1/27/2023

Calderón abusó de tragedia en guardería ABC para exprimir 250 millones

 contralinea.com.mx

Nancy Flores / Segunda parte

En julio de 2010, Hacienda dio al IMSS una bolsa extraordinaria de 250 millones de pesos –fuera del Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados– para ayudar a heridos y deudos del incendio de la guardería ABC. Documentos oficiales revelan el desprecio del gobierno de Felipe Calderón hacia las víctimas: sólo 9 millones de pesos se entregaron a unas cuantas familias de los 104 bebés gravemente lesionados, de los 49 bebés fallecidos y de los adultos que también se quemaron durante el siniestro. Además, se operó para encubrir a familiares de Margarita Zavala: el entonces director del Seguro Social, Karam Toumeh, impidió el traslado de los menores quemados a Estados Unidos para evitar investigaciones de la prensa extranjera; y el secretario de Gobernación, Gómez Mont, presionó al ministro Zaldívar para impedir la indagatoria de la Corte sobre las negligencias del IMSS y las responsabilidades de los parientes de la primera dama y ahora diputada federal por el PAN. El juzgador denunció en 2022 una “operación de Estado” para garantizar impunidad a la familia presidencial

Lejos de ayudar a las decenas de víctimas del incendio de la guardería ABC, el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa aprovechó la tragedia para hacerse de recursos millonarios fuera del Presupuesto de Egresos de la Federación, que cada año aprueba la Cámara de Diputados. El dinero público fue manejado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como supuesta respuesta a la crisis; sin embargo, las familias de los 49 bebés fallecidos, 104 bebés heridos de gravedad y los adultos quemados durante el siniestro –de aquel 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora– no vieron un solo peso.

El desprecio de las autoridades por las víctimas se manifestó desde el primer momento en el que ocurrió el grave incendio, con la falta de atención médica oportuna a los bebés quemados –directamente se operó desde el IMSS para impedir el traslado de los infantes a hospitales en Estados Unidos especializados en menores quemados, para evitar una cobertura mediática internacional–; también, con una “operación de Estado” para encubrir a la familia de Margarita Zavala Gómez del Campo, hoy diputada federal por el PAN [Partido Acción Nacional], como lo reveló el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

Fue el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien presionó hasta la amenaza a Zaldívar para que la Corte no determinara que en el siniestro hubo graves violaciones a derechos humanos por parte del Estado, ni se manifestara por sancionar a los familiares de Zavala. Ello, porque dos primas de la entonces primera dama tenían relación con la tragedia: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella era una de las dueñas de la estancia infantil, y Lourdes Laborín Gómez del Campo es esposa de Eduardo Bours, en aquel momento gobernador de Sonora.

El gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa aprovechó la tragedia de la Guardería ABC para hacerse de recursos millonarios
DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

El lucro de la tragedia

La implicación de la familia presidencial en el suceso no impidió a las autoridades federales lucrar con la tragedia: el 27 de julio de 2010, el entonces subsecretario de Egresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione, autorizó al Seguro Social la entrega de 250 millones de pesos, consta en el oficio 801.1.-209(10). El documento se refiere al acuerdo de ministración de fondos por el cual el subsecretario ordenaba a la Tesorería de la Federación entregar los recursos presupuestarios de ayuda extraordinaria, “para ser aportados por el IMSS para la constitución de un fideicomiso, cuyo fin será cubrir diversos conceptos de apoyo que están contemplados en el ‘Decreto por el que se otorgan ayudas extraordinarias con motivo del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, sociedad civil, en la ciudad de Hermosillo, Sonora’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2010”.

El gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa aprovechó la tragedia de la Guardería ABC para hacerse de recursos millonarios

Dicho decreto fue firmado directamente por Calderón Hinojosa y establecía que habría una ayuda extraordinaria para la educación de los menores que resultaron lesionados para los niveles educativos de primaria, secundaria, media superior y superior, en cualquier institución educativa pública o privada en la República Mexicana.

Asimismo, ayuda vitalicia por solidaridad a las madres de los menores que fallecieron; a las madres de los menores que resultaron lesionados; a las maestras y otros adultos que resultaron lesionados. Ayuda para el pago del consumo de la energía eléctrica que se genere en el domicilio en el que residan los menores y los adultos que resultaron lesionados durante el tiempo que por prescripción médica requieran del uso de equipos para el debido cuidado de su salud, y ayuda para la atención médica vitalicia de los padres de los menores fallecidos y lesionados por quemaduras, a través del Seguro de Salud para la Familia, en caso de que dejen de ser sujetos de aseguramiento en el Régimen Obligatorio del Seguro Social. Nada se cumplió.

Para obtener el dinero, el director de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Eduardo González Pier, envió dos oficios con folios 099001 600 000/0356 y 099001 600 000/0405, mediante los cuales solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –entonces encabezada por José Antonio Meade Kuribreña– un monto de 250 millones de pesos.

El subsecretario de Egresos instruyó a la Tesofe depositar esa cantidad a partir del 30 de julio de 2010 en la cuenta bancaria del IMSS, en el banco Scotiabank Inverlat. También estableció que el límite para la regularización del acuerdo de ministración sería el 26 de noviembre de ese mismo año y se realizaría con cargo al presupuesto autorizado del Ramo 23, “Provisiones Salariales y Económicas” para ese ejercicio fiscal.

El fideicomiso se creó en Banamex hasta el 4 de agosto de 2010, con el nombre de “Fondo para Ayudas Extraordinarias con motivo del incendio de la guardería ABC”, y clave de registro 201050GYR01537. Y aunque la administración de Daniel Karam Toumeh obtuvo los recursos como una bolsa extraordinaria para atender las urgentes necesidades de los infantes y adultos sobrevivientes e indemnizar a quienes perdieron a sus pequeños, al término del gobierno de Calderón Hinojosa –en noviembre de 2012– sólo se habían ejercido 9 millones 778 mil 567.95 pesos.

En los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, de la Secretaría de Hacienda, consta que 3 millones 380 mil 921.38 se ejercieron en 2010, y 6 millones 397 mil 646.57 pesos en 2011; y nada en 2012. A la ya insultante situación de la no entrega del dinero a las víctimas menores de edad y los adultos quemados se suma el hecho de que no todo ese recurso fue para ayudas: al enunciar el destino de los 9 millones de pesos, Hacienda detalló que también se pagaron los gastos de administración del fideicomiso y los honorarios de las auditorías de los ejercicios 2010 y 2011.

Así, el fideicomiso sirvió sólo para la especulación financiera: al cierre del sexenio peñista contaba con una disponibilidad de 334 millones 776 mil 499.39 pesos por los rendimientos generados entre agosto de 2010 y diciembre de 2018. Ello porque la administración de Enrique Peña Nieto sólo se ejerció 22 millones 762 mil 856.75 pesos, que además de las ayudas, implicaba gastos de administración y de auditorías.

El dinero para atender a las víctimas se empezó a ejercer hasta el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió con los padres y madres de los bebés afectados a reparar el daño de forma integral. De acuerdo con los informes de Hacienda al Congreso de la Unión sobre los fideicomisos, en 2019 se ejercieron 64 millones 448 mil 939.67 pesos a favor de las víctimas. Además de aplicar el decreto original de asistencia social, se adicionaron acuerdos del Consejo Técnico del IMSS, con los que se autorizó la actualización y ampliación de los apoyos y ayudas otorgados por el Seguro Social a niños y niñas que resultaron lesionados de forma permanente o que inhalaron humo o gases tóxicos; las madres de los infantes fallecidos, así como de los niños y niñas lesionados de forma permanente o de aquellos que inhalaron humo o tóxicos; y de las maestras y otros adultos que resultaron afectados en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, en la guardería ABC.

Para 2020 se entregaron apoyos a las víctimas antes citadas por 125 millones 316 mil 594.20 pesos; en 2021, por 129 millones 746 mil 612.3, y se le depositaron 12 millones 163 mil 204 pesos; y al tercer trimestre de 2022 –el más reciente reporte que se tiene–, se destinaron otros 103 millones 949 mil 72 pesos a las víctimas, y se transfirieron 107 millones 312 mil 300 pesos al fideicomiso.

El gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa aprovechó la tragedia de la Guardería ABC para hacerse de recursos millonarios
DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

El encubrimiento de la familia de Zavala

El 22 de febrero de 2022, el entonces ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, reveló que en 2010 el presidente Felipe Calderón –por conducto de quien fuera su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont– lo presionó para que modificara su proyecto sobre lo ocurrido en la guardería ABC, con el propósito de que su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo y su familia no se vieran involucradas.

“Puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de estado de derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo”, señaló durante la presentación de su libro 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, en la Escuela Federal de Formación Judicial.

El ministro Zaldívar declaró que Gómez Mont lo visitó en su oficina para presionarlo, al exigirle que cambiara su proyecto de sentencia sobre ese crimen, en donde señaló las responsabilidades de funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y familiares de Margarita Zavala. Incluso reveló que durante el encuentro hubo gritos: “el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos, en un momento me dice el secretario: ‘dice el presidente [Calderón] que no te apoyamos para esto’”.

El ministro Zaldívar temía por su vida. Por ello, instruyó a su secretaria para que guardara bajo llave el proyecto, y si él desaparecía, la secretaria debía difundirlo ante la prensa. “Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte”. Zaldívar descubrió que el expresidente Calderón operó una estrategia de ocultamiento del caso para que el crimen contra 49 bebés muertos y 104 lesionados no tuviera repercusiones internacionales.

Al respecto, dijo, hasta se bloqueó la ayuda médica a los más de cien menores que sobrevivieron al incendio. “Me contaron los papás y las mamás que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento [Estados Unidos], donde había un hospital esperándolos para poderlos curar porque no querían que se hiciera grande el escándalo”.

El papel de Karam Toumeh

Los testimonios que recabó en 2010 el ministro Zaldívar descubren el papel que jugó Daniel Karam Toumeh en la falta de atención a los bebés sobrevivientes, lo que no sólo constituiría una negligencia, sino sobre todo daños intencionales a la salud de las víctimas y violaciones graves a derechos humanos. En su investigación ministerial –que retomó la nueva denuncia penal que interpuso en 2020 el IMSS– se da cuenta, por ejemplo, de que en su calidad de director general del Seguro Social, Karam Toumeh obstaculizó el traslado urgente de los menores con quemaduras más graves a hospitales de Estados Unidos, especializados en este tipo de atención.

Por órdenes del amigo de Calderón Hinojosa, los infantes fueron trasladados a nosocomios de Guadalajara y Ciudad Obregón. Eso fue confirmado por el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours. En su comparecencia, el político priísta, empresario y esposo de una prima de Margarita Zavala afirmó: “en una coordinación con el Seguro Social, esto es muy importante mencionarlo porque también hay muchas versiones sobre qué pasó con los movimientos del Seguro Social en Sonora, siendo estado fronterizo tiende mucho hacia la frontera norte, entonces los padres de familia, insistentemente decían que querían mover a los niños al hospital de Sacramento, el Shriners; Hospital de Los Ángeles, y al hospital de no sé dónde; los querían mover y el Seguro Social insistía mucho en moverlos todos a Guadalajara o a Ciudad Obregón, donde ellos tenían capacidad. Entonces, desde hacer las gestiones con algunas organizaciones de la sociedad civil que participaron muy activamente, por cierto, a estar al pendiente de ellos, y por eso les decía, como yo les comenté, reiterarles que al Seguro Social, al señor director, o sea, hay que hacer lo que los papás dicen, hombre, pues si los señores quieren que se vayan a Sacramento pues hay que llevarlos a Sacramento. No hay que pelear con ellos, qué necesidad tenemos todavía de crear o abrir un espacio más de discusión en algo que ya está suficientemente grave el asunto como para hacerlo. Y gracias a eso abrimos, ya se había cerrado el tema de Sacramento, que algunos niños pudieron ser movilizados”.

La propia investigación del ministro Zaldívar da cuenta de las resistencias de la autoridad federal. “De los testimonios de los padres entrevistados por la Comisión Investigadora se advierte la percepción de que el traslado de los menores fue obstaculizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, privilegiándose los traslados a hospitales de Obregón y Guadalajara, a pesar de que los padres deseaban su transferencia a Sacramento”. Y agrega: “de los testimonios concatenados entre sí, se puede concluir que esto obedeció a una decisión centralizada del IMSS, lo que tuvo como consecuencia que, al menos, en opinión de muchos padres, los niños no recibieran una atención médica adecuada”.

A este asunto también se refirió Zaldívar el 22 de febrero de 2022 –cuando reveló la operación de Estado que orquestó el expresidente de México para encubrir a Margarita Zavala y a su familia–: “los padres [de las víctimas] me contaron que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor el tema. Me contaron cómo los directivos del IMSS habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que les tenían que pagar por sus lesiones, y por la situación en que habían quedado”.

El impedimento de que los bebés quemados fueran trasladados a hospitales de Estados Unidos y la alteración de expedientes médicos fueron sólo algunas de las presuntas anomalías en las que habría incurrido Karam Toumeh, maestro en administración pública por la Universidad de Harvard y licenciado en economía por el ITAM.

Con base en el voto minoritario de los ministros Zaldívar, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, así como en la recomendación de la CNDH, la denuncia del IMSS interpuesta en 2020 señala que la magnitud de las fallas del sistema de guarderías subrogadas alcanzan a Karam Toumeh, quien fue director general entre el 3 de marzo de 2009 y el 4 de diciembre de 2012, debido a que asumió todas las atribuciones y responsabilidades derivadas de la dirección de dicho Instituto. Asimismo, acusa que este exfuncionario también es responsable de la gestión de los eventos posteriores al incendio y de la atención médica que se brindó a las víctimas.

Sobre este último punto, Manuel Montaño Estrada, tío de Danna Paola Villarreal, expuso ante la Comisión Investigadora de la Suprema Corte las responsabilidades del exfuncionario: “estuvo el director general, no sé qué puesto es del Seguro Social, es Karam [Daniel Karam Toumeh], él era el que daba las órdenes: ‘vamos a llevar a niños para allá, vamos a hacer esto’. No sé en qué se basaba, pero así era. Luego luego se vio la intervención del Seguro Social. Algunos niños estuvieron muy bien atendidos en el Hospital del estado, en el Hospital Infantil del estado. No sé por qué se los llevaría para allá, estaba más cerquita. Es un hecho que me tocó a mí, cuando estábamos en el auditorio del Hospital Infantil, llegó gente del Shriners aquí en Hermosillo, llegó gente y dijo: ‘saben qué, nosotros tenemos ahorita lugar para 80 niños, si se los quieren llevar, nos los llevamos’, comentó el mismo señor, el licenciado, se me fue el nombre, Barrera se apellida, que es el delegado de Shriners Sonora. Puso a disposición: ‘tengo yo los medios para trasladar 80 niños. Ustedes díganme a quién me llevo’. Pues no le permitieron”.

Otro de los testimonios recabado es el de Lorenzo Alberto Huguez Galvez, papá de María Jimena Huguez Mendoza. “Ya como a media noche nos dicen que si queríamos trasladarla a Sacramento y nosotros decimos que sí. Y ya después como a las 5 de la madrugada nos dicen que siempre no se va a trasladar a Sacramento, que por decisión de los médicos se va a trasladar a Guadalajara, que porque hay un mejor servicio y nosotros decidimos hacerlo y al llegar allá no era un mejor servicio, era más de lo mismo”.

Karam Toumeh se desempeña como presidente y director general para México de la agencia Hill+Knowlton Strategies, Inc –consultoría en comunicación con oficinas centrales en Nueva York– y en redes sociales (@danielkaramt) ha compartido mensajes en contra del actual gobierno federal. Irónicamente, en 2011 –dos años después del crimen de Estado de la guardería ABC– Karam Toumeh fue reconocido por el ITAM con el premio al “Mérito Profesional”, por su “calidad profesional como exalumno y su notable contribución al desarrollo económico, político y social del país”.

Ante la situación de vulnerabilidad de los menores usuarios de las guarderías, la investigación ministerial de la Corte establece que tanto Karam como su antecesor Juan Francisco Molinar Horcasitas –director del IMSS del 1 de diciembre de 2006 al 2 de marzo de 2009, y fallecido en 2015– eran responsables del bienestar de los niños que se encontraban a su cargo. Por ello debieron instrumentar políticas que impidieran la autorización de operación de guarderías sin el cumplimiento previo de todos los requisitos legales aplicables, entre los cuales destacaba la verificación de que los inmuebles cumplieran con las condiciones idóneas de seguridad.

Asimismo, se indica que quien ostenta el cargo de director general del Seguro Social preside a otros dos órganos superiores: la Asamblea General –que es la autoridad suprema del IMSS– y el Consejo Técnico –que es el órgano de gobierno, representante legal y administrador del Instituto–, por lo que esta triple condición lo hace responsable del buen funcionamiento del Instituto. Entre otras funciones, el director general debe proponer las políticas estratégicas para su conducción y tiene a su cargo la ejecución de cualquier acto jurídico necesario para cumplir con sus fines.

De esta manera, a Karam Toumeh –como a su antecesor– le correspondía el control y conocimiento estricto sobre el esquema de funcionamiento del servicio de guarderías, y estaba obligado a instrumentar las medidas necesarias para que el servicio cumpliera con las disposiciones legales aplicables, se prestara en las mejores condiciones posibles, y garantizara el desarrollo y la salud de los infantes.

Nada de eso se cumplía al momento de la tragedia. De acuerdo con la investigación del ministro Zaldívar que se retoma en la denuncia penal, el 99.7 por ciento de las guarderías subrogadas por el IMSS incumplían al menos uno de los requisitos necesarios para su funcionamiento.

Respecto del control administrativo, el IMSS sólo verificaba un 87 por ciento; y acerca de la supervisión de los aspectos de protección civil, el Seguro Social omitió vigilar que los prestadores del servicio de guardería cumplieran con los estándares mínimos previstos en Normas Oficiales Mexicanas y en las legislaciones federales, estatales y municipales.

Y es que al día del incendio en la guardería ABC, del total de guarderías operadas por particulares, el 69.7 por ciento no contaba con equipo de incendios; el 72 por ciento carecía de dictamen favorable de instalaciones eléctricas; el 51.8 por ciento no contaba con reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública; el 49.8 por ciento no tenía dictamen de protección civil municipal vigente; el 83.7 por ciento no contaba con dictamen de protección civil municipal anual; el 72.2 por ciento no tenía visto bueno o dictamen de bomberos vigente; el 91.4 por ciento carecía de visto bueno o dictamen de bomberos anual; al 75.1 por ciento le faltaba la constancia de realización de simulacros; y el 73.3 por ciento no tenía constancia de capacitación de protección civil.

Asimismo, de la inspección ocular realizada a un número representativo de guarderías subrogadas –conforme a la muestra elaborada por peritos del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México– se desprende que, al 5 de junio de 2019, también existía incumplimiento en las medidas de seguridad.

Ejemplo de ello es que el 41.7 por ciento carecía de salidas de emergencia; el 57 por ciento no contaba con detectores de humo; el 5.4 por ciento carecía de extintores; el 54.7 por ciento no tenía luces de emergencia; el 5.3 por ciento no contaba con rutas de evacuación; al 26.5 por ciento le faltaba piso antiderrapante en los baños; el 13.2 por ciento incumplía con la distancia a la salida menor a 40 metros; el 5.3 por ciento no realizó simulacros; al 14 por ciento le faltaba que la apertura de puertas de emergencia contara con mecanismo de empuje hacia fuera; el 45 por ciento no tenía sistema de alarma sonora; el 2.6 por ciento presentaba instalaciones eléctricas en descuido; y el 9.9 por ciento no tenía protectores de tomacorrientes en la pared. Por ello, el voto minoritario del ministro Zaldívar señaló que existía un “desorden generalizado en el otorgamiento, operación y vigilancia de estas guarderías”.

El gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa aprovechó la tragedia de la Guardería ABC para hacerse de recursos millonarios
DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

La responsabilidad de los socios

Basados en las evidencias que recabó la Comisión Ministerial que encabezó Arturo Zaldívar, los ministros Sánchez Cordero y Silva firmaron el voto minoritario en el que establecieron que los servidores públicos federales, estatales y municipales –con corresponsabilidad de los dueños de la guardería ABC, entre ellos la prima de Margarita Zavala: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella– omitieron obligaciones legales específicas que generaron las violaciones graves a las garantías individuales, hoy considerados derechos humanos.

Entre éstos destacaron la violación al principio de interés superior de la niñez. Al respecto, indicaron que “el artículo 4 de la Constitución reconoce distintos derechos a los niños y establece el deber del Estado de proveer lo necesario para garantizar el pleno ejercicio de los mismos”. Éste establece que “[…] los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez […]”.

También consideraron que la interpretación de este artículo constitucional debe tomar en cuenta los tratados internacionales en materia de derechos de los menores de edad, firmados y ratificados por México. Por tanto, se agrega que “este principio ordena que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas ‘reforzadas’ o ‘agravadas’. El hecho de que haya mayores exigencias para el Estado cuando se trata de salvaguardar los derechos del niño también puede justificarse a la luz de las disposiciones del derecho internacional relacionadas con los derechos del niño”.

Al respecto, citaron –entre otras normativas– la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana, que reconocen que los menores requieren una protección y cuidado especiales. Incluso detallaron que este principio de interés superior ordena que las medidas de protección sean doblemente reforzadas cuando están dirigidas a niños pequeños, como eran los de la guardería ABC [de entre 10 meses y 4 años de edad].

Los ministros señalaron que “el Comité de Derechos del Niño ha establecido que la protección a los menores tiene que ser más intensa cuando se trata de niños que se encuentran en la primera infancia. Esta mayor protección encuentra su justificación en la especial vulnerabilidad de los niños a esta edad. Es evidente que las capacidades motrices y comunicativas de los niños en la primera infancia son muy limitadas, de tal manera que dependen por completo de sus padres y cuidadores para poder sobrevivir”.

El segundo derecho humano violado fue el de la protección de la vida y a la integridad física. Al respecto, observaron que “la falta de cumplimiento de distintas disposiciones legales relacionadas con algunas medidas de seguridad ocasionó que 49 niños que se encontraban en la ‘guardería ABC’ el día 5 de junio de 2009 perdieran la vida y otros 104 fueran afectados en su integridad física”.

Apuntaron que “el derecho a la protección de la vida es un derecho fundamental implícito en la Constitución, que se deriva de todos los derechos expresamente estipulados que requieren de la vida como condición para su ejercicio”. Adicionalmente, subrayaron que los tratados internacionales suscritos por el país en materia de derechos humanos lo tutelan, como el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En el caso de la guardería ABC, indicaron que lo que el alto tribunal debía determinar es si hay una relación especial entre el Estado y los 49 niños que perdieron la vida en la vida. “La respuesta a esta pregunta es indiscutible: sí existía una relación jurídica especial entre el Estado y los niños que murieron en el incendio que imponía a aquél la obligación de emprender medidas adecuadas para la protección de sus vidas”.

Los ministros Zaldívar, Sánchez Cordero y Silva Meza consideraron de forma contundente que “existen elementos suficientes para concluir que si las autoridades estatales hubieran cumplido sus deberes constitucionales de protección de la vida, interpretados de conformidad con el estándar doblemente reforzado que impone el principio interés superior del niño en relación con los menores que están en la primera infancia, en ningún caso hubiera tenido lugar una tragedia de las dimensiones como la que ocurrió el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Lo que significa que no hubieran perdido la vida los 49 niños que fallecieron el día del incendio”.

De igual forma, concluyeron “que si las autoridades hubieran cumplido cabalmente su obligación de proteger la integridad a los menores que eran usuarios del servicio de guarderías subrogadas, los niños que se encontraban en la guardería ABC no habrían sufrido ninguna afectación en su integridad física”.

En el caso del incendio, otros derechos que se violaron fueron de acuerdo con los tres ministros que se opusieron al autoritarismo del entonces presidente Calderón fueron: a la seguridad social y a la salud, así como el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en las relaciones laborales.

Acerca de la responsabilidad de los socios de la guardería, el voto minoritario determinó “que los socios, administradores y representante legales de la guardería ABC, tienen una responsabilidad solidaria compartida por los hechos acontecidos materia de la investigación”. Una de las socias es, precisamente, la prima de la panista Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Calderón Hinojosa.

Los ministros establecieron “que al tratarse de un servicio público subrogado, deben vincularse a todos y cada uno de ellos con el funcionamiento de la guardería de acuerdo a su nivel de participación, al tener que ver de manera directa con la toma de decisiones en relación al funcionamiento de la sociedad y por lo tanto con la prestación del servicio, tanto en su función de persona moral particular, como en su carácter de autoridad material para efectos de la investigación como auxiliar del Instituto subrogante”.

También señalaron que, “más allá de que la responsabilidad imputada sea o no analizada conforme a su calidad de sociedad civil, debe hacerse bajo la consideración de las responsabilidades de dichas personas derivadas de los derechos de los menores que se han vulnerado con la deficiente operación del servicio público prestado. Es decir, a la luz de los derechos relativos a la primera infancia, que impone el artículo 4, párrafo octavo de la Constitución Federal”.

Determinaron que los prestadores del servicio incumplieron con lo establecido en la Constitución, en la Ley del Seguro Social, en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería, la Norma que establece las Disposiciones para la Operación del Servicio de Guardería, las Bases para la Subrogación de Servicios de Guardería del Esquema Vecinal Comunitario, la Norma Oficial Mexicana 167-SSA-1-1997, el contrato de prestación de servicio de guardería en su modalidad de esquema vecinal comunitario único –celebrado el 29 de diciembre de 2006 entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la sociedad civil Guardería ABC–. Ello, “porque no desempeñaron la obligación de prevenir el riesgo derivado de no cumplir los cuidados suficientes a los niños bajo su resguardo durante la jornada de trabajo”.

Para los ministros, los socios, administradores y representante legal “fueron omisos en dirigir y normar las acciones suficientes de prevención relacionadas con los estándares de protección civil a que estaban obligados para garantizar la integridad y seguridad de los menores en la guardería subrogada, no obstante que, conforme a los ordenamientos constitucionales y legales antes señalados, se establece que la prestación del servicio de guardería debe cumplirse con base en determinados requisitos para el debido funcionamiento de la guardería, as  como con los programas de protección civil y técnicos de seguridad expedidos por el Departamento de Bomberos de la localidad, a fin de mantener la calidad de la operación de la guardería, pero sobre todo para respetar en ordenamiento constitucional que hace referencia a los derechos de los niños”.

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AMLO y el INE son la democracia burguesa electoral; con demagogia, engañando, buscan poder y dinero



Pedro Echeverría V.

1. Mientras la población mexicana muere por miseria, hambre y asesinatos, los políticos y empresarios mexicanos se llenan de dinero que esquilman a la población. El presidente López Obrador grita en sus “mañaneras” que “no son lo mismo”, pero quienes escuchan, repiten: “sí son más de lo mismo”. Si los gobiernos del PRI, PAN, PRD, MC, indiscriminadamente fueron ladrones y asesinos, el gobierno de Morena –que sería distinto al tener gobiernos y poder- ha afiliado y tiene como poderosos a quienes gobernaron como funcionarios y aliados, en gobiernos anteriores. Destacan éstos en el gobierno central, en las gubernaturas y en legislaturas del país.

