Al
escribir éstas líneas, alumnas de El Colegio de México (COLMEX)
denuncian acoso sexual por parte de estudiantes y trabajadores de la
institución; niñas y adolescentes viven violencia sexual y embarazo
infantil; defensoras de derechos humanos y periodistas son silenciadas;
la criminalización del aborto continúa; mujeres trans son asesinadas y
el cuerpo de una joven de 14 años es encontrado dentro de una maleta en
Tlatelolco en la Ciudad de México, sumándose a los siete feminicidios
diarios ocurridos en el país, según Naciones Unidas.
Es así como viven las niñas y mujeres mexicanas, inmersas en una
guerra donde la casa y la calle son trampas mortales. En un país sumido
en una grave situación de violencia y atropello a derechos humanos, en
donde nosotras nos encontramos en mayor vulnerabilidad especialmente
cuando el Estado protege impunemente a parejas maltratadoras, familiares
violentos y crimen organizado.
›La fecha que fue
institucionalizada por Naciones Unidas, en 1981, para recordar el
asesinato de las hermanas Mirabal a manos de la dictadura trujillista en
República Dominicana, nos recuerda que las conmemoraciones son un modo
de sanar, de construir memoria, pero no una cura. La cura es la
justicia.
Nombrar lo innombrable
“¡Justicia, justicia, justicia!, ¡Ni muerte, ni homicidio, fue
feminicidio!, ¡Ni una más, ni una más ni una asesinada más!”, claman
familiares de víctimas de feminicidio, activistas, feministas a su paso
por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y hasta llegar al Zócalo
capitalino. Madres, padres, hermanas, hermanos, primas, tías visten
playeras con las fotografías y nombres de sus hijas, hermanas, primas,
sobrinas. Decenas de los miles de nombres y rostros de niñas y mujeres
víctimas de feminicidio en el país desfilan ante mis ojos.
Madres
toman el megáfono narrando con voz firme y desgarradora la vida de sus
hijas, sus nombres, sus edades, sus sueños y el cómo, dónde y muchas
veces por quién(es) les fueron arrebatados. En sus voces sus hijas dejan
de ser sólo cifras, dejan de ser tan sólo una estadística y se les es
devuelta su condición de humanas.
Hoy 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer las calles se inundan de nuevo con el fin de
visibilizar, denunciar y dignificar la vida de las víctimas. Marchas en
distintas entidades del país, mesas de reflexión en torno a la violencia
contra las mujeres, rodadas en bicicleta en la periferia de la Ciudad
de México, talleres de autodefensa, son algunas de las actividades en
las que se busca concientizar, visibilizar, exigir justicia por las
víctimas de feminicidio.
La fecha que fue institucionalizada por Naciones Unidas en 1981 para
conmemorar el asesinato de las hermanas Mirabal a manos de la dictadura
trujillista en República Dominicana, nos recuerda que las
conmemoraciones son un modo de sanar, de construir memoria, pero no una
cura. La cura es la justicia, el conocer la verdad, el castigo a los
agresores, la restitución de la dignidad y la humanidad de las niñas y
mujeres víctimas de feminicidio.
El clamor de justicia para las víctimas de feminicidio es uno que
conocimos por primera vez en vísperas de la firma del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos y Canadá. Era el año de 1993 cuando se
dieron a conocer los primeros casos de violencia extrema contra mujeres
en Ciudad Juárez, Chihuahua. En ése entonces el concepto de feminicidio
no se utilizaba sino hasta 1998 cuando se hizo necesaria la demanda de
una definición política que nombrara la especificidad de los asesinatos
de mujeres en la frontera.
Para ése momento la académica de El Colegio de la Frontera Norte,
Julia Monárrez lo empezaría a utilizar en Juárez tras retomarlo de la
antropóloga Marcela Lagarde, quien a su vez introdujera el término al
ámbito académico y político tras traducirlo del inglés femicide elaborado por las antropólogas estadounidenses Diane Russell, Jill Radford y Jane Caputi. Russell acuñó el término femicide
en 1976 para el Tribunal Internacional de Delitos contra la Mujer,
mientras que Radford y Caputi lo conceptualizaron más específicamente en
1992 como “el asesinato misógino de mujeres por hombres”.
De ésta manera el concepto de feminicidio reivindica el poder de
nombrar la violencia contra las mujeres y el sistema de dominación
patriarcal que permite éstas violencias. El feminicidio resulta ser el
extremo de un continuo de violencias que abarcan hostigamiento sexual,
abuso sexual infantil, violación, tortura, mutilación, esclavitud
sexual, heterosexualidad forzada, maternidad y/o esterilización forzada.
