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5/16/2026

Buscan retirar patria potestad a feminicidas con Ley Monzón en Código Civil Federal

 

La nueva iniciativa sobre la Ley Monzón ya fue turnada a la Comisión de Justicia, mientras que el anterior proyecto aun no es votado por el Pleno de la Cámara de Diputados, pese a que fue presentada en septiembre de 2025. Fue en marzo de este año que la colectiva Por Las Mujeres de Puebla instaron a Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, instancia que decide los asuntos a votar por las diputadas y diputados, pasar la Ley Monzón como un tema prioritario.

Con ello, se esperaba que antes de que terminara el mes se pudiera discutir esto como parte de un compromiso de someter a votación el asunto. A su vez, solicitaron «solidaridad» a la diputada Anais Miriam Burgos Hernández, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género para llevar a cabo la aprobación de la Ley Monzón a nivel federal, pero por ahora la funcionaria se encuentra con un permiso de licencia indefinido a la par que 94 iniciativas por los derechos de las mujeres están congeladas.

A una semana de que terminara el periodo de sesiones legislativas, la Ley Monzón no fue sometida a votación. Ricardo Monreal compartió en sus redes sociales la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario antes de que concluya el mes de mayo con la finalidad de reformar la Constitución Política o atender temas relacionados con la ley en materia electoral, seguros y finanzas, buró de crédito, inteligencia artificial y una nueva ley de migración.

CIMAC Foto

La Ley Monzón fue impulsada por Helena Monzón, hermana de la abogada penalista y activista feminista Cecilia Monzón quien fue víctima de feminicidio en el estado de Puebla durante 2022 por el político priista Javier López Zavala como el autor intelectual, quien también fue su ex pareja y padre de su hijo. El 24 de diciembre de 2025, un tribunal declaró culpable al funcionario después de 80 audiencias y varios intentos del feminicida para evadir la justicia.

El 2 de marzo de 2023, el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad la Ley Monzón y, desde entonces, ya suman varias entidades que la aprobaron como Colima (2023), Sinaloa (2023), Ciudad de México (2023), Nayarit (2023), Estado de México (2023), Tlaxcala (2024), Tabasco (2024), Quintana Roo (2024), Oaxaca (2024), Chiapas (2025), y Baja California Sur (2025).

“Su caso evidenció la necesidad de proteger a las y los hijos de mujeres víctimas de feminicidio, ya que el responsable del delito intentó mantener la custodia del hijo que compartían”, expresa la legisladora. De ahí la importancia que esta reforma se contemple dentro del Código Civil Federal, a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.», señaló la diputada María Isidra De la Luz Rivas del Partido del Trabajo (PT).

La nueva iniciativa sobre Ley Monzón

De acuerdo con la iniciativa, se busca modificar los Artículos 444° y 444° Bis del Código Civil Federal, los cuales abordan los motivos por los cuales una persona puede perder la patria potestad de la niña, niño o adolescente, entre ellos, destacan los casos de divorcio, malos tratos, abandono, agresiones contra la salud o seguridad o cuando la persona sea condenada por un delito.

También prevé que la patria potestad sea limitada cuando la persona en cuestión incurra en conductas de violencia familiar o violencia a través de interpósitas personas. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que tan solo en lo que va del 2026 se reportaron 62 mil 18 casos de violencia familiar; mientras que, la organización Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria (FNCVV A.C.) identificó al menos 4 mil 802 casos de violencia vicaria a nivel nacional. 

El proyecto de la diputada María Isidra De la Luz Rivas busca añadir los señalamientos por el delito de feminicidio o tentativa de feminicidio como uno de los supuestos para que una persona pueda perder el derecho a relacionarse con las hijas o hijos en común con la víctima garantizando el interés superior de la niñes, además, se podrá realizar el procedimiento sin interponer una solicitud siempre que se acredite la violencia y que la persona en cuestión se encuentre vinculado a proceso por estos delitos.

En México, el feminicidio es una de las violencias con más incidencia contra las mujeres. El SESNSP reporta que en este 2026 ya suman 148 casos de feminicidio, no obstante, el país cerró el 2025 con 721 mujeres asesinadas. Sinaloa, estado de México, Chihuahua, Ciudad de México y Veracruz lideraron la lista de entidades con mayor incidencia logrando cambios históricos, ya que el primer estado logró desplazar en solo un año al segundo, en donde históricamente ocurre esta violencia con mayor frecuencia.

CIMAC Foto

De acuerdo con la diputada María Isidra De la Luz Rivas, aunque el sistema penal tipifica la muerte violenta de una mujer por razones de género como el feminicidio, en el país se necesita legislar en beneficio de quienes resulten directa o indirectamente afectados por esta violencia como son las niñas, niños y adolescentes.

Hasta ahora, México no tiene un registro oficial que proporcione un panorama sobre la situación que atraviesan las infancias en orfandad por feminicidio.

Se trata de una deuda pendiente del Estado como parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso García Andrade y otros Vs. México emitida el pasado 19 de diciembre del 2025 en donde se pidió como una de las medidas reparatorias la protección de estas niñas, niños y adolescentes. En 2024, ya extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer a raíz de una solicitud de transparencia que había al menos 5 mil infancias en orfandad por feminicidio registradas entre abril del 2018 y marzo del 2021 por las fiscalías de los estados.

4/18/2026

México avanza en Senado ley contra el feminicidio; comisiones avalan iniciativa

 By  

Popr Darylh Rodríguez. Contralínea_Resumen Latinoamericano 10 de abril 2025.

En el Senado de la República, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios legislativos y Para la Igualdad de Género aprobaron la modificación a la Constitución con el propósito de crear una nueva ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio, y, con ello, erradicar este delito y acabar con la impunidad.

La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, plantea reformar el Artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión el expedir una ley general en materia de feminicidio. De esta manera, el delito podrá ser homologado como tipo penal en todas las entidades federativas, al igual que su tipificación, investigación, persecución y parámetro de sanciones.

Actualmente, cada estado cuenta con una legislación particular, por lo que en el Código Penal Federal existen diferencias en las sanciones de dicho delito. En este marco, la iniciativa busca homologar los protocolos de investigación en todo el país para así garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio, e incorporar de manera obligatoria la perspectiva de género en cada etapa del proceso.

Al respecto, la presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, la senadora Martha Lucía Mícher Camarena expuso esta disparidad de criterios y tipos penales que existen en el país. “Solo en nueve códigos penales de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas se contemplan las mismas razones de género del tipo penal que se establece a nivel federal; mientras que en los 23 estados restantes hay diferencias, aumentando, incluso reduciendo, las razones de género. Recuerden que las razones de género son situaciones objetivas que pueden ser demostrables, verificables y que constituyen precisamente un elemento para decidir que se realizó feminicidio, y las penalidades también varían”.

Con ello, Mícher afirmó que la reforma responde al contexto actual mexicano, así como a los marcos internacionales, pues según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en la región se han cometido al menos 19 mil 100 asesinatos por razones de género a mujeres y niñas en los últimos cinco años.

4/11/2026

Encarcelan a 13 militares por feminicidio de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa. Hay otros 39 casos

 

Lo más preocupante es que el caso de Leidy y Alexa no es un hecho aislado. En Sinaloa, al menos hay otras 39 niñas, niños y adolescentes quienes han sido asesinados desde que se agudizó la disputa entre los grupos criminales identificados como los chapitos y la mayiza.

