendy Figueroa Morales, dijo que en la campaña hay varias cosas que preocupan, por ejemplo que ponen la atención en el terreno individual como si fuera un asunto de voluntades. 

“Pienso en las mujeres que podrían estar dentro de esta casa. Pedirles que cuenten hasta 10 y esperar me parece que es una campaña que no va acorde a lo que estamos viviendo en el país. Son acciones preventivas pero que no están acercadas a una realidad”, reflexionó. 

La también experta en protección para mujeres víctimas de violencia dijo que, desde su perspectiva, parece que “esta campaña está realizada desde el escritorio y no desde las realidades. Muchas de ellas (las mujeres víctimas de violencia) lo que han hecho ahorita porque les da miedo contagiarse de COVID es guardar silencio para que la violencia no llegue, pero están esperando el momento de salir y buscar opciones”. 

Figueroa criticó, como ejemplo, la frase de una de las postales que integra esta campaña: “Para que la violencia no te gane respira y cuenta hasta 10”. La experta expresó que se requiere identificar que la violencia es un delito y que costó muchísimo tipificarla como tal. “El que la violencia `te gane´ parece ser que es una cuestión que se activa y se desactiva, pero en realidad es un acto brutal. El mensaje vuelve a naturalizar y justificar la violencia contra las mujeres por el hecho del confinamiento. Tenemos que tener claro que la violencia contra las mujeres es antes de la pandemia”, expresó.  

Y agregó que las organizaciones civiles, feministas, los propios organismos internacionales, han solicitado con datos y testimonios propuestas de políticas públicas, pero la solución pareciera estar de acuerdo a esta campaña en contar hasta 10, ausente el enfoque de género, Derechos Humanos e interculturalidad así como acciones puntuales y transversales que garanticen el derecho de las mujeres y niñez a una vida libre de violencias.

La coordinadora de la RNR también criticó que en el mensaje se pide llamar al 911 cuando muchas mujeres refieren que llaman a ese número pero no reciben el servicio de atención que se requiere. “El mensaje no es claro, tampoco asume la responsabilidad de las autoridades del gobierno mexicano para atender, eliminar y sancionar la violencia contra las mujeres” y, agregó, usar la bandera blanca en la campaña es reforzar el mensaje de gobierno sobre la construcción de paz, pero la pregunta es: “¿qué está haciendo el gobierno para garantizar esa paz?” 

Por su parte, la subdirectora de Equis Justicia para las Mujeres, Maïssa Hubert, dijo que la campaña no tiene enfoque de género, son hombres jóvenes y niños violentados y una sola mujer en posición de generadora de violencia. “No nos refleja como víctimas de violencia familiar”; en segundo lugar, la bandera blanca es pedir a la ciudadanía una tregua y una pausa con la violencia, pero esto no cuestiona los factores que provocan la violencia familiar; y el último problema es que la ciudadanía piense bien antes de recurrir a los servicios del Estado para denunciar la violencia.

La doctora en derecho y directora del Instituto de Justicia y Derechos Humanos, Patricia Olamendi Torres, se dijo preocupada por estas campañas porque demuestran que la problemática de las mujeres no se entiende. Coincidió en que es una campaña con un contenido clasista porque sólo plantea un modelo de familia en un estrato social y deja en las mujeres la responsabilidad de prevenir la violencia contra ellas, ya que no plantea ninguna acción de gobierno. 

Para Olamendi esta campaña es un retroceso en el avance sobre los derechos de las mujeres, ya que desde los años 70 ya se identifica la violencia contra las mujeres en México; ya se hicieron leyes, presupuesto, programas y un conjunto de acciones específicas, pero nada de eso se vio reflejado en el material audiovisual presentado hoy. 

La experta precisó que este retroceso se ha mostrado desde el inicio de la administración de López Obrador, ya que ha prohibido cualquier acción conjunta de gobierno con organizaciones de la sociedad civil, ha hecho señalamientos contrarios a los derechos de las mujeres y el movimiento feminista, y varios de los esfuerzos en este tema han concluido. 

