CEDAW dictamina contra Cefereso 16. Violó derechos de 22 mujeres privadas de su libertad

 Lizbeth Ortiz Acevedo 

.-Ciudad de México.- Cimacnoticias ha documentado la situación de violencia, tortura así como tratos crueles e inhumanos contra las mujeres internas del Centro Federal de Rehabilitación Social n.º 16 (CEFERESO 16) y la Organización de las Naciones Unidas, criticó a esta prisión por violar los derechos de 22 mujeres detenidas, según determinó el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Les temas en los que se pronunció la CEDAW son: uso desproporcionado de la prisión preventiva oficiosa (automática), falta de contacto de mujeres privadas de libertad, con sus familiares y falta de acceso a atención médica para mujeres privadas de libertad.

Esta no es la primera vez que un organismos de derechos humanos se pronuncia sobre el tema. Por ejemplo, en 2023, tras el presunto suicidio de 12 mujeres internas del Cefereso 16, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que se destacó la falta de medidas adecuadas para garantizar el acceso a la salud en ese lugar.

En febrero del 2025 Cimacnoticias publicó la investigación Prisión feminicida mexicana, ahí se relataron las violaciones a derechos humanos contra mujeres reclusas del Centro Federal de Readaptación Social femenil número 16 en el estado de Morelos, único centro penitenciario federal para mujeres en México y es considerado uno de los más grandes en América Latina. 

Según datos del Gobierno de México del 9 de diciembre del 2024, la empresa asociada al adjudicatario del Cefereso 16 es Capital Inbursa cuyo propietario es el empresario Carlos Slim.

Hoy, la ONU señala contra este Cefereso

«El uso obligatorio y prolongado de la prisión preventiva oficiosa (automática) para determinados tipos de delitos en México, junto con la falta de atención médica específica según su género y de garantías de proximidad a las familias en la única prisión federal para mujeres del país, violó los derechos de 22 mujeres detenidas».

El Comité hizo publico su dictamen tras examinar un caso presentado por 22 mujeres detenidas en prisión preventiva en el Cefereso 16, algunas de ellas desde 2009.

Los cargos contra ellas están relacionados con el crimen organizado. Según la Constitución mexicana, estos delitos requieren la prisión preventiva oficiosa (automática) en la fase de imputación. Sin embargo, años después, la mayoría de los procedimientos no han avanzado y no han tenido audiencias relevantes en los tribunales federales, mientras que tres de ellas fueron absueltas en 2023-24, más de 10 años después.

«Estas mujeres han permanecido en prisión preventiva durante un período excesivamente prolongado, algunas de ellas durante más de 15 años, sin que se revisara adecuadamente la medida de detención y sin que se evaluara, desde una perspectiva de género, su impacto desproporcionado sobre ellas como mujeres», afirmó Erika Schläppi, miembro del Comité.

Según la información presentada al Comité, el número de mujeres en prisión preventiva oficiosa en México aumentó un 10,3 % en los primeros seis meses de 2020, en comparación con el aumento del 1,9 % en el caso de los hombres. En general, el 51,7 % de las mujeres detenidas se encontraban en prisión preventiva oficiosa a nivel federal en 2020, en comparación con el 41,34 % de los hombres.

En este mismo informe el organismo señala que el Cefereso 16 carece de personal médico continuo y permanente, incluidos médicos generales, ginecólogos, psiquiatras y pediatras, necesarios para la atención de las mujeres detenidas.

Además, confirmaron el aislamentio, porque determinar que la mayoría de las mujeres detenidas no reciben visitas de sus familias, ya que estas viven lejos y carecen de recursos económicos.

Víctimas

El Comité recibió testimonios escritos de las 22 peticionarias. Entre ellos, Patricia Melo Tapia, quien, según sus familiares, fue puesta en prisión preventiva oficiosa tras su detención en junio de 2011. Padecía gastritis y colitis y solicitó un traslado que permitiera a su hija visitarla más fácilmente, pero se le denegó.

A pesar de las reiteradas peticiones de su abogado para que recibiera el tratamiento médico adecuado, falleció en 2020 a causa de un shock séptico no tratado, insuficiencia hepática aguda y un probable cáncer de ovario.

Ivonne Hernández Carbajal, detenida en septiembre de 2012, alegó que ella y sus dos hijos adolescentes fueron torturados en el momento de la detención. Posteriormente, ambos hijos fueron internados en instituciones y ella afirmó que no había recibido visitas durante ocho años. También describió años de alergias e insomnio sin tratar.

Las peticionarias presentaron su denuncia ante el Comité, alegando que México había violado sus derechos en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y afirmaron que se habían visto afectadas de manera desproporcionada por las políticas públicas y la legislación.

En sus conclusiones, el CEDAW sostuvo que la prisión preventiva oficiosa en México en este caso era el resultado tanto de disposiciones legales como de prácticas judiciales arraigadas que imponen la medida de forma automática, sin evaluar las circunstancias individuales, lo que violaba el principio de proporcionalidad y «excluía injustificadamente» a las mujeres de medidas alternativas o atenuantes.

El Comité también consideró que la prisión preventiva prolongada tenía efectos desproporcionados en las mujeres, especialmente en lo que respecta a su capacidad para mantener el contacto con sus familias. El Comité advirtió además que las reformas constitucionales de 2024 y 2025 habían agravado este problema estructural al ampliar los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa y restringir la revisión judicial significativa de su necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.

El Comité también señaló que México no refutó las denuncias específicas de atención médica inadecuada y consideró que el hecho de que los centros de detención no atendieran las necesidades específicas de las mujeres constituía una discriminación.

«Estas mujeres detenidas se enfrentan a una discriminación estructural debido a la falta de medidas alternativas atenuantes que tengan en cuenta las cuestiones de género, como consecuencia de la incapacidad del Gobierno para atender sus necesidades específicas y de la ausencia de mecanismos eficaces con enfoque de género apara la revisión de las decisiones relacionadas con las prisiones», afirmó Schläppi.

El Comité pidió que se concedieran reparaciones integrales y adecuadas, incluida una indemnización económica a las 22 víctimas.

Instó a México a que, con carácter urgente, garantizara una atención médica y psicológica especializada y adaptada a sus necesidades.

En consonancia con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otros contra México, el Comité también pidió a México que modificara las disposiciones constitucionales y legislativas y eliminara la prisión preventiva oficiosa obligatoria, que tiene un efecto desproporcionado en las mujeres, y que revisara las medidas cautelares de las demandantes desde una perspectiva de género, incluidas las responsabilidades de cuidado, con el fin de poner fin a la prisión preventiva oficiosa siempre que fuera posible y sustituirla por alternativas no privativas de libertad.

También instó al Estado parte a adoptar medidas urgentes para mitigar los daños causados por la detención prolongada, entre otras cosas facilitando los traslados a centros más cercanos a las familias, teniendo en cuenta las consideraciones de género y el papel de las mujeres como principales cuidadoras.

MESECVI rechaza ley que elimina la figura del feminicidio en Perú

 La Redacción 

.-Washington, D.C.- El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (MESECVI) expresó su profunda preocupación y rechazo frente al Proyecto de Ley N°10342, actualmente en trámite en el Congreso de la República del Perú, que propone eliminar la figura penal del feminicidio y sustituirla por la de “asesinato de pareja”.

Dicha iniciativa, de ser aprobada, comprometería el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado peruano en virtud de la Convención de Belém do Pará y de otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, afirmó el organismo.

Hay que señalar que el Comité de Expertas es el órgano técnico del MESECVI, responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención de Belém do Pará. Está integrado por Expertas independientes, designadas por cada uno de los Estados Parte entre sus nacionales, quienes ejercen sus funciones a título personal.

Fueron precisamente quienes señalaron que ha tenido conocimiento, a través de la preocupación manifestada por organizaciones de la sociedad civil y otras actorías relevantes, así como de información difundida por medios de comunicación, de que la iniciativa en discusión propone una redefinición sustancial del delito de feminicidio, al reemplazarlo por una figura penal limitada a los asesinatos cometidos en el marco de relaciones de pareja, eliminando la referencia a la muerte violenta de mujeres por razones de género y excluyendo supuestos comprendidos en la tipificación vigente.

Detallaron que el CEVI observa con especial preocupación que los cambios legislativos propuestos debilitarían las capacidades estatales para prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar la muerte violenta de mujeres y niñas.

Asimismo, afectarían o impedirían el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y sus familiares y podría favorecer la impunidad de los responsables de actos de violencia contra las mujeres. También comprometería la capacidad del Estado para producir información especializada, formular políticas públicas basadas en evidencia y desarrollar respuestas oportunas e integrales frente a la violencia contra las mujeres.

En este sentido, el Comité recordó que la Convención de Belém do Pará, de la cual el Perú es Estado Parte, reconoce que la violencia contra las mujeres puede ocurrir tanto en el ámbito privado como en el público y en cualquier relación interpersonal, en la comunidad o incluso ser perpetrada o tolerada por el Estado.

De igual modo, los artículos 7 y 8 obligan a los Estados a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, así como a adoptar medidas progresivas que eviten retrocesos en su protección.

Frente a ello, el CEVI enfatizó que la protección de los derechos humanos en general y en específico los derechos de las mujeres, es de carácter evolutivo; retroceder en la tipificación del femicidio/feminicidio llevándolo al ámbito privado, implica el incumplimiento de dicho carácter.

Desde su Declaración sobre el Femicidio de 2008, el Comité recordó que:

«Los femicidios/feminicidios constituyen la manifestación más grave de discriminación y violencia contra las mujeres y los definió como la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que ocurra en el ámbito privado, en la comunidad o sea perpetrada o tolerada por el Estado. Asimismo, ha sostenido que su reconocimiento jurídico constituye una herramienta fundamental para visibilizar esta forma específica de violencia, combatir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia para las mujeres y sus familias».

En la misma línea, la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio), desarrollada por el Comité de Expertas, reconoce la importancia de tipificar el feminicidio como parte de la respuesta integral frente a esta forma de violencia. Asimismo, subraya que la tipificación penal no resulta suficiente por sí sola, sino que debe ir acompañada de políticas públicas y acciones estatales coordinadas e intersectoriales orientadas a su prevención, atención, investigación, sanción y reparación.

Por todo lo anterior, el Comité de Expertas hizo un llamado a las autoridades del Estado peruano y, en particular, al Poder Legislativo, a preservar y consolidar los avances alcanzados en materia de tipificación del feminicidio y a continuar fortaleciendo las respuestas integrales dirigidas a prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar esta forma de violencia que atenta contra los derechos humanos de mujeres y niñas.

El Comité reafirma que la prevención y erradicación del feminicidio requiere fortalecer las capacidades estatales y los marcos normativos e institucionales desarrollados para garantizar una respuesta efectiva frente a esta forma extrema de violencia contra las mujeres.

A 20 años del caso Atenco, acuerdo reparatorio estancado

 Escrito por Lizbeth Ortiz Acevedo 

Foto: César Martínez López.- Ciudad de México.- En este 2026 se cumplen 20 años de la represión contra el pueblo de San Salvador Atenco en el estado de México, hechos que ocurrieron el 3 y 4 de mayo del 2006, tiempo en el que gobernaba el ex presidente Enrique Peña Nieto, un hecho que generó violaciones sistemáticas a derechos humanos contra ese pueblo de floricultores y un caso emblemático conocido a nivel mundial el cual está a la espera de justicia, verdad y dignidad para las 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual durante aquel operativo y avances en el acuerdo reparatorio.

Es necesario precisar que estos hechos no fueron perpetrados solamente contra estas 11 mujeres, fueron casi 50 mujeres quienes enfrentaron esta tortura sexual, pero decidieron no continuar con la denuncia ante el Sistema Interamericano.

Quienes siguieron el caso ante el Sistema Interamericano son: Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

En este 2026, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), una de las organizaciones que acompaña el caso, denunció «indolencia» del Estado mexicano y estancamiento en el acuerdo reparatorio tras el fallo contra el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el cual fue hace ocho años.

Fue un 28 de noviembre de 2018, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaró la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra las 11 mujeres, incluyendo detenciones arbitrarias; tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la justicia.

La Corte IDH ordenó al Estado mexicano investigar y sancionar a todos los responsables de estos hechos a todos los niveles; fortalecer su mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres y crear un observatorio independiente de las fuerzas policiales a nivel federal y del Estado de México, así como brindar medidas de atención y rehabilitación a las mujeres. Acciones que tampoco han sido cumplidas.

Hasta ahora las sobrevivientes no tienen acceso a la atención médica y psicológica y la adecuada implementación de garantías de no repetición, esto fue compartido ante una audiencia virtual de supervisión de cumplimiento ante la Corte IDH.

Además de implementar las medidas reparatorias, el Estado mexicano no ha coordinado a las instituciones responsables de hacer cumplir la sentencia de la Corte IDH como la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Guardia Nacional.

Tras la sentencia de la Corte IDH, el caso Atenco no cuenta con avances en la investigación. Frente a la falta de trabajo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), las sobrevivientes interpusieron acciones legales en el fuero local y federal. Centro Prodh señala que no hay un plan sobre el operativo en su conjunto que investigue a toda la cadena de mando, por lo que la impunidad persiste.

Sobrevivientes de Caso Atenco, denuncian impunidad en audiencia ante la Corte IDH – cimacnoticias.com.mx

Recordemos que la Corte Interamericana también ordenó al Estado mexicano una investigación para esclarecer los hechos en un «plazo razonable» y sancionar los distintos grados de responsabilidad, pero han transcurrido ocho años de esto.

A su vez, solicitó proporcionar medidas frente a las omisiones de los funcionarios estatales que negaron justicia en el caso y pedir la reparación integral a las sobrevivientes, fortalecer un mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres, crear un observatorio de las fuerzas policiales a nivel federal y en el estado de México, así como brindar medidas de atención y rehabilitación.

A 20 años de la represión de Atenco el Estado mexicano no ha acatado las medidas de reparación y señalar a los responsables.

El Centro Prodh explica que la implementación del observatorio de uso de la fuerza se sigue negando, el fortalecimiento al Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual es «nulo» y que las medidas individuales de atención y rehabilitación no se cumplieron cabalmente.

«El Estado mexicano mantiene un paso lento en liquidar su deuda en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos de las mujeres, al tiempo que se mantienen vigentes las problemáticas que derivaron en la sentencia: la persistencia de la tortura sexual, la impunidad en la comisión de graves violaciones a derechos humanos y el abuso de la fuerza.» -Centro Prodh.

Los hechos

Recordemos que en aquel 2006 existía un conflicto entre el gobierno federal y pobladores de Texcoco y San Salvador Atenco en el estado de México quienes luchaban por evitar la construcción del aeropuerto alterno a la Ciudad de México en esa zona.

La tensión escaló hasta el punto en que 700 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y mil 815 agentes municipales y estatales implementaron un operativo contra activistas y personas solidarias con el proceso social del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que apoyaban a los floristas pero aquel 3 y 4 de mayo, las fuerzas del orden, irrumpieron con uso excesivo de la fuerza en los poblados y comenzaron las detenciones arbitrarias y las torturas.

Los mandos policiacos desplegados en los operativos aprovecharon la detención de 47 mujeres para cometer tortura sexual, físicas, amenazas contra ellas y sus familias. Un total de 26 mujeres detenidas en el Centro de Prevención y Readaptación Social (CERESO) Santiaguito de Almoloya de Juaréz denunciaron violencia al ingresar al penal.

En dicho operativo de hace dos décadas, dos jóvenes perdieron la vida: Francisco Javier Cortés Santiago de 14 años y Ollin Alexis Benhumea de 20 años.

Organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) documentaron las denuncias. Del total de autoridades desplegadas que participaron en los hechos, solo 21 policías estatales fueron consignados por abuso de autoridad, pero los dejaron en libertad junto con el policía condenado por delito no grave en contra de una de las mujeres agredidas de forma sexual.

Sheinbaum

Durante el 4 de mayo de este 2026, en la presentación del Plan de Justicia para Atenco y la Montaña, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a «nunca más» repetir otro episodio de represión como el que se vivió hace dos décadas en el estado de México.

Esta no es la primera vez que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se postula sobre los hecho de Atenco. Durante el 19° aniversario de la represión, se comprometió a retomar el Plan de Justicia para San Salvador Atenco propuesto en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Parte de su estrategia consiste en la declarar el Área Natural Protegida para Atenco, devolver 54 hectáreas de tierra y entregar de 54.5 hectáreas de ejido a campesinas y campesinos.

Ante la magnitud de este episodio con violaciones a derechos humanos, la presidenta Sheinbaum se comprometió a que «nunca más» una policía o elemento de la Guardia Nacional reprimiría al pueblo de México, pero de nueva cuenta dejó de lado a las 11 mujeres que esperan que el Estado mexicano cumplan con las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH.

7 fallos contra Estado mexicano y la violencia hacia mujeres persiste – cimacnoticias.com.mx

CIMAC Foto

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Sobrevivientes de Caso Atenco, denuncian impunidad en audiencia ante la Corte IDH

 Escrito por La Redacción 16 abril, 2026

A casi 20 años de los actos de tortura sexual en el caso Mujeres de Atenco, las sobrevivientes denunciaron la indolencia del Estado en su renuencia por cumplir con las medidas ordenadas por la Corte Interamericana. 

