3/07/2020

Se sienten intocables


CIMACFoto: Archivo CIMAC
El pasado viernes 21 de febrero, en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Michoacán, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio y Coordinador de Jueces, RUBÉN GARCÍA MATEOS, en la Causa Penal 502/2017 dictó una sentencia condenatoria, llena de fallas, contradicciones y falta de perspectiva de género, de Derechos Humanos y derechos de la infancia.
Las víctimas: una niña de 16 años y la otra de 14, de origen indígena, otomí, de la Sierra Gorda de Querétaro, vivían en extrema pobreza. La mayor contaba con primaria incompleta y la otra con primaria terminada, y no fueron las primeras en ser tratadas y explotadas por Eusebia Albino Manuel de la misma comunidad indígena. Las víctimas fueron engañadas por la sentenciada quien les ofreció trabajo como empleadas del hogar y las trasladó a Zacatelco, Tlaxcala, a la casa de su esposo, con quien las obligaba a tener relaciones sexuales vía vaginal, oral y anal y de ahí las trasladaba a Morelia, Michoacán, donde las explotó en la prostitución usando maltrato físico que pudiera rayar en tratos crueles, inhumanos y degradantes, les daba de comer dos veces a la semana y nunca recibieron un solo centavo del dinero que se ganó de su explotación sexual.
El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea afirmó que la reforma judicial es necesaria para lograr una justicia plena y completa que les devuelva la esperanza y la confianza de que en este país y en este momento los jueces y las juezas federales tendrán las herramientas, la sensibilidad y el arrojo para proteger sus derechos sin importar las consecuencias ni las circunstancias.
También dijo: “una diferencia en la vida diaria de las personas que sufren abuso, atropellos y discriminación todos los días”. Y en otro medio declaró: “están matando a nuestras mujeres y niñas y no lo podemos permitir”, al advertir que la violencia tradicional contra las mujeres en México y en el mundo se agravó en los últimos tiempos.
También aseguró que el alto tribunal constitucional es un aliado en la lucha de las mujeres por proteger sus Derechos Humanos, y consideró que si los hombres no son empáticos con las mujeres nunca se podrá contar con una sociedad más justa.
Por ello, enfatizó, que si bien existen leyes y jurisprudencias que velan por mantener vigentes los Derechos Humanos de las mujeres en el país, no son medidas suficientes para acabar con la violencia física y sexual que a diario enfrentan las mujeres mexicanas.
Pese a estas declaraciones y a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con un “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género”, otro titulado “Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas” y uno más titulado “Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes, leyes, tratados, jurisprudencia”, el Juez García Mateos resolvió:

1.         Que si bien las niñas eran menores de edad, no se les acreditó su estado de necesidad cuando su padre no veía y no podía caminar por diabetes, artritis y ácido úrico.

2.         Que hubo captación o enganche, pero que no hubo transporte, traslado, recepción o alojamiento a pesar de que las captó en la Sierra Gorda de Querétaro, y de ahí se las llevó a Zacatelco, Tlaxcala y de ahí a Morelia, Michoacán, donde las alojó en una vivienda en el Centro de la Ciudad y desde donde las llevaba al hotel donde eran explotadas.

3.         Que no se le acreditó el maltrato que sufrían las niñas, porque una de ellas cuando se le practicó el dictamen de medicina forense sólo presentó equimosis amarillentos en las piernas y la otra, aunque presentaba cicatrices en las muñecas de varios intentos de suicidio, no le fueron suficientes para acreditar el maltrato que sufrieron. Seguramente quería que se presentaran sangrando o medio muertas. Pero además en ambos dictámenes de medicina forense se reporta que ambas presentan desgarros tanto vaginales, como anales.

4.         Determinó que no se le había acreditado las amenazas de hacerle daño a su familia y no se le acreditó que las niñas eran obligadas a tomar bebidas alcohólicas y a drogarse con los amigos de Eusebia Albino Manuel. Dijo que no se explicaba por qué cuando fueron detenidas por la Policía por escandalizar en la vía pública junto con su tratante/proxeneta, no aprovecharon para denunciar en la situación de explotación de la prostitución en la que se encontraban. Exigiendo siempre que reaccionaran como si fueran niñas urbanas, con determinado desarrollo intelectual que las niñas no tenían al momento de su victimización.

5.         Que no se le acreditó que la tratante le hacía transferencias de todo el dinero que ganaban las niñas a su esposo a través de Coppel, Oxxo o Elektra, a pesar de que ambas niñas declararon que la tratante/proxeneta las había llevado con ella a realizar las transferencias, esto es, dos testimonios que confirman las transferencias. Tampoco tomó en cuenta que las niñas tenían que cobrar $450.00 por desnudo de la cintura para abajo, cien pesos más por desnudo completo, cien más por sexo oral, anal y chupetones, y doscientos pesos más por sexo sin protección. Que la tratante/proxeneta las obligaba a inyectarse para que no quedaran embarazadas y que cuando menstruaban las obligaba a introducirse toallas húmedas en la vagina para que no mancharan a los clientes. Y a pesar de que hubo dos testimonios iguales, no fueron suficientes para el Juez. Incluso dijo que no se le acreditó la explotación sexual.

6.         También, a pesar de lo establecido en el Artículo 20 Constitucional, Apartado C, Fracción V, que establece el derecho al resguardo de identidad de las víctimas de trata de personas, las obligó a abrir su identidad identificándose por nombre.

7.         Tampoco quiso tomar en cuenta su condición de niñas indígenas, ya que la sentenciada también lo era y tampoco aplicó la perspectiva de género, ya que su tratante/proxeneta también era mujer.

8.         Y como estos hechos, se dieron muchos otros donde el Juez García Mateos ignoró los derechos de las víctimas, donde con profunda insensibilidad exigía que hubieran reaccionado como él, incluso decidió que los padres de las niñas no hicieron suficiente por localizarlas y que no se explicaba por qué se habían tardado tanto tiempo en venir a verlas después de que se lograron escapar y esto tiene una explicación, ya que se les avisó hasta que fue detenida la sentenciada. Y dictaminó que los padres no son ofendidos por el delito de que fueron víctimas sus hijas, a pesar de lo que establece la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas de esos Delitos.

9.         Durante todo el juicio el Juez García Mateos señaló en distintas ocasiones que los padres eran los responsables de la victimización de las niñas que para el juez eran adolescentes y hoy adultas, a pesar de que la menor de ellas, acaba de cumplir los 18 años y al momento de la victimización tenían 16 y 14 años y a pesar de la definición de niñas y niños de la Convención de los Derechos de la Niñez, del propio Protocolo de Palermo y la Ley General que establecen que se debe entender por niña o niños a toda persona menor de 18 años.

El martes 25 de febrero, el Juez individualizó la pena, porque a pesar de todo lo anterior declaró culpable a Eusebia, y la condenó a 30 años de prisión.
Y de nada le valió al Juez la indignación social por la impunidad y la violencia contra las mujeres, no le valió el marco jurídico internacional, ni el nacional, ni las jurisprudencias, ni siquiera las declaraciones del Presidente de la Corte y el Consejo Federal de la Judicatura. Por eso exigimos Jueces sensibles y comprometidos con la justicia para las mujeres y las niñas y con abatir la inmensa impunidad.

Exigimos que en todos los juicios se aplique la perspectiva de género y que no se contraten jueces o juezas machistas y patriarcales.
Como dijo José María Morelos y Pavón: “Que todo/a el/la que se queje con justicia tenga un tribunal que lo/la escuche, lo/la ampare y lo/la defienda contra el/la fuerte y el/la arbitrario/a.
¿Y es esta clase de tortura la que el diputado de la Ciudad de México quiere reglamentar?

