5/26/2018

Se incrementa desaparición forzada de mujeres y niñas en sexenio de Peña Nieto


Jalisco, Estado de México y Veracruz los estados


A partir del año 2012 -de la administración de Enrique Peña Nieto- se incrementó el número de desapariciones forzadas de mujeres y niñas en las entidades de Jalisco, Estado de México y Veracruz, informaron Colectivos de familiares de personas desaparecidas y la organización I(dh)eas, “Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC” al Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés).
Las organizaciones entregaron el pasado15 de mayo un reporte al Comité de la ONU con el objetivo de brindar un panorama certero sobre la situación de desaparición forzada en el país y para que el órgano internacional tenga la oportunidad de contrastarlo con las respuestas que le entregó el Estado mexicano en cumplimiento a las recomendaciones que emitió el mecanismo en 2015.
En éste destacan que de las más de 35 mil desapariciones reportadas por la RNPED un 61 por cierto (21 mil 602 desapariciones) ocurrieron en el sexenio de Peña Nieto, (680 del fuero federal y 20 mil 922 del fuero común).

Hasta el 31 de enero de 2018 existen en México 35 mil 410 personas víctimas de desaparición, de las cuales, 8 mil 982 son mujeres y 3 mil 675 niñas y adolescentes.
Las organizaciones sostienen en su informe que el Estado mexicano minimiza la situación sobre la desaparición y para demostrarlo, recabaron declaraciones públicas de diversos funcionarios (gobernadores, fiscales de justicia, alcaldes.) en los que se visibilizan las prácticas de estigmatización y el recurrente discurso que utilizan para minimizar las desapariciones de mujeres y desestimar la lucha de madres en búsqueda de sus hijos e hijas.
Por ejemplo el alcalde del municipio de Ecatepec en el Estado de México, Indalecio Ríos, dijo en julio de 2017 que las desapariciones de mujeres son ausencias voluntarias “por descomposición familiar, o porque “se van con el novio y no avisan”. O bien, están los dichos del Procurador de Justicia de San Luis Potosí, quien dijo en mayo de 2017 sobre la desaparición y posterior asesinato de cuatro mujeres que no se podían calificar como casos de feminicidio porque “podrían ser consecuencias derivadas del propio comportamiento de las víctimas”.
Otras declaraciones, incluyen las que dio en 2015 el hoy candidato a la presidencia Jaime Rodríguez Calderón sobre las denuncias de madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos en el estado de Nuevo León: “Yo entiendo eso, mujeres que lloran todos los días por sus hijos, también hay que decirles la verdad […] las mamás nunca dicen que su hijo anda mal y entonces la mejor excusa es culpar al gobierno”.

La organización I(dh)eas y los colectivos de familias recalcaron que el Estado mantiene un discurso en el que responsabiliza  a los grupos del crimen organizado de los casos de desaparición forzada, “evadiendo su responsabilidad frente al fenómeno” y la “participación directa de funcionarios públicos en los hechos y omisión de los agentes en investigar los hechos”, manifestaron.
Denunciaron además que las autoridades del sistema de procuración de justicia siguen indagando las desapariciones sin tener en cuenta el “entorno social, político u otras causas que favorecen a graves violaciones de Derechos Humanos como la tortura, desaparición forzada o las ejecuciones a manos de las fuerzas del Estado”.
I(dh)eas ejemplificó que en dos casos que han acompañado de desapariciones han aportado elementos a la Fiscalía de Búsqueda de la Procuraduría General de la República sobre la participación de policías en el delito, y al indagar en varios casos del fuero local, documentaron –sin precisar el número o género de las víctimas- de la existencia de “otras investigaciones donde se señala la participación de policía municipal en la desaparición de personas”.
Los colectivos civiles indicaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha reparado el daño por violaciones a los Derechos Humanos por parte de autoridades federales a 101 mujeres, sin embargo, no se sabe cuántos por desapariciones forzadas.
La consecuencia de la falta de rendición de cuentas por la desaparición forzada es el fomento a la impunidad que alimenta la repetición de este delito, agregaron las agrupaciones, quienes informaron que de acuerdo con información que les proporcionó el Poder Judicial Federal, de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2017, solo se emitieron 14 sentencias por desaparición forzada y 12 de ellas son condenatorias.

FAMILIAS SIN REPARACIÓN DEL DAÑO

Entre otras situaciones los colectivos de familias vislumbraron en el informe que hasta la fecha no existe información pública de las compensaciones económicas que ha hecho la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por la reparación del daño a víctimas directas o indirectas de desaparición forzada.
Se conoce, indica el reporte, que hasta el 31 de diciembre de 2017 el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de CEAV utilizó únicamente 18 por cierto de los ingresos que obtuvo para reparar el daño a víctimas.
Señalan que en 2017 el Fondo registraba un saldo total de mil 259.7 millones de pesos, resultados de ingresos por mil 683 millones de pesos y de egresos por 423.3 millones de pesos.
De los egresos un 70 por ciento (296.4 millones) fueron destinados para el pago de compensaciones por reparación integral del daño en beneficio de 608 víctimas directas o indirectas, la mayoría mujeres, 321 en total. Es decir, se ejerció solo un18 por ciento del total de ingresos para los fines por los que fue creada la CEAV.
Las organizaciones agregan que de las 608 víctimas que recibieron la compensación como parte de la reparación integral del daño, 184 fueron víctimas de “violaciones a Derechos Humanos cometidos por autoridades federales”, de ellas, 101 mujeres.
La primera vez que México se sometió al escrutinio del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada fue en 2015 donde recibió observaciones y recomendaciones de las que este año comenzó a rendir cuentas. Este Comité tiene el propósito de evaluar el alcance de las medidas adoptadas por México en cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, que ratificó el país en 2008. 

CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Valentina Rosendo, indígena tlapaneca violada por militares podría obtener justicia en fuero civil


Juzgado podría emitir sentencia contra sus agresores


La indígena tlapaneca Valentina Rosendo Cantú, quien en 2002, a sus 17 años de edad, fue víctima de tortura sexual por dos militares mientras seis más presenciaban el crimen, podría obtener justicia en el fuero civil si la sentencia que emita el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero es favorable, con lo que se convertiría en el primer caso de violación y tortura sexual cometido por elementos del Ejército que se resuelva en el fuero civil.
Después de que el 1 de octubre de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitiera una sentencia contra el Estado mexicano por su responsabilidad en la violación de Valentina, la investigación se reactivó y en próximos días la jueza Séptimo de Distrito en el estado de Guerrero, Iliana Fabricia Contreras, emitirá una sentencia contra dos presuntos responsables.
Cuando ocurrió el crimen, hace 16 años, Valentina denunció pero no obtuvo respuesta. A paso de tortuga logró avances cuando la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM); el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) llevaron su caso a instancias internacionales.
En 2014, cuatro años después de que CoIDH emitiera una sentencia, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a cuatro miembros del Ejército como presuntos reponsables de la violación sexual de Valentina Rosendo Cantú y de Inés Fernández Ortega, indígena que también fue violada sexualmente por militares en 2002, en el estado de Guerrero.
Las organizaciones que representan a Valentina afirmaron en un comunicado que los procesos penales contra los perpetradores son clave para el acceso a la justicia, por lo que aseguraron que las reparaciones en materia de justicia se considerarán cumplidas hasta que haya sentencias firmes contra los responsables. 
LARGO PROCESO
En febrero de 2002 Valentina fue atacada por ocho militares mientras lavaba ropa en un arroyo cercano a su comunidad en Caxitepec, municipio de Acatepec, en el estado de Guerrero. Al verla los efectivos castrenses le preguntaron por unos “encapuchados” y al no responder dos la violaron mientras seis observaban.
Valentina denunció y exigió que se realizaran las  investigaciones necesarias para identificar y sancionar a los responsables pero la  investigación fue remitida a la jurisdicción penal militar, donde el caso se archivó, como se constata en el expediente ventilado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Es por esta razón que la CoIDH ordenó al Estado mexicano: “conducir en el fuero ordinario, eficazmente y dentro de un plazo razonable, la investigación y, en su caso, el proceso penal que tramite en relación con la violación sexual de la señora Rosendo Cantú (…)”. Es decir, el organismo pidió que se investigara en juzgados civiles y no militares.
Posterior a la resolución, en 2011 las investigaciones se radicaron en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la PGR; y en 2014 se detuvo a cuatro militares, dos implicados en el caso de Valentina y dos más en el de Inés.
Aunque estos casos son similares llevan procesos por separado así que mientras el caso de Valentina avanzó y pasó a un Juzgado, la indagatoria en el caso de Inés sigue en el desahogo de pruebas. En ambas investigaciones los militares permanecen en prisión aunque en el caso de Inés, uno de los implicados ya murió.