2. Al asumir la presidencia, López Obrador se redujo el salario a la mitad de lo que cobraban los presidentes anteriores: alrededor de 100 mil pesos al mes; se ganó el primer aplauso. Pero también sufrió su primera derrota al no lograr que el INE, los jueces y fuertes instituciones, bajaran sus salarios a menos de 100 mil. Después de cuatro años de gobierno, por lo menos seis instituciones siguen recibiendo el doble o triple del salario de AMLO. Pero peor aún el presidente ha subido su mensualidad a más de 150 mil y todos los legisladores ganan eso y más. Pero al llamado pueblo, al 95 por ciento de la población en la ignorancia política total, le importa un bledo.

3. La confrontación política entre burgueses liberales y conservadores viene de mediados del siglo XIX. Todos esos pleitos se han arreglado mediante acuerdos (hasta hoy) en la repartición del dinero y del poder en los que el llamado pueblo jamás se entera. Es la política del péndulo, como en EEUU y otros países. Ya se ha demostrado hasta la saciedad, durante más de un siglo, que la inmensa mayoría de la gente nació sólo para trabajar en beneficio de la clase dominante. Lo sabe, pero es tan ignorante en política que, a pesar de vivir en el hambre, prefiere callar y olvidar. AMLO repite que “el pueblo es sabio, no es tondo”, porque votó por él. ¿Dirá lo mismo mañana?

4. El INE es un poderoso instrumento político de presión. Desde que nació hace unos 25 años ha estado al servicio directo de los partidos políticos, sirviendo particularmente al partido mayoritario. Cada uno de sus muy oportunistas funcionarios cobra de dos a tres veces el salario del presidente sumando a ello gran cantidad de privilegios. El presidente López Obrador entró en fuerte confrontación con ellos, pero el INE y la muy corrupta “oposición”, ha derrotado a AMLO –llevándolo al ridículo- durante sus cuatro años de gobierno. Hace unas semanas también los jueces de la SCJN –una institución muy corrupta- subrayó su independencia al presidente.

5. Al final de los gobiernos anteriores no se esperaban cambios electorales diferentes. No había confrontaciones fuertes entre la Presidencia, la llamada oposición y los empresarios que, como siempre, ha salido muy contentos por el crecimiento exagerado de sus riquezas. Aunque estos últimos han acumulado mucho dinero durante el sexenio de AMLO, los políticos están muy divididos por el control de los negocios. Estas semanas los partidos estarán en la selección de candidatos y los golpes parecen tornarse muy violentos. No estoy seguro en el triunfo de los obradoristas; parecen que muchas cosas pueden descomponerse en estos dos años. Espero que la población sufra menos. (26/1/23)


alterar26

Otra batalla: 26 de febrero y 18 de marzo

 Utopía

 Eduardo Ibarra Aguirre

 

Dentro de un mes las oposiciones mediáticas –las del poderoso oligopolio desinformativo–, empresariales y partidistas –en último término--, escenificarán un nuevo capítulo de su puja por “¡El INE no se toca!”, que en estricto rigor tiene como fondo mantener el control casi completo del “árbitro” electoral para que en junio de 2024 estén en aptitud de disputar a la Cuarta Transformación el Palacio Nacional si no es que Los Pinos, rescatándolo de manos de la plebe, el populacho que lo usa como centro para la cultura, la recreación y el debate.

Con la marcha y mitin del 26 de febrero buscan los numerosos convocantes –que no necesariamente se traducirá en asistentes–, rechazar la muy acotada reforma electoral o Plan B que impulsa la 4T, tras la derrota que le impusieron las minoritarias oposiciones legislativas al proyecto de cambio constitucional al no reunir los dos tercios de los votos indispensables.

La concentración será sólo expresión condensada de la ofensiva política y mediática, con la dictadura a su servicio, así como la judicial mediante recursos a la Suprema Corte para que invalide la limitada reforma oficial que se debatirá y aprobará el próximo mes y para la que desde ahora tanto el Instituto Nacional Electoral como la alianza partidista Va por México, anuncian impugnaciones judiciales.

A la demostración de fuerza de las oligarquías tanto política como económica, por medio de sus representativos partidistas y los de la “sociedad civil” (los partidos y grupos empresariales disfrazados), es preciso contemplar la iniciativa presidencial para que el 18 de marzo sus partidarios y simpatizantes se concentren en el Zócalo con motivo del 85 aniversario de la expropiación petrolera, gesta encabezada por el general Lázaro Cárdenas. “Va a ser fiesta, porque rescatamos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad”, explicó el presidente Andrés Manuel en la mañanera del miércoles 25.

Además porque en julio comienza la producción de la refinería de Dos Bocas, con una primera fase de 170 000 barriles diarios y llegará a su máxima capacidad productiva el próximo año. Con tal proyecto y el rescate de las seis refinerías ubicadas en el país más la texana de Houston, México será por fin autosuficiente en combustibles en 2024. El proceso de generación en Tabasco, como en cualquier refinería, como sucedió en Salina Cruz hace 40 años, se requiere un periodo de integración para arrancar la producción, y en el caso de la planta en Oaxaca, tardó un año para producir.

Festejar los avances en el proceso de conquista de la autosuficiencia energética más de cuatro décadas después, no es poca cosa y va mucho más allá de la coyuntura legislativa del ultraconservador  grito demagógico, pero ciertamente exitoso, “¡El INE no se toca!”

Cuando en un país se enarbolan tales consigas significa que el inmovilismo político y social niega la posibilidad de reformar, de actualización de cualquier institución que siempre debe renovarse para servir mejor a México. Y son muchas las instituciones públicas que requieren una puesta al día, más aún el Instituto Nacional Electoral que por sí mismo y de su antecesor Instituto Federal Electoral fue el actor más protagónico en la alteración de los resultados electorales de julio de 2006 y seis años más tarde se hizo de la vista gorda frente los escandalosos gastos de campaña de Enrique Peña Nieto y castigaron económicamente a los denunciantes. Para no hablar del triste papel de árbitro parcial que desempeñó en las elecciones de 2021 y 2023.

Acuse de recibo

Vale la pena releer la nota de La Jornada, “la de ocho”, sobre las declaraciones del director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en torno a los atracos gubernamentales a Petróleos Mexicanos, el caso Pemexgate (transferencia de fondos a la campaña presidencial del PRI en 2000) que no eran 500 millones de pesos, los que se robaron sino 1 100, todo sacado a través del sindicato. Y el entonces IFE, encabezado por José Woldenberg (el señor de “¡El INE no se toca!”) les dio 50% de descuento, partido que finalmente no erogó un solo pesos. El INE “no es la institución inmaculada, nunca lo fue, viví allí, conozco sus movidas”, recuerda Pablo Gómez Álvarez como antes lo hizo en Tercer Grado. https://www.jornada.com.mx/2023/01/18/economia/017n1eco (...) Del periodista Arturo Sandoval: “Recordarás mi querido Eduardo que una vez dijiste que los libros son mejores que las películas del mismo tema. Yo te puse como ejemplo El Padrino. Donde el libro es malo y la película, incluso la trilogía son excelentes, de lo mejor. Bueno de la compilación que te mando, no he leído los libros y he visto casi todas, pero confirma que varias películas son mejores que el texto”… Mi experiencia es la opuesta y son los dos ámbitos artísticos que más disfruto. Pero en gustos se rompen géneros (…) https://www.msn.com/es-mx/entretenimiento/cine/pel%C3%ADculas-maravillosas-que-son-mejores-que-los-libros/ss-

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Prensa México viernes 27 de enero de 2023



LA JORNADA
Crecerá México 5 veces más que EU este año : Fitch

El ciclo económico de México está muy integrado con el de su principal socio comercial, de tal manera que cada vez que Estados Unidos entra en recesión se dice que México tiene una gripa, tiene una severa fiebre, pero este año parece que la economía mexicana será más re-siliente y alcanzará un crecimiento de entre uno y 1.5 por ciento, una tasa cinco veces más alta que la del país vecino, explicó Shelly Shetty, directora general de Fitch Ratings.

Pese a estar en un año previo a las elecciones presidenciales, los riesgos políticos en este punto no son preocupantes como para afectar la evaluación crediticia de México, dado que aún no se conoce a quien postulará Morena –el partido de Andrés Manuel López Obrador–, ni tampoco existe un candidato en la oposición; es más, sobre esta última ni siquiera se sabe si se mantendrá unida alrededor de un aspirante común, o se fragmentará, agregó la analista.

Durante un encuentro convocado por la firma de riesgo, al que asistieron directivos empresariales y analistas financieros, Shetty consideró que México mantiene métricas relativamente adecuadas para la valoración de BBB- a su deuda (dentro del llamado grado de inversión), con la perspectiva estable, porque ha mantenido el marco macroeconómico y, a diferencia de otras economías emergentes en la región, no tiene que escalar de un gran hoyo fiscal ni cerró el año pasado con una inflación de doble dígito.

CONTRAPORTADA
Macron se deslinda de Alemania: " no estamos en guerra con Rusia"

Francia ni ninguno de sus socios están en guerra contra Rusia, aseguró el gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, días después de que la ministra alemana del Exterior, Annalena Baerbock, afirmó que Alemania y los demás países europeos "estamos en guerra con Rusia, no entre nosotros".

Baerbock admitió hace unos días en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que "tenemos que hacer más respecto a los tanques, pero lo crucial es que lo hagamos juntos, y no jugar a culpar al otro", en referencia a las críticas hacia Berlín por su reticencia a enviar a Ucrania tanques Leopard, de fabricación alemana, y autorizar a otros países europeos a hacerlo.