Recordemos que el 6 de mayo de 2025, Leydi y Alexa viajaban junto a sus familiares, Saúl, de 45 años; Anabel, de 40; Gael, de 12, y otra menor de edad, a bordo de una camioneta por el municipio de Badiraguato, Sinaloa, cuando fueron interceptados por elementos del Ejército y atacados con armas de fuego que terminó con la muerte violenta de las niñas.

La muerte violenta de estas niñas ocurrió en un contexto de militarización en la seguridad pública en el territorio mexicano, una estrategia implementada desde la administración de Felipe Calderon (2006-2012) cuando se declaró la “guerra contra el narcotrafico” y se desplegaron elementos Ejército Nacional para hacer frente a la delincuencia organizada.

Dicha estrategia se intensificó en los gobiernos de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y continúa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Fue en 2019 cuando se implementó la creación de la Guardia Nacional y en 2024 pasó a ser de la Fuerza Armada.

Desde este último periodo de militarización, el monitoreo del Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) y la Universidad Iberoamericana, entre 2019 y 2024, registraron 22 mil 944 asesinatos de mujeres por violencia homicida superando los 29 mil 833 casos documentados entre 2007 y 2018.

Dichas muertes son consideradas como feminicidio tomando en cuenta que, pese a que se desconoce mayor contexto de cómo ocurrieron estas muertes, el monitoreo del Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) y la Universidad Iberoamericana especifica que sí sucedieron de forma violenta, por lo que deben ser consideradas como tal de acuerdo a lo establecido por la sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada bajo una visión de género.

Los casos de feminicidio de mujeres en zonas militarizadas tampoco es una coincidencia, pues en estados como Sinaloa los casos repuntaron. Por primera vez, en 2025 dicha entidad superó con 69 casos al estado de México quien lideraba la lista de estados con mayores feminicidio en México.

Anteriormente, Cimacnoticias documentó que el repunte en Sinaloa pudo deberse al incremento de violencia asociada al inicio de la guerra interna del crimen organizado registrada desde principios de septiembre de 2024 entre las facciones conocidas como “los mayitos” y “los chapitos”, ambos grupos fundados por Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán Loera, quienes actualmente se encuentran presos en Estados Unidos.

«El caso de Leidy y Alexa pone rostro a los efectos más lesivos y dolorosos de la política de despliegue militar, sin controles efectivos, en contextos de alta vulnerabilidad y violencia. También, es un reflejo de la necesidad de que, desde las más altas autoridades, se emitan mensajes claros de que este tipo de hechos no pueden volver a repetirse.» -Centro Prodh.

Justicia por Leidy y Alexa

Fue el pasado 6 de abril de este 2026 cuando los elementos de la SEDENA fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio de las dos niñas de 11 y 7 años, así como la tentativa de homicidio de un adolescente de 14 años, otro de 12 y dos adultos más, todos eran integrantes de una misma familia. Aunque al principio se declaró que el ataque ocurrió en medio de un enfrentamiento, dicha versión nunca fue desmentida por las autoridades.

Por al acompañamiento del Centro Prodh, la familia de las niñas denunció el uso ilegítimo y arbitrario de las fuerzas armadas ante instituciones de procuración de justicia; sin embargo, la organización advirtió que durante el proceso la jurisdicción militar abrió una investigación pese a las advertencias de los estándares internacionales sobre el uso indebido del fuero militar en casos de violaciones derechos humanos.

Fue el pasado 31 de marzo cuando las víctimas fueron notificadas sobre la ejecución de las órdenes de aprehensión contra 13 elementos de la SEDENA, específicamente del Ejército mexicano. Centro Prodh informó que, durante la audiencia, las Agentes del Ministerio Público Federal que están adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de la FGR presentaron pruebas que confirmaron el uso de fuerza de forma injustificada contra la familia.

Esto contravino lo establecido en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y la instancia acreditó que se trató de una actuación dolosa; por el contrario, la defensa de los 13 elementos, aludieron que el actuar de los militares correspondió al contexto de violencia que se vive en el estado de Sinaloa en el cual hubo alerta y nerviosismo.

El Juez de Control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en los Mochis, decidió vincular a proceso a los elementos del Ejército mexicano por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa bajo la figura del dolo eventual, según describió el Centro Prodh.

Para la organización, el motivo principal para esta decisión fue que los elementos cuentan con «adiestramiento y formación en el uso de la fuerza y existía una alta previsibilidad del resultado letal que ocasionaría el accionar sus armas en contra de la camioneta en la que transitaba la familia, además de no actualizarse alguna causal de exclusión de responsabilidad«.

La organización también informó que los padres y madres de Leidy y Alexa estuvieron en la audiencia y manifestaron cómo el asesinato de las niñas interrumpió su proyecto de vida y pidieron acceder a la juncia de forma diligente y expedita.

Ahora se espera que la FGR continúe perfeccionando la indagatoria en las siguientes etapas de la investigación complementaria y que el Poder Judicial de la Federación lleve a cabo un proceso apegándose al respeto por los derechos humanos.

«Que demuestre su independencia en casos relacionados con Fuerzas Armadas. La expectativa es que todas las instituciones estén a la altura del desafío que implica garantizar verdad y justicia en el homicidio de dos niñas a manos de elementos castrenses, en un contexto donde en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares la constante es la impunidad» -Centro Prodh.

A 4 años de caso Debanhi, FGR no acredita el feminicidio


Escrito por Wendy Rayón Garay
Cimac Foto.- 

Ciudad de México.- Este 9 de abril del 2026 se cumplen cuatro años de la desaparición y posterior feminicidio de Debanhi Susana Escobar en Nuevo León; sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR), no ha podido reclasificar la investigación como un caso de feminicidio y la actual fiscal Ernestina Godoy Ramos no ha tenido acercamiento con la familia, así lo denunciaron Dolores Bazaldúa y Mario Escobar en entrevista para Cimacnoticias.

A cuatro años de lo sucedido con esta joven, las autoridades tanto federales como la locales responsables del caso no han podido acreditar el feminicidio a pesar de la Sentencia Mariana Lima Buendía emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se logró que el 25 de marzo de 2015 el máximo tribunal del país ordenó investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidio, juzgar con perspectiva de género y lo más elemental: reabrir el caso de Mariana.

Cabe recordar que, en marzo de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el delito de Feminicidio con la finalidad de homologar los criterios para tipificar el delito. En su propuesta, apoyada por la ahora fiscal Ernestina Godoy, se especifica que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio, no obstante, en este caso no se ha hecho posible la acreditación del delito.


«Un día como hoy, hace cuatro años, Debahni salió de nuestra casa y después de doce días la encontramos. Hay muchos sentimientos encontrados y en ese sentido traemos mucho coraje, mucho sentimiento, mucha frustración porque no han pagado los que tienen que pagar», describe el señor Mario Escobar al otro lado del teléfono con una voz agotada después de cuatro años sin obtener justicia por el feminicidio de su hija.

Fue el 8 de abril de 2022 cuando Debanhi Escobar salió de su casa a una fiesta en Escobedo, Nuevo León, con dos de sus amigas. Durante la madrugada del 9 de abril la joven desapareció tras salir del sitio, aunque fue hasta el 21 de abril que, tras varios días de búsqueda, fue encontrada sin vida en el Motel Nueva Castilla.

Lo que sucedió entre esos días ha sido investigado por diversas autoridades y por la propia familia, como resultado existen dos carpetas de investigación: una federal en la que se indaga específicamente la desaparición y asesinato de la joven, y otra estatal contra autoridades locales de Nuevo León por «encubrimiento y falsedad de declaraciones», según asegura el señor Mario Escobar.

La carpeta estatal continúa en fase intermedia, (entre la investigación inicial y el juicio oral), la madre y padre de la joven atribuyen que se trata de una «cuestión política y administrativa del gobierno de Nuevo León» pues hubo cambios administrativos donde las investigaciones se detuvieron. Ahora se espera que la carpeta pase de ese proceso para señalar las responsabilidades contra las autoridades acusadas.

En palabras de Mario Escobar serían: el entonces fiscal Especializado en Antisecuestros, Javier Caballero García y titular de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, Rodolfo Salinas de la Peña, así como Fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres en Nuevo León, Eduardo Villagómez el médico forense que realizó la primera autopsia, así como todo el personal que«omitió toda la información» y autoridades que tuvieran alguna responsabilidad.

Fotografía retomada de @debahni.escobar.bazaldua en Instagram

La FGR atrajo el caso de Debahni dos años atrás como parte de la promesa que hizo el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador quien se comprometió a la «no impunidad» y a brindar verdad a la familia. Hasta ahora, la instancia no ha aceptado tipificar el caso como feminicidio, pese al contexto en el que ocurrió su desaparición, muerte y todas las investigaciones recopiladas en los últimos cuatro años.


Dolores Bazaldúa y Mario Escobar compartieron que hasta el momento hay cuatro versiones sobre la tipificación. La primera indicaba «un accidente» como señaló la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. Dicha versión se vino abajo cuando se realizó una segunda autopsia y necropsia. Incluso cuando se hizo la exhumación del cuerpo de Debanhi Escobar, en junio de 2022, y se confirmó que no era posible que esa fuera la causa de muerte.

Esta versión fue apoyada por Felipe Takajashi, director del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de la Ciudad de México, y por el perito internacional José Mario Nájera avalado por ONU Mujeres. Este último aseguró que la causa de muerte fue “asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios”, descartando “asfixia por sumersión”, como en un primer momento indicó la Fiscalía.

A esto se suma que durante la exhumación se describió que Debahni Escobar estuvo viva de 3 a 5 días después de desaparecer en el municipio Escobedo sobre la carretera Vía Numancia y Vía a Nuevo Laredo. También se acreditó que la joven no estuvo en todo el tiempo en la cisterna donde fue encontrada y que incluso tuvieron que haber participado más de dos personas para privarla de la vida como lo acreditó el perito Nájera en su informe.

Fotografía retomada de @debahni.escobar.bazaldua en Instagram

De acuerdo con su testimonio, la madre y padre de Debahni Escobar no comprenden por qué la FGR no quiere tipificar el caso de su hija como un feminicidio cuando, aseguran, que existen todos los elementos para clasificarlo como tal.

En diciembre de 2025, con el nombramiento de Ernestina Godoy Ramos como la nueva fiscal de la FGR tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero en noviembre de ese año, Dolores Bazaldúa y Mario Escobar compartieron un video por medio de su cuenta de YouTube solicitando a la funcionaria que se investigara el caso de Debahni Escobar con estándares internacionales.


Sin embargo, en entrevista para Cimacnoticias, Dolores Bazaldúa y Mario Escobar explicaron que hasta el momento no hay respuesta de la fiscal directamente pues su equipo legal solo ha logrado hablar con el Ministerio Público de la FGR, pero aún no se concreta el acercamiento que han estado buscando.

Lo mismo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a quien han intentado acercarse por medio de sus abogados, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), por la Secretaría de Gobernación y a través de redes sociales, pero no han obtenido una respuesta positiva.

¿Por qué sí es un feminicidio?

Debahni Escobar fue encontrada dentro de una cisterna que pertenecía al Motel Nueva Castilla, después de que el sitio fuera cateado al menos cuatro veces en diferentes ocasiones. Era un sitio de interés porque geográficamente se encontraba cerca de donde fue la fiesta a la que asistió la joven y de donde se le vio por última vez.

De acuerdo con el Artículo 325° del Código Penal Federal, comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, entre las circunstancias contempladas se encuentran:

«La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, comunitario, político o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; haya existido entre el sujeto activo y la víctima parentesco por consanguinidad o afinidad o una relación sentimental, afectiva, laboral, docente, de confianza o alguna relación de hecho entre las partes; existan datos que establezcan que hubo amenazas directas o indirectas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; el cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado, depositado o exhibido en un lugar público, o el sujeto activo haya obligado a la víctima a realizar una actividad o trabajo o haya ejercido sobre ella cualquier forma de explotación»

Para entender por qué la muerte de Debahni Escobar sí fue un feminicidio se necesita observar el contexto alrededor de su desaparición y muerte. La última vez que alguien la vio con vida fue durante la madrugada del 9 de abril, momento en que el conductor de aplicación que transportaba a la joven le tomó una fotografía la cual se viralizó por medio de redes sociales.

El lugar sobre el que se encontraba Debanhi es la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, un sitio que, de acuerdo con A dónde van los desaparecidos, se trata de un lugar de disputa por el control territorial de las organizaciones criminales vinculadas al trasiego de dogas.

También es una zona en la que se transportan diferentes mercancías gracias a sus interconexiones viales y ferroviarias; sin embargo, contiene tramos carreteros peligrosos que fungen como escenarios de desaparición de personas relacionada con dinámicas de trabajo forzado al servicio de las organizaciones criminales.

La desaparición de mujeres en esta zona es una constante, datos de RED LUPA, que es una red de mujeres, personas buscadoras y acompañantes que monitorean los cambios del fenómeno de la desaparición en México, muestran que durante 2025 en Nuevo León desaparecieron 6 mil 982 personas de las cuales mil 643 fueron mujeres, de ellas 28 fueron niñas. La mayoría fue vista por última vez en General Escobedo, Monterrey, Juárez, Apodaca y Guadalupe, los cuales son los cinco municipios en donde más ocurren desapariciones de personas y esto no es coincidencia ya que están colindando unos con otros.

Crédito: RED LUPA

Hay que decir que la desaparición de mujeres, en muchos casos, puede ser la antesala de su feminicidio y este fenómeno ocurre bajo un contexto patriarcal en el que los cuerpos de las mujeres son considerados como posesión por diferentes actores como la pareja, familia, institución, delincuencia organizada, masculinidades hegemónicas y el control social sobre sectores vulnerables como señalan las investigadoras Lourdes Velasco Domínguez y Salomé Castañeda Xóchitl.

Actualmente en Nuevo León existe una Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) que fue implementada desde el 18 de noviembre de 2016 y que se mantiene activa en los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey, cuatro de estos municipios son los que registran el mayor número de desapariciones en la entidad.