CONTEXTO DE DISCRIMINACIÓN

A decir de Tlachinollan y Cejil, estos actos de tortura sexual cometidos por elementos del Ejército mexicano se dieron en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que se denominó “violencia institucional castrense.”
Es por ello que la sentencia que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero emita podría materializar la larga búsqueda de justicia que Valentina mantiene desde hace 16 años.
Desde que comenzó su proceso penal, la joven ha enfrentado amenazas, hostigamiento y agresiones que han impactado a nivel personal, familiar y comunitario toda vez que fue rechazada por la gente de su pueblo por ser víctima de violación, un tema que recalcó en 2011 cuando el Estado mexicano fue obligado a ofrecerle una disculpa pública por llamarle mentirosa.
En este sentido las organizaciones que litigaron el caso a nivel internacional destacaron que este será el primer caso de violación y tortura sexual cometida por elementos del Ejército que está a punto de resolverse en el fuero civil.
Los dos militares que son juzgados en el caso de Valentina enfrentan acusaciones por violación sexual, tortura y abuso de autoridad, entre otras. Aunque cabe decir que el resto de los implicados no fue localizado porque para hacerlo se necesitaba que las sobrevivientes los reconocieran fehacientemente através de fotografías.
Aun así, para las agrupaciones civiles, la jueza de primera instancia tiene la oportunidad de desarrollar los estándares emitidos por la propia Corte IDH sobre cómo juzgar estos casos con perspectiva de género y etnicidad, estableciendo un precedente a nivel nacional.
Es de mencionar que en mayo de 2015, al analizar las sentencias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó hacer un análisis a profundidad sobre los estándares que, en materia de género, etnicidad y tortura sexual, estableció la CoIDH en las sentencias dictadas por los casos de Valentina e Inés.
En este contexto Tlachinollan y Cejil consideraron que la próxima resolución es clave ahora que en México se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del Ejército en actividades de seguridad pública, una actividad regulada en la Ley de Seguridad Interior, recién promulgada en diciembre de 2017.
“Este nuevo marco normativo, criticado por diversos mecanismos internacionales de Derechos Humanos, también va en contra del sentido de la sentencia de la Corte IDH que solicitó al Estado mexicano reformas legislativas con el fin último de proteger y garantizar justicia a la población por violaciones a Derechos Humanos cometidas por el ejército”, expusieron.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

La sentencia contra la manada mantiene el impulso feminista en el Estado español


Solicitan expediente disciplinario contra juez que dictó sentencia
   

La trascendencia de la sentencia contra “La Manada” en el Estado español es enorme y va más allá de una primera lectura crítica en contra del veredicto de culpabilidad y de la pena impuesta.
Con esta sentencia, el poder judicial español envía a la sociedad - a las mujeres, más concretamente - mensajes muy negativos acerca de los principios de Verdad, Justicia y Reparación: 1. Si no ofrece resistencia, un tribunal puede interpretar que la víctima esté consintiendo la violación sexual. 2. Los hombres pueden tener acceso ilimitado al cuerpo de las mujeres. 3. Ante la violación sexual, el sistema judicial español es negligente e inexperto en perspectiva de género, con lo que se genera impunidad y se falla en la reparación de las sobrevivientes. Y 4. La palabra de la víctima no es la versión central en un juicio por violación sexual. “El círculo vicioso que hay entre impunidad y falta de reparación aumenta con este tipo de sentencias”, concluyen las abogadas de Women’s Link Worldwide.

EL CASO

El 7 de julio de 2016 una mujer fue violada vaginal, anal y bucalmente, por cinco hombres dentro de un portal. Sucedió en la ciudad de Pamplona, Navarra, en el norte de España, en la noche de unas fiestas mundialmente conocidas, los Sanfermines.
Para el tribunal de la Audiencia provincial de Navarra, compuesto por tres hombres y una mujer, quienes hicieron pública la sentencia casi dos años después de perpetrado el crimen, lo que allí sucedió fue un abuso sexual continuado (con prevalimiento), pero no una violación sexual. Según consta, los procesados “tiraron de ella” para meterla en un portal donde la penetraron hasta seis veces “sin su aquiescencia”. El tribunal interpretó que no hubo violencia ni intimidación, y según el Código Penal español, no fue, por lo tanto, una violación sexual. 
Uno de los jueces pidió la absolución de los cinco hombres por considerar que víctima y victimarios estaban de jolgorio, en una especie de orgía en medio de unas fiestas populares. Cada uno tiene una condena de nueve años de cárcel y los culpables permanecen en prisión preventiva; mientras, la defensa apela pidiendo la absolución y la fiscalía ha recurrido la sentencia.

Los culpables son el militar, Alfonso Cabezuelo; el guardia civil, Antonio Manuel Guerrero; Jesús Escudero, José Ángel Prenda y Ángel Boza. Todos rondaban los 25 años cuando ocurrieron los hechos; la mujer sobreviviente de la violación, 18. El grupo autodenominado “La manada” actuó organizadamente, se grabó mientras perpetraba el crimen y difundió posteriormente la violación a través de una red social.
Los cinco amigos se declaran hinchas del mismo equipo de fútbol, al que apoyan con actos fanáticos, según se lee en su grupo de WhatsApp “La Manada”. Como dicen las feministas, son hijos “sanos” del patriarcado; pero también es cierto que son ciudadanos que apelan a la violencia y al machismo y son, por lo tanto, un obstáculo para la construcción de una sociedad igualitaria y equitativa.
Cuatro de los cinco sentenciados en Navarra tienen juicio pendiente por agresión sexual a una mujer, en el municipio cordobés de Pozoblanco, dos meses antes de la que perpetraron en los Sanfermines. La distancia que separa Navarra de Andalucía es, aproximadamente, de 700 km.   

EL ANÁLISIS

Desde que se conoció la sentencia, el pasado 27 de abril, organizaciones de mujeres, feministas, mujeres jóvenes y mayores, ciudadanas de a pie… y un etcétera de miles de mujeres, entre las que había hombres, se manifiestan para mostrar su desacuerdo con una sentencia y un fallo que es emblema de la pobre calidad de la justicia española en materia de violencia de género; que no sabe y no pretende mejorar la protección del derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia.
Desde entonces, en muchas ciudades de España hay manifestaciones en apoyo a la sobreviviente del crimen; ha habido violaciones al derecho de anonimato de la mujer; hay exigencias de cambio del Código Penal  y hay, sobre todo, mucha rabia y frustración de una sociedad que repudia la revictimización.
Para ONU Mujeres, esta sentencia “subestima la gravedad de la violación”. Las organizaciones que llevan años tratando de que en el Estado español, los operadores de justicia y las leyes aprendan a sostener una perspectiva de género hasta las últimas consecuencias avanzan campañas y acciones.

ACCIONES

Una de estas organizaciones es Women’s Link Worldwide, que inmediatamente después de conocida la sentencia, solicitó a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial abrir un expediente disciplinario contra el juez Ricardo González González, por los argumentos discriminatorios y sexistas utilizados en su voto particular; el juez pidió la absolución para los cinco de “La Manada”.
El juez Ricardo González González argumentó que en ninguna de las imágenes que se aportó como prueba durante el juicio percibió “en su expresión (de la joven), ni en sus movimientos, atisbo alguno de oposición, rechazo, disgusto, asco, repugnancia, negativa, incomodidad, sufrimiento, dolor, miedo, descontento, desconcierto o cualquier otro sentimiento similar”.
La abogada de Women’s Link Worldwide, Estefanny Molina, dice en entrevista con LolaMora Producciones, que la sentencia está "plagada de estereotipos" y de prejuicios machistas, es misógina, discrimina a las mujeres y constituye una lectura aberrante del derecho de niñas y mujeres a una vida libre de violencia.