Berlín dio antier su visto bueno a donar los Leopard 2, una decisión que esperaban Noruega y Polonia para enviar sus blindados. Estados Unidos, a su vez, prometió tanques Abrams a Ucrania. Tanto los Leopard como los Abrams son mucho más modernos y letales que los anticuados tanques rusos de las fuerzas de Kiev y Moscú.

Tras el anuncio, Rusia afirmó que Occidente decidió tener participación directa en el conflicto.

EL UNIVERSAL
AMLO e INE pelean por reglas de elección 2024
 


MILENIO
El Presidente sube el tono contra el INE, la Corte y hasta la ONU

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el Consejo General del INE confrontaron ayer posiciones, pues mientras el mandatario acusó al órgano hasta de robarse paquetes en las elecciones y permitir el relleno de urnas, los consejeros lo retaron a que demuestre una casilla con esos ilícitos en su triunfo de 2018.

Por la mañana, el Presidente replicó al Consejo General, el cual el miércoles aseguró que con la reforma electoral las elecciones de 2024 están en riesgo, por lo que acusó que quien genera ese riesgo es el propio INE.

EXCÉLSIOR
2022 cerró con un millón de empleos extra

Pese a la debilidad que se registró en diciembre, 2022 cerró con una generación neta de un millón seis mil 953 empleos.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo arrojó que, de diciembre de 2021 al mismo mes del año pasado, se crearon 1.3 millones de plazas laborales en el sector formal. Por género, las mujeres concentraron la generación, con 1.1 millones.

Así, los empleos en la informalidad se redujeron en 349.6 mil puestos y también aquellos ocupados por hombres (-182.6 mil). Esto permitió que la población con necesidad de empleo, lo que es conocido como brecha laboral, cerrara el año en 11.3 millones de personas, 3.8 millones menos. Con esto la tasa descendió de 22.9% en diciembre de 2021, a 17.5% en diciembre de 2022.

Pese al buen desempeño anual, durante diciembre de 2022, la población ocupada se redujo en 912 mil personas respecto a noviembre.

EL HERALDO
'Abrazos, no balazos, sí funciona'

Para el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, “está rindiendo buenos frutos” la estrategia de “abrazos, no balazos” que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desplegado durante los cuatro años de su gobierno. 

“Cuando dices, ‘abrazos no balazos’ no quieres decir favorecer la impunidad y que no se va a hacer nada frente al crimen, hay que castigar a los delincuentes”, dijo en entrevista con Adriana Delgado para El Dedo en la Llaga, de Heraldo Media Group. 

Explicó que López Obrador inició en diciembre de 2018 su gobierno bajo una situación de seguridad “muy complicada a nivel nacional”, pero la nueva estrategia ha permitido cambiar las circunstancias en la mayor parte del país. Hoy, dijo, la “violencia desbordada” se concentra en menos de seis estados, donde ya desplegaron operativos especiales. 

REPORTE ÍNDIGO
Cannabis avanza entre prohibición y tolerancia

El consumo de marihuana en el país avanza mientras las autoridades sanitarias y legislativas aún tienen lagunas legales por resolver para formalizar la industria, evitar el mercado negro y combatir los prejuicios en torno a la planta

LA RAZÓN
Escala choque AMLO-INE por Plan B ... Y suman ya 7 recursos ante la Corte 

En una abierta confrontación con la mayoría legislativa que encabeza Morena, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, afirmaron que no se van a inhibir en su defensa de la democracia ante las amenazas de juicio político, por lo que advirtieron que “cuando quieran, nos vemos en el Congreso”.

En conferencia de prensa, los consejeros electorales, por segundo día, arremetieron en contra del Plan B y ahora, de los legisladores que, dijeron, “ni siquiera leyeron lo que aprobaron”.

“Están molestos, por eso ayer (miércoles) las reacciones de quienes no leyeron la Constitución, lo que votaron. No somos uno, no somos dos, somos 11 (consejeros), y detrás de nosotros hay 17 mil trabajadores y trabajadoras del instituto que estamos en esta batalla”, afirmó el consejero presidente.

EL SOL DE MÉXICO
Cruzan hacia México para comprar huevos 

 “Está carísimo, una docena de huevos cuesta 7.99 dólares —150 pesos—, cuando antes costaba dos dólares o menos”, dijo Tania Hernández, residente en Lubbock, Texas, ciudad que está a más de 10 horas de Reynosa, Tamaulipas, donde el cartón con 30 huevos cuesta hasta 95 pesos.

Estados Unidos enfrenta un encarecimiento y desabasto de huevo como resultado de los contagios de gripe aviar que está presente en 47 de sus 50 estados y obligó a sacrificar la cifra récord de 58.1 millones de aves en granjas avícolas. 

REFORMA
Ordena la Segob ‘destazar’ al INE

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, instruyó a los legisladores "destazar" al Instituto Nacional Electoral (INE), acusó ayer su consejero presidente, Lorenzo Córdova.

EL FINANCIERO
Cae desempleo en México a mínimo de 17 años

El mercado laboral mexicano mostró resiliencia en el 2022 y en diciembre la tasa de desempleo se ubicó en 3.01 por ciento, su nivel más bajo para un mismo mes desde el 2005, año en que inician los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aunque la tasa se ubicó en sus mínimos históricos, se dio un leve repunte respecto a noviembre del 2022, cuya tasa fue de 3.00 por ciento, muestran las cifras desestacionalizadas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

El número de personas desocupadas concluyó el 2022 en 1.65 millones, menor en 427 mil 271 de las que había al cierre del 2021.

Durante el año pasado, el nivel de desempleo más elevado se dio en febrero, cuando repuntó a 3.72 por ciento y el más bajo en noviembre de 3.00 por ciento.

EL ECONOMISTA
Mercado laboral cerro diciembre con la peor pérdida desde 2015

El mercado laboral registró un comportamiento negativo al cierre del 2022 por encima de los efectos estacionales. La mayoría de las personas afectadas salieron del mercado laboral hacia la inactividad, lo que permitió que la tasa de desempleo llegara a un mínimo histórico de 2.76 por ciento.

1/26/2023

Fuera de presupuesto, Calderón movió miles de millones sin justificar

 contralinea.com.mx

Nancy Flores / Primera parte

En el sexenio de Felipe Calderón, Hacienda manejó discrecionalmente miles de millones de pesos al margen del presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados. Los oficios –firmados por Ernesto Cordero, Dionisio Pérez-Jácome, Carlos Montaño y Carlos Treviño– revelan, por ejemplo, transferencias multimillonarias a la supuesta “guerra” contra el narcotráfico; a la SEP para congraciarse con el SNTE de Elba Esther Gordillo, una de las artífices del fraude electoral de 2006; a fideicomisos, incluido el Fonden; al rescate de empresas privadas; al financiamiento de medios de comunicación. Además, destacan centenas de millones extraídos en 2010 para supuestamente beneficiar a las víctimas del incendio en la Guardería ABC y a los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, lo que no ocurrió

Desde que asumió la Presidencia de la República en diciembre de 2006, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa mantuvo vigente la prerrogativa para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) manejara al margen del Presupuesto de Egresos de la Federación –que cada año aprueba la Cámara de Diputados– miles de millones de pesos. Transferir discrecionalmente dinero público de una partida presupuestaria a otra configuraba en otros sexenios el delito de peculado, pero esta práctica fue “legalizada” –mediante la normativa interna– por el gobierno que le antecedió, de Vicente Fox Quesada, cuando el secretario de Hacienda era Francisco Gil Díaz.

Desde entonces, la Subsecretaría de Egresos tiene la facultad de autorizar a la Tesorería de la Federación (Tesofe) que traspase dinero público de una partida a otra sin avisar al Congreso, pero también que cubra sobreejercicios, mediante los llamados “acuerdos de ministración de fondos”. Lo anterior, con base en solicitudes que hacen las propias secretarías, instituciones y entidades federales, y que “justifican” como situaciones de emergencia, de urgencia y no prorrogables.

Contralínea tiene copia de centenas de oficios firmados por Ernesto Cordero Arroyo, Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione, Carlos Montaño Fernández y Carlos Alberto Treviño Medina –quienes ocuparon, respectivamente, la Subsecretaría de Egresos entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012– que revelan transferencias individuales que iban de los 200 mil a los 24 mil millones de pesos, especialmente sacados del presupuesto en el mes de diciembre.

En la ruta del dinero público que se manejó discrecionalmente destaca el financiamiento multimillonario a la mal llamada “guerra” de Calderón contra las drogas, en beneficio de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. También, transferencias a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para dar cause a acuerdos del entonces presidente Felipe Calderón con Elba Esther Gordillo, quien era lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo que se puede leer como un pago de favores por la ayuda que ésta prestó en el fraude electoral de 2006.

Además, destacan centenas de millones de pesos extraídos en 2010 para supuestamente beneficiar a las víctimas del incendio de la Guardería ABC –ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, y que cobró la vida de 49 bebés y lesionó gravemente a otros 104– y a los 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, que quedaron en la calle luego de que el 10 de octubre de 2009 Calderón extinguió de forma unilateral dicha paraestatal, empleando para ello a la Policía Federal. No obstante, ni las víctimas ni los extrabajadores recibieron los recursos.

Además, constantemente se otorgaron miles de millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para gastos que debieron estar contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio, como por ejemplo el pago de pensiones, prestaciones laborales –como el aguinaldo–, gastos relacionados con la atención médica a los derechohabientes, contrataciones, entre otros rubros.

Otro punto que llama la atención son los raudales del erario a favor de fideicomisos, entre los que destacan los de estabilización financiera y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), señalados por la Auditoría Superior de la Federación como opacos y que no rinden cuentas bajo el argumento de que tienen secreto fiduciario. Mismos que en algunos casos fueron extintos por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En estos casos, los recursos –por hasta 24 mil millones de pesos en una sola exhibición– fluyeron especialmente en el mes de diciembre, cuando se daba por cerrado el ejercicio.

Asimismo, sobresalen autorizaciones de acuerdos de ministración de fondos para que la Secretaría de Economía destinara miles de millones de pesos al rescate de empresas privadas, en el contexto de las crisis económicas de 2008 –por la burbuja inmobiliaria (hipotecas subprime)– y 2009 –por la supuesta epidemia local de AH1N1.

También resaltan miles de millones de pesos entregados a las secretarías de Salud y Turismo para financiar campañas publicitarias supuestamente urgentes, que en realidad implicaron sobreejercicios multimillonarios en beneficio de concesionarios y dueños de medios de comunicación.

En el sexenio de Felipe Calderón, Hacienda manejó discrecionalmente miles de millones de pesos al margen del presupuesto aprobado
FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Acuerdos de ministración

Las centenas de acuerdos de ministración se firmaron cuando al frente de Hacienda estuvieron Agustín Carstens Carstens (2007-2009); Ernesto Cordero Arroyo (2009-2011); y el excandidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña (2011-2012). Los oficios –obtenidos por Contralínea mediante la Ley Federal de Transparencia– amparan la reasignación de parte del Presupuesto de Egresos de la Federación en diferentes ramos del gasto público de los ejercicios de 2007 a 2012.

De acuerdo con la propia definición de Hacienda, por acuerdos de ministración se entiende “ministración de fondos federales a los ramos autónomos, administrativos y generales autorizada para atender contingencias o, en su caso, gastos urgentes de operación, y que se regulariza con cargo a sus respectivos presupuestos invariablemente mediante la expedición de una cuenta por liquidar certificada” o mediante la devolución de los mismos a la Tesofe.

No obstante, la auditoría 10-0-06100-02-0764 de la ASF documentó que los dineros no se devolvían a la Hacienda Pública, sino que terminaban contabilizándose como “adecuaciones al presupuesto”, es decir como sobreejercicios.

Tan sólo en el año 2010 –el cuarto ejercicio del calderonismo–, el máximo órgano de fiscalización encontró que la Tesofe transfirió 109 mil 700 millones 47.8 mil pesos “correspondientes a los pagos por acuerdos de ministración de fondos”. La auditoría 10-0-06100-02-0764 señaló que el Presupuesto de Egresos original autorizado de 2010 ascendió a 2 billones 376 mil 915 millones 33.4 mil pesos, mientras que el ejercido fue de 2 billones 475 mil 629 millones 501.9 mil pesos, lo que representó un incremento de 98 mil 714 millones 468.5 mil pesos, es decir, 4.2 por ciento superior al autorizado.

Las importantes variaciones entre el presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados a los ramos ejecutores del gasto y el presupuesto ejercido en ese año fue “resultado de las facultades que le otorga la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento a la SHCP”, advirtió la Auditoría Superior de la Federación en referencia a los acuerdos de ministración.

Más aún, en el sexenio de Vicente Fox –cuando se modificaron la Ley Federal de Presupuesto y el reglamento interno de Hacienda para permitir estos traspasos de dinero–, la doctora en derecho y entonces directora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos, Lilia Cortés García, denunció a funcionarios de Hacienda por este manejo irregular del presupuesto público, al considerarlo abuso de autoridad y actos de corrupción en su modalidad de peculado. De inmediato fue cesada del cargo y amedrentada por años. El caso sigue impune y algunos de los operadores ya fallecieron.

En el sexenio de Felipe Calderón, Hacienda manejó discrecionalmente miles de millones de pesos al margen del presupuesto aprobado

Manejo discrecional en 2007

Desde su inicio, el gobierno de Felipe Calderón operó parte del presupuesto a discreción de la Subsecretaría de Egresos, aprovechando los cambios que aplicó Fox. Ejemplo de ello son los oficios de los acuerdos de ministración de fondos de enero de 2007, todos firmados por Ernesto Cordero Arroyo y dirigidos a la entonces tesorera de la Federación, María Eugenia Casar Pérez. En esta primera parte de la investigación periodística que presenta Contralínea sólo se da cuenta de los acuerdos de ministración de fondos más relevantes –por el monto que implicaron– signados en ese mes.

Por ejemplo, el oficio 801.1.-008(07), del 4 de enero, por el cual se autorizó a la Secretaría de Educación Pública –entonces encabezada por Josefina Vázquez Mota– la entrega de 2 mil 97 millones 820 mil 15 pesos, “con el propósito de que se lleve a cabo la ministración de recursos destinados al pago de la segunda parte del aguinaldo del presente año del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) del estado de Oaxaca”. Ello, como respuesta a la solicitud que la propia SEP realizó para ese propósito (oficio DGAPyRF número 6451).

En el sexenio de Felipe Calderón, Hacienda manejó discrecionalmente miles de millones de pesos al margen del presupuesto aprobado

Esta transferencia no sólo es importante por el monto que implicó, sino también por el trasfondo político del pago de favores de Felipe Calderón a Elba Esther Gordillo. Antes de la elección presidencial de julio de 2006, la lideresa del SNTE se reunió con el panista para pactar su alianza; luego, operó parte del fraude en las urnas con agremiados del Sindicato; para el 26 de julio de 2006, la entonces también política priísta llamó presidente electo al panista, a pesar de las protestas que señalaban el fraude electoral, lo que finalmente le costó su expulsión del Partido Revolucionario Institucional.

Además, sobresale el hecho de que los más de 2 mil millones de pesos se destinaron a Oaxaca, donde el magisterio (Sección 22) había vivido uno de los peores conflictos sociales en 2006, por su participación en la APPO [Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca]. Luego de un enfrentamiento entre maestros y las fuerzas del orden locales, ocurrido en mayo, ese movimiento exigía, entre otras cosas, la renuncia del entonces gobernador del estado, Ulises Ruiz. Los manifestantes fueron severamente reprimidos por el presidente Fox, mediante la Policía Federal a fines de octubre e inicios de noviembre de aquel año.

De los documentos también destaca el oficio 801.1.-047(07), por enmarcarse de lleno en la mal llamada “guerra” contra el narcotráfico. En diciembre de 2006, luego de asumir la Presidencia de la República y en medio de protestas sociales por el fraude electoral, Calderón decretó como su principal política pública la violenta estrategia de seguridad pública, supuestamente para combatir al narcotráfico pero que encumbró al Cártel de Sinaloa. En ese contexto, el 25 de enero de 2007, Ernesto Cordero Arroyo aprobó que la Tesofe le entregara 500 millones de pesos a las entidades federativas “con el propósito de que se radiquen los recursos destinados al pago del mes de enero de 2007 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), y dar cumplimiento a las fechas de pago establecidas en el ‘Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas, la distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2007, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 del mes y año en curso [2007]”. En total, ese año se debían destinar 5 mil millones de pesos al FASP, asignados a criterio del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Otro acuerdo de ministración relevante es el del oficio 801.1.-017(07), del 10 de enero. Éste facultó a la Tesofe transferir 3 mil 439 millones 499 mil 900 pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “con el propósito de cubrir las aportaciones estatutarias de los ramos de seguro del IMSS, a cargo del gobierno federal, del mes de enero de 2007”. Ese acuerdo se derivó del oficio 0952156200/MF.0017, mediante el cual el propio Seguro Social –entonces a cargo de Juan Francisco Molinar Horcasitas– solicitó ese monto.

Además, el 25 de enero (Oficio 801.1.-046(07), Cordero Arroyo aprobó otra transferencia multimillonaria al IMSS, pero esa vez para saldar la deuda heredada por Vicente Fox Quesada. Se trató de una transferencia de 4 mil 717 millones 716 mil 63 pesos que el Seguro Social solicitó a Hacienda mediante el oficio número 0952156200/MF, con el objetivo de “amparar los adeudos de 2004 a 2006”.

En respuesta, la Subsecretaría de Egresos indicó que la ministración de fondos se autorizaba “con el fin de que esta Secretaría [de Hacienda] se encuentre en condiciones de cubrir adeudos a favor de ese Instituto de los años 2004, 2005 y a julio de 2006, por concepto de pensiones en curso de pago y aportaciones estatutarias, así como por la comisión por la administración de las pensiones en curso de pago de 2004 a cargo del gobierno federal”.

En el sexenio de Felipe Calderón, Hacienda manejó discrecionalmente miles de millones de pesos al margen del presupuesto aprobado

Otra transferencia multimillonaria es la que se amparó con el oficio 801.1.-051(07), del 31 de enero. Dicho documento refería a un oficio de ministración de fondos del año 2006 –801.1.-343(06)– en el que se había autorizado un monto de 3 mil 500 millones de pesos a favor de la Sociedad Hipotecaria Federal, como resultado del subsidio que otorga la Comisión Nacional de la Vivienda para apoyar el crédito a la vivienda. Con esto se actualizó la entrega del dinero público.

De acuerdo con la ASF (auditoría especial 10‐2‐06HKI‐06‐1024, de la Cuenta Pública 2010), al analizar los estados financieros dictaminados de la Sociedad Hipotecaria Federal, “por los ejercicios fiscales de 2007 a 2010, se comprobó que se reflejaron las variaciones en sus distintos componentes financieros, entre ellos el Índice de Morosidad que aumentó en un 1 mil 675 por ciento de 2007 a 2010. En ese periodo su cartera crediticia total aumentó en un 44.2 por ciento, mientras que la cartera vencida pasó de 328 millones a 8 mil 572 millones de pesos, con un incremento porcentual del 2 mil 513.4 por ciento, provocando que el IMOR pasara del 0.8 al 14.2 por ciento”.

Entre los documentos obtenidos por Contralínea se encuentra el oficio 801.1.-032(07), del 19 de enero, por el cual Cordero Arroyo emitió un acuerdo de ministración de fondos a favor de Diconsa, SA de CV, por un monto de 630 millones de pesos, “para la adquisición de 180 mil toneladas de maíz para garantizar el abasto de ese producto a las comunidades objeto del Programa de Abasto Rural”. La solicitud la realizó la Secretaría de Desarrollo Social –entonces dirigida por María Beatriz Zavala Peniche– con el oficio número 400.-007. Este destaca porque se dio en el marco del “Acuerdo por el que se da a conocer la cuota extraordinaria de maíz para importar en 2007”, firmado por Eduardo Sojo Garza Aldape –entonces secretario de Economía– y Alberto Cárdenas Jiménez –en aquel momento, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación–, dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de ese primer año de Calderón en el gobierno. Con éste se permitió la importación libre de arancel de maíz blanco de Estados Unidos (hasta por 450 mil toneladas) y de cualquier parte del mundo, también libre de arancel hasta por 200 mil toneladas de maíz blanco o amarillo (transgénico).

Cordero Arroyo también autorizó el oficio 801.1.-019(07), del 11 de enero, para que la Tesorería de la Federación entregara 250 millones de pesos a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, entonces dirigida por Alberto Cárdenas Jiménez. La solicitud (oficio 500.-0035, emitido un día antes, el 10 de enero) justificaba que el dinero se destinaría a “cubrir las necesidades mínimas de operación y pago del subsidio en el Fondo de Compensación a Costos Energéticos Agrícolas del ejercicio fiscal 2007”. No obstante, en el sexenio calderonista el campo estuvo totalmente abandonado.

En el sexenio de Felipe Calderón, Hacienda manejó discrecionalmente miles de millones de pesos al margen del presupuesto aprobado

Al siguiente día, el 12 de enero, se emitió el oficio 801.1.-024(07) por el que se accedió a entregar 200 millones de pesos a la Secretaría de Educación Pública, con el propósito de que la Universidad Autónoma de Sinaloa contara con recursos para cubrir los sueldos del mes de enero de 2007 a su personal. No obstante, el documento revela que la solicitud de la SEP (oficio DGAPyRF número 6553) fue por 570 millones de pesos, cifra que incluía financiamiento para otras dos universidades públicas estatales (Nuevo León, Zacatecas). Pero el subsecretario Cordero no avaló dicha petición de la dependencia encabezada por Vázquez Mota, toda vez que el 27 de diciembre de 2006 ya había autorizado un acuerdo de ministración para las mismas, mediante el oficio 801.1.-352 (06), por lo que no había sustento.

En el sexenio de Felipe Calderón, Hacienda manejó discrecionalmente miles de millones de pesos al margen del presupuesto aprobado

Entre los documentos también destaca el oficio 801.1.-019(07), del 16 de enero, que autorizó la transferencia de 445 millones 699 mil 303 pesos a la Secretaría de Salud “con el propósito de cubrir en forma oportuna los sueldos de la segunda quincena del mes de enero del presente año [2007] en Unidades Centrales, Órganos Desconcentrados, [Programa] Seguro Popular Plazas Federales, Médicos Residentes, [Programa] Oportunidades Plazas Federales, Terceros Institucionales Aportaciones y Cuotas, y Organismos Descentralizados”. Al respecto, el entonces subsecretario indicó que “una vez analizada la solicitud presentada, se autoriza el presente acuerdo de ministración para su otorgamiento a favor de la Secretaría de Salud por el monto requerido”. La solicitud la hizo la propia dependencia, entonces encabezada por José Ángel Córdova Villalobos, mediante el oficio DGPOP-03/0030.

En el sexenio de Felipe Calderón, Hacienda manejó discrecionalmente miles de millones de pesos al margen del presupuesto aprobado

Y entre los documentos de enero de 2007 están los oficios 801.1.-040(07), 801.1.-041(07) y 801.1.-043(07), del día 18, que autorizaron, respectivamente, la ministración de fondos para la Secretaría de Relaciones Exteriores –a cargo entonces de Patricia Espinosa Cantellano– por 13 millones 351 mil 188 dólares para “cubrir gastos fijos de las representaciones de México en el exterior, los sueldos del personal del Servicio Exterior Mexicano y la ayuda a mexicanos en el extranjero correspondiente al mes de febrero de 2007”; por 34 millones 541 mil 282 pesos, “con el propósito de cubrir los sueldos de la Cancillería [sic] correspondiente a la segunda quincena de enero, así como a los gastos mínimos de operación del mes de febrero”; y por 1 millón 906 mil 315 euros “con el propósito de cubrir los gastos fijos de las representaciones de México en el exterior y los sueldos del personal local correspondiente al mes de febrero de 2007”.

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Amor por García Luna

 “Los medios han usado otras tácticas de banalización para el juicio de García Luna”.

Fabrizio Mejía Madrid


El 23 de enero pasado, el diario El Financiero tituló una nota de la agencia española EFE sobre el juicio a García Luna, así: “Te amo: las frases que marcaron el inicio del juicio contra García Luna”. La nota del Financiero se refería al criminal que usó al gobierno de Felipe Calderón como brazo ejecutor del Cartel de Sinaloa, como “jovial y enérgico” y concluyó con el siguiente párrafo: “Al concluir la sesión, García Luna volvió a lanzar un beso a su esposa y en sus labios se leyó un “te quiero”, que pronunció antes de girarse y golpearse con la puerta que los alguaciles le habían abierto para que abandonara la sala”.

El mismo diario mexicano remachó su idea del criminal ex jefe de las corruptas policías desde Vicente Fox y Felipe Calderón como alguien enamorado. Publicó, firmado por su Redacción, una nota que tituló: “El gesto de amor que el ex policía lanzó a su esposa Linda Pereyra”. Ya en el texto, los redactores confundieron que García Luna tiene derecho a un juicio justo con desestimar sus delitos porque es un hombre de familia. Escribieron: “El primer capítulo de la prolija historia de Genaro García Luna comenzó con un ‘te amo’ y un saludo a su esposa, Linda Cristina Pereyra, quien asistió junto con su hija a la Corte de Brooklyn, Nueva York (Estados Unidos), donde se procesará a quien fuera la máxima autoridad de la lucha contra las drogas. A García Luna, de 54 años, se le vio entero, pulcro y de buen ánimo pese a las estrictas condiciones a las que ha sido sometido por parte del gobierno estadounidense. Cristina Pereyra llegó ataviada de un abrigo negro con el cabello suelto. Su figura acaparó los ojos de su esposo, quien desde lejos movió la cabeza y pronunció palabras de amor”. Por su parte, El Universal, que le dedicó 20 veces más notas a la muerte de Polo Polo que al juicio, repitió la misma nota de EFE. También tituló uno de sus editoriales con la siguiente auto-inculpación: “Juicio a García Luna: ¿Hay alguien libre de pecado?”

Pongo estos dos ejemplos de periodismo pueril porque, al iniciar el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York por servir, desde sus cargos con Vicente Fox y Felipe Calderón al Cartel de Sinaloa, porque debo confesarles que sí me sorprendieron los periódicos capitalinos, la radio y la televisión corporativas con la táctica mediática que adoptaron para no hablar del gravísimo caso de corrupción y criminalidad que se despliega ante nuestros ojos. De esto trata esta columna, de la línea editorial de los medios tradicionales: banalizar el juicio.

Lo primero que vemos es la idea de presentar en García Luna, no a un criminal que usó su cargo público durante los gobiernos de Fox y Calderón para fortalecer y hacer crecer territorialmente al Cartel de Sinaloa, sino a un hombre enamorado. Esa táctica ya la había usado Rosario Robles durante las investigaciones de la corrupción de su entonces pareja, Carlos Ahumada. En 2005, en medio del vendaval de los videoescándalos, Robles usó esa figura cuando declaró: “Soy una mujer como todas, que se enamora, que tiene afectos y desapegos, soy una mujer que ha puesto el corazón en todo. Eso a veces es bueno, a veces no”. Ahora, con García Luna, la idea es presentarlo como una víctima que le lanza besos a su amada esposa en la corte. Esa intimidad banaliza la razón judicial por la que está siendo juzgado y funciona de la misma manera en que operan las fotografías de Peña Nieto disfrazado con su novia en una pizzería o mal bailando en una boda: hay algo que no puede ser criminal en alguien que hace lo que hacemos todos, tener pareja, salir con ella a divertirse.

Si la nota de EFE en El Financiero y El Universal son los besos lanzados, se busca generar el mismo resultado: minimizar el caso judicial de complicidad con el crimen organizado, lavado de dinero, y sobornos con la apariencia de un hombre de familia. Porque los datos están silenciados hasta el 2024, sólo podemos suponer que son alrededor de doscientos mil muertos en el gobierno de Felipe Calderón; 40 mil desaparecidos; y dos millones de desplazados. Eso es lo que significa el juicio a García Luna, porque, mientras Calderón decía estar combatiendo al crimen organizado, lo estaba organizando en torno a él y a García Luna, ayudado por su mano derecha, Juan Camilo Muriño y por el General de los vuelos de la muerte en el Guerrero de los años setenta, Mario Arturo Acosta Chaparro. No es sólo el engaño, la traición, lo que debiera generar indignación en los medios, sino las consecuencias en muertes, dolor, y sufrimiento que produjo el sexenio de Calderón. Nada de eso existe cuando se cabecea la nota con el “te quiero” del criminal. Lo trivial de este engaño es que la apariencia de inocencia lo haga inocente.

Los medios han usado otras tácticas de banalización para el juicio de García Luna: han dicho que no hay nada nuevo, para justificar que sus notas sean más sobre el humo en el Metro, los nominados al Óscar, y —ya dijimos— la muerte del cómico Polo Polo. La idea de lo noticioso como lo inédito, lo flamante, lo de estreno, lleva a negarle el derecho a la información a sus usuarios. Por el contrario: el juicio a García Luna es la posibilidad de que entendamos, por primera vez, qué ocurrió en los sexenios panistas, qué nivel de complicidad tuvieron con el crimen organizado, cómo mintieron sobre su promesa de eliminar la inseguridad, y hasta qué nivel sus fortunas personales provienen de actividades ilegales. El juicio a García Luna es la posibilidad de evaluar el fracaso de la guerra contra las drogas, sus costos para México y Colombia, la podredumbre de las agencias anti-narcóticos de los Estados Unidos. Es esa oportunidad pero los medios mexicanos nos dicen: “No hay nada nuevo, es un show mediático para linchar a un pobre jefe policiaco”. Sobre estiman los eventos y subestiman los procesos. Así lo dijo Ciro Gómez Leyva en su noticiero en Imagen al recordar que García Luna había liberado a unos reporteros de Milenio y Televisa cuando fueron secuestrados por un cartel en Durango en julio de 2010: “La policía federal encabezada por Genaro García Luna, por Luis Cárdenas Palomino, y por Facundo Rosas, rescataron sano y salvo a nuestro compañero de trabajo. Coincidencias”, sentenció Gómez Leyva como si ese evento exonerara al jefe policiaco de todo un proceso contínuo de una empresa criminal de tres sexenios, que son los cargos que enfrenta. La idea es decir que es un show como se entiende el teatro, es decir, se personifica un libreto; lo que se diga no es real o auténtico. Lo auténtico sería, como dijo la defensa de García Luna, un video, una grabación, una foto, no puros testimonios. Como si en el mundo del crimen organizado en su encuentro con el crimen del panismo cómplice, la gente se tomara selfies y grabaciones para Tik Tok.

Sostienen los medios televisivos y radiofónicos otra banalización del caso: que al juicio van testigos que son narcotraficantes que están luchando por obtener beneficios en sus sentencias. Según ellos, si conociste el entramado de una organización criminal por dentro, no eres buen testigo. Así de absurdo. Supongo que esperan que se presenten a declarar contra García Luna el Dalai Lama o Greta Thunberg. Desvirtúa con ello la idea misma de un testigo colaborador, es decir, alguien que fue participante y observador de los delitos cometidos. Que estén buscando aminorar sus sentencias no quiere decir que mientan bajo juramento delante de un jurado. Tienen que servirle a la parte acusadora para que ésta ponga en la mesa una reducción de sentencia. Lo que es lo mismo: los fiscales tienen que encontrar puntos de coincidencia entre distintas versiones de testigos y formas de acreditar que se trata de la verdad. Los doce jurados tienen que encontrar veracidad en los testimonios de los testigos. Y el juez debe instruir sobre tal o cual dicho. La colaboración es un tema judicial complejo. Pero los medios mexicanos lo ponen como si fuera un circo de narcos mentirosos a los que nadie les tomó declaración antes, a los que nadie comprobó sus dichos, a los que no se les sometió a la coherencia con otros testimonios o indicios. Son puros narcos mintiendo para vengarse de García Luna, que era un policía intachable que manda besos a su esposa. Ese es el retrato que quieren que escuches.

No deja de tener su gracia el que los medios masivos de comunicación digan que no creen en la palabra de los testigos —que creerían más en una selfie de los narcos entregándole dinero a Calderón— al mismo tiempo que deciden callar sobre la información del juicio. Mudos y sordos frente a la oportunidad de entender el proceso de descomposición del estado mexicano bajo los gobiernos de Acción Nacional, opera en ellos esa sospecha de las palabras en contraste con las imágenes. No quieren palabras, demandan imágenes porque saben que así justifican su silencio. Pero lo que aquí describo es que el único evento noticioso real es el silencio de los medios sobre el juicio. Es la decisión de callarse como si hacerlo borrara la historia del genocidio que cometieron Calderón, García Luna, Cárdenas Palomino, Pequeño García y Medina Mora. Ese proceso de degradación nacional sólo puede ser explicado con palabras, no con imágenes. Es un proceso, no un evento. La realidad no puede ser un automatismo social, como una encuesta o un rating; es una narración y los medios corporativos se han negado a hacerla. Tratando de seleccionar sus noticias, las mesas de redacción abren los espacios para Polo Polo pero evitan a García Luna. Prefieren el humo en el metro de la Ciudad a García Luna. Prefieren la demanda de Gloria Trevi, a Laisha Wilkins que celebró anticipadamente la muerte del procurador Gertz. En esa evasión, en ese su silencio, está la verdadera noticia de estos días.

Se han silenciado una vez más. Lo habían hecho en el gobierno de Calderón cuando Loret, Alatorre, Ferriz de Con, Gómez Leyva, Curzio, López Dóriga y Pérez Cañedo anunciaron un decálogo para autocensurarse en las noticias de la violencia porque Calderón así se los pidió para no “generar más terror social”. Pero, ahora, habría explicaciones más noticiosas. En los días previos al juicio en Nueva York, la revista Contralínea publicó varios reportajes sobre los nexos financieros de las empresas de García Luna con diarios y comunicadores. Según el reportaje firmado por su director, Miguel Badillo, la empresa de García Luna, Glac Security Consulting Technology Risk Management recibió 12 millones de pesos del diario El Financiero y 13 millones de El Heraldo, así como se alió en una segunda empresa de instalación de cámaras de seguridad para cárceles con el dueño del Financiero. También se asoció en la manufactura de tarjetas de pre-pago que fueron usadas para aportar dinero al fallido partido de los Calderón-Zavala, México Libre. Una de las dueñas de la empresa Glac Security era la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra Gálvez. A la que El Financiero, EFE y El Universal retrataron recibiendo besos en el aire.

Decidir difundir la supuesta espontaneidad del recluso mandando besos, en lugar de narrar el proceso que lo tiene detenido y en juicio, es hacer de ese detalle algo importante, cuando lo relatado es lo que tienen más valor. No es que los medios se estén desviando ahora, sino que la autocensura, la banalización, y el silencio han sido siempre sus métodos normales. No sólo las corporaciones que son dueñas de los medios recibían dinero de los gobiernos de Fox, Calderón y notablemente de Peña Nieto para practicar la sordera, sino que se hicieron socias de sus compañías de seguridad privada. Pero no todo son intereses económicos. Hay, también en la dirección de los medios una idea de que no existe “combate” al crimen organizado si no hay ejecutados en las calles. Cuando los testigos cooperantes en el juicio hablan de que todos esos muertos, 200 mil, murieron en vano porque, en realidad, la estrategia era beneficiar desde el gobierno de Calderón a un solo cartel, el de Sinaloa, entonces, los medios que fueron cómplices prefieren callar o banalizar todo. Como último ejemplo transcribo aquí lo dicho el 17 de junio de 2022 por Carlos Marín en entrevista con Gómez Leyva: “A (García Luna) se le ha linchado de una manera brutal y no se diga desde Palacio Nacional. Y se toma como referente, digamos de la corrupción y de la pasividad que prevalece en el combate a la delincuencia. A él y a Calderón. Bueno, ¿dónde está la civilizada presunción de inocencia de un juicio que no empieza porque, sencillamente, la fiscalía neoyorkina habla de tener millones de fojas en el expediente, al que le sumó todo el expendiente del caso del Chapo Guzmán. Entonces, ¿de veras creen esta tontería que no se le habría ocurrido ni a Juan Orol. Y hay gente que lo cree y eso habla de una anemia neuronal aguda por quienes toman en serio estas pendejadas”. El juicio, según este columnista de Milenio, es repetido, es una ficción de cine y, por último, quien lo crea es, por definición, un imbécil. Hasta ahí llega el amor por García Luna.

Fabrizio Mejía Madrid

Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.