3/29/2014

Marcha propone la superación del control estético de la sexualidad


Adital
Al reapropriarse y subvertir el estigma de la palabra "puta”, históricamente término ofensivo y condenatorio, en un significado de libertad y autonomía, la versión ecuatoriana de la Marcha de las Putas (equivalente a la Marcha das Vadias, en Brasil) realiza su tercera edición este sábado, 29 de marzo, en Quito. Invitando a participantes de todos los géneros sexuales, el acto propone romper con una estética binaria y patriarcal, que divide el mundo en "mujeres femeninas” y "hombres masculinos”, dando lugar a expresiones múltiples de la sexualidad y superando un control de género.

Foto: Reprodução
Según los organizadores del evento, el fenómeno de la "Marcha de las Putas” es una expresión contemporánea del feminismo, que hace particular apropiación del espacio público a través de una denuncia visible, de la no sumisión estética, de la celebración de todas las posibilidades de expresión. Además, propone la erradicación de la desigualdad y de la violencia de género, afirma los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las prostitutas. "Somos nosotras quienes nos juzgamos a nosotras mismas”, dice el manifiesto de la Marcha.

El encuentro por las calles de la capital es una denuncia pública a actitudes y prácticas sociales, culturales e institucionales de maltratos, cosificación, estigmatización y opresión de género, con especial enfoque en las mujeres. "Frente a la constatación de que ‘puta’ es una palabra que describe múltiples formas de no sumisión y autonomía femenina, en particular la sexual, nos asumimos como putas”, explica el manifiesto. "Porque así nos han llamado por haber hecho ligadura de trompas, por tener más de un compañero, por salir solas de noche, por proponer sexo, por abortar, por ser mujer y amar a otra mujer, por decidir no ser madres”, puntualiza.

"Yo me he negado, hace mucho tiempo, a tratar de encajar en ese molde de mujer ideal. Ya basta de dejarse invadir por ciertos misticismos y patrones mentales que solamente perjudican nuestro diario vivir”, afirma la ecuatoriana Cecilia Vivanco, que participará en la marcha. "Debemos romper tabúes, despojarnos de preconceptos extremistas. (...) No es fácil en una sociedad como la nuestra. Es hora de comenzar, es cuestión de actitud, por menor que sea”, agrega, en las redes sociales de internet. Carlos Aroca también confirmó su presencia. "Ya hace tres años acompañamos con toda mi familia la reivindicación de los derechos femeninos”, escribió en la página de Facebook de la Marcha.

El acto está agendado para comenzar a las 16h con el "Festival Emputado”, que reunirá a artistas de música urbana. Después, va a tener lugar la marcha desde el "Arco del Parque El Éjido” hasta la "Plaza Foch”, desde las 18h30 a las 21h30; la manifestación se concentrará para presentaciones de teatro y música, entre otras programaciones.

Marcha en Ecuador y en el mundo
Foto: Reprodução
En el país, la Marcha de las Putas se realiza una vez al año, desde 2012, en Quito. Además, se constituye un colectivo feminista que se reúne dos veces por semana en torno de conversaciones, debates, intervenciones en el espacio público y otras formas de proposición social y política.

La marcha es un movimiento que surgió en Canadá, en abril de 2011, después de declaraciones del policía Michael Sanguinetti durante una conferencia sobre seguridad ciudadana, en Toronto. Él aseguró que "las mujeres deben evitar vestirse como ‘putas’ para no ser víctimas de violencia sexual”.

La primera marcha, denominada "The Slutwalk”, se originó como una denuncia pública contra las formas de violencia hacia las mujeres y de la estructura social e institucional que la reproduce y justifica. El movimiento actualmente tiene lugar en más de 60 países, con fuerza particular en América Latina.

* Sepa más en la página de Facebook (Marcha de las Putas Ecuador) y en el sitio web (www.plataformaputasec.org).
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com

Definición de feminicidio de la RAE pierde esencia feminista


NACIONAL

   Asesinatos de mujeres por “razón de sexo” y no de género

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) incluirá en la 23 edición del Diccionario de la Lengua Española –a publicarse en octubre próximo– una definición del término feminicidio que no retoma la esencia de las propuestas históricas de académicas y feministas.

El pasado 14 de marzo –según información difundida por la RAE–, José Manuel Blecua, director de la institución, entregó a la editorial Espasa (responsable de la publicación) el contenido de la edición 23 del diccionario, que se difundirá para conmemorar los 300 años de la academia y que incluye alrededor de seis mil nuevos términos acuñados recientemente.

En la publicación se incluirá la definición de la palabra feminicidio, concepto que ha estado en las discusiones y conceptualizaciones de las feministas desde los años 70, y cuya lucha por su reconocimiento es para evidenciar el sustrato sexista, misógino y androcentrista en la ola de asesinatos de mujeres, así como la responsabilidad directa o indirecta del Estado en estos crímenes.

Sin embargo, esta nueva definición no significaría un logro del movimiento por los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, toda vez que el término que publicará la RAE excluye el componente de “género” en los asesinatos cometidos contra la población femenina.

Cimacnoticias acudió a la RAE para conocer la definición que se adoptaría finalmente del término. La institución informó que se aprobó que la definición de “feminicida” quedara como “el adjetivo perteneciente o relativo al feminicidio”, y “dicho de una persona: Que comete feminicidio”.

Así, la academia define etimológica y morfológicamente al feminicidio como el “asesinato de una mujer por razón de su sexo”.
También plantea que “en algunos contextos, pueden ser sustituidas estas voces por las siguientes: uxoricida (hombre que mata a su mujer), y uxoricidio (muerte causada a la mujer por su marido)”.

DEFINICIÓN ERRÓNEA

Históricamente, diversas autoras feministas y expertas en género como Diana Russell, Jill Radford, Patsilí Toledo Vásquez y la mexicana Marcela Lagarde y de los Ríos, han señalado la importancia de reconocer que el feminicidio ocurre por razones de género y no de sexo, y que no debe definirse como “homicidio de mujeres”.

Cabe recordar que el feminicidio encuentra su antecedente directo en la voz inglesa “femicide”, expresión usada por primera vez por Diana Russel en el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres, celebrado en Bruselas en 1976.

En 1990, junto con Jane Caputi, Russel publicó el artículo “Femicide: Speaking the unspeakable”, que buscaba visibilizar que las muertes violentas de mujeres se encuentran en el extremo de una serie de actos de terror que incluyen una gran cantidad de formas de abuso sexual verbal y físico, como violación, tortura, esclavitud sexual, mutilación genital, maternidad forzada, entre otras formas de violencia.

Dentro de esas primeras conceptualizaciones, las autoras buscaban evidenciar que en la mayoría de los asesinatos de mujeres por parte de sus maridos, novios, padres, conocidos y también los cometidos por desconocidos, poseen un componente común de misoginia.

Incluso las investigaciones de Russel derivaron en una clasificación del feminicidio como “íntimo, no íntimo y por conexión”.

El primero alude a los asesinatos cometidos por hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación intima, familiar, de convivencia o afines a éstas; mientras que el segundo se refiere a aquéllos cometidos por hombres con quienes la víctima no se había relacionado previamente, y que frecuentemente involucran un ataque sexual previo.

El feminicidio “por conexión” abarca a las mujeres asesinadas “en la línea de fuego”, es decir que fueron víctimas colaterales de un hombre que intentó matar a una mujer. Por ejemplo, parientes, niñas u otras mujeres que trataron de intervenir o que simplemente fueron atrapadas en la acción.

MÁXIMA EXPRESIÓN DE VIOLENCIA

En su libro “Feminicidio”, Patsilí Toledo Vásquez, doctora en Derecho Público en la Universidad Autónoma de Barcelona, sostiene que el concepto y su potencial alcance es complejo, “ya que engloba una serie de fenómenos que van desde la violencia sistémica y la impunidad, hasta el homicidio de mujeres por el simple hecho de ser mujeres”.

Recuerda que la expresión “muerte violenta”, incluida en la conceptualización de feminicidio, enfatiza la violencia como determinante de la muerte, en la que se incluirían los delitos de homicidio simple, calificado o asesinato, pero que también existen posturas más amplias que abarcan hechos como “la mortalidad materna evitable, por aborto inseguro, por cáncer y otras enfermedades femeninas, poco o mal tratadas, y por desnutrición selectiva de género”, que no necesariamente constituyen un delito.

En cualquier caso –señala Toledo– es importante tener “en cuenta que tanto la aproximación más restrictiva (muertes violentas consecuencia de delitos) como la más amplia (muertes como resultado de discriminación de género que no constituyen delito), pueden traer aparejada la responsabilidad del Estado respecto a sus obligaciones en materia de DH.

En el prólogo del libro “Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres”, de Diana E. Russell y Jill Ratford, la antropóloga e investigadora mexicana Marcela Lagarde sostiene que ser mujer u hombre implica una condición de género, es decir, un conjunto de “características sociales, económicas, jurídicas, políticas y culturales que determinan relaciones de poder y de dominio de los hombres sobre las mujeres”.

Lagarde destaca que la violencia de género deriva en formas de discriminación, violencia contra las mujeres e incluso puede conducir a su muerte.

Conclusiones de la 57ª sesión de la CSW


 

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) se reunió a principios del mes de marzo para celebrar su 57ª sesión y discutir sobre la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Ésta se llevó a cabo del 4 al 15 de marzo y en ella se lograron numerosas conclusiones sobre la forma de crear un estado donde la violencia contra las mujeres y las niñas deje de existir; sobre lo que se requiere por parte de los gobiernos y organismos internacionales para alcanzar este objetivo, y sobre los cambios educativos y sociales que tienen ocurrir para que esto se logre.

En ese sentido, la Comisión reconoció que la violencia contra las mujeres y las niñas se debe a un desequilibrio en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y que es un fenómeno que se presenta en todos los países del mundo. Esta violencia contra las mujeres y las niñas se vincula con el uso y abuso de poder, tanto en ámbito público como en el privado, y suele estar estrechamente ligada a los estereotipos de género. Asimismo, la violencia de género puede resultar en un daño físico, sexual y/o psicológico, incluida la amenaza de tales daños, y también puede derivar en daños económicos y sociales. La Comisión además destacó el hecho de que la violencia doméstica es la forma más común de violencia de género en todo el mundo.

Un aspecto muy importante para lograr naciones más igualitarias, tal como señala la Comisión, es la educación, así como el cierre de la brecha de género en todos los niveles educativos. El poco o nulo empoderamiento de las mujeres, ya sea debido a la falta de educación, la pobreza o la exclusión de las políticas sociales y económicas, las hace más vulnerables a ser víctimas de la violencia. La Comisión también hizo mención específica a la susceptibilidad de las mujeres indígenas, que a menudo sufren múltiples formas de discriminación y pobreza. También señaló la obligación de los Estados de abordar la violencia contra las mujeres y niñas como resultado de la delincuencia organizada transnacional, incluido el tráfico de personas y el tráfico de drogas.

Por otra parte, se hizo un llamado a los Estados para crear y financiar reformas políticas y programas de educación para sensibilizar y capacitar a los/as funcionarios públicos y profesionales con respecto a la violencia de género. Esto también va dirigido al sector privado, el cual debe ser alentado para invertir en programas, campañas y estrategias que permitan hacer frente a todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, incluyendo el acoso sexual. Asimismo, la Comisión señaló que los Estados deben redoblar sus esfuerzos para proteger los derechos de las mujeres que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad como es el caso de las mujeres de edad avanzada o con discapacidad, y que las cuestiones que afectan a estos grupos se les debe dar particular atención.

Los estereotipos de género también fueron abordados por la Comisión, la cual demandó el diseño e instrumentación de políticas nacionales que tengan como objetivo transformar aquellas normas sociales que aceptan y/o normalizan la violencia de género, para contrarrestar las actitudes que promueven la creencia errónea de que los hombres y los niños son de alguna manera superiores a las mujeres y las niñas, o que por razones de género, las personas tienen un rol determinado en la vida.

Además se destacó que los derechos sexuales y reproductivos son esenciales en cualquier discusión relacionada con la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas y. Al respecto, la Comisión afirmó que las mujeres tienen derecho a decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones relativas a su sexualidad sin coerción, discriminación ni violencia. En una línea similar, instó a que los hombres y los niños sean responsables de sus acciones y comportamientos, especialmente con respecto a su vida sexual y reproductiva. Aquí, la educación también juega un papel fundamental. Se recalcó que los/as adolescentes, en particular, deben tener acceso a servicios y programas de prevención de embarazos no planeados o deseados y de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, para garantizar su seguridad personal, así como la de las demás personas.

Asimismo, las consecuencias de la violencia en la salud de las mujeres y las niñas también tienen que abordarse, y los servicios de salud deben ser apropiados, contar con el equipo e infraestructura necesarios, y ser capaces de hacer frente a todas las formas de violencia de género. Igualmente, estos deben de proporcionar atención a los/as adolescentes a través de la educación, la información y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva amigables.

Por último, la Comisión señaló que la recopilación, análisis y difusión de datos confiables y comparables es necesario, teniendo en cuenta las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres y las niñas, los costos en la salud y los costos económicos para la sociedad. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer destacó que el fin de la violencia contra las mujeres y las niñas es fundamental para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y es una prioridad para la erradicación de la pobreza, el logro de un desarrollo sostenible, la paz y la seguridad, los derechos humanos, la salud, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el crecimiento económico sostenible e integrador, y la cohesión social. También se recomendó que el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres se convierta en una prioridad durante la elaboración de la agenda de desarrollo post-2015.

En síntesis, estas fueron las principales conclusiones de la 57ª sesión de la CSW. Sin embargo, es importante destacar dos aspectos relevantes del documento final:

1) Que por primera vez se reconoce el fenómeno del feminicidio o femicidio en un documento internacional. Así lo refleja el párrafo 24 y el inciso (e) del apartado A (Fortalecimiento de la aplicación de los marcos jurídicos, de política y de rendición de cuentas):

24. “La Comisión expresa su preocupación por los asesinatos de mujeres y niñas por razones de género, al tiempo que reconoce los esfuerzos realizados para hacer frente a esta forma de violencia en diferentes regiones, incluso en los países donde  el concepto de femicidio o feminicidio ha sido incorporado en la legislación nacional.”

(e) “Fortalecer la legislación nacional para sancionar los asesinatos violentos de mujeres y niñas por razones de género e integrar mecanismos o políticas específicas para prevenir, investigar y erradicar esta deplorable forma de violencia de género.”

2) La referencia a la protección de las defensoras de derechos humanos (Apartado A, inciso z).

(z) “Apoyar y proteger a aquellas personas que se han comprometido a eliminar la violencia contra las mujeres, incluidas las mujeres defensoras de los derechos humanos, quienes enfrentan riesgos particulares de ser víctimas de violencia.”

Cuando el lenguaje hace invisibles a las mujeres



   MUJERES Y SALUD MENTAL

Especial
Por: Alejandra Buggs Lomelí*
Cimacnoticias | México, DF.- 

“Los límites de mi lenguaje son los límites de mi conocimiento”
Ludwig Wittgenstein (filósofo)

El pasado 11 de marzo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, tuve la gran oportunidad de compartir con la comunidad del Instituto Politécnico Nacional el interesante y polémico tema del lenguaje sexista o no incluyente.

Es con este tema con el que deseo retomar mis colaboraciones de este año en CIMAC, por ser una manifestación de sexismo y discriminación hacia las mujeres sumamente difícil de detectar.

Empecemos por reflexionar y sentir… ¿qué sensaciones nos provoca y qué nos dice el título “Cuando el lenguaje hace invisibles a las mujeres”? ¿Qué sentimos las mujeres? ¿Qué sienten los hombres?

¿Alguna vez les ha pasado que se han sentido invisibles en un grupo o incluso en sus relaciones afectivas más cercanas?

La realidad es que si somos honestas, todas las personas en algún momento de nuestras vidas hemos sentido esa sensación de invisibilidad, sin embargo es una sensación que experimentamos más las mujeres, día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, sólo que no la registramos debido a la naturalización del sexismo (**).

Son muchas y muy variadas las manifestaciones del sexismo y una de ellas es la que tiene que ver con el uso no incluyente del lenguaje.

Quizás puedan pensar que esto del lenguaje no incluyente o sexista es cosa del pasado y que hoy en día no debemos reflexionar sobre sexismo ni  discriminación, porque las mujeres hemos “conseguido” la igualdad en todos los aspectos de la vida pública y privada.

Sin embargo, por increíble que parezca, seguimos las mujeres en una situación no sólo de desventaja sino de riesgo ante los efectos emocionales y sociales que el sexismo tiene en nuestras vidas.

Mi intención es propiciar la reflexión acerca de la forma en que utilizamos el lenguaje y reconocer cómo es que lo convertimos en sexista o no incluyente, para que todas las personas pensemos en alternativas que favorezcan la visibilización de las mujeres.

Las sociedades transmitimos sentimientos, ideas y modos de pensar, por lo que el lenguaje es el reflejo de nuestras prácticas socioculturales.

A través del lenguaje nombramos, interpretamos y creamos, por lo que en su uso el lenguaje refleja la ideología patriarcal de todas las sociedades.

Esta ideología a la que llamamos machista porque lo masculino es el modelo ideológico imperante, es producto de un sistema patriarcal que recibimos de una sólida tradición sociocultural de siglos manifestada a través del sexismo, que se relaciona con un conjunto de expresiones y prácticas que con base en la diferencia sexual, legitiman y afianzan la desigualdad entre personas.

Este problema se ubica en las sociedades y culturas cuando a la representación y significación de lo masculino se le asigna un valor superior y universal que descalifica lo femenino y lo hace invisible.

Es así como los sistemas lingüísticos reflejan una marcada visión masculina a la que se le denomina androcentrismo (***).

Lo que determina, por ejemplo, que en cualquier trabajo o investigación sólo se tome como referente de la población a los hombres, y las mujeres quedemos ocultas detrás de la población masculina.

Expresiones como “la historia del hombre”… “los directores”… “todos los aquí reunidos”, son algunas expresiones del genérico masculino (que es una regla gramatical) y que nos muestra una clara exclusión de las mujeres.

Por otro lado, existe la tendencia a masculinizar las profesiones que ahora son desempeñadas tanto por  mujeres como por varones, sin embargo, se siguen nombrando en masculino, por ejemplo: “la abogado”, “la médico”, “la ingeniero”…

Son muchas las expresiones en las que el uso del lenguaje excluye y discrimina a las mujeres, como las formas de cortesía en las que al nombrar a la mujer se hace énfasis en su estado civil, colocando al lado de su nombre expresiones como “de González” o “esposa de…”.

Siendo éste, desde mi punto de vista, el máximo nivel de cosificación porque las mujeres perdemos el carácter de personas para convertirnos en cosas y propiedad “de” alguien más.

Otra de las dimensiones en que se refleja el uso de un lenguaje sexista es a través de los significados que les atribuimos a ciertas palabras o expresiones cuyo sentido específicamente puede reforzar concepciones androcentristas, porque ocultan la presencia de las mujeres e institucionalizan lo masculino como referente principal.

Como los refranes. Un ejemplo: “De la mala mujer no te guíes, y de la buena no te fíes”, o chistes, palabras peyorativas o estereotipos que se emitan a través del lenguaje ya sea verbal o escrito.

Las diferentes formas de exclusión de las mujeres a través del lenguaje causan un gran daño psicológico (difícilmente detectable), porque es una forma muy sutil de violencia de género que provoca subterráneamente en las mujeres una sensación de cosificación, discriminación, ridiculización e invisibilización.

De ahí que muchas veces sin causa aparente las mujeres experimenten baja autoestima, depresión, sensación de inadecuación, sin saber por qué y mejor lo atribuyen a los efectos de la menstruación, menopausia o cansancio.

Para contrarrestar los efectos psicológicos de un lenguaje no incluyente podemos empezar por hacer un uso consciente del lenguaje español, un uso que implique tu compromiso y el mío, y el de todas y todos para nombrar a las mujeres, aunque a veces nos tardemos más al hablar para darnos y que nos den nuestro espacio.

También para desmasculinizar los títulos académicos cuando de mujeres se traten, para no utilizar palabras peyorativas, y contribuyamos a una sociedad más justa, más democrática y más igualitaria para mujeres y hombres.

Me queda claro que en un principio resulta muy complicado darnos cuenta de dónde residen los usos sexistas de la lengua, porque las costumbres, la tradición, la educación recibida, los mensajes que se transmiten a nuestro alrededor y la cantidad de información que se recibe, hacen que no sea fácil que analicemos lo que decimos y mucho menos lo que escuchamos.

Definitivamente el que nuestro lenguaje español sea excluyente o incluyente sólo dependerá del uso que cada persona haga de él.

Espero y deseo sirva en algo este acercamiento para crear conciencia y empecemos a utilizar un lenguaje más incluyente que refleje la existencia tanto de mujeres como de hombres, para colaborar en la construcción de una sociedad más justa, democrática e igualitaria, pero sobre todo de una sociedad más sana emocionalmente.

¡Si no me nombras, no existo!

www.saludmentalygenero.com.mx

*Psicoterapeuta Gestalt, especialista en Estudios de Género, directora del Centro de Salud Mental y Género.

**Sexismo: es la discriminación hacia personas de uno de los dos sexos por considerarlo inferior.

***Androcentrismo: consiste en asumir como modelo o representante único de toda la humanidad al hombre.
 

“Alfombra roja humana” contra reforma antiaborto en España


INTERNACIONAL

   Mujeres manifestarán su repudio al conservadurismo eclesial

Por: la Redacción
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid.- 

La propuesta es construir una enorme alfombra de color rojo en rechazo a los ataques contra los derechos sexuales y reproductivos de las españolas.

La protesta se realizará el próximo 29 de marzo a las 12 del día (tiempo local), en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, y convoca la Asociación de Mujeres Progresistas.

Que sea en Alcalá de Henares no es casual, ya que es allí donde su máximo representante eclesiástico y también presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, el obispo Juan Antonio Reig Pla, ha protagonizado una larga lista de polémicas declaraciones en las que ha ligado la homosexualidad con la prostitución.

También ha arremetido contra los matrimonios laicos y la unión libre asegurando que en ellos se da más violencia de género. O su más reciente dicho contra quienes defienden la igualdad entre mujeres y hombres, ya que, según él, su ideología “conduce a la destrucción de las personas”.

Ahora se atrevió a equiparar el derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad a un “holocausto” que causa en España “más muertes que la Guerra Civil”.

Las personas organizadoras animan a la movilización ciudadana ante la “vulneración y el retroceso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que supondría la nueva reforma planteada por el gobierno del Partido Popular (PP) a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010 a través del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón”.

Así como frente a la “injerencia de la Iglesia católica en la autonomía de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad”.

El objetivo es lograr que el mayor número de personas venidas desde cualquier lugar se sumen a esta acción consistente en formar una alfombra humana de color rojo, que se extenderá en un espacio público en el que la Iglesia y su Obispado tienen una mayor presencia en la ciudad complutense.

La intención es que la alfombra humana abarque desde la plaza de los Santos Niños, donde está la Iglesia Magistral, y la plaza de Palacio, en la que se ubica el Palacio Arzobispal, pasando por la calle San Juan que une ambas plazas.

En este “performance”, la alfombra y el color rojo de la ropa de las personas participantes encerrarán “evidentes simbolismos”. Por un lado, el del “poder”, ya que las alfombras rojas se utilizan en las ceremonias formales y actos eclesiásticos de mayor envergadura para marcar la ruta a las autoridades.

“Ahora esos poderosos pisotean los derechos de las mujeres como si de una alfombra se tratara”, acusaron las convocantes. Además, acudir de rojo, el color de la sangre, busca “captar la máxima atención sobre las consecuencias que tienen los abortos inseguros con una mayor tasa de mortalidad materna”.

En definitiva, expresaron las organizadoras, se trata de “una alfombra roja hecha del cuerpo de una sociedad civil organizada para exigir derechos, no para posar”.

El 20 de diciembre de 2013 el Consejo de Ministros de España adoptó el anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, y está pendiente de iniciar su trámite parlamentario.

El anteproyecto de ley anula el derecho de las españolas a interrumpir un embarazo de manera voluntaria, por lo que ahora quien quiera acceder a un aborto seguro y legal deberá obtener dos dictámenes médicos para certificar cualquier posible riesgo para la salud o la vida de la mujer y el feto.

También se le obliga a recibir apoyo psicológico e información sobre cuestiones no médicas, y luego esperar siete días durante el llamado “periodo de reflexión”. En caso de tener entre 16 y 18 años, a las mujeres se les exigirá consentimiento de los padres o tutores.

El anteproyecto también estipula que las mujeres y niñas víctimas de violación sexual tendrán que denunciar penalmente antes de acceder a un aborto legal y seguro.
 

Desigualdad de género, gran reto a vencer a nivel global


INTERNACIONAL

   Empoderamiento femenino debe ser eje del desarrollo: CSW


Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 

El desarrollo social y económico de las naciones no será posible mientras mujeres y niñas no accedan a educación de calidad en todos los niveles, así como a cargos de poder; ejerzan libremente sus Derechos Humanos (DH), y en tanto no se destinen los recursos necesarios para respaldar la igualdad de género y el empoderamiento femenino.

Así lo concluyeron los 45 países que integran la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), durante su 58 sesión celebrada del 10 al 21 de marzo en Nueva York.

De acuerdo con el borrador de las conclusiones de la CSW-58 (cuyo documento oficial será publicado en breve), si bien los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de Naciones Unidas fomentaron el progreso en muchas áreas, “seguirán siendo temas incompletos mientras persista la desigualdad de género”.

Este acuerdo representa la posición de los Estados miembro del Consejo Económico y Social de la ONU de cara a la nueva agenda mundial para el desarrollo –a plantearse en 2015–, y en él se sostiene que el empoderamiento de mujeres y niñas debe ser el centro de atención de la agenda post 2015.

Al analizar la situación de las mujeres a nivel mundial se sostiene que globalmente existen diversos aspectos que impiden el progreso de la población, tales como desigualdades estructurales, brechas salariales, y la distribución desproporcionada del trabajo de cuidado no remunerado (que recae en las mujeres).

Así como las bajas tasas de mujeres en puestos de decisión y la persistencia de actitudes, normas y marcos jurídicos que discriminan a la población femenina.

La comisión resaltó que dentro del ODM 1 (erradicar la pobreza extrema y el hambre) persiste una significante brecha de género, ya que las mujeres son más propensas que los hombres a enfrentar formas vulnerables de empleo y menos acceso a protección social.

Con respecto al ODM 6 (mejorar la salud materna), la CSW resaltó que el progreso ha sido especialmente “lento e inaceptable”, pues existen países con altos números de muerte materna y un significante número de mujeres con una necesidad insatisfecha de anticonceptivos.

Con respecto al combate del VIH/Sida, la CSW-58 destacó que el progreso ha sido limitado, pues el número de mujeres con este virus se incrementa globalmente desde 2001.

De acuerdo con los Estados que integran la CSW, existen temas críticos en igualdad de género que no fueron contemplados y cubiertos por los ODM, por lo que se debe integrar de cara a 2015 la igualdad de género, el empoderamiento femenino, el pleno acceso de las mujeres a sus DH, y la erradicación de la pobreza con el fin de lograr el desarrollo económico y social.

En ese sentido, la CSW llamó a entablar medidas para hacer frente a la “pandemia de violencia” contra mujeres y niñas, garantizar plenamente el acceso de las mujeres a oportunidades y recursos, como educación de calidad y la propiedad de la tierra, y otros bienes productivos.

Los Estados miembro también deben adoptar las medidas necesarias para que las mujeres garanticen su salud sexual y reproductiva.

Igualmente establece que deberá incrementarse la inversión a favor de mujeres y niñas, pues la CSW señaló que los fondos destinados a respaldar la igualdad de género y el empoderamiento femenino siguen sin ser adecuados. Concluyó que “la igualdad de las mujeres significa el progreso para todas y todos”.

14/AZM/RMB

Las indígenas exigen estar en la agenda post 2015


INTERNACIONAL


   ODM no contemplaron sus demandas, advierten líderes


CIMACFoto: César Martínez López

Por: Waldo Mendiluza*
Cimacnoticias/PL | Naciones Unidas.-

Discriminadas y con severos obstáculos en su acceso a los derechos básicos, las mujeres indígenas constituyen el rostro olvidado de la pobreza, un panorama que esperan superar con la voluntad política de los gobiernos.

Si las mujeres en general representan –según datos de Naciones Unidas– el 70 por ciento de los mil 200 millones de seres humanos en la pobreza y 6 de cada 10 de las personas con hambre en el planeta, la situación específica de las indígenas es aún peor.

Asimismo, las mujeres de grupos étnicos sufren la usurpación de sus tierras por las trasnacionales y el crimen organizado, y la represión cuando alzan sus voces ante ese escenario.

Por otra parte, son víctimas de la explotación laboral y sexual, y la violencia, esta última expresada en flagelos como la mutilación genital y los matrimonios forzados.

De acuerdo con Otilia Lux de Coti, activista guatemalteca del pueblo maya quiché, para dejar atrás siglos de marginación y desigualdad, deben ser escuchadas las voces hasta ahora ignoradas de decenas de miles de mujeres de pueblos originarios.

“Queremos ser visibles, que nuestros derechos estén incluidos en la agenda post 2015 de desarrollo sostenible, porque para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) no fuimos consultadas”, señaló a PL la directora ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas.

Lux de Coti participó en el 58 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), foro celebrado entre el 10 y el 21 de marzo en la ONU, donde se debatieron los avances y desafíos en materia de igualdad de género y empoderamiento femenino, dentro del progreso político y socioeconómico mundial.

Para la ex parlamentaria y ministra guatemalteca de Cultura y Deportes, el nuevo marco de desarrollo sostenible, el cual sustituirá en 2015 a los ODM, significa una oportunidad histórica para abordar prioridades particulares de las indígenas.

No fuimos escuchadas para establecer los anteriores objetivos, pero eso debe cambiar, a partir de la creación de espacios en Naciones Unidas para que tengamos representantes consideradas interlocutoras en igualdad de condiciones, advirtió Otilia Lux.

Se trata –dijo– de la posibilidad de que nos consulten decisiones que nos afectan, además de ubicarnos en mejores condiciones para impulsar el cumplimiento de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007 por la Asamblea General.

VOLUNTAD POLITICA

Durante la CSW-58, delegadas indígenas de diversos continentes reclamaron un compromiso de los gobiernos con medidas verificables que las ayuden a superar siglos de exclusión política, social y económica.

Falta voluntad política en los Estados para atender una población especialmente vulnerable a las crisis, el impacto del cambio climático, la discriminación y la violencia de género, subrayó Lux de Coti.

La activista lamentó que a tan adverso panorama se sume la criminalización cuando protestan y exigen sus derechos.

Vemos en algunos lugares de América Latina y el mundo complicidad con empresarios vinculados a la minería y otras esferas agresivas para el entorno. La respuesta a quienes rechazan tales prácticas a veces es la detención, y hasta la tortura y la muerte, denunció.

Las industrias extractivas llevan a los territorios indígenas militarización, pesticidas, abusos y desplazamientos, una situación que para estas mujeres además significa violaciones sexuales y explotación.

Para borrar este escenario necesitamos voluntad política gubernamental y apoyo de Naciones Unidas, sobre todo incluyendo la solución a nuestros problemas en la agenda de desarrollo sostenible post 2015, con indicadores medibles y verificables, estimó.

Lux de Coti recordó que los pueblos originarios enfrentan en el planeta severas dificultades para acceder a los alimentos, el agua potable y las fuentes de energía, cuestiones complicadas por la crisis económica y el cambio climático.

Son situaciones que afectan sobre todo a las mujeres, tal vez la población más vulnerable ante la extrema pobreza, expuso.

Por su parte, la nepalesa Chanda Thapa Magar coincidió que la voluntad política es la clave para cambiar el adverso panorama de las indígenas.

A estas alturas hay Estados que dudan en reconocernos como ciudadanos, porque nos consideran personas de segunda categoría, un problema particularmente duro para las mujeres, explicó a PL la coordinadora del Pacto de Asia para los Pueblos Indígenas.

Thapa Magar sentenció que las mujeres de grupos étnicos sufren doble el tema de la exclusión “por ser indígenas y por ser mujeres”.

La joven nepalesa también demandó una nueva agenda de desarrollo sostenible comprometida con las causas de esta población femenina.

OBJETIVOS DEL MILENIO Y POST 2015

En su 58 periodo de sesiones, la Comisión creada en 1946 para impulsar en el planeta la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres se centró en el cumplimiento de los ODM, y las prioridades para el marco del desarrollo sostenible que los remplazarán en 2015.

Si bien se reconocieron progresos, el documento final del foro de dos semanas dejó claro lo mucho que resta por avanzar en materia de igualdad y del fin de la discriminación.

Nosotras tenemos una situación más grave porque los beneficios de los ODM no han sido significativos para las indígenas, alertó Thapa Magar.

En ese sentido, la activista nepalesa insistió en la necesidad de aprovechar la agenda post 2015 de desarrollo para hacer justicia.