LOS VACÍOS

La lectura que hacen los magistrados y la magistrada de la Audiencia provincial de Navarra de las pruebas presentadas (vídeo) y del testimonio de la víctima, es "androcéntrica" - dice Women’s Link – y está basada en juicios de valor más que en el derecho penal. Esto significa que, incluso con la actual distinción tipificada en el Código Penal  español entre abuso sexual y violación sexual, la actuación judicial en la interpretación del delito perpetrado en Pamplona, podía haber conducido a un caso de violación sexual. El vacío es claro para Women’s Link: no se aplicó la perspectiva de género porque, en general, los operadores de justicia la desconocen.
El hecho mismo de que se haya filtrado la identidad de la sobreviviente “significa que está fallando la protección a víctimas de violencia sexual”, ya que, a fin de cuentas, el poder judicial también responde a “una situación estructural y sistemática” de ausencia de perspectiva de género y, por lo tanto, discriminatoria.

El mensaje para la ciudadanía es el de la impunidad y la falta de reparación a las víctimas en casos de violencia de género contra las mujeres; además de prolongar la revictimización de la mujer sobreviviente de la violación sexual de los Sanfermines.
Caso omiso hace el Estado español de la Convención de la ONU sobre todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW). Dice Estefanny Molina que el Estado español "incumple" todos los tratados internacionales al respecto, empezando por la CEDAW y siguiendo por el Estatuto de Estambul (que ni siquiera ha ratificado).

En los exámenes periódicos que hace la CEDAW, la justicia española suspende desde hace años. La CEDAW ha reiterado, en muchas ocasiones, que el Estado español incumple sus obligaciones, la principal - que hubiera podido conducir a una sentencia justa en el caso contra "La Manada" - es formar en perspectiva de género a las y los operadores de justicia, sean jueces, juezas, magistrados, abogados defensores, fiscales, etc.
Esta obligación no significa adoctrinar en feminismo, como argumentan algunos, sino aplicar las normas y los tratados internacionales de los que el país es signatario en materia de género. "Es obligación del Estado español dar formación a los jueces y juezas en la perspectiva de género", dice Estefanny Molina.

En el caso de "La Manada", tres jueces y una jueza que, teniendo una prueba (video) y el testimonio de la víctima - ambas cosas fundamentales en un juicio - no han sido capaces de dejar a un lado sus prejuicios porque, en definitiva, "están socializados", dice Women's Link, en el sistema machista y patriarcal. En este sentido, la actuación judicial es misógina, prejuiciada y machista. Y, por el lado de los perpetradores, ellos también son "hijos sanos del patriarcado".

EN LAS GUERRAS Y EN LA “PAZ”

La violencia de género contra niñas y mujeres ocurre en países en conflicto armado y en países sin guerra; en la vida privada y en la pública; no conoce diferencias por razón de origen étnico, migratorio o de clase social.
Dice Estefanny Molina que cuando la sociedad europea mira los crímenes de violación sexual perpetrados en países africanos sumidos en la guerra o en conflictos armados, la gente y los medios de comunicación los califica mucha veces de “salvajismo”, y "este enfoque es colonialista respecto a lo que se entiende por violencia sexual, porque se creería que en Europa no pasan estas situaciones de violencia extrema, como una violación grupal”.
De hecho, los avances en el cuerpo jurídico, legal y normativo internacional “no han calado en los tribunales nacionales” - dice la abogada -. La jurisprudencia internacional en casos de violencia sexual es recurrente en las justicias nacionales y hay reconocidas sentencias que sí aplicaron la perspectiva de género pero no son la mayoría. El hecho de que haya una sola, con expresiones tan vejatorias como la de ahora, denota que queda mucho por hacer”.

Por ejemplo, los avances logrados en las últimas décadas gracias a la lucha constante de las mujeres para, por ejemplo, tipificar los diferentes tipos de violencia de género contra niñas y mujeres o garantizar reparación a las víctimas, caso del Estatuto de Roma que da pie a la Corte Penal Internacional.
En este camino “hay mucho trabajo por hacer porque los Estados tienen el poder y la obligación” de aterrizar la jurisprudencia internacional a la nacional “pero la voluntad política no es adecuada, no se puede hablar de un compromiso real y efectivo con la protección de los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas”.
Finalmente, Women’s Link dice que hay que entender que los violadores de “La Manada” no son “salvajes ni tiene que ver con una enfermedad sino que son hombres normales e hijos sanos del sistema patriarcal de dominación que pone a uso y disfrute de los hombres el cuerpo de las mujeres y sus vidas”.

LAS AGENDAS FEMINISTAS PARA EL CAMBIO

Una de las críticas del movimiento feminista es que en el año 2015, cuando  propusieron cambios al respecto en el Código Penal, no se les hizo caso. Al respecto, Women’s Link dice que la reivindicación de la modificación del Código Penal  para que no haya diferencia entre abuso y violación “es legítima y necesaria”. Sin embargo, concluye Estefanny Molina, “creemos que al día de hoy, con el Código Penal que tenemos, si hubiera formación y perspectiva de género en la administración de justicia se podría transformar la situación de muchas sobrevivientes de violencia de genero. El quid de la cuestión es hacer una interpretación feminista y no neutral de las normas penales, que existan jueces que apliquen con perspectiva de género las normas que ya tienen. Se trata de dar formación para que haya un efecto transformador de la justicia y ésta llegue a ser justicia de género”.
Este caso marca un antes y un después en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Dice la abogada de Women’s Link: “Este caso y su sentencia es un punto de inflexión porque viene también desde la movilización del movimiento feminista del 8 de marzo, que puso en la palestra cuestiones como la violencia sexual y el lema ‘Yo sí te creo’. El movimiento feminista estaba pendiente de la sentencia y tuvo la capacidad de convocar a una nueva manifestación y que las calles de España se llenaran de nuevo”.

Tras la nefasta sentencia, se abre el debate sobre la obligación que tienen las leyes y las instituciones de los Estados de proteger a niñas y mujeres de todas las formas de violencia de género; y la violación sexual es una de ellas. Por todo esto, dicen desde Women’s Link que la sentencia “marcará un antes y un después en España y en el mundo. A nivel global se están denunciando y visibilizando muchas historias de violencia y acoso, con #Metoo o #Cuéntalo. Esto muestra que no se queda en el caso de ‘La Manada’ o en casos aislados, sino que es un asunto sistémico y estructural porque responde a las estructuras de poder y al sistema patriarcal de dominación de los cuerpos de las mujeres y de dominación de los hombres sobre las mujeres”.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: LolaMora Producciones
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 

Harvey Weinstein, productor de cine acusado de violación se entrega a la policía de NY


   Paga fianza y es puesto en libertad condicional
   

El productor de cine Harvey Weinstein, cuyo hostigamiento y acoso a mujeres durante años provocó que mujeres de Hollywood iniciaran el movimiento #MeToo (#YoTambién en español) a finales de 2017, se entregó a la policía de Nueva York esta mañana, y será acusado de violación, un acto criminal sexual, abuso sexual, y conducta indebida en el caso de dos mujeres.
De acuerdo con diversos medios internacionales, horas después de haberse entregado dejó la comisaría, esposado, para declarar ante un juez. Éste fijó una fianza de diez millones de dólares () para que quedara en libertad condicional. Weinstein tuvo que entregar su pasaporte y tiene que llevar un brazalete electrónico.
La policía de Nueva York emitió un mensaje agradeciendo a las valientes sobrevivientes de “denunciar y buscar justicia” . La actriz Rose McGowan, una de las primeras en acusar a Weinstein de violación, hecho que dijo, ocurrió en 1997 y que no será procesado en este caso, reaccionó con satisfacción: “Yo y muchas sobrevivientes de Harvey Weinstein ya habíamos perdido la esperanza de que tuviera que rendir cuentas ante la ley. Hoy estamos un paso más cerca de justicia”.
Más de 70 mujeres han salido públicamente desde el pasado mes de octubre, acusando a Weinstein de acoso, asalto sexual y violación. La conducta del productor era un secreto abierto en la industria del cine, silenciado por la misma. Bajo esa protección, Weinstein utilizó su poder e influencia para callar a las víctimas durante años.
El debate #MeToo fue el que cambió todo. Desde entonces, el productor fue despedido de los dos estudios que fundó con su hermano y echado de la academia de cine, lo que no le impidió llegar a Nueva York anoche en un avión privado.
Feministas han criticado al fiscal del caso, Cyrus Vance, de dar un trato más favorable a Weinstein que a sus víctimas. La fiscalía de Manhattan examinó hace tres años la denuncia de la modelo italiana Ambra Battilana Gutiérrez, pero el fiscal decidió archivarla por falta de evidencias que pudieran sostenerse ante un jurado.
Vance está investigando también la denuncia de la actriz Paz de la Huerta, que declaró públicamente haber sido violada en dos ocasiones en 2010. Hay expedientes abiertos contra Weinstein en Los Angeles por las denuncias de cinco mujeres, y en Londres, donde no hay límites judiciales para violación y se investigan casos que datan hasta los años 1980, según el diario The Guardian.
Weinstein abandonó la comisaría sonriente, su abogado Benjamin Brafman dijo que su cliente se declarará inocente, y consideró que las evidencias presentadas no se sustentarían en un juicio. “Este caso se resolverá favorablemente para Harvey Weinstein si llega a juicio y asumiendo que el jurado no está contaminado por el movimiento #MeToo”, aseguró.
Organizaciones de mujeres y sobrevivientes se han mostrado muy satisfechas de ver a Weinstein con esposas. La fundadora del movimiento #MeToo, Tarana Burke, dijo en entrevista con Variety que era un cambio enorme en la manera en que se trata la violencia sexual. “Se está moviendo desde la corte pública a una corte tribunal”.
La actriz Asia Argento, quien apenas hace una semana en pleno escenario del festival de cine de Cannes volvió a acusar a Weinstein, comentó en Twitter: “Está dando el primer paso en su inevitable descenso al infierno”.

