2/21/2015

Monsiváis: la fe en la militancia marxista y ¿la razón en los intelectuales mediatizados por el Estado?


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Pedro Echeverría V.

1. Carlos Monsiváis escribió: “Desde 1919 (la fundación del Partido Comunista Mexicano) a nuestros días, sí es evidente una expresión dominante, única en los momentos de crisis se vuelve única. Lo homogéneo viene de la profesión de fe marxista, de la creencia en la versión soviética del socialismo, del culto a la Revolución. En los veinte y en los treinta la meta es la condición del bolchevique, recio como el acero, abnegado, dispuesto a darlo todo por el Partido (así, a secas) que es la vanguardia de la humanidad, el depositario –a través del centralismo democrático– de la sabiduría colectiva. Son numerosos los testimonios de entrega, de interpretación religiosa de la militancia. De modo obvio, el sectarismo es preocupación religiosa por la ortodoxia, por el acatamiento estricto de la doctrina del materialismo histórico”.

2. La realidad es que es difícil separar la fe y la razón, ¿es tener fe, es una simple creencia, luchar por la destrucción del capitalismo y tratar de poner las bases para la construcción de una sociedad igualitaria? ¿Es por esta “creencia religiosa” por la que millones de seres humanos salimos a las calles a protestar y muchas veces a enfrentarnos contra las fuerzas armadas que defienden el poder gubernamental o empresarial? Es probable que el intelectual  Monsiváis tenga la sabia razón, pero ¿qué pensamiento puede separarse de los deseos “religiosos” y de la razón real o científica? Yo desde los 19 años, cuando el marxismo me convenció, eché en saco roto todas las religiones, pero nunca he tenido dudas de que mis convicciones de lucha por la igualdad –aunque naveguen en lo científico- puedan tener mucho de convencimiento religioso. 
3. Escribe Monsiváis: “En las variantes nacionales cuenta muchísimo la personalidad de los líderes. En el caso de México las figuras primordiales del periodo 1919-1988 son, sin duda, Hernán Laborde, Valentín Campa, Vicente Lombardo Toledano, Dionisio Encinas, Demetrio Vallejo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Revueltas, Heberto Castillo y Arnoldo Martínez Verdugo. Son dirigentes inflexibles, encarnaciones del dogma, heréticos e inquisidores, artistas, intelectuales, luchadores sociales. Viven la marginalidad sin prestigio, y la marginalidad que se reconoce pese a todo. Son internacionales y son despiadadamente localistas. Adoran a Stalin, así algunos se den el lujo de admirar a Trotsky, y su idolatría les hace renunciar a la autocrítica y a su visión moral”. No me cabe duda que Monsiváis estaba grueso al escribir este párrafo. 
4. No me sorprendió que el intelectual Carlos Monsiváis escribiera –para denigrar a los militantes de izquierda y socialistas, que “Que desde 1919… homogéneo viene de la profesión de fe marxista, de la creencia en la versión soviética del socialismo, del culto a la Revolución”. Sin embargo esto explica al mismo tiempo porque Monsiváis no tuvo militancia política y, lo más grave, que nunca se haya comprometido o participado en movimiento social alguno de protesta; pero también que haya desautorizado fuertes manifestaciones de luchas estudiantiles como las de 1968 y 1999 en la UNAM. Mucha gente le respetó a Monsiváis sus posiciones políticas de rechazo al radicalismo, a las “provocaciones”, a los “dogmas de fe”, pero fueron condenadas sus  declaraciones que dañaban a los movimientos sociales para quedar  bien con las clases dominantes. 
5. La realidad es que las posiciones políticas que denuncia Monsiváis en cuanto a los “inquisidores”, a los “difusores de dogmas”, los “adoradores de Stalin y de la URSS” no tienen mucho que ver con el haber profesado la fe marxista; fueron más bien razones políticas “científicas” y muy pragmáticas; la voluntad de acatamiento de órdenes que venían de la Tercera Internacional  y Moscú  por oportunismo político. No fueron dogmas sino conveniencias de los dirigentes políticos para quedar bien con el comité central. Sí hay muchos registros de dogmatismo y de fe entre los militantes de partidos; pero más que fe religiosa lo que debe denunciarse más es el seguidismo a las líneas partidarias y de pensamiento por conveniencias políticas, particularmente de sus dirigencias. 
6. Monsiváis fue un distinguido personaje que  escribió, reflexionó y opinó en la segunda mitad del siglo XX, por ello fue colmado como un intelectual muy destacado e inteligente. Como él muchos más escritores con sus obras han llenado librerías, salas de conferencias y la televisión con sus entrevistas y declaraciones. Pero no todos los intelectuales, escritores o artistas han tenido la oportunidad, han podido, buscado o querido destacar; hay otros miles en el país, con más o menos el mismo nivel literario de él, que se mueven en otros campos, con otros intereses y relaciones. Desafortunadamente en México la enorme mayoría de los “intelectuales” oficiales o de mafia, han estado moviéndose alrededor de los premios, salarios, becas, negocios, viajes, que ha ofrecido el gobierno y los medios de información a su servicio. 
7. Las batallas entre la pasión y la razón políticas no dejarán de estar presentes en las luchas sociales. No pueden dejar de amargarnos o de entrar en cólera por las represiones, invasiones y asesinatos de que son víctimas los pueblos del mundo por el imperio; pero tampoco podemos dejar de alegrarnos o apasionarnos cuando los trabajadores obtienen victorias en su beneficio.  Los seres humanos somos emoción, entusiasmo, pasión, aunque al mismo tiempo usamos la reflexión buscando razones aunque éstas no sean de la profundidad que se exige. ¿Cómo no entusiasmarnos cuando los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia, Argentina logran ganar batallas en beneficios de sus pueblos y cómo no repudiar con razón los bombardeos yanquis en el mundo? (20/II/15) 