Por un 8M abolicionista

Mujeres que luchan por mujeres

Fabiola Méndez

“Todas las mujeres vivimos una situación de peligro en el país y en el mundo, pero aquí en México por raíces culturales de machismo enfrentamos una situación terrible que no es nueva, pero sí más visibilizada”
Desde hace algunos años con los movimientos #Niunamenos y #Metoo se ha logrado dar un paso en contra de la violencia de género: que el silencio sea cosa del pasado, a las mujeres no se les acosa, no se les viola, no se les pega, no se les mata por ser mujeres.
Hace apenas unos días el país se estremeció por el feminicidio de Ingrid Escamilla y Fátima, lo que da cuenta que la problemática, lejos de retroceder, aumenta. El clamor de ¡Ya Basta! viene de todos los sectores sociales, “todas las mujeres vivimos una situación de peligro en el país y en el mundo, pero aquí en México por raíces culturales de machismo enfrentamos una situación terrible que no es nueva, pero sí más visibilizada”, refirió Anahí Caldú, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM.
De acuerdo con la astrónoma, la violencia de género no sólo es una violación o muerte como tristemente sucede, se vive día a día y tenemos que reconocerla para evitarla. El tema debe estar sobre la mesa sin que se polarice, encontrar mecanismos para hablar y escuchar al otro, mirar a nuestro alrededor y formar una sociedad más igualitaria y justa para todos.
Hay que alzar la voz, reiteró Erika Villavicencio Ayub, investigadora de Psicología Social en la UNAM, “estamos hasta el hartazgo de la violencia de este sistema exageradamente corrupto, lleno de lucha de poder, pero a su vez escaso en salud mental, tanta impunidad, tanto crimen organizado, tanto machismo, por dónde empezar para lograr salir de este estado de indefensión, donde predomina la casi extinción de los valores en la sociedad”.
Saiph Savage, del instituto de Ingeniería de la UNAM, coincidió en que las mujeres deben hacerse escuchar, “decir que no queremos normalizar esto. Tenemos ciertos estereotipos arraigados, todavía muchas personas creen y es común escuchar que las mujeres les pasa algo porque han hecho algo malo, porque andaban en malos pasos, pero ellas no tienen la culpa”.
Es muy fuerte ver a diario en las redes sociales un impacto en contra de las mujeres, toda esa violencia, dolor y miedo que viven diariamente, refirió Estefanya Márquez, estudiante de la Facultad de Música de la UNAM. Para la mezzosoprano, las personas viven con terror de salir a la calle, sobre todo aquellas que ya vivieron una experiencia de violencia, también quien se expone todos los días, pero han surgido cosas buenas, “hemos encontrado redes de mujeres para cuidarnos entre nosotras, nos acompañamos, estamos creando comunidad”.
Para lograr un verdadero cambio se necesita una transformación de raíz de las organizaciones educativas, las instituciones y el sector empresarial, que se adapten para hacerlas menos incompatibles unas con otras, “que esta cosmovisión tripartita logre que los horarios, las distancias y la carga laboral permitan un balance de vida para la familia entera.  Donde la madre tenga horarios que facilite el doble rol, que el adulto vigile el crecimiento y la educación del niño, la convivencia, garantizando la justa satisfacción de las necesidades básicas, como alimentación, salud, seguridad”, explicó Villavicencio Ayub.
Para la especialista, son fundamentales las reformas que mejoren las condiciones de trabajo, incluido el salario, estrategias que permitan abordar, en todos los sectores, el trabajo en perspectiva de género, de no violencia, de equidad y sea impartido desde edades tempranas.
Asimismo, evitar revictimizar en los diferentes procesos de denuncia, investigación, comunicación, enseñanza, redes sociales, “no provoquemos un espectáculo del dolor ajeno, no consumamos medios informativos que filtran imágenes de las víctimas. Impongamos sanciones”, exhortó.
En ese contexto, Nelly Lucero Lara Chávez, doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explicó que los medios de comunicación, como actores sociales, cumplen una función de transmisión de valores y prácticas, reproducen lo que leemos como sociedad. “Una tarea de los medios sería dar cuenta de por qué suceden los fenómenos para entenderlos, pero sucede lo contrario, presentan la violencia en contra de las mujeres como un espectáculo, estigmatizan y denigran el conocimiento de la teoría feminista”.
Sin embargo, refirió que como espectadores también se tiene el poder de decidir qué discursos se quieren consumir para crear niveles de significación distintos, “a nivel personal, de los hogares, de los medios, dejar de consumir programas que representan a la mujer de forma estereotipada es una forma de erradicarla”, explicó Nelly Lara.
El movimiento encabezado por las mujeres no es improvisado, a pesar de que su lucha se ha mantenido por más de 300 años sigue persistiendo la desigualdad entre hombres y mujeres.
De acuerdo con Cristina Rosas González, doctora en Relaciones Internacionales por la UNAM, estamos en una sociedad donde por usos y costumbres se acepta la violencia contra las mujeres, se fomenta, incluso culturalmente, se trata diferente a hombres y mujeres, se les paga diferente a pesar de hacer el mismo trabajo.
En ese contexto, ¿qué hacer para que esto cambie y manifestar el hartazgo generalizado por estos niveles de violencia vividos?
 Para Erika Villavicencio hay que trabajar en el diseño de políticas públicas para prevenir, atender y eliminar la violencia de género, así como la puesta en marcha de  una Fiscalía Especializada en feminicidio.
Reforzar protocolos de acción desde un enfoque multidisciplinario, dar capacitación a quienes están a cargo de la administración de justicia (policía, personal pericial, forenses y profesionales del derecho), dar orientación  para llevar a cabo la investigación del delito de feminicidio con la debida diligencia, garantizando así el acceso pleno de las mujeres a la justicia.
“Hay que hacer muy costoso para quien favorece la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres, en la legislación mexicana para poder disuadir la delincuencia que circunda a las mujeres”, refirió Cristina Rosas.
Aludir a la memoria histórica para que las cifras no aumenten, para que las listas no tengan más nombres, “no basta con estar en este laberinto para buscar culpables, construyamos soluciones y que esta lucha legítima sea el inicio del cambio”, exhortó Erika Villavicencio.
“Que esto no sea esporádico, no debe ser flor de un día, sino que todos los días, desde nuestras trincheras, trabajemos para lograr ese cambio, que no va a ocurrir mañana, pero hay que iniciarlo ya”, finalizó Rosas González.
Este material se comparte con autorización de UNAM Global

Mayor control fronterizo con GN, violencia feminicida, despojo de territorios y criminalización, enfrentan migrantes