Imagen retomada del portal peoriapublicradio.org
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Irlandeses dicen sí al aborto


Según encuestas, 68 por ciento votó en un referendo en favor de derogar enmienda que lo prohibía


Irlanda, país de fuerte tradición católica pero que ya aprobó el matrimonio entre homosexuales, votó ayer ampliamente en un referendo en favor de derogar la prohibición constitucional del aborto, según encuestas a boca de urna.
El ganaría con 68 por ciento de sufragios frente a 32 del no, según el sondeo hecho por del instituto Ipsos/MRBI para el diario Irish Times, en cual entrevistaron a más de 4 mil 500 electores tras emitir su sufragio en 160 locales de votación distribuidos en el país. La muestra cuenta con un margen de error de 1.5 puntos porcentuales.
Un sondeo de RTE/Behaviour & Attitudes calculó en 69 por ciento la aceptación de esa práctica médica después de que consultó a 3 mil 800 personas y tendría un margen de error de 1.6. El recuento de los votos se hará hoy, y se espera conocer los resultados oficiales esta noche.
Más de 3.2 millones de irlandeses respondieron a la pregunta de si quieren mantener o derogar la controvertida Octava enmienda de la Constitución de 1983, que da al feto y su madre el mismo derecho a la vida. El artículo fue modificado en 2013 para permitir esa práctca cuando la vida de la madre corra peligro durante el embarazo o el parto.
De anularse la enmienda, se añadiría una cláusula constitucional que permitiría al Parlamento legislar sobre el aborto, lo que abriría la opción de regularizar esa práctica en el país.
La jornada despertó gran interés en la población, pues más de 118 mil ciudadanos solicitaron este año inscribirse en el censo electoral.
Según el sondeo de Irish Times, 70 por ciento de mujeres votó en favor de la legalización del aborto. Treinta puntos porcentuales, en contra. Mientras, 65 de hombres apoyó el y 35 el no. Las personas mayores de 65 años votaron mayoritariamente contra el cambio de la legislación, mientras 85 de los electores de entre 18 y 24 años sufragaron en favor.
El presidente irlandés, Michael D. Higgins, y el primer ministro, Leo Varadkar, depositaron su voto en Dublín, cerca de sus domicilios.
Varadkar, médico de profesión y quien apoya liberalizar el aborto, dijo que la participación era alta y que ello beneficiaba a la causa que defiende.
El ministro de Justicia, Charlie Flanagan, llamó a dar otro gran paso para salir de nuestro oscuro pasado. La ministra de Infancia, Katherine Zappone, una de las primeras impulsoras del referendo, expresó que un día emotivo, histórico, estaba por venir.
La votación se celebró tras reiterados llamados de la Organización de las Naciones Unidas para poner la legislación irlandesa en línea con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
De confirmarse el resultado, el plebiscito marcará un nuevo hito en un camino de cambio para un país que sólo legalizó el divorcio por un margen mínimo en 1995, antes de convertirse en el primero en adoptar el matrimonio gay hace tres años.
Ningún asunto social ha dividido más a los 4.8 millones de irlandeses que éste, el cual se introdujo en la agenda política tras la muerte –en 2012– de una migrante de India, de 31 años, por un aborto espontáneo séptico, luego de que se le negó la interrupción de un embarazo.
A diferencia de 1983, cuando la religión centraba el debate y el derecho al aborto era tabú en la sociedad, esta vez la campaña se ha caracterizado por las experiencias personales de las mujeres.\\Afp, Dps y Reuters
 
Periódico La Jornada
Dublín.