El concepto que ha venido a formar parte de nuestro vocabulario
nombra un fenómeno de extrema violencia hacia las mujeres, que es tan
antiguo como el sistema patriarcal. La cacería de brujas en la Europa de
los siglos XVI y XVII; el lesbicidio; el infanticidio femenino son una
muestra de que el feminicidio se adecúa a los distintos momentos y
contextos de las historias patriarcales. Todos ellos como forma de
control social de los cuerpos de las mujeres y de aquellos cuerpos e
identidades que salen fuera de la norma de lo masculino y la
heterosexualidad obligatoria.
Los crímenes contra las mujeres de la frontera fueron inicialmente
vinculados con el rampante neoliberalismo y la industria de la maquila.
Como menciona Julia Monárrez en su libro Trama de una injusticia. Feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez (2009) “se relaciona a la economía trasnacional con el feminicidio de mujeres locales en Ciudad Juárez”.
Ésta vinculación surgió por el hecho de que en la década de 1990s la
fuerza laboral predominante en las maquiladoras en Juárez eran mujeres
jóvenes de clase trabajadora y varias de las víctimas de feminicidio
trabajaban en ésas industrias. Melissa Wright académica estadounidense
ha explorado las íntimas conexiones entre los feminicidios de aquellos
años en Juárez con la representación generalizada de las trabajadoras de
la maquila como mercancías en la fabricación de objetos desechables en
la industria global.
Charles Bowden en su libro foto ensayo Juarez: The Laboratory of Our Future (1998)
ya nombraría a Juárez ciudad laboratorio, donde pareciese que muchas de
las cosas suceden primero y después se van expandiendo al resto del
país. Juárez fue de las primeras ciudades en que se instalaron las
maquiladoras y donde la discusión de los feminicidios inició. ¿Acaso
sería ésta llamada ciudad laboratorio donde se predeciría el futuro de
la violencia a las mujeres en el país?
A 25 años de que iniciarán en términos oficiales la ola de
feminicidios en Ciudad Juárez, el asesinato de mujeres y niñas continúa,
contabilizándose de 1993 a 2016 alrededor de 1,666 víctimas de
feminicidio en la ciudad fronteriza. Sin embargo, el fenómeno no se ha
quedado ahí, más bien se ha extendido como en una suerte de metástasis a
todo lo largo y ancho del país.
A tal grado que el 9 de octubre de 2018 el Senado de la República
emitió un boletín oficial titulado “Emergencia Nacional ante el
incremento de feminicidios en México” en donde se detallaba la denuncia
del senador José Narro Céspedes de Morena ante el alza de feminicidios
en Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México y Nuevo León y conminó a
que el Senado establezca medidas de Emergencia Nacional en conjunto con
los gobiernos federales para atacar el feminicidio. Un mes después el
feminicidio tocó de lleno la Cámara de Diputados, al enterarse en plena
sesión la diputada Carmen Medel de Morena del asesinato de su hija de 22
años Valeria Cruz Medel.
La
Emergencia Nacional ante los feminicidios no es un llamado nuevo es uno
que desde hace varios años vienen haciendo las y los familiares de
víctimas, con el acompañamiento de activistas de derechos humanos. El
pasado 8 marzo de 2018 durante el Foro Violencia contra la Mujer en el
Senado de la República, familiares de víctimas exigieron declarar al
Feminicidio como Emergencia Nacional, a activar la Alerta de Género en
todo el país y acabar con la impunidad que protege a los agresores y re
victimiza a las mujeres.
ONU Mujeres ya ha señalado que entre 2007 y 2012 hubo un repunte de
138% de los feminicidios en el país y en el primer semestre de 2018
según cifras oficiales se registraron 402 feminicidios en México.
Siguiendo datos de Naciones Unidas lideran el número de feminicidios las
entidades del Estado de México, Veracruz, Nuevo León y Chihuahua.
Mientras que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
contabiliza que entre 2014 y 2017, 8 mil 904 mujeres fueron asesinadas
en México y de ése número tan sólo el 30% de los casos fue investigado
bajo protocolos de feminicidio.
La tipificación de feminicidio que fue aprobada oficialmente en el
país en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012 en el
artículo 325 del Código Penal Federal, continúa teniendo inconsistencias
y falta de certeza. Han sido 19 entidades federativas las que han
incorporado en sus códigos penales el delito hasta la fecha. Siendo los
estados que la tipifican los siguientes: Campeche, Chiapas, Ciudad de
México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México,
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Mientras que los 13 estados
que se encuentran pendientes de tipificar son Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato,
Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.
Los 13 estados que no han tipificado el feminicidio incorporan tipos
penales subjetivos o adicionales a los que establece la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés), hecho que invisibiliza en los códigos
penales el feminicidio. El Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio ya ha señalado que para que un crimen sea considerado
feminicidio debe comprobarse la privación de la vida, que la víctima es
una mujer y que el móvil es una razón de género. Es por ello que el OCNF
recomienda en su más reciente “Informe implementación del Tipo Penal de
Feminicidio en México: desafíos para acreditar las razones de género
2014-2017” la homologación del tipo penal de feminicidio en todas las
entidades del país sin elementos subjetivos de difícil comprobación y
comprensión para las y los operadores de justicia.
Ésta serie de normativas implementadas en la lucha contra el
feminicidio por el Estado mexicano han sido puestas en marcha tras la
exigencia de organismos nacionales e internacionales de poner un cese a
la brutal violencia experimentada por las mujeres en territorio
nacional. Inició con la promulgación en 2007 de la “Ley General de
Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia” en dónde se definió
en su artículo 21 por primera vez a la violencia feminicida como “la
forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación
de sus derechos humanos, en los ámbitos públicos y privados, conformada
por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad
social y del Estado y pueden culminar en homicidio y otras formas de
muerte violenta de mujeres”. A la cual se sumó la Alerta de Violencia de
Género (AVGM) como el conjunto de acciones gubernamentales de
emergencia para erradicar la violencia feminicida en determinado
territorio del país.
Una Alerta de Violencia de Género que no ha detenido el incremento de
feminicidios al no extenderse la alerta a todo el país ni llevarse a
cabo profesionalmente. El 6 de marzo de 2018 Luis Raúl González Pérez,
presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya
señalaría que “la Alerta de Género es una herramienta valiosa, desde
luego no es lo único, no va a solucionar el problema por sí misma. Se
requiere voluntad política y se requiere capacitación de quiénes están
en las fiscalías para que la persecución de los delitos que se cometen
contra las mujeres sean con perspectiva de género”.
Ha sido justo la falta de compromiso y voluntad política con la que
familiares de víctimas de feminicidio se enfrentan desde el momento de
interponer la denuncia de desaparición de sus hijas y tener que escuchar
discursos tales como “se fue con el novio, al rato regresa” en que se
trivializa la ausencia de las mujeres, pasando por tener que lidiar con
autoridades policiales y judiciales nulamente entrenadas en derechos de
la mujer, falta de un seguimiento profesional de los casos de
feminicidio y la re victimización de sus familiares asesinadas, cuando
se desplaza la responsabilidad del feminicida a la víctima enjuiciada
bajo normas patriarcales que juzgan su manera de vestir, si salía por
las noches o venía de ´familias desintegradas´, finalmente culpándola de
su propia muerte.
La incapacidad y negligencia del Estado para dar protección a las
mujeres y la manera en que se termina defendiendo bajo leyes
patriarcales a los agresores y feminicidas termina reduciendo su
responsabilidad. Es así como Marcela Lagarde señala que “el feminicidio
es un crimen de Estado”, en que se niega la dignidad de las mujeres
asesinadas y se pone a las demás mujeres en riesgo.
Un caso ejemplar en que el Estado es omiso, es en los feminicidios
del Estado de México, donde el asesinato impune de mujeres ha ido al
alza desde que el presidente Enrique Peña Nieto gobernara la entidad.
Humberto Padgett hace un minucioso análisis de los feminicidios durante
aquella administración en conjunto
con numerosos testimonios de familiares de víctimas de feminicidio en su
libro “Las Muertas del Estado”, evidenciando que el número de
feminicidios en la demarcación mexiquense ha llegado a superar por mucho
a Ciudad Juárez.
De 2011 a 2017 se cometieron 1625 homicidios de mujeres en el Estado
de México, de los cuáles se tipificaron como feminicidios 369 casos,
según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la
Secretaría de Gobernación, con base en los datos proporcionados por las
procuradurías y fiscalías estatales. Lo cual ha situado al Estado de
México como el primer lugar en número de feminicidios en el país.