Este 5 y 6 de marzo de 2020 se lleva a cabo en Comitán, Chiapas, el XII Encuentro de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración. Esta Red está integrada por 24 organizaciones y colectivos de base de los diferentes países involucrados en el fenómeno migratorio en la región centro de América. 
El objetivo de este Encuentro es plantear una agenda conjunta para continuar su trabajo como Red a favor de la defensa de los derechos de las mujeres en general, las migrantes en particular y los territorios, en un contexto diverso y, cada vez, más complejo para las personas migrantes.
La coordinadora general de Formación y Capacitación A.C. (organización convocante) e integrante de la Red, Diana Damián, explicó en entrevista para Cimacnoticias que la idea de articularse surgió tras observar que la migración disminuía la fuerza organizativa de las comunidades para la defensa de sus derechos.
Las impulsoras de esta Red que se encuentran aquí reunidas coincidieron en la necesidad de colocar a las mujeres como sujetas de decisión dentro de los procesos migratorios, ya que hasta entonces han sido vistas como acompañantes de los varones migrantes. 
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
La Red se formó en 2008 en Honduras, junto con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), entonces liderado por la defensora Berta Cáceres, quien fue asesinada el 3 de marzo de 2016 por su actividad a favor de los derechos de los pueblos. 
Desde su formación, la Red se dedica a la promoción de los derechos de las mujeres en las migraciones: a luchar por la tierra, por la educación, la salud y crear oportunidades para que las mujeres puedan quedarse en sus territorios; y, al mismo tiempo, a promover su derecho a migrar libre de violencia, con acceso a la salud y a la justicia durante su tránsito.
De acuerdo con Damián, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el contexto es más adverso, ya que se agudizó la vigilancia con el despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras bajo el pretexto de la seguridad y la soberanía nacional y, en contraste, no se han instalado los albergues para mujeres migrantes que la Red la ha solicitado reiteradamente. 
En este nuevo contexto, “la lucha de ellas (las migrantes) para poder pasar por un territorio es doblemente peligroso. Mi índice no es un invento; 100 por ciento de las mujeres que migran han sufrido algún tipo de violencia, ya sea sexual, acoso, por extorsión, amenazas u otras. Al menos 70 por ciento de ellas han sufrido violencia física sexual”. explicó la defensora.
A esto se suma que la Guardia Nacional ha obligado a las mujeres a buscar nuevas rutas para transitar y a que los llamados coyotes dupliquen sus cobros para pasarlas por México; si antes les cobraban aproximadamente 50 mil pesos a 100 mil o 120 mil pesos, según ha documentado la Red.
“El único beneficio de la Guardia Nacional es para Estados Unidos. No representa ninguna garantía de seguridad para las mujeres; al contrario, están enriqueciendo al crimen organizado y al coyotaje”, expresó Damián.  
Además de la violencia durante el tránsito, las mujeres migrantes requieren atención especializada por la violencia que enfrentan desde su lugar de origen, donde se les obliga a cumplir con las tareas de sus parejas que ya emigraron, se les controla, agrede o, cuando deciden migrar, se les responsabiliza de todo lo que les pase a su familia en su ausencia.    
Por ello, la Red también acompaña procesos de mujeres que están en estaciones migratorias en su solicitud de refugio en México. En 2019, de acuerdo con la coordinadora general de FOCA A.C., acompañaron a más de mil mujeres con modelos de atención integrales, como acompañamiento psicosocial, alternativas de empleo o información sobre sus derechos. 
Entre los nuevos retos que este 2020 enfrenta la Red está que México se ha convertido en mayor medida en un lugar de destino. Esto supone nuevas necesidades que el gobierno federal tendría que garantizar, como la atención a las mujeres migrantes en salud, oportunidades laborales, solicitud de refugio, educación (ya que muchas de ellas vienen con la necesidad de seguir estudiando); y la tranquilidad, pues las mujeres “buscan paz en un país violento”, explicó la defensora.
En estos 12 años, esta Red también ha tenido aprendizajes y logros, entre ellos, dijo Damián, la creación de una red de radios comunitarias, la Red de Defensoras, el primer observatorio de mujeres que vive en la frontera, y “seguir juntas e incorporar a más jóvenes”.
En el Encuentro participan organizaciones como la Asociación de Desarrollo Económico Social, ADES Santa Marta (El Salvador); la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH;  Las Patronas, Veracruz (México); y Red de Gestoras en Defensa de los Derechos Humanos de la Frontera Sur-occidental de Guatemala-México.
Las organizaciones –agrupadas por países, por área de trabajo y por colectivo– coincidieron en que los mayores retos en los países de origen es la defensa de sus territorios frente al extractivismo y otros megaproyectos, el feminicidio, la violencia sexual, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, y la violencia comunitaria provocada por las pandillas y por las agresiones contra las personas defensoras de derechos. A esto se suma que los recientes acuerdos regionales que sus países han firmado con Estados Unidos no son transparentes.
En conjunto (mujeres indígenas, negras, migrantes y otras) acordaron trabajar juntas en los próximos cinco años para contribuir a visibilizar la violación sistemática y estructural de los Derechos Humanos de las mujeres y sus familia. 
A fin de hacer públicas estas conclusiones, las defensoras se organizaron para realizar la coreografía “un violador en tu camino” en el Palacio Municipal de Comitán, uno de los municipios fronterizos con mayor flujo migratorio en el país. 
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Las integrantes de la Red adecuaron la letra de este popular performance chileno de protesta contra el abuso policial al contexto migratorio. Frente a militares y policías municipales que merodeaban el Palacio, las mujeres leyeron un comunicado en el que exhortan a los gobiernos de los cuatro países a garantizar la vida digna de las mujeres para evitar las migraciones forzadas, a garantizar el tránsito seguro y libre de violencia para las que deciden migrar, y propiciar políticas migratorias que reconozcan el derecho a la movilidad de manera segura y sin discriminación.
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Las mujeres también denunciaron la violencia institucional de los países de origen, tránsito y destino de las mujeres migrantes, y rechazaron el uso de fuerza de la Guardia Nacional mexicana.
Al cierre, las defensoras bailaron en círculo y cantaron “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas”; y, sin planearlo, las hondureñas gritaron y bailaron: “Bertha (Cáceres) no murió, se multiplicó”.
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Comitán, Chis.

Feminicidio, violencia sexual, violencia familiar y lesiones se concentran en 6 estados, dice informe

Ciudad de México. En México los estados más peligrosos para ser mujer son: Chihuahua, Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz, donde se presentan altos índices en 15 delitos como feminicidio, violencia sexual, violación sexual, violencia familiar y lesiones.
Este es uno de los datos que revela el informe “Impunidad  feminicida. Radiografia de datos oficiales sobre violencia contra las mujeres (2017-2019), que se presentó este miércoles en la Ciudad de México, y que de acuerdo con las expertas revela la falta de prioridad para salvaguardar la vida de las mujeres.
Durante la presentación del documento, Olga Arnaiz Zhuravleva, integrante de la Red Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDTT) explicó que hay que tener cautela al nombrar estos estados como los más peligrosos, porque no todos entregan cifras oficiales de criminalidad.
La investigación estadística, revela que entre 2017 y 2019 se registraron 22 mil 706 mujeres víctimas de violación sexual; cada día son violadas 34 niñas; se han registrado 2 mil 352 casos de feminicidio; sólo en 2018 hubo 121 mil 102 mujeres victimas de violencia familiar; y en 2017 se registraron 42 mil 624 mujeres que reportaron lesiones en su contra.
La integrante de Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C., Oyuki Barrios, mencionó que este informe revela que los registros oficiales indican que la violencia contra las mujeres es estructural y sistemática de todo el ciclo de vida y que en 14 años, desde que se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no han existido las ciudadanas.
Afirmó que los datos del informe son una radiografía  espeluznante que podría ser peor si se tuviera acceso a toda la información sobre violencia y si no existiera una cifra negra de denuncias. Las cifras ya son preocupantes y también muestran la importancia de la resistencia de mujeres que ante el cúmulo de hartazgo y rabia, ahora son el único movimiento de oposición en América Latina. 
En su oportunidad, la directora de Comunicación e Información de la Mujer A. C. (CIMAC), Lucía Lagunes Huerta, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está perdiendo la oportunidad de hacer historia y diferenciarse de sus antecesores, porque podría poner como prioridad la vida y la integridad de las mujeres y sus Derechos Humanos.
Mencionó que López Obradror se comprometió a no fallar a la ciudadanía, y las mujeres son parte de la población mexicana y ciudadanía plenas que emiten su voto y contribuyen a la construcción democrática del país. “Que cumpla con la ley, de proteger los Derechos Humanos de las personas y de las mujeres”.
Lagunes Huerta explicó que desde hace 14 años, el Estado no ha resuelto un problema estadístico sobre la situación de violencia que viven las mexicanas, lo que demuestra la falta de prioridad de salvaguardar sus vidas.
Aseguró que desde que se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 2007, han pasado tres gobiernos federales emanados de distintos partidos políticos que coinciden en una sola línea: la misoginia y desinterés por salvaguardar la vida de las mujeres. 
Para la defensora, esto significa 14 años de negligencia del Estado mexicano. Hoy, mencionó, la violencia es resultado de la inacción del Estado mexicano a pesar de que todas las secretarías tienen funciones y tareas específicas para atender la violencia contra las mujeres.  

Inmensa mayoría de hombres y mujeres tienen prejuicios contra las mujeres


Este artículo forma parte de la cobertura de IPS por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.
Niñas estudiantes de materias científicas en Vietnam. Aunque más niñas que nunca van a la escuela, están infrarrepresentada en las asignaturas de ciencia y tecnología. Foto: ONU Mujeres
NACIONES UNIDAS, 6 mar 2020 (IPS) - Un estudio que incluye datos de 75 países que comprenden a un 80% de la población mundial, destaca que, pese a décadas de progreso hacia la igualdad entre hombres y mujeres, cerca del 90% de la población mantiene algún tipo de prejuicio contra las mujeres.
El informe, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se vale de un Índice de Normas Sociales de Género para medir cómo dichos preceptos pueden obstaculizar la equidad de género en ámbitos dispares como la política, el trabajo y la educación.
De acuerdo con el índice, “aproximadamente la mitad de los hombres y las mujeres del mundo consideran que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres”.
Asimismo, “más del 40% opina que los hombres son mejores ejecutivos empresariales y que tienen más derecho a ocupar un empleo cuando el trabajo escasea. El 28% de las personas creen que está justificado que un marido le pegue a su esposa”.
Además, contiene información sobre los cambios que experimentó el sesgo de género en alrededor de 30 países. Entre ellos, subraya algunas mejoras, como la de los hombres en Chile, Australia, los Países Bajos y los Estados Unidos; y la de las mujeres en los tres primeros países citados más China.
Sin embargo, la mayoría de las naciones estudiadas mostraron un retroceso en la proporción de mujeres sin ningún prejuicio en cuanto a las normas sociales de género.
Existen avances durante las últimas décadas para garantizar que las mujeres tengan el mismo acceso que los hombres a servicios básicos, como la paridad en la escuela primaria y la disminución de la mortalidad materna en un 45% desde 1990.
Pero más allá de ellos, “las diferencias de género siguen siendo patentes en otros ámbitos, especialmente en aquellos que cuestionan las relaciones de poder y que ejercen mayor influencia para la obtención de una igualdad real. En estos momentos, la lucha por la igualdad de género es un relato de sesgos y prejuicios”, dijo Pedro Conceição, director de la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD.
Brechas económicas, políticas y empresariales
El informe analiza los motivos por los qué todavía existen enormes “brechas de poder” entre hombres y mujeres en el ámbito económico, político y empresarial, a pesar de los avances hacia la igualdad en terrenos como la educación y la salud, así como en la eliminación de los obstáculos legales a la participación política y económica de las mujeres.
“Si bien los hombres y las mujeres votan en proporciones similares, menos del 24% de los escaños parlamentarios en el mundo están ocupados por mujeres y solo 10 de los 193 jefes de Gobierno del planeta son mujeres”, apunta el estudio.
Seguidamente, menciona que en el área laboral “la remuneración de las mujeres es inferior a la de los hombres y tienen una probabilidad mucho menor de ostentar cargos directivos: menos del 6% de los directores generales de empresas del índice S&P 500 (uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos) son mujeres.
Y aunque las mujeres trabajan más horas que los hombres, es más probable que se trate de trabajo de cuidados no remunerado”, apunta.
“La labor que ha sido tan eficaz en garantizar el fin de las diferencias en ámbitos como la salud y la educación debe evolucionar ahora y abordar algo mucho más complejo: el prejuicio profundamente arraigado —tanto entre hombres como entre mujeres— contra una verdadera igualdad. Las políticas actuales, a pesar de sus buenas intenciones, tienen un alcance limitado”, dijo Achim Steiner, administrador del PNUD.
La dependencia de la ONU llamó a Gobiernos e instituciones a aplicar una nueva serie de políticas dirigidas a cambiar estas normas sociales y prácticas discriminatorias mediante la educación, el aumento de la sensibilización social y la aplicación de nuevos incentivos.
Por ejemplo, mediante el pago de impuestos que sirvan para fomentar el reparto equitativo de las responsabilidades del cuidado de los niños, o alentando a las mujeres y niñas a entrar en sectores tradicionalmente dominados por hombres, como las fuerzas armadas y la tecnología de la información.
La directora en funciones del Equipo de Género del PNUD, Raquel Lagunas, indicó que los movimientos en favor de los derechos de las mujeres como el #MeToo (yo también) “muestran que son necesarias nuevas alternativas para un mundo diferente”, y añadió la necesidad de poner manos a la obra de inmediato.
“Debemos actuar ya para superar los obstáculos que presentan los sesgos y los prejuicios si queremos avanzar a la velocidad y a la escala necesaria para lograr la igualdad de género y la visión plasmada en la Declaración de Beijing, hace más de dos décadas, y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, planteó.

Este artículo fue publicado originalmente por Noticias ONU.

VIII Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas

Declaración política de mujeres indígenas contra las violencias

Foto: Elizabeth Ruiz
Desde la tierra de Coatlicue, 29 de febrero del 2020
En el marco del VIII Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, rememorando que hace 25 años mujeres de diversos pueblos y culturas nos articulamos para hacer oír nuestras voces e incidir en la Plataforma de Acción de Beijing +25, nos reunimos 250 mujeres lideresas indígenas mayores y jóvenes, mujeres sabias, artistas, parteras, parlamentarias y exparlamentarias, abogadas, comunicadoras, cineastas, defensoras de derechos, académicas y autoridades tradicionales indígenas de las tres Américas, con el objetivo de realizar un balance intergeneracional sobre la situación del ejercicio de nuestros derechos colectivos e individuales como mujeres indígenas y construir soluciones articuladas y efectivas, con una ruta estratégica para avanzar en los cambios en las leyes, las políticas públicas y programas nacionales, como también la implementación de los compromisos internacionales  adoptados por los Estados.
Son evidentes las múltiples dimensiones de las violencias que vivimos las mujeres indígenas en lo político, social, cultural, económico, físico, psicológico, ambiental y espiritual que son invisibilizadas; como las que se manifiestan en conflictos armados; durante la ejecución de proyectos extractivos como la  deforestación, la minería, industria petrolera y las hidroeléctricas; en la militarización de las tierras y territorios; en la migración y el desplazamiento forzado; en el racismo, en la discriminación; en los efectos de la crisis climática y en las intromisiones de religiones ajenas a nuestra espiritualidad.   Recordamos, que somos históricas guardianas y creadoras de conocimiento desde nuestra espiritualidad para la preservación y desarrollo de la extensa y rica biodiversidad planetaria, hoy amenazada por el desarrollo capitalista, depredador y patriarcal.
Las violencias traen consigo la estigmatización, persecución, criminalización, asesinato y desapariciones a lideresas, defensoras y activistas indígenas. A ello, debemos agregar los abusos y violaciones sexuales, misoginia, feminicidios, matrimonio y uniones infantiles, tempranas y forzadas, embarazo infantil adolescente y trata de personas con fines de explotación sexual, que demuestran la interconexión de las múltiples formas de violencias tanto en la dimensión individual como colectiva. Así como también, las violencias intrafamiliar e intercomunal que muchas veces se justifican bajo el argumento cultural o en nombre de la cultura.
Una vez más comprobamos que para los Estados, los pueblos y las mujeres indígenas somos lo sacrificable frente a los intereses económicos y la perspectiva de desarrollo basado en la acumulación, la profundización acelerada del extractivismo y el racismo estructural que provocan la ausencia de estadísticas desagregadas y la falta de documentación adecuada que visibilicen las formas diferenciadas de las violencias históricas, institucionales y sistemáticas que impactan la vida de las mujeres indígenas. En la actualidad se recrudece gravemente ante la imposición del conservadurismo y los fundamentalismos religiosos que atentan contra la dignidad humana, la integridad física y espiritual indígena, la igualdad de género, el pluralismo jurídico, la Inter legalidad y el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos y mujeres indígenas.
Ante esto, las mujeres indígenas levantamos nuestras voces por la paz y la seguridad de nuestros Pueblos y Continente:
  1. Denunciamos los crímenes de lesa humanidad, la estigmatización, persecuciones, criminalización, feminicidios, desapariciones y trata. Hacemos responsables a los Estados por no prevenir, sancionar, reparar y erradicar, así como por no tener mecanismos que garanticen la vida libre de violencia de las mujeres indígenas.
  2. Hacemos un llamamiento a la sociedad en general, indígenas y no indígenas, y a los tomadores de decisiones políticas y económicas a poner en prioridad el valor de la vida de los pueblos, mujeres, jóvenes y niñas indígenas, reconociendo las contribuciones a la humanidad y al equilibrio climático, como guardianas de la tierra, los bosques, las semillas, el agua, culturas, conocimientos, lenguas etc. y la vida misma.
  3. Exigimos medidas de sanción a los medios de comunicación que promueven, reproducen y sostienen estereotipos que refuerzan el racismo, las discriminaciones y todas las violencias contra los pueblos, mujeres, jóvenes y niñas indígenas. Por tanto, hacemos el llamamiento a los medios de comunicación alternativa y comunicadores indígenas en coordinación con las organizaciones de los pueblos y mujeres indígenas a definir un protocolo de comunicación basado en los derechos individuales y colectivo de los pueblos y mujeres indígenas.
  4. Demandamos a los Estados y agencias especializadas en salud a realizar estudios sobre la situación de la salud de las comunidades con énfasis en mujeres indígenas violentadas por las mineras, las petroleras, las hidroeléctricas, agroindustrias y otros megaproyectos extractivos, con participación plena y efectiva de las organizaciones de mujeres y pueblos indígenas.
  5. Exigimos a los Estados rendición de cuenta y transparencia, bajo indicadores desagregados por género, etnia y generacional, en torno a los compromisos internacionales, la implementación de políticas públicas, el acceso a la justicia e inversión presupuestaria en la lucha por la eliminación de las violencias en contra de las mujeres indígenas. Así como, a las organizaciones y gobiernos indígenas a rendir cuentas respecto a las acciones tomadas frente a las violencias que viven las mujeres indígenas.
  6. Ante los megaproyectos inconsultos o con seudoconsultas, exhortamos a los Estados a agotar toda forma de diálogo, como principio elemental que permite llegar a acuerdos entre Estados y pueblos indígenas como establece el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
  7. Instamos al Comité de la CEDAW a adoptar una Recomendación General sobre mujeres indígenas, señalado en la recomendación 53 del Décimo Octavo Periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones indígenas.
  8. Demandamos a los Estados a tomar en cuenta los esfuerzos realizados por el movimiento de las mujeres indígenas en respuesta a las múltiples formas de violencias, convirtiéndolas en políticas públicas con presupuesto, recursos humanos interdisciplinarios e interculturales.  
  9. Demandamos a los Estados a adoptar medidas de reparación histórica individual y colectiva a los pueblos y mujeres indígenas víctimas de violencias, que incluya la restitución, sanación e indemnización definidas con participación plena y efectiva de las afectadas.
  10. Demandamos al Estado y a las Autoridades de Salud Pública, el respeto a nuestra autonomía y libre determinación en nuestro territorio-cuerpo de mujer, exigimos se judicialice a quien no respete a las mujeres en su derecho a parir según su cosmovisión y espiritualidad, así como se respete, reconozca y promueva el trabajo de las parteras tradicionales. Por otro lado, instamos los Estados a visibilizar la situación de las personas con discapacidad de las comunidades indígenas, generando estadísticas desagregadas por género y discapacidad, así como se elaboren y apliquen políticas de atención dirigidas a esta población con perspectiva intercultural e integral.
  11. Repudiamos el golpe de estado en el Estado Plurinacional de Bolivia, que ha significado un grave retroceso en el avance del reconocimiento de los derechos de los pueblos y mujeres indígenas, por lo que llamamos a la comunidad internacional a estar vigilantes y comprometidos con los derechos humanos de toda la población en Bolivia. Así mismo, denunciamos con mucha preocupación, que los procesos democráticos en varios países de nuestra América están en retroceso, lo cual nos afecta directamente, puesto que las políticas que abanderan estos gobiernos conservadores y racistas, van en contra de nuestros derechos como pueblos, mujeres, juventud y niñez indígena.
  12. Las mujeres indígenas participantes de este encuentro, reafirmamos nuestra convicción de lucha colectiva y organizada por nuestras vidas, nos vamos con la tarea de sembrar la alegría y esperanzas renovadas, y restablecer nuestra identidad para la sanación y la justicia plena de nuestros pueblos.
Llamamos a todas las mujeres, jóvenes, niñas, y pueblos Indígenas a celebrar nuestras vidas, existencia y proyección, a tomar las calles, carreteras, plazas de cada región del Continente para el día 05 de septiembre de 2020, “Día internacional de la Mujer Indígena”, con la consigna:
“Por Justicia Territorio y Autonomía”
“Vivas Libres y Seguras nos queremos”
“Abya Yala Libre de Violencias”
¡Todo con nosotras, nada en el mundo sin nosotras!
Tomado de Chiapas Paralelo

Zapatistas se unen al Paro Nacional de Mujeres

encuentrozapatistasmuralcapitalismo_HazelZamoraMendieta

Tuxtla Gutiérrez, Chis. Las mujeres zapatistas que tengan algún cargo ya sea de autoridad autónoma, organizativa, mando militar o de comisiones de educación, salud, tercia o cualquier trabajo que realicen, no se presentarán el 9 de marzo, para unirse al Paro Nacional de Mujeres convocado por el colectivo Brujas del Mar de Veracruz, dieron a conocer en un comunicado difundido este 1 marzo.
En el documento, que está firmado por las comandantas y coordinadoras de la estructura zapatistas, se critica que los partidos políticos hayan querido capitalizar el Paro Nacional de Mujeres. Recordaron que en todos los gobiernos de distintos colores ha habido desapariciones y feminicidio sin que la autoridad tenga acciones efectivas para eliminar la violencia en contra de las mujeres.
Las zapatistas señalaron que están viviendo problemas al interior del territorio rebelde a causa de paramilitares. “Acá tenemos muchos problemas por razón de los paramilitares que ahora son del partido Morena, y antes fueron del PRI, el PAN, el PRD y el Verde Ecologista”.
En un comunicado anterior habían hecho un llamado para movilizarse el 8 de marzo y portar un listón negro en protesta por el feminicidio.
“La lucha por la vida es esencial a toda la humanidad, y no necesita el permiso de nadie porque lo traemos en la sangre. Y si alguien piensa que la lucha por la vida de las mujeres es golpista o de derecha o gobiernista o izquierdista o antigubernamental o es de un color, pensamiento o religión, pues entonces es que defiende la muerte.
Si se enteran de otra asesinada, primero preguntan de qué color es su piel, su partido, su religión: y según si es su contrario pues entonces mal hablan, pero no de los asesinos, sino de la mujer víctima”.
En esta ocasión también anunciaron que el 8 de marzo realizarán encuentros en los caracoles zapatistas y una acción simbólica de iniciar el Paro Nacional de Mujeres el 9 de marzo encendiendo luces en este territorio.
“El día 8 de marzo, van a mirar y a sentir nuestros dolores y nuestras rabias. Y el día 9 los machistas patriarcales se van a preocupar de qué estamos pensando o planeando o sintiendo, porque no lo van a saber, que sea no nos van a mirar.
¿Qué tal que nos organizamos más y mejor? Porque a veces, del dolor y la rabia no sigue la desesperación o la resignación. Puede ser que siga la organización”.
20/SS/LGL