• El “Tiempo de mujeres” solo arriba cuando se combate la impunidad y se erradican todas las formas de violencia contra las mujeres, incluída la tortura sexual.

Ciudad de México.- A casi 20 años de los hechos de represión el 3 y 4 de mayo del 2006, que derivó en detenciones arbitrarias, tortura y tortura sexual en Atenco, y tras 8 años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitiera su sentencia en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México, las sobrevivientes participaron en una audiencia virtual de supervisión de cumplimiento y denunciaron que prevalece la impunidad en el caso, indolencia en su garantía de acceso a la atención médica, psicológica, así como una inadecuada implementación de garantías de no repetición.

En un comunicado emitido por las sobrevivientes señalaron que esta situación habilita la prevalencia de la práctica de la tortura sexual y otras violaciones graves a derechos humanos.

A casi 20 años de los hechos de represión en San Salvador Atenco, en el estado de México, donde se cometieron graves violaciones a Derechos Humanos contra mujeres de esa comunidad, al ser sometidas a tortura sexual por parte de agentes de seguridad estatal y federal el caso se mantiene en impunidad y al agotar todas las instancias legales en el país, las sobrevivientes buscaron al Sistema Interamericano para buscar verdad y justicia.

Los hechos

En 2006, San Salvador Atenco fue el escenario de la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes se oponían a la expropiación de sus tierras para la construcción del Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. El conflicto escaló.

Fue el 3 de mayo cuando inició una disputa entre vendedores de flores de San Salvador Atenco y policías municipales. El conflicto escaló hasta la ejecución de un operativo conformado por mil 815 policías estatales y 628 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), quienes enviados por el entonces gobernador, Enrique Peña Nieto, buscaban ponerle fin al movimiento de protesta. Durante el operativo se detuvieron arbitrariamente a más de 200 personas.

De las mujeres aprehendidas declararon haber sido torturadas sexualmente por parte de elementos policiales al momento de su detención y traslado; 11 de ellas iniciaron un proceso ante el Sistema Interamericano que concluyó con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de noviembre de 2018.

El caso de Atenco, consolida a México como un país que tortura mujeres privadas de su libertad, a través de agentes del Estado.

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio a conocer el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México. A partir de las mil 280 entrevistas realizadas en el estudio a mujeres privadas de la libertad en 66 penales del país, el documento revela que siete de cada 10 mujeres fueron víctimas de violencia en algún momento de su proceso judicial.

Se debe recalcar que este Diagnóstico forma parte del resolutivo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia emitida el 28 de noviembre de 2018 contra el Estado mexicano por las 11 mujeres sobrevivientes víctimas de tortura sexual en el caso de San Salvador Atenco, estado de México.

En este diagnóstico se informó que 7 de cada 10 mujeres vivieron algún tipo de violencia, incluida la tortura sexual en diferentes etapas de su proceso: ya sea en su arresto, traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo, estancia en centro de reclusión o la etapa de juicio.

La audiencia ante la Corte

La audiencia fue convocada por el Tribunal Interamericano para escuchar de las víctimas, sus representantes y el Estado mexicano para conocer cuál es el nivel de cumplimiento de las medidas ordenadas como reparación.

Como señalaron las mujeres, acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), persisten omisiones y obstáculos para la implementación de las reparaciones, adicionalmente existe falta de coordinación entre las instituciones responsables de cumplir con la sentencia, particularmente entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), así como la falta de colaboración de la Guardia Nacional.

Recordaron que si bien en 2019 se instaló una mesa de alto nivel para cumplir con el fallo, esta no se sostuvo en el tiempo. 

A detalle sobre las medidas incumplidas, las mujeres expusieron ante las juezas y jueces que a la fecha no ha habido avances en la investigación a cargo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

Las sobrevivientes tuvieron que interponer acciones legales frente a la fragmentación de las investigaciones en el fuero local y federal, sin que a la par la fiscalía federal generara un plan de investigación integral que abordara el operativo en su conjunto e investigara la cadena de mando, por lo que la impunidad estructural persiste.

Además, resaltaron las omisiones de la FEVIMTRA en garantizarles su derecho a participar y ser informadas sobre la investigación, que se suman a su actuación deficiente al presentar en reiteradas ocasiones solicitudes de órdenes de aprehensión con múltiples falencias y que no atienden el marco fáctico constatado por la Corte IDH, al no incluir la responsabilidad de mandos superiores. 

«El Estado no ha cumplido con su responsabilidad de investigar y juzgar a los responsables y el caso permanece en impunidad. Nunca nos ha presentado un plan de investigación pese a que lo hemos solicitado de manera reiterada. No ha garantizado la información y nuestro derecho a coadyuvar. Las acusaciones por la Fevimtra presentan errores, los cuales hemos señalado. Ustedes escucharán supuestos avances, pero esto no es así. Es importante que haga una resolución que tome en cuenta las exigencias y se marque el camino a seguir para su cumplimento”, expresó Edith Rosales, una de las mujeres sobrevivientes, durante su intervención. 

Las sobrevivientes también evidenciaron la indolencia y negligencia que han tenido que enfrentar para recibir un tratamiento médico y psicológico a cargo de la CEAV, apuntando múltiples eventos de revictimización, especialmente por la falta de coordinación interinstitucional, el acceso oportuno a medicamentos y complejidades en los procesos administrativos, que no ponen al centro las necesidades de las víctimas sino de las instituciones, generando una carga para ellas, y que cuestionan la verdadera garantía de un servicio prioritario y gratuito, como fue ordenado por el Tribunal regional.

“Al recibir la sentencia de la Corte estábamos convencidas que sería una oportunidad para abrir un camino de justicia no sólo para nosotras, sino para otras mujeres que permanecen en prisión, sin acceso a acompañamiento, justicia o atención médica y psicológica (…). El Estado ha tenido 20 años para esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades, generar mecanismos para evitar la repetición de los hechos a múltiples escalas (…). Después de 20 años seguimos pidiendo algo que debería ser una certeza para todas las mujeres: seguridad, un trato digno y una vida libre de violencia para todas las mujeres”, añadió Norma Jiménez durante la audiencia virtual. 

En cuanto a las garantías de no repetición, las mujeres y las organizaciones acompañantes expusieron que si bien se han registrado acciones en torno al mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual, el mismo no ha logrado modelos de actuación para el seguimiento y atención a los casos que se le presentan.

Se destacó que la próxima emisión de un segundo Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual en el país será de la mayor relevancia para conocer más sobre la persistencia de la práctica y las acciones de las instituciones respecto de la misma.

Escrito en el cuerpo: esterilizaciones forzadas en Perú

 By Resumen Latinoamericano 

Por Laura Rosso. Latfem. Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2026

Con el cuerpo como campo de batalla y la escritura como herramienta de denuncia, esta investigación recorre los testimonios de mujeres rurales que sobrevivieron al plan de ligaduras sin consentimiento en el Perú de los 90. Bajo el gobierno de Alberto Fujimori, cerca de 300.000 mujeres peruanas —en su mayoría campesinas e indígenas— fueron sometidas a esterilizaciones forzadas. Tras años de un silencio impuesto por el trauma y el desprecio sistémico, hoy se organizan en una red de resistencia para transformar sus cicatrices en un reclamo colectivo de verdad, justicia y reparación.

¿Qué es un cuerpo? Un cuerpo es más que sólo un cuerpo. En él, late la curiosidad de la vida y respiran también las huellas del olvido y la violencia. El cuerpo guarda las memorias más íntimas, los pesares más profundos. Los lazos ancestrales anidan ahí. Es lugar para el encuentro con otres y a la vez campo de batalla del sistema patriarcal. Pero además, y sobre todo, un cuerpo es motivo de escritura. 

El aire en el local de la Confederación Campesina del Perú se sentía distinto. Era un lunes de febrero en 2016, cuando esas mujeres se miraron a los ojos y se tomaron de las manos. Sudaban de emoción. Así empezaron a acompañarse. Venían de Cusco, de Piura, de Ayacucho, abrigadas en sus ponchos y faldas con rastros de polvo de la montaña, barro de las acequias y el silencio de años. Un silencio que se había instalado en sus cuerpos. La primera en romperlo fue una mujer de Cajamarca, con el rostro curtido por el sol. “A mí me dijeron que era por mi bien”, soltó con un nudo en la garganta. Luego las lágrimas se le escaparon. El salón se llenó de murmullos. “A mí me engañaron”, “A mí me obligaron”, “Yo sentí que me moría”. Juntas tejían una voz colectiva cuya urdimbre tramaba una red de escucha y empatía: el miedo que habían conocido solas se disolvió en ese espacio del salón que compartían. En los ojos de las otras veían sus propias heridas, también sus biografías. Se reconocieron como sobrevivientes. Se abrazaron. Estaban unidas por una historia que había marcado sus cuerpos, de ahí nacía la urgencia por contar la verdad enmudecida. Aquel día fundaron la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF), una lucha forjada en el encuentro, la escucha y la resistencia colectiva. Venían de hacerlo solas y en esa ronda que las enlazaba se unieron para abrirse al mundo. 

Verdad, justicia, reparación. Tres palabras que signaron el camino. Tres palabras que se oyen en quienes testimonian la violencia política vivida durante el gobierno de Alberto Fujimori, que fue presidente de Perú entre el 28 de julio de 1990 hasta su destitución por el Congreso el 21 de noviembre de 2000. Un gobierno que derivó en una dictadura cívico-militar tras el autogolpe de Estado que él mismo lideró en 1992. 

Verdad, justicia, reparación. Tres palabras que empujan el dolor y lo transforman en resistencia, que unen lo vivido por mujeres de múltiples lenguas y mundos. Verdad, justicia, reparación. Tres palabras que se extienden como un manto sobre el cual caminar en las noches sin luna. Palabras que titilan y son respiro que orienta el recorrido de sus vidas, desde el grito hasta el abrazo. 

Verdad, justicia, reparación, repiten juntas como un mantra que las calma. 

“A mí me engañaron”, “A mí me obligaron”, “Yo sentí que me moría”. Juntas tejían una voz colectiva cuya urdimbre tramaba una red de escucha y empatía: el miedo que habían conocido solas se disolvió en ese espacio del salón que compartían. En los ojos de las otras veían sus propias heridas, también sus biografías.

¿Quiénes son estas mujeres que vienen de lejos con sus ropas de colores, sus cabellos largos, negros y trenzados debajo de sus sombreros? Traen sus nombres: Josefina, Esperanza, Demetria, Hilaria, Hermelinda, Maximiliana, Francisca, Gregoria. Nombres que nadie conocía. Traen sus rostros, de ojos oscuros y rasgados, que nadie había mirado. Traen los cielos de cada territorio donde sembraron y cosecharon sus alimentos. Son tantas, tantas más. 

Josefina vivía con sus cinco hijos en el campo, en una casa de paredes de adobe, donde el frío de la mañana, aún hoy, se cuela por la puerta de chapa que queda entreabierta. Una mesa enclenque con alimentos de la tierra, maíz morado y papa amarilla, cacharros para el mate de coca y sillas de madera para el descanso de la tarde, cuando termina la faena en la chacra. Toda la familia cumple un rol en las labores. Los más pequeños aprenden. Afuera, el rebaño pastorea en el corral hecho de piedra, cerca del lugar donde las abuelas cultivan sus plantas medicinales, como la menta y el laurel. Cuando el sol indica que falta poco para el mediodía se cocina el almuerzo a través de un horno hecho en la tierra misma, donde las papas enterradas se calientan. 

El día que se llevaron a Josefina había amanecido con sol. El camión llegó a la comunidad con las puertas cerradas. Al abrirse, se bajaron médicos y enfermeras. Prometían atención gratuita. Eran los “bata blanca” de los que se había oído hablar en la comunidad. ¿Venían a ayudarlas? ¿A revisarlas?

Josefina quiso saber. Pero enseguida la empujaron por la espalda, la agarraron de los brazos y la llevaron hasta la sala de un centro de salud improvisado. “¡¿Cuántos hijos tiene?!”, le gritó alguien. 

“Tengo cinco”, respondió. 

“¿Hasta cuándo vas a parir? ¡Como un chancho, como una cuy estás pariendo!”, se burló otro. 

Las palabras crudas la confundieron. ¿Le hablaban a ella? No llegaba a comprender todo lo que le decían. Después la arrojaron sobre una camilla. Sintió el frío de la superficie y el pinchazo de una inyección en el brazo. La última imagen que recuerda es la del techo de esa clínica precaria. Despertó con un dolor que le quemaba el vientre. “¿Qué cosa me han hecho?”, preguntó. Nadie respondió. Desde una sala cercana escuchó el llanto de otras mujeres, eco del mismo miedo. “Nos han cortado nuestras barrigas”, decían. Casi de inmediato, el médico la obligó a caminar de regreso a su casa, con el cuerpo partido y el alma desdibujada. Josefina no era la excepción. Era el plan. Un plan con metas anuales, anotadas en registros nacionales, y cuotas asignadas a las personas encargadas de realizar la tarea. 

Otra mujer quechua de la provincia de Anta lloraba junto a su marido. “¿Cómo me han hecho esto? ¿Y si me pongo mal?” El marido preguntó qué hacer si eso sucedía. “¡Ja!, agradece más bien esta ayuda para que no siga pariendo sin medida”, respondió la enfermera. 

Foto: Pierre Yves Ginet.

Fueron casi 300.000 mujeres, número que estalla en una imaginación política que pretende alcanzar, nombrar, traducir cada una de esas existencias. Hay numerosas imágenes de ellas, quizás el modo más transparente de decir sus vidas. Sentadas en el frente de sus chacras, con sus vestidos, sus polleras, sus sombreros tejidos y aguayos, sus pieles marrones y arrugadas por el sol, el trabajo y la edad. Sus cabellos largos. Ellas, le entregan a la fotografía sus cuerpos como testimonio de la violencia vivida. Un cuerpo diferente. ¿Qué se inscribe en esos cuerpos? ¿Qué se escribe sobre ellos? 

“Al comienzo me dijeron: ‘Te llevaré hoy mismo a Limatambo para hacerte operar’. Yo no acepté, me escapé con el pretexto de salir a buscar dinero. Luego, cuando tuve que ir a llevar a mi hijo al médico, me riñeron: ‘Ajá mañosa, ¿dónde estabas qué volviste?’” A su esposo lo amenazaron y tuvo que firmar. “Desde ese día estoy mal, estoy inválida. Ya no sirvo para hacer ninguna fuerza”. 

A Esperanza, de Huancabamba, Piura, le ligaron las trompas en el momento de dar a luz, sin su consentimiento. Como con sus hijos anteriores, deseaba parir en su casa, pero la placenta se atascó y tuvo que acudir al centro de salud. Estaba vulnerable y dolorida. “Muchas cometimos el error de confiar en los bata blanca que nos atendían”, recuerda Esperanza. “A otras se lo hicieron cuando iban a la posta con sus niños. Ahí nos decían que paríamos como animales y nos preguntaban si eso no nos daba vergüenza”. 

El camión llegó a la comunidad con las puertas cerradas. Al abrirse, se bajaron médicos y enfermeras. Prometían atención gratuita. Eran los “bata blanca” de los que se había oído hablar en la comunidad. ¿Venían a ayudarlas? ¿A revisarlas?

Sangre en las batas, sangre en el piso, sangre en las sábanas. Y confusión después de la anestesia. Un frío que cala los cuerpos dolientes. Todas imágenes y sensaciones que permanecen en la memoria. 

Al tiempo de estos hechos, María Esther Mogollón, una de las fundadoras del Movimiento Amplio de Mujeres, recibió en sus manos una carta en la cual mujeres rurales e indígenas expresaban con preocupación e incertidumbre las cirugías que les hacían. La carta estaba firmada con sus nombres o sus huellas digitales. Escribían desde los bordes del dolor. El texto decía: “Necesitamos ayuda, algo nos están haciendo en el cuerpo”. Así fue como lo supo. En ciertas poblaciones importantes de Perú, como Cusco, por ejemplo, pero también en todo el país, como Ayacucho y Huancavelica, mujeres campesinas e indígenas estaban siendo esterilizadas sin consentimiento. Una amalgama de tragedias atravesaba el territorio y convertía el lento caminar por el campo en una coreografía del horror que hacía crujir los cuerpos. 

El plan se concentraba en las mujeres más vulnerables. Muchas no sabían leer ni escribir y no hablaban español, eran hablantes de lenguas andinas, como el quechua y el aymará y de muchas otras de origen amazónico. Un ataque a su autonomía reproductiva, una forma de violencia machista y colonialista que buscaba controlar sus cuerpos. El patriarcado se vestía de bata blanca. 

Los hechos llegaron a oídos de otra mujer que utilizó la escucha, la investigación y la escritura como arma de lucha. Su nombre es Giulia Tamayo y fue una de las primeras activistas feministas en documentar estos crímenes. En 1999, publicó el informe Nada personal, con testimonios que revelaban la atrocidad: “Si levanto algo pesadito ya me está doliendo, si camino lejitos inmediatamente se me adormecen y entumecen mis piernas de la cintura para abajo”, “Al mes nomás me encogí totalmente”. “Más de tres meses estuve sin poderme levantar de la cama, sin poder estirar las manos para comer, dependiendo de otros para alimentarme”. 