Ante este panorama se suma los casos de feminicidio en la entidad, pues el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) documentó que en 2024 Nuevo León se posicionó como la tercera entidad con mayores casos de feminicidio (60), aunque en 2025 disminuyeron (15). Actualmente, la entidad acumula 3 casos en lo que va del año y el municipio de Anáhuac forma parte de los sitios donde se concentran el 42.1% de los casos.





Fotografía retomada de @debahni.escobar.bazaldua en Instagram

Ahora, la familia está en espera de realizar un cuarto metaperitaje, el cual «tiene la finalidad de establecer si un dictamen pericial se ajustó o no al principio de certeza; o si esta prueba técnico-científica se enmarcó metodológicamente en la riguridad que exige la ciencia moderna«, según describe el artículo La prueba metapericial en los procesos judiciales.

Con ello se espera que se logre tipificar como feminicidio y analizar con perspectiva de género el caso de Debahni Escobar. En palabras de Mario Escobar, se va a validar los resultados del INCIFO y del perito internacional Nájera de la ONU Mujeres, así como los resultados de la autopsia de exhumación por una persona experta para ver si se logra acreditar como feminicidio.

«¿De no lograr acreditar el caso como feminicidio?» Dolores Bazaldúa y Mario Escobar respondieron que planean pedir ayuda a instancias internacionales de no existir garantías por parte de la FGR y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Además, se planea realizar una segunda parte del documental ¿Quién mató a nuestra hija? disponible en HBO con información y material que fue sacada del audiovisual que no son públicas por ser una investigación en curso.

3/14/2026

‘El feminicidio es el punto máximo de la violencia contra las mujeres’: expertos analizan el aumento de casos.

 By  

Igor Carvalho y Tabitha Ramalho /Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano, 11 de marzo de 2026.

Manifestación de mujeres del 8 de marzo en São Paulo criticó las políticas del gobierno del estado de São Paulo | Crédito: Nathallia Fonseca/Brasil de Fato

Demógrafa y abogada discuten las alarmantes cifras para 2025, el camino crítico hacia la revictimización y las medidas urgentes para abordar la violencia de género.

Brasil registró en 2025 el mayor número de feminicidios de la última década: 1.568 mujeres fueron asesinadas por razones de género, un aumento del 4,7% en comparación con 2024. Estas cifras, que revelan una escalada de la violencia, fueron el tema del videocast » Três Por Quatro » (Tres por cuatro ) de Rádio Brasil de Fato , en el que participaron Jackeline Romio, doctora en Demografía por la Unicamp y consultora en género y raza de la Fundación Friedrich Ebert Brasil, y Luciana Terra Vilar, abogada especialista en derechos de las mujeres y directora de Me Too Brasil.

Jackeline Romio explica que el feminicidio es «el punto final de la violencia contra las mujeres «. La tipificación del delito en 2015 permitió identificar y contabilizar estas muertes, pero las cifras aún distan de la realidad. «Si analizamos las muertes por asesinato de mujeres en el sistema de salud, hay alrededor de 3500 muertes por agresión física. Alrededor del 70 % de estas muertes son probablemente feminicidios. Aún estamos lejos de poder clasificarlas todas».

También señala una diferencia crucial entre los datos de seguridad pública y los de salud. «Los registros policiales reflejan la naturaleza del delito. A menudo, la comisaría, los investigadores e incluso el instituto forense no pueden clasificar estas muertes como feminicidios, y se registran como otras causas. Sin embargo, en salud pública, esta clasificación penal no es necesaria; se registran como muertes por agresión física. Y esta cifra es mucho mayor, el doble».

Romio señala que el feminicidio no siempre es predecible, pero hay señales. «Da señales de antemano, principalmente el aislamiento de la mujer. En una relación matrimonial o exmatrimonial, cuando comienza el aislamiento total, es una señal de alerta». Enumera otras estrategias utilizadas por los abusadores: controlar las contraseñas de los celulares, los correos electrónicos, las cuentas bancarias y chantajear a los hijos. «Muchas mujeres no tienen acceso a su propio dinero. El abusador controla la cuenta bancaria, y se vuelve muy difícil dejar una relación abusiva».

También recalca la importancia de creer en las palabras de las mujeres. «Si tienen miedo de ser asesinadas, es un indicador de que podrían estar en riesgo de muerte. Este miedo no es aislado; se deriva de la violencia psicológica, el abuso económico y diversos factores».

Uno de los obstáculos que señala Luciana Terra Vilar es la llamada «ruta crítica» que siguen las víctimas. «Va a la comisaría y denuncia. Si hubo alguna lesión, va al Instituto Médico Forense y la denuncia de nuevo. Luego regresa a la comisaría y la citan para denunciarlo de nuevo en el proceso judicial. Muchas veces, le piden un estudio social, y ella se lo dice a la trabajadora social, a la psicóloga».

Este proceso es agotador y provoca que muchas mujeres se rindan. «La narrativa de la víctima no suele ser lineal. En un proceso postraumático, confunde los hechos, no puede hablar de fechas ni horas. Y esto es lo que se le exige». La abogada aboga por la adopción de un modelo ya utilizado en otros países, en el que el testimonio se graba en comisaría y se utiliza durante todo el proceso, evitando así la revictimización.

Medidas de protección: un derecho garantizado, pero de aplicación insuficiente.

Datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública muestran que, en promedio, el 13,1 % de las víctimas de feminicidio contaba con una orden de protección vigente al momento de su muerte; en estados como Acre, Mato Grosso y São Paulo, las tasas son aún mayores. Jackeline Romio explica la contradicción: «Aunque tenemos derecho a registrar una orden de protección, no necesariamente contamos con la capacidad numérica de policías o patrullas para monitorear estas órdenes. Esto genera estas infracciones».

La demógrafa señala que en Minas Gerais, por ejemplo, hay 853 municipios y solo 14 comisarías de la mujer. «Humanamente hablando, la policía no es capaz de monitorear la cantidad de necesidades que tienen las mujeres. Y esto conlleva muertes, porque entre el monitoreo y el feminicidio, el tiempo cuenta».

Vilar añade: «Fallamos en nuestra supervisión. Las tobilleras electrónicas para agresores no se usan en todas partes. E incluso con ellas, la comunicación no es inmediata. Recientemente vimos el caso de un agresor que tenía una orden de alejamiento, entró armado a un centro comercial y mató a su esposa dentro de la tienda donde trabajaba».

También existen barreras sociales y territoriales. «Muchas veces ni siquiera pueden citar al agresor porque se encuentran en regiones dominadas por organizaciones criminales. El alguacil no puede entrar», denuncia el abogado.

Vilar considera la Ley Maria da Penha «una de las tres mejores leyes para proteger a las mujeres en el mundo», pero señala que el problema radica en su aplicación. «Prevé medidas de protección que muchas mujeres ni siquiera saben que existen, como la pensión alimenticia provisional y cuestiones de derecho de familia. Pero no contamos con tribunales mixtos para la violencia contra la mujer. Las mujeres terminan deambulando entre los tribunales penales y de familia».

Romio añade: «Hay una diferencia entre la ley y la realidad. La medida solo puede ser efectiva si hay seguimiento. Y en las periferias, en las zonas rurales, este seguimiento es menor».

Los expertos también critican la forma en que la prensa y las redes sociales abordan los casos de violencia. «Actualmente, la violencia se televisa», dice Luciana. «Hay dos aspectos: uno puede ser positivo para asegurar el castigo, como en los casos de grabaciones en ascensores. Pero, por otro lado, existe una exposición indebida, sensacionalismo. Las noticias deben informarse con responsabilidad».

Por su parte, el demógrafo es más categórico: «Estoy totalmente en contra de esta exposición excesiva, como si se tratara de una agresión eterna contra la misma mujer, repetida una y otra vez. Esto normaliza la violencia, acostumbra a la gente a ver a una mujer golpeada, asesinada y arrastrada como entretenimiento».

Según Vilar, «erramos en la aplicación de la ley, en la estructuración y en la recepción». Aboga por un mayor número de mujeres en puestos de liderazgo en el sistema de justicia —juezas, magistradas, fiscales, jefas de policía— y por el fortalecimiento de las comisarías de mujeres. «Existe un problema estructural como sociedad: el de siempre tener este tipo de juicios en los delitos contra las mujeres, y un problema de estructura, de políticas públicas y de una respuesta penal inadecuada».

Romio concluye con una reflexión sobre la importancia de una ciencia no neutral. «Las estadísticas no son neutrales, la política no es neutral. Si logramos crear indicadores que incluyan y expongan los problemas de los grupos más vulnerables, avanzamos en la eficiencia del Estado, en la distribución de los bienes comunes y en la posibilidad de planificar políticas públicas».

“Al reducir la violencia y la letalidad, no solo se apoya a esa persona, sino también al desarrollo social integral del país, porque estos son indicadores de desarrollo social. Las vidas importan para el crecimiento del país”, añade el demógrafo.

3/07/2026

«UAEM no me cuida, me cuidan mis amigas». Feminicidio de Kimberly, indigna a Morelos

 

De acuerdo con estudios realizados por la Coordinación General de Servicios Periciales el cuerpo encontrado en la zona boscosa cerca del Campus Chamilpa el pasado 2 de marzo corresponde al de Kimberly, información que fue comunicada previamente a la familia antes de ser publicada en los medios oficiales de la Fiscalía de Morelos. Hasta ahora, se tiene un probable responsable identificado como Jared Alejandro N. quien ya se encuentra en prisión preventiva en espera de que un juez determine su situación jurídica.

El Fiscal General del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, dio a conocer en un comunicado que desde que la familia denunció la desaparición de Kimberly, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas activó los protocolos para la búsqueda y localización. También advirtió que se instruyó a investigar con perspectiva de género y se mantuvo comunicación constante con la familia brindando acompañamiento institucional.

No obstante, la violencia feminicida continúa en México, pues de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), México acumuló 725 casos de feminicidio durante 2026 y en lo que va del 2026 ya han ocurrido 54 casos a nivel nacional. No obstante, son las entidades de Sinaloa, Ciudad de México, estado de México y Tamaulipas quienes tienen mayores registros, mientras que en Morelos han ocurrido 3 casos feminicidios a los que se suma el reciente caso de Kimberly.

Crédito: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

A través de redes sociales la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) convocó a diversas manifestaciones desde el pasado 28 de febrero hasta hoy 4 de marzo. Por medio de un comunicado publicado el 27 de febrero titulado «UAEM no me cuida, me cuidan mis amigos» señalaron la falta de respuestas claras y la negativa de asumir responsabilidad y cooperar con transparencia, así como un «silencio institucional» ante la desaparición de Kimberly.

«Nos enteramos apenas ayer como comunidad estudiantil. Ayer mismo, intentaron privar de la libertad a otras dos compañeras, también de la facultad de Administración y Contaduría. No es un hecho aislado. Es un patrón alarmante. Es una advertencia que no podemos ignorar» -comunidad estudiantil de la UAEM.

La última vez que su familia supo algo de Kimberly Joselín Ramos Beltrán fue el pasado 20 de febrero según describe su ficha del Protocolo Alba Morelos. Llevaba un pantalón de mezclilla azul oscuro, una chamarra de piel sintética azul marino con cierre gris, tenis blancos y una bolsa grande negra de mano. Fue vista por última vez ingresando a las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y, posteriormente, su familia perdió comunicación.

Al día siguiente, se presentó una denuncia en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y se activó el protocolo de búsqueda. La Fiscalía de Morelos informó que se realizaron varios actos de investigación y reuniones con la familia, personas cercanas a Kimberly y de la misma institución. Para el 24 de febrero los padres acudieron con la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos para pedir la revisión de las grabaciones de la institución y en los días siguientes se revisó el material.

El 27 de febrero, la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos estregó diversas evidencias a la Fiscalía y al día siguiente, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) emitió un pronunciamiento exigiendo la pronta localización de la estudiante y se dio a conocer que un grupo de estudiantes tomó las instalaciones de la universidad bloqueando el acceso al campus Norte quienes pidieron mejorar las condiciones de seguridad entregando un pliego petitorio.

Ante la reacción de la comunidad estudiantil y los señalamientos contra la rectora Viridiana Aydeé León Hernández a quien señalaron de tener una «reacción tardía», la Comisión de Seguridad del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se declaró en sesión permanente desde el pasado 2 de marzo para dar seguimiento a las acciones orientadas a fortalecer la seguridad en el entorno universitario.

Mediante una reunión encabezada por la rectora Viridiana Aydeé León Hernández, de la comisión de Seguridad y Protección Civil de la UNAM Campus Morelos y de los sindicatos académicos y administrativos se revisó el estado actual de las medidas ya implementadas y se acordó su reforzamiento inmediato en todas las sedes universitarias.

Como parte de las acciones inmediatas acordaron la contratación de 30 elementos encargados de coordinar la protección y seguridad de la comunidad universitaria; creación e instalación de los Comités de Bienestar y Seguridad al interior de cada una de las unidades académicas; habilitar el mecanismo institucional de alerta rápida (botón de pánico universitario) que permita alertas de ubicación y recepción de notificaciones de seguridad; la creación de un canal de denuncia anónima, a través de correo electrónico o buzón digital; la inmediata implementación de luminarias para fortalecer e intensificar el alumbrado en zonas estratégicas; realizar una revisión integral de las condiciones de seguridad en cada sede, y mantener coordinación permanente con las autoridades competentes, brindando todas las facilidades necesarias para el desarrollo de las acciones correspondientes.

La Comisión de Seguridad aseguró que dará seguimiento a la implementación de dichas medidas como evaluar los avances, dispositivos preventivos y atención para proteger a la comunidad universitaria. Dicha Comisión de Seguridad está conformada por dos representantes directores, dos académicos y dos alumnos consejeros universitarios, así como una persona representante del Sindicato de Trabajadores Administrativos (Stauaem) y una de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUM), de la UAEM.

La desprotección de las estudiantes en México

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 32.3% de las mujeres de 15 años o más que han asistido a la escuela reportaron haber vivido algún tipo de violencia en ese contexto. Las agresiones más frecuentes fueron físicas (18.3%), psicológica (17.5%) y sexual (17.9%). Entre los principales agresores figuran compañeros (43.4%), maestros (16.8%) y compañeras (13.6%); el 26.2% restante corresponde a otras personas agresoras.

En México suman varios casos de violencia de género contra las estudiantes en espacios universitarios, por ejemplo, en 2017 aconteció el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio en las instalaciones centrales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quien fue encontrada en una caseta telefónica ubicada frente al Instituto de Ingeniería de la UNAM, con un cable de teléfono enredado en su cuello y lesiones visibles. 

Otro caso que ha visibilizado la situación de violencia que viven las estudiantes es el de Nelly Concepción Soto Mijangos quien acusó al rector de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), Ángel N. por violación equiparada en 2023 y cuyo caso dio a conocer que en dos décadas la universidad fue espacio de al menos 3 casos de feminicidio de las estudiantes Zuly Shanty Cruz Mendoza en 2004, Minerva Pacheco Ramón en 2014 y Nazaret Bautista Lara en 2019.

No son hechos aislados

De acuerdo con el informe sombra «Educación y Violencia en Espacios Educativos», la violencia de género está presente en todas las instituciones educativas. En los últimos seis años han emergido protestas de la llamada «cuarta ola» que se han sostenido a través de redes sociales realizando campañas como #MiPrimerAcoso, #MeeTooAcadémicos o #SiMeMatan, las cuales les ha servido a las mujeres para hacer eco sobre la violencia de género en paros y huelgas estudiantiles en diversas instituciones de educación superior.

Las mujeres universitarias, docentes, administrativas y estudiantes de todo el país viven diariamente diversas formas de acoso y hostigamiento sexual, laboral, psicológica y política, por lo que se sigue perpetuando la discriminación y la falta de acceso a la justicia para las mujeres. Existen varios casos que pueden describir el panorama al que se enfrentan las mujeres es espacios educativos.

El informe emitió como recomendaciones establecer una política clara y efectiva para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género en instituciones educativas públicas y privadas con reparación integral del daño. Demandó a la Secretaría de Educación coordinar y garantizar la estandarización y ejecución de sanciones por violencia de género en todas las instituciones educativas.

Asimismo, instó a crear un registro de personas sancionadas por violencia de género en todos los niveles educativos para evitar su reincidencia en otros centros; adaptar la Ley 3 de 3 y aplicarla en todos los niveles educativos impidiendo el acceso a la docencia a personas señaladas como agresores, deudores alimentarios y hostigadores; así como establecer medidas que garanticen la inclusión de la perspectiva de género en planes y programas de estudio, así como en la capacitación especializada del personal docente, directivo y administrativo.

2/07/2026

En 2025 México registró 721 casos de feminicidio. Sinaloa ocupó primer lugar

 

Sinaloa encabezó la lista de entidades con más casos, al contabilizar 69 casos, cuando en 2024 ocupaba la duodécima posición con 26. El estado de México se ubicó en segundo lugar con 56, lo que representa una reducción respecto al año anterior. Le siguieron Chihuahua (49), Ciudad de México (44) y Veracruz (43). En conjunto, estas cinco entidades concentraron el 36.2 por ciento del total nacional.

Gráfica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

Anteriormente, Cimacnoticias documentó que el repunte en Sinaloa pudo deberse al incremento de violencia asociada al inicio de la guerra interna del crimen organizado registrada desde principios de septiembre de 2024 entre las facciones conocidas como “los mayitos” y “los chapitos”, ambos grupos fundados por Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán Loera, quienes actualmente se encuentran presos en Estados Unidos.

En el ámbito municipal, el norte del país volvió a concentrar los mayores registros: Culiacán (Sinaloa), Ciudad Juárez y Chihuahua (Chihuahua), Tijuana (Baja California) y Reynosa (Tamaulipas) fueron los municipios con más casos de feminicidio. En la capital del país, la alcaldía con mayor incidencia fue Iztapalapa.

Por grupo de edad, las mujeres mayores de 18 años representaron la mayoría de las víctimas, con 610 casos; Sinaloa y Chihuahua reportaron las cifras más altas en este sector. En el caso de niñas y adolescentes de 0 a 17 años se contabilizaron 63 víctimas, principalmente en el Estado de México y Jalisco. Además, en 48 expedientes no se especificó la edad.

En cuanto a homicidio doloso de mujeres, durante 2025 se registraron 2 mil 74 víctimas. Guanajuato (327), Baja California (189), estado de México (172) y Michoacán (141) concentraron alrededor del 40 por ciento de estos delitos.

Gráfica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

Los problemas en los registros de feminicidios

Aunque las estadísticas oficiales apuntan a una reducción del feminicidio, diversas organizaciones han cuestionado esa interpretación. Anteriormente, María de la Luz Estrada Mendoza, directora del OCNF, ha señalado que persisten deficiencias en la correcta tipificación del delito, lo que distorsiona los datos.

Desde 2007, el OCNF ha documentado y sistematizado información sobre violencia contra las mujeres, monitorea la actuación de las autoridades en la procuración e impartición de justicia, brinda acompañamiento jurídico a familiares de víctimas e incide en la implementación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La sentencia del caso Mariana Buendía, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo de 2015, estableció que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse bajo el protocolo de feminicidio. Sin embargo, aún se registran asesinatos clasificados como homicidios dolosos o incluso suicidios.

Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado fallas en las investigaciones, entre ellas la pérdida o manejo inadecuado de evidencias, inspecciones deficientes del lugar de los hechos y diligencias periciales realizadas de manera tardía. También han advertido que las fiscalías no siempre agotan todas las líneas de investigación ni actúan con la debida perspectiva de género, lo que deriva en la omisión de indicios de violencia sexual o en la incorrecta clasificación de los casos.

A ello se suma la deficiente implementación de medidas de protección. Aunque existen mecanismos judiciales, como órdenes y medidas cautelares, la falta de coordinación entre autoridades y los retrasos administrativos obstaculizan su aplicación oportuna.

CIMAC Foto

A inicios de 2025, la titular del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, aseguró que el feminicidio había disminuido 26 por ciento durante los primeros 100 días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No obstante, María de la Luz Estrada sostuvo que, por el contrario, se registró un incremento del 5 por ciento.

En su informe sombra presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), titulado Informe al Comité CEDAW ante la Décima Evaluación al Estado mexicano, el OCNF documentó que entre 2015 y abril de 2025 fueron asesinadas 34 mil 715 mujeres en el país, y sólo el 24.6 por ciento de esos casos se investigaron como feminicidio.

La estimación se acerca a la de Causa Común quien en su informe «Incidencia delictiva y algunas anomalías» expuso que las víctimas de feminicidio representan el 24% y que ocho de cada diez asesinatos de mujeres no son investigados como feminicidios, aunque hay variaciones dentro de los estados como Guanajuato, siendo el que mayores registros presenta con 249 casos de homicidio doloso, de los cuales solo el 4% se investiga como feminicidio.

Causa Común advirtió que las cifras son proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pero la organización encontró que varios delitos se reclasifican o se diluye su número debido a la metodología que han utilizado para obtener dichos resultados. Particularmente, especificaron que ambas instituciones utilizan diferentes metodologías, criterios y definiciones para construir sus reportes.

Mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, emplea las carpetas de investigación abiertas en fiscalías, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, utiliza actas de defunción expedidos por servicios médicos del país. La primera institución diferencia a las víctimas de homicidio doloso y las de violencia feminicida, mientras que la segunda no lo hace, sino que contabiliza muertes accidentales, suicidios y una cuarta subcategoría llamada «eventos de intención no determinada».

CIMAC Foto

La organización también apuntó que la falta de homologación del delito de feminicidio en los códigos penales de las entidades ocasiona que no todas cataloguen el asesinato de una mujer como feminicidio. Esto es apoyado en el informe sombra «Tipificación y protocolo de feminicidio. Un abismo de la ley a su aplicación y el caso de la medida correctiva 33 en la AVGM de Zacatecas» el cual establece que es la falta de uniformidad lo que genera confusión jurídica y desigualdad en la procuración de justicia, lo que obstaculiza la recopilación estadística y la construcción de políticas públicas nacionales.

Infancias en orfandad por feminicidio olvidadas. Urge registro nacional: OCNF

 Escrito por Wendy Rayón Garay 

Norma Andrade tenía razón. A 24 años del feminicidio de su hija, Corte IDH falla contra Estado mexicano

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Público (SESNSP) indica que solo en 2025 ocurrieron 721 casos de feminicidios en México, siendo Sinaloa la entidad con mayor registros seguidos estado de México, Chihuahua, Ciudad de México y Veracruz.

Gráfica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Público (SESNSP)

En entrevista para Cimacnoticias, la defensora de derechos humanos señaló que México necesita con urgencia un registro nacional de infancias en orfandad por feminicidio para saber cuántas niñas, niños y adolescentes se encuentran en esta condición, ya que no existe un conteo nacional pese a la insistencia del movimiento de mujeres para su creación y las iniciativas presentadas en el Congreso se encuentran congeladas.

En 2024, el ahora extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer que había al menos 5 mil infancias en orfandad por feminicidio entre abril del 2018 y marzo del 2021. Eran niñas, niños y adolescentes registrados por las fiscalías de los estados y conocidos por la entonces Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) a través de estudios y estadísticas, por lo que se le ordenó la publicación de dicha información.

Los datos a conocer por el INAI no contemplan a las infancias cuyas madres fueron asesinadas por la violencia de feminicida en años anteriores y posteriores, para María Luz Estrada esto dificulta proporcionar atención integral. Por ello, apuntó que México deberá hacer un diagnóstico que contemple a quiénes se están ayudando, de qué forma se proporciona, bajo qué programas, cómo se coordinan las instituciones en un protocolo de atención, cuántos casos hay por estado y cuáles son las barreras que les impiden acceder a la atención integral, una responsabilidad que debe recaer en las propias Comisiones de víctimas.

“Yo vi un registro que eran aproximadamente más de 200 casos que se les ha dado atención cuando cada año hay por lo menos 600 feminicidios. Estamos hablando de que se asesinan a más de 3 mil mujeres y solo en el 25% se logra iniciar una investigación (…) pero aquí los olvidados sí son los huérfanos”. —María Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Un diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del 2020 indicó que a nivel federal la Ley de General de Víctimas prevé medidas de rehabilitación especial hacia las hijas e hijos y adultos mayores dependientes de una víctima al considerarlos que fueron afectados de forma indirecta.

Ahora, en al menos cuatro entidades (12.5%) las leyes de víctimas contemplan a las infancias en orfandad por feminicidio, en 13 entidades (40.63%) regulan una disposición sobre proporcionar atención a este sector pero en 18 estados (56.25%) no prevén ninguna medida respecto al tema.

En las cuatro entidades que sí contemplan disposiciones específicas son Jalisco quien reconoce el deber de proporcionar atención psicológica especializada de emergencia; en Oaxaca se incluye un registro estatal para que puedan acceder a medidas de asistencia y atención; para Puebla se ordena que las infancias reciban servicios integrales de atención temprana y otros como jurídicos, médicos y psicólogos especializados; mientras que en Veracruz amplía la protección a infancias en orfandad por feminicidio y desaparición con medidas de reparación integral y un registro estatal.

Por ello, María Luz Estrada considera que México debe hacer una revisión a la Ley General de Víctimas federal y en las leyes locales para que contemplen el registro y la atención integral; sin embargo, mencionó que uno de los ejes que también se debe fortalecer son a las infancias en orfandad por desaparición en un conteo separado, pero manejado por la CEAV, ya que este fenómeno suele ser la antesala de un feminicidio y parte de una crisis generalizada en el país.

Actualmente, México cuenta con el Protocolo nacional de atención integral a niñas, niños y adolescentes en condiciones de orfandad por feminicidio creado en agosto de 2021. Fue expedido desde la Secretaría de Gobernación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), el Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) y Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Secretaría de Salud.

Aunque el documento menciona que el Estado debe restaurar derechos y proporcionar atención integral, María Luz Estrada advirtió que está enfocado en atender la protección de las infancias para decidir con quién se van a quedar en resguardo y no en desarrollar una metodología para identificar las necesidades de las infancias y la coordinación entre instituciones para proporcionar una atención integral.

En consecuencia, mencionó que la CEAV también tendrá que contar con un protocolo integral.

“Si tú revisas el protocolo, solo está enfocado en materia de protección, pero no en la protección integral que deben de tener las infancias y en la reparación integral del daño, porque lo que tú estás viendo es que los feminicidios nunca llegan la reparación integral. O sea, nunca logramos que se le repare, porque quien lo tiene que reparar al final es el Estado (…) No tenemos ningún protocolo o herramienta que estén guiando las Comisiones de víctimas.” —María Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

El tiempo para que el Estado mexicano acate la sentencia de la Corte IDH ha comenzado y le corresponderá a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asumir la responsabilidad. Para la defensora de derechos humanos será el momento para observar cómo el Gobierno va a materializar la política pública para proteger a las infancias en orfandad, así como la participación y coordinación de la Secretaría de las Mujeres.

Por ahora, María Luz Estrada destacó que será fundamental el papel de las organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas para acoger la sentencia y exigirla al Estado mexicano, ya que no se trata de un tema aislado, sino que refleja una problemática nacional.

«Es muy importante porque tenemos que ver si este gobierno tiene una perspectiva de género y de derechos humanos, podemos ver ya más materializadas en este tiempo, en este gobierno de Claudia, que se vayan cumpliendo estas recomendaciones (García Andrade y otros Vs. México y Ascencio Rosario y otros Vs México) y no que tarde años para que realmente la veamos materializada.» —María Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

1/17/2026

«Cultura femicida», el revolucionario concepto de la socióloga Esther Pineda fue plagiado por el historiador francés Iván Jablonka

 Apropiación machista y extractivismo intelectual de la obra "Cultura femicida" de la socióloga feminista Esther G. Pineda

Fuentes: https://www.conclusion.com.ar

El ensayo que Jablonka publicó en agosto de 2025, a través de la editorial Seuil, lleva por título «La culture du féminicide» y, según la venezolana radicada en Argentina, además de tener el mismo título, desarrolla «la misma tesis central, y una portada que calca la edición» de su trabajo. Además, «se atribuye la creación del concepto «cultura femicida».


Menuda sorpresa se llevó la socióloga, escritora y activista feminista Esther Pineda G. cuando se topó con un libro del historiador francés Iván Jablonka, que tenía un nombre y una tapa de inmensa similitud a una renombrada publicación suya, «Cultura femicida».   En seguida Pineda advirtió la paradoja: el hombre que, en sus trabajos, investiga y trabaja sobre el feminismo y el patriarcado, proponiendo nuevas masculinidades, basadas en la igualdad y el respeto, se había apropiado del trabajo que durante años investigó, desarrolló y publicó una mujer. 

El ensayo que Jablonka publicó en agosto de 2025, a través de la editorial Seuil, lleva por título «La culture du féminicide» y, según la venezolana radicada en Argentina, además de tener el mismo título, desarrolla «la misma tesis central, y una portada que calca la edición» de su trabajo. Además, «se atribuye la creación del concepto «cultura femicida».

¿Qué es la «cultura femicida»?

En diálogo con Conclusión la socióloga y escritora señaló que el concepto «cultura femicida» lo utilizó por primera vez en el año 2018, en una columna de opinión que escribió para el diario uruguayo: LaRed21  (Licencia para matar: In-justicia patriarcal y cultura femicida).

«Posteriormente lo acuñé formalmente en el libro Cultura femicida – El riesgo de ser mujer en América Latina, donde lo definí como una estructura sociocultural en la que se subvalora la vida de las mujeres en relación a la vida de los hombres, en la que se les concibe como prescindibles, pero sobre todo, sustituibles. Una cultura femicida es aquella donde se acepta, naturaliza y justifica el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, donde se permite su asesinato, se deja que ocurra con beneplácito, o se encubre garantizando su impunidad. Además, puede considerarse como una cultura femicida aquella en la que se promociona, promueve e incita este tipo de crímenes, en primer término mediante su transmisión y aprendizaje a través de los distintos agentes socializadores, así como, mediante su cotidianización en los distintos productos culturales desarrollados a lo largo de la historia desde el pensamiento androcéntrico patriarcal como lo son la literatura, la ópera, la pintura, el cine, las series, la industria musical, los video juegos, la publicidad o los memes», explicó Pineda con detalle.

Como detalla la escritora, su libro ostenta un impactante arte de tapa, en el que se ve a una mujer abrazada por una figura que representa a la muerte. Y ese es otro de los argumentos que esgrime Pineda, la inconfundible similitud de la portada de su trabajo, publicado en el año 2019, con la del libro que Ivan Jablonka acaba de sacar.

El plagio

Según relató a este medio, Esther Pineda se enteró del plagio «por casualidad». «Fue mientras navegaba por la red social Instagram. Me encontré con la la publicación titulada«Dark romance et culture du féminicide» (El romance oscuro y la cultura feminicida) de Iván Jablonka, publicada por el medio de comunicación francés La vie des idées el cual, junto a otros muchos medios de comunicación franceses sigo en redes, como una forma de mantener el contacto con el idioma que estudio desde hace algunos años», contó la socióloga. Y prosiguió: «Llamó especialmente mi atención el título de la publicación dado que es la traducción exacta al francés de mi concepto “cultura femicida”. 

Claramente, la utilización del concepto atrajo la inmediata atención de Pineda quien, tras leer la nota decidió indagar un poco más. «Ingresé al Instagram de Iván Jablonka (@ivan.jablonka), allí me encontré con numerosas notas de prensa y videos de entrevistas en las que Jablonka presenta su nuevo libro titulado “La culture du feminicide”. Allí explica que “acuñó” el concepto “culture du feminicide” y, para mi sorpresa, me encontré en su feed fotos de su nuevo libro titulado “La culture du féminicide” (Igual que mi libro), con un arte de tapa en la que se puede ver a la muerte torturando a una mujer (conceptualmente igual que el arte de tapa de mi libro) y una sinopsis que da cuenta de la misma temática».

En ese sentido, Pineda remarcó: «He tenido oportunidad de leer el libro y en efecto fundamenta su trabajo en mi concepto de cultura femicida y utiliza algunas estructuras argumentales que utilizo yo en mi libro».

Y argumentó: «Por ejemplo en una entrevista publicada en el diario Libération, titulada Iván Jablonka: «Pour ne plus être drogue culturellement au féminicide, il faut en changer les représentations » (Para dejar de ser culturalmente adictos a los femicidios, hace falta cambiar la forma en la que los vemos) https://www.liberation.fr/idees-et-debats/ivan-jablonka-pour-ne-plus-etre-drogue-culturellement-au-feminicide-il-faut-en-changer-les-representations-20250820_73SZWNRB3FAY5F7CBKBEL27NOI/) Y afirma que: “Estamos inmersos, a menudo sin darnos cuenta, en esta «cultura del feminicidio»” (Jablonka, 2025, sp.). Esto es una copia de un extracto de mi libro donde inicio el desarrollo del concepto de cultura femicida en el que afirmo: “Aunque el término femicidio aún no existiese, hemos estado inmersos durante siglos en una femicide culture” (cultura femicida) (Pineda, 2019, p. 63).
«Y así numerosos ejemplos».

Consultada sobre si había interpelado a Jablonka por este tema, Pineda apuntó que «después de enterarme y, por recomendación de mi editor, le escribí de forma privada en Instagram». «Le exigí explicaciones, pero con toda la disposición a dialogar, a lo que respondió que no había leído mi libro y que no me conocía. Pero para el año 2021, él me seguía en Instagram, cuando desde el club de lectura de @lagenteandaleyendo promocionó juntos su libro ‘Hombres justos’ y mi libro ‘Bellas para morir’. En esa época, en la que me seguía, ya había sido publicado mi libro ‘Cultura femicida’, en el año 2019″.

«Después de su respuesta en la que desestimó e ignoró mi señalamiento decidí hacer pública la denuncia de apropiación de mi libro cultura femicida e Iván Jablonka me bloqueo de la red social».

Ante la reacción del francés, la escritora y socióloga, junto al equipo de la Editorial Prometeo, ya se encuentra tramitando las acciones legales correspondientes por «haber lesionado», los derechos de la obra.

«Apropiación y extractivismo intelectual»

En relación al plagio cometido por Jablonka, Pineda señaló el hecho como un suceso de«apropiación y extractivismo intelectual». 

En cuanto a este concepto, explicó: «Nuestras sociedades son estructuralmente desiguales, en ellas las mujeres, las personas racializadas y del sur global, nos encontramos en desventaja. Nuestra participación en el mundo académico y editorial enfrenta resistencias, limitaciones, y aun cuando logramos sortearlas, el conocimiento que producimos encuentra dificultades para ser traducido, reconocido, pero sobre todo, nos obliga a la constante y permanente vigilancia ante la posibilidad de apropiación por parte de personas del norte global quienes traducen nuestros conceptos, teorías y enfoques para presentarlos como propios, siendo traducidos a varios idiomas e instalándose en la comunidad científica, el mundo editorial y la opinión pública como los descubridores, creadores y pensadores inéditos; esto es un ejemplo de la vigencia de la histórica estructura y dinámica colonial en la que el norte global se construye y sostiene con la apropiación de todo lo que a su paso pueden extraer del sur global»

Fuente

Esther Pineda G: es socióloga, doctora en ciencias sociales, investigadora y escritora venezolana reconocida por su trabajo en feminismo y violencia de género. Sus ensayos y análisis la han posicionado como una voz crítica relevante en el debate social y de derechos humanos en América Latina.