Que la indignación nos abrace


CIMACFoto: César Martínez López
“Indigna que indigne tan poco. Molesta que moleste tan poco. Preocupa que preocupe tan poco. Duele que duela tan poco. Porque si a la mayoría le indignara, molestara, preocupara y doliera mucho, no viviríamos en un país en el que nacer mujer representa un grave riesgo”. 
Junio 6 de 2004. Ese párrafo lo escribí hace 16 años. 
Pareciera que no ha cambiado nada. Pero sí.
La diferencia es que hoy la indignación ha abrazado a muchas jóvenes. Y su enojo ha abrazado el nuestro, el mío y el de muchas más. 
La diferencia es que el dolor no las paraliza. Y sus acciones obligan a arremangarnos la tristeza para permitir el enojo. Estamos enojadas. Muchas mujeres estamos enojadas. Muy enojadas. Y no nos falta razón ni razones. 
Razón nunca nos ha faltado, aunque filósofos, científicos, sacerdotes, ministros de culto, gobernantes repitieran a lo largo de la historia que razón no teníamos, que éramos una especie inferior, algo menos que el “verdadero” ser humano, representado, claro, por los hombres. 
Por eso feministas de otros tiempos ocuparon su vida en contradecir las sinrazones; en demostrar la insensatez de las afirmaciones; en argumentar la incongruencia; en descubrir el asiento del privilegio desde el cual se podía hacer semejante afirmación.
Y fueron ganando tramos de libertad. No sin obstáculos. No sin resistencias. No sin dolor. No sin indignación. No sin enojo. No sin acciones. No sin reacciones.
Hacia 1972, Rosario Castellanos escribió: “Debe haber otro modo de ser humano y libre”. Porque ser humana y libre no estaba en la ecuación.
Entonces feministas dijeron que lo personal es político y lo político es personal. Pusieron sobre la mesa los derechos de las mujeres. Lograron que en la ley se reconociera que la violencia contra nosotras es una violación a nuestros derechos de humanas. 
Pero llegamos a un punto muerto.
Logramos cambiar las leyes. Pero no se movió la indolencia. 
Conseguimos asignar presupuesto a rubros que nos parecen vitales. Pero no se movió la simulación ni la corrupción. 
Consignamos la paridad y avanzamos como nunca en espacios de poder. Pero la forma no movió mucho el fondo.
Entregamos conceptos y argumentos para demostrar que nacer mujer nos coloca en riesgo. Pero no se movió la indiferencia. 
¿Cuánto espanto causaría que un avión trascontinental con capacidad para 467 pasajeros se cayera en nuestro país? Pues piense que el año pasado se nos cayeron 8 aviones llenos de niñas y mujeres.  Y sume que institucionalmente, no hubo justicia para casi ninguna. Ni se previene ni se atiende ni se trabaja en su erradicación.
Así que tenemos razón y razones para estar enojadas, indignadas, dolidas. 
Han sido las nuevas generaciones de feministas quienes están sacando al país del punto muerto. 
Sus acciones nos obligan a salir de la anestesia. Sus atrevimientos nos fuerzan a reconocer que no hay cambios civilizatorios sin osadía. Sus consignas nos convocan a recobrar lo que de humanidad hemos perdido.
Que la indignación nos abrace. Que cada niña y cada mujer asesinada o desaparecida nos indigne, nos duela, nos mueva. Entendamos de una vez que no hay manera de construir paz si más de la mitad de la población vive distintos tipos de violencia en diferentes grados.
Ni un paso atrás. ¡Por la vida y la libertad de las mujeres!

El ¡ya basta! de mujeres diversas ante violencias múltiples

R. Aída Hernández Castillo*

México-Tenochtitlan fue sede del 26 al 29 de febrero del octavo Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, donde se reunieron unas 300 integrantes de los pueblos originarios, cuyos territorios han quedado bajo el control de 22 estados-nación, desde Alaska hasta la Patagonia. Durante cuatro días compartieron sus estrategias de lucha ante las violencias coloniales, patriarcales, racistas, que han experimentado en sus cuerpos y en sus territorios. Sus experiencias son tan diversas como sus idiomas, sus historias y sus geografías, pero todas coincidieron en que para desestructurar las violencias que marcan sus vidas, no pueden limitar sus análisis a las violencias de género.
En este momento en que el ¡Ya basta! universitario ha puesto en el centro del debate nacional el tema del hostigamiento sexual y la violencia de género, estas voces vienen a recordarnos que las violencias que marcan las vidas de las mujeres indígenas y de millones de mujeres pobres y racializadas del continente, son violencias estructurales y coloniales más complejas, que no se limitan al maltrato de hombres machistas. Desde su creación en 1993, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas (Ecmia), que articula a organizaciones de mujeres de pueblos originarios de todo el continente, ha señalado que los feminismos urbano-centrados, que no confrontan la violencia racista y la continuidad del despojo colonial de sus pueblos, no incluyen sus voces, ni sus experiencias y, por tanto, no las representan. Si bien algunas de las mujeres reunidas en este espacio, reivindican un feminismo indígena anticapitalista y antirracista, otras han rechazado el término, por sentir que ha sido secuestrado, por mujeres que no las escuchan, ni incluyen sus demandas en sus agendas de lucha.
En las mesas de trabajo de estos cuatro días el tema de las múltiples violencias que afectan sus vidas –que incluyen el despojo territorial, desplazamiento forzado, feminicidio, violencia de los megaproyectos que contaminan sus ríos y destruyen sus bosques y desaparición forzada– fueron analizadas como violencias patriarcales coloniales que destruyen el tejido social de sus comunidades. Para la mayoría de ellas, la necesidad de crear espacios propios de lucha, no está reñido con la construcción de alianzas con los hombres de sus comunidades en defensa de la vida, porque las violencias patriarcales del colonialismo, también los están matando a ellos. Aun reconociendo que estas violencias han sido internalizadas y reproducidas por los hombres de sus pueblos, su llamado es a reconstruir la casa común, a trabajar con los niños y niñas para que no sean secuestrados física y culturalmente, por la violencia del narco que está arrasando sus territorios o por el consumismo capitalista que destruye sus valores ético-culturales. Teorizaron desde un conocimiento encarnado: las compañeras de Cherán, compartieron sus experiencias alrededor de las fogatas, pasando por sobre las diferencias comunitarias para defender su territorio y expulsar a los narcotraficantes y talamontes de la región. Las hermanas misquitas de la Costa Atlántica de Nicaragua nos hablaron con desencanto de las limitaciones del reconocimiento constitucional de sus autonomías, cuando los colonos siguen avanzando con la complicidad del Estado nicaragüense, matando a la población indígena para arrebatarle su territorio. Las mujeres innu, de Canadá, nos compartieron sus luchas contra el feminicidio de mujeres indígenas, en ese país que se ostenta como el ejemplo de la democracia multicultural. Si bien, la mayoría de los testimonios fueron desgarradores, siempre iban acompañados con la fuerza de la organización colectiva que han venido desarrollando contra estas múltiples violencias. Somos mujeres-medicina, clamaban en sus cantos, porque nos estamos curando y curando a nuestros pueblos de estas violencias.
Hoy el encuentro de estas mujeres-medicina en tierras mexicanas, coincide con la efervescencia de una movilización feminista, a la que han querido montarse partidos políticos, organizaciones de derecha e izquierda que nunca habían priorizado las demandas de las mujeres y que en muchos casos se habían caracterizado por sus políticas misóginas y sus prácticas machistas. Para algunos de estos sectores ha resultado fácil apropiarse de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, porque la ven como un problema de hombres violentos, que agreden a mujeres vulnerables. Pero se trata de un problema estructural, sistémico, que reproducen los partidos políticos, no sólo cuando hostigan a las mujeres de su partido o las excluyen de puestos de dirección, sino también cuando aprueban leyes que posibilitan el despojo, la contaminación o la destrucción de la vida de las comunidades indígenas. El ¡ya basta! de las mujeres indígenas es por la defensa de la vida de ellas, de sus comunidades, y de la Madre Tierra.
*Investigadora del Ciesas.

Las mujeres y la lucha por la igualdad


Claudia Sheinbaum*

Es totalmente legítima la demanda creciente de erradicar el acoso y la violencia, desmantelar el machismo y garantizar el reconocimiento y el ejercicio de derechos y el acceso a la justicia para las mujeres. Durante muchos años la violencia contra las mujeres no ha sido dimensionada en su real magnitud; incluso el extremo de esa violencia, el feminicidio, tiene apenas algunos años de haber sido reconocido en el Código Penal.

Las mujeres padecemos múltiples violencias. Pongo mi propio caso. A los 12 años comencé a viajar sola en el transporte público y viví, como la mayoría de las niñas, hostilidad y acoso. En la preparatoria, un profesor insinuó que hiciera un viaje con él para obtener una buena calificación. En el mundo académico tuve que batallar con el prejuicio de colegas que consideran a las mujeres menos inteligentes. En la política, la soterrada creencia de algunos que suponen que sólo es capaz de gobernar un hombre. Tengo una hija y, desafortunadamente, ella ha vivido violencias similares.