La valentía que tuvo Giulia en contar lo sucedido le costó caro. En el año 2000, tuvo que exiliarse de Perú para protegerse a sí misma y a su pequeño hijo, después de que asaltaran su casa y robaran los archivos de su investigación. Giulia, sin embargo, continuó acompañando el proceso desde el exilio. Falleció en 2014, sin ver la justicia que anhelaba. 

Foto: Gentileza AMPAEF.

Las mujeres de AMPAEF no se rinden. Su búsqueda por la verdad y la justicia se ha convertido en una lucha por la memoria histórica del Perú. “Fujimori se murió sin pagar reparaciones, ni decir la verdad de todo lo que él diseñó. Murió en total impunidad”, dijo Rute Zuniga, cusqueña y presidenta de AMPAEF. “La justicia peruana tiene que actuar, avanzar y responder. No puede seguir pasando el tiempo”. 

La resistencia de estas campesinas es un faro, un recordatorio de que la justicia es un derecho humano. El Comité de la ONU ha instado a Perú a anular una ley de amnistía, a acelerar las investigaciones, a otorgar compensaciones económicas y apoyo psicológico a todas ellas. Es un llamado urgente a que el Estado peruano asuma su responsabilidad y repare el daño producido. 

Las mujeres peruanas obligadas a la esterilización exigen justicia para que la historia no se repita. Para develar el maltrato y el olvido. Sus voces se levantan por la verdad y por la dignidad de todas las mujeres del mundo. Vestido con bata blanca o disfrazado de política de Estado, el patriarcado no elimina ni desteje esta urdimbre feminista. 

Algo de justicia se produjo el miércoles 30 de octubre de 2024. Tras años de litigio y con el apoyo de la ONG chilena, Justicia y Reparación, en coordinación con Rute Zuniga y María Esther Mogollón, se presentó el caso ante el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). El fallo fue histórico. El Comité de la ONU determinó que la política de esterilización forzada fue una “forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional”. Reconoció que fue un ataque sistemático y generalizado contra mujeres rurales e indígenas. Además recomendó al Estado peruano la entrega de reparaciones integrales para los cinco casos estudiados, y atención en salud mental para ellas y sus familias. 

Las mujeres peruanas obligadas a la esterilización exigen justicia para que la historia no se repita. Para develar el maltrato y el olvido. Sus voces se levantan por la verdad y por la dignidad de todas las mujeres del mundo.

Para las sobrevivientes, la noticia fue emocionante. No hubo palabras hermosas. Hubo cuerpos que se abrazaban en un grito colectivo que les devolvía su dignidad. Después de años de no ser escuchadas, un comité internacional les daba la razón. Las lágrimas de frustración se convirtieron en lágrimas de alivio. Era un impulso para seguir la lucha y la certeza de que la unión colectiva y la escucha fortalecen sus caminos, que los siguen andando junto a esas tres palabras: verdad, justicia, reparación. 

Otro logro llegó el miércoles 4 de marzo de 2026. Un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció en su sentencia que esta política de esterilizaciones masivas se implementó “mediante coerción y amenazas ejercidas por funcionarios públicos que recibían incentivos del gobierno para captar mujeres y esterilizarlas, quienes eran presionadas para someterse a procedimientos de anticoncepción definitiva”. El fallo de este tribunal indica que se ha constatado “que esta política fue organizada y dirigida desde los más altos niveles del Estado” y ordena al Estado peruano que se juzgue a los responsables de las esterilizaciones forzadas, un acto de perdón público y medidas de reparación económicas.

Ellas acuñaron el compromiso. Nunca más el silencio. 

Petra, indígena de la Montaña, falleció por negligencia médica

 Escrito por Tlachinollan 

Foto: Tlachinollan.- El pasado 3 de abril de 2026 murió la joven nahua Petra Herrera Luna de 25 años a las 7:37 de la mañana por negligencia médica, después de una cirugía para restaurar el tránsito intestinal en el Hospital Juárez de México en la Ciudad de México. Fue el día más triste para sus padres, Manuela y Camilo. A seis días no asimilan el vacío que dejó Petra.

El 1 de noviembre del 2000 Petra llegó al mundo con el nuevo milenio en la comunidad Ahuatepec Pueblo, municipio de Tlapa, en la Montaña de Guerrero. Su vida estuvo marcada por la pobreza y su discapacidad que le impedía comunicarse. Su mamá Manuela aún recuerda los dolores de parto y cuando se tuvo que trasladar con su esposo Camilo de inmediato a la casa de la partera, su tía. Las horas se sentían una eternidad, pero por fin nació Petra.

Dos semanas después regresaron a su casa de adobe y lámina de cartón rojo, donde Petra creció con dificultades para caminar y no podía hablar. Su mamá quería que estudiara y se animó a inscribirla al preescolar, pero “cuando el director vio a mi hija le negó la entrada porque había otros niños que podían empujarla o se podía caer. No me puedo comprometer, dijo”.

No tuvo oportunidad de ir a una escuela especial por falta de dinero. En la Montaña no hay escuelas especiales. En los últimos años está el Teletón en Tlapa, pero no es efectivo para las familias indígenas que viven al día con un plato de frijol o sólo tacos de sal. Por eso Petra nunca salió de su comunidad. Doña Manuela no dejaba que su hija fuera a la siembra de maíz o que realizara actividades pesadas. Siempre la cuidó como una joya.

A los 12 años en ocasiones se quedaba con su abuela paterna. “Algunas personas me decían que moliera para las tortillas, pero no la dejaba. Lo único en que me ayudaba era barriendo la casa, lavaba los trastes y acarreaba agua con una cubeta de 12 litros cuando tenía 15 y 18 años”. Siempre se quedaba con alguno de sus hermanos y hermanas cuando sus papás salían a realizar sus actividades. Wiliam era el más cercano, ahora que se enfermó estuvo ocho meses con ella.

El 20 de agosto de 2025 Manuela y Camilo habían ido a sus trabajos al campo, pero Wiliam les llamó por teléfono porque Petra se sentía mal. Cuando llegaron se percataron de que tenía un leve dolor, pero comió bien. Petra se acostó a las 7 de la noche. A las 12 de la noche empezó a vomitar. Su mamá pensó que se había empachado, con su dedo señalaba donde le dolía. No se imaginaron que sería algo complicado, así que fueron a traer un agua mineral y un alka-seltzer. “Pasó un rato y la toqué. Estaba caliente. Le dije: te duelen tus huesitos. Me dijo que no, solo cerca de la cintura. Le dimos un paracetamol para que le calmara los dolores y con eso pudo dormir un rato”, contó su mamá.

El 21 de agosto alrededor de las 2 de la tarde le dieron suero. Creció la preocupación cuando se levantó para ir al baño porque caminaba doblada por el dolor. En ese rato doña Manuela la llevó a la clínica de la comunidad, pero el doctor le dijo que las fichas son en la mañana y que era tarde para atanderla. Además iba a una reunión y entregar unos papeles. Con la esperanza entre los dientes Petra con un sonido y con sus dedos apuntaba a la clínica porque quería curarse y dejar el insoportable dolor.

Sin esperar más doña Manuela pidió prestados con su tía mil 500 pesos para llevar a Petra al Hospital del IMSS Bienestar de Tlapa. Wiliam se preparó para acompañar a su hermanita. Al nosocomio llegaron a las 7 de la tarde. El trato de los doctores no fue el mejor. Realizaron los papeleos engorrosos, pero una enfermera los mandó que le hicieran un ultrasonido en una clínica privada porque en el Hospital ya no había servicio.

“Eran las 8 de la noche cuando andábamos en el centro de Tlapa. La llevamos a una clínica y nos dijeron que se trataba de su apéndice. Era urgente una operación que costaba 25 mil pesos”. Sin suficiente dinero tuvieron que regresar al Hospital para que le hicieran la cirugía. “Nos mandaron a realizar otros estudios como a las 9 de la noche. Le sacaron sangre, nos dijeron que en 30 minutos nos iban a entregar los resultados. Mi niña estaba en la silla de ruedas, sentadita con el intenso dolor. Por fin pudimos entrar a urgencias, donde estuvimos toda la noche hasta el viernes en la mañana que llegaron para hacerle un ultrasonido. El médico me dice tu niña tiene apendicitis y le vamos a hacer una cirugía, pero sería al final porque hay más personas esperando”.

La espera fue larga y dolorosa para Petra porque hasta las 8 de la noche la empezaron a preparar para operarla. El sábado a las 12 de la noche salió del quirófano. Su familia la vio cuando la llevaron a un cuarto. “Le pregunté ¿te duele? Yo pensaba que por la cirugía. Me contestó que sí, y le dije que se le iba a pasar. A las 2 de la tarde me dijeron que la bañara. Ahí me di cuenta que en la herida le salía mucha baba y no me explicaba por qué si a mi tía le quitaron el apéndice y no pasó así. ¿Por qué mi niña sí? En ese rato le dije a la enfermera, pero me contestó que no me preocupara porque era normal, que sólo era un líquido”, comentó con mucha preocupación doña Manuela.