Programa Tiempo de Mujeres en la radio de la Universidad de Guelph CFRU sabado 21 febrero

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MUJERES POR LA DEMOCRACIA


Bienvenida al programa de hoy
Noticias de Género en la Red


Género en la mira con
Daniela Villegas
Marihuana legal, cuando los blancos se hacen ricos
Hoy egénero en la mira el espacio de nuestra amiga y compañera la maestra en estudios de género Daniela Villegas desde Sydney Autralia  nos habla sobre el empoderamiento de las mujeres a través de la marihuana, y esta plantita verde es solo un ejemplo de cómo se discrimina en los negocios a las mujeres, son los negocios un club de toby? Y quiénes en el caso de la marihuana juegan qué papeles? Interesante escucharlo

hablando de discriminación como una forma de violencia contra la mujer, tenemos dos artículos sobre el informe "A 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing: objetivos estratégicos y esferas de preocupación", el primero nos habla sobre cuáles han sido los avances para lograr la igualdad de género y garantizar el pleno ejercicio de los derechos para las mujeres y las niñas en América Latina y Caribe, porque en la realidad no se percibe un cambio en mejoras vitales y cotidianas; por qué la desigualdad y el machismo siguen en pie si existen compromisos firmados por los representates de gobiernos? 

También siguiendo el tema de las prácticas de la violencia contra las mujeres y niñas, en días pasados se conmemoró el día internacional de tolerancia cero a la mutilación genital femenina, los datos: Actualmente está práctica se lleva a cabo en 23 países sin ningún sustento médico: algunos países de África, Medio Oriente, Asia y Colombia, único país en América Latina

Continuando el tema de prácticas, compromisos y resultados pasamos a las leyes, cómo es que existiendo leyes para evitar prácticas violentas contras las mujeres éstas siguen dándose ? leyes que discriminan a las mujeres y legalizan la poligamia, la violación marital y el secuestro, entre otras cosas, en contravención de diversos tratados y resoluciones internacionales. hablaremos sobre que dicen las organizaciones al respecto

Juez admite amparo para que se decrete ya AVG en Edomex
Y para terminar con una nota que podría ser una luz en el camino tenemos el caso de un amparo ganado para que puedan decretar la Alerta de Violencia de Género AVG en el Estado de México, uno de los lugares más peligrosos para las mujeres y niñas que ahi viven o transitan, un logro para las organizaciones civiles que han exigido cumplan con las leyes dispuestas de protección a las mujeres, es importante recordar que de 2005 a 2010, se tuvo conocimiento de un total de 922 casos de homicidios con características feminicidas cometidos en la entidad, ante lo cual se presentó una solicitud de declaratoria de AVG desde diciembre de 2010, hablaremos sobre 

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Marihuana legal en EU: blanc@s se hacen ric@s, negr@s y latinoamerican@s permanecen en prisión



El pasado 12 de febrero un grupo de 70 empresarias irrumpió en el Congreso de Estados Unidos para visibilizar ante l@s legislador@s que la industria de la marihuana no es sólo un club de hombres y que están preparadas para triunfar en esta pujante empresa de mil millones de dólares.


Desde que los estados de Colorado y Washington legalizaron el 6 de noviembre de 2012 el consumo de marihuana recreativa, numerosas han sido las personas que se han integrado al lucrativo negocio que resulta el cultivo y distribución de marihuana legal. Tan sólo Colorado ha conseguido más de $200 millones en ingresos, desde que en enero de 2014 se legalizara su venta.


Pero ¿cuáles son los rostros de quienes se benefician del negocio de la marihuana en Estados Unidos? Blanca y masculina preponderantemente.

Para Jane West, cofundadora de Women Grow, el negocio de la marihuana sigue favoreciendo a los hombres, pues pese a que no existen estadísticas sólidas sobre éste fenómeno las mujeres ven el desequilibrio en su trabajo diario.

"Desde luego, sabemos que no estamos en 50-50, y hay elementos de la industria que no siempre han sido amistosas para las mujeres", dijo Taylor West, subdirectora de la Asociación Nacional de la Industria de Cannabis. Pero eso podría cambiar, como señaló: "Tenemos una oportunidad aquí para darle forma en la imagen que queremos que sea."

Ese giro en la imagen de la industria de la mariguana no sólo debe centrarse en integrar más mujeres sino que se voltee a ver a grupos marginalizados como las negras y las latinoamericanas que durante mucho tiempo se han enfrentado a fuertes penas de cárcel por los casos de posesión y venta de marihuana y que hoy en día siguen viviendo encarcelamiento y estigma social.


Basta con mirar a los arrestos en Colorado como un ejemplo. Entre 1986 y 2010, más de 210.000 personas fueron arrestadas por posesión de marihuana, según un informe de Marijuana Arrest Research Project, y todavía siguen tras las rejas.
En el caso de Latinoamérica la población más castigada y vulnerable en el mundo de la comercialización de enervantes, en este caso la mariguana, son las mujeres quienes suelen participan en los eslabones más bajos de la cadena de producción y distribución.

El papel de muchas mujeres es como cultivadoras, recolectoras, vendedoras al menudeo, correos humanos (“mulas” o “burreras”) e introductoras de drogas a centros de reclusión, fungiendo la mayoría de las veces como mano de obra fácilmente reemplazable en las redes criminales transnacionales y viviendo la doble estigmatización de ser encarceladas por delitos de drogas, al ser rechazadas por su comunidad por dejar de cumplir con su papel tradicional de cuidadoras.

De acuerdo con el reporte de 2014 “Mujeres y drogas en las Américas. Un diagnóstico de política en construcción”, de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), ha aumentado el número de mujeres condenadas por narcotráfico, ya que del total de 549 mil 577 personas privadas de la libertad en el continente por este motivo, 30 mil 39 son mujeres (6.6 % del total).

Mientras tanto los hombres blancos están por construir grandes empresas de marihuana, después de que por décadas personas de los sectores más empobrecidos como son l@s negr@s y l@s latinoamericanos reciben penas de prisión por la venta de marihuana, viendo a sus familias y futuros destruidos. Que paradoja que sea ahora que los hombres blancos están planeando hacerse ricos con la misma industria que llevó a muchos hombres y mujeres a la cárcel a partir de diversas políticas antidrogas.

En un truculento giro pareciese que la mariguana legalizada sólo va a llenar los bolsillos de aquellos que se han beneficiado de poner a l@s más marginalizados tras las rejas.

¿Las empresarias de la marihuana como lo son las integrantes de Women Grow, que ampliamente son blancas, voltearán a ver a sus hermanas más marginalizadas? 

Las leyes siguen discriminando a las mujeres en todo el mundo

Mujeres de Zambia reclaman una representación política igualitaria. Crédito: Richard Mulonga / IPS

© Reproducir este artículo


Mujeres de Zambia reclaman una representación política igualitaria. Crédito: Richard Mulonga / IPS

NACIONES UNIDAS, 19 feb 2015 (IPS) - Decenas de países mantienen numerosas leyes que discriminan a las mujeres y legalizan la poligamia, la violación marital y el secuestro, entre otras cosas, en contravención de diversos tratados y resoluciones internacionales.


Arabia Saudita, Bahamas, Chile, República Democrática del Congo, Cuba, República Dominicana, India, Irán, Kenia, Malí, Malta, Nicaragua, Nigeria y Yemen, entre otros, pertenecen a este grupo de países con discriminación sexual, denunció en un estudio de la organización Igualdad Ya, con sede en Estados Unidos.


Los mismos gobiernos y personas que condenan la igualdad de derechos para las mujeres como nociones extranjeras, occidentales, coloniales o inmorales, o piden "paciencia" o sensibilidad cultural "no tienen ningún reparo en emplear la medicina, las armas, la tecnología, la educación, los medios de comunicación y, probablemente, el Viagra y la pornografía de Occidente”: Sanam Anderlini.

“Nuestro informe es una muestra representativa de discriminación sexual en las leyes de una serie de países, que perjudican o limitan a las mujeres o niñas a lo largo de su vida de muchas maneras”, explicó a IPS la asesora legal de Igualdad Ya, Antonia Kirkland.

“Instamos no solo a estos países, sino a todos los gobiernos del mundo, que revoquen inmediatamente toda ley restante que discrimine por motivos de sexo, como se pide en la Plataforma de Acción de Beijing de 1995″, exhortó.

En 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fijó el plazo de 2005 para hacerlo, recordó.

Este año, la ONU, con el liderazgo de ONU Mujeres, conmemorará el 20 aniversario de la histórica Conferencia de la Mujer de Beijing analizando sus éxitos y fracasos.

El análisis de Igualdad Ya, lanzado el 14 de este mes, identifica decenas de leyes discriminatorias.

Por ejemplo, en Malta, si un secuestrador “tras secuestrar a una persona, se casa con (ella), no será pasible de acciones legales”. Nigeria considera lícita la violencia “de un marido con el propósito de corregir a su esposa”. En República Democrática del Congo “la mujer está obligada a vivir con su marido y a seguirlo dondequiera que él crea conveniente”. Y en Guinea “la mujer puede tener una profesión distinta a la de su marido a menos que él se oponga”.

La hipocresía y el doble discurso están generalizados, no solo con respecto a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) o el Plan de Acción de Beijing, sino también en cuanto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que todos los países firmaron, aseguró Sanam Anderlini, directora de la Red Internacional de Acción de la Sociedad Civil (ICAN), una organización independiente de Estados Unidos.

Según Anderlini, el problema se agrava por la falta de equidad básica. Por ejemplo, no hay igualdad de remuneración para hombres y mujeres en Estados Unidos.

“Tenemos que llamarlo por lo que es, sexismo aprobado universalmente”, subrayó a IPS.

Se ponen excusas culturales para impedir el cambio de la ley en cada contexto, pero dada lo generalizada que es la situación, “tenemos que ser sinceros, es sexista y tiene que ver con el poder”, sostuvo Anderlini.

El informe señala que en 2014 Kenia adoptó una nueva ley de matrimonio que permite la poligamia, incluso sin el consentimiento de la primera esposa.

Malí modificó su Código de Familia en 2011 y rechazó la oportunidad de eliminar el artículo discriminatorio referido a la “obediencia de la mujer”, mientras que el nuevo Código Penal de Irán aprobado en 2013 estipula que el testimonio de una mujer vale menos que el de un hombre.

No existen motivos válidos para que los países destacados por el informe, y muchos más, no modifiquen sus leyes, afirmó Kirkland, de Igualdad Ya.

Los derechos de las mujeres y las niñas deben estar protegidos y promovidos para que puedan comenzar la vida en igualdad de condiciones y alcanzar su pleno potencial, destacó.

“Sin igualdad en la ley, jamás podrá haber igualdad en la sociedad”, sostuvo Kirkland.

Actualmente, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se encuentra en sesión en Ginebra, como lo hace periódicamente, para examinar los informes de varios de los 188 Estados parte de la Cedaw.

En el actual período de sesiones, el Comité de 23 expertos independientes examina la aplicación de la Cedaw por parte de Azerbaiyán, Dinamarca, Ecuador, Eritrea, Gabón, Kirguistán, Maldivas y Tuvalu.

Las leyes discriminatorias citadas en el informe también incluyen la ley de matrimonio de Kenia, aprobada en 2014. “El matrimonio celebrado por el derecho consuetudinario o el derecho islámico se presumirá que es polígamo o potencialmente polígamo”, establece.

Una ley aprobada por India en 2013 señala que “las relaciones sexuales o los actos sexuales de un hombre con su propia esposa, siendo la esposa no menor de 15 años de edad, no constituyen violación”.
Leyes similares en Bahamas y Yemen también permite la violación marital.
En Arabia Saudita una norma de 1990 impone la prohibición de “la conducción de automóviles por parte de las mujeres”, ya que “es una fuente de vicios innegables”.

Y en Chile el Código Civil establece que “el marido es jefe de la sociedad conyugal, y como tal administra los bienes sociales y los de su mujer”.

Es hora de que haya un índice anual de países que exhiba claramente su hipocresía en relación con la igualdad de género, recomendó Anderlini, de la ICAN.

Las declaraciones públicas, las promesas e incluso las ratificaciones no tienen sentido si no hay medidas ni resultados positivos, expresó.

“¿Por qué no contar con un proceso… por el cual los países obtengan reconocimiento según sus acciones (o) resultados demostrables, y no solo por lo que dicen o firman?”, sugirió.

Un análisis de la historia, la religión o las tradiciones de muchos países revela pruebas abundantes sobre los derechos y la igualdad de las mujeres, pero quienes interpretan y relatan el pasado, habitualmente los hombres, las borran, observó la activista.

El islam, por ejemplo, no solo afirma que las mujeres y los hombres fueron creados iguales, sino que defiende expresamente la igualdad de derechos en referencia a la educación y la remuneración, entre otras cosas, explicó.

Los mismos gobiernos y personas que condenan la igualdad de derechos para las mujeres como nociones extranjeras, occidentales, coloniales o inmorales, o piden “paciencia” o sensibilidad cultural “no tienen ningún reparo en emplear la medicina, las armas, la tecnología, la educación, los medios de comunicación y, probablemente, el viagra y la pornografía de Occidente”, concluyó.
Editado por Kanya D’Almeida / Traducido por Álvaro Queiruga



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Latinoamérica: La desigualdad entre hombres y mujeres sigue en pie


Sorprende que aunque se hayan cambiado leyes, haya programas y políticas públicas, avances en los derechos sexuales y reproductivos, el tema más atrasado sea el que se refiere a la mujer y los medios de comunicación

 Gabriela Ramírez , Sara Lovera


México D.F., 12 feb. 15. AmecoPress/SEMlac.- Los avances para lograr la igualdad de género y garantizar el pleno ejercicio de los derechos para las mujeres y las niñas en América Latina y Caribe, no se han traducido en mejoras vitales y cotidianas; la desigualdad y el machismo siguen en pie.

Lo más sorprendente es que se han cambiado leyes, hay programas y políticas públicas, avances en los derechos sexuales y reproductivos, pero el tema más atrasado es el que se refiere a la mujer y los medios de comunicación. Por eso es lento el cambio de actitudes y la necesaria revolución cultural.

Así lo da a conocer el informe "A 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing: objetivos estratégicos y esferas de preocupación", realizado por el Comité de ONG de América Latina y el Caribe para la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) y coordinado por la presidenta de la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer (Argentina), FEIM, Mabel Bianco.

El documento que se distribuirá en la próxima Asamblea de las Naciones Unidas sobre la Mujeres (marzo 9-19) en Nueva Cork y contó con aportes de casi 100 organizaciones feministas y de mujeres en la región.
El texto explica que la esfera de preocupación menos atendida por los gobiernos de América Latina y el Caribe es "La mujer y los medios de difusión", ya que ellas no tienen acceso a la generación de contenidos y a la toma de decisiones en los medios.

Además, la difusión de contenidos estereotipados sigue predominando fuertemente en la región. El informe señala que "en tanto los Estados sean indiferentes a esta situación, la desigualdad estructural en la región no podrá eliminarse".

La esfera de "la niña" tuvo muy pocos avances. Problemas como el aumento de embarazos en adolescentes y el abuso sexual infantil son constantes en la región y no hay políticas claras que ayuden a combatirlos. Además, en algunos países latinoamericanos, la edad de casamiento permitido es menor a 18 años, cuando el Comité de los Derechos del Niño plantea esa edad.

En relación con "la mujer y la salud", persisten grandes problemas de acceso a la salud sexual y reproductiva, sobre todo para mujeres indígenas, afrodescendientes, adolescentes, mujeres con capacidades diferentes, migrantes y las que viven con VIH.

Varios países han implementado planes y programas específicos de salud sexual y salud reproductiva desde el año 2000, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Nicaragua y República Dominicana. Sin embargo, no se logra una cobertura integral y homogénea al interior de cada país.

La mortalidad materna no ha disminuido, según las metas propuestas, y la mayoría de esas muertes son evitables. En Brasil, Perú y Nicaragua, la tasa continúa alta. En la mayoría de las naciones no disminuyó ni logró reducirse en dos tercios, como era el propósito para 2015. El menor logro se registró en Argentina y México, mientras que Uruguay, Puerto Rico y Chile consiguieron descenderla.

Las restricciones al acceso al aborto permitido por la ley continúan e incluso en algunos países se restringió más el acceso al aborto. En Chile, Nicaragua, Honduras, El Salvador y República Dominicana la interrupción del embarazo está prohibida en todas las circunstancias.

En México, en muchas de las entidades federativas, hubo cambios desfavorables después de la legalización en el Distrito Federal en 2007. En algunos países se eliminaron algunas causales de su despenalización, como en Guatemala y Ecuador.

El éxito más importante en la región es el de Uruguay, que en 2012 modificó el marco legal, amplió la exención de la pena hasta las 12 semanas de gestación y generó servicios legales de aborto en el sistema nacional integrado de salud. Puerto Rico, Cuba, Guyana Francesa, Guyana y Barbados son los únicos países de la región donde el aborto está legalizado en todas las circunstancias.

Adicionalmente, han aumento los casos de mujeres que viven con VIH. Las adultas representan el 31 por ciento de las personas viviendo con VIH, indicador que en el Caribe asciende a 53 por ciento.

La "violencia contra mujeres y niñas" persiste como un problema en aumento. La mayoría de los países tiene legislación que reconoce la violencia contra las mujeres. Sin embargo, muchas de las definiciones sobre violencia que establecen no concuerdan con la Convención de Belem do Pará, que define violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

La tipificación y homologación del feminicidio sigue siendo un desafío, pese a que América Latina es la segunda región con índices más altos de muertes de mujeres por violencia, tanto en el ámbito rural como en el urbano.

En Centroamérica y México el feminicidio se ha incrementado: entre 2003 y 2012 hubo 12.178 casos en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Tan solo en El Salvador se reportan 194 crímenes de mujeres en 2004 y en México se contabilizaron 1.221 homicidios dolosos contra mujeres y niñas en 12 entidades del país, entre 2007 y 2008.

El acceso a la justicia es una deuda en los países de la región, para las mujeres que viven y padecen violencia. Pese a los avances legislativos, en la realidad no tienen garantizada la reparación y castigo a los culpables. México y Guatemala han sido denunciados por eso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La trata con fines de explotación sexual se ha incrementado. En República Dominicana se estima que en los últimos 20 años se han traficado más de 70.000 mujeres.

