6/07/2008

¿Aprobarán líderes charros la Ley laboral sin contratación colectiva ni derecho de huelga?


Pedro Echeverría V.

1. El expriísta y neopanista Javier Lozano, secretario del Trabajo del gobierno de Calderón, con ese despotismo que lo caracteriza (“dinero o cuello”) está dispuesto a brincarse todos los obstáculos para imponer la reforma a la Ley del Trabajo; ley que el pasado gobierno de Fox, con el empresario Abascal como su secretario de trabajo, no pudo lograr que se aprobara. Fox, “el presidente empresario y para los empresarios”, luchó mucho para imponerla pero varias organizaciones obreras (independientes y charras) la rechazaron. El centro de la reforma busca eliminar (o casi desaparecer) a) la contratación colectiva, b) el derecho de huelga, c) la organización sindical, d) las conquistas laborales y d) las prestaciones sociales. Nada de estos derechos obreros, logrados durante casi un siglo con luchas, cárceles y muertes de abuelos y padres, debe quedar. Los empresarios y el gobierno derechista deben garantizarles a los nuevos inversionistas ganancias seguras y estabilidad.

2. A pesar de que la clase obrera nació controlada por la clase dominante, con leyes e instituciones laborales, organizaciones sindicales corporativas y líderes charros o vendidos, hubo durante décadas presiones de organismo obreros independientes (pequeños, pero muy combativos) que muchas veces obligaron a la burguesía a hacer leyes sociales. La misma revolución mexicana, a pesar de sus objetivos capitalistas, se vio obligada a plasmar en su Constitución algunas demandas sociales, como los artículos 3 (acerca de la educación), 27 (sobre las tierras) y 123 (del trabajo) Aunque estos artículos nacieron mediatizados al contener apartados contradictorios, y por reglamentos que muchas veces nulifican las ideas generales, contienen muchas cosas en beneficio de los trabajadores y la población. Por ese motivo el artículo 123 constitucional es defendible en las condiciones actuales en que los empresarios y el gobierno derechista quieren reformarlo.

3. La contratación colectiva, el derecho de huelga y la libertad de los obreros para organizarse sindicalmente son los puntos básicos en que no se puede ceder ni un ápice y por los que la clase trabajadora debe salir a las calles. Por ningún motivo se debe confiar en las organizaciones dirigidas por líderes charros siempre dispuestos a venderse por algunos millones de pesos que ha dispuesto el empresariado y el gobierno para ser repartido. Si esa Ley se aprueba todos los cambios que se han estado imponiendo en las fábricas desde hace 25 años (sobre todo a raíz de la implantación en México de las maquiladoras) se legalizarán, además de otros que serán impuestos con gran facilidad.

4. Contra la contratación colectiva los empresarios exigen la contratación individual, es decir, un contrato en el que el obrero (sin protección alguna) va a tener siempre una espada colgada con un delgado hilo sobre su cabeza, vigilada por el empresario dispuesto a dejarla caer cuando quiera. Antes la organización sindical, aunque charra o vendida, se convertía en punto de negociación con posibilidades de ser presionada. Por el contrario la contratación individual no le garantiza ninguna estabilidad al obrero y los convierte en un simple esclavo que deba someterse a los deseos del dueño de la fábrica o al capataz para que no lo echen a la calle en cualquier momento. En México, por el gigantesco desempleo que cada día es mayor, los empresarios se aprovechan de la enorme oferta de brazos para explotar con intensidad el trabajo humano, sea por horas, por día o en horarios necesarios para el capital. La contratación individual debe ser combatida con toda la fuerza obrera,

5. El derecho de huelga figura en la Constitución por lo menos desde 1917. “La huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores” (440 de la LFT) La huelga, comentan los abogados Trueba, es un derecho social económico cuyo ejercicio le permite a los trabajadores alcanzar mejores condiciones de trabajo, prestaciones y salarios, y en el porvenir sus reivindicaciones sociales. Ese derecho no puede ser nulificado con reglamentos que en la práctica busquen anular el derecho. ¿No es imbécil acaso tener que pedir permiso para hacer una huelga o que cada obrero tenga que probar con documentos individuales que pertenece a la empresa? La empresa también busca eliminar las huelgas por solidaridad, cuando este tipo de acciones son las que unifican la fuerza obrera ante los empresarios y los gobiernos siempre unidos. Si eliminan o complican el estallido de una huelga, el instrumento más importante de la lucha obrera, será muy grave.

6. Destruir la organización sindical, mediatizarla o convertirla en blanca, es decir, al servicio de los empresarios, es el gran objetivo de la reforma sindical que busca imponer el gobierno panista. El sindicato es una asociación de trabajadores para la defensa de sus intereses. A nadie se le puede obligar a formar parte o no formar parte de él. Los sindicatos pueden ser gremiales, industriales, nacionales de industria, de oficios varios. Aunque la historia de los sindicatos haya sido muy desprestigiada por la corrupción de sus dirigentes, los trabajadores no pueden mejorar sus condiciones de trabajos, su estabilidad y su vida, sin organizarse colectivamente. Ni modo, hay que seguir dando la lucha interna para limpiar los sindicatos de líderes charros o vendidos, pero los obreros necesitan vivir organizados porque los empresarios sólo pueden respetar la fuerza de los obreros. Por eso buscan hacer contratos individuales que no den oportunidad a la organización sindical y la huelga.

7. Además, en la reforma a la ley del trabajo, se busca eliminar todas aquellas conquistas sindicales como vacaciones, días feriados, el derecho de las mujeres embarazadas y con hijos, aguinaldos, reparto de utilidades y demás prestaciones que no fueron merced al gobierno o a los empresarios sino producto de luchas gloriosas, intensas, heroicas, de los años treintas, cuarenta, cincuenta, etcétera de abuelos y padres que sufrieron descuentos de salarios, despidos, golpes, encarcelamientos y asesinatos. Dejar ir o perder una conquista sindical es irresponsable cuando se sabe el gran costo y sufrimiento de la clase obrera. ¿Para qué sirvió la caminata de los obreros de Nueva Rosita, la gran lucha ferrocarrilera y los miles de presos encarcelados, la batalla de los maestros othonistas de la IX, la batallas de la CNTE que luchan contra la reforma del ISSSTE, los oaxaqueños, los electricistas del SME, los mineros, el EZLN? ¿Para qué sufrir cárceles y asesinatos si luego nos vamos a vender?

8. Al parecer la aprobación de la ley laboral dependerá también de la aprobación de la privatización petrolera. Si nos derrotan en esta lucha que hasta hoy ha estado encabezando López Obrador, el panismo y el Príamo inmediatamente continuarán con lo laboral; por el contrario si les ganamos también nuestra batalla evitará las reformas siguientes. Mientras la burguesía se presenta unida las fuerzas de izquierda luchan divididas cuidando sectariamente su causa. La sección 22 de Oaxaca ha obligado a la dirigente charra Gordillo y al secretario de Gobernación a iniciar pláticas, sin embargo no será fácil porque esos dos sujetos se la saben de todas todas y tratarán de hacer trampa contra los profesores. De todas maneras la batalla de los oaxaqueños deberá continuar porque hay mil una cosas pendientes, sobre todo la libertad de los campañeros presos políticos. Con estas batallas se puede unificar a la clase obrera y otros sectores a luchas contra la privatización del petróleo y contra la reforma de la ley laboral.


pedroe@cablered.net.mx

Del Forum......




Forum
Junio de 2008.


Soberanía, Constitución y Estado

José Francisco Gallardo Rodríguez
generalgallardo@yahoo.com.mx

Al silencio cómplice de las fuerzas armadas de México.

Por tratarse de la sobrevivencia de la nación, de un asunto de soberanía, el debate sobre el tema del petróleo debe llevar primero: a la profundización de los principios fundamentales: propiedad originaria; dominio directo, inalienable e imprescriptible; y explotación exclusiva y directa de los hidrocarburos; o segundo: a la convocatoria de un constituyente. No a una reforma constitucional que responda a intereses particulares, partidistas o de grupo en una clara entrega del patrimonio nacional al gran capital.

De los muchos problemas que se suscitan en torno a la soberanía, se destaca el relativo a la dialéctica entre quién es el titular de la soberanía y el del ejercicio jurídico del poder. La evolución histórica de la soberanía culmina cuando localiza al Estado como su titular. A su vez, el pueblo, titular originario de la soberanía, subsume en la Constitución su propio poder soberano.

Desde la cúspide de la Constitución, vértice de la pirámide jurídica, el principio de legalidad fluye a los poderes públicos impregnándolos de seguridad jurídica, es decir, de constitucionalidad: un individuo puede hacer todo aquello que no prohíbe la norma, en tanto que el individuo que obra en representación del Estado, únicamente puede hacer lo que la ley le ordena o autoriza.

Así las cosas, la supremacía de la Constitución presupone dos condiciones. Primero, el poder constituyente es distinto de los poderes constituidos. Segundo, la Constitución es rígida y escrita. De esta manera es como la supremacía de la Constitución responde, no sólo a que es la expresión de la soberanía, sino también a que por serlo, está por encima de todas las leyes y de todas las autoridades: es la ley que rige las leyes y que faculta a las autoridades.

Si los órganos del poder, reciben su investidura y facultades de una fuente superior a ellos mismos, la Constitución, quiere decir que su autor debe ser distinto y estar por encima de los intereses de los órganos constituidos, entre ellos en el poder revisor o Constituyente Permanente (Congreso de la Unión y legislaturas de los estados).

El origen de esta distinción se anida en la teoría de la división de los poderes que plantea la existencia de un poder más alto –Constituyente– que marca a cada uno de ellos sus facultades y competencias.

Cronológicamente se aprecia, sin duda, que el Constituyente precede a los poderes constituidos; cuando aquél ha formulado y emitido su obra en un documento único y solemne: la Constitución, desaparece del escenario jurídico del Estado, para ser sustituido por los órganos que él ha creado. El Poder Constituyente no gobierna, sino sólo expide la ley en virtud de la cual gobernarán los poderes que él ha constituido; y éstos no deben hacer otra cosa que gobernar en los términos y límites señalados por la ley emanada del Constituyente, sin que puedan en su carácter de poderes constituidos alterar en alguna forma la norma que los creó y los dotó de competencia.

Precisamente, la intangibilidad de la Constitución en relación con los poderes constituidos, significa que la Constitución es rígida, lo que se complementa con su forma escrita. Por serlo, es superior a todos los poderes constituidos. En ningún sistema constitucional se admite, pues, que cualquier órgano constituido pueda ponerle mano a la Constitución, pues tal cosa significaría la destrucción del orden constitucional.

Lo expuesto nos lleva a la conclusión de que la soberanía, una vez que el pueblo la ejerció a través del trabajo solemne del Constituyente, reside exclusivamente en la Constitución que recoge la voluntad general que no es simplemente la suma de las voluntades particulares, ni tampoco la voluntad de todos o del mayor número. La voluntad general de que hablamos debe intervenir un elemento de moralidad, que consiste en buscar la utilidad pública.

Por tanto, las reformas que ahora pretende hacer el Constituyente Permanente para alterar los principios fundamentales de dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre el petróleo, implican la destrucción de la Constitución, la modificación de la misma en sus decisiones políticas fundamentales –división de poderes, federalismo, municipio, democracia, derechos humanos y sociales, educación, etcétera– hechas por un órgano incompetente como lo es el poder revisor; más grave aún, integrado hoy en día por intereses ajenos a la nación y a la voluntad general.

Es cierto, en 1940, 1960 y 1983 hubo reformas a la Constitución en el tema petrolero, pero no significaron un cambio en la línea original del Constituyente sino que el poder revisor, en acato a su mandato, profundizó en las decisiones fundamentales al considerar los recursos en materia de petróleo propiedad de la nación y parte de nuestra soberanía.

El petróleo no es cualquier recurso, forma parte de nuestra identidad nacional, de nuestra historia, de la geopolítica mexicana, del desarrollo del país, del poder nacional, quienes lo entreguen al gran capital a través de reformas legaloides bajo el eufemismo de competitividad, modernización o apertura cometen el delito de traición a la patria.

Petróleo y migración


Humberto Hernández Haddad
humberto.hernandez.haddad@gmail.com

1. Escribo estas líneas para mis lectores desde el Foro Migración Internacional México-Estados Unidos, realizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, por el Consejo Estatal de Población de Chihuahua y El Colegio de la Frontera Norte. Acertadamente, este foro que congrega a especialistas de todo el país, se reúne para homenajear al doctor Jorge Bustamante Fernández, el intelectual juarense que se ha convertido en un símbolo de la defensa internacional de los trabajadores migrantes como relator de la Naciones Unidas y quien ha dedicado su vida a la investigación científica de la frontera y a analizar los factores que actúan detrás del fenómeno migratorio.

2. Imponente luce Ciudad Juárez, con su nacionalismo a flor de piel, con sus 3 millones de habitantes y sus enormes plantas industriales a orillas del río Bravo. Esta ciudad es una esquina estratégica de la República y sus problemas no son de calibres locales. Pertenecen al rango de la agenda estratégica de la seguridad nacional y la política exterior de México. El producto industrial per cápita juarense coloca a esta ciudad en el rango internacional de las ciudades inscritas en las ligas mundiales, por sus logros y también por sus problemas

3. Las frías estadísticas de expulsión migratoria y de repatriaciones que se ven desde aquí causan asombro. Un promedio de medio millón de mexicanos al año abandonan el país, cruzando la frontera norte para buscar trabajo. Las deportaciones de miles de niños menores de 12 años son un capítulo de especial atención donde los tres cónsules mexicanos que asisten al foro explican el despliegue de gestiones consulares que ese fenómeno requiere. Es evidente que las valiosas investigaciones de El Colegio de la Frontera Norte debieran ser aprovechadas por las autoridades mexicanas que actúan en la frontera y el extranjero.

4. Apegado a su papel de incansable defensor de los derechos humanos de los migrantes, Jorge Bustamante dio a conocer en el foro tres datos duros: cada vez es mayor el número de menores de edad mexicanos abusados durante sus intentos de cruce indocumentado e internación en Estados Unidos; se hace necesaria una protesta de México por una nueva práctica que ha surgido durante las deportaciones de mexicanos de inyectarlos con supuestos fármacos tranquilizantes, lo cual es una violación grave a los convenios internacionales que protegen sus derechos; y como espejo de ese clima de violencia, México destaca entre los países donde se cometen los mayores abusos contra los migrantes del sur que entran a nuestro territorio buscando llegar a Estados Unidos.

5. Todo este panorama de descomposición social tiene una misma e indisoluble raíz: el desempleo. Los trabajadores que emigran van huyendo de la pobreza y de la falta de oportunidades en sus países de origen. Si además a ello se agregan factores de hambrunas, de inestabilidad política o de desastres naturales, entonces las cifras aumentan rápidamente.

6. Para México es fundamental prevenir cuatro factores que pueden afectar el bienestar de la nación. Primero, el carácter indispensable que para el desarrollo agrícola e industrial tiene el sector energético, especialmente la industria petrolera como patrimonio nacional. Segundo, la urgencia de reactivar el sistema agroalimentario del país, con fertilizantes, maquinaria y créditos, antes de que una crisis alimentaria internacional nos alcance. Tercero, se requiere de un plan de contingencia económica nacional frente a la recesión estadunidense que podría frenar las remesas de dinero de los trabajadores migratorios mexicanos, que son la segunda fuente de divisas, después del petróleo. Cuarto, la revisión y corrección del modelo económico promotor de la desigualdad, que desde 1982 desintegra a la planta industrial nacional, impulsando el desempleo y concentrando la riqueza.

7. Si la estrategia económica del no desarrollo de México continúa con el mismo sentido de desintegración que el neoliberalismo del Consenso de Washington le impuso desde hace 25 años, estaremos condenados a agotar en 10 años los yacimientos petroleros, con una extracción acelerada programada para exportar petróleo crudo y trabajadores indocumentados. Ésa es la tendencia predominante en varias regiones del país, incluyendo a los estados petroleros del sureste como Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz.

8. Petróleo y migración se articulan en una delicada ecuación con el sistema energético-agroalimentario-hidráulico. La posibilidad de que el precio internacional del petróleo alcance los 200 dólares por barril es real y está cercana. Y sus efectos en los precios de los alimentos serán el marco perfecto para una crisis de escasez de alimentos. El maíz será el primero en la lista de granos básicos que serán destinados a la producción de biocombustibles. Estados Unidos está dedicando ya casi la tercera parte de su producción nacional de maíz para producir etanol como combustible para el transporte.

9. Aún si dedicara la totalidad de su producción de maíz para hacer etanol, apenas si resolvería sus necesidades nacionales de gasolina en un 12%. La búsqueda de combustibles guiará la agenda política, económica y militar de Estados Unidos hasta que puedan salir de esta crisis estructural.

10. Nadie puede llamarle seriamente iniciativa de reforma energética a lo que se está discutiendo en el Senado, pues son simples iniciativas de reforma a Pemex y no a todo el sector energético, que incluiría gas, petroquímica básica, electricidad y recursos hidráulicos. Los senadores se están olvidando de analizar el impacto profundo del petróleo en la agricultura y la migración. Sería sano para ese debate petrolero, que por aseo jurídico y dignidad legislativa, el senador Francisco Labastida Ochoa se excusara de presidir la Comisión de Energía y el debate mismo, pues entraña un conflicto de interés que habiendo sido un actor central del escándalo históricamente llamado Pemexgate ahora coordine el debate para decidir el futuro de la industria petrolera. El Senado debe subsanar esa falla.


¿Y el origen?

Juan Chávez
chavezr25@hotmail.com

Los medios son culpados por los presidentes, cuando sus políticas no alcanzan las metas propuestas.

Lo hizo López Portillo, con aquella sentencia de “no pago para que me peguen”, a poco más de un año de que concluyera su sexenio.

Ahora, ha sido Felipe Calderón, cuando un periodista le preguntó que explicara su “¡ya basta!” que lanzó el viernes 9 de mayo.

Habían pasado sábado y domingo. El Día de la Madre y el domingo, pues, y supuestamente, el “¡ya basta!” parecía cosa del pasado.

No fue así. El presidente, tras de explicar que se trataba de una convocatoria y exigencia a todos, se fue a la directa contra la prensa:

“Es también una exigencia a los medios de comunicación, precisamente, para que manifiesten y divulguen las acciones que están, precisamente, deteniendo la estructura de los criminales, para que no se convierta la estrategia de los criminales en una estrategia que busca sembrar terror, en una estrategia compartida por los propios medios de comunicación”.

Ricardo Alemán, en su columna de El Universal (15-V-08) pregunta al mandatario entre admiraciones “¿¡Qué quiso decir, Presidente!?”

Los medios con esa declaración presidencial, parecieran, por acción u omisión, estar efectivamente como el presidente los ve, formando parte de “la estructura” en la que el narcotráfico sustenta su poder.

Y los medios no somos más que el espejo que refleja esa materia prima para el mundo noticioso y de la opinión pública, por supuesto, que generan los actores políticos, incluido el presidente por supuesto, y aquellos grupos o personeros que conforman la realidad diaria del país.

Los cárteles de las drogas son parte de esa fenomenología social que prensa escrita, radio, televisión e internet no hacen más que transmitir a sus lectores y audiencia.

Aquí sólo preguntaríamos:

¿Quién dimensionó el flagelo que el narco constituye para la sociedad?

¿Quién incrementó en 40% los haberes de las fuerzas armadas, en diciembre de 2006?

¿Quién marbetó como “guerra” la acción contra los cárteles del narco?

Son tiempos difíciles, no cabe duda. Diría que al presidente Calderón se le están reventando y que desde las perspectivas desde las que él los ve, como el hombre más informado del país, hay que esperar que sus decisiones, finalmente, resulten positivas para México.

Pero no se puede dejar pasar por alto que a uno de esos medios, de nuevo en el nicho de los consentidos haya estrenado la telenovela La pantera, con la participación de elementos del Ejército en la tramoya en que se desarrolla.
Ese hecho, usted lo vivirá, amable lector, va a resultar materia de nuevo escándalo periodístico y, de nuevo, cabe la pregunta ¿Quién autorizó? La productora y una actriz de la nueva telenovela de la empresa telenovelera son quienes sostienen cómo se armó tal escenografía con soldados y helicópteros de a de veras.

Los orígenes de lo que los medios transmiten y opinan, es una cuestión de esencia. El discurso político no se da en función de lo que los medios hagan o piensen. ¿O sí? En todo caso, antes de emprenderla contra los medios valdría la pena que se meditase en los orígenes.

Por ejemplo, y para no ir lejos, en el combate a las bandas de criminales –concretamente las del narco– origen y destino parecen intocados. La tierra, que es donde los estupefacientes son sembrados y cosechados, jamás aparece en el mundo noticioso. Jamás se informa quiénes son los dueños de esas tierras productoras del mal al que las fuerzas armadas y policiales se enfrentan. Tampoco el del destino merece atención mayor. En Estados Unidos, el principal consumidor de drogas, no se sabe de una “guerra” contra quienes distribuyen las malignas yerbas y polvos.
¡Ya basta!

Jorge Meléndez Preciado
jamelendez@prodigy.net.mx


En el homenaje al policía asesinado, Edgar Millán, los rostros descompuestos de Juan Camilo Mouriño y Felipe Calderón evidenciaban que las cosas iban mal, pues no esperaban una respuesta tan contundente de los narcotraficantes. Entonces, el inquilino de Los Pinos sentenció: “¡Ya basta!”. Reafirmó que no cedería ante la delincuencia, seguiría adelante en su estrategia y, como desde el principio, dijo: las instituciones son más fuertes que los delincuentes.

Cinco días después, el asombro y la preocupación no amainaron en el semblante de Calderón, pues frente al representante de la Comisión Europea, Durao Barroso, no sólo reiteró el mexicano su exigencia de ¡Ya basta!, sino que ahora hasta censuró a diversos sectores mexicanos. Lo mismo a los ciudadanos que no hacen las denuncias respectivas que al Poder Judicial que, inusitadamente, a los medios que propician, según el panista, que se exalte más a los delincuentes y no los esfuerzos gubernamentales por meter en orden a los barones de la droga.

En un discurso encendido, sin precedentes, Felipe afirmó: se busca que los “ciudadanos no sean cómplices y denuncien los delitos sin solapar la existencia de criminales, ni en el barrio ni en la ciudad, ni en el comercio ni en la cámara empresarial”.

Al Poder Judicial se refirió así: las fuerzas del orden ponen en la cárcel a los malhechores y éstos salen “a los pocos meses por su propio pie”.

Y en el caso de los medios señaló: hay una exigencia “para que manifiesten y divulguen las acciones que están, precisamente deteniendo la estructura de los criminales (sic oficialista).

El reclamo sería válido, si la famosa guerra contra las mafias hubiera sido explicada, aprobada y puesta en operación con los sectores a los cuales ahora reclama Calderón. Pero no fue así. Más bien la ofensiva se desató sin la menor consulta y de manera intempestiva. Por lo tanto, es incorrecto regañar a quienes no participaron en dicha planeación.

Pero, en otro sentido, es inconveniente decirles a los ciudadanos que denuncien a los criminales. Siendo que en nuestro país, está comprobado, nueve de cada 10 delitos permanecen impunes. Y en las cárceles no están, básicamente, los malosos, sino aquellos que no tienen dinero para contratar un buen abogado.

Es cierto, una buena cantidad de jueces y agentes del Ministerio Público han posibilitado la liberación de innumerables narcotraficantes. Ello se debe a dos motivos básicos: las investigaciones y acusaciones contra esos criminales no van sustentadas correctamente; tanto así que las recientes reformas legislativas ampliaron el plazo para que los expedientes fueran integrados a plenitud. Por otro lado, algunos impartidores de justicia son los preferidos de quienes delinquen y tienen lana; frente a dicha recurrencia, jamás se ha detenido a un juez que tenga esos dudosos antecedentes. Por lo tanto, exhortar a que se comporten de mejor forma no sirve de nada. Lo que se necesita es hacer un saneamiento en el Poder Judicial.

Lo más curioso es lo referente a los medios y periodistas. En el sexenio de Vicente Fox, amigo de Felipe, fueron asesinados 30 compañeros de la tecla y hubo cuatro desaparecidos. Mientras que en la actual administración han ultimado a 11 reporteros y hay cuatro de los que no se sabe su paradero (Nelly Olivos, Forum número 177). Dicha cifra récord en Latinoamérica y la segunda en el mundo luego de Irak, no ha preocupado en siete años y seis meses a las administraciones panistas.

Pero hay más. Recordemos que el periódico El Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue sacudido en sus instalaciones, hace algún tiempo, por una bomba. Hasta la fecha, por esa agresión, no hay ninguna pesquisa ni muchos menos un responsable en la cárcel.

En el norte del país, como sucede actualmente en Culiacán, Sinaloa, donde sesionó el gabinete de seguridad nacional –antes lo hizo en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Tijuana, Baja California, donde continúa la matanza–, los reporteros gráficos ya no pueden hacer su tarea, ni los hombres de libreta informar sobre ninguno de los bandos en pugna: los Beltrán Leyva contra Joaquín El chapo Guzmán e Ismael El mayo Zambada. A quien dé alguna pista mínima de los bandidos, simplemente se le liquida.

Frente a esa desprotección –algo en lo que son cómplices silenciosos lo mismo la PGR que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aparte de las fuerzas llamadas del orden y la legalidad–, es imposible exigirle a medios y comunicadores que se la jueguen. ¿Por quién?

Es más, ni siquiera aquí los alientan en sus tareas. Hace poco recibieron los galardones Ortega y Gasset en Madrid, España, Sanjuana Martínez, por sus libros acerca de la pederastia, y los directivos del semanario Zeta, César René Blanco y Adela Navarro (saludos, Jesús Blancornelas). En México ni siquiera los oyen, ni los estimulan. ¿Cómo ahora pedirles cuentas y hasta reclamarles su proceder?

Los medios deben hacer su tarea: no ser complacientes con el poder político, sino críticos de sus malas acciones.

Lo que se requiere es un pacto social muy amplio –lo hemos dicho hace tiempo y lo reiteramos– para enfrentar ése y otros asuntos de capital importancia. ¿Está dispuesto Felipe a citarlo o sólo tendrá momentos de enojo y desesperación?

De yerro en yerro

Julio Pomar
pojulio2@gmail.com

Cunde la percepción pública de que el dizque gobierno de Felipe Calderón Hinojosa está yendo de yerro en yerro, por más que sus plumíferos y gatilleros de la tecla de los medios impresos y los levanta-cejas de la televisión quieran hacernos tragar la píldora de que todo le va viento en popa. La lucha contra el narcotráfico se empantana de nuevas matazones y no es el paseo triunfal que los seguidores de Calderón alardeaban, a pesar de que Desde la Fe, periódico arzobispal del Distrito Federal, consideren que las ejecuciones masivas entre sicarios son sólo la reacción de los propios narcos ante la embestida oficial del Ejército convertido en policía. No le sale nada bien a Calderón, y es una pena porque no deja de ser el jefe de la administración pública y eso nos afecta en algún grado a todos los que, aun a regañadientes, dependemos de tales autoridades.

Un yerro más se ha asomado en el panorama. El tan publicitado Plan México, o Iniciativa Mérida, para combatir al crimen organizado, que iba a contar con miles de millones de dólares de parte del gobierno de Estados Unidos, se enfrenta a una situación de derrota en los propios EU. Como bien lo hizo notar Miguel Ángel Rivera en su columna Clase Politica del 19 de mayo, en La Jornada, “cuando los presidentes de México, Felipe Calderón, y de Estados Unidos, George W. Bush, anunciaron la Iniciativa Mérida (Plan México para los vecinos) se habló de miles de millones de dólares, de pronto se redujeron a sólo 500 cuando el mandatario estadunidense hizo la solicitud de fondos al Congreso, donde la cantidad disminuyó nuevamente a 350 millones de dólares”.

Pero por añadidura, para aportar esos recortados fondos para la lucha antinarco, los legisladores estadunidenses exigen a México reformas legales y judiciales, así como la seguridad de que las fuerzas policiacas mexicanas que reciban tales fondos no serán acusadas de violaciones a los derechos humanos y corrupción. Lo cual es como decirle al gobierno de Calderón que primero tiene que volver a nacer si quiere la ayuda gringa.

Lo más notorio, y grave del asunto, es que los legisladores norteamericanos plantean que México recibirá esos recortados recursos sólo si permite fiscalizaciones de Estados Unidos, lo cual implica una sola cosa: que el gobierno de Calderón se ponga de rodillas ante el de EU para merecer tales fondos, o sea, que se decida por una de dos: o renuncia a su soberanía, y se pliega y pone de rodillas ante el gran gendarme mundial, o no le otorgan esos fondos. Y en este asunto no se sabe qué será peor, porque cualquiera de las dos opciones está para llorar por la patria perdida. Calderón tiene en esto una prueba de fuego. O se va por el camino colombiano de un agresivo entreguista como Álvaro Uribe, que prostitutamente se presta a todo hacia los estadunidenses, o se detiene y decide irse con sus solas fuerzas en esta lucha por la seguridad y el combate al narco, lo cual descobijará su tan cantada saga antinarco.

Pero eso no es todo. El recorte de fondos fue aprobado solamente por la cámara baja, la de Representantes, y aún falta que el Senado yanqui le hinque el diente y lo recorte aún más. Todo ello lleva a pensar, inevitablemente, que los recortistas legisladores norteamericanos no están pensando tanto en la lucha antinarco, sino en la eficacia de la propuesta energética de Calderón. No hay ningún aviso de que así sea, pero los poderosos siempre juegan al gato y el ratón con los débiles. Es una forma encubierta, solapada, tangencial, de decir que si Pemex se privatiza, México podrá aspirar a tener todos los recursos que quiera o necesite para el antinarco, ya que en la política como en la guerra no es nuevo que se hagan movimientos simulados para engañar al adversario, o para destantear al aliado débil y someterlo a los designios del más fuerte. O sea, puede tratarse de una finta del tamaño de las que se juegan en el Super Bowl o en la NBA, que de eso algo saben los sudorosos jugadores del dream team.

De yerro en yerro, pues, se la pasa Calderón y se la seguirá pasando. Ni modo, así es la política y así se ha dejado encajonar Calderón en su alianza con los norteamericanos del poder. Que con su pan se lo coma, pero que se lo comiera él solo y no nos involucrase a todos los mexicanos, a sus instituciones y a nuestros recursos energéticos. La realidad es así de dura para quien se afloja y se amilana ante la poderosa superpotencia. Y Calderón no tiene piernas de jinete para atravesar el río revuelto de las supeditaciones a EU y llegar a la otra orilla con la soberanía mexicana a salvo de estas amenazas.

La vía zapatista

Fausto Fernández Ponte
ffponte@gmail.com

El libro Corte de caja: entrevista al subcomandante Marcos de disponibilidad pública –ocurrente en anaqueles y plúteos– de la periodista Laura Castellanos y con fotografías de Ricardo Trabulsi, tiene el insoslayable mérito de la precisión.

Y esa precisión mueve a reflexiones acerca de la razón de ser del zapatismo indio, de su naturaleza, sus alcances y objetivos estratégicos, su evolución y desarrollo, sus cortedades y potencialidades, el propio subcomandante Marcos, etcétera.

Doña Laura –es decir, el entrevistado, el subcomandante Marcos– precisa con apabullante nitidez que el fin estratégico del zapatismo indio no es tomar el poder entendido en su sentido convencional y en el entorno de la cultura política mexicana.

Precisa, con diáfana elocuencia, que no se trata del “quítate tú para ponerme yo” y disfrutar los gajes de investiduras e instituciones del poder copadas por una subclase societal conformada por profesionales de la corrupción.

También se precisa en el libro de doña Laura –un documento que, a nuestro ver, encenderá conciencias al estilo de Eduardo Galeano– que los fines del poder en México han sido monstruosamente trastocados: es ejercido por unos cuantos.
No es, pues, ejercido por todos ni para todos. Ello fomenta la simulación, el disfraz y el mimetismo, las socaliñas y las mentiras y el engaño. Tiene manifestaciones inicuas de abusos de las potestades coactivas del poder, censura y represión.

II.- Ello da origen al doble discurso; hace de éste y la demagogia una tramoya para inducir y manipular conductas colectivas, para que prevalezca impunemente el interés particular o faccioso. Por la impunidad se transita de la hipocresía al cinismo.

Así se atenta contra la esencia misma de toda modalidad o forma de organización política que se ostenta democrática o se describe a sí misma como una democracia. La vía del zapatismo indio es, en los hechos, una muy novedosa y, a su vez, antigua.

Es la vía de la renovación constante. Los caracoles –como llámansele a autonomías municipales o equivalentes– o juntas de buen gobierno. Esas instituciones son de una gran movilidad. Sus personeros duran, cuando mucho, 15 días en el cargo.

De esa guisa, mujeres y hombres asumen responsabilidades en común. Concluidos sus funciones, vuelven a sus tareas u oficios habituales en la selva, en la agricultura en las fincas abandonadas por los terratenientes y recuperadas por zapatistas.

La imagen pública del zapatismo indio y del propio ssubcomandante Marcos se sustenta todavía sobre una base de percepciones subjetivas, románticas, pueriles, distorsionadoras de la cosmovisión indígena, descontextualizadas.

Y doña Laura recoge las definiciones del propio Marcos, las cuales establecen, de vida voz, sus trascendencias propias. Ese libro antójase fiel a la tradición educativo-histórica-orientadora-explicativa del mejor periodismo trascendente.

III .- En ese sentido, este esfuerzo de la señora Castellanos (y no en menor medida, el del fotógrafo Trabulsi– es superior al, dígase, otros entrevistadores del subcomandante Marcos: Julio Scherer, un icono de nuestro periodismo, y Ricardo Rocha.

Las entrevistas realizadas por los señores Scherer y Rocha fueron para televisión, un medio difusor que por naturaleza descontextualiza hechos y sucedidos y sus protagonistas. La de don Ricardo fue patética: parecía no saber qué preguntar.
Mas no es la precisión el atributo único del libro, aunque sí el mayor, pues desmitifica con objetividad muy profesional al personaje y lo sitúa sin restarle cualidad histórica ni vigencia en un contexto que exige a gritos su comprensión historicista.
Esa comprensión historicista de lo que es, en realidad, un personaje mediático con una densa y sustanciosa miga, que suele distraer a no pocos de un fenómeno sociopolítico de enorme trascendencia: el zapatismo indio y sus definiciones.
Esas definiciones son, desde luego, antropológicas, pero a la vez se sustraen y escapan de éstas y, así, inasibles a esa ciencia, se transforman en sociológicas, políticas, étnicas, culturales e inextricablemente históricas y políticas.

Las definiciones históricas y políticas del zapatismo indio tienen subyacencias profundas, que se nutren de su vera realidad, la que conforman los componentes del contexto estructural y superestructural, y la del entorno coyuntural.

Ese zapatismo indio es, pues, telúrico. De la tierra viene. Y a los hijos de la tierra va. Mas no agótase aquí el tema. El libro de la colega Laura nos ofrece elementos para ver no sólo el proverbial bosque, sino cada árbol. Con sensibilidad y oficio.
Glosario
Plúteo: cajones de estantes para libros. Cajones con libros.

BAJA LA REVISTA EXTENSIÓN

República 16 Número 6, bajala completa


República 16, número 2 (Bajala completa)


IMPUNIDAD AMERICANA.....


Entrevista a Leonard Weinglass abogado de los Cinco cubanos presos en Estados Unidos

"Hay 40 páginas de prejuicio ideológico en el nuevo fallo de Atlanta"

Arleen Rodríguez Derivet
Cubadebate

Un panel de tres jueces del Onceno Circuito de Apelaciones de Atlanta ratificó este miércoles los veredictos de culpabilidad de los Cinco antiterroristas cubanos, prisioneros en cárceles de Estados Unidos desde 1998, y anuló las sentencias de tres de ellos que deberán ser sentenciados nuevamente en Miami. Se ratificaron a su vez las sentencias de René González (15 años) y Gerardo Hernández (dos cadenas perpetuas más 15 años). En este último caso la decisión del panel fue 2-1. En una opinión de 16 páginas la jueza Phyllis Kravitch afirma que el Gobierno no había presentado evidencias suficientes para probar que Gerardo era culpable del Cargo de Conspiración para cometer asesinato.

Los casos de Ramón Labañino (cadena perpetua más 18 años), Fernando González (19 años) y Antonio Guerrero (cadena perpetua más 10 años) fueron enviados para que la jueza del Tribunal de la Florida proceda a re-sentenciarlos. Será la jueza Joan Lenard quien deba convocar una audiencia para emitir el próximo fallo. Lenard fue quien dictó en el 2001 las desproporcionadas condenas impuestas a los Cinco. La decisión de 99 páginas de la Corte de Atlanta, redactada con un lenguaje politizado ajeno a un texto legal que favorece explícitamente la posición del gobierno, dictaminó que "carecían de mérito" los argumentos de la defensa referidos a los cargos en apelación.

Por la trascendencia del tema, Cubadebate ofrece la transcripción literal de la entrevista que Arleen Rodríguez le realizara a Leonard Weinglass, abogado de Antonio Guerrero y miembro del equipo de juristas que lleva la defensa de los Cinco cubanos presos en Estados Unidos. El diálogo fue transmitido originalmente en la Mesa Redonda, programa estelar de la Televisión Cubana, el jueves 5 de junio 2008. Arleen Rodríguez .- Weinglass ayúdenos a entender¿Qué dicen en síntesis las 99 páginas del fallo de la Corte de Apelaciones de Atlanta?

Leonard Weinglass .- Lo que significan, en breve, es que las cadenas perpetuas de dos, las de Antonio y de Ramón, fueron quitadas y hay un programa para su resentencia nuevamente en Miami ante la jueza Lenard.La sentencia de Fernando va a reducirse.

Arleen Rodríguez .- Pero Ramón y Antonio tienen cargos diferentes de Fernando. ¿Qué significa que sean devueltos los tres a Miami y qué podría esperarse?

Leonard Weinglass .- Cuando fueron arrestados los Cinco en 1998, el Pentágono y el Ministerio de Justicia hicieron una declaración diciendo que la seguridad nacional de Estados Unidos no había sido dañada. Ahora, después de estar 10 años en prisión, tenemos una afirmación por una corte de alto nivel de que no hubo espionaje y que ninguna información muy secreta había sido obtenida ni trasmitida. Eso lo encontró así la Corte, y aun así regresan a una resentencia y no estamos seguros de cuál sería la nueva sentencia; pero no sería, en este caso, cadena perpetua, y ellos pudieran, incluso, regresar a casa.

Arleen Rodríguez .- ¿Por qué Gerardo no está incluido en esa revisión?

Leonard Weinglass .- El caso de Gerardo era el caso más fácil, de acuerdo con todos los abogados, y pudo haber sido retirado. Sin embargo, aunque su caso es fácil desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político es el caso más difícil, debido al clima político existente en Miami. La Corte no tuvo el coraje de dejar a un lado una condena por conspiración para cometer asesinato cuando cuatro residentes de Miami fueron las víctimas.

Arleen Rodríguez .- El hecho de que la Corte de Apelaciones de Atlanta haya decidido reenviar a Miami, en el caso de Ramón, de Fernando y de Antonio, significa que se exageraron las condenas, ya eso es una prueba de mala conducta, ¿no es absurdo entonces que se le devuelva a la propia jueza que impuso esas condenas tan elevadas?

Leonard Weinglass .- Es desafortunado.

En esta decisión de 99 páginas, encuentran que la jueza Lenard cometió errores al sentenciar a Fernando; cometió errores al sentenciar a Antonio; cometió errores al sentenciar a Ramón; cometió errores en las instrucciones que le dio al jurado sobre Gerardo, y, de acuerdo con dos de nuestros tres jueces, cometió errores al negar el cambio de sede.

A pesar de estos seis o siete errores serios, la Corte devuelve el caso a la jueza Lenard.

Arleen Rodríguez .- ¿Qué recursos judiciales quedan?

Leonard Weinglass .- Sí tenemos aún recursos disponibles. En primer lugar, podemos, inmediatamente, el 24 de junio, pedirles a estos tres jueces que reconsideren su decisión a la luz de muchos de los errores que cometieron en esta decisión que dieron, y vamos a hacer eso.

Si ellos no reconsideran este razonamiento, entonces tenemos el derecho de ir a la Corte Suprema de Estados Unidos para reconsiderar todos o algunos de los asuntos que hemos presentado, incluyendo la sede, la mala conducta de la Fiscalía, la insuficiencia de la evidencia en contra de Gerardo y otros asuntos que esta Corte ha decidido, incluyendo el uso de un procedimiento secreto en contra de los Cinco entre la jueza y la Fiscalía, y también de mantener evidencias secretas, que pudieron haber sido entregadas a la defensa.

Arleen Rodríguez .- Este fallo se produce en un momento en que el pueblo norteamericano está concentrado en el tema electoral y quizás no tiene atención hacia otros asuntos como, junto con el de los Cinco, otro que ha llamado la atención, el posible indulto a Luis Posada Carriles, que ya está libre en las calles de Miami, y uno se pregunta si el equipo de abogados ha tenido en cuenta la doble moral del gobierno norteamericano en relación con el terrorismo, que se hace visible tanto en el tratamiento del caso de los Cinco, que son luchadores antiterroristas y están presos y no hay fallo absolutorio, y la liberación de un terrorista confeso como Luis Posada Carriles. ¿Eso se toma en cuenta en las apelaciones de los abogados?

Leonard Weinglass .- En realidad esta contradicción, la cual es muy clara en los hechos que usted citó, no está disponible a nosotros en las escrituras legales del caso; sin embargo, en la opinión original del primer panel al cual nosotros apelamos, ellos sí escribieron una nota al pie, especial, en la cual se refieren a Carriles y entonces lo nombran como terrorista. Desafortunadamente, en esta opinión de 99 páginas, no hay esas referencias.

Arleen Rodríguez .- Este fallo también se produce un 4 de junio, cumpleaños de Gerardo. El hecho de que se confirma por el Tribunal de Apelaciones la condena para uno de los cargos más frágiles que tiene todo este proceso, que es la conspiración para el asesinato y, en general, los cargos contra Gerardo, parece un acto deliberado de crueldad contra este joven luchador antiterrorista. ¿Cómo lo ve usted?

Leonard Weinglass .- Esto quizás pudo no haber sido un accidente. Las personas, incluso, lo toman en cuenta como una intención insensible contra un hombre que sirvió honorablemente a su país. Sin embargo, cuando usted lee toda la opinión que dieron, en particular las primeras 40 páginas, para nosotros, como abogados, está bien claro que hay prejuicio ideológico en la escritura. Y el hecho de dar la decisión el día del cumpleaños de Gerardo, puede ser visto como usted sugiere: un acto intencional.

Arleen Rodríguez .- ¿Qué razones podría darnos un abogado como Leonard Weinglass para que podamos seguir creyendo que hay alguna posibilidad de que triunfe la justicia en el sistema legal norteamericano, en el caso de los Cinco?

Leonard Weinglass .- Lamentablemente, este caso es una de esas situaciones donde creo que el gobierno de Estados Unidos está utilizando su sistema de justicia para lograr un objetivo de política exterior. Es por eso la diferencia con el caso de Posada Carriles, y entre el caso de Posada Carriles y este caso.

Cuando esto sucede históricamente y se revela esta existencia de prejuicio político, los norteamericanos sienten un gran sentimiento de vergüenza en las leyes y en la confianza del sistema de justicia, en los tribunales de justicia.
Arleen Rodríguez .- Si tuviera que decir en una frase qué opinión le merece este fallo del 4 de junio...

Leonard Weinglass .- Al menos, Gerardo debió haber sido liberado de todas las condenas y todas las cadenas perpetuas debieron haber sido revocadas.

O sea, ganamos una parte pequeña del caso en estos momentos, pero el asunto de la sede está aún vivo y lo vamos a presentar nuevamente ante la Corte Suprema, y, afortunadamente, vamos a comenzar el trabajo de base para que los Cinco regresen a casa.

Estamos preparados para seguir luchando y, con suerte vamos a lograrlo, como lo hicimos anteriormente, y como vamos a hacerlo y debemos hacerlo en el futuro.

Nosotros ganamos la revocación de las cadenas perpetuas, y esto es una victoria bastante significativa; pero estamos, realmente, muy defraudados al no haber ganado la parte más débil del caso que presentó la Fiscalía, y debíamos haberla ganado.

Arleen Rodríguez .- Que es el cargo tres, ¿no?

Leonard Weinglass .- Sí, el cargo tres.

Cualquier abogado que revise ese cargo, incluyendo a los fiscales, han concluido que no se pudo haber hecho una condena sobre la base de la evidencia que se presentó; y uno de los jueces escribió una opinión de 16 páginas, y muy claramente y de una forma muy fuerte dijo que Gerardo no era culpable de esos cargos. Esta es una declaración fuerte y poco usual, por una jueza de 85 años, que ha sido una jueza federal de apelaciones casi un cuarto de siglo.

Este es un acto o una acción histórica realizada por una jueza, incluso, en el cargo que incluye la conspiración para cometer asesinato, que, incluso, su posición es por debajo de la Corte Suprema; ella es una de las líderes más reconocidas del sistema de tribunales en Estados Unidos.

Arleen Rodríguez .- Esa es la jueza Kravitch.

Leonard Weinglass .- Sí, Kravitch.

Ella fue nombrada por Carter, un hombre que cree más en los derechos humanos que muchos de los otros líderes nacionales. Él la escogió de una corte o un tribunal muy pequeño, en Georgia donde ella practicaba el derecho, a pesar de haberse graduado por encima de sus compañeros de clases, en uno de los colegios de derecho más prestigiosos en Estados Unidos; pero ella no encontraba trabajo en ninguna firma de abogados grande porque era mujer. Entonces, ella entiende claramente el precio que las personas tienen que pagar cuando son víctimas de un prejuicio, y creo que ella aporta esto a su trabajo como jueza.

Arleen Rodríguez .- Muchas gracias por sus palabras para nuestra Mesa Redonda.


La cultura del engaño

Boaventura de Sousa Santos
Visão

Traducido por Antoni Jesús Aguiló
y revisado por Àlex Tarradellas

El ex secretario de prensa del presidente Bush, Scott McClellan, acaba de publicar un libro titulado Lo que pasó: dentro de la Casa Blanca de Bush y la cultura del engaño en Washington. El furor político y mediático que ha causado es el resultado de dos revelaciones: cuando ordenó la invasión de Irak, la Administración Bush sabía que Irak no tenía armas de destrucción masiva (ADM) y orquestó una poderosa «campaña de propaganda» para llevar a la opinión pública norteamericana y mundial a aceptar una «guerra innecesaria»; los grandes medios de comunicación fueron «cómplices activos» de esa campaña, no sólo porque no cuestionaron las fuentes gubernamentales, sino porque encendieron el fervor patriótico y censuraron las posiciones escépticas contrarias a la guerra.

Estas revelaciones y las reacciones que han causado tienen implicaciones que las transcienden. Antes que nada, es sorprendente todo este escándalo, pues las revelaciones no traen nada nuevo. Las informaciones en que se basan eran conocidas en el momento de la invasión a partir de fuentes independientes. En ellas me basé para justificar en esta columna mi total oposición a la guerra que, además de «innecesaria», era injusta e ilegal. Esto significa que las voces independientes fueron estigmatizadas como ideológicas y antipatrióticas, tal y como hoy criticar a Israel equivale a ser considerado antisemita. En 2001, en Egipto, y antes de que la máquina de propaganda comenzara a devorar la verdad, el mismo Secretario de Estado, Colin Powell, dijo que no había ninguna información sólida de que Irak tuviese ADM.
Esto me lleva a la segunda implicación de estas revelaciones: el futuro del periodismo. La máquina de propaganda del Departamento de Defensa se basó en tres tácticas: imponer la presencia de generales en reserva en todos los noticiarios televisivos con el objetivo de demostrar la existencia de las ADM; tener todos los medios de comunicación bajo observación y telefonear a sus directores o propietarios a la mínima señal de escepticismo u oposición a la guerra; invitar a periodistas de confianza de todo el mundo (también de Portugal) para ser convencidos de la existencia de las ADM y regresar a sus países poseídos por la misma convicción belicista. Vimos eso trágica y grotescamente en nuestro país. La verdad es que en Washington y en todo el país circulaban en los medios de comunicación independientes informaciones que contradecían el brainwashing [lavado de cerebro], muchas de ellas provenientes de generales y antiguos altos funcionarios de la Casa Blanca.
¿Por qué no se les ocurrió a esos periodistas amigos hacer una verificación cruzada de las fuentes como les exigía el código deontológico?

Para el bien del periodismo, algunos de ellos procuraron resistir la presión y sufrieron las consecuencias. Jessica Yellin, hoy en la CNN, y en aquel momento en el canal ABC, confesó públicamente que los directores y dueños del canal la presionaron para escribir historias a favor de la guerra y censuraron todas las que eran más críticas. Un productor fue despedido por proponer un programa con la mitad de posiciones a favor de la guerra y la mitad en contra. Quien resistió fue considerado antipatriótico y amigo de terroristas. Esto mismo ocurrió en nuestro país. ¿Cuántos periodistas no fueron sujetos a la misma intimidación? ¿Cuántos artículos de opinión contrarios a la guerra fueron rechazados? ¿Y los que escribieron propaganda e intimidaron a subordinados alguna vez se retractaron, pidieron disculpas, fueron cesados? Ellos colaboraron para que un millón de iraquíes resultaran muertos, decenas de miles de soldados norteamericanos heridos y muertos y para que un país fuera totalmente destruido. Todo esto ha tenido un precio, no el de la democracia —es ridículo concebir como democrático este estado colonial y más fracturado que Somalia— pero sí el del control de las reservas de petróleo del Golfo y la promoción de los intereses del petróleo, de la industria militar y de reconstrucción en la que los dueños de los medios de comunicación tienen fuertes inversiones.

Para disimular el problema moral de los cómplices de la guerra y la destrucción, un comentador de derechas de nuestro país se valió recientemente de la más desconcertante y desesperada justificación de la guerra: si no había ADM, por lo menos había la convicción de que existían. Ahora el libro de McClellan le acaba de retirar este argumento. ¿De cuál se servirá ahora? Lo trágico es que la «máquina» de propaganda continúa montada y ahora está dirigida a Irán. Su funcionamiento será más difícil y lo será aún más si los periodistas tienen mejores condiciones para cumplir su código deontológico.

Fuente:
http://www.ces.uc.pt/publicacoes/opiniao/bss/201.php
Artículo original publicado el 5 de junio de 2008.

Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra (Portugal).

Antoni Jesús Aguiló es colaborador externo de Rebelión y Tlaxcala. Àlex Tarradellas es miembro de Rebelión, Tlaxcala y Cubadebate. Esta traducción se puede reproducir libremente, a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor, al revisor y la fuente.

PRENSA MEXICO






PORTADAS EL UNIVERSAL: SELLA GUATEMALA FRONTERA MEXICANA EXCÉLSIOR: AHUYENTA EL NARCO A ALUMNOS MILENIO: MCCAIN: A MIGRANTES, NI LICENCIA NI AMNISTÍA LA JORNADA: SENSATEZ Y MENOS HÍGADO, DEMANDA EBRARD AL GOBIERNO LA CRÓNICA: “NO APOYO INVASORES, SINO A LA GENTE,” DICE DIPUTADA DEL PRD
Por unafuente
EL UNIVERSAL:
SELLA GUATEMALA FRONTERA MEXICANA El gobierno guatemalteco desplegará en la frontera con México un cuerpo de élite para combatir el tráfico de drogas, integrado por 500 militares y agentes especiales. Reveló que la fuerza antinarco estará compuesta por unos 200 elementos de la Guardia Presidencial, con entrenamiento para patrullar la selva de El Petén, limítrofe con México. VER NOTA COMPLETA
EXCÉLSIOR: AHUYENTA EL NARCO A ALUMNOS El crimen organizado ya impactó al sector educativo. Y es que la lucha entre cárteles de la droga y el combate por parte del Ejército mexicano genera “incertidumbre y miedo entre los alumnos de la Universidad Autonoma de Sinaloa (UAS), indicó su rector, Héctor Melesio Cuén. “El miedo y la incertidumbre están presentes en todo momento,” agrega. VER NOTA COMPLETA
MILENIO: MCCAIN: A MIGRANTES, NI LICENCIA NI AMNISTÍA El virtual candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, John McCain, se manifestó contra una amnistía a indocumentados, se opuso a la idea de conceder licencia de conducir a latinoamericanos que viven ilegalmente en Estados Unidos y aseguró que el gobierno ha fallado con su política migratoria. VER NOTA COMPLETA
strong> LA JORNADA: SENSATEZ Y MENOS HÍGADO, DEMANDA EBRARD AL GOBIERNOComo débiles, insostenibles y falsos consideró el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, los argumentos de la Secretaría de Gobernación para impugnar la consulta ciudadana sobre la iniciativa de reforma energética, que prevé realizar el próximo 27 de julio. VER NOTA COMPLETA
LA CRÓNICA: “NO APOYO INVASORES, SINO A LA GENTE,” DICE DIPUTADA DEL PRDLa diputada del PRD, Leticia Quezada Contreras, se deslindo de los cuatro ex funcionarios de la delegación Magdalena Contreras que promovieron la venta e invasión de predios en suelo de conservación, entre los que se encuentran El Ocotal, La Mesita, Sayula y Totolapan. Mencionó que estos personajes son vecinos de la demarcación. VER NOTA COMPLETA

Realizarán nueva promoción de seguro de desempleo
Por unafuente
El secretario local del Trabajo y Fomento al Empleo, Benito Mirón Lince, anunció que el gobierno capitalino presentará la nueva imagen y promoción del seguro de desempleo el próximo domingo 8 de junio,
anuncia EXCÉLSIOR. En el marco de la Segunda Feria del Empleo Regional en Xochimilco, el funcionario recordó que el seguro de desempleo apoya con mil 500 pesos mensuales durante seis meses a los habitantes de la ciudad de México que perdieron su trabajo. Asimismo indicó que en la próxima campaña se entregarán folletos casa por casa, además de que repartirán 160 mil trípticos en las 16 delegaciones políticas. También se colocarán anuncios alusivos al Programa de Fomento al Empleo en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la Red de Transporte Público (RTP), espectaculares, tiendas de autoservicio, radio, televisión y prensa, publica EXCÉLSIOR.

