1/11/2026

Maduro contra el azufre

sinembargo.mx


Juan Carlos Monedero

EU fue a secuestrar al Presidente Nicolás Maduro buscando construir, 36 años después un Noriega, pero todo parece que le va a salir un Mandela. Ante el tribunal que pretende juzgarle en Nueva York, Maduro afirmó: “Soy el Presidente de Venezuela, soy un prisionero de guerra, soy inocente”. Tienen que tratarlo y juzgarlo como el Presidente constitucional de Venezuela.

Noriega fue aquel Presidente panameño que después de ser clave para Washington en la lucha contra movimientos de izquierda en Centroamérica, una pieza clave en el apoyo logístico a la Contra nicaragüense y en la protección de los intereses estadounidenses en torno al Canal de Panamá, terminó derrocándolo y metiéndolo en la cárcel cuando empezó a ser imprevisible y se acercaba la ejecución de los Tratados Torrijos-Carter (1977). Estaba en juego la transferencia total del Canal a Panamá en 1999. Con el Canal de Panamá, no se juega. Y tampoco con el Golfo de México. 

EU ya sabía que Noriega era un narco cuando lo ayudó, pero era uno de “sus” narcos. Contra Maduro, por el contrario, no hay una sola prueba de haber colaborado con la producción o el tráfico de drogas. Pero Trump quiere el petróleo. Que se comerciara el petróleo venezolano en dólares, no en yuanes no está dentro de la libertad de comercio. Con el petróleo y con el dólar, no se juega.

Venimos diciendo que con la agresión a Venezuela podría desatarse una conflagración mundial: bien fuera porque si no se le paraban los pies a Trump, iba a seguir pateando el tablero como hizo Hitler después de que Neville Chamberlain le entregara los Sudetes checoslovacos en 1938: le bastó un año para entrar en Polonia. La guerra mundial también puede desatarse porque al pararle los pies quien pueda hacerlo, respondiera Trump con maneras de guerra. Una bomba o un misil donde no corresponde, puede desatar las hostilidades. 

En estos días, Donald Trump ha exigido algo a la Venezuela presidida interinamente por Delcy Rodríguez, que difícilmente puede cumplir: regalarle entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo y cortar relaciones con sus socios, con China, con Rusia, con Irán y con Cuba. Trump acaba de robar en alta mar dos petroleros propiedad de Rusia (además de los que había robado a Venezuela), lo que aleja la paz en Ucrania. Y ha dicho que pretende hacerse con Groenlandia, que está bajo jurisdicción de Dinamarca, un país soberano de la Unión Europea. Y ha amenazado al Presidente de Colombia y también a la Presidenta de México. El orden mundial pende de un hilo. ¿Con todos va a hacer como con las lanchas en el Caribe?

En el gobierno de halcones de los EU manda la frase: Dios ha puesto nuestros recursos en otros países. Y todo lo demás ya es accesorio. En 1991, con la caída de la URSS, dijeron que había que crear “un mundo basado en reglas”, algo que se repitió hasta la saciedad con la anexión de Crimea a Rusia en 2014. EU y la Unión Europea controlaban la ONU, la OMN, el FMI, el Banco Mundial,  el CIADI… Con esas  reglas, siempre ganaban. Y vestían de legalidad ese mundo desigual. Pero algunos países, en América Latina, en África, empezaron a desobedecer en nombre de la soberanía. Y, además, China despertó. Y EU patea el tablero y se orina encima de las piezas caídas.

Desde el punto de vista del Derecho Internacional Público, la detención de un Jefe de Estado en ejercicio no es una anomalía menor ni una zona gris interpretable: es una quiebra frontal del orden jurídico internacional. La llamada inmunidad de jurisdicción (ratione personae) no protege a una persona por su estatus, sino a la función soberana del Estado que representa. Su vulneración no puede justificarse como un exceso puntual ni como una excepción pragmática.

Al actuar de este modo, Estados Unidos no sólo ignora una norma, sino que socava deliberadamente los principios que hacen posible la coexistencia entre estados formalmente iguales. Se desmantela así la lógica que sostiene la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y se vacía de contenido el principio de igualdad soberana consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. El mensaje es inequívoco: el derecho internacional deja de ser un marco común y pasa a convertirse en un instrumento selectivo, aplicable sólo cuando no interfiere con los intereses de la potencia que lo invoca.

Lo que toleramos en el mundo árabe porque son árabes y llevan mucho tiempo en guerra, se acerca a nuestras casas. Permitimos que asesinaran a un millón de iraquíes, que ahorcaran a Saddam Hussein, que mataran a la cúpula del gobierno del Partido Árabe Socialista Baaz con la excusa de que había armas de destrucción masiva en Iraq. Consentimos el asesinato de Muhamar el Gadafi, que llevó a Libia a su mejor momento en su historia. Si vive en una tienda de campaña, nos dijimos. Toleramos la destrucción de Gaza, el exterminio de 700 mil personas según cifras de la Relatora Especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos, hemos contemplado la reducción del país a cenizas, vimos cómo proponían impunemente convertirlo en un resort de lujo.

Permitimos que el Nobel de la Paz Barack Obama firmara en 2015 una orden ejecutiva que declaraba a Venezuela "amenaza extraordinaria". Sobre esa estupidez crearon la base legal para las sanciones posteriores. Luego vendrían las sanciones en el primer gobierno de Trump, bloqueos, el reconocimiento de Guaidó, el Nobel a la violenta María Corina Machado. Antes, permitimos el hostigamiento al Presidente Hugo Chávez. Chávez había molestado a EU organizando la OPEP, creando la UNASUR y la CELAC, expulsando a la DEA, permitiendo que China y Rusia entraran en América Latina en nombre de la multipolaridad, negociando el petróleo en monedas diferentes al dólar y sacando a millones de venezolanos de la pobreza, del analfabetismo, de la ignorancia y del olvido.

El 3 de enero secuestraban fuerzas especiales norteamericanas al Presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, asesinaban a 32 guardias de su escolta personal y a un centenar de civiles en bombardeos. Y el mundo, a día de hoy, lo permite. Un hecho que dinamita la razón principal por la que fue creada Naciones Unidas. La comunidad internacional no existe.

Estamos entrando en el peor escenario que dibujaba la crisis de la modernidad, es decir, el de un mundo donde la fuerza ha desplazado a la palabra

Estamos en un umbral histórico donde las palabras van a significar otra cosa diferente a lo que han significado en los últimos 70 años. Un mundo donde luchar contra las drogas te convierte en narcoterrorista, mientras que liberar a un expresidente condenado por narco te convierte en un cruzado contra el narco. Un mundo donde “Dios ha colocado los recursos de los gringos en otros países. Un mundo sometido al saqueo y la amenaza. Lo que esperamos ya no tiene esperanza. 

A no ser que los pueblos del mundo despierten.

Europa hace malabares para no romper con EU por la quiebra de la soberanía de un país y de lo que representa su Presidencia. Pero a Trump no le hace falta relato alguno. Ha escrito en la Estrategia de Seguridad Nacional cuáles son sus objetivos y lo ha dicho a bordo del Air Force One: quiero el petróleo de Venezuela, quiero a China fuera del hemisferio y quiero todo lo que necesitemos para volver a ser los amos del mundo.

Cuando los chinos ganaron comercial, tecnológica, militar y diplomáticamente a los norteamericanos, llamaron al pistolero para que pusiera orden a balazos. Hace apenas cuatro años, en 2020, el Australian Strategic Policy Institute (ASPI) ofrecía a Occidente una manta reconfortante: de las 64 tecnologías críticas para la seguridad nacional, la economía y el poder militar del futuro, 60 estaban cómodamente en manos de Estados Unidos. China, según el diagnóstico, sólo despuntaba en detalles menores, casi decorativos: drones comerciales, algún material avanzado… nada que quitara el sueño.

Cuatro años después, en 2024, el mismo instituto cambiaba de tono —y de gesto—: ahora es China la que lidera 57 de esas 64 tecnologías. El liderazgo tecnológico estadounidense, que parecía eterno, como Hollywood o el dólar, se ha evaporado en silencio. Inteligencia artificial, baterías de estado sólido, computación cuántica aplicada, biotecnología de precisión y fabricación de chips de última generación ya no son fortalezas occidentales, sino terrenos perdidos. Añadamos las nuevas armas. Lo que en 2020 era tranquilidad estratégica, en 2024 se parece más a un despertar brusco: no fue una carrera reñida, fue un adelantamiento por la derecha mientras Washington miraba el retrovisor. En el retrovisor se encontró, otra vez, con la doctrina Monroe: el saqueo. Y afecta a todo el hemisferio occidental.

EU tiene petróleo para seis años. El Departamento de Energía de EU dice que tienen ahora mismo como reservas probadas 46 mil 400 millones. Consumen 20,25 millones de barriles diarios, esto es, siete mil 391 millones de barriles al año. Les da para seis años. Si se dividen las reservas entre la producción, el cálculo sube a algo menos de 10 años. Necesitan robarse el petróleo de Venezuela para seguir conduciendo su desmesurado tren de vida.

Además de que si lograran robarse el petróleo de Venezuela, titularizarían esos 303 mil millones de barriles para conseguir financiación para su maltrecha economía y su desprestigiado dólar. Capitalismo puro y duro del saqueo.

La Doctrina de Seguridad Nacional de Trump les autoriza a apoyar en las elecciones en cualquier lugar del mundo a los candidatos de la extrema derecha. Lo ha hecho recientemente en Honduras y lo hizo en Europa. Le autoriza a usar la fuerza para expulsar a competidores comerciales. Le autoriza al capitalismo por desposesión, por saqueo. Le autoriza a amenazar a sus socios. Le autoriza a mandar en la OTAN. Le autoriza a secuestrar al Presidente de cualquier país que no le guste. Le autoriza a quedarse con Groenlandia, con Panamá o intentar acorralar a China.

Es una vuelta al Far West, al Oeste: hay que matar a los indios, hay que mandar a los que queden a una reserva, hay que emborracharlos y tenerlos distraídos, hay que quitarles las tierras a los pequeños campesinos, hay que quitarles las tierras a los países cercanos y también a los que lleguen en barcos, en aviones o en misiles.

Pero en Venezuela no le salen todas las cuentas. Puede secuestrar al Presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, puede robarse los petroleros que salgan de puerto, podría bombardear y lanzar misiles sobre Petare o la Guaira, sobre el 23 de Enero, San Agustín o el Valle… Es verdad que podría, seguramente, ir matando a los dirigentes chavistas. Pero no puede entrar en el país. Y por eso tiene que negociar.

La institucionalidad en Venezuela ha funcionado: secuestrado el Presidente, el Tribunal Supremo ha solventado el vacío jurídico y ha nombrado Presidenta encargada a Delcy Rodríguez, que estaba de Vicepresidenta. Y ha sesionado con el gobierno real del país. Al que respeta el pueblo. Y presente el Diputado Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Maduro, como señal clara de apoyo a la nueva Presidenta. Es evidente, y es la única verdad que dijo Trump, a María Corina Machado no la respetan en Venezuela. Por eso no ganó las elecciones pese a lo que dicen los ignorantes que repiten la muletilla de las actas.  

Trump sólo quiere el petróleo, el oro, las tierras raras y que el Caribe sea el Mar de Florida o de Miami. Y tiene la experiencia de Iraq y Afganistán donde pudieron asesinar a millones, tirar toneladas de bombas y devastar el país, pero no pudieron recuperar la inversión porque no controlaban a los iraquíes. Por eso no le vale María Corina Machado. Y Trump quiere el petróleo. Tiene bombas, no amigos. Esa señora es cosa de Marco Rubio, el halcón que quiere una alfombra de cadáveres de izquierdistas latinoamericanos que le brinde el camino a la Casa Blanca. Y ha dejado con el trasero al aire a las derechas europeas y latinoamericanas que, obedientes, encumbraron a María Corina Machado hasta con un ridículo premio Nobel. “No te vistas que no vas”, dicen en Venezuela.

Hemos visto a Marco Rubio balbuceando cuando le han preguntado por qué no han puesto de Presidenta a su amiga o por qué si quieren procesar por narcotráfico a Maduro, han indultado a Juan Orlando Hernández, el Presidente narco de Honduras condenado en EU a 45 años de cárcel por traficar con casi 500 toneladas de cocaína en el país. La verdad, les da lo mismo. Igual que a la derecha colombiana, la española, la mexicana o la brasileña que pide en las calles que secuestren a Petro, a Sánchez, a Sheinbaum o a Lula. Esa derecha que ya no cree en la democracia es la que celebra uno de los más duros golpes contra el derecho internacional que recuerda la humanidad reciente. Y celebra también algún cretino de izquierdas que no sabe leer el momento del mundo.

Mucha gente se pregunta por qué le ha resultado tan fácil a EU secuestrar a Maduro y Flores. A mi me recuerda a cuando Truman lanzó las bombas de Hiroshima y Nagasaki y le dijo a los japoneses: ¿queréis más? Si un dirigente político quiere a su pueblo, no lo manda al matadero. Quizá hayan participado topos, quizá haya gente que no haya resistido el cañonazo de 50 millones de dólares. Pero no creo que eso baste.

La institucionalidad ha funcionado en Venezuela. En la sala del gobierno están Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Freddy Ñañez, Jorge Elieser Márquez… El Gobierno de Nicolás Maduro, del que Delcy Rodríguez ha pedido su regreso inmediato como Presidente legítimo, como debe hacer toda la comunidad internacional. Secuestrar al Presidente es una derrota. Qué duda cabe. Se sabrá quiénes han sido los judas y cómo se gestaron esas horas. Pero evitar más muertes es una victoria.

¿Qué pasará ahora? Trump quiere todo o volverá a matar, como ha hecho con esos valientes en Caracas. La comunidad internacional no dice nada que inquiete al Presidente norteamericano. China y Rusia, igual que Colombia, han sido contundentes en sus declaraciones por la quiebra del derecho internacional, pero ¿cambia eso la decisión del Presidente norteamericano? La diplomacia va lenta. La Unión Europea balbucea. Protesta igualmente contra la quiebra del derecho internacional. ¿Y? Ahora va a por Groenlandia. Las derechas españolas sin incapaces de criticar a Trump. Cobardes. El gobierno de España intercambia declaraciones, una con los socios europeos, otra, más dura, con los socios latinoamericanos, pero igualmente impotentes. La CELAC está dividida. Es más la hora de los pueblos que obligue a los gobiernos.

Para el gobierno de Venezuela es tiempo de negociar. Si Trump pide el saqueo de Venezuela, el pueblo terminará cogiendo las armas junto a su dirección política. Que nadie se engañe. Pero sería malo para el mundo. Es bueno negociar cuando te ponen una pistola en la cabeza. Pero si se negocia debe ser para el interés de ambas partes. Lo que siempre reclamó el Presidente Maduro. La agenda bolivariana está clara. Lo primero, la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Recuperar la economía quebrada por las sanciones. Hacer acuerdos económicos ventajosos para todos los actores. Respetar las reglas del comercio internacional. Activar los mecanismos internacionales de resolución de conflictos. Los pactos firmados bajo amenaza, recordemos, no tienen validez. Aunque ahora haya que hacer acuerdos para el bienestar del pueblo. Venezuela porque se lo merece; EU porque es el pistolero que tiene más armas que tú y te puede matar en cualquier momento. Como ha hecho con esos valientes que defendían al Presidente de Venezuela.

Si EU quita las sanciones, si se duplica la producción de petróleo (algo sencillo con poca inversión), si hacen acuerdos como el que ya funcionaba con Maduro con la petrolera norteamericana Chevron, si sigue la tarea democrática de la revolución bolivariana, si la conciencia y la participación popular crecen, si México, Colombia, Brasil, España, Uruguay presionan para que se respeten las reglas internacionales y toman medidas de fuerza (aunque sólo sea llamar a consultas a sus embajadores), si China y Rusia no caen en el error de repartirse con EU esferas de influencia y participan de esas medidas de fuerza contra el pirata norteamericano, si, mientras tanto, la Comunidad Internacional despierta, la negociación con los cuatreros servirá para ganar tiempo y fuerza. La alternativa no es viable. No olvidemos que EU bombardea y se marcha. O hace un cerco medieval que te mata de hambre. ¿Contra quién va a pelear la milicia? Su Presidente y Comandante en Jefe está en EU secuestrado como prisionero de guerra. Lo querían un Noriega y se han encontrado un Mandela. Y ha llamado a la calma.

Las imágenes de Nicolás Maduro no son las de una persona derrotada. Es alguien que le está diciendo a su pueblo: aguanten, sigan firmes, no dejen que les roben la unidad (es esencial que la unidad del chavismo no se resquebraje: es lo que van a intentar los enemigos de la revolución inventando fantasmas). Maduro, esposado, le ha dicho a su pueblo: sigan sabiendo que son un pueblo rebelde, aguanten que vamos a ganar. 

No son buenos tiempos para la democracia. Gaza nunca debiera haber pasado. No debiera estar un delincuente en la Casa Blanca. No debiera estar dividida América Latina. La izquierda debiera ser más fuerte en el mundo porque es la que porta la llama de la alternativa inteligente y generosa. Y para eso debiera estar más unida, estudiar más, volver a ser revolucionaria en sus objetivos.

Hemos visto a Maduro saludar a sus carceleros y desearles un feliz año nuevo. Le hemos visto firme y con los ojos llenos de la conciencia de quien sabe de dónde viene, a quién se debe y por qué está preso. López Obrador ha roto su silencio para decirle a Trump que salga de esas maneras de pistolero y delincuente. A Maduro le ofrecieron Trump y Marco Rubio una salida personal. Que pasaba por traicionar al pueblo. No la quiso. Quien está con el pueblo, está con algo que es más grande que uno mismo. Y en Venezuela llevan 25 años construyendo pueblo. Esa es la tarea de Delcy Rodríguez y el gobierno bolivariano.

Regresarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores.

El mito de Venezuela

 sinembargo.mx


Fabrizio Mejía Madrid

Venezuela no es una dictadura. Chávez ganó su primera elección con 56 por ciento de los votos. La reelección con 63 por ciento en 2006 pero, al siguiente año, perdió el plebiscito de su Constitución para una Venezuela “comunal”. Maduro perdió la mayoría en el Congreso en 2013 y su oposición, desubicada como siempre, sintió que desde ahí podía nombrar a otro Presidente, un tal Juan Guaidó. Las buenas conciencias, las que quieren quedar como demócratas y liberales consecuentes, repitieron desde el inicio del cambio en Venezuela, en 1999, que era una dictadura porque Chávez era un militar. Luego, cuando bajaron los precios del petróleo en 2014, empezaron a hablar de pobreza de los venezolanos sin jamás hablar de las más de mil sanciones económicas, congelamientos de activos, robo del oro depositado en Gran Bretaña, imposibilidad de comerciar libremente, prohibición de utilizar alguna pieza de motor, electrónica o satelital que tuviera una patente norteamericana. Todo eso fue aprobado durante la primera Presidencia de Trump. 

Desde 2014, digo, los analistas de la buena conciencia hablaban de escasez, de pobreza, de filas en los supermercados, pero jamás decían que, junto con Irán y Rusia, Venezuela era el tercer país más castigado por Estados Unidos y Europa desde 2017. Más tarde, Venezuela se convirtió en una narco-dictadura, con el segundo periodo de Trump, aunque Joe Biden no cantó mal las rancheras. Ahora, se hace eco de las denuncias de la DEA donde hasta Felipe Calderón resultaría aliado de Maduro y el castro-chavismo internacional. Vuelve la retórica de la dictadura porque Venezuela declaró reelecto a Maduro sin aceptar un escrutinio externo de las actas de votación en 2024. Pero los críticos justicieros jamás han hablado del poder comunal que se estableció en Venezuela como otra forma de democratización que no es la de las elecciones liberales.

Cuando escucho a esa analista de la televisión decir que está mal que invadan Venezuela pero que se lo merece por ser una dictadura, pienso en que quizás son las palabras las que nos están fallando. No es una dictadura, es un proceso político muy particular que en esta columna trataré de comprender. No sirve separar, como hizo uno de los dirigentes de la operación de noticias falsas en México, la Operación Berlín, de Enrique Krauze, entre apoyar al dictador o apoyar la intervención de Estados Unidos ---por supuesto se declaró más a favor de Trump que de Maduro--- sino tratar de describir qué es el régimen venezolano, es decir, una estructura de poder llamada, desde 2007, hace casi veinte años, Consejos Comunales.

Empecemos con la historia. ¿Qué era Venezuela antes de Hugo Chávez? No era, por supuesto, la Venezuela que dicen los opositores, esa nación de armonía, opulencia, y felicidad, sino otra más de las repúblicas latinoamericanas con una desigualdad tremenda: Con la aplicación del modelo neoliberal el porcentaje de la población pobre casi se triplicó, de 36 por ciento en 1984 a 66 por ciento en 1995, y la pobreza extrema en el mismo lapso se triplicó de 11 a 36 por ciento de venezolanos. Para 1988 Venezuela tiene una inflación de 100 por ciento. Es así que Andrés Pérez somete al pueblo venezolano a un plan de austeridad para los pobres, no para el Estado y sobre viene el Caracazo, es decir, la insurrección popular. Dejemos por un momento esta rebelión de los barrios y campesinos de 1989 para detenernos en el sistema político. Como en muchas naciones latinoamericanas, la élite sometió al pueblo al bipartidismo entre la democracia cristiana y una llamada socialdemocracia que implementó el modelo neoliberal. La izquierda fue marginada de ese pacto, llamado de Punto Fijo, y hasta ilegalizaron al Partido Comunista y al MIR que salió de la socialdemocracia para luchar por la vía armada. Desde este inicio, la izquierda buscó una alianza con los militares. 

Eso nos podría parecer extraño a otros latinoamericanos acostumbrados a ver a los militares como represores y entregados a los Estados Unidos. En Venezuela, el núcleo de la ideología de la izquierda, desde los años sesentas, es un levantamiento cívico-militar; hay mandos que militan secretamente en el Partido de la Revolución Venezolana, que tiene como ideólogos al propio Simón Bolívar con su panlationamericanismo y a otros dos referentes un tanto desconocidos para nosotros, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, de los cuales hablaremos brevemente más adelante. A esto se le une la resistencia indígena y la resistencia afrovenezolana. Los jóvenes oficiales del ejército se organizan en el Movimiento Bolivariano Revolucionario junto con la izquierda social para derrocar al Presidente Carlos Andrés Pérez, el 4 de febrero de 1992. Aunque fallan, es el fin del régimen bipartidista que empieza a declinar debido a la tremenda represión que ejerce sobre los pobres que deja 10 mil muertos sólo durante el Caracazo. Hugo Chávez se declara el único responsable de ese golpe de Estado fallido y se convierte en la figura central de la dirigencia. El antiguo Pacto de Punto Fijo se descompone y esa crisis abre la posibilidad de que Chávez gane la elección presidencial en 1998.

Hablemos brevemente de las ideas que instituyen el bolivarismo. De Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, retoman la idea de que America debe organizarse políticamente obedeciendo a su propia historia y no a la de los europeos con sus democracias monárquicas. “Inventamos o nos equivocamos”, escribió Rodríguez y de ahí el sustento de una democracia popular no liberal. Ezequiel Zamora, por su parte, es el líder histórico de las rebeliones campesinas en el siglo XIX y su lema, “Horror a la oligarquía” también se retoma como fundamento de un nuevo tipo de representación democrática, no ligada a un sistema de partidos.

El bolivarismo del pueblo que crea a Chávez y a Maduro está impregnado, además de democracia popular, de cristianismo de base a favor de los pobres, de consejos obreros, de maestros de la pedagogía de la liberación, y de la discusión de una nueva Constitución desde abajo comenzada en 1995. Cuando Chávez gana la elección en 1998 todos estos elementos ya fundan un nuevo pueblo. Los que no creen que el pueblo exista o que sólo son cuerpos serviles para el espectáculo de la aclamación de un lider, no pueden ver la base que crea a los dirigentes. Sin ese entendimiento todo poder que no se constituye en las urnas es una dictadura. No obstante, esa democracia popular va a las urnas y el 72 por ciento vota a favor de la nueva Constitución de Chávez, que no es de él, sino de los millones que participan en su redacción desde 1995. Uno de sus efectos es que posibilita al Estado para reestructurar su industria petrolera, nacionalizada por Carlos Andrés Pérez en 1975. De 2000 a 2003, Chávez lidia con los sabotajes y paros de la oligarquía burocrática de Petróleos de Venezuela y es hasta 2004 que comienza el proceso de organización de un nuevo régimen.

Se basa en los programas sociales convertidos en derechos constitucionales que se reparten a través de consejos comunales que son organizaciones locales de autogestión. Son territoriales. Los Consejos Comunales se forman en zonas urbanas en áreas de 200 a 400 hogares, en zonas rurales con alrededor de 20 hogares y en regiones indígenas con aproximadamente 10 hogares. El fundamento del Consejo Comunal y su órgano de toma de decisiones es la Asamblea de ciudadanos y ciudadanas. Su órgano ejecutivo está integrado por un vocero o una vocera de cada comité de trabajo de la comunidad, cinco miembros de la Unidad de Gestión Financiera y cinco de la Unidad de Contraloría Social. Son electos en urnas y sus votaciones son vigiladas por un órgano central. 

 Se pueden reelegir pero siempre en atención a la voluntad popular. Ejercen millones de dólares en todas las regiones y sus voceros son en su mayoría mujeres que no habían participado políticamente en las épocas del Pacto del Punto Fijo. Es hasta el chavismo que estas miles de mujeres se incorporan a decidir sobre presupuestos y políticas públicas en sus territorios. Por lo tanto, el régimen venezolano se organiza territorialmente en asamblea y su idea es que esa estructura vaya absorbiendo a lo que se considera la democracia liberal.

Hay un cambio de fuerzas en la sociedad y eso va debilitando a la oposición que tuvo su punto más alto cuando pudo ganar la mayoría del Congreso en 2013. En paralelo, el nuevo poder del Consejos se organizaba en el territorio y de una forma económica pues se trata de administrar recursos públicos y obras. Es decir, no son sólo decisiones políticas como el referéndum lo nuevo en Venezuela, sino la gestión económica de presupuestos públicos. Aunado a esto, el chavismo fue un proyecto nacional-popular donde el control de Petróleos de Venezuela regresó al Ministerio de Energía, se hizo una reforma agraria centrada en la suficiencia alimentaria entregando 650 mil títulos de propiedad en el campo y 30 mil en las ciudades. La producción agrícola aumento más del 40 por ciento. También hubo una ley para fomentar la pesca artesanal contra la pesca industrial, asunto que resuena ahora con el ataque de Estados Unidos a embarcaciones desarmadas argumentando que eran traficantes de fentanilo. Todo esto llevó al antiguo bipartidismo a fusionarse ---como aquí el PRIAN--- e intentar un golpe de Estado en abril 2002. 

Los Estados Unidos pusieron entonces a un títere, líder de los patrones, que reconocieron España y los gringos. Este vano Presidente impuesto desapareció tanto el parlamento como la Suprema Corte de Justicia y el órgano electoral, y quiso dar vuelta a la nueva Constitución con un decretazo. Pero tanto el nuevo pueblo que llevó al poder a Chávez como las fuerzas armadas hicieron fracasar el golpe de Estado y, en respuesta, la oposición impulsó un paro de los empresarios. En tan sólo días salieron del país 10 mil millones de dólares y las importaciones de alimentos y productos básicos se vio interrumpida. De ello es responsable el empresariado venezolano golpista y vengativo. Para el 2003 la pobreza regresa al 60 por ciento y la extrema pobreza al 30 por ciento, pero aún así pierden la revocación del mandato. Chávez obtiene el 60 por ciento del respaldo. 

A partir de ahí se acelera la confrontación entre esa élite golpista y los barrios y granjas populares. Se acelera la construcción del régimen paralelo a la democracia liberal y Chávez llama a su estrategia “socialismo del siglo XXI”. Para el 2009, la salud gratuita alcanzó al 54 por ciento de todos los venezolanos, se alfabetizó a un millón y medio, y consiguió el quinto lugar mundial en matrícula universitaria. Para responder a la traición de los empresarios, el chavismo impulsó una forma alterna de distribución de alimentos, 40 por ciento más baratos. La leche se estatizó en un porcentaje mayoritario, así como los teléfonos, la refrigeración y el acero. Al monopolio mexicano del cemento, Cemex, le expropiaron sus plantas en Venezuela. Se expropiaron cadenas de supermercados francesas. El salario aumentó a 700 dólares ya para 2011 y la jornada se redujo a 40 horas. La pobreza volvió a retroceder al 26 por ciento y tan sólo siete por ciento de pobreza extrema. Por eso, es un mito que el régimen bolivariano haya empobrecido a su pueblo, mientras que antes vivía en Jauja. No fue así. La pobreza y la escasez fue un resultado del sabotaje de los empresarios. El 5 de marzo de 2013 Chávez murió de cáncer a los 58 años.