Las últimas masacres en EE.UU. tienen algo en común: la misoginia

The Guardian / El diario

Cuanto más tiempo sigamos ignorando que el machismo está detrás de muchos de estos crímenes, más y más violencia seguiremos permitiendo.


El sheriff del condado de Harris, en el que se encuentra Santa Fe, Ed González EFE  
La masacre en el instituto de Santa Fe de la semana pasada que se saldó con 10 personas muertas –la mayoría estudiantes– parece tener algo en común con respecto a muchas otras que se han producido en EEUU: la misoginia. La madre de una de las víctimas dijo que el atacante eligió a su hija como primera víctima porque ella rechazaba sus continuas insinuaciones en forma de acoso.
¿Cuántas masacres más vamos a tener que presenciar para reconocer que la misoginia mata? Cuanto más tiempo ignoremos la masculinidad tóxica que subyace en tantos de estos crímenes, más violencia estaremos permitiendo.
Sadie Rogríguez contó en LA Times que su hija Shana Fisher "tuvo problemas durante cuatro meses" con el atacante de Santa Fe. "Él se le insinuaba constantemente y ella una y otra vez le dijo que no". Una semana antes de la masacre, su hija se enfrentó al atacante y "lo avergonzó en medio de la clase".
El nuevo tiroteo se ha producido ni un mes después del ataque con furgoneta perpetrado en Toronto en el que murieron 10 personas y otras 13 resultaron heridas –ataque protagonizado por un hombre que, al parecer, estaba furioso porque las mujeres no se acostaban con él. Antes de esto, en el año 2015 se produjo un ataque en la universidad de Oregon por parte de un joven que se quejaba de seguir siendo virgen y "no tener novia".
En 2014, Elliot Rogger mató a seis personas y dejó por escrito un manifiesto machista de 140 páginas y vídeos en los que protestaba: "No sé por qué no os atraigo, chicas, pero os castigaré por ello". En 2009, George Sodini mató a tres mujeres en un gimnasio en Pensylvania después de lamentar online que las mujeres jóvenes no quisieran tener citas con él.
Incluso en los casos de tiroteos en masa en los que el motivo declarado no es directamente el desprecio a las mujeres, a menudo hay una historia de violencia machista o sexual detrás.
Desde este último ataque, hemos escuchado a los líderes republicanos culpar de dicha violencia a casi todo, desde el uso de Ritalín y los videojuegos a la falta de religión en las escuelas e incluso han culpado al aborto. Nunca a las armas por supuesto, y eso que este es el tiroteo número 22 que se produce en un instituto de EEUU en solo un año.
Incluso cuando las feministas continúan alzando la voz sobre la amenaza común que suponen el sexismo y la misoginia en este tipo de crímenes, mucha gente parece estar obviando esta perspectiva.
Después del ataque en Toronto, el columnista del New York Times Ross Douthat publicó un artículo inoportuno sobre la "redistribución del sexo", una idea que se originó en foros online misóginos para "incels" a los que les gustaría ver a las mujeres obligadas a tener sexo con hombres "en situación desfavorable".
Hace solo unos días, el profesor de psicología y escritor canadiense Jordan Peterson, hombre de culto para jóvenes descontentos, dijo en un perfil de New York Times que los hombres jóvenes no cometerían crímenes de violencia masiva si hubiera "monogamia forzada".
La solución a los crímenes misóginos no es asegurar que los hombres violentos tengan acceso sexual a mujeres. La solución es que enseñemos a los hombres que no tienen derecho a la atención sexual por parte de las mujeres, para empezar.
La mujeres no deben tener miedo a rechazar a los hombres para que no les maten a ellas y a otros; los hombres no pueden crecer creyendo que las mujeres les deben sexo. Y estas no son lecciones tan complicadas.
Antes de que otro joven decida saciar su rabia misógina en una escuela, en un gimnasio o en una calle de la ciudad, es el momento de que finalmente hagamos algo.
Traducido por Cristina Armunia Berges