Editorial
Crisis alimentaria: paliativos e indolencia
La reunión cumbre convocada en Roma por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) concluyó el jueves con un compromiso raquítico entre los participantes para solucionar la crisis alimentaria mundial, lo que deja entrever la sordera de los países ricos ante los severos cuestionamientos que, a lo largo de tres días, fueron dirigidos al manejo global de la agricultura en los últimos años.
En una resolución que generó polémica por carecer de sustancia, los integrantes de la FAO –con resistencias de un frente integrado por Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que consideraron que el encuentro no generó “un diagnóstico objetivo”– acordaron reducir “a la mitad” el número de personas desnutridas en el mundo –calculadas en 850 millones– para el año 2015; instaron a tomar “medidas urgentes para combatir los impactos negativos del alza del precio de alimentos en los países más vulnerables” y exhortaron a no emplear los productos alimentarios “como instrumentos de presión política y económica”.
En el mismo documento, algunas de las naciones miembros solicitaron la liberalización del comercio agrícola e invitaron a hacer “estudios en profundidad” sobre los biocombustibles, con lo que reafirman sus intenciones de dejar a amplias franjas de la población mundial a merced de los vaivenes del mercado y de las presiones de los especuladores. No se prevén, en cambio, medidas concretas para revertir el desastre que han causado más de dos décadas de políticas de “ajuste estructural”, dictadas por organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a los gobiernos de países en desarrollo, como México, que para obedecerlas han desmantelado el apoyo estatal a la pequeña agricultura y acabado con los incentivos a la producción y el consumo interno. Tampoco se plantean acciones para frenar el efecto que tiene la actuación de las grandes empresas agrícolas en el precio de los alimentos.
Significativamente, de acuerdo con versiones periodísticas, algunos de los jefes de Estado que asistieron a la cumbre en Roma se dieron tiempo para asistir a banquetes de gala ofrecidos por el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y disfrutar de selectos platillos de la gastronomía nacional. Más allá del hecho anecdótico, la opulencia con la que se regalaron estos gobernantes deja entrever su profunda indolencia por la presente situación mundial, su falta de compromiso y hasta de interés para comprender y atender esta crisis alimentaria que golpea a los más desprotegidos. Debe recordarse que si enormes franjas de la población del planeta están pasando hambre, se debe, además de los factores de coyuntura, a que muchos de los gobiernos de países integrantes de la FAO, incluido el nuestro, han abrazado sin cuestionamientos una visión de libre mercado que hoy acusa graves fallas estructurales. En esa lógica, se pretende trasladar a las empresas privadas el manejo de la agricultura en el mundo y reducir en forma sostenida la intervención del Estado en ese ámbito, como ha ocurrido en otros tantos, como si la atención a las necesidades de alimentación no fuera responsabilidad de los gobiernos y como si sólo se tratara de una oportunidad para hacer negocio.
En suma, difícilmente habrá reducción del hambre en el mundo en tanto que los encargados de atender la problemática no entiendan que la magnitud del problema requiere de un viraje en el manejo de la agricultura, que se haga acompañar por una mayor intervención de los estados en el desarrollo de políticas convenientes y viables para los países más pobres, en el entendido de que no puede dejarse en manos de las compañías trasnacionales el manejo de un asunto de importancia estratégica como es el de la alimentación.



temas trascendentales se requiere menos hígado, responde el GDF a Cabeza de Vaca
Débiles y hasta falsos los argumentos de Gobernación contra la consulta: Ebrard
■ Su carta evidencia que no hay voluntad para preguntar a mexicanos sobre la reforma energética
Ángel Bolaños Sánchez
Como débiles, insostenibles y falsos consideró el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, los argumentos de la Secretaría de Gobernación para impugnar la consulta ciudadana sobre la iniciativa de reforma energética, que prevé realizar el próximo 27 de julio.
Advirtió que cuando se trata de una decisión que incide en el futuro del país, “se necesita que haya prudencia, sensatez, sangre fría y menos hígado; se consulta al pueblo y se acabó el asunto; nos atenemos a lo que nos diga la población”.
En respuesta a la carta del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca, en la que advierte que realizar dicha consulta significará una intromisión en facultades exclusivas del Congreso de la Unión, el mandatario capitalino dijo que el escrito evidencia “de manera muy clara” que no hay voluntad política en el gobierno federal para preguntar a los mexicanos sobre la reforma energética.
En entrevista, luego de inaugurar un centro de atención del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ebrard no sólo consideró débiles los argumentos expresados por Cabeza de Vaca en dicha carta –como los que han señalado otros funcionarios federales, legisladores y dirigentes del PAN–, sino que resultan hasta insostenibles y falsos, como el de que la consulta es contraria a la Constitución o que podría generar caos y violencia social, precisó.
“A mí me llama la atención que se diriman argumentos tan débiles como los que nos enviaron, en el sentido de que la ley no prevé dicha figura, o inclusive, como dijo el propio titular de la Secretaría de Gobernación, que podría ser contrario a la Constitución.
“Ese argumento es insostenible, es falso, y ellos lo saben perfectamente bien, puesto que está previsto en la Constitución –que es el espíritu de la propia norma máxima que tenemos– que nuestro sistema es democrático, y tratándose de un tema que a todos nos interesa, que tiene que ver con nuestro patrimonio, no hay ningún impedimento para realizar una consulta de esa naturaleza”.
Por ello, el gobernante capitalino dejó en claro que en la ciudad de México y conforme a la legislación local, la consulta se realizará el próximo 27 de julio, porque “no hay ningún razonamiento lógico o legítimo para impedirlo”.
Advirtió que en la oposición a la consulta se está incurriendo incluso en viejos argumentos muy conservadores, como el de que el pueblo no puede opinar porque se trata de temas demasiado complejos.
“A mí me extraña, porque el Partido Acción Nacional, hasta ahora, y muchos de los que hoy se oponen a que se haga la consulta, habían sustentado una línea totalmente opuesta, es decir, en favor del plebiscito, del referendo, de la participación ciudadana, y ahora han dado un giro muy sobresaliente en su postura; están sustentando lo contrario a lo que promovían”, resaltó.
Es falso –insistió– el argumento de que no se puede hacer una consulta a escala nacional porque no está prevista en la ley; “si hubiese voluntad se podría hacer sin ningún problema”.
–Entonces, ¿por qué tanto miedo? –se le preguntó.
–No quieren que la gente se entere, no quieren que se informe, ¿qué otra razón puede haber? –cuestionó.
“Una consulta obliga a informar a los ciudadanos sobre lo que se está consultando, cuál es la decisión principal que se busca que se tome en el país. Cuando se trata del futuro de México, lo que se necesita es que haya prudencia, sensatez, sangre fría y menos hígado; se consulta al pueblo y se acabó el asunto, nos atenemos a lo que nos diga la población”.


Los costos del sondeo varían de 5 a 22 millones de pesos, prevé
El IEDF analiza dos escenarios
Gabriela Romero Sánchez
El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) analiza dos escenarios para la organización de la consulta ciudadana que en materia energética promueve el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon, cuyos costos varían de los 5 a los 22 millones de pesos. En cuanto a su intervención en la redacción de la pregunta o preguntas se limitaría a hacer una propuesta de metodología para que una institución de educación superior la elabore.
Ayer, el consejero presidente Isidro Cisneros presentó por escrito a los consejeros Yolanda Columba León Manríquez, Néstor Vargas, Fernando José Díaz Naranjo, Ángel Rafael Díaz y Gustavo Anzaldo los dos escenarios, y les informó de la instalación de una mesa de trabajo entre directores del IEDF con funcionarios de la Secretaría de Gobierno capitalina.
El primer escenario considera la instalación de 7 mil 200 casillas; en cada una se colocaría una urna tradicional y funcionaría con personal del Gobierno del DF y de las delegaciones, o se invitaría a ciudadanos que hubieran participado en la elección de 2006 como funcionarios.
El IEDF prestaría en comodato material electoral, como urnas y crayones. Al gobierno capitalino le correspondería difundir la consulta, capacitar a los ciudadanos que participen en las mesas receptoras, así como la logística y la operación de la distribución de los paquetes a las casillas.
En este caso el IEDF calcula un gasto de aproximadamente 22 millones 227 mil 515 pesos, de los cuales 15 millones 150 mil serían para pagar al personal, 3 millones 657 mil 515 para el material electoral (boletas, actas, carteles, hojas de registro, plumas y tinta indeleble), 900 mil pesos en comida y 2 millones 520 mil para la adquisición de tablones, sillas y lonas.
En el segundo escenario sólo se instalarían mil 250 casillas en los lugares de mayor afluencia ciudadana. La participación del GDF e IEDF sería igual a la del primer escenario.
El costo se reduce a 5 millones 349 mil 239 pesos, ya que sólo se requerirían 2 millones 629 mil 500 pesos para la contratación de personal, 2 millones 269 mil 739 para la compra de documentación y material electoral, 150 mil pesos para alimentación y 300 mil para tablones, sillas y lonas.
En ambos casos se remarca que el gobierno capitalino se “encargará de diseñar el documento en el cual los ciudadanos plasmarán su opinión, la metodología para elaborar la o las preguntas será propuesta por el IEDF”.


Eficacia y sensibilidad, exigen al gabinete
Los secretarios de Hacienda y de Gobernación, Agustín Carstens y Juan Camilo Mouriño, al arribar este viernes a Palacio Nacional, antes del discurso con que el presidente Felipe Calderón instó a su gabinete a "ponerse en los zapatos de la gente y en su realidad" Foto José Antonio López
Georgina Saldierna
Desmantela PFP radio comunitaria en barrio de Monterrey
Es la segunda emisora agredida en una semana
David Carrizales, corresponsal

Bate récord el crudo mexicano; llega a 116.92 dls. por barril
Es la marca número 28 del año, informa Pemex
El promedio mundial, en 138.54 dólares
Israel Rodríguez y agencias
Imparable, el maíz pega otra vez en la tortilla: de $8.27 a $11.50
No es la tendencia generalizada: Banamex
Roberto González Amador

El sostenido incremento en el costo del maíz comenzó a provocar alzas en el precio al público de la tortilla en algunas regiones del país, donde el kilogramo del alimento se ha llegado a vender incluso en 11.50 pesos, arriba del promedio nacional de 8.27 pesos, reveló este viernes un reporte de Banamex, filial en México del consorcio financiero estadunidense Citi.
El incremento en el precio de la tortilla, que de acuerdo con Banamex no es por ahora “una tendencia generalizada” en el país, es la más reciente expresión de los desequilibrios que muestra el mercado nacional de alimentos desde finales de 2006, periodo que también se caracteriza por una variación en los salarios que no corresponde con la dinámica del costo de los satisfactores mínimos.
De acuerdo con información oficial, un conjunto de 42 productos de consumo básico, entre ellos alimentos, bebidas y los empleados para limpieza e higiene, registra un crecimiento en su precio de 47 por ciento entre diciembre de 2006 y mayo de 2008, un repunte que por su magnitud no se registraba en al menos una década.
Junto al alza de precios se ha agudizado el intermediarismo: un producto que en las centrales de abasto se vende en siete pesos, como es el caso del frijol, en centros comerciales tiene un precio al público de 18 pesos.
“Detectamos que desde finales de mayo han comenzado a registrarse incrementos aislados en el precio de la tortilla”, indicó el reporte de Banamex. “Particularmente ciudades como Morelia, Acapulco y Villahermosa han mostrado alzas en el precio del alimento básico hasta de 10 por ciento, incrementos que se han dado en las tortillerías, en tanto que el precio se ha mantenido constante en los supermercados” en torno a 5.8 pesos por kilogramo, añadió.
Banamex apuntó que esos incrementos en el precio de la tortilla son importantes a nivel local, pero no constituyen una tendencia generalizada a nivel nacional.
“Las mayores cotizaciones del precio del maíz blanco han generado presiones sobre el precio de la tortilla. Nuestros cálculos indican que el precio del maíz blanco se ha incrementado en 7.1 por ciento durante este año en las centrales de abasto, hecho que ha repercutido directamente sobre los costos de producción de la tortilla. Ello a su vez ha generado los aumentos en algunas ciudades”.
De acuerdo con el análisis, los altos precios en el mercado internacional del maíz están presionando las cotizaciones nacionales al alza. En el mercado nacional persiste, abundó, una gran dispersión de precios en tortillerías, con un máximo de 11.5 pesos por kilo y un mínimo de 7.6 pesos, en tanto que en los supermercados permanece cercano a los 6 pesos por kilogramo.
El grupo financiero consideró que a pesar de los incrementos registrados, el precio promedio nacional de la tortilla, que hoy es de 9.07 pesos en tortillerías y 5.8 pesos en supermercados, se mantendrá estable. “Un elemento que debe monitorearse muy de cerca es el actual compromiso de las tiendas de autoservicio de mantener el precio de la tortilla. Estos establecimientos cubren aproximadamente la cuarta parte de la demanda nacional”, indicó.
Encarecimiento e intermediarismo
Información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sobre los precios diarios de 42 productos de consumo generalizado que integran la canasta básica muestra que el costo para las familias mexicanas para adquirir los satisfactores esenciales ha sido casi 8 veces mayor al alza que en promedio han registrado los salarios.
En diciembre de 2006, indica la información de la Profeco, adquirir esos 42 productos requería 818.4 pesos, pero en mayo de 2008 el costo para la misma canasta subió a mil 202.55 pesos, un incremento de 47 por ciento.
El ingreso nominal de los trabajadores en el país aumentó 2.9 por ciento a tasa anual durante el cuarto trimestre de 2007, mientras que el trimestre previo repuntó 4.6 por ciento, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que elabora el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
En tanto, el salario base de cotización, que incorpora a los trabajadores afiliados al Seguro Social, tuvo una variación anual promedio de 4.6 por ciento en el periodo enero-febrero de 2008, cifra 0.5 puntos porcentuales menor a la observada en bimestre anterior.
En lo que toca a los salarios contractuales, en los primeros tres meses de 2008 las empresas de jurisdicción federal negociaron un aumento promedio de 4.4 por ciento, mientras en el mismo periodo del año anterior fue de 4.2 por ciento, de acuerdo con el Banco de México.
La información de la Profeco muestra que entre diciembre de 2006 y mayo de 2008 un litro de aceite comestible pasó en promedio de 17.6 a 38.5 pesos; el frijol negro de 9.60 a 18 pesos el kilogramo; el arroz, de 7.75 pesos a 18 pesos, también por kilogramo; el bistek de diezmillo, de 63 a 80 pesos por kilo; la carne molida de res, de 45 a 71 pesos por kilo; y el pollo entero de 20 a 30 pesos por kilogramo, por citar algunos de los productos.
Al alza en los precios de alimentos se suma como problema el intermediarismo y la especulación, apuntó un reporte emitido ayer por la Secretaría de la Hacienda Pública del “gobierno legítimo” encabezado por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
“Se está agudizando el intermediarismo y la especulación sobre todo en el sector de granos básicos, frutas y legumbres y hortalizas que se explica por la existencia de grandes y poderosas empresas, que debido a la capacidad económica que tienen actúan como monopolios o bien se ponen de acuerdo entre varias ejerciendo un control oligopólico del mercado en el que operan”, indicó ese reporte.
Un monitoreo realizado por esa instancia mostró que hay una diferencia de varias veces entre el precio en las centrales de abasto y el que pagan los consumidores finales en centros comerciales de las grandes cadenas que operan en el país.
“Si revisamos los precios al mayoreo de diversos productos que se pueden adquirir en la central de abasto (del Distrito Federal, la mayor del país) y los comparamos con los que se pueden encontrar en la diferentes tiendas de autoservicio como Wal-Mart, Chedraui, Comercial Mexicana o Soriana, nos damos cuenta que en la mayoría de los casos, existen diferencias que pueden ser de hasta 500 por ciento”, indicó.
Mientras que el maíz blanco, el frijol, la zanahoria y el pollo entero se cotizaron la semana pasada en la Central de Abasto, en 3.40, 7.60, 2.86 y 7.60 pesos por kilogramo; en las principales tiendas de autoservicio del Distrito Federal y de la zona metropolitana, sus precios por kilogramo se ubicaron en 16.69, 18.00, 9.99 y 26.0 pesos por kilogramo.


La oposición al Plan Mérida amenaza la lucha antinarco
México ha actuado con heroismo, afirma Chertoff
Rehusarán PAN, PRD y PRI condiciones de EU
E. Velasco, G. León y M. Norandi
Entre manjares, fracasa la cumbre alimentaria

Somalíes desplazadas por la guerra civil esperan a recibir comida, ayer en un campamento cercano a Mogadiscio. Sólo este viernes ocho personas murieron luego de terminar una tregua promovida por Naciones Unidas en la mesa de diálogo en el vecino Yibuti Foto Reuters
Los asistentes a la cita lograron apenas compromisos modestos para encarar el encarecimiento de la comida
Agencias
La cumbre sobre seguridad alimentaria que concluyó el jueves en Roma fracasó en enfrentar el "desequilibrio de poder" entre las grandes empresas del sector agroalimentario y los campesinos, lamentó este viernes el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, que añadió así otra crítica a una reunión con muy pocos resultados concretos para hacer frente a la escalada mundial en los precios de la comida.
Busca Morett ampararse ante amago de la ultraderecha
Emir Olivares A.

La defensa legal de Lucía Andrea Morett Álvarez, quien sobrevivió al ataque del ejército colombiano contra un campamento que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantenían en Ecuador, solicitó ayer un amparo para evitar su detención, debido a la denuncia que una organización civil relacionada con grupos de ultraderecha presentó en su contra.
Hugo Rosas, litigante de la oficina de la senadora Rosario Ibarra de Piedra, explicó que el amparo se solicitó frente a “la inminente” orden de aprehensión que se pueda dictar en contra de la joven, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras (FFL) de la UNAM.
Los argumentos que la defensa esgrime en el documento de amparo son que “la probable orden de aprehensión no cumple con los requisitos constitucionales debido a que no se acreditó el cuerpo del delito en la denuncia ni su presunta responsabilidad”, y que que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha citado a declarar a Lucía ni al resto de los jóvenes demandados por la organización Mejor Sociedad Mejor Gobierno, dirigida por Guillermo Velasco Arzac y José Antonio Ortega, personajes ligados a sectores ultraconservadores, quienes sostuvieron en abril pasado una reunión con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en el contexto de la visita del mandatario a México.
Asimismo, el abogado informó que el juzgado quinto de distrito en materia de amparo de Toluca otorgó una suspensión provisional en favor Mariana López de la Vega, Desireé Robledo Torrado y Miguel Ángel Aguilar González, jóvenes mexicanos que asistieron al Segundo Encuentro Bolivariano de los Pueblos, realizado en Ecuador, e integrantes de la Cátedra Libertador Simón Bolívar de la FFL, también demandados por Velasco Arzac y Ortega.
La denuncia de la ONG –integrada con recortes periodísticos– acusa a Morett Álvarez y otros mexicanos que se hallaban en el congreso, de “terrorismo internacional, delincuencia organizada, apología del delito y los que resulten”.
El abogado subrayó que existen diversas irregularidades en el proceso en contra de los universitarios, debido a que el Ministerio Público federal “ni siquiera les ha notificado que existe una denuncia en su contra ni los ha citado a declarar, pese a que se han iniciado las indagatorias. Esto vulnera sus garantías al debido proceso porque el primer acto que la autoridad debe realizar en un proceso penal es citar al presunto responsable para que declare”.
Hugo Rosas anticipó dos escenarios: que la PGR consigne ante un juez y se otorguen las órdenes de aprehensión contra Lucía y el resto de los acusados –que no se podrán ejercitar contra quienes obtuvieron la suspensión provisional– o que las averiguaciones previas se dilaten.
Confió en la inocencia de sus defendidos y en que durante este proceso judicial “la PGR cumpla y respete las garantías de las personas señaladas en la denuncia”; amén de que el amparo tramitado en favor de Morett Álvarez reciba la misma respuesta que el de sus tres compañeros, pues se presentó con las mismas bases.


General Motors invierte mil 360 mdd en Ramos Arizpe, Coahuila
Leopoldo Ramos, corresponsal
Rayuela
Y a propósito de glotones, ¿quién no se quiere tragar la dona petrolera?

Al caño
Una copiosa fuga de agua potable se produjo este viernes en la calle de Concepción Béistegui en la colonia Del Valle, cuando empleados de Cablevisión rompieron una tubería principal Foto Alfredo Domínguez
Carlos Ahumada es culpable de fraude genérico, dice juez del DF
Agustín Salgado

Columnas
Jaime Avilés :
Desfiladero Calderón: el vendedor de Pemex se postrará en España ante el rey y Repsol
Pasado mañana, Felipe Calderón llegará a España para postrarse ante el rey Juan Carlos, el exigentísimo José Luis Rodríguez Zapatero y los magnates de los grandes consorcios ibéricos que en 2006 le impusieron el grotesco disfraz de “presidente” a cambio de que les entregara una porción de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Durante su visita de cinco días a Madrid, Barcelona y Zaragoza, Calderón se las verá negras cuando trate de explicar, primero, por qué sus petrosenadores (Manlio Fabio Beltrones, Francisco Pemexgate Labastida y Santiago Creel) no fueron capaces de consumar el madruguete legislativo que, según sus más íntimas promesas de campaña, aprobaría por sorpresa la llamada “reforma energética”.
A continuación, deberá justificar por qué los defensores de su proyecto han perdido los ocho debates que hasta ahora se han llevado a cabo en el Senado de la República, o por qué los levantacejas de los medios electrónicos, o las plumas flamígeras de la prensa de derecha, no han podido convencer a nadie de que a nuestro país, hundido como está en la miseria, le conviene vender una industria que deja 3 mil millones de dólares mensuales.
Curándose en salud ante los regaños que seguramente le esperan por lo mal que ha manejado este asunto (y todos los demás: empleo, alimentos, inflación, narcotráfico, derechos humanos, etcétera), hace unos días Calderón mandó de avanzada a su publicista de cabecera, el contrabandista de odios, Antonio Solá, quien durante un coctel auspiciado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la embajada de México en Madrid declamó un espot en vivo y en directo al asegurar que la “apertura” del sector energético es “casi” un hecho.
Para corroborar las palabras de Solá, ahora Calderón llevará consigo recortes de periódicos (ya podemos imaginar de cuáles), devedés con noticiarios de Televisa y Tv Azteca, y desde luego encuestas, muchas encuestas –encargadas por ejemplo a Gea-ISA, la empresa de Jesús Reyes Heroles González Garza, director de Pemex–, con todo lo cual intentará tranquilizar a sus patrones y pedirles sólo un poco más de tiempo. Y sobre todo comprensión: él nunca había gobernado a nadie y todavía está aprendiendo.
Con la muy valiosa ayuda de Felipe González, de José María Aznar y de otros cabilderos de lujo, el rey Juan Carlos y Rodríguez Zapatero escucharán, disimulando su impaciencia y su disgusto, que de acuerdo con la agenda del desesperado hombrecito de Los Pinos, faltan sólo un mes y algunos días para que termine la pesadilla en que se ha convertido el debate en el Senado y entren en vigor los acuerdos, nada secretos, que ha establecido con los líderes parlamentarios del PRI y del PAN, a fin de que el Poder Legislativo inicie un periodo extraordinario de sesiones y apruebe finalmente sus medidas privatizadoras, con “algunos cambios”, que ya preparan Beltrones, Labastida y Gamboa Patrón, en combinación con los chuchos del PRD.
Después de ese amargo trance madrileño, Calderón aterrizará en la antigua “ciudad condal”, que muchos latinoamericanos avecindados en Cataluña han rebautizado como “ciudad congal”, donde habrá de reunirse con los dueños del poderoso banco La Caixa, propietarios de Aguas de Barcelona, una empresa fundada en 1887, que en la actualidad controla por completo el sistema de agua potable de Saltillo, Coahuila, donde impone sus tarifas de la manera más abusiva, cobrando lo que quiere, evadiendo impuestos, dañando el medio ambiente y devastando los mantos freáticos de la región sin que el municipio, ni el gobernador Humberto Moreira, le digan nada de nada.
Sin duda, al llegar al edificio inteligente de Aguas de Barcelona –donde el consorcio le solicitará apoyo para apoderarse de 20 ciudades mexicanas más–, Calderón recibirá un fuerte aplauso porque en 2003, todavía como director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, afirmó que la privatización del agua potable de Saltillo era un “caso de éxito”, que hoy, aquí entre nos, debe ser documentado detalladamente porque es todo un modelo de lo que se planea hacer con Pemex.
En algún momento de su gira, asimismo, Calderón saludará a los accionistas de Gas Natural de México, una filial de Repsol, que distribuye gas asociado del petróleo, como combustible de uso doméstico, en toda el área metropolitana de Monterrey y, al igual que Aguas de Barcelona, cobra tarifas leoninas por prestar un servicio vital para cientos de miles de personas, jurídicamente indefensas.
Habrá, pues, que seguir con detenimiento los avatares del viaje calderónico a España, porque éstos nos darán la clave de muchas cosas. Pero ello no debe distraernos de la tarea central de estos días, que es la organización de la consulta nacional sobre la venta de Pemex, un tema que los periodistas ibéricos no le tocarán para nada al empleado de Juan Carlos I (y si alguien supone lo contrario, que diga cuánto está dispuesto a apostar).
Al respecto, hace días, un insigne escritor de la ultraderecha mexicana señaló en un artículo de prensa que un populista predica “ideas que sabe falsas entre personas que sabe idiotas”. ¿A quién se refería? Quizá a Beltrones porque, en opinión de éste, “no necesitamos andar haciendo consultas para entender bien lo que quiere el pueblo de México”. O probablemente a Reyes Heroles, para quien el del petróleo “es un asunto demasiado complejo como para someterlo a consulta popular”.
O a Georgina Kessel, la secretaria de Energía, para quien la decisión sobre la venta de Pemex “se tomó en 2006” (al calor del fraude electoral). O acaso a Santiago Creel, quien antes de insinuar, como lo hizo el jueves, que la consulta constituye una amenaza a la paz pública, había observado que saldría “carísima”, tras lo cual comentó, lleno de consternación: “¿de dónde vamos a sacar ese dinero?”.
El Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, como salta a la vista, sigue por el buen camino: los balbuceos de la ultraderecha no convencen a nadie, no sólo cuando tratan de justificar la venta de Pemex sino cuando intentan descalificar la consulta, que se realizará el 27 de julio en el Distrito Federal y sin duda en muchas otras ciudades del país.
A todas las personas que deseen colaborar en la difusión de este ejercicio democrático representando en calles y plazas públicas la brevísima obra de teatro llamada El Loro Negro, se les invita a una reunión el próximo sábado 14 de junio en el parque México de la colonia Condesa a las 12 horas, y a quienes vivan en el interior del país y compartan el mismo interés se les ruega comunicarse a la dirección electrónica
jamastu@gmail.com, para ponernos de acuerdo sobre la fecha del estreno, dentro de cuatro fines de semana, a más tardar.
Para comunicarse con El Loro Negro
www.eloronegro.blogspot.com
Gloria Muñoz Ramírez : Los de Abajo
Carlos Fernández-Vega :
México SA
Antonio Malacara :
Jazz La realidad del jazz en México se sigue construyendo con golpes maestros de color y buen pincel. Por supuesto que nunca faltan ni los resbalones ni el humor involuntario ni los ladridos de perros cervantinos, pero la norma general en el medio sigue siendo la calidad y el buen gusto y la obstinación y la música propositiva.
Varios discos se apilan ya a un lado de la computadora en espera de reseña (*), pero cuando llegan noticias con las dimensiones de Jazz estacionario y Mujamming no nos queda de otra más que hacer a un lado la pila y platicar con ustedes de programas de televisión y de asociaciones civiles. Veamos.
Este sábado 7 de junio, a las 7:30 de la noche, saldrá al aire la primera emisión de Jazz estacionario, programa de TV- UNAM ideado y conducido por Alain Derbez, bajo la producción de Óscar Vera. La serie inicia con la música de Los Dorados, Los Músicos de José y el trío de Nicolás Santella, Aarón Cruz y Hernán Hecht, además de entrevistas, cápsulas, reportajes y todo lo habido y por haber en México y el mundo (ya está listo, por ejemplo, un especial de jazz canadiense).
El maestro Derbez –poeta, cuentista, periodista, músico, productor y conductor de radio– llega a la televisión con el toque y el talento de más de 30 años de carrera en los medios, y con toda seguridad esto se verá reflejado en la pantalla universitaria. En los 13 capítulos grabados hasta el momento, figuran los nombres de Olivia Revueltas, Juan José Calatayud, Billie Holiday, Mili Bermejo, Iraida Noriega, Cráneo de Jade y el Cuarteto Mexicano de Jazz. TV-UNAM se localiza en los canales 255 de Sky y 411 de Cablevisión.
Otro personaje que trabaja a todo vapor es Agustín Bernal, quien además de hacer historia todos los días con un contrabajo encantado y un pulso mágico, acaba de fundar una Asocición Civil bajo las siglas de MUJAM (Músicos Jazzistas Mexicanos, AC), y junto con Tere Palm, socia fundadora, ha logrado convocar a un buen número de jazzistas y melómanos para promover y difundir el jazz local en todas sus formas.
Los proyectos son muchos, pero el próximo 13 de junio inician ya con un ciclo llamado Mujamming (“Duetos de jazz con buen café”, reza el slogan), y los encargados de abrir el primer bloque (pianos y contrabajos) son Enrique Nery y Aarón Cruz. Inmejorable la apertura. Los conciertos se realizarán en la sede de MUJAM (Privada Agustín Gutiérrez 15-1), colonia General Anaya), y si quiere asistir, puede ingresar a la página
www.mujam.org, donde le explicarán todo el mecanismo, o hablar al teléfono 5605-4589.
Los duetos de este primer bloque se realizarán cada dos semanas, y ya están apuntados Miguel Villicaña, Édgar Dorantes, Carlos Gallegos, Nicolás Santella, Mark Aanderud, Pepe Torres, Arturo Luna, Luri Molina, Israel Cupich, Agustín Bernal, Aleph Castañeda y Héctor Infanzón. Nomás.
Es sólo parte de la gente que prefiere trabajar y abrir espacios, en lugar de andar causando lástimas con sus lamentos a ras de suelo. Salud.
(*) Besos (María), Brown eyes (Arturo Ávila), Bucareli (Nu Jazz), Buscando qué (Matías Ravier), Circuar (Los Tlayudos), Clarinete solo (Javier Vinasco), Compartiendo jazz (Heberto Castillo), Delta Red (Delta Red), Doncella (Ameneyro), Ek (Xamán), Hecho en México (Cabezas de Cera), Incendio (Los Dorados), Interface 1 (Varios), Jazz (Ángela), Latinjazzeando (Gozo & Paz), Los jugadores de jazz (Juan Alzate), Midnight picnic (Agustín Bernal), Música de jazz (Varios), Música moderna (Paté de Fuá), ¿Quién eres tú? (Iraida Noriega/ Enrique Nery / Aarón Cruz), Satchmo (Sociedad Acústica), Souvenir (Sylvie Henry), Vientos y lugares (Cabezas de Cera/ Juan Pablo Villas/ Refree), X1 (Experimento 1), Zona de desfragmentación II (Germán Bringas).
Opinión
Alejandro Nadal :
Fundamento constitucional de la consulta popular El debate sobre el fundamento legal de la consulta popular que organiza el Gobierno del Distrito Federal (GDF) corre el riesgo de tomar un giro equivocado. A la Secretaría de Gobernación (SG) y a los promotores de la infeliz reforma energética les conviene este desvío que pasa por invocar el artículo 26 constitucional.
Ese artículo menciona explícitamente la participación y la consulta popular, pero la SG sostiene que eso se refiere exclusivamente al sistema nacional de planeación y que se trata de una facultad reservada al Ejecutivo federal.
Eso es cierto pero irrelevante. Y por eso a la SG y a Los Pinos les conviene centrar el debate en ese terreno.
El fundamento a nivel constitucional de la consulta ciudadana que organiza el GDF se encuentra en el artículo 124. Ese precepto señala que las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados.
En ninguna parte de la Constitución se establece que organizar consultas ciudadanas es una facultad que compete exclusivamente a las autoridades federales. Más allá del artículo 26 antes mencionado, en otros ámbitos de la vida pública, los estados pueden recurrir a la consulta popular y otros mecanismos de democracia directa.
Se podría pensar que el Distrito Federal no es un estado, aunque sí se parece mucho a una entidad federativa. Es cierto que todavía arrastramos esta aberración política y legal. Pero en el tema que nos ocupa, ¿qué dice la Constitución? El artículo 122 dice que corresponde al Congreso de la Unión “legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa”.
Aquí parecería que queda plasmado un sistema de reparto de atribuciones distinto al del artículo 124. No es así. Lo único que está haciendo este párrafo del 122 es establecer una división del quehacer legislativo para el Distrito Federal entre el Congreso federal y la Asamblea Legislativa.
Ahora bien, la Constitución no otorga de manera explícita a la Federación la atribución de organizar consultas ciudadanas en el Distrito Federal. Por tanto, organizar ese tipo de ejercicios de democracia directa es una facultad reservada al GDF. Se aplica el principio general del artículo 124 constitucional.
Por si fuera poco, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (aprobado por el Congreso federal en 1994) establece entre las facultades del jefe de Gobierno del DF (artículo 67 fracción XXX) “convocar a plebiscito en los términos de este estatuto”. El artículo 68 impone limitaciones al uso de este mecanismo: no podrán someterse a plebiscito materias de carácter tributario o fiscal, cuestiones del régimen interno de la administración pública del DF o actos cuya realización sea obligatoria en los términos de las leyes aplicables. Y termina el artículo diciendo que no habrá plebiscito en los casos en los que la ley lo prohíba expresamente. Como sabemos, no hay una ley que prohíba una consulta ciudadana sobre asuntos como el de la reforma privatizadora de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El jefe de Gobierno ha invocado como fundamento jurídico de esta consulta a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (LPCDF). En el oficio turnado al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) se hace referencia a los artículos 42 y 44 de la mencionada ley. El artículo 42 de la LPCDF establece que se pueden someter a consideración de la ciudadanía cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales del Distrito Federal. La reforma privatizadora de Pemex cae dentro de ese artículo como anillo al dedo.
La LPCDF fue aprobada por la Asamblea Legislativa y es una prueba clarísima de que en materia de reparto de atribuciones, el GDF mantiene la facultad de organizar consultas ciudadanas y de usar otros mecanismos de democracia directa. Aquí está la prueba más clara de que no es la Federación quien tiene esa atribución para el Distrito Federal. Se aplica el principio general del artículo 124 constitucional.
El Estado mexicano es parte de numerosos tratados internacionales que consagran los mecanismos de democracia directa. El artículo 133 de la Constitución fija que esos tratados son “la ley suprema de toda la Unión” y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han reconocido en diversas tesis que los mecanismos de participación ciudadana y de democracia directa están de acuerdo con la Constitución.
Los señores Creel, Mouriño y Calderón no tienen argumentos legales para oponerse a esta consulta. Le temen al resultado y por eso se aferran a falacias sin sentido. Es un grave error seguirles la corriente en una discusión delimitada por sus intereses funestos. El artículo 124 constitucional y la LPCDF son la base constitucional y legal de la consulta ciudadana.
Gustavo Iruegas /I :
¡Castrar al Sol!
Arturo Alcalde Justiniani :
Los bonos de la ilusión y otros temas El próximo 30 de junio vence el plazo para que los trabajadores al servicio del Estado elijan entre el bono de pensión sustentado en cuentas individuales y el llamado “régimen de reparto” contenido en el artículo décimo transitorio de la nueva Ley del ISSSTE, mediante el cual se pueden obtener pensiones similares a las previstas en la ley abrogada. Se han realizado múltiples encuentros sobre el tema, sin embargo existe confusión entre los trabajadores sobre cuál es su mejor opción, ya que esta institución de seguridad social no habla con la verdad, en complicidad con organizaciones sindicales que omiten señalar a los trabajadores los riesgos de una decisión equivocada.
Atendiendo a la experiencia de los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social y a diversos análisis, incluyendo el realizado por el Centro de Análisis y Estudios de la Seguridad Social, AC (CAESS), hacen evidente que la peor decisión es optar por el bono de pensión, en virtud de que su diseño está construido sobre bases de carácter demográfico y financiero erróneas que terminarán lesionando a los trabajadores. El valor del bono no considera la transmisión de la pensión a los beneficiarios, ni el costo de las comisiones de las Afores y aseguradoras; su cálculo parte de una expectativa de vida equivocada para beneficiar a las compañías privadas a fin de que cubran la pensión con una gigantesca “ganancia actuarial” en su favor, y de remate, se ha acreditado que en la fórmula del bono se incurre en errores en el monto de la tasa de interés que utilizan en sus premisas, la cual es excesivamente alta frente al comportamiento real esperado. Todo indica que las pensiones por esta vía tenderán a homologarse a la baja, con el riesgo agregado de que las incertidumbres financieras recaerán sobre el trabajador. Por estas razones, lo recomendable es decir no al bono y la vía para hacerlo es simplemente no llenar el formato de opción, no firmar nada, ya que conforme al artículo 35 del reglamento para el ejercicio del derecho de opción, quedaría el trabajador automáticamente regido por el décimo transitorio, publicado el 14 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, que señala: “A los trabajadores que al 30 de junio de 2008 no hayan manifestado a través del documento de elección el ejercicio de su derecho de opción, les será aplicado lo dispuesto en el artículo décimo transitorio del decreto, con acceso al resto de las prestaciones y seguros contenidos en dicha ley”. En caso de que el trabajador se sienta forzado a llenar el formato, lo recomendable es optar por el décimo transitorio y conservar una copia del mismo.
La huelga de las aseadoras de baños en la Central de Abasto. Hace una semana finalmente estalló la huelga de las aseadoras de baños en la Central de Abasto. La parte patronal no solicitó la inexistencia de la huelga, por lo que automáticamente es legalmente existente. El fondo de este conflicto es que el fideicomiso público de esta central busca reducir los salarios de $120.00 a $52.00 diarios y con ese diferencial salarial financiar una supuesta “modernización” a través de empresas subcontratistas rapaces, además de deshacerse del sindicato y el contrato colectivo; para lograrlo se han utilizado métodos violentos, detenciones arbitrarias y maniobras tales como imponer un sindicato controlado de la Central de Trabajadores y Campesinos (CTC); la última fechoría fue desplazar a las trabajadoras huelguistas de los baños de hortalizas y flores sustituyéndolas a la fuerza por gente de la CTC, como si la huelga no existiera. Esta sustitución de los huelguistas, con la clara complicidad del fideicomiso patrón, constituye una de las violaciones más graves previstas en nuestra legislación, el artículo 4, fracción II inciso a) de la Ley Federal del Trabajo que a la letra dice: “… se ofenden los derechos de la sociedad... cuando declarada una huelga... se sustituya a los huelguistas en el trabajo que desempeñan”.
Mineros, un agravio más. Esta semana presenciamos una agresión más al sindicato minero, ahora se pretende doblegarlo negándole la toma de nota del comité ejecutivo por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con la clara finalidad de impedir que pueda acreditar su personalidad jurídica en las gestiones derivadas de la administración de los contratos colectivos de trabajo. Es evidente que la empresa Minera México está detrás de la maniobra. El expediente de los mineros espera en Los Pinos resolución, a pesar de que se han cumplido ya en demasía los tres días que la Ley Federal del Trabajo establece para este tipo de decisiones conforme a su artículo 735. El retraso y la amenaza de negar la toma de nota constituye un claro atentado a la libertad de asociación. Este documento no es una franquicia, patente o concesión del gobierno, pues está obligado a respetar la voluntad de los trabajadores de acuerdo con la ley. La actitud de la autoridad es un ejemplo de las conductas que deben suprimirse si queremos transitar hacia un modelo laboral responsable y respetuoso del estado de derecho.
Mexicana de Aviación. Como un acto de vulgar represalia, molesta por una excelente decisión de nuestro máximo tribunal de justicia, esta empresa aérea decidió castigar cruelmente a un grupo de sobrecargos, violando la suspensión otorgada por un tribunal colegiado. Esta soberbia es imperdonable.
Cumpleaños del Convenio 87 de la OIT. El próximo 17 de junio cumplirá 60 años de vida el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la libertad de asociación. Es un instrumento de gran importancia que obliga a los gobiernos a respetar el derecho de los trabajadores a sindicalizarse libremente como un valor democrático esencial. En nuestro país este convenio está vigente desde el 4 de julio de 1950, al haber sido firmado y ratificado, por tanto es norma jurídica con jerarquía superior a la Ley Federal del Trabajo. Ojalá se respetara.
Enrique Calderón Alzati /II :
Los problemas de la educación media superior
Miguel Concha :
Sistemas penitenciarios y derechos humanos Los regímenes latinoamericanos se encuentran hoy ante el dilema de favorecer la seguridad por encima de los derechos humanos. En muchos de ellos se han destinado enormes recursos económicos al resguardo y castigo de las personas sancionadas, que nunca serán suficientes ante el crecimiento de la delincuencia y el acelerado ritmo de encarcelamiento.
Conceptos como “democracia”, “seguridad”, “delincuencia”, “crimen organizado” y “terrorismo” han contribuido a que la mayoría de los sistemas jurídicos y penales de la región refuercen medidas cada vez menos tolerantes, no sólo contra la población que delinque, sino contra las personas que según el criterio del Estado podrían delinquir.
La tendencia a incrementar y ampliar las penas privativas de libertad para enfrentar el crimen ha provocado una gran sobrepoblación y hacinamiento en los centros de reclusión. Ello no obstante, los sistemas de administración de justicia en la región, especialmente los penitenciarios, son cada vez más conscientes de esta grave situación, que muchas veces conduce a situaciones insostenibles, como motines, fugas masivas, riñas y homicidios.
Lo anterior ha obligado a un debate entre diferentes actores, para encontrar alternativas que incorporen la temática de los derechos humanos como una vía concreta de solución para algunos de estos problemas. Según datos del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), en Latinoamérica se encuentran privadas de la libertad más de un millón de personas, de las cuales 60 por ciento aún no han sido enjuiciadas. La capacidad de las cárceles está sobrepasada en 162 por ciento en Honduras, 147 por ciento en República Dominicana, 145 por ciento en Brasil y 120 por ciento en Bolivia.
México no es ajeno a la inercia de emplear sistemáticamente la privación de la libertad como un recurso para enfrentar los problemas de seguridad, aunque esta estrategia no haya impactado en la percepción ciudadana de contar con mayor seguridad, ni haya reducido los índices de criminalidad. Aumentan en cambio los problemas de financiamiento de los centros de reclusión, propiciados por una sobrepoblación a 129 por ciento de su capacidad, y por las deficiencias en cuanto a la atención y resguardo de la población recluida. Uno de los casos más graves en México es el del Distrito Federal, que presenta 75 por ciento de sobrepoblación penitenciaria, tomando en cuenta que entre ella se encuentra un porcentaje de reos correspondientes al sistema federal.
El sistema penitenciario en la capital, en el que actualmente se encuentran 35 mil personas privadas de su libertad, cuenta en efecto con sólo una capacidad instalada para albergar a 20 mil reclusos y reclusas. Ello constituye un grave problema de hacinamiento, que afecta directamente la calidad y funcionamiento de las instalaciones, las cuales presentan un deterioro agravado por una asignación presupuestal reducida, ante los problemas que representa el encarcelamiento como recurso sistemático en la administración de justicia.
Frente a este panorama, que no es nuevo, una de las principales preocupaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) es la de velar por el respeto y protección de los derechos humanos dentro de los centros de reclusión en la capital. No ha sido tarea fácil. De las recomendaciones emitidas por la comisión desde su creación, 33 (20 por ciento del total) están relacionadas con el sistema penitenciario, y de las 7 mil 44 quejas que recibió la CDHDF el año pasado se desprende un total de 11 mil 428 violaciones a los derechos humanos. De entre éstas, 2 mil 503, o sea 21.9 por ciento, corresponden a distintos tipos de violaciones a los derechos humanos en el ámbito penitenciario.
Desde la perspectiva de la CDHDF, no es éticamente aceptable mantener las condiciones actuales de administración de justicia, hacinamiento y trato indigno de la población en los centros de reclusión. Por ello es importante abrir espacios de debate y discusión para encontrar alternativas y soluciones a la problemática que presenta el sistema de reclusión en México, que considere, entre otras cosas, una reforma del sistema de justicia, para lograr que sea el último recurso, y no el primero, la sanción que implica la privación de la libertad de la administración de justicia. Para buscar también penas alternativas de prisión, promover que la justicia sea pronta y expedita, y buscar opciones que mejoren las condiciones que viven actualmente las personas privadas de su libertad, en materia de salud, alimentación, seguridad, educación, trabajo, instalaciones y espacios. Fue por ello que el año pasado la CDHDF y el ILANUD, en coordinación con el Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de Suecia, llevaron a cabo un seminario, con el fin de analizar la problemática que prevalece en los centros de reclusión del Distrito Federal y buscar alternativas para dignificar el trato a las personas recluidas. Como resultado, la CDHDF y el ILANUD publicaron este año el libro Sistemas penitenciarios y derechos humanos, como un aporte al debate sobre la construcción de un sistema penitenciario respetuoso y promotor de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Silvia Ribeiro* :
Con licencia para matar
Emir Sader :
Fases de la lucha antineoliberal
Juan Arturo Brennan :
Trigésimo Foro
Política
Regaña Calderón a su gabinete; les exige no alentar la corrupción
Coparmex, contra consulta de Ebrard
Débiles y hasta falsos los argumentos de Gobernación contra la consulta: Ebrard
Economía
A 116.92 dólares llegó el petróleo mexicano; se presupuestó en 49
Se vende la tortilla hasta en 11.50 pesos el kilogramo, revela reporte de Banamex
Efectuará el SAT 3 mil auditorías al comercio