Las conclusiones adoptadas por la CSW-58 demandan el cumplimiento de la declaración y el plan de acción aprobado en la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, celebrada en 1995.

Dichas iniciativas dedicaron entonces espacios a los derechos de las indígenas y el respeto a su identidad, cultura, tradiciones y acceso a los servicios y la participación activa en la sociedad.

A casi dos décadas del encuentro de Beijing, las indígenas siguen sufriendo de una forma particular la exclusión.

Al respecto, la CSW-58 mostró preocupaciones por los pocos avances en los grupos más marginados de la sociedad. Compromiso y voluntad política son las únicas respuestas posibles para superar la inequidad y su brutal impacto en las indígenas, coincidieron sus representantes.

*Corresponsal jefe de Prensa Latina en Naciones Unidas.

En México, una mujer asesinada cada 3.3 horas


 

Las mujeres en México pagan con su vida la factura de una sociedad misógina y violenta; y de un sistema “impune” y “corrupto”.

 De acuerdo con las estadísticas de mortalidad oficiales, para 2012, 2 mil 630 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso, es decir, 7.2 cada día.

 En el sexenio de Felipe Calderón sumaron 12 mil 16 de estos crímenes contra mujeres: 55.9 por ciento más que en el gobierno de Vicente Fox y 40.6 por ciento más que en el de Ernesto Zedillo


En México, diariamente son asesinadas 7.2 mujeres; es decir, una cada 3.3 horas, de acuerdo con los últimos registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El número de homicidios dolosos de mujeres va en aumento. Los avances normativos, producto del constante empuje de las organizaciones feministas y de derechos humanos, no alcanzan para prevenir y erradicar el fenómeno que en 2007 fue incorporado por primera vez a la legislación mexicana bajo el concepto de “violencia feminicida”: la “forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y de Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.


El repunte de los asesinatos de mujeres empezó a ser evidente a partir de 2008 cuando, en el marco de la supuesta “guerra” contra el narcotráfico, se registraron 1 mil 440 de estos crímenes, 32.5 por ciento más que en 2007. Desde entonces el crecimiento es constante: 1 mil 935 casos para 2009; 2 mil 335, para 2010; 2 mil 590, para 2011; y 2 mil 630, para 2012.

Lo anterior se desprende del análisis de las estadísticas vitales de mortalidad del Inegi para 2011 y 2012, así como del estudio Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010. Este último da cuenta de las defunciones femeninas con presunción de homicidio durante 25 años como un primer acercamiento al fenómeno del feminicidio. Y es que, según refieren las instancias coautoras –la Cámara de Diputados, la ONU (Organización de las Naciones Unidas) Mujeres, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)–, el Estado mexicano carece de sistemas de información veraces, oportunos y precisos sobre el número y características de los asesinatos de mujeres por razones de género.

El estudio sobre violencia feminicida y los indicadores del Inegi revelan el panorama completo de los asesinatos de mujeres perpetrados durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa. Los homicidios dolosos de mujeres durante su gestión sumaron 12 mil 16, es decir, 55.9 por ciento más que en el gobierno de Vicente Fox Quesada, y 40.6 por ciento más que en el de Ernesto Zedillo Ponce de León.


Durante el sexenio más violento para el sexo femenino, 12 entidades del país se constituyeron como los principales focos rojos en la materia. De 2007 a 2012, el Estado de México registró 1 mil 672 homicidios dolosos de mujeres; Chihuahua, 1 mil 670; Guerrero, 839; el Distrito Federal, 762; Nuevo León, 552; Veracruz, 542; Baja California, 541; Jalisco, 488; Tamaulipas, 468; Oaxaca, 452; Sinaloa, 423; y Michoacán, 421.

Consultada respecto de las posibles causas del incremento de los feminicidios en el país, Ana Güezmes García –directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana– alude a las observaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer dirigió al Estado mexicano en agosto de 2012.

Entonces, el órgano dependiente de la Organización de las Naciones Unidas externó su preocupación por la intensificación de las pautas de discriminación y violencia generalizadas contra las mujeres como consecuencia de “la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada, combinada con la impunidad y corrupción persistentes”. También por el sometimiento de las “mujeres y muchachas”, a niveles mayores y diversos de violencia, en particular el feminicidio, a manos de grupos de delincuentes organizados e, incluso, de agentes estatales, incluidos los encargados de hacer cumplir la ley y de procurar la seguridad.

En entrevista con Contralínea, Güezmes García refiere unos de los principales hallazgos de Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010: que en comparación con los homicidios de varones, los medios empleados para asesinar a las mujeres son más brutales, hecho que evidencia la saña propia de los crímenes de género.

Detalla que casi una de cada cinco mujeres muere en manos de su agresor; que los casos de muerte por ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión son tres veces más frecuentes para ellas; que el uso de objetos cortantes es más común en los crímenes de mujeres, al igual que el empleo de objetos romos; y que los asesinatos por envenenamiento o quemadura son 4.4 veces más frecuentes en las féminas que en los varones.

Para la representante de la ONU Mujeres, resulta imperativo prevenir y eliminar la violencia y discriminación contra las mujeres –“la más extendida violación de derechos humanos en el mundo”–, en miras del desarrollo sostenible. Y es que, asegura, ambas constituyen “uno de los principales obstáculos para el desarrollo; generan inestabilidad en las sociedades; impiden el progreso hacia la justicia y la paz; atentan contra la gobernabilidad democrática”.

Logros a medias

A decir de las instancias oficiales, uno de los grandes logros relativos a los crímenes de odio contra las mujeres es la incorporación del tipo penal feminicidio en el Código Penal Federal y en los códigos de 31 de las 32 entidades que integran el país. La excepción es Chihuahua, no obstante los 1 mil 670 homicidios dolosos de mujeres que registró entre 2007 y 2012, y que la colocan como la segunda entidad más violenta para las mujeres a nivel nacional.

Cuestionada respecto de las acciones emprendidas en materia de prevención y erradicación de feminicidios, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Inmujeres, comenta que la instancia a su cargo ha trabajado en la armonización legislativa del tipo penal feminicidio a nivel nacional, así como en la impartición de talleres de capacitación, sensibilización y generación de proyectos productivos a mujeres. Y es que, acota, “no podemos acabar con el feminicidio ni con la violencia contra las mujeres si ellas no están empoderadas económicamente y no son autosuficientes”.


En el contexto del foro “Balance del cumplimiento de la Plataforma de Acción de Pekín y de las Metas del Milenio”, celebrado el pasado 20 de febrero en la Cámara de Diputados, la funcionaria habló de los retos en la materia. Reconoció que aunque 31 entidades han incorporado el tipo penal feminicidio en sus código penales, existe preocupación por las “variaciones en las definiciones y penas que se imponen a los feminicidas”.

Margarita Elena Tapia Fonllem, secretaria de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México, comenta que durante la legislatura en curso los esfuerzos se han centrado en tratar de sensibilizar y convencer a las cabezas de los gobiernos locales de la tipificación del delito de feminicidio, con base en los parámetros que ya establece el Código Penal Federal.

—¿Han detectado cuáles son obstáculos que han impedido la tipificación de este delito para el caso de Chihuahua? –se le pregunta.

—Creo que puede haber una resistencia de legisladores y legisladoras, precisamente por tratarse de una entidad reconocida e identificada por los feminicidios. No hemos podido tener la entrevista con el gobernador. Seguimos pidiéndola. Es uno de los pendientes.

Para María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) –alianza conformada por 43 organizaciones de derechos humanos y de mujeres– “no basta con tener un tipo penal objetivo si no obligas al operador jurídico a juzgar con perspectiva de género”.
La representante de la sociedad civil considera que el mayor reto, luego de que el feminicidio ha sido tipificado en casi todo el país, recae en el Poder Judicial. Esto, porque las instancias a cargo de la impartición de justicia en México están teniendo serias dificultades a la hora de acreditar el tipo penal feminicidio.

En este sentido, Estrada Mendoza da cuenta de los principales errores en que incurren jueces y magistrados. El primero recae en que aunque el tipo penal es objetivo, en el sentido que enlista con precisión las circunstancias por la que debe acreditarse el feminicidio, los juzgadores se aferran a demostrar, ante todo, la intención de misoginia, es decir, “el odio del agresor hacia la víctima, su naturaleza machista”.