Las enfermeras lavaron su herida y cambiaron las vendas. Más tarde dieron la indicación que Petra caminara. Al levantarla doña Manuela se percató que la bata estaba muy mojada a pesar de que recién le habían cambiado las vendas. Nuevamente le avisaron a la enfermera, pero sólo volvió a limpiar y cambiarle la venda.

El domingo la indicación fue que otra vez caminara. “Como nació sorda no puede hablar, no me puede decir si le duele. Yo levantaba a mi niña y ella hacía esfuerzo. Yo veía que iba dejando un camino de esa baba, pero me decían que era pus. Yo me preguntaba por qué se infectó luego si apenas va un día. El doctor me dijo lo mismo, que era pus y que le iba a poner una inyección para que no se infectara”. Le quitaron los puntos para que drenara. Sólo Petra podía sentir el dolor.

La indicación del doctor es que a las 12 de la noche tenía que caminar, pero la supuesta pus seguía saliendo. Tenía diarrea y aunque quería comer todo lo vomitaba sin parar. El lunes en la mañana doña Manuela levantó a su hija. Una doctora pasaba por el pasillo y le preguntó si su hija estaba bien. Al ver la gravedad le preguntó si estaba de acuerdo que le volvieran a realizar la cirugía para lavar y quitar la pus. Manuela con la desesperación le dijo a la doctora que hiciera todo lo posible para que su hija dejara de sufrir.

A las 10 de la mañana la llevaron a urgencias para que “la cirujana la abriera y viera si era pus, pero cuando abrió se dio cuenta que era popó. Rápido me mandó a traer. Ahí me dijeron que estaba entre la vida y la muerte. Empecé a llorar. Lo que más me duele es que traje bien a mi niña. Me arrepiento mucho de haberla traído al Hospital, pensé que sabían lo que hacen, que había especialistas para que le quitaran el apéndice. Culpo al doctor que la operó la primera vez”, reclamó Manuela.

En la segunda cirugía Petra se sentía mejor, pero después siguió delicada su salud. En solo cinco días los gastos fueron muchos. El ultrasonido costó mil pesos y los medicamentos de la operación fueron arriba de 2 mil 520 pesos. En el Hospital no tenían ni paracetamol. La familia compró los materiales para la cirugía. Una prima les prestó 4 mil pesos y una tía de Petra puso 3 mil pesos más. Los siguientes prestamos fueron de 10, 15 y 20 mil pesos.

Durante ocho meses Petra estuvo en cama con los dolores en su comunidad de Ahuatepec Pueblo. Le perforaron el intestino grueso en la cirugía. Después de una nota en El Universal sobre las complicaciones de su salud el director del Hospital fue a verla. Era importante otra operación para la interconexión del intestino, pero en Tlapa los doctores no quisieron y tampoco apoyaron a la familia con los gastos. Finalmente se pudo trasladar a Petra a la Ciudad de México. En el Hospital Juárez México llegaron en la mañana y los atendieron hasta las 3 de la tarde. Estuvieron 8 días.

Tuvieron que lavarle sus intestinos para poder operarla. Doña Manuela que padece diabetes se desmayó por la preocupación. El jueves 2 de abril de 2026 se le realizó la última cirugía a Petra en el Hospital Juárez de México. Sin embargo, a las 7:37 de la mañana del 3 de abril falleció por un paro cardiaco. Los doctores le explicaron a la familia que posiblemente fue porque estaba preocupada o tenía miedo. “Yo pienso que quizá cuando le lavaron con jabón el intestino o por el líquido que le pusieron. Un doctor me dijo que ahí estaban los mejores especialistas y las más caras medicinas, y que no sabían qué le había pasado a mi niña. Se desangró”, con lágrimas dijo Manuela.

En el acta de defunción que expidió el Hospital Juárez de México señala que la causa de muerte fue choque hipovolémico, acidosis metabólica y coagulación intravascular diseminada. “Traje a mi niña viva, ahora voy a regresar a mi pueblo con un ataúd. Sufrió mucho mi niña”. Doña Manuela pidió apoyo para trasladar a su hija a su comunidad, pero solo le dijeron que tenía que sacarla. No la ayudaron. Fue la “fundación de la Guadalupana” quien ayudó a la familia.

El sábado 4 de abril llegó el cuerpo a la comunidad de Ahuatepec Pueblo. Los familiares y vecinos se solidarizaron. Más de 30 personas hicieron la tumba. Otras más llevaron maíz, frijol, refresco para ayudar en los gastos a Manuela y Camilo. El dolor se extendió al pueblo en general. A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum anuncie con bombos y platillos los avances en el sistema de salud, en la Montaña se sigue padeciendo como si fuera un México desconocido, y siempre discriminados por ser indígenas.

Las palabras de doña Manuela resumen el drama de los pobres e indígenas en la Montaña: “A mi hija le hicieron lo que quisieron porque no se podía comunicar. Los doctores ahorita están contentos porque tienen sus familias, pero yo perdí a mi hija porque no la operaron bien. Si la hubieran operado bien ahorita estaría viva mi niña. El castigo para los doctores es lo mínimo que pueden hacer porque ya nunca voy a poder abrazar a mi niña”.

Corte Interamericana responsabiliza a Perú por esterilización forzada

 Este artículo forma parte de la cobertura de IPS sobre el Día Internacional de la Mujer, que este año tiene como lema “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”.

El pañuelo rojo con el lema "Esterilizaciones forzadas nunca más", presidió un acto de organizaciones de derechos humanos en Lima, con participación de dos hijas de Celia Ramos, un día después del fallo de la Corte Interamericana de Justicia. Simboliza la lucha por reparación de las víctimas de la política fujimorista que afectó a miles de mujeres peruanas en pobreza, indígenas y de zonas rurales. La sentencia también las dignifica a ellas. Imagen: Cortesía de Connie France.- Corresponsal de IPS

SAN JOSÉ – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró a Perú responsable por la muerte de la campesina Celia Edith Ramos Durand, una de las más de 300 000 mujeres víctimas de esterilización forzada en el país andino cuando gobernaba el presidente Alberto Fujimori (1990-2000).

El tribunal “declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano por la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Edith Ramos Durand”, leyó en su sentencia el 5 de marzo el juez Rodrigo Mudrovitsch, presidente del tribunal de siete magistrados y magistradas.

La sentencia exige al Estado peruano un acto de perdón público, medidas de reparación económicas, que se inicie una investigación interna para esclarecer responsables y la aprobación de un instrumento normativo sobre la obtención del consentimiento libre e informado en materia de salud sexual y reproductiva.

Con el fallo, emitido en San José de Costa Rica, donde tiene su sede la corte,  se reafirma la tendencia progresista de los tribunales latinoamericanos que ya condenaron a Chile y Bolivia por casos similares, en los que equipararon las esterilizaciones no consentidas al crimen de tortura.

En octubre de 2024 el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de la Discriminación contra la Mujer, integrado por 24 personas expertas, asentó que “la esterilización forzada generalizada o sistemática podría constituir un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma”.

Ese Estatuto adoptado en la capital italiana en 998 estableció la Corte Penal Internacional para juzgar cuatro delitos carentes de prescripción: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, cuando los Estados no puedan o quieran hacerlo por sí mismos.

En el caso de Perú, la Corte IDH recordó que los hechos del caso ocurrieron en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) en Perú, que en teoría impulsaba la anticoncepción quirúrgica voluntaria.

Sin embargo, derivó en más de 314 000 esterilizaciones de mujeres y 24 000 de hombres, muchas bajo coacción y sin consentimiento válido, afectando principalmente a mujeres indígenas y en condición de pobreza o pobreza extrema.

En este contexto, Ramos Durand, de 34 años, fue presionada por personal de salud para someterse a una ligadura de trompas. El 3 de julio de 1997 fue intervenida en el puesto de salud del Caserío La Legua, en la norteña provincia de Piura, acondicionado provisionalmente como sala de operaciones.

El establecimiento no contaba con los equipos ni medicamentos necesarios para una adecuada evaluación de riesgos ni para enfrentar emergencias, y Ramos Durand presentó una reacción alérgica severa.

Fue trasladada a una sala de recuperación con recursos limitados y, 30 minutos después, a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica San Miguel de Piura, donde estuvo hospitalizada 19 días hasta su fallecimiento el 22 de julio.

Su familia no recibió información clara sobre las complicaciones, no se realizó una necropsia y el Estado asumió los gastos médicos y funerarios.

El esposo de Ramos Durand denunció al personal médico por lesiones graves seguidas de muerte, pero la Fiscalía archivó el caso al considerarlo un hecho fortuito. Esta decisión fue cuestionada por la Defensoría del Pueblo, que relacionó el deceso directamente con la esterilización.

Como consecuencia de varias denuncias, en 2002 inició un proceso contra los responsables del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, en el que se incluye el caso de la señora Ramos Durand, el cual se archivó en varias oportunidades, pero continúa abierto.

La Corte IDH concluyó que el programa fue organizado y dirigido desde los más altos niveles del Estado, y se implementó mediante coerción y amenazas ejercidas por funcionarios públicos que recibían incentivos por captar mujeres rurales, indígenas y con bajos niveles de instrucción.

Ellas eran presionadas para someterse a procedimientos de anticoncepción definitiva a cambio de beneficios, o mediante el uso de información sobre presuntos riesgos a la salud que no estaban acreditados.

La Corte IDH señaló que la violencia psicológica ejercida para someter a una esterilización viola derechos humanos. Al ser un delito que no prescribe, quienes resulten responsables no podrían sr indultados.

Además, sus fallos son inapelables y de obligado acatamiento por los países signatarios de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El año pasado Perú aprobó una ley que facilita la exoneración de responsabilidades a los responsables de crímenes cometidos durante la lucha entre fuerzas del Estado y las guerrillas izquierdistas en ese país en las dos últimas décadas del siglo XX.

La flagelación pública despoja a las mujeres de su dignidad en Afganistán

 La autora es una periodista afgana, formada con apoyo finlandés antes de la toma del poder por los talibanes. IPS mantiene su identidad anónima por razones de seguridad.

Una avenida céntrica de Kabul. Imagen: Learning Together.- Periodista de IPS

KABUL – En el gélido invierno afgano, a principios de este año una mujer fue arrastrada a una plaza pública y azotada ante la gente por un delito que tal vez cometió o tal vez no. Según la sentencia dictada por el Tribunal Supremo talibán, la mujer y el hombre acusados conjuntamente de mantener una relación extramatrimonial recibieron 30 latigazos cada uno y una pena de prisión de un año, suspendida.

La sentencia se ejecutó en presencia de varios funcionarios locales y residentes de una provincia cuyo nombre no se ha revelado para proteger a la víctima.

Para Roya (nombre ficticio), una mujer cuya vida ya ha sido marcada por años de angustia psicológica y emocional, los 30 latigazos del castigo corporal suponen una dosis extra de sal en su herida. Perdió a su marido hace seis años en un accidente de tráfico, lo que la dejó sola para criar a sus cinco hijos.

Ante la pobreza aplastante, Roya ha trabajado como jornalera en tierras ajenas, pero con la llegada del invierno y la escasez de trabajo agrícola, emigró a la ciudad, donde limpiaba casas, lavaba ropa y cosía a mano cuellos bordados para hombres bajo la tenue luz de una lámpara por la noche.

Naqeeba (tampoco es su nombre real), una vecina que conoce a Roya desde hace años, elogia su gran sentido de la dignidad. El dinero que ganaba con este trabajo era poco, pero Roya nunca pidió ayuda a nadie, cuenta.

Intentaba cubrir los gastos de subsistencia como podía y era la necesidad constante de crear oportunidades para buscar trabajo mediante frecuentes desplazamientos diarios lo que se tildó de relaciones matrimoniales inapropiadas, lo que le acarreó un castigo en lugar de una recompensa.

«Se convirtió en víctima de las circunstancias, no en una delincuente», dice Naqeeba, y añade: «La acusación era falsa».

Según Naqeeba, Roya ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse. Estaba de camino a casa, cerca de su propia vivienda, cuando la detuvieron «como si fuera una peligrosa delincuente», la metieron en un vehículo y se la llevaron sin que nadie supiera adónde la trasladaban ni de qué se le acusaba».

Una acusación que no merecía

«No fue un simple golpe. Fue un golpe que, mientras viva, le impedirá volver a levantar la cabeza en este barrio», explica Naqueeba con voz llena de ira y tristeza. Hace una pausa y continúa: «Durante una semana, nadie supo si estaba viva o qué le había ocurrido hasta que se supo la noticia de su flagelación pública».

Los repetidos castigos corporales públicos, especialmente contra las mujeres, no solo han infundido miedo en la sociedad, sino que también han planteado serias dudas sobre la justicia, la dignidad humana y la situación de las mujeres en el Afganistán actual.

La historia de Roya no es solo la historia de una persona, sino que refleja el sufrimiento de miles de mujeres que viven en silencio bajo el peso de la pobreza, la soledad y las restricciones, y que son castigadas simplemente por ser mujeres.

El día en que fue azotada se produjo el cuarto castigo corporal público a mujeres en esa provincia en menos de dos meses, durante diciembre y enero, una tendencia que ha alimentado oleadas de miedo, ansiedad y silencio, especialmente entre las mujeres de la región.

Según un informe de Hasht e Subh Daily Media, en 2025, los talibanes azotaron públicamente a 225 personas solo en Kabul. Esto significa que se azotaba a personas al menos cada dos días en la capital. En otras provincias se llevaron a cabo docenas de azotes públicos cada una.

El informe revela que las confesiones se obtenían a menudo bajo presión. A los acusados se les negaba la asistencia letrada y un juicio justo. Los talibanes recurren al castigo corporal y a las demostraciones públicas de fuerza, lo que viola los derechos humanos y causa graves consecuencias sociales y psicológicas a las víctimas.

Los talibanes abolieron la Fiscalía General y cerraron el Colegio de Abogados Independiente de Afganistán en noviembre de 2021, pocos meses después de retornar al poder en agosto de ese año, bloqueando así de forma efectiva el camino hacia la defensa legal.

En 2025, Richard Bennett, relator especial de las Naciones Unidas junto con otros expertos de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, condenó sistemáticamente el aumento del uso de los azotes públicos y otras formas de castigo corporal por parte de los talibanes, calificándolos de «inhumanos y crueles».

A lo largo del año, destacó el alarmante aumento de estas prácticas, señalando que a menudo se producen sin las garantías procesales ni los estándares de un juicio justo.

«Los talibanes deben poner fin de inmediato a la pena de muerte y a todos los castigos corporales que constituyen tortura u otros tratos crueles e inhumanos, y respetar los derechos y la dignidad de todos los detenidos», subrayaron Bennett y otros expertos.

Violencia y riesgo profesional prevalecen para mujeres mineras

 Escrito por Silvia Núñez Esquer 

Foto: Silvia Núñez Esquer.- Hermosillo, Sonora.- En el marco de la marcha por justicia para los mineros privados de la libertad y de la vida en Concordia, Sinaloa, las mujeres en Sonora tuvieron una presencia destacada como Ingenieras, Geólogas, mineras, y como profesionales de las diversas actividades en ese sector empresarial.

Según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, 74 mil 529 mujeres trabajaban en la minería en 2025, para alcanzar 17.9 por ciento del total de los empleos en ese sector.

Violencias de género prevalecen en el sector minero

Acoso, discriminación y violencia de género viven las mujeres en la minería, expuso Margarita Bejarano Celaya, Doctora en Ciencias Sociales quien permaneció durante trece años en el sector minero.

Bejarano Celaya explicó que, si bien las violencias contra las mujeres prevalecen en todos los sectores masculinizados, la minería tiene situaciones particulares que proveen un contexto para su permanencia.

En el sector minero se agrava la violencia por las condiciones en que se desempeña el trabajo, a menudo en espacios alejados de los centros urbanos con turnos complejos, durante días aislados de sus familias o de redes de apoyo, y que a veces implica un vacío institucional.

Impulsado por las mujeres organizadas dentro de la minería, la buena noticia es que la tendencia iba al alza en cuanto a la participación de mujeres en el sector minero, comentó.

En traslados es donde aumenta el riesgo, opina mujer minera

A propósito de la desaparición y asesinato reciente de mineros en Sinaloa la Ingeniera Minera Georgette Paniagua quien cuenta con veinte años de experiencia en la industria minera, expuso que ser minera es desarrollarse constantemente en todos los ámbitos del sector.

Cuidarse día a día por la situación que se vive actualmente en el entorno de la minería, es otro de los aspectos a tomar en cuenta, ya que el ambiente minero se ha vuelto complejo tanto para hombres como para mujeres, pero con las implicaciones de ser mujer, opinó.

Georgette recuerda haberse tenido que cuidar más en situaciones que se tornan riesgosas, por lo que es necesario tratar de pasar desapercibida, comenta.

Una de las experiencias que describe como más fuertes, es llegar a un lugar, tener que acoplarse a la cultura, a las formas de trabajar del lugar, pero a su vez tener un “séptimo sentido”, para desarrollar ese nivel de protección donde pueda pasar desapercibida para no ser atacada.

Para Georgette la minería es una industria muy disciplinada con regulación para proporcionar seguridad, pero son los traslados en donde podrían estar en riesgo, ya que muy seguido trabajan en campamentos apartados donde laboran por treinta días seguidos, y descansan por quince días.

Justicia de Pakistán malinterpreta las leyes de género contra las mujeres

 

Activistas por los derechos de las mujeres en Pakistán durante una protesta bajo el lema: “Mi cuerpo, mi decisión”. Imagen: Voicepk.net

ipsnoticias.net

Zofeen Ebrahim

KARACHI, Pakistán – Al comenzar 2026, las mujeres de Pakistán se enfrentan a una cruda realidad: las violaciones y en particular las violaciones conyugales siguen siendo malinterpretadas por los jueces de los tribunales superiores del país.

A principios de enero, el Tribunal Supremo de Pakistán anuló una condena por violación y la cambió por fornicación (relaciones sexuales consentidas fuera del matrimonio), reduciendo la pena de 20 años a cinco y recortando la multa de 500 000 rupias a 10 000, lo que ha provocado nuevos llamamientos para mejorar la protección de las mujeres pakistaníes.

«Este tipo de sentencias no dan confianza a las mujeres para que den un paso al frente y denuncien la violencia sexual que se comete contra ellas», afirmó Ayesha Farooq, presidenta del Comité de la Ley de Investigación y Juicio contra la Violación, creado en 2021.

A pesar de la legislación protectora, 70 % de los incidentes de violencia de género no se denuncian. De los que se denuncian, la tasa de condenas a nivel nacional es de solo 5 %, con algunas categorías que llegan a ser tan bajas como 0,5 % y las condenas por violencia doméstica, de 1,3 %.

La senadora Sherry Rehman destacó las crudas cifras: en 2024, Islamabad, la capital, tuvo siete condenas de 176 casos de violación, la provincia de Jaiber Pastunjuá solo una de 258 casos, la provincia de Sind ninguna de 243 casos de violación y la de Baluchistán denunció 21 violaciones sin condenas.

Nida Aly, directora ejecutiva de La Célula de Asistencia Legal Asma Jahangir (AGHS, en inglés), una destacada organización pakistaní de derechos jurídicos, afirmó: «Nunca me había sentido tan decepcionada con nuestro poder judicial. Los jueces han fracasado como foro competente en materia de género y han perdido credibilidad».

El caso del Tribunal Supremo se refería a una superviviente que, en 2015, fue violada a punta de pistola mientras hacía sus necesidades en un bosque. Denunció el incidente siete meses después; las pruebas de ADN confirmaron que el acusado era el padre de su hijo.

El tribunal de primera instancia lo condenó y el Tribunal Superior de Lahore, la capital de la provincia de Punyab, confirmó la sentencia. Sin embargo, en el Tribunal Supremo, dos de los tres jueces reclasificaron el acto como fornicación, alegando el silencio de la denunciante, la falta de resistencia y la ausencia de marcas físicas.

El artículo 496-B del Código Penal prescribe cinco años de prisión y una multa de 10 000 rupias por ese delito de fornicación.

Este razonamiento suscitó duras críticas por parte de la Comisión Nacional sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que afirmó que el consentimiento no puede inferirse del silencio, la denuncia tardía o la falta de resistencia.

La comisión instó a los tribunales a reconocer la realidad del trauma, el miedo, la coacción y los desequilibrios de poder en los casos de violencia sexual.

Esta nueva sentencia recordó la de otro caso de violación en 2024, en el que una mujer acusó al amigo de su hermano de violación.

El mismo tribunal convirtió la condena por violación en fornicación, con argumentos como «la mujer no opuso resistencia», «no había marcas de violencia» y «hubo un retraso de dos días en la denuncia a la policía».

La nota disidente de la jueza Ayesha Malik, en la que argumentaba que no existía una respuesta «estandarizada» por parte de las víctimas, hacía hincapié en el consentimiento explícito de las mujeres para que pueda afirmarse que no hubo violación.

Las sentencias que ignoran los derechos de la libertad sexual de las mujeres funcionan en Pakistán como una disuasión para que las víctimas denuncien. Ilustración: Kulsum Ebrahim / IPS

Jamshed M. Kazi, representante nacional de ONU Mujeres en Pakistán, afirmó que estos casos tienen repercusiones mucho más allá de la sala del tribunal.

«El lenguaje utilizado y las conclusiones a las que se llega no solo dan forma a los precedentes legales, sino también a las actitudes sociales, la confianza de las sobrevivientes y la confianza pública en la justicia», dijo el especialista.

Y añadió: «Para las sobrevivientes de violencia sexual, las sentencias pueden dejar huellas duraderas en la vida de las mujeres y las niñas, afectando a la forma en que se creen y se recuerdan sus experiencias, y pueden desalentar la denuncia, reforzando el silencio, el miedo o la inseguridad entre las sobrevivientes».

En otro caso, el Tribunal Superior de Lahore, capital de la provincia de Punyab, desestimó las denuncias de violación contra un marido porque seguía estando legalmente casado, a pesar de que violó a la mujer a punta de pistola.

El juez consideró que la conducta del hombre era «inmoral» e «inapropiada según las normas religiosas o sociales», pero afirmó que no se trataba de un delito, ya que el matrimonio seguía existiendo legalmente en el momento del incidente.

«El juez se centró en la validez del matrimonio y desestimó por completo la afirmación de la mujer de que no había dado su consentimiento y de que había sido sometida a relaciones sexuales forzadas a punta de pistola», señaló Aly.

En Pakistán no existe una disposición explícita que tipifique como delito la violación marital, pero la Ley de Protección de la Mujer de 2006 eliminó el matrimonio como defensa ante la violación.

Cuando se revisó sustancialmente la definición de violación en virtud del Código Penal de 2021, no se reintrodujo ninguna exención marital.

Entre 1979 y 2006, explicó Maliha Zia, directora de Género, Inclusión y Desarrollo de la Sociedad de Asistencia Jurídica con sede en Karachi, capital de Sind, el matrimonio funcionaba como defensa ante una violación porque la ley definía la violación como la relación sexual de un hombre con una mujer «que no sea su esposa», en circunstancias específicas.

Por lo tanto, la eliminación deliberada de las palabras «que no sea su esposa» en 2006 eliminó el matrimonio como defensa, una posición que se ha mantenido sin cambios desde entonces.

«La Ley de Protección de la Mujer de 2006 fue un paso importante; corrigió grandes injusticias al separar la violación de la zina (relaciones sexuales ilegales, incluidos el adulterio y la fornicación)», afirmó Sharmila Faruqui, miembro de la Asamblea Nacional.

Pero, añadió, «no llegó a decir claramente que la falta de consentimiento dentro del matrimonio también es violación, y ese silencio ha permitido que sigan vigentes viejos prejuicios».

Faruqui destacó la necesidad de sensibilizar al poder judicial, especialmente a los niveles superiores, pero señaló que, en última instancia, los jueces están sujetos a la ley. «Cuando la ley no es clara, incluso las interpretaciones bienintencionadas pueden ser erróneas», afirmó.

Pidió claridad legislativa, mediante una enmienda al código penal u otra vía cuidadosamente estudiada, y destacó que el consentimiento, basado en la dignidad y la igualdad, debe seguir siendo fundamental independientemente del estado civil.

«El matrimonio nunca tuvo por objeto ser una licencia para la violencia sexual o de otro tipo», aseguró.

Esto fue respaldado por Zia, que ha sido uno de los formadores de los jueces que conocen de casos de violencia de género.

«Queda mucho por hacer para sensibilizar constantemente al sector judicial sobre las experiencias de las mujeres y el trauma que sufren debido a la violencia sexual», dijo.

Un problema, añadió, es que muchos jueces «trabajan partiendo del supuesto de que lo más probable es que la mujer mienta, especialmente si no se defendió, no huyó o no denunció inmediatamente».

Hay que reconocer que, en Pakistán, en virtud de la ley contra la violación de 2021, se notificó a los tribunales especiales que investigaran los casos de violencia de género. Hasta la fecha hay 174 tribunales de este tipo.

Lamentablemente, estos tribunales no se ocupan exclusivamente de casos de violencia de género, detalló Zia.

Pero, incluso con esta limitación, las condenas por violación en Sind aumentaron hasta  17 % en 2025, desde 5 % en 2020, cuando aún no existían estos tribunales.

«¡Imagínese lo mejor que podría ser!», planteó Zia. Según ella, en los distritos con un alto número de casos de violencia de género, los tribunales deberían ser exclusivos, no necesariamente dedicados a más delitos.