Mundo
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Las reformas que promueve el gobierno federal dañarían al país: Mirón LinceLa eventual aprobación de las reformas energética y laboral propuestas por el gobierno federal tendrían como consecuencia “mayor desempleo, menores posibilidades de desarrollo para el país y más complicaciones para generar fuentes de trabajo”, afirmó el secretario de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal , Benito Mirón Lince.
Entrevistado luego de inaugurar la segunda Feria Regional del Empleo Xochimilco, señaló que poner el petróleo en manos de empresas extranjeras significaría menores posibilidades de desarrollo de la industria mexicana, y capitales fuera del país, lo que tendría como consecuencia un mayor desempleo.
Mirón Lince dijo que el siguiente paso de este “gobierno de derecha que quiere privatizar todo”, es buscar la reforma laboral –la cual, aseguró, ya fue entregada a la Cámara de Diputados– con la que también se pretende “privatizar las relaciones obrero-patronal, al quitarle a la ley su carácter social y protector del trabajador, buscar incrementar la productividad en función del sacrificio de los trabajadores y tener mayores facilidades para despedir y contratar”.
Agregó que los cambios en la legislación laboral propuestos por el gobierno federal, siguiendo los dictados de organismo internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ya se han aplicado en países sudamericanos, donde el resultado ha sido el incremento de la economía informal.
El funcionario local aseguró que más que reformas privatizadoras, lo que requiere el país es implementar programas que realmente beneficien a la ciudadanía, y como ejemplo puso el seguro de desempleo que lleva a cabo el Gobierno del Distrito Federal que ha beneficiado a 30 mil personas, lo que equivale a la entrega de 80 mil salarios mínimos.
Asimismo, informó que a partir del próximo martes comenzarán a funcionar 50 nuevas cooperativas, que se encargarán de la confección de al menos 600 mil uniformes escolares que regala el Gobierno del DF a los alumnos de primaria y secundaria, que se traduce en la creación de dos mil fuentes de empleo directas.
Además de que se prevé que para 2009 estas cooperativas se encarguen de hacer los uniformes para dependencias como las secretarías de Salud, Seguridad Pública; reclusorios y Metro.
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+Habitantes de las colonias Del Valle, Narvarte, Roma y Condesa se quedaron sin agua debido a que una empresa de cable rompió un tubo de 36 pulgadas de diámetro en Gabriel Mancera y Concepción Béistegui. Autoridades aseguraron que hoy se restablecerá el servicio (Foto: Fernando Ramírez / EL UNIVERSAL) Ver nota Fotogalería
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12 jóvenes son más poderosos que CisenUn equipo de 12 jóvenes de Consultores en Diseño de Estrategias Políticas y Legislativas sistematizó información y dio seguimiento al Congreso de la Unión, que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) no pudo concretar.
Laura Iraís Ballesteros Mancilla —quien se define como politóloga, de 26 años y con estudios en el Tec de Monterrey— encabeza al grupo que trabaja en el quinto piso de un edificio en la colonia del Valle, en la ciudad de México.
La compañía ha obtenido contratos con la administración del presidente Felipe Calderón para elaborar perfiles de legisladores, dar seguimiento al Congreso y realizar análisis político.
En su existencia como empresa consultora ha tenido al menos dos domicilios e inició con un capital de 50 mil pesos. Hasta hace seis meses más o menos, estuvo en Aniceto Ortega 817, colonia del Valle.
Sin embargo, el gobierno en sus informes da datos erróneos. Por ejemplo, la Secretaría de Energía —quien le pagó 195 mil pesos por asesorías y elaboración de “informes especializados de análisis político”— dice que la contrató y “el servicio se prestó en Aniceto Ortega 871”; tal número no existe en esa calle.
En dos visitas a las actuales oficinas de la empresa, ahora en avenida Coyoacán, fueron visibles al menos media docena de computadoras en un espacio de casi 40 metros cuadrados, y al fondo la oficina de Ballesteros.
En las dos ocasiones, el sitio ha estado vacío, salvo la presencia de Jorge, colaborador de Ballesteros, y una joven que admitió que “poquitos trabajan ahí”.
Los socios registrados ante notario fueron Citlali Tuero Montalvo, hoy con 31 años y politóloga, y Hugo Rodríguez, hoy con 27 años y asesor.
El 9 de noviembre de 2006, Ballesteros asumió todas las acciones de la empresa.
La consultoría tiene una planta de 12 empleados, cuya profesión se desconoce. Aunque este diario ha solicitado entrevista en varias ocasiones con Ballesteros desde principios de este año, ella no ha accedido.
La directora de la empresa, que de agosto a diciembre de 2007 realizó el seguimiento al Poder Legislativo para el Cisen, es cercana a panistas como la presidenta del PAN en el Distrito Federal, Mariana Gómez del Campo, y a Arne aus den Ruthen Haag, coordinador de asesores de Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, y quien donó el autobús El hijo desobediente que usó Calderón en su campaña en 2006.
Esa amistad llevó a Arne aus den Ruthen Haag a asesorar a los jóvenes para integrar bases de datos y diseñar herramientas de trabajo para sus clientes.
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Encuesta petrolera puede llevar a guerra civil: Juan BromEl investigador de la UNAM asegura que de no acatarse el resultado de una encuesta propiciará las condiciones para provocar violencia social
Nurit Martínez CarballoEl UniversalCuliacán, SinaloaViernes 06 de junio de 200818:42 El resultado de la encuesta sobre el petróleo, de la reforma energética, puede desembocar en violencia hasta llegar a un tipo de guerra civil, planteó el historiador Juan Brom.
Luego de considerar como positivo que se realice una consulta entre la población, el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México dice que en el caso de que el Congreso, los senadores no acaten el resultado de una encuesta en donde la participación sea mayor, existen las condiciones para que se pueda provocar la violencia social.
En entrevista el historiador que visitó la Universidad Autónoma de Sinaloa dijo que en este momento México vive "gran descontento" porque la situación económica y social, el impacto de la crisis alimentaria, la pobreza o el impacto del cambio climático con zonas devastadas, ha empeorado, para grandes sectores populares, entonces "el catalizador puede ser el problema del petróleo".
Explicó que a pesar de que dentro del gobierno de Felipe Calderón se ha afirmado que la consulta, propuesta pro el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, es violatoria de la Constitución y que no es obligatorio atender su resultado, los partidos tendrán que considerar realizar dicha consulta popular si no quieren tener costos políticos en las elecciones de 2009 y 2012.
El historiador relató que en este momento en Bolivia enfrenta una situación semejante de convocar una encuesta, más con carácter de referemdum, revocatorio.
Indicó que sólo en caso de empate o poca participación de la población en la encuesta no sucedería nada en el país, pero únicamente de esa forma se puede crear una conciencia política, entre los legisladores de atender también la posición que asumen los ciudadanos.
Juan Brom, recordó que en la historia de México nunca se han dado una consulta tan amplia como la que se ha propuesto. Sin embargo, dijo que se tienen registradas dos consultas a los ciudadanos; la primera fue durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna que significó su reelección.
La segunda, durante la ocupación francesa, fue el ejército de Francia quien convocó a los ciudadanos para decidir si habría que traer a un príncipe de fuera. De ello resultó que la petición a Maximiliano para que viniera gobernar México, "le dijeron que era una petición del pueblo".
"No soy enemigo de las revoluciones. Hay que estar conscientes que las revoluciones son muy costosas, de mucho sufrimiento y que si se puede lograr de forma pacifica, hay que tratar de hacerlo".
Pero también se cuestiona: "¿Qué va a suceder en los próximos años? La cuerda se puede tensar hasta reventar o se le pude encontrar un salida mejor, quizá se puede implantar, resultar, una apatía general. Significaría otros 20 o 30 años de andar vegetando hasta que estalle otro conflicto grandote".
Refirió que las consecuencia de la encuesta pueden ser "muy violentas o por lo menos muy graves, pero también llevar al sector gobernante a retroceder, en mucho, sus demandas".
A propósito de la preparación de los festejos del bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana, Juan Brom afirmó que la historia en efecto tiende a repetirse pero nunca por igual.
"Hay historiadores que niegan totalmente la existencia de leyes históricas, creo que si hay leyes históricas pero no como las leyes física, exactas, precisas. Sí leyes de probabilidad que indican tendencias" y este puede ser el caso de México, comentó.
mdzh

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