“Lo peor es que lo están pagando muchas mujeres. Es una campaña que hubiera tenido sentido en los 60, ya que no se hablaba de la violencia contra la mujer, pero no ahora”, y agregó que lo que se esperaba del gobierno federal era una política pública muy concreta, relacionada con el presupuesto para que todos los programas para atender la violencia contra las mujeres se ejecuten durante la pandemia, ampliar juzgados especializados para la violencia, formar policía experta, formar más casas de transición, medidas más radicales para la detención inmediata de los agresores, y más apoyo a organizaciones sociales, pero esto no sucedió.

Al ser cuestionado sobre el fundamento para generar esta campaña, Jesús Cuevas expresó que lo revisó con mujeres y organizaciones. Ninguna de las expertas consultadas para esta nota fue invitada a participar en la evaluación de esta campaña, por el contrario, coinciden todas en que el gobierno federal actual las ha excluido de la planeación de las políticas públicas. Cimacnoticias consultó a Presidencia pero no hubo respuesta.

20/AJSE/LGL

Grupos feministas demandan rediseñar, por fallida, la campaña Cuenta hasta 10

Invisibiliza las agresiones que sufren, argumentan

Inmujeres aclaró que se centra en la convivencia familiar y será complementada

Organizaciones feministas demandaron que se rediseñe la campaña Cuenta hasta 10, que lanzó el martes pasado el gobierno federal para hacer frente a la violencia contra las mujeres dentro de los hogares. Coincidieron en que invisibiliza las agresiones que sufren, individualiza el problema y además es reciclada de una iniciativa utilizada en los años 80 del siglo pasado.

Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) defendió la campaña, al mismo tiempo que reconoció que el contenido se concentra en la convivencia familiar, y añadió que será complementada con mensajes dirigidos específicamente a la violencia contra las mujeres.

Contar hasta 10 para contener las agresiones, como invita la campaña, no funciona cuando el agresor golpea a una mujer o cuando la violenta sexualmente, señaló Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR). Un mensaje así no sólo la revictimiza, sino que sigue perpetuando estos estereotipos de ser ella la que tiene que detener la violencia y de alguna forma fomenta la culpa. Es carente de un enfoque de género y de derechos humanos.

Maïssa Hubert, subdirectora de Equis Justicia para las Mujeres, expuso que el video y las imágenes de la campaña no reflejan que ellas son las principales víctimas de la violencia familiar. El contenido sólo presenta a una persona del género femenino que además está a punto de ejercer violencia y se nos pide una tregua al plantear que se levante una bandera blanca.

Friné Salguero, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), calificó de desafortunada la iniciativa, refrito de una campaña de los años 80 que estaba enfocada a la violencia infantil y que no tuvo ningún resultado positivo. Es poco efectiva y además nos parece que constituye un caso de violencia institucional desde el Estado.

En tanto, en el conversatorio virtual Hogar ¿dulce hogar?, la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, dijo que el eslogan “No pierdas la paciencia: respira y… cuenta hasta 10”, es un recurso que parece muy reciclado, pero realmente es una técnica simple que da todo mundo. La campaña, añadió, puede gustar o no pero la idea es un poco esta reflexión de que casi todos estamos estresados y sí necesitamos reconocerlo y trabajarlo.

Ana Pecova, directora de Equis Justicia para las Mujeres, refirió que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, nueve de cada 10 personas agredidas por un familiar son del sexo femenino.

Respecto de los asesinatos de mujeres, dijo, uno de tres se cometió en el hogar; en el caso de los hombres la proporción es uno de 10.

Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Violencia contra mujeres, una realidad más allá de estereotipos

 Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

Ciudad de México. A pesar de las cifras oficiales y las críticas de las organizaciones civiles que acompañan a mujeres víctimas de violencia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a negar que la violencia contra las mujeres haya aumentado en el país durante el confinamiento por la nueva pandemia y aseguró que 90 por ciento de las llamadas al 911 (que registraron un aumento durante la Jornada de Sana Distancia) son falsas.

En conferencia de prensa de este 15 de mayo, una periodista preguntó al presidente sobre las políticas públicas y los recursos destinados a prevenir la violencia contra las mujeres. La reportera incluyó en sus preguntas datos oficiales del Secretariado Ejecutivo. 

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En respuesta, el mandatario federal declaró que “No precisamente por el retiro a las casas ha habido más violencia. Eso puede ser que suceda en otros países, pero la familia mexicana es distinta. Nosotros estamos acostumbrados los mexicanos a convivir, a estar juntos”.

Y agregó: “90 por ciento de esas llamadas (al 911) son falsas. Está demostrado. Esto no es sólo por tratarse de llamadas por maltrato contra las mujeres. (…) Si yo tuviera esa información del incremento de la violencia, pues la tratamos”.  

El mandatario argumentó que en otras partes del mundo, como Estados Unidos, “que no existe esta tradición, esta cultura”, puede ser que durante el aislamiento se provoquen agravios, confrontación y violencia, pero no es el caso de nuestro país. “Cuidado con los estereotipos, con teorías de aplicación general. Yo me rebelo ante eso”, declaró. 

El pasado 6 de mayo, López Obrador también negó que la familia fuera uno de los ámbitos donde ocurre la violencia contra las mujeres, ya que –de acuerdo con el jefe del Ejecutivo- en México “la familia es fraterna”. 

Esto provocó que decenas de organizaciones civiles que acompañan a víctimas, entre ellas Equis Justicia para las Mujeres, la Red Nacional de Refugios y el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, emitieran comunicados y cartas dirigidas a él para enfatizar que la violencia contra las mujeres no sólo es una realidad en México reconocida en la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), sino que nuestro país no cuenta con políticas de Estado capaces de garantizar atención para las víctimas. “Negar violencia contra las mujeres, la agudizará “, condenaron las feministas.

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Las otras cifras

Al rechazar el aumento de la violencia, el Presidente dijo en la conferencia de hoy que sus fuentes son las reuniones diarias con el gabinete de seguridad y presentó una gráfica con el número de víctimas reportadas por el delito de homicidio en el país, con datos desagregados por número mujeres. 

La gráfica demuestra que el pico de víctimas ha sido de 18 y 17 casos al día, reportados el 3 de enero, el 26 de abril y el 3 de mayo; es decir, durante los meses de la contingencia se han registrado los tres picos más altos de reportes de mujeres víctimas de homicidio en el país. 

Con respecto a que 90 por ciento de las llamadas recibidas al 911 son falsas, el presidente aseguró que esta información se dio la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Guzmán. No obstante, ambas funcionarias han señalado en otras vías que la violencia contra las mujeres sí ha aumentado durante la pandemia.

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Asimismo, el Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública reportó que durante el mes de marzo, el primer mes de la Jornada de Sana Distancia, disminuyó el número de carpetas de investigación iniciadas por feminicidio en todo el país pero hubo un aumento de mujeres víctimas de homicidio doloso entre febrero y marzo al pasar de 219 víctimas a 254 en el último mes, la cifra más grande reportada durante este 2020. 

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, los delitos contra la libertad y la seguridad sexual, como abuso, acoso, hostigamiento sexual o violación también aumentaron: pasaron de 5 mil 239 carpetas de investigación iniciadas por estos delitos en febrero a 5 mil 786 para marzo. 

En general, el número de víctimas mujeres aumentó durante el primer mes de confinamiento en delitos como lesiones dolosas, extorsión, corrupción de menores y trata de personas. 

El número de llamadas de emergencia al 911 exclusivamente por violencia contra las mujeres se disparó durante la contingencia al pasar de 21 mil 727 llamadas en febrero a 26 mil 171 en marzo de 2020. Este reporte de llamadas al 911 precisa que aunque no se trata de denuncias formales, todas son llamadas consideradas “reales”.

De acuerdo con datos recopilados por el CIEG, del 1 al 26 abril de 2020 se recibieron 611 llamadas a la Línea Mujeres, de Locatel; violencia de género en el ámbito familiar fue la clasificación que más llamadas recibió con 608 registros. 

La Red Nacional de Refugios, por su parte, reportó que del 17 de marzo al 20 de abril brindó atención a 2 mil 633 mujeres, 57 por ciento de las mujeres atendidas dijo haber vivido violencia por parte de sus parejas o esposo. La RNR ha dicho que 19 por ciento del total de las mujeres que reciben señalaron que antes de llamar a un refugio buscaron apoyo en las instituciones de gobierno pero no la recibieron. 

Luego de las declaraciones de esta mañana de López Obrador, la organización Equis Justicia y la diputada federal, Martha Tagle declararon en redes sociales que en lugar de minimizar las violencias contra mujeres, se requiere que el Ejecutivo implemente políticas públicas urgentes para salvar la vida de las mujeres.

Cimacnoticias buscó en días pasados a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para que explique con detalle cómo opera el 911 para atender la violencia contra las mujeres, pero hasta este día no ha habido respuesta.

Negar violencia contra mujeres durante pandemia agudizará problemática, advierten OSC

 Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

CIMACFoto: César Martínez López

Ciudad de México. Decenas de organizaciones civiles y feministas desmintieron con datos oficiales las declaraciones del Presidente de México respecto al no incremento de la violencia contra las mujeres durante el confinamiento por COVID-19,y advirtieron que la omisión e inoperancia de instituciones federales, como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para frenar la violencia que viven mujeres y niñas mexicanas, podría agudizar esta problemática durante la pandemia.

En un comunicado, el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF) conformado por 44 organizaciones civiles, criticó las declaraciones que hizo Andrés Manuel López el pasado 6 de mayo al rechazar que la violencia contra las mujeres haya aumentado durante la contingencia sanitaria por el COVID-19. 

“No ha aumentado la violencia contra las mujeres en cuarentena, hay mucha fraternidad familiar”, habría declarado el Presidente a pesar de que el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que de enero a marzo han sido asesinadas 960 mujeres, de los cuales solo 240 de los casos se han investigado como feminicidio.

Al respecto, el Observatorio dijo que es intolerable la negación, invisibilización e inacción frente a la violencia feminicida en México, ya que podría agudizar la violencia que viven mujeres y niñas mexicanas. El Observatorio advirtió que tan solo en el primer trimestre del año, las propias autoridades federales registraron 67 mil 81 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres: 19 mil 183 en enero; 21 mil 727 en febrero y 26 mil 171 en marzo, es decir: 56 por ciento más que en el primer trimestre de 2019, en el que se registraron 42 mil 896. Es decir, un aumento de 24 mil 185 llamadas de emergencia. 

“Este número refleja solamente a las mujeres víctimas de violencia que pudieron hacer una llamada (pues están conviviendo con el agresor, quien suele incomunicar a la mujer y a menudo confiscarles el teléfono). Las llamadas fueron confirmadas por el SESNSP como reales y son relacionadas con violencia familiar, violencia de pareja, violación, abuso sexual, acoso y hostigamiento sexual”, precisó el Observatorio. 

A esto se suma que, de acuerdo con la Red Nacional de Refugios A.C. “los 69 espacios de prevención, atención y protección con los que cuenta se encuentran al 80 o hasta el 100 por ciento de su capacidad y no se han proporcionado recursos extraordinarios para que hagan frente a la contingencia sanitaria”. En el caso del feminicidio, el promedio de mujeres que han sido asesinadas en lo que va del año es de 10.54 mujeres al día. 

En paralelo, más de 40 feministas circularon un video llamado “Nosotras tenemos otros datos”, en el que destacaron algunas cifras de fuentes oficiales: 10 casos de feminicidio al día; 155 llamadas al día al 911 por violencia familiar; más de 20 mil denuncias durante el confinamiento por violencia familiar, de las que 90 por ciento quedan impunes.

“Señor Presidente, sus declaraciones, decisiones y omisiones fortalecen la impunidad y normalizan la violencia contra las mujeres, niñas y niños, al negar e ignorar el peligro que viven en los hogares. Hacemos un llamado a usted y a los 32 gobiernos de las entidades federativas para atender de manera urgente la situación de violencia que viven mujeres, niñas y niños, y a instrumentalizar medias efectivas de emergencia para garantizar la atención y protección de las víctimas”, expresaron las mujeres.

Omisión e inoperancia de la CONAVIM y otras dependencias

La red nacional del Observatorio, conformada por organizaciones de la sociedad civil ubicadas en 24 estados de la República, analizó que al quedarse sin trabajo, la mayoría de las familias viven contextos de preocupación, falta de empleo, falta de alimentos, economías precarias, etc. lo que incrementa la vulnerabilidad de las mujeres y niñas al enfrentar diferentes tipos de violencia, como: económica, psicológica, emocional, física, sexual e incluso feminicida. 

Pero a este contexto se añade la imposibilidad de que las mujeres denuncien las agresiones en su contra, y quienes se atreven enfrentan la negación de las autoridades para tomarles la denuncia, señaló la red de organizaciones. De acuerdo con sus datos, han documentado el incumplimiento de obligaciones de las pensiones alimenticias, sustracción de menores, retos, incumplimiento y riesgo para el cumplimiento de la guardia y custodia de menores.

A pesar de este contexto, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) prevalece ausente, insensible e inoperante, calificó el Observatorio, ya que en lugar de acciones estructurales, contundentes y tangibles en esta cuarentena, ha difundido información que fomenta y reduce a las mujeres a la realización de acciones que reproducen los estereotipos de género, como la difusión de recetas de cocina, la responsabilidad de los cuidados familiares, entre otras. 

Otra prueba de estas omisiones por parte de las autoridades de gobierno, criticó el Observatorio, es que desde inicios de este año, diferentes actores políticos como el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, o el Titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Gerardo Laveaga Rendón, han manifestado la intención de modificar el tipo penal de feminicidio, proponiendo incluso su desaparición. 

Acciones urgentes

Por ello, el Observatorio exigió al gobierno federal una serie de acciones para prevenir y atender a las mujeres víctimas de violencia durante la pandemia, entre ellas que generen mecanismos de fácil y urgente acceso a las órdenes de protección para salvaguardar la vida e integridad de las mexicanas e impulsen medidas urgentes y extraordinarias para que ellas, sus hijas e hijos, prevalezcan en sus casas mientras que sus agresores salgan de los hogares para frenar dicha violencia. 

Asimismo pidieron hacer rondines constantes en comunidades y ciudades, particularmente en los domicilios de las mujeres con órdenes de protección, y difundan de diversas formas y medios el nombre, contacto, dirección y horarios de atención de las instancias encargadas de atender a las mujeres víctimas de violencia, tomando en cuenta la perspectiva intercultural, para que pueda ser accesible a la mayoría de las mujeres. 

Urgió a que se etiqueten presupuestos adicionales para atender los impactos negativos de la pandemia en la vida de las mujeres y niñez, y dijo que reprueba cualquier intento de reducción a los presupuestos destinados para atender a las mujeres que sufren violencia, como el negado a las Casas de las Mujeres Indígenas (CAMI) el pasado 3 de abril 2020. 

El Observatorio exhortó en concreto a los operadores de justicia a continuar las audiencias, aunque sea de manera virtual, pues lo que estamos viviendo no es un periodo vacacional, y exigió a la Conavim a hacer público el plan de acción que emprenderá para atender a las mujeres en el contexto de la pandemia del Coronavirus. 

También pidieron que a la brevedad, Conavim informe el estado actual de la implementación de las 20 Alertas de Violencia de Género (AVG) declaradas y las 6 que están pendientes, y exigieron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas atiendan de manera prioritaria a las víctimas, y se garantice el acceso a la Norma 046 para que el derecho a decidir de las mujeres sea una realidad . 

El Observatorio hizo un llamado particular a la Cámara de Diputados/as y al Senado de la República para que las modificaciones al tipo penal del feminicidio y a la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) sean progresivas y sin retrocesos. 

“Asegurar que ‘hay mucha fraternidad familiar’ significa mitificar la violencia y reproduce estereotipos de género que tienen a las mujeres en la opresión y las acciones que las autoridades implementen pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, por lo que es necesario que el Gobierno Federal y las/los servidores públicos del país dimensionen que la violencia feminicida también es una situación grave y urgente”.

Gobierno federal continúa sin programas claros con acciones específicas para mujeres por COVID

Escrito por Anayeli García Martínez 

Ciudad de México. Aún cuando desde el pasado 24 de abril, todos los días la Secretaría de Economía presenta un informe sobre los apoyos económicos entregados durante la pandemia del COVID19, el gobierno federal no tiene un programa claro que contemple acciones específicas para las mujeres, aseguró la doctora en Economía, Patricia Rodríguez López.

La también investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso en entrevista con Cimacnoticias que desde que comenzó la administración de Andrés Manuel López Obrador, en 2018, el plan económico se enfocó en implementar programas sociales y la entrega subsidios directos a determinados grupos de personas.