En efecto, la violencia hacia las mujeres se muestra en nuestra sociedad de muy diversas formas, el piropo agresivo, la mirada y el roce lascivo, el acoso del jefe a las empleadas, el uso de las redes sociales para difundir imágenes y videos sin consentimiento. El catálogo de ofensas es grande. La más abominable es la violencia feminicida, que llega a asesinar a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Aún más grave es que en la inmensa mayoría de los casos, el abuso, el acoso, la violación y el feminicidio son perpetrados por personas conocidas, pertenecientes al círculo familiar o cercano.

¿Qué es lo que hay en el fondo de estas agresiones a las mujeres? Muchos años de profunda desigualdad normalizada. Una cultura que invisibiliza a la mujer, que la reduce a la condición de objeto, negándole la dignidad de persona poseedora de derechos y entre nosotras las más expuestas sin duda son aquellas que viven una situación económica más desfavorable. Ángela Davis dijo hace varias décadas que el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas.

La desigualdad se transmite de generación en generación de muy diversas formas, repitiendo visiones estereotipadas sobre los papeles que deben desempeñar las niñas, las jóvenes, las mujeres adultas, las abuelas, como por ejemplo la idea de que sólo la mujer debe hacerse cargo del mundo doméstico y de los cuidados de la familia, y que al hombre le corresponde ser el proveedor. De esa forma, las mujeres trabajadoras tienen una doble jornada. Como ésta, existe una cadena decostumbresque marginan, cosifican, lastiman y normalizan la exclusión, la desigualdad y la violencia.

Aunque perduran violencias, la lucha de las mujeres tiene décadas y ha conquistado derechos. Retomo de nuevo mi caso personal. Provengo de una familia de clase media, de madre y padre profesionistas. Mi madre abrió brecha como lo hicieron muchas mujeres de su generación. Para mí y para mi hermana, estudiar al igual que mi hermano fue parte de la conquista de mi madre. Muchas mujeres de esa generación abrieron el debate feminista y conquistaron para nosotras el derecho al estudio, al trabajo, a la participación política, consiguieron derechos laborales para madres trabajadoras e incluso el derecho a la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, hay muchas mujeres que no tuvieron la posibilidad de estudiar.

¿Qué debe hacerse para atender las desigualdades que se traducen en violencias? 

Desde mi perspectiva hay al menos seis ejes de acción:

 1) Cambios en la legislación que promuevan una vida libre de violencias contra las mujeres, así como el establecimiento de sanciones en el Código Penal que dejen claro que la sociedad considera delitos graves la violencia física y sexual hacia las mujeres; 

2) Acceso a la seguridad y a la justicia para las mujeres y capacitación con perspectiva de género y derechos humanos a policías y ministerios públicos; 

3) Condiciones para disminuir al máximo la violencia en el transporte y en el espacio públicos; 

4) Crear un sistema de protección que atienda a las mujeres en situación de violencia; 

5) Programas que promuevan la autonomía económica de las mujeres, fortaleciendo la libertad que da la capacidad de las mujeres de valerse por sí mismas, y 

6) Educación, cultura y acciones para fortalecer a las niñas y a las mujeres en sus decisiones y formar a los niños y a los hombres en masculinidades alejadas del machismo.

Este es el marco de educación, acceso a la justicia y derechos en el que trabajamos en el Gobierno de la Ciudad, con la plena convicción de hacer todo lo que esté en nuestras manos para erradicar la violencia y promover la igualdad. Por supuesto, el debate está abierto para construir más líneas de trabajo.

Dicho esto, la lucha de las mujeres por la igualdad no puede aislarse de la lucha por una sociedad más justa, por los grandes derechos sociales y humanos. Hemos padecido un modelo económico y social que dejó heridas profundas. Un modelo que al considerar la educación y la salud como mercancías afectó a toda la sociedad, pero especialmente a las y los que menos tienen; que al precarizar el trabajo y reducir el ingreso dejó a hombres y mujeres en una condición de cada vez mayor desamparo; que al elevar a rango de guerra la lucha contra el narcotráfico no tuvo consideración alguna con familias enteras. Un modelo que profundizó las desigualdades económicas y que condenó a millones a la pobreza. Un modelo que al colocar en el centro el dinero, el poder de la fuerza y a la mujer como objeto, negó la dignidad de todas las personas y desvaneció la solidaridad, la justicia y el amor como valores.

Ningún proyecto de ciudad es sólo para las mujeres, pero ningún proyecto de ciudad puede construirse al margen de las mujeres. Estoy convencida de que el movimiento al que pertenezco y sus dirigentes tienen esta convicción y que esto contrasta con otras orientaciones políticas que nunca han defendido los derechos de las mujeres y que han antepuesto sus creencias, privilegios, prejuicios e intereses económicos a los del bienestar general.

Termino esta reflexión con el convencimiento de que las luchas sociales tienen más que ganar cuando son pacíficas y convencen por la vía del debate, la razón y el entendimiento, que cuando se imponen por la vía de la violencia y la destrucción. Las luchas por una vida digna se construyen educando y conquistando conciencias, convenciendo, no doblegando.

El cambio es profundo, la construcción de la democracia y la justicia para todos y todas requiere un cambio de modelo y por eso estoy segura que hoy camina. En ello, la participación viva y activa de mujeres y hombres es trascendental.

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

A las víctimas de violencia sexual les debemos todo

                 Violencia Machista & Violencia Sexual
Fuentes: www.publico.es
Sobre la Violencia Sexual como la forma más extrema de Violencia de Género
En este tiempo, me he encontrado con más de una mujer que se ha sentido aliviada cuando le hemos dicho (o le he dicho de forma personal): «lo que te ha pasado es violencia sexual». A veces, la violencia sexual es evidente. Otras, no tanto, cuando se ejerce de forma online o cuando tenemos asumido (incluso entre nosotras) el mensaje de «accede, no seas una mojigata, mira que eres estrecha…». Sólo cuando pones nombre y apellidos a lo ocurrido, asumir que eso no fue normal sino una agresión frente a tu consentimiento e intimidad, puedes empezar el proceso de recuperación. Por eso es tan importante el reconocimiento, y por eso es prioritario y urgente el desarrollo de la ley de libertades sexuales.
Porque la violencia sexual impregna todo. Desde su máxima normalización dentro de las relaciones de pareja, donde suceden violaciones que sus víctimas no denuncian por las circunstancias, al hecho de que las mujeres que han sufrido violaciones y agresiones sexuales se han visto marginadas por el sistema.
Ellas no han sido reconocidas por ley como víctimas de violencia machista. Ellas no han tenido la misma red de asistencia ni apoyo. Ellas han sido las más juzgadas e incomprendidas porque la cultura de la violación y sus mitos siguen ahí. Todo ello, en un contexto donde las violaciones grupales han aumentado, porque violar se ha normalizado hasta considerarse un acto de ocio, porque nos ven como objeto y carne, no como personas.
Por eso a estas mujeres se les debe una ley a la altura de las circunstancias, porque vamos ya tarde. Debe ser un aviso a los agresores, una alerta de que ya no hay silencio ni impunidad. Que esto se acabó. Porque hemos llegado a 2020 con un convenio de Estambul firmado por el Estado español y sin aplicarse. Porque justo por ese retraso se ha sometido a víctimas como la de La Manada, y a otras, a luchar y luchar en los tribunales a más altas instancias lo que otros les negaban: su palabra y su reconocimiento.
Por no cumplir con nuestra obligación como Estado se ha estado desatendiendo a estas víctimas, por no reconocer la violación en base al consentimiento, que sí se ha había hecho ya en otros países europeos. Por no cumplir hemos abierto debate en algo que no lo tiene porque está recogido en el Convenio, y hemos tenido que soportar declaraciones vomitivas como «¿ustedes dicen sí sí hasta el final?», en palabras de Cateyana Álvarez de Toledo. Y todo esto, por esa normalización cotidiana que impregnan todas nuestras violencias, porque «así ha ocurrido toda la vida».
Sólo porque estas víctimas han hablado y solo porque estas mujeres agredidas han denunciado, el sistema político ha empezado a ponerse las pilas. El informe sobre violencia sexual de Amnistía Internacional ya alertaba de que todas las mujeres víctimas de su estudio afirmaban que no volverían a denunciar, si hubiesen sabido lo que les iba a acarrear. Y eso un Estado democrático no lo puede permitir.
Y luego, les queda el proceso de recuperación, en un Estado que tampoco ha cumplido como debe, considerándolas víctimas de segunda. No tiene justificación que el Ministerio de Hacienda haya rechazado el 84% de las ayudas de terapia a víctimas de delitos sexuales entre 2000 y 2018, y hablamos de unas ayudas que no superan ni los 800 euros para tratamiento psicológico. Y ojo, porque si ya el hecho de convivir con esa situación es doloroso, el sistema te pide que además adjuntes un  «informe médico forense que acredite que existe daño mental» (vaya a ser que te lo inventes), porque ya sabemos a que a nosotras, a las mujeres, no nos creen con solo nuestro testimonio.
Necesitan ayuda las 24 horas (como se prevé en la ley), pero necesitan que no se las margine y que, como indica el convenio de Estambul, esos agresores cumplan con programas de terapia específicos, o al final llenaremos la cárceles de agresores que al salir seguirán violando, y entrarán otros nuevos que no han sido educados en el NO violar.
Los machistas podrán seguir pataleando, podrán seguir mostrando su rabia e ignorancia sobre el consentimiento y negando las agresiones sexuales. Pero que no se nos olvide la motivación de esta ley, porque a las víctimas de violencia sexual le debemos todo.