La otra es la tendencia a considerar como verdadero el dicho del agresor. Así por ejemplo, el hecho de que justifique su crimen diciendo que sostenía juegos perversos o sado masoquistas con la víctima puede sumarle puntos en el juicio. Finalmente, influyen estereotipos de género encaminados a cuestionar la conducta o vida sexual de la mujer.

Debido a que el fallo del juzgador pasa, incluso, por elementos de carácter cultural, la también integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, considera que los impartidores de justicia necesitan, más que un curso de capacitación, un intensivo proceso de concientización, de comprensión, de deconstrucción.

—Tenemos que seguir caminando con el Poder Judicial, porque los jueces son muy machistas y porque se sienten que están arriba del bien y del mal. El Poder Judicial debe ser consciente de sus sentencias; juzgar con perspectiva de género; dejar de lado los elementos discriminatorios que están poniendo en riesgo la integridad de las mujeres.

A decir de la coordinadora ejecutiva del OCNF, otros retos son la homologación del tipo penal feminicidio para, posteriormente, homologar también los protocolos de investigación con perspectiva de género. Además, que la expedición y aplicación de dichos protocolos sea de carácter obligatorio en todo el país con el objetivo de que se sancione penal y/o administrativamente a las autoridades que no los apliquen, pues, de lo contrario, la impunidad se robustecerá.

Ana Güezmes García, directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, considera que en los últimos años ha habido un importante avance jurídico, así como mayores recursos para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres en el país.


La reforma constitucional proderechos humanos de 2011; las reformas al Código Penal Federal para tipificar y sancionar los delitos de feminicidio y e incluir figuras jurídicas que garantizan a las mujeres el acceso a la justicia y combatir la impunidad; la tipificación del feminicidio en 31 entidades federativas; y el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, formarían parte de este nuevo cuerpo normativo de vanguardia.

 “Sin embargo, no podemos estar satisfechas. Falta mucho para hacer realidad una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas en México y en el mundo”. La representante de la ONU Mujeres alude a una estrategia global para la igualdad sustantiva que comprometa a todos y a todas y que promueva un cambio estructural en el orden político, social, económico y cultural.

Güezmes García recuerda que en los próximos días el Estado mexicano tendrá que responder a las 176 recomendaciones de las que fue objeto durante su segundo Examen Periódico Universal, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Un gran porcentaje de países (en total, 27), “recomendó tomar medidas para prevenir y eliminar la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres, especialmente en su forma más extrema que es el feminicidio”.

Es el caso, por ejemplo, de Paraguay, que pidió al gobierno mexicano “unificar, sobre la base de criterios objetivos, las diversas definiciones de feminicidio en los diversos códigos penales del país”, o el de Eslovenia, que se pronunció por “aplicar las políticas públicas que se han formulado y poner en marcha una amplia campaña de sensibilización para poner término a la violencia de género, que abarca la violencia sexual y el feminicidio”.


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Tarjeta roja al “turismo sexual”


OPINIÓN
   

Especial
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala.-

A 82 días de que inicie la Copa Mundial de Futbol en Brasil es oportuno difundir una campaña internacional que se propone desalentar la demanda de servicios sexuales entre los hombres turistas que asistirán a ese evento deportivo.

Una de sus consignas es levantar la tarjeta roja al “turismo sexual” el día de la inauguración. Resulta pertinente darla a conocer en Guatemala, ya que los casos de explotación sexual en lugares turísticos van en aumento.

Se estima que 600 mil turistas asistirán a la competencia futbolística que tendrá lugar en varias ciudades de Brasil, donde además de disfrutar de las bellezas de ese país, sitios y playas, muchos hombres se involucrarán en prácticas sexuales comerciales.

Con base en estudios de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, que suscribe la campaña, los países del área con mayor índice de “turismo sexual” son Brasil, República Dominicana, Costa Rica, Venezuela y Puerto Rico.

Y si bien en este ilícito están involucrados hombres europeos y estadounidenses, también hay una demanda de latinoamericanos.

La explotación sexual no es turismo. Según el Código de Ética Mundial del Turismo, esta última actividad se asocia al descanso y la diversión, al deporte, al acceso a la cultura, a la promoción del respeto y de la igualdad.

Hay que tener en cuenta qué factores alientan el “turismo sexual” en Brasil, en Guatemala o en cualquier otro país. Existe legitimidad hacia el sexo comercial y tolerancia a la masculinidad patriarcal (súper sexualidad de los hombres), paralelo a mayor empobrecimiento y falta de educación sexual y oportunidades.

Todo ello propicia que niñas, niños y adolescentes sean engañados, obligados o convencidos para involucrarlos en prácticas sexuales y eróticas para clientes turistas individuales y grupales.

La explotación sexual existe porque hay proxenetas, explotadores y clientes, además hay redes nacionales e internacionales. En todos los países latinoamericanos y del Caribe urgen campañas preventivas.

La dimensión de la problemática de la trata de personas exige una ciudadanía activa que rechace abiertamente todas aquellas prácticas que convierten en mercancía los cuerpos de niñas, niños y mujeres.

Junto a levantar la tarjeta roja al “turismo sexual”, la coalición referida hace un llamado a los 32 países que participan en el Mundial de Futbol, al comité de la FIFA, a los jugadores de las selecciones nacionales, a las agencias de turismo en Brasil, en especial en Fortaleza (una de las sedes donde el número de víctimas de trata sexual es de los más altos en la nación sudamericana), para que promuevan acciones encaminadas a desalentar en los turistas el pago por servicios sexuales.

A dicha convocatoria también tendría que sumarse una ciudadanía consciente a nivel mundial, en el entendido de que la explotación sexual es una violación a los Derechos Humanos; basta de complacencia al sexo comercial.

Es necesaria una reflexión crítica: sin demanda no hay oferta, pagar por sexo fomenta la explotación de niñas, niños y mujeres.

*Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
 

Parir en la calle, ¿una nueva forma de atención a la salud?



   LA VOZ DE LA COALICIÓN

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lina Rosa Berrio Palomo*
Cimacnoticias | México, DF.- 

Nuevamente una mujer da a luz en la calle frente a los Servicios de Salud de Oaxaca, que no la atendieron por ausencia de personal.

El hecho ocurrió el pasado 19 de marzo en la entrada de la clínica de Ejutla de Crespo, en la región de los Valles Centrales del estado.

Juana García Jiménez debió parir en la calle pues la clínica estaba cerrada por falta de personal médico. Ella y su esposo pagaron 2 mil 500 pesos por la atención en un servicio particular al que acudió después del parto, un monto importante para las finanzas de una familia de escasos recursos, cuyo proveedor principal es carbonero.

Este hecho no sólo habla de las profundas deficiencias en los servicios de salud, o de cómo la población mexicana financia con sus recursos propios el acceso a la salud del que las autoridades  presumen el haber logrado una cobertura universal.

El caso de Juana se suma a los más de 15 casos que han trascendido a la prensa desde octubre de 2013 en circunstancias similares en diversas entidades federativas.

Esto ocurre a cinco días de haberse firmado un acuerdo por parte del gobierno de Oaxaca, encabezado por Gabino Cué, para garantizar la Atención Integral en los Servicios Obstétricos con Cero Rechazo a Embarazadas.

¿Qué es lo que hay detrás de estos eventos cotidianos en los servicios de salud, que ahora parecen evidenciarse con mayor frecuencia en medios de comunicación?

De los 17 casos compilados por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) desde octubre de 2013, 11 han tenido lugar en el estado de Oaxaca, y dos se presentaron en Tabasco, seguidos de Guerrero, Chiapas, Puebla y Yucatán.

Es decir, 7 de cada 10 casos de mujeres que han debido dar a luz en la calle, automóviles, baños o salas de espera, o de quienes fallecieron en ese periodo por mala atención, ocurrieron en Oaxaca.

En cuatro casos (Guerrero, Yucatán, Oaxaca y Chiapas) las mujeres perdieron la vida por atención médica inadecuada o inoportuna.

Uno de los más dramáticos es el de la indígena oaxaqueña fallecida el pasado 18 de febrero tras un año de estar en coma, luego de que los médicos olvidaron una tijera en su matriz al practicarle una cesárea.

En tres casos también fallecieron los bebés, dos de ellos gemelos, quienes perdieron la vida junto con su madre, una mujer indígena maya de Peto, Yucatán, y una semana después del hecho sus cuerpos no habían sido entregados a sus familiares.

De las mujeres que no perdieron la vida, siete dieron a luz en la calle frente a centros de salud o clínicas públicas que no las recibieron o las rechazaron, y cinco de ellas fueron recibidas pero sus bebés nacieron en el baño o en la sala de espera por un inadecuado seguimiento de su trabajo de parto.