En cuanto a la esfera de "mujer y pobreza", si bien ha disminuido en los países de la región, no ocurre lo mismo con la desigualdad. La participación laboral de las mujeres continúa siendo en el sector informal, en trabajos precarios, mal pagados y sin cobertura de la seguridad social, con un gran predominio en el trabajo doméstico. La brecha salarial entre mujeres y hombres persiste.

El documento asegura que, en ningún caso, se advierte una preocupación explícita por la dimensión e impactos de género de las medidas adoptadas y la feminización de la pobreza sigue creciendo.

Según cifras de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de 2013, la pobreza se incrementó en los hogares con jefas mujeres: 43 por ciento de los hogares indigentes y 38 por ciento de los hogares pobres en América Latina están a cargo de una mujer.

El reto es instrumentar políticas públicas que apunten a asegurar la autonomía económica de las mujeres y a implementar acciones respecto al tema de la distribución desproporcionada del uso del tiempo y trabajo de cuidado.

Respecto a "educación y capacitación de la mujer" en zonas urbanas y rurales, las indígenas tienen menor porcentaje de finalización de la educación primaria, excepto en Uruguay en las zonas rurales. Hacia 2010, en República Dominicana, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas persistían disparidades de género significativas en relación con la menor escolarización primaria de las mujeres.

Si bien se han reducido las tasas de analfabetismo en la región, esta sigue siendo una de las situaciones de exclusión más graves que aún afrontan las sociedades. Bolivia es el país con mayor desigualdad de analfabetismo según género.

Sobre educación terciaria y superior, solo Argentina, República Dominicana y Uruguay aportan datos de los últimos cuatro años sobre la terminación del ciclo superior. En estos tres países las mujeres superan a los hombres en culminación del nivel terciario.

En cuanto al tema "mujer y conflictos armados", hay que recordar que en América Latina surgieron diferentes conflictos armados en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Perú y Colombia. Esto exacerba la violencia de género, amplificando su impacto diferenciado en la mujer y recrudeciendo su situación de discriminación. La violencia sexual como táctica de guerra también ha estado presente en la región, particularmente contra mujeres indígenas.

Además, el contexto regional de inseguridad, militarización y debilitación del Estado, con la protección e impunidad del narcotráfico, las corporaciones y los paramilitares, aumentó la vulnerabilidad de los derechos humanos de las mujeres, que corren el riesgo de sufrir amenazas y ataques violentos.

En México, la lucha contra el crimen organizado ha incrementado la violencia contra ellas y ha generado desplazamientos internos que las afectan de manera particular.

"La mujer y la economía" es otra esfera de preocupación. En la última década, las mujeres elevaron su participación laboral, pero persisten las brechas de género estructurales en el mercado laboral. La tasa de desocupación sigue siendo mayor. El trabajo de las mujeres aún se concentra en los servicios y el comercio y tienen los menores niveles de productividad, ingresos y protección social.

En materia de servicios de cuidado, ha crecido la discusión sobre su extensión, en particular de cuidado de niños y niñas. Los países más avanzados son Uruguay, Costa Rica y Ecuador.

Respecto a "la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones", la participación femenina en la vida política y en el acceso a los cargos públicos ha aumentado considerablemente en los últimos años.

En el caso de los poderes legislativos, se observa un avance notable en su participación política. Sin embargo, la paridad sigue pendiente por las dificultades para la plena implementación del cupo, debido a diversas barreras culturales, sociopolíticas y regulatorias.

Este principio fue incorporado en la Constitución de Bolivia (2009), en Ecuador (2008), en el Código Electoral de Costa Rica (2009) y en la Constitución de México (2014), donde ya 11 entidades federativas incluyen la paridad en sus marcos electorales estatales.

En lo que se refiere a los "mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer", la realidad en la región muestra que las jerarquías y rangos de estos mecanismos institucionales han sido diversos y no tienen suficiente fuerza para incidir en políticas públicas a favor de la igualdad, además de que cuentan con poco presupuesto para funcionar adecuadamente.

Los avances en la región respecto a "los derechos humanos de la mujer" no se traducen en mejoras en la vida cotidiana. Todos los países de América Latina y el Caribe ratificaron tanto la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), como la Convención de Belém do Pará.

Pero los mecanismos de implementación de esos documentos rectores aún son escasos. En general, los avances más notables han sido, sobre todo, las leyes integrales de violencia contra las mujeres y la creación de mecanismos judiciales o extrajudiciales.

La situación de las personas defensoras de derechos humanos muestra que las mujeres son más propensas a sufrir amenazas, muertes y tentativas de muerte, especialmente en Colombia, México, Guatemala, Brasil, Honduras y Perú.

Finalmente, en lo que se refiere a la esfera "la mujer y el medio ambiente" el informe señala que, pese al rol clave que ellas desarrollan en la gestión del agua, la perspectiva de género sigue ausente de las legislaciones, las políticas públicas y los programas relacionados con los recursos hídricos.

En pocos países de la región se han adoptado estrategias nacionales de desarrollo sustentable, en los que la transversalización de género está casi ausente, con excepción de Costa Rica, Uruguay y México.

Este informe refleja lo observado por las organizaciones de mujeres y feministas, que se traducirá en recomendaciones como una contribución para los debates de la sesión de la CSW en marzo de 2015. Allí, además de los problemas visibilizados en Beijing en 1995, se agregarán otros que urge considerar de cara a la agenda de desarrollo posterior a 2015.
Foto: Archivo AmecoPress.

Juez admite amparo para que se decrete ya AVG en Edomex


Ante el retraso injustificado de investigación sobre feminicidio


La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) presentaron ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, un amparo por el retraso injustificado en la emisión de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el Estado de México.

 
Ello debido a que desde hace 10 meses el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) continúa “investigando” la violencia feminicida en el Edomex, sin dar a conocer los resultados de la indagatoria o declarar la AVG.
 
En entrevista, Nayomi Aoyama, abogada de la CMDPDH, explicó que la demanda de amparo en contra de la Secretaría de Gobernación (Segob), SNPASEVM y el Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres), fue presentada el pasado 10 de febrero y admitida por el Segundo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal.
 
La demanda se presentó ante el retraso injustificado en la realización de la investigación por violencia feminicida en el Edomex, y con la finalidad de que la AVG sea emitida lo antes posible. “Y que con esto se garantice a los derechos de las mujeres en el Estado de México, poniendo fin a la permanente vulneración que sufren las mujeres de la entidad”, dijo la activista.
 
Cabe recordar que de 2005 a 2010, el OCNF tuvo conocimiento de un total de 922 casos de homicidios con características feminicidas cometidos en la entidad, ante lo cual se presentó una solicitud de declaratoria de AVG en diciembre de 2010. 
 
En enero de 2011 el Sistema negó, sin justificar o argumentar su negativa, la procedencia de la investigación, por lo que las organizaciones presentaron la primera demanda de amparo contra esta resolución.
 
En 2012 y tras un año de litigio, un juez de distrito determinó que el Sistema Nacional había vulnerado los derechos de las organizaciones, y ordenó a las autoridades dejar sin efectos su determinación y emitir una nueva, apegada a derecho.
 
Después de años de retrasos en el cumplimiento, finalmente el 28 de abril de 2014 el Sistema admitió la procedencia de la solicitud y anunció que realizaría la investigación y que ésta correría a cargo de un Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, conformado sólo por funcionarios y sin la presencia de personalidades de la academia, como ocurre con los Grupos de Trabajo que investigan en otros estados.
 
Sin embargo –señaló la abogada–, a más de cuatro años de la presentación de la solicitud de AVG; y a 10 meses desde la admisión de la misma, la Alerta continúa en “investigación” y por obvias razones la declaratoria no ha sido decretada.
 
Aoyama señaló que el tiempo que las dependencias y el gobierno federal tarden en responder a una solicitud ciudadana debe de estar basada en principios del debido proceso administrativo, lo que se traduce en que la respuesta no debe ser tardada y se debe atender en los tiempos de la naturaleza de la petición.


En ese sentido recordó que la AVG debería actuar de manera inmediata. Sin embargo, “lo que parecía ser la forma idónea de combate contra la violencia feminicida, se ha visto opacada por decisiones burocráticas y políticas”. 
 
Añadió que en octubre pasado tuvieron la última interlocución con el Sistema y les aseguraron que el documento de la investigación ya estaba listo, aunque no les dieron a conocer el contenido ni les informaron cuándo sería publicado.
 
“Al tardarse más de 10 meses no sólo han incumplido con los derechos procesales de nosotros como solicitantes sino con los derechos de las mujeres, porque ellas siguen siendo víctimas de feminicidio y siendo desaparecidas; por eso más allá de la investigación, lo que estamos demandando es la declaratoria urgente de la AVG en el Edomex”, puntualizó.
 
De 2011 a 2013 se registraron 600 homicidios en la entidad y tan sólo en 2011 y 2012 se reportaron mil 258 casos de desapariciones de mujeres en el Estado de México.
 
Para la representante legal, la tardanza injustificada y la resistencia de las autoridades federales por declarar la AVG –no sólo en el Edomex sino en todas las entidades en las que se ha solicitado– refleja la “insensibilidad” del Estado mexicano ante la violencia contra las mujeres.



CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 20/02/2015

El valor jurídico de la ignorancia

 MUJERES CAUTIVAS

Por: Teresa Ulloa Ziáurriz*


Durante febrero de 2014, la jueza Primera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Paula María García Villegas, ordenó al Gobierno del Distrito Federal (GDF) credencializar a un grupo de al menos 35 mujeres en condición de explotación sexual comercial, para acreditarlas como trabajadoras no asalariadas con el supuesto fin de que puedan laborar en puntos determinados de la vía pública sin ser extorsionadas ni remitidas a un juez cívico, según informó la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) del DF.
 
Esta decisión tuvo su raíz en la promoción de un juicio de amparo por parte de las mismas mujeres, manejadas por una organización avecindada en La Merced, representadas por el bufete jurídico Tierra y Libertad. Resolución que no fue combatida por el GDF, a pesar de asegurar que su política sobre este problema no ha cambiado.
 
Desgraciadamente y para el perjuicio de sus habitantes, en México abundan ejemplos de este tipo en acciones y decisiones tomadas por la autoridad que en un primer momento hacen parecer como benéfica una medida que, si es vista a la luz de la información y los acontecimientos en países donde se ha dado esta reglamentación –y no de la ignorancia–, demuestran el tremendo daño que hacen a las mujeres y el grave retroceso en el respeto a sus derechos.
 
Tenemos ante nosotros una clara muestra de ignorancia, dolo o algún otro interés –que no nos queda muy claro– respecto de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), aprobada en 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificada por nuestro país desde 1981, y de la cual México es Estado Parte.
 
No debemos olvidar que se trata de un instrumento jurídicamente vinculante para México, sus tres poderes y sus tres órdenes de gobierno y que, a partir de la reforma al artículo primero constitucional de 2011 pasa a ser parte de la normativa nacional de nuestro país.
 
Recordemos que la CEDAW, en su artículo 6, establece que “los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”.
 
¿Esta credencial es entonces una forma de protección o, por el contrario, un acto de aceptación y reglamentación de un delito? La resolución de la jueza García Villegas contraviene a la CEDAW en su artículo 6.
 
¿De qué manera la credencialización suprime la explotación de la prostitución en el DF? ¿Hasta qué punto podemos hablar de prostitución “voluntaria” en un contexto social adverso en el que mujeres y niñas –no sólo de la Ciudad de México, ya que también proceden de otros estados de la República y Centroamérica– no tienen acceso a servicios básicos, educación, empleo y seguridad?
 
Especialmente la Recomendación General número 19 del Comité de la CEDAW establece que los Estados Partes, al examinar sus leyes y políticas, deben tomar en cuenta una serie de observaciones respecto a la violencia contra las mujeres, tales como: combatir la pobreza y el desempleo porque aumentan las oportunidades para la trata de mujeres y las obliga (incluso a las niñas) a ejercer la prostitución.
 
También se ordena capacitar a los funcionarios judiciales y a los encargados de hacer cumplir la ley para lograr la aplicación efectiva de la Convención; así como adoptar medidas preventivas y punitivas concretas para eliminar la trata de mujeres y la explotación sexual, entre muchas otras.
 
Es así que, a pesar de que contamos con tratados internacionales, éstos se ignoran al momento de resolver amparos, causas, demandas, e inclusive al momento de elaborar leyes, poniéndolas al servicio del patriarcado en una sociedad como la mexicana que no toca ni con el pétalo de una rosa a los demandantes de prostitución.
 
Recordemos que sin demanda, no hay oferta. Y vemos con mucha decepción que en lugar de respetar la jerarquía de leyes, se convierte a la Ciudad de México en cómplice de la explotación de la prostitución ajena, reglamentando el negocio de tratantes y lenones.
 
Y es que la credencialización de estas mujeres en condición de explotación sexual en el DF no es el único ejemplo de ignorancia por parte del Estado. Más que emblemático por el grado de impunidad en el que se ha mantenido, se encuentra el caso del ex dirigente del PRI capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
 
A la fecha, no sólo ha librado varios procesos para fincarle responsabilidades (como la increíble exoneración que le otorgó el Instituto Electoral del DF en agosto pasado por utilizar recursos del partido para sostener a un grupo de edecanes/asistentes administrativas en su nómina) –que afortunadamente ya fue revertida–, sino que las mujeres que fueron víctimas de su sistema de reclutamiento no han accedido a la justicia.
 
Esto, sin olvidar que Sandra Esther Vaca Cortés, quien fuera su secretaria particular (y responsable de dar el visto bueno a las mujeres reclutadas y que administraba los turnos para brindarle servicios sexuales a Gutiérrez de la Torre), se registró como aspirante a diputada local por Iztapalapa.
 
No ha importado que este caso se encuentre debidamente fundamentado, y de acuerdo con el desempeño de las autoridades, tampoco ha importado la existencia de instrumentos como la CEDAW.
 
Aún peor, ahora que se aproximan las elecciones, un diputado local del PRD, ignorando la jerarquía de las leyes y las reiteradas observaciones que el Comité de la CEDAW le ha hecho a nuestro país, interpone una iniciativa para reglamentar la prostitución por tercera Legislatura consecutiva, propuesta profundamente machista y patriarcal, que deja ver que más nos vale fijarnos a quiénes postulan los partidos y a quiénes les damos el voto.
 
Inclusive la referida resolución de la jueza García Villegas y la iniciativa recientemente presentada en la Asamblea Legislativa del DF también contravienen la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a sus Víctimas, jerárquicamente superior a cualquier ley del DF. Dudo mucho que sea ignorancia…
 
Twitter: @CATWLACDIR
 
*Directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Cimacnoticias | México, DF.-
Foto: Producciones y Milagros Agrupación Feminista AC