Aquella estrategia, dijo, se complementó con su protección a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero sus prioridades no han cambiado en el contexto de emergencia sanitaria, ni siquiera considerando que organismos internacionales estiman un crecimiento de -0.70 por ciento según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de hasta -6.50 según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En este contexto, esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ante la pandemia se implementó una política económica distinta a lo de siempre, sin deuda, con austeridad y enfatizó la importancia de los programas Crédito a la palabra, que se entrega a empresas familiares y pequeñas y medianas empresas que tienen trabajadores en el IMSS.

Desde el pasado 24 de abril, por las tardes la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, encabeza las conferencias de prensa donde informa el avance de los principales programas de transferencias a empresas y familias afectadas por la crisis económica que se desató durante la pandemia del COVID-19.

Créditos a empresas familiares

Las acciones de las que se informan primordialmente son tres. Primero los “Créditos a la palabra”, un programa para otorgar un millón de créditos a pequeños y medianos negocios. Son apoyos financieros de 25 mil pesos y las personas que lo reciban deberán reembolsarlo a partir del cuarto mes y pagarlo en 33 meses.

Entre los beneficiarios, según la Secretaría de Economía, hay misceláneas, negocios de antojitos, cocinas económicas, venta de cosméticos, salones de belleza y otros negocios, encabezados por mujeres, como ha dicho Márquez Colín.

Créditos a empresas con IMSS

Otro parte de este programa de créditos es para patrones. También se trata de un millón de créditos de 25 mil pesos para patrones que, con corte al 15 de abril de este año, hayan conservado el promedio de su plantilla laboral de los meses de enero, febrero y marzo de 2020.

Cuatro meses después de que han recibido el crédito tienen que empezar a pagar el capital y los intereses por un monto de 823.7 pesos al mes durante tres años, cifra que ya considera la tasa de interés del seis por ciento.

Sorteos del ISSSTE

Una acción más que informa la Secretaría de Economía son los sorteos de préstamos para 165 mil 765 personas trabajadoras, jubiladas y pensionados del  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), durante el periodo del 21 de abril al 30 de abril. También existe la opción de que personas afiliadas al ISSSTE se inscriban para entrar en el sorteo.

Como se trata de un préstamo que queda a la suerte, las personas ganadoras pueden decidir aceptarlo o rechazarlo. Los montos de los préstamos que se otorgan varían y pueden ir de 20 mil 700 pesos hasta 212 mil pesos. Las y los interesados pueden entrar a la página web de la institución para calcular cuánto y cómo deben reembolsar el préstamo.

La economista Rodríguez López, explicó que el plan del gobierno federal sigue centrado en las transferencias, por medio de estos créditos o con el adelanto de cuatro meses de las pensiones para adultos mayores.

Programas sin claridad

El gasto más publicitado, agrega la académica, han sido los Créditos a la palabra, que benefician a personas que están inscritas en una base de datos realizada por simpatizantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) durante el periodo de transición. Hasta el momento no hay suficiente información de este programa, de cuántas mujeres son atendidas y la metodología es muy cuestionable, además de que los montos son muy bajos. 

A la falta de claridad se suma que, aún cuando todos los días las autoridades dan un informe, la economista advierte que no es un programa a la altura de los problemas económicos de México.

Por ejemplo, para abril de 2010, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que la tasa de informalidad de las mujeres era de 57.6; es decir muchas de las trabajadoras no cuentan con IMSS ni ISSSTE; y para 2019 sólo 5 por ciento de las personas ocupadas eran empleadoras.

La especialista consideró que el gobierno también debería estar enfocado en que exista demanda de productos y servicios una vez que concluya el distanciamiento social. Por otra parte, consideró que si antes el Ingreso Básico Universal se veía como una locura, hoy debe ser una propuesta sería de análisis, para ver si es viable hacer estas transferencias condicionadas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Socia (Coneval), en 2018 sólo 22.3 por ciento de las mujeres tenían un ingreso superior a la línea de bienestar. En este contexto, la académica mencionó que garantizar ingresos a las mujeres también ayuda a su autonomía e independencia económica para que hagan los gastos que consideren necesarios.