Vive violencia, va a prisión y le ordenan pagarle a su agresor

justicia04cmdpdhorg

Ciudad de México. El sistema de justicia mexicano, en Baja California, juzgó y encarceló durante 13 años a Blanca, una mujer indígena, migrante y con una condición de discapacidad, a la que no le garantizó un traductor, una defensa adecuada, ni ninguna consideración como víctima de violencia de género. 
Ahora, con el acompañamiento de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal A.C), Blanca consiguió su libertad condicional, pero el Estado no le ha brindado oportunidades para escapar del círculo de violencia en el que estaba cuando cayó en prisión.  
Blanca es una mujer indígena y con una discapacidad física en la pierna izquierda que le impide desplazarse. Ella nació en Michoacán, pero cuando fue encarcelada estaba a casi tres mil kilómetros de distancia de ese estado, pues para entonces migró a San Quintín, Baja California, donde vivía con una pareja que se convirtió en su única red familiar y en el perpetrador de varias formas de violencia contra ella. 
A Blanca se le acusó en 2007 de homicidio en razón de parentesco tras la muerte de su hija recién nacida. La niña se cayó accidentalmente. Fue su pareja quien llevó a la niña, todavía con vida, al Hospital General de San Quintín. Al morir, el personal médico avisó a las autoridades para que iniciaran una investigación contra la madre y el padre.
Sin Blanca presente, su pareja la acusó de haber causado la muerte de la menor de edad. El Juzgado de Primera Instancia de San Quintín decidió, sin tomar en cuenta el contexto de violencia, encarcelar a Blanca por 21 años y 10 meses de prisión y pagar a su esposo 39 mil pesos para la reparación del daño. 

Cadena de omisiones 

En esta caso hay una ausencia total de un juzgamiento con perspectiva de género y hay criminalización y violencia institucional de la que Blanca fue víctima desde el momento de su detención hasta que consiguió su libertad provicional; todo esto derivado de una discriminación constante por ser mujer y por ser indígena, explicaron en entrevista con Cimacnoticias, Verónica Garzón, de incidencia; Alfredo Utreda, defensa legal de Blanca; y Diego Martínez, de asuntos jurídicos de Asilegal. 
La policía de San Quintín detuvo a Blanca el 22 de marzo de 2007 y la presentó ante el Juzgado inicialmente por el delito de lesiones, pero después la acusación se reclasificó como homicidio agravado por razón de parentesco. 
Como consta en el expediente que revisó Asilegal, aunque Blanca no es originaria de un pueblo indígena en Michoacán y no sabía leer ni escribir, nadie le brindó servicios de traducción durante todo el proceso de enjuiciamiento, ni una defensa técnica y adecuada que le permitiera entender de lo que se le estaba acusando. 
Cuando fue detenida, Blanca relató a la autoridad judicial que la caída de la niña sucedió en un contexto de violencia física y emocional que ejercía su pareja contra ella y contra la hija de ambos. Tres testigos que fueron citados por el Juzgado confirmaron los dichos de Blanca y aseguraron que presenciaron, más de una vez, que el esposo agredió físicamente a la niña.   
El juzgado decidió desechar estas pruebas bajo el argumento de que “no abonaban ni se relacionaban con los hechos” y sólo dio valor probatorio a las declaraciones del esposo de Blanca, a quien condenó a 20 años de prisión en un Centro Penitenciario en la cabecera de Ensenada, a cuatro horas de distancia de su hogar en San Quintín. 
Pese a las pruebas de violencia de género que forman parte del expediente de Blanca, la autoridad judicial no informó a otras autoridades para que investigaran también a la pareja de ella. Durante sus años en prisión, Blanca no recibió ninguna visita porque, tras la acusación, decidió romper el vínculo con su pareja para que no pudiera molestarla.  
El caso de Blanca podría tratarse de un patrón. De acuerdo con Asilegal.  se tiene documentado que en Baja California prevalecen patrones de violencia y de discriminación hacia las mujeres acusadas de delitos. 
“En todos los casos y todos los delitos, las mujeres han sido víctimas de manera desproporcionada de los sistemas punitivos estatal: tortura y malos tratos, violencia institucional, sentencias con carga o prejuicios de género; jueces castigan a las mujeres por no haber cumplido con su rol como mujer”, observó Verónica Garzón. 
Asilegal, dedicada a la defensa de las personas en situación de reclusión, conoció a Blanca hasta 2019, mientras hacía brigadas judiciales en los centros penitenciarios. Tras conocer su caso, decidió buscar un beneficio preliberatorio, un derecho reconocido en la Ley Nacional de Ejecución Penal para las personas acusadas bajo el antiguo sistema penal.
El pasado enero de 2020, tras cumplir 13 años de prisión, Blanca obtuvo su libertad condicionada, lo que le permitió salir de la cárcel siempre que cumpliera una serie de condiciones: un antidoping periódico, presentar una carta de trabajo de una actividad lícita y comprobar que su domicilio sigue siendo el mismo. También debía cumplir la reparación del daño de 39 mil pesos, lo que se resolvió luego de que Asilegal buscó a su pareja y éste decidió renunciar a la reparación. 
Para obtener el beneficio preliberacional, Blanca también debía demostrar que tendría un trabajo remunerado, lo que es una posibilidad limitada para ella por su condición de discapacidad. Al respecto, Asilegal y Blanca argumentaron que las tareas de cuidados y limpieza no remuneradas que ella llevaría  a cabo dentro de su hogar tenían el mismo valor social que cualquier trabajo pagado. 
Sin embargo, el Estado no le garantizó a Blanca una serie de servicios y condiciones postpenitenciarios que evitaran que ella regresara al entorno de violencia en el que estaba, y del que informó a las autoridades judiciales, antes de entrar a prisión.
Por ello, una vez fuera de la cárcel, luego de 13 años de reclusión y lejos de su entidad natal, Blanca regresó a vivir con la misma pareja que en el pasado la agredió. Aunque ella desea regresar a Michoacán, las propias condiciones de arraigo la obligan a comprobar un domicilio y no salir de San Quintín hasta que termine su condena. 
“¿Cómo esperamos que Blanca se reinserte en la sociedad si no existen los medios y el Estado no es capaz de garantizarle los medios para subsistir de una manera independiente tanto económica, como social, y en todos los sentidos para una vida libre?”, observó Asilegal.