Desde que fuera implementada la Alerta de Género en 2015 en 11
municipios del Estado de México persisten los feminicidios en donde se
ha activado: Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.
La rabia, la indignación llevó el 24 de septiembre del presente año a
colectivos de familiares de víctimas de feminicidio y activistas a
cerrar simbólicamente el Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec
para exigir una segunda Alerta de Género en el municipio por la
desaparición y feminicidio de niñas, adolescentes y mujeres. Ha quedado
claro que la extensa desaparición de mujeres y el feminicidio van de la
mano.
Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas entre abril y diciembre de 2017, el Estado de México se
situó como la entidad con mayor número de niñas, adolescentes y mujeres
desaparecidas en el país contando con un total de 1, 790, siendo que el
59% de las mujeres tenían entre 15 y 17 años al momento de la
desaparición. Mientras que un diagnóstico de la organización civil
Idheas se destaca que, en los últimos tres años, las desapariciones de
mujeres aumentaron hasta en un 227% en Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl,
Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli.
De entre todos los municipios mexiquenses, Ecatepec se ha posicionado
como el que vive una mayor violencia traducida en el aumento de
desapariciones y feminicidios de niñas y mujeres. En octubre de 2018 con
la detención de Juan Carlos ´N´ y Patricia Martinez feminicidas
confesos de entre 10 y 20 mujeres y quiénes fueron nombrados en la
prensa como los “Monstruos de Ecatepec” más concretamente al componente
masculino de la pareja, pareciese se quisiera apuntar a la existencia
del asesino serial en solitario y no a la violencia estructural y
sistémica del municipio y consecuente indagación de todas las líneas de
investigación de las desapariciones que arrojaría la posibilidad de una
amplia red de trata de personas.
No es un mero acto fortuito el que el Estado permita la creación de
monstruos en la línea de los psicópatas asesinos en serie al afincarle a
un solo personaje todas las responsabilidades de asesinatos de mujeres y
así dar carpetazo a sinnúmero de casos de feminicidio sin resolver. Es
una estrategia en que el Estado, aunque de forma en cierto modo
encubierta alimenta la negligencia de las autoridades judiciales y
coloca el feminicidio como producto de una mente desviada inexplicable y
no como lo que es, el extremo del terrorismo de la violencia
patriarcal. De ésta forma el Estado al respaldar a los feminicidas hace
cumplir la máxima regla que es la del mantenimiento de la dominación
patriarcal a través del control social de los cuerpos de las mujeres. De
ésta manera por acción directa u omisión el Estado se descubre como
cómplice en los feminicidios.
Uno de los más recientes casos de feminicidio en la Ciudad de México
ha vuelto a poner el foco de atención en la capital del país, donde las
autoridades reconocieron como feminicidios 292 casos en 2017 y donde ése
mismo año se solicitó a la Secretaría de Gobernación SEGOB se instaure
la Alerta de Género. Sin embargo, no se ha puesto en ejecución la AVG
debido a dilaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el gobierno de la Ciudad de
México. Ha sido el pasado 16 de noviembre de 2018 cuando el gobierno de
la CDMX entregó a la Conavim el informe final en torno a la solicitud de
alerta de género.
Tan sólo a tres días de que fuera entregado el citado informe el
cuerpo de Ingrid Alison de 14 años fue hallado dentro de una maleta en
Tlatelolco. Tras encontrarse el cuerpo el 13 de noviembre en la alcaldía
de Cuauhtémoc una serie de indagaciones se encuentran en proceso. Hasta
el momento algunos medios de comunicación han re victimizado a la joven
con titulares tales como “Así se mostraba en las redes la joven hallada
muerta en maleta” y “Ligan con dealers a niña enmaletada”. Estos
titulares no hacen más que juzgar a la víctima, quitar la
responsabilidad a quienes hayan sido agresores, degradar el sufrimiento
de las víctimas y culparla de su propia muerte.
Éste 25 de noviembre dan inicio oficialmente los 16 días de activismo
para contrarrestar la violencia hacia las mujeres finalizando el 10 de
diciembre Día de los Derechos Humanos. Sin embargo, las demandas de
justicia por una vida sin violencia para las mujeres no cesan al cierre
de éstas fechas. La lucha para conseguir justicia para las víctimas y
sus familiares continúa al posicionar al feminicidio como emergencia
nacional y alzar la voz contra la violencia extrema hacia las mujeres
como un acto de resistencia, porque el miedo debe cambiar de lado.
*Doctorante en Género y Estudios Culturales Universidad de Sydney