En seis casos las mujeres fueron abiertamente rechazadas por el personal de salud, argumentando que aún les faltaba tiempo o no podían recibirlas; en cuatro casos simplemente no las atendieron porque el centro de salud estaba fuera del horario laboral, es decir después de las 3 de la tarde o en fin de semana o sin personal.

En siete casos, incluyendo los cuatro fallecimientos por causas obstétricas, las mujeres fueron recibidas pero no hubo capacidad resolutiva, hubo demora en la atención o incluso mala práctica y negligencia médica como en el caso de la mujer a quien le dejaron una tijera dentro de su matriz, o de la indígena chiapaneca fallecida en el Hospital de las Culturas de modo inexplicable durante una cesárea.

Estos casos se suman a las 960 mujeres fallecidas en 2012 por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, a las muertes de 2013 que aún se encuentran en proceso de validación y a los 207 decesos documentados hasta la fecha por el Observatorio de Mortalidad Materna en México.

Ello sin considerar los casos de morbilidad, es decir, mujeres que no fallecen pero quedan con secuelas graves para su salud derivadas de una inadecuada atención durante el parto, los cuales pueden triplicar el número de fallecidas.

Los casos muestran algunas de las formas en las que opera la violencia obstétrica y/o institucional. Una es el rechazo de las mujeres durante su trabajo de parto, los maltratos, humillaciones y vejaciones a las cuales son sometidas, o los excesivos procesos de medicalización como el uso innecesario de cesáreas, que en México alcanza casi la mitad de los partos y en algunos estados como Yucatán incluso la supera.

Esta cifra se incrementa aún más en instituciones privadas donde alcanza hasta un 70 por ciento. Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el número de cesáreas no debería exceder el 20 por ciento, pero México se convierte en el segundo país del mundo con mayor uso de este procedimiento alcanzando niveles alarmantes.

Los casos documentados por la prensa son sólo una muestra de la magnitud del problema. Pese a la gravedad de los casos y el reclamo permanente de la sociedad, hasta el momento sólo se ha anunciado por la secretaria de Salud federal, Mercedes Juan, la política de cero rechazo en los hospitales.

El secretario de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, sigue en su cargo y sólo se ha separado de sus puestos a los directores y personal médico a cargo en dos de los casos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al respecto, pero no sabemos hasta dónde ha sido cumplida.

Los casos ocurridos muestran violaciones a los Derechos Humanos (DH) de las mujeres y sus recién nacidos, particularmente el derecho a la vida, a la salud, a una atención de calidad, a un trato digno y respetuoso, entre otros. A la luz de esto, vale la pena reflexionar:

–¿Cómo hablar del derecho a la protección de la salud cuando estos casos ocurren permanentemente y muestran las profundas brechas de desigualdad, las violaciones al derecho a la salud, la ausencia de una real cobertura y una adecuada calidad de la atención? ¿O de un sistema de protección en salud que muestra su incapacidad de garantizar el derecho constitucional a la salud, o a gozar de los más altos niveles de salud física, mental y emocional como lo señala la OMS?

–¿Será que la salud se trata de “número de afiliados” a un Sistema de Protección Social –el Seguro Popular (SP)– que se ha erigido como un mecanismo financiero que concentra más de la mitad de los recursos en salud, pero es poco transparente en su implementación? ¿Cómo se explica que más de la mitad de las fallecidas por causas obstétricas en 2012 tuvieran SP y sin embargo su vida no fuera salvada? ¿En qué se diferencian ellas del 14.7 por ciento de las fallecidas que no contaban con algún tipo de seguridad social?

–¿Cómo hablar de integración del sistema de salud sin resolver las plantillas insuficientes de personal, ausencia de equipos e insumos, mala formación o incapacidad técnica para atender eventos obstétricos? ¿Qué hacer frente al abandono y desmantelamiento del primer nivel de atención, cuyos impactos en la salud y la vida de las mujeres se observan en estos casos?

–¿Cómo dar respuesta a este multirechazo hospitalario y a la violencia institucional que enfrentan las mujeres cuando acuden a los servicios de salud? ¿Cuáles son las medidas y las sanciones administrativas y jurídicas que está tomando la Secretaría de Salud como instancia rectora para dar respuesta a estos casos? ¿Cómo garantizar el principio de no repetición si las acciones se limitan a destituir funcionarios de bajo rango, o a crear comisiones investigadoras sin medidas de transformación del sistema?

Son algunas de las preguntas que nos hacemos desde la sociedad civil para alcanzar una verdadera calidad de la atención y reducir la muerte materna más allá de 2015. No se trata de exponer que no se logró la meta, se trata de plantear qué se está haciendo para transformar la realidad de las mujeres en la atención a la salud materna.

Mientras la integración de los DH no se haga realidad en la implementación de la políticas públicas, las mujeres seguirán siendo discriminadas y rechazadas.

Hacemos un llamado para que los tomadores de decisión integren en sus programas de acción el documento emanado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas “Orientaciones técnicas sobre la aplicación de un enfoque basado en los Derechos Humanos a la ejecución de las políticas y los programas destinados a reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad”.

*Integrante de Kinal Antzetik Distrito Federal y del Consejo Directivo del Comité Promotor por una Maternidad Segura.

**Kinal Antzetik y el Comité Promotor por una Maternidad Segura son parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Embarazos en adolescentes aumentan en Zimbabwe


INTERNACIONAL
   Hay más casos en zonas rurales

Zimbabwe experimenta un significativo incremento en el número de embarazos adolescentes. Foto: Jeffrey Moyo/IPS
Por: Thandeka Moyo**
Cimacnoticias/IPS | Bulawayo, Zimbabwe.-

Todos los días, Pretty Nyathi*, de 17 años, se levanta de la cama, alimenta a su bebé, lo carga a su espalda y sale rápidamente al mercado para comprar verduras que luego revende en las calles de Bulawayo, la segunda ciudad más importante de este país africano. Ella desearía que su vida fuera diferente.

“No hay nada bello en ser una madre adolescente”, dijo a IPS/Cimacnoticias. “Desearía poder volver el tiempo atrás, a cuando estaba en la escuela, y ser como cualquier otra joven”.

Hace cinco años, su madre murió y ella tuvo que mudarse con su abuela, quien atiende un “shebeen” (bar) en Tsholotsho, 116 kilómetros al noreste de Bulawayo.

A los 14 fue violada por un cliente. “Intenté pedirle ayuda a mi abuela, pero ella me amenazó con echarme”, añadió. Pronto, la abuela obligó a la joven a prostituirse con los clientes. “Perdí la cuenta de los hombres con los que me acosté sin usar protección”, dijo Nyathi.

En 2012 escapó a Bulawayo, donde vivió en las calles y sobrevivió también prostituyéndose. Dos meses después quedó embarazada, y en una clínica se le diagnosticó VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del Sida).

Un pastor evangélico le ofreció refugio, y en el Hospital Mpilo comenzó a recibir tratamiento antirretroviral. “Por la gracia del Señor, mi bebé es VIH negativo”, dijo Nyathi.

Ahora la joven vive con un familiar y se esfuerza por seguir el tratamiento. Este requiere “una dieta equilibrada, que me puede ayudar a vivir más y al menos ver a mi hija comenzando la escuela”, dijo.

Nyathi representa uno de los cada vez más numerosos casos de embarazos en adolescentes en Zimbabwe.

En 2011 la tasa de fecundidad en las adolescentes de entre 15 y 19 años era de 112 nacimientos por cada mil jóvenes, cuando en 2006 era de 99 por cada mil, según el Estudio Demográfico y de Salud de Zimbabwe (ZDHS, por sus siglas en inglés).

“Se trata de un aumento significativo”, dijo Stewart Muchapera, analista de comunicaciones en el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Zimbabwe, en diálogo con IPS/Cimacnoticias.

Las jóvenes de áreas rurales, como Nyathi, tienen el doble de probabilidades de quedar embarazadas en la adolescencia. La tasa de fecundidad en el ámbito rural es de 144 nacimientos por cada mil jóvenes, contra 70 por cada mil en zonas urbanas.

RIESGOS

“La pubertad es un periodo de rápidos cambios biológicos, y esa etapa de desarrollo debe ser bien afrontada por las jóvenes para superarla en forma segura”, dijo Muchapera.

Entre las muchas causas del embarazo temprano, el experto mencionó la falta de información precisa sobre la pubertad, la cual vuelve a las adolescentes dependientes de lo que les digan otras jóvenes mal informadas o de los pocos datos que puedan obtener en internet.

También señaló que algunas normas culturales o religiosas, como el matrimonio infantil, las relaciones intergeneracionales, la coerción sexual y el sexo comercial, contribuyen con el embarazo en adolescentes.

El ZDHS señala que 9 de cada 10 zimbabwenses activas sexualmente de entre 15 y 19 años se encuentran en alguna forma de matrimonio, y que dos de cada tres jóvenes que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años lo hicieron contra su voluntad.

El problema se ve agravado por la crisis política y económica de la última década, que propagó la pobreza y deterioró los servicios educativos y de salud. Las adolescentes practican sexo comercial como medio de obtener alimento, ropa, educación y seguridad.

Simanga Nkomo, partera en Bulawayo, dijo a IPS/Cimacnoticias que cada año asiste a madres cada vez más jóvenes, algunas de 14 años o menos.

“Es preocupante, ya que la mayoría de esas adolescentes no están informadas sobre salud materna y arriesgan sus vidas”, afirmó.

El riesgo de muerte materna es el doble para las jóvenes de entre 15 y 19 años que para las mujeres de más de 20, y cinco veces más alto para las niñas de entre 10 y 14 años.

Sipho Ncube* es otra madre adolescente de Bulawayo. Obtuvo buenas notas el año pasado en la secundaria, pero debió abandonarla cuando presentó un embarazo y parió un bebé varón, ahora de siete meses.

“Comencé una relación, y una cosa llevó a la otra, hasta que descubrí que estaba embarazada. Tenía conocimiento sobre anticonceptivos, pero por algún motivo no usé ninguno”, contó a IPS/Cimacnoticias.

Ncube y su bebé son VIH negativos, pero perfectamente podría haber sido de otra manera: la seroprevalencia nacional es de casi 15 por ciento entre personas de entre 15 y 49 años.

Unos 120 mil jóvenes zimbabwenses de entre 15 y 19 años contrajeron el VIH en 2012, y 63 mil eran mujeres, según estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Los padres de Ncube, que trabajan en Sudáfrica, la visitan tres veces al año y le envían algo de dinero. Ella cuida a sus hermanos, de 13 y siete años, en una casa alquilada de dos habitaciones en el suburbio capitalino de Mpopoma.

El padre del bebé trabaja en la occidental ciudad de Victoria Falls, y ayuda financieramente a Ncube cada vez que puede.

“Me lamento de todo, pero debo vivir con las tontas decisiones que tomé”, dijo Ncube a IPS/Cimacnoticias. “Desearía volver al colegio y (a la vez) poder cuidar al bebé”.

*Los nombres fueron cambiados para proteger su privacidad.

**Este artículo fue originalmente publicado por la agencia internacional de noticias IPS.
 

3/28/2014

¡Autogestión obrera en Pemex!





Los voraces grupos dominantes económicos y políticos están ansiosos por culminar con la privatización furtiva que ha venido carcomiendo a Pemex y la CFE. La industria energética es la fuente de multimillonarias ganancias que el capital está deseoso de acumular lo más pronto posible sólo para él mismo. La renta petrolera es, de lejos, al nivel mundial el origen de las riquezas más fabulosas del sistema capitalista. El petróleo es la sangre misma del sistema, la mercancía de mercancías por antonomasia que lo mueve. El despojo al patrimonio nacional con la “reforma energética” no sería posible sin los “líderes” del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). Carlos Romero Deschamps y Víctor Fuentes del Villar son los operadores gremiales más importantes del proceso de privatización del sector energético. Gansters sindicales, intocables dentro del régimen político prestando un gran servicio al Estado, cual representante general –el capitalista colectivo– del gran empresariado local y extranjero. El desarrollo del capital en México es inexplicable sin el caciquismo sindical, especialmente en la era del capitalismo salvaje, depredador voraz de los derechos laborales.

Estos líderes charros no son traidores a los miles de trabajadores petroleros y electricistas por la sencilla razón de que nunca han sido sus auténticos representantes; nunca han sido sus verdaderos dirigentes defendiendo los intereses laborales, salariales y políticos. A partir de los años veinte posrevolucionarios del siglo pasado la mayoría de los líderes obreros son parte incipiente de la estructura del poder estatal. El “movimiento obrero mexicano” ha sido castrado políticamente por el Estado; enajenado como clase al capital es “un proletariado sin cabeza”, decía José Revueltas; o sea, sin conciencia ni organización política clasista independiente. 

El charrismo sindical es el corporativismo gremial supeditado al Estado y si en su forma embrionaria surge a finales del régimen cardenista su consolidación se da en 1948 con Miguel Alemán Valdés, uno de “los Cachorros de la Revolución”, como lo denominó Vicente Lombardo Toledano, uno de los gansters de Stalin en México. El corporativismo gremial autoritario, el caciquismo sindical, es la principal correa política estatal para someter a los trabajadores; es el instrumento de poder más valioso para controlar al proletariado mexicano. José Alfonso Bouzas, de la UNAM, afirma que el corporativismo sindical deriva de la relación Estado-sindicatos-empresarios de una ley de 1931; con base en ella, los líderes sindicales se apropian de los derechos de los trabajadores y los usufructúan en su beneficio. Es un “cáncer” político: líderes eternos, no rendición de cuentas, no voto abierto, una dirigencia que suele ser intocable; hasta que el gatopardismo estatal decide quitarles la impunidad y reemplazarlos para que todo siga igual.

No hay líderes charros pobres, la mayoría son millonarios o multimillonarios, a diferencia de los verdaderos obreros. Romero Deschamps es emblemático del sindicalismo espurio. Nació en 1944 en Tampico. Ingreso a “trabajar” a mediados de los años 60 a Pemex e inició sus jaripeos charriles en 1971 en la refinería de Salamanca cuando se ganó la confianza política, siendo chofer y mandadero, de Joaquín Hernández Galicia La Quina. Priista desde 1961, inició su ascenso en 1993 como Secretario General del STPRM con Carlos Salinas de Gortari. 

Ha sobrevivido a dos Pemexgate, escándalos financieros multimillonarios dentro de la inmundicia de corrupción de la mayor empresa del país con casi 150 mil trabajadores –117 mil sindicalizados y 30 mil de confianza–, nos dice el periodista Francisco Cruz Jiménez en su libro Los Amos de la Mafia Sindical. Es uno de los hombres más ricos de México. Ha mantenido su impunidad merced al PRI y al PAN y ha sido reelegido ilegalmente con la protección de estos gobiernos patronales. Su fortuna le ha permitido ser accionista de Banorte, contratista y consejero directivo de Pemex, dueño de grandes bienes inmobiliarios y un yate de lujo, es senador del PRI desde el año 2000 y ahora es protegido por Enrique Peña Nieto. Es un jeque petrolero manejando su Ferrari con sombrero de charro. Los “ajustes laborales”, próximos despidos de miles de petroleros, tienen su aprobación.

Para la urgente renacionalización de Pemex es necesaria la autogestión obrera de Pemex. La alternativa soberana y revolucionaria, la única posible de detener la ofensiva del gran capital, sólo puede provenir de una movilización popular democrática e independiente, cuyo eje fundamental son los trabajadores, en primer lugar los petroleros y sus aliados naturales, los trabajadores electricistas, también en la mira privatizadora de Peña.

 El STPRM y el SUTERM maniatados por los poderosos charros parecen impotentes ante la situación. Sin embargo, un sector se mueve en resistencia; los trabajadores de estas industrias tienen en sus manos la llave de la solución favorable para los intereses nacionales: evitar la vuelta de las petroleras imperialistas a 1938, evitar la total reprivatización. Su acción que reivindicaría su protagonismo como actores esenciales en el conflicto potencial, romperá los planes neoliberales gubernamentales. Su organización autónoma, democrática e independiente pondrá en jaque a los charros y se proyectará en una lucha que no puede sino encaminarse a la huelga. Los trabajadores petroleros en 1937-38 con sus huelgas y movilizaciones fueron quienes determinaron finalmente la decisión del gobierno de Cárdenas de expropiar a las compañías inglesas y estadounidenses. 76 años después la crisis y la situación de la lucha nacional y proletaria está convocando al protagonismo de los trabajadores petroleros, electricistas y de sus aliados en general, el proletariado mexicano.

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