Desde que sucedió a Chávez, Maduro ha tenido dos reelecciones, igual que casi cualquier Presidente gringo. Pero sólo a él se le llama dictador y, ahora, narco-dictador. En el año que acaba de terminar, el 2025, Venezuela creció al nueve por ciento anual y tras el bloqueo de más de mil sanciones a su comercio internacional, decidió romper las transacciones petroleras con dólares. Usa yuanes chinos. Tiene prohibido por Estados Unidos de usar cualquier pieza o componente patentado en ese país, por lo que tiene que hacer malabares para refacciones y nuevos equipos. Por eso se ha aliado con China e Irán, que también resienten restricciones comerciales de Europa y Estados Unidos. En lo político, Venezuela se ha dirigido hacia una posición que fusiona lo militar con los consejos comunales. La resistencia armada ante una invasión está organizada por bloques de territorio con cuatro millones y medio de hombres y mujeres armadas. Es decir, una quinta parte de los mayores de 18 años es parte de los milicianos ya fusionados con el ejército bolivariano.

Ahora volvamos a lo que dice la prensa, los mediólogos, y los catedráticos. El proceso bolivariano en Venezuela tiene una raíz contra el sistema liberal producto de los daños que el Pacto de Punto Fijo, es decir, el bipartidismo, le infligió al bloque popular. Es una democracia participativa que no es liberal en su centro, aunque pasa por elecciones sucesivas y constitucionales. No hay dictadura. Hay poder popular. La pobreza y el desabasto han sido, como en el caso de Cuba, un resultado del sabotaje económico y de las sanciones comerciales de los Estados Unidos. La pobreza no es parte del sistema económico del chavismo que es, más que nada, un proyecto nacional-popular con una presencia dominante del Estado a favor de los trabajadores. Tampoco es militarista, ya que en su origen las fuerzas armadas se consideraron como una parte crucial del levatamiento popular.

Por eso las buenas conciencias que ahora dicen que está mal la dictadura de Maduro pero que eso no justifica la invasión norteamericana no son honestos. Si algo nos enseñó el siglo XX es que ni la Revolución ni la democracia se pueden exportar como si fueran televisiones. Cada país tiene sus procesos y, para entender cómo resultará el actual de Venezuela es necesario empezar por comprenderla y no tratar de ajustarla a nuestros prejuicios que son bastantes.

Hollywood invade Venezuela

Por Alejandro Marcó del Pont 

Fuentes: El tábano economista

Las deudas petroleras pagarán la intervención (El Tábano Economista)

Tras la invasión y rápida conquista de Grecia en abril de 1941, el país heleno fue desmembrado en zonas de ocupación alemana, italiana y búlgara. La porción alemana, que incluía Atenas, el puerto del Pireo y la estratégica Creta, era la más extensa y económicamente vital. Las autoridades de ocupación nazis, ejerciendo un control absoluto sobre el Banco de Grecia, impusieron al Estado griego derrotado la obligación de conceder un «crédito» ilimitado para cubrir los llamados «gastos de ocupación«.

El mando militar alemán presentaba sus demandas —que iban desde los salarios de sus soldados y la construcción de fortificaciones hasta la adquisición masiva de alimentos y materias primas— al banco central griego, el cual se veía forzado a imprimir dracmas (moneda griega) a un ritmo frenético, entregándolos a los ocupantes a un tipo de cambio fijado unilateralmente por Berlín, una tasa tan favorable al Reichsmark que constituía un saqueo en sí misma.

Los alemanes utilizaban estos billetes recién salidos de la imprenta para comprar todo lo de valor en el mercado griego, provocando una hiperinflación devastadora que, combinada con el acaparamiento de alimentos, desembocó en una hambruna que se cobró cientos de miles de vidas. Cada billete emitido bajo coacción era meticulosamente registrado como un «préstamo» que la empobrecida Grecia le hacía a su rico ocupante, una deuda fantasma que crecía exponencialmente mientras el país se hundía en la ruina. Al final de la pesadilla, los invasores se retiraron dejando tras de sí solo escombros, miseria y un documento oficial que declaraba que las víctimas, reducidas al hambre, debían una fortuna a quienes las habían despojado de todo.

Esta perversión económica, esta deuda disfrazada de tinta y números, no es un mero artefacto histórico. Es el arquetipo de un mecanismo que, con distintas sofisticaciones, se repite a lo largo de la historia de la dominación. Y no es muy diferente de la lógica que ahora se implementa, con una frialdad calculada, sobre los yacimientos petroleros de Venezuela, tal como se explicita en la tesis general del artículo anterior, La gran máquina de guerra.

En el escenario venezolano posintervención de enero de 2026, el Departamento de Energía de Estados Unidos ha contactado de manera directa y coercitiva a los ejecutivos de las grandes petroleras, planteando una ecuación que es la esencia del capitalismo de ocupación: las inversiones privadas en la reconstrucción del sector energético venezolano serán el vehículo para el «reembolso» de los laudos arbitrales pendientes por las expropiaciones de 2007. Es decir, las empresas no recibirán una compensación en efectivo por lo que les fue arrebatado; en su lugar, se les «permitirá» invertir nuevamente, con condiciones ventajosas, para recuperar su dinero a través de la futura explotación del petróleo venezolano.

Se trata de disfrazar una deuda de reparación con el ropaje de una nueva oportunidad de negocio, un ciclo donde las propias víctimas del expolio anterior deben financiar la reactivación del botín, beneficiando a las corporaciones mientras se evade una compensación plena y soberana a Venezuela. Esta idea, lejos de ser una especulación, se basa en informes concretos que detallan cómo el Departamento de Energía estadounidense exige inversiones como condición sine qua non para cualquier reembolso, creando así un circuito cerrado donde las deudas del pasado financian la extracción futura, y donde el costo de la intervención militar se socializa a través de la deuda venezolana y se privatiza a través de las ganancias corporativas.

Sin embargo, este formato perverso, donde Venezuela termina pagando —a través de concesiones, royalties reducidos y control operativo cedido— las inversiones para su propia reconstrucción petrolera, llevan implícitas una serie de premisas geopolíticas y legales que deben diseccionarse antes de reflexionar sobre la mecánica financiera concreta. En principio, y de manera sucinta, hay que resaltar que la intervención militar estadounidense prioriza de manera obscena el poderío militar bruto sobre cualquier norma multilateral, exacerbando la crisis de legalidad global e instalando de facto la «ley del más fuerte» como único principio rector.

La operación, ejecutada sin resistencia (solo los 32 cubanos, guardaespaldas de Maduro, murieron en enfrentamientos localizados), lo que sugiere una coordinación implícita o una deserción masiva y prenegociada dentro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. La Organización de las Naciones Unidas, reducida a la irrelevancia, condenó el acto sin medidas coercitivas, una farsa que simplemente resaltó la erosión terminal de la arquitectura legal internacional construida tras 1945. Las violaciones son múltiples y flagrantes: el Artículo 2(4) de la Carta de la ONU (prohibición del uso de la fuerza), el Principio de No Intervención (Artículo 2(7)), la soberanía estatal, la integridad territorial, la inmunidad de jefes de Estado e incluso la Convención sobre Personas Internacionalmente Protegidas. La Carta de la OEA fue igualmente triturada. Este desprecio por el derecho no es un efecto colateral; es un requisito funcional para el modelo económico que se pretende implantar.

El diseño político de la transición venezolana es igualmente revelador. En los meses previos a la intervención, mientras la retórica belicista de Washington se intensificaba, un grupo de ejecutivos, abogados e inversionistas vinculados a la industria petrolera mantuvieron intensas conversaciones con la administración Trump y asesores del Congreso. Su candidata consensuada no era la figura opositora Corina Machado, sino Delcy Rodríguez, la número dos de Maduro, exministra de Petróleo y durante mucho tiempo el contacto predilecto y respetado de los altos ejecutivos internacionales.

Rodríguez impresionó a los círculos empresariales por su habilidad para navegar el laberinto de sanciones y mantener algún flujo de crudo a pesar de la catástrofe interna. Para las petroleras y para el círculo íntimo de Trump, Rodríguez ofrecía lo esencial: continuidad administrativa y orden. Las inversiones masivas requieren un país «sin disturbios». Una figura opositora radical podía desatar protestas, divisiones inmanejables o una rebelión chavista desesperada. En cambio, Rodríguez, una chavista de alto rango, ofrecía la posibilidad de usar la estructura administrativa existente, la red de contactos y la maquinaria del PSUV para mantener el control social y diluir, desde dentro, la resistencia chavista.

Es la fórmula perfecta del neocolonialismo eficiente: utilizar a una élite local colaboracionista para gestionar la extracción de recursos, manteniendo la fachada de un gobierno soberano mientras se transfiere el control real a las corporaciones extranjeras. Se trata, en esencia, de utilizar al chavismo para destruir al chavismo como proyecto soberano, transformándolo en un gestor de la renta para nuevos dueños.

La teoría económica subyacente parece de una simplicidad seductora. Venezuela posee vastas reservas de petróleo, de hecho, las reservas certificadas más grandes del mundo, y en su mejor momento producía más del triple de los escasos 1,2 millones de barriles diarios actuales. Por lo tanto, la lógica dicta que, con una inyección masiva de capital y tecnología occidental, debería ser sencillo modernizar el equipo deteriorado y observar cómo los barriles adicionales —y las ganancias— fluyen de nuevo. Pero el interés estadounidense trasciende la mera extracción. Tiene un componente estratégico de seguridad energética y, más concretamente, de rentabilidad refinadora.

La costa del Golfo de México de Estados Unidos, especialmente Texas y Luisiana, está sembrada de refinerías gigantescas diseñadas específicamente para procesar crudo pesado y ácido, el tipo de petróleo que Venezuela produce en abundancia. Desde que las sanciones cortaron el flujo en 2019, estas refinerías han tenido que buscar sustitutos como el crudo Maya mexicano, con resultados inferiores: pérdidas de eficiencia de hasta el 10% en la producción de combustibles de alto valor como la gasolina y el diésel, debido a diferencias en la composición química.

Es aquí donde la mecánica del «canje de deuda por inversión» revela su genialidad, alineándose perfectamente con la lógica de la «máquina de guerra» que se autofinancia. Según informes de enero de 2026, la administración Trump ha propuesto un intercambio condicionado. Las grandes petroleras estadounidenses, principalmente ExxonMobil y ConocoPhillips, deben comprometer inversiones significativas en Venezuela para poder acceder a cualquier reembolso por los activos expropiados en 2007.

Los laudos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI – Banco Mundial) son cuantiosos: ConocoPhillips ganó un fallo por 8.700 millones de dólares (que con intereses se acerca a los 12.000 millones en 2026), y ExxonMobil reclama entre 1.600 y 2.000 millones. El total del sector supera los 10.000 millones de dólares, una deuda fantasma que pende sobre PDVSA y el Estado venezolano. En lugar de pagar esta deuda, el nuevo esquema la convierte en palanca.

La intervención militar, que capturó a Maduro el 3 de enero, no genera así un costo neto para los contribuyentes estadounidenses; se presenta como una operación que se «paga sola» a través de la reactivación petrolera financiada por el capital privado, el cual a su vez recupera sus antiguas pérdidas a través de ganancias futuras. Es el ciclo perfecto: la guerra abre la puerta, el capital extrae el recurso, y los beneficios cubren los costos políticos y legales previos.

El mecanismo operativo es un «quid pro quo» pragmático y coercitivo, inspirado en la visión trumpista de que «el petróleo venezolano pagará por esto». Primero, se exigen inversiones obligatorias. Las compañías deben comprometer entre 20.000 y 50.000 millones de dólares en infraestructura para PDVSA, principalmente a través de joint ventures donde recuperan el control operativo de los yacimientos que una vez les fueron arrebatados, particularmente en la Faja del Orinoco.

Segundo, los reembolsos están condicionados a estas inversiones. El Gobierno de transición (presidido probablemente por Delcy Rodríguez) utilizaría los ingresos petroleros futuros para ir saldando los laudos, un proceso facilitado por el levantamiento de sanciones y la protección de activos como Citgo. No habrá un cheque por 12.000 millones para ConocoPhillips; en su lugar, se le otorgarán concesiones con royalties bajísimos o nulos, o se le permitirá deducir el monto de sus inversiones, de modo que sus ganancias a largo plazo equivaldrán al monto del laudo. Quien no invierta, pierde toda prioridad en el cobro.

Tercero, este esquema financia indirectamente la intervención. En la lógica de la máquina de guerra, las inversiones privadas cubren los costos militares y de estabilización, logrando un «costo cero neto» para el erario estadounidense. El petróleo extraído fluye a las refinerías del Golfo, generando empleo, impuestos y seguridad energética doméstica.

Sin embargo, este diseño choca con una realidad económica incómoda. Las proyecciones de la consultora Rystad Energy indican que se necesitarían 155.000 millones de dólares para reparar una década de subinversión y duplicar la producción a 2 millones de barriles diarios para 2030. Es una cifra astronómica, incluso para gigantes como Exxon y Conoco. Este esfuerzo inversor se ve complicado por otro objetivo contradictorio de la administración Trump: mantener los precios del petróleo bajos, alrededor de 50 dólares el barril, para beneficiar al consumidor estadounidense y cosechar réditos electorales de cara a las elecciones de medio termino de 2026.

Un petróleo a 50 dólares hace que las inversiones de alto costo en la compleja Faja del Orinoco sean mucho menos atractivas, ya que limitan drásticamente los márgenes de beneficio. Las petroleras pensarán en recortes de gastos, no en aumentos masivos de inversión. La Administración Trump se encuentra en una pinza: necesita el flujo de crudo, pero no puede permitir que su precio suba, y necesita que las empresas inviertan, pero les ofrece un entorno de precios bajos. La solución probable será una combinación de garantías políticas y subsidios encubiertos: seguros de riesgo soberano del gobierno de EE.UU., contratos de compra a largo plazo a precios preferenciales para las refinerías del Golfo, y una presión feroz sobre las compañías para que asuman el riesgo «patrióticamente», con la promesa de ganancias futuras en un mercado rediseñado.

La reconfiguración geopolítica sería profunda. Si Estados Unidos consolida este control indirecto sobre la producción venezolana, el flujo global de crudo pesado cambia. China, actualmente el mayor comprador del crudo venezolano a través de trueques y pagos en yuanes, sería expulsada del mercado, perdiendo un aliado estratégico en su guerra económica con Occidente. Rusia vería debilitada la alianza energética dentro de los BRICS+. Las refinerías del Golfo recuperarían su fuente de alimentación ideal, una de las causas de la invasión, reduciendo la dependencia de la volátil OPEP+ y estabilizando sus márgenes.

Para Venezuela, el resultado es una estabilización precaria y profundamente dependiente. Se podría detener la inflación y recuperar cierta normalidad económica, pero a un costo feroz: la soberanía energética quedaría hipotecada por décadas. PDVSA se convertiría en poco más que una entidad titular, mientras los consorcios internacionales toman las decisiones operativas y capturan la mayor parte del valor. Los laudos de la deuda fantasma no se pagan; se transforman en títulos de propiedad sobre el futuro del país.

En resumen, la intervención en Venezuela prioriza la energía sobre la democracia, el beneficio corporativo sobre los derechos humanos, y el poder bruto sobre el derecho internacional. Los pretextos humanitarios y democráticos que pudieron esgrimirse se desvanecen ante la cruda mecánica de un acuerdo que convierte la deuda de guerra en inversión extractiva.

Estados Unidos gana en seguridad energética, sus corporaciones recuperan y amplían sus ganancias, y el complejo militar-industrial demuestra una vez más su capacidad para crear mercados a través de la fuerza. Venezuela, como Grecia en 1941, se encuentra atrapada en la lógica de la deuda fantasma: la factura de su propia ocupación, disfrazada de contrato de inversión, se le presentará durante generaciones, mientras el petróleo que fluye de sus entrañas paga, gota a gota, el precio de una libertad que esta vez no se perdió en un campo de batalla, sino en los despachos de abogados y las salas de juntas de Houston y Washington.

Fuente: https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2026/01/07/hollywood-invade-venezuela/

Venezuela: La causa del problema nunca será la solución

 Por Vari@s autor@s

Fuentes: Rebelión - Imagen: Ilustración sobre el ataque contra Venezuela (enero de 2026) de Luis Scafati

Como consecuencia del reciente ataque a Venezuela y el secuestro de su presidente por resolución unilateral de la Casa Blanca, académicos, artistas y políticos de diferentes países hacen un llamado a la conciencia del Sur Global ante un proceso acelerado de “palestinización del mundo”.

Lo que hoy ocurre en Venezuela no es una anomalía ni una desviación inesperada del orden internacional. Tampoco puede leerse como una reacción coyuntural ante un gobierno específico ni como un episodio aislado de tensión diplomática. Es, una vez más, la reaparición de una lógica histórica que América Latina conoce con dolorosa precisión: la de ser tratada como frontera salvaje, ese territorio donde las reglas que rigen para el “mundo civilizado” se suspenden sin escándalo y la violencia se ejerce como si fuera un derecho natural.

Bloqueos económicos totales, confiscación de bienes, operaciones militares encubiertas, amenazas explícitas de intervención y secuestros presentados bajo una nueva versión de las doctrinas Monroe y de la Seguridad nacional que, más bien, se parecen al mito de “el espacio vital” esgrimido por el Tercer Reich hace un siglo.  No son desvíos del sistema internacional: son parte de su funcionamiento histórico cuando se trata del Sur Global y de América Latina en particular.

Lo ocurrido el 3 de enero marca, sin embargo, un umbral nuevo. No se trató solo de la reiteración de prácticas conocidas, sino de una demostración obscena de impunidad ante cualquier ley y una confirmación de la actual “palestinización del mundo”. La violación de la soberanía venezolana, ejecutada sin declaración de guerra y presentada públicamente como demostración de poder, no suspendió el orden internacional: lo declaró prescindible. Allí donde antes operaban eufemismos diplomáticos, ambigüedades jurídicas o coartadas humanitarias, apareció la afirmación directa de que la fuerza basta por sí misma para legitimarse. Lo que se mostró no fue un exceso, sino una pedagogía del dominio dirigida al mundo entero. Cambian los nombres de los gobiernos, se actualizan los ideoléxicos, se reciclan las excusas morales, pero el guion permanece intacto. América Latina vuelve a aparecer como espacio disponible para el castigo ejemplar, la experimentación política y la pedagogía del miedo.

La historia regional es demasiado clara como para fingir sorpresa. Invasiones militares, ocupaciones prolongadas, golpes de Estado, guerras por delegación, bloqueos económicos, sabotajes, secuestros y campañas sistemáticas de demonización mediática han acompañado, durante doscientos años cada intento de autonomía política, redistribución social o control soberano de los recursos. No se trató nunca de errores aislados ni de excesos corregibles, sino de una política persistente, sostenida por una concepción jerárquica del mundo que reserva para algunos pueblos elegidos por un Destino manifiesto la plenitud del derecho y para otros la excepción permanente.

Pensar América Latina como frontera salvaje no implica aceptar una identidad impuesta, sino denunciar la mirada imperial que la construyó como tal. Esa mirada imperial no solo construye territorios disponibles: también produce jerarquías humanas. Decide qué vidas merecen duelo, qué violencias escándalo y cuáles pueden administrarse como daño colateral. El orden internacional no se limita a regular conflictos: distribuye sensibilidad, legítima indiferencias y organiza silencios. Por eso, la agresión no comienza con los misiles, sino con la normalización de un lenguaje que vuelve aceptable lo inaceptable y vuelve invisible a quienes quedan fuera del reparto del derecho. Una mirada que naturaliza la violencia hacia el sur global con la complicidad de sus rémoras criollas, que racializa los conflictos y que suspende, sin pudor, los principios del derecho internacional cuando estos obstaculizan intereses estratégicos. Lo que en otros territorios sería considerado crimen, acto de guerra o violación flagrante de la soberanía, aquí se vuelve “medida”, “presión”, “operación preventiva” o “asistencia para la estabilidad”. En cierto grado, la brutalidad se ha sincerado y la antigua excusa de la democracia ya ha perdido uso y atractivo. Queda la defensa de la libertad, la libertad de los amos y mercaderes, el miedo y la moral de los esclavos.

En este sentido, Venezuela no es una excepción sino un ensayo general. Cuando una potencia actúa de ese modo y no enfrenta sanción efectiva alguna, el mensaje es inequívoco: la excepción se convierte en regla. Lo que hoy se tolera como caso singular se incorpora mañana como antecedente operativo. El derecho internacional no cae de golpe; se vacía por acumulación de silencios. Un escenario donde se pone a prueba hasta dónde puede avanzarse sin generar una reacción significativa de la comunidad internacional. Lo que hoy se tolera como caso singular, mañana se invocará como precedente.

Nada de esto implica desconocer los conflictos internos, las discusiones, las profundas concepciones sobre qué es o debe ser una democracia ni las deudas sociales, mal endémico de los países latinoamericanos. No podemos negar esto como no podemos aceptar que esas tensiones habilitan una agresión externa―de hecho, la historia muestra de forma repetitiva que estas agresiones e intervenciones imperiales han sido el mayor combustible de los conflictos sociales y del subdesarrollo de estos países. Ninguna crítica interna justifica una invasión. Ningún desacuerdo político legitima el castigo colectivo de un pueblo. La soberanía no es un premio a la virtud ni una certificación moral otorgada desde afuera: es el umbral mínimo para que las sociedades decidan su destino sin un arma apoyada sobre una mesa de negociación.

Frente a esta escalada, la respuesta de buena parte de la comunidad internacional ha sido el silencio, la ambigüedad, la tibieza diplomática y la ausencia de medidas concretas. Un lenguaje que no busca detener la violencia, sino administrarla. Palabras que nunca nombran al agresor, que diluyen responsabilidades y que colocan en un mismo plano a quien acosa y a quien resiste. La historia latinoamericana enseña que las grandes tragedias no comenzaron con bombardeos, sino con palabras y excusas que las volvieron tolerables. Cuando la agresión se normaliza, la violencia avanza sin resistencia.

Defender hoy la soberanía de Venezuela no equivale a defender a un gobierno ni a clausurar el debate interno. Equivale a rechazar una lógica que vuelve a instalar la guerra como instrumento legítimo de orden internacional basado en los intereses del más fuerte. Equivale a afirmar que América Latina no es patio trasero ni delantero de nadie; no es zona de sacrificio, ni frontera salvaje de nadie. Y equivale, también, a asumir una responsabilidad intelectual básica: romper la amnesia histórica antes de que vuelva a escribirse, una vez más, con sangre ajena.

Porque callar ante una agresión nunca fue neutral. La historia, cuando finalmente habla, no suele ser indulgente con quienes miraron hacia otro lado. Para muchos, esto no tiene importancia. Para nosotros sí.

Firman:

Abel Prieto, Cuba
Adolfo Pérez Esquivel, Argentina
Andrés Stagnaro, Uruguay
Atilio Borón, Argentina
Aviva Chomsky, Estados Unidos
Boaventura de Sousa Santos, Portugal
Carolina Corcho, Colombia
Débora Infante, Argentina
Eduardo Larbanois, Uruguay
Emilio Cafassi, Argentina
Federeico Fasano, Uruguay
Felicitas Bonavitta, Argentina
Gustavo Petro, Colombia
Jeffrey Sachs, Estados Unidos
Jill Stein, Estados Unidos
Jorge Majfud, Estados Unidos
Mario Carrero, Uruguay
Óscar Andrade, Uruguay.
Pablo Bohorquez, España
Pepe Vázquez, Uruguay
Ramón Grosfoguel, Estados Unidos
Raquel Daruech, Uruguay
Stella Calloni, Argentina
Víctor Hugo Morales, Argentina
Walter Goobar, Argentina

*Terrorismo imperialista*


Por: Frei Betto

El secuestro terrorista del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en la madrugada del 2 al 3 de enero de este año, por parte del gobierno de Donald Trump, constituye una gravísima violación a la soberanía e independencia de los países de América Latina y el Caribe. Díaz-Canel, presidente de Cuba; Gustavo Petro, de Colombia; y Gabriel Boric, de Chile, fueron los primeros en reaccionar indignados. Es la primera vez que Estados Unidos ataca directamente a un país sudamericano.

Lula reaccionó un poco más tarde, enfatizando que "los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente cruzan una línea inaceptable. Estos actos representan una afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela y un precedente sumamente peligroso para toda la comunidad internacional".

Lula afirmó además que la acción militar de esta madrugada de inicios de enero es una flagrante violación del derecho internacional y abre paso a un mundo de "violencia, caos e inestabilidad". "Atacar países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo. La condena al uso de la fuerza es consistente con la posición que Brasil siempre ha adoptado en situaciones recientes en otros países y regiones", añadió.

Lula subrayó que "la acción recuerda los peores momentos de la interferencia en la política de América Latina y el Caribe, y amenaza la preservación de la región como zona de paz. La comunidad internacional, a través de la Organización de las Naciones Unidas, necesita responder de forma vigorosa a este episodio. Brasil condena estas acciones y sigue dispuesto a promover la vía del diálogo y la cooperación".

Siempre fueron, como mínimo, tensas las relaciones de Estados Unidos con líderes latinoamericanos y caribeños que no están de acuerdo con su política imperialista fundada en la Doctrina Monroe.

A lo largo del siglo XX, en el contexto de la Guerra Fría y de la política de contención del comunismo, Estados Unidos se involucró directa o indirectamente en acciones que llevaron a la deposición, muerte o desaparición de líderes latinoamericanos. La mayor parte de estas intervenciones ocurrió mediante el apoyo a golpes de Estado, operaciones encubiertas o alianzas con grupos locales.

Entre los casos más notorios se incluye el de Jacobo Árbenz, presidente democrático de Guatemala. Derrocado en 1954 por un golpe respaldado por la Casa Blanca, murió en el exilio en circunstancias consideradas accidentales —ahogamiento— en 1971. Existen teorías no comprobadas sobre asesinato. En la ocasión del golpe, el Che Guevara se encontraba en el país y logró refugiarse en México.

En el mismo año de 1954, Estados Unidos promovió el golpe que implantó una dictadura militar en Paraguay. Diez años después, replicó la erradicación de la democracia en Brasil (1964), Argentina (1966 y 1976), Bolivia (1966 y 1971), Uruguay y Chile (1973).

El presidente de Chile, Salvador Allende, elegido democráticamente, murió durante el golpe militar de 1973, apoyado por Estados Unidos. La versión oficial es el suicidio, pero las circunstancias aún son nebulosas y polémicas.

Omar Torrijos, presidente progresista de Panamá, falleció en un accidente aéreo en 1981. Las sospechas de involucramiento de Estados Unidos persisten, aunque nunca fueron comprobadas.

El progresista Maurice Bishop, elegido Primer Ministro de Granada en 1979, fue derrocado, arrestado y fusilado en prisión en 1983, durante el golpe de Estado que precedió a la invasión estadounidense al país. Lo conocí en Managua, en julio de 1980, en las festividades del primer aniversario de la Revolución Sandinista.

Manuel Noriega, militar que lideró Panamá de
1983 a 1989, era agente de la CIA. Sin embargo, por involucrarse con cárteles de drogas, fue derrocado por una invasión estadounidense, llevado a Estados Unidos y sentenciado a 40 años de prisión, de los cuales cumplió 17.

Extraditado a Francia, este país lo envió a Panamá, donde fue nuevamente encarcelado por crímenes cometidos durante su dictadura. Murió de cáncer cerebral en 2017, a los 83 años.

Por elección democrática, Jean-Bertrand Aristide, sacerdote vinculado a la Teología de la Liberación, presidió Haití en tres períodos; el último de 2001 a 2004, cuando debido a un conflicto entre exmilitares y sus seguidores, Estados Unidos intervino y lo sacó del país con apoyo de tropas brasileñas.

Juan Orlando Hernández, que presidió Honduras de 2014 a 2022, fue detenido en su país en febrero de ese año por orden de Estados Unidos. En junio de 2024, fue condenado por la justicia estadounidense a 45 años de prisión, acusado de involucramiento con tráfico de drogas, del cual habría recibido millones de dólares de cárteles para permitir el paso de cocaína por Honduras.

En diciembre del año pasado, Trump le concedió un perdón presidencial, alegando que Hernández fue víctima de "persecución política" y un "montaje" del gobierno de Biden, aunque fue condenado en Estados Unidos por fiscales que lo acusaron de haber convertido a Honduras en un "narcoestado".

El perdón fue visto como una maniobra política de Trump para apoyar al partido conservador de Hernández en las elecciones hondureñas de 2025 y reforzar la base electoral del expresidente. La actitud generó críticas por contradecir la lucha contra el narcotráfico y la política exterior de Estados Unidos, especialmente hacia Venezuela, según analistas y republicanos.

Además de estos, existen relatos de intentos de asesinato de líderes políticos en la región, desestabilización de gobiernos o apoyo, por parte de Estados Unidos, a regímenes que violaban los derechos humanos.

Cabe resaltar que el líder cubano Fidel Castro, considerado durante décadas el enemigo número 1 de Estados Unidos y que cumpliría 100 años ahora en 2026, falleció tranquilamente en su cama, rodeado por su familia, en noviembre de 2016. Y Raúl Castro, su hermano, continúa activo a los 94 años.

Es crucial consultar fuentes históricas sólidas y considerar el contexto político de cada época al analizar estos eventos. Muchos documentos han sido desclasificados a lo largo de los últimos años, revelando el involucramiento de Estados Unidos en operaciones encubiertas, pero también mostrando que los resultados no siempre fueron los planeados.

Para un estudio profundo, recomiendo obras de historiadores como Greg Grandin, Stephen Rabe y Piero Gleijeses, además de documentos ahora desclasificados del archivo de seguridad nacional de Estados Unidos.

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

sinembargo.mx

Mario Campa

El 3 de enero pasará a los capítulos más negros de la historia reciente de América Latina. Es tarea del analista plantear algunas tesis de salida para su posterior seguimiento. Enlisto cinco:

1) El Imperio contraataca cuando está contra las cuerdas, pero aplasta al débil para intimidar al fuerte. Con el telón de fondo de una China acechante como retadora contrahegemónica, Washington libra una feroz guerra comercial; en paralelo, sostiene la resistencia ucraniana frente a Rusia. Sería iluso pensar que la mejor arma del momento es un escudo y no una lanza. Estados Unidos, galvanizado en la cúpula por una pulsión imperial, tomó la ofensiva contra el eslabón más débil: Venezuela, bombardeada con sanciones en la primera presidencia de Trump y con ráfagas en la segunda. En Caracas, la Casa Blanca cruzó la línea de la retórica llana con un ataque militar a un país soberano y el secuestro de su Presidente. Para completar el cuadro clínico del rebrote imperialista, Trump declaró al día siguiente que Groenlandia, Cuba, Colombia o Irán podrían ser los próximos objetivos militares. Trump, sabedor del costo fiscal y electoral que implicaría agredir a potencias emergentes, aplasta antes a naciones marginales, como mandan los cánones del matón de cuadra. 

2) Estados Unidos puede usar al terrorismo y al narcotráfico para justificar cualquier movimiento imperial. El economista Jeffrey Sachs lo resumió bien en una entrevista: “Estados Unidos se propone deliberadamente destruir cualquier atisbo de derecho internacional. No sé cómo se sentirá Europa cuando Estados Unidos invada Groenlandia. Pero no se sorprendan cuando suceda. Trump lo ha anunciado, lo ha anunciado una y otra vez, y es muy probable que suceda. Un día, Trump dirá: ‘Tenemos una 'emergencia nacional’ y Groenlandia será ocupada”. En definitiva, así como Hitler acusó a Roosevelt de conducir la presunta conspiración financiera y comunista, Trump hoy puede culpar a Gustavo Petro de encabezar la exportación de cocaína, y nadie podrá frenar los disparates retóricos acompañados de sanciones, balas y bombas. 

3) Netanyahu, además de criminal de guerra, fungió de hipótesis. La impunidad se contagia, y más entre cómplices de un crimen tan atroz como el exterminio de Gaza. En retrospectiva histórica, fue fácil identificar la Noche de los Cristales Rotos o la anexión de los Sudetes como el punto de no retorno del nacionalsocialismo; para efectos prácticos, demostraron que el Tercer Reich tenía licencia para acribillar. En la actual coyuntura, como premonición de lo que venía, Trump festejó el año nuevo con el líder de Israel, acusado de genocidio por los estudiosos y los tribunales internacionales. En la total impunidad, Netanyahu es hoy día el principal aliado militar y financiero de la Casa Blanca, y sólo el tiempo dirá si juega el mismo papel histórico de segundón que Mussolini. Entretanto, un eje de complicidades que aglutinaría a los Milei y Kast se teje en Sudamérica en favor de intereses imperiales. Quien ose denunciar los atropellos en estas horas aciagas no es más que un “zurdo de mierda”, como repite ese loro engallado llamado Ricardo Salinas Pliego.

4) Si María Corina Machado no juega bien sus cartas, pasará a la historia como una entreguista patética. Tras el aparente desprecio de Trump a la líder opositora, de quien aseguró que carece del respeto y la legitimidad indispensables para gobernar, los Milei, Kast, Salinas Pliego y demás apóstoles ultra habrán de registrar para sus adentros que para el imperio son tan desechables como un Kleenex. Tras las más de 200 personas a las que Trump “liberó” de sus vidas en los últimos días, desde pescadores hasta militares, María Corina Machado podría quedarse vestida de novia y alborotada, con una gran mancha de sangre teñida al frente y cargando a cuestas el cadáver del estigma de haber ofrecido el petróleo como moneda de cambio. Como escribió el periodista argentino Martín Caparrós en X: “Traicionar es feo. Y más cuando lo haces tan mal”. 

5) La pregunta no es si quiere el petróleo, sino para qué. Por si quedaran dudas del móvil imperial, el Embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, las despejó de tajo: "Este es el hemisferio occidental y no vamos a permitir la presencia de competidores y rivales de Estados Unidos. No podemos dejar las mayores reservas energéticas del mundo bajo el control de adversarios de Estados Unidos". En esa línea, identifico al menos seis razones de peso para amasar petróleo venezolano aún con el boom estadounidense en curso: (a) amarrar negocios con las petroleras cercanas a Trump, (b) restar mercado a Rusia, (c) debilitar la coordinación de oferta de la OPEP+, (d) bajar el precio de las gasolinas para mitigar la crisis de asequibilidad interna, (e) ahorcar a un gran importador neto, como China o (f) atacar Irán en un futuro próximo despejando antes del camino la amenaza de un bloqueo del Estrecho de Ormuz. En cualquier caso, frente al cúmulo confeso de motivos racionales y complementarios, sería ingenuo pretender que el petróleo no es la llave geopolítica maestra. 

Mientras el imperialismo ande suelto sin correa, estas cinco tesis iniciales habrán de enriquecerse y reproducirse en los próximos días de vorágine. Aquello de “perro que ladra no muerde” no aplica más.

Los buitres del imperio merodean sobre México

 sinembargo.mx

Pedro Mellado Rodríguez

Un delincuente declarado, porque así lo calificó formalmente una Corte de Nueva York. Sujeto atrabiliario, con corazón de filibustero, asesino, extorsionador y ladrón, son las prendas que caracterizan al deshumanizado Presidente de los Estados Unidos, un país que debería sentirse avergonzado de tener a un mandatario que amenaza a sus vecinos con el único argumento que considera válido: la fuerza del grandulón del barrio que, además, alardea que por su prominente poder nadie osaría enfrentarlo. Sin embargo, la dignidad de los pueblos no se somete al capricho de los tiranos y por más que pretenda imponerle condiciones a México, utilizando el argumento de la violenta y grosera amenaza, la dignidad de nuestro pueblo está mucho más allá del limitado entendimiento, la escasa inteligencia y la miserable calidad humana del grandulón naranja.

Después de secuestrar al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una incursión armada en suelo venezolano, que violó todas las normas del Derecho Internacional, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, y advierte que no descarta una incursión armada en nuestro país, con el pretexto de eliminar a los cárteles de la droga. El abusivo mandatario estadounidense también anuncia que, por las buenas o las malas, su gobierno pretende apoderarse del territorio de Groenlandia, que está amparado por la soberanía de Dinamarca.

Pero todos lo sabemos, en el fondo de los apetitos expansionistas del Presidente gringo está la desmesurada ambición de la oligarquía político-empresarial que él representa y que pretende apoderarse de las riquezas de otras naciones que considera vulnerables. El país más rico del mundo pretende mantener vigente la fórmula que dio origen a su riqueza y supremacía: el despojo, el robo descarado de las riquezas de otras naciones.

La Presidenta de México nunca ha desestimado y tomado a la ligera las amenazas del hombre naranja. No es sólo retórica jurídica la reforma al Artículo 40 constitucional que entró en vigor el miércoles 2 de abril del 2025. Es convicción jurídica y ética en la preservación de nuestra dignidad y nuestra soberanía como nación libre e independiente.

“El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”, dice el párrafo adicionado al Artículo 40 constitucional. Y agrega el mismo enunciado: “[El pueblo de México] Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano, en el marco de las leyes aplicables”.

El caso de invasión

¿Qué es lo que procedería en caso de que Donald Trump cometiera la impertinencia de vulnerar con su ejército la soberanía de nuestro territorio?

La Ley de Seguridad Nacional establece en su artículo primero que este ordenamiento jurídico “tiene por objeto establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia; así como, la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea; regular los instrumentos legítimos para fortalecer los controles aplicables a la materia”. Corresponde a la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo dictar los lineamientos que permitan articular las acciones de las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional.

Las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, incluyen los siguientes propósitos:

I.- La protección de la Nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; II.- La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; III.- El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de Gobierno; IV.- El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación; V.- La defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados o sujetos de Derecho Internacional, y VI.- La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.

¿En qué momento se puede considerar que está amenazada la seguridad nacional de México? Esto lo aclara el Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y en particular, en relación con las amenazas y asechanzas del gobierno de Donald Trump, habría por lo menos tres supuestos concretos.

Son amenaza a la seguridad nacional los actos tendientes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la Patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional. Podrían considerarse en este supuesto las acciones, peticiones o exhortos de algunos actores políticos que ruegan al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una intervención armada en nuestro país, con el pretexto de combatir a los cárteles de la droga y de pasadita, derrocar al Gobierno legítimo que encabeza la Presidenta Sheinbaum Pardo.

De igual forma, se consideran atentados contra la seguridad nacional los actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano, como sería el caso de una acción armada del ejército de los Estados Unidos en nuestro territorio.

Atentarían contra la seguridad nacional del país los actos tendientes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, es decir, la promoción de una fractura al Pacto Federal, que signifique la separación de un estado para sumarse o ser anexionado a otra Nación, algo con lo que sueñan algunos colaboracionistas del imperio estadounidense que encabeza Donald Trump.

En el caso de una agresión contra la soberanía de nuestro país, ¿quiénes integrarían el Consejo de Seguridad Nacional?

Esta máxima instancia en defensa de la soberanía de México la preside la titular del Poder Ejecutivo nacional, Claudia Sheinbaum Pardo. Y la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Seguridad es la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien supliría las ausencias de la primera mandataria del país.

Otros integrantes del Consejo de Seguridad Nacional son el Secretario de la Defensa Nacional, el titular de Marina, el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Secretario Anticorrupción y Buen Gobierno, el Secretario de Relaciones Exteriores, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, la Fiscal General de la República y el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Con respecto a los asuntos de Seguridad Nacional, al Artículo 21 constitucional se le agregó un párrafo que entró en vigor el 31 de diciembre del 2024, que señala que “la Secretaría del ramo de seguridad pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos; auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional”. Esta facultad le fue atribuida por la Presidenta Sheinbaum Pardo a Omar García Harfuch.

Facultades

Para preservar la seguridad nacional la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puede disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército, la Marina Armada de México, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, como lo establece el Artículo 89 constitucional. Y también puede la Presidenta declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa aprobación del Congreso de la Unión, que integran las cámaras de diputados y senadores.

Es facultad de la Presidenta dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de la política exterior la Presidenta debe observar los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Los traidores

En estos tiempos oscuros y de canallas, habría que observar con mucha atención a los mexicanos que nacieron con corazón gringo y sueñan con que Donald Trump ordene una invasión armada a nuestro país, para terminar con el régimen de la Cuarta Transformación. El Código Penal Federal, en su artículo 123, establece las sanciones que se aplicarían a los vendepatrias: Se impondría la pena de prisión de cinco a cuarenta años, y multa hasta de cincuenta mil pesos, al mexicano que cometiera traición a la Patria, por actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero.

También se sancionaría a quienes participaran en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o cooperaran con éste en alguna forma que pudiera perjudicar a México. Igual se consideraría traidor a la Patria a quienes formaran parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros; organizados dentro o fuera del país, cuando tuvieran por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando no existiera declaración de guerra.

Otras conductas de traición a la Patria que también se sancionarían serían las de los mexicanos que tuvieran, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dieran instrucciones, información o consejos, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior y por supuesto, se castigaría penalmente a quienes solicitaran la intervención armada, la invasión del territorio nacional, o el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero o promovieran que un gobierno extranjero hiciera la guerra a México.

Como chivo en cristalería, Donald Trump es impredecible. Por eso el Gobierno de México no debe confiar en el mandatario de un imperio depredador y abusivo, que antepone sus insanos apetitos materiales a la Ley, la justicia y la ética, que destila impudicia y obscenidad en cada una de sus acciones.

La era de mala vecindad

 sinembargo.mx


Lorenzo Meyer

Es posible que el tres de enero de este 2026 pase a ser considerado como el inicio de una nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y el resto de los países de nuestro hemisferio. En todo caso se tratará de la “Era de la Mala Vecindad” (MV) y que inevitablemente contrastará con aquella llamada “de la Buena Vecindad” o BV en los años de 1930 y 1940.

Fijémonos en el contraste. En 1933 el Presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt inauguró la que se llamó la BV entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe. En contraste, el ambiente interamericano que el Presidente Donald Trump inauguró a sangre y fuego en la madrugada del primer sábado de 2026 con el ataque no provocado a instalaciones venezolanas y el secuestro del Presidente de ese país, Nicolás Maduro, ya puede designarse como la era MV. Este nuevo tiempo, que nadie sabe cómo evolucionará ni cuánto durará y al que Donald Trump ya decidió bautizar como el de la Doctrina Donroe
(desafortunada combinación de “Donald” y “Monroe”), está definido en sus grandes líneas en un documento signado por Trump y titulado National Security Strategy y que desde la perspectiva de la soberanía del conjunto de países de nuestro continente se puede considerar como un auténtico manifiesto de la MV.

La razón de ser de la política interamericana de Franklin Roosevelt y que se mantuvo vigente entre 1933 y 1954, consistió en un esfuerzo de la potencia hegemónica por lograr, por las buenas, que nuestro continente se mantuviera al margen de los efectos desestabilizadores del derrumbe del sistema internacional de la época y que desembocaría en la II Guerra Mundial.

La esencia de la BV fue un compromiso formal del gobierno de Washington de renunciar al uso unilateral de la fuerza en sus relaciones con los países de América Latina. Y es que esas relaciones de fines del siglo XIX e inicios del XX se habían caracterizado por ser un rosario de acciones armadas norteamericanas en los países vecinos: Cuba, Haití, Colombia, Panamá, Nicaragua, Honduras y México. De ahí que la propuesta de Roosevelt fuera más que bienvenida por los latinoamericanos, especialmente por el México del Presidente Cárdenas pues eso le facilitó llevar a cabo las reformas agraria y petrolera prometidas por la Revolución Mexicana. Sin embargo, la BV resultó ser sólo una coyuntura de apenas dos décadas. Y si los prolegómenos de la II Guerra Mundial fueron los eventos que propiciaron el diseño de una BV que aislara al hemisferio de las tensiones en Europa y Asia, la coyuntura desapareció con el inicio de la Guerra Fría.

A partir de la invasión de 1954 de Guatemala por un pequeño ejército mercenario de guatemaltecos encabezados por el coronel
derechista Carlos Castillo Armas y organizado por la CIA, Washington puso un violento fin al gobierno reformista de Jacobo Árbenz al que acusó de comunista. A partir de entonces la lógica de la Guerra Fría sería la razón de ser de la política de Estados Unidos en el continente y en el mundo. Washington se empeñó entonces en apoyar a los gobiernos de derecha y a organizar o alentar los cambios de régimen en nombre de combatir el “comunismo soviético y fortalecer la democracia”. Pero en realidad en América Latina se trató de una reafirmación del predominio de los intereses políticos y económicos de Estados Unidos. Y si bien esta política falló abiertamente en el caso de Cuba a cambio tuvo éxito en sus términos en Granada, Panamá y República Dominicana y en su apoyo y alianza con las dictaduras militares en países de mayor calado en la América del Sur: Brasil, Argentina Uruguay y Chile.

Con el fin de la Guerra Fría al finalizar el siglo XX se pudo pensar que también en el fin de la obsesión anticomunista de Washington lo que daría paso a una política de mayor tolerancia de las decisiones de aquellos países latinoamericanos que optaran recorrer rutas nacionalistas y de centro izquierda. Y es que en diciembre de 2014 el gobierno de Barack Obama aceptó llevar a cabo un gran viraje en su política cubana y estableció relaciones diplomáticas con La Habana. En el caso de México Washington ya no se afanó en apoyar al PRI o al PAN y no obstaculizó el acceso al poder del lopezobradorismo. Sin embargo, ese “dejar hacer y dejar pasar” de Obama no se aplicó en el caso venezolano y hoy el trumpismo eligió justamente a la Venezuela chavista como el sitio y el momento adecuado para inaugurar de manera espectacular su política de MV. El socialismo de Venezuela no sólo le es ideológicamente repelente a una derecha extrema como la de Trump, sino que además controla las mayores reservas petroleras probadas del mundo, (303 mil millones de barriles de petróleo) que Trump no ha declarado que le fueron ilegalmente nacionalizadas y deben volver a ser explotado por su legítimos dueños: las grandes petroleras norteamericanas como Chevron, Conoco o Exxon.

Desde luego que entre los motivos de Trump para atacar a Venezuela destaca la acusación de la Casa Blanca en el sentido que
Maduro era un “Presidente narco”. Sin embargo, los documentos hasta hoy esgrimidos por la fiscalía norteamericana no lo prueban sino apenas de actos de complicidad y contrastan con el hecho de que Trump acaba de indultar a un expresidente centroamericano sentenciado a 45 años de prisión justamente por ser el eje de una verdadera organización de narcotraficantes de cocaína: Orlando Hernández, de Honduras.

Quizá la razón verdadera y de fondo del ataque a Venezuela y del secuestro de su Presidente la ha dado directamente uno de los arquitectos de la operación, el siniestro Stephen Miller. En una declaración a Jake Tapper de CNN ese consejero presidencial afirmó: “Vivimos en un mundo, en un mundo real, Jake, que está gobernado por la dureza, por la fuerza, gobernado por el poder” (New York Times, 01/06/26). Y como Estados Unidos dispone de una fuerza enorme y está gobernado por un político “realista” de derecha extrema, es que ha decidido usar a Venezuela y a su petróleo para mostrar al mundo que la soberanía de todo un continente reside en Washington y sólo ahí, y que en Venezuela sus procónsules serán el ya mencionado Miller, más Marco Rubio del Departamento de Estado, Pete Hegseth del Departamento de Guerra y el Vicepresidente Vance.

De imponerse finalmente la MV significaría no sólo acabar con la soberanía de Venezuela y de todos los países del continente sino tirar por la borda la esencia del derecho internacional y de paso anunciar que por lo que respecta a Estados Unidos potencias como China y Rusia pueden operar en sus zonas de influencia exactamente como Washington lo hace en la suya.

Con la misma claridad que Trump, pero en sentido opuesto la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha hecho público el total desacuerdo de México con la “Doctrina Donroe” y en esta postura le acompañan los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia y España. Desde hace más de un siglo nuestro país no enfrentaba una coyuntura en su relación con el país vecino tan potencialmente peligrosa como la actual.