7/04/2015

Programa Tiempo de Mujeres en CFRU la radio universitaria de Guelph sabado 4 julio 2015


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MUJERES POR LA DEMOCRACIA

Bienvenida al programa de hoy
Noticias de Género en la Red



Género en la mira con

 Daniela Villegas
tomando un receso por motivos academicos

recién fué publicado el informe La igualdad de género en la agenda internacional de desarrollo- Avances y desafíos para la integración de un enfoque transformador de género, coordinado por Mónica Domínguez-Serrano y Julia Espinosa Fajardo, editado por eObservatorio en Género, Economía, Política y DesarrolloLa investigación destaca la importancia de que el género sea un área central de la Agenda de Desarrollo Post 2015 que se aprobará en septiembre durante la Asamblea General de las Naciones Unidas y que regirá las políticas de desarrollo de las naciones durante las próximas décadas, algunos fragmentos del texto son : el rescate de la concepción del Buen Vivir de los pueblos indígenas; y el rol del movimiento feminista en este debate

Como mujeres somos una parte de la población vulnerable, pero existen aún mayores condiciones que nos exponen a ser doble o triplemente vulnerables como ser pobre, indígena o afrodescendiente, las oportunidades se limitan cada vez más según éstas condiciones, es por eso que la organización es primordial, para que juntas se pueda definir una estrategia que cambata la exclusieon y la marginación, la Primera Cumbre de Lideresas Afrodescendientes de las Américas fue inaugurada el viernes 26 de junio en un hotel de Managua, con la presencia de más de 250 mujeres de 22 países en busca de mecanismos a favor de sus derechos y de que sus futuras generaciones tengan una vida digna, en igualdad de condiciones que el resto de las personas, 

 por qué debemos usar y sacar provecho a las nuevas teconologías porque ante ante la violencia como ya hemos dicho la educación y la denuncia son las mejores armas para combatirla, para difundir y exponer a que no se repita, hoy la tecnología nos ofrece los medios idóneos para hacerlo, las redes sociales nos permiten mostrarle al mundo lo que pasa a nuestro alrededor y así generar conciencia, pero la tecnología también permite educación, “La tecnología móvil puede ofrecer aprendizaje donde no hay libros, ni aulas, ni siquiera maestros. Esto es especialmente importante para las mujeres y las niñas que abandonan la escuela y necesitan una segunda oportunidad”“Empoderar a las mujeres y las niñas para que accedan a la educación no es una opción, no es algo bueno que hay que hacer, sino que es indispensable”

y continuamos con el programa de   nuestra querida amiga María Néder y sus Mujeres de Puerto Almendro, un espacio para conocer de las mujeres latinoamericanas instrumentistas, compositoras y cantautoras a lo largo del tiempo

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¿Cómo se incluye el género en la Agenda de Desarrollo Post 2015?



Acaba de ser publicado el informe La igualdad de género en la agenda internacional de desarrollo- Avances y desafíos para la integración de un enfoque transformador de género, coordinado por Mónica Domínguez-Serrano y Julia Espinosa Fajardo, y editado por el Observatorio en Género, Economía, Política y Desarrollo. La investigación destaca la importancia de que el género sea un área central de la Agenda de Desarrollo Post 2015 que se aprobará en septiembre durante la Asamblea General de las Naciones Unidas y que regirá las políticas de desarrollo de las naciones durante las próximas décadas. Aquí reproducimos algunos fragmentos del texto: el rescate de la concepción del Buen Vivir de los pueblos indígenas; y el rol del movimiento feminista en este debate. También puede descargarse el informe completo y linkeamos a una campaña de organizaciones de la sociedad civil sobre el tema. 
COMUNICAR IGUALDAD- El buen vivir de las comunidades indígenas frente al mejor vivir capitalista
El Buen Vivir surge de las filosofías de los pueblos y las sociedades originarias de América Latina desde antes de la colonización española, aunque recientemente ha sido incluido en los procesos constituyentes de Ecuador (2008) y Bolivia (2009).
En la actualidad se constituye como una propuesta/respuesta al paradigma capitalista occidental que separa al ser humano de la naturaleza y que parte de una racionalidad económica que provoca deterioro ecológico y colapso social, pese a no haber nacido con esta vocación. De hecho, dentro de las normas morales y políticas que se manejan dentro de las sociedades indígenas no existe el concepto de Desarrollo, no se concibe un proceso lineal y único en el que existan estados más o menos evolucionados, ni se concibe la riqueza y la pobreza en función de la tenencia de bienes materiales (Gudynas y Acosta, 2011).
Como contrapartida, el mejoramiento social es visto como una categoría en continua construcción y reproducción, al igual que la satisfacción de las necesidades humanas, que es permanente, requiere trabajos continuos para cubrirlas y abarca toda la vida. Por otra parte, la visión de los pueblos andinos da prioridad a los valores éticos para con otros seres humanos y la naturaleza, frente al valor de los beneficios económicos y materiales otorgados por el paradigma occidental.
La importancia de las propuestas indígenas a escala mundial ha ido en aumento, puesto que se están reconociendo sus potencialidades para reconfigurar las relaciones humanas con el entorno, y el carácter emancipador y transformador de sus contenidos. Se reformulan conceptos como el de Naturaleza, Ciudadanía o Democracia.
Estos nuevos constitucionalismos sociales y ecológicos (Pisarello, 2012) se inspiran en un concepto profundo de la cultura de la vida: “vivir en plenitud”. Sin embargo, como sostiene Escobar (2009), a pesar de que el Buen Vivir está anclado a cosmovisiones relacionales indígenas, no puede olvidarse que se plasma en un proyecto político que acaba siendo dirigido por expertos. Por ello, en algunas ocasiones, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos progresistas persisten concepciones modernizantes heredadas del antiguo modelo y no se ha logrado aún una reconversión significativa del modelo de sociedad.

Según Magdalena León (2009) el Buen Vivir busca transitar hacia otros modelos más justos para las personas y para la naturaleza, y el feminismo (y el ecofeminismo) también. Por esa razón, tienen puntos en común en su recorrido crítico de reformulación de la economía y de visibilización de los trabajos
necesarios para la vida.

(…)
El movimiento feminista internacional ante la Agenda de Desarrollo Post 2015
El movimiento global de mujeres y feminista ha venido promoviendo, desde la I Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer (México, 1975) con diferentes propuestas e intensidades, una revisión de la agenda de desarrollo dirigiendo la mirada a la discriminación contra las mujeres y la desigualdad de género. Su papel fue clave en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y diferentes han sido las iniciativas de coordinación y posicionamiento en el proceso de debate de Agenda de Desarrollo Post 2015.
En concreto, su alianza en plataformas como la Coalición de Mujeres Post 2015 (Post 2015 Women’s Coalition)2 o el Grupo Principal de Mujeres (Women’s Major Group) y su participación activa en las consultas nacionales, regionales y globales han contribuido a articular un posicionamiento conjunto sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres de cara a la nueva agenda de desarrollo. Igual relevancia han tenido a este respecto sus reuniones con organismos de la ONU y responsables de la toma de decisiones como el Grupo de Alto Nivel (GAN) (AWID, 2013a; Articulación Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe hacia Cairo+20, 2014a; Pajarín, 2015).
Por otro lado, el “Comunicado feminista para el Post 2015: Justicia de género, económica, social y ecológica para el desarrollo”, firmado por más de 340 OSC nacionales, regionales e internacionales de 143 países (JASS, 2014) o la publicación del informe “Igualdad de género, derechos y prioridades de las mujeres: recomendaciones para los Objetivos propuestos de Desarrollo Sostenible y el Agenda de Desarrollo Post 2015” (WMG, 2013) son también ejemplos de la movilización de la sociedad civil feminista para reclamar la inclusión de un enfoque transformador de género en la Agenda Post 2015.
En efecto, “la tarea de comprender plenamente los procesos que conducen a una nueva Agenda para el Desarrollo y ejercer una influencia efectiva sobre ellos constituye un reto enorme para los movimientos sociales feministas y femeninos. Al mismo tiempo, el propio hecho de que esta revisión y redefinición de la Agenda esté teniendo lugar constituye una oportunidad para que las y los titulares de derechos aporten su punto de vista sobre la supervivencia de futuras generaciones y al futuro de nuestro planeta” (WMG, 2013b: 6).
Ahora bien, ¿cuáles son las críticas y las propuestas del movimiento feminista en plena definición de la Agenda de Desarrollo Post 2015? A grandes rasgos, las diversas organizaciones y redes feministas coinciden en alertar sobre la incoherencia entre el discurso declarativo y los contenidos programáticos de la agenda. A este respecto, coinciden en que, mientras se adopta un discurso que reconoce la centralidad de la igualdad de género en la nueva agenda, la atención sigue poniéndose en el crecimiento económico en vez de en el desarrollo sostenible (AWID, 2013b; Articulación Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe hacia Cairo+20, 2014a; JASS, 2014).

En esta misma dirección, muchas organizaciones feministas y de la sociedad civil denuncian la falta de voluntad política para reformar el actual y dominante paradigma de desarrollo “que prioriza el beneficio económico por encima de las personas y agrava las desigualdades, propicia la guerra
y el conflicto, el militarismo, el patriarcado, la degradación ambiental, acelera los efectos del cambio climático y no mitiga sus consecuencias” (JASS, 2014). Subrayan, además, que “para conseguir justicia de género, es esencial una transformación fundamental de la economía de forma que ésta dé prioridad a los derechos humanos” (IFP, Beyond 2015 y GCAP, 2014)4.
Por otra parte, desde las organizaciones y redes feministas se pone de manifiesto que muchas cuestiones críticas de género siguen siendo ignoradas o bien carecen de compromisos firmes o de recursos y estrategias concretas de implementación. Entre estas cuestiones se destacan la violencia de género, el trabajo de cuidado y la discriminación de las mujeres en el mercado laboral, su presencia en puestos de toma de decisiones y sus derechos sexuales y reproductivos (AWID, 2013a y 2014a; WMG, 2013; Articulación Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe hacia Cairo+20, 2014 a y b; Pajín, 2014; Pajarín, 2015).

Mujeres negras de América lanzan década de lucha


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Delegadas a la Primera Cumbre de Lideresas Afrodescendientes de las Américas participan en uno de los grupos de trabajo que se desarrollaron durante la cita de tres días, celebrada en Managua, Nicaragua, entre el 26 y el 28 de junio. 

Crédito: José Adán Silva/IPS

Delegadas a la Primera Cumbre de Lideresas Afrodescendientes de las Américas participan en uno de los grupos de trabajo que se desarrollaron durante la cita de tres días, celebrada en Managua, Nicaragua, entre el 26 y el 28 de junio. Crédito: José Adán Silva/IPS
MANAGUA, 29 jun 2015 (IPS) - Dicen que se cansaron de esperar justicia tras siglos de olvido y desprecio por el color de su piel. Lideresas afrodescendientes de 22 países de América, acordaron crear una plataforma política, que busca en un plazo de 10 años empoderar a las mujeres negras de la región y superar la discriminación de que son víctimas.


“Vamos a pelear con todas nuestras fuerzas para romper con las cadenas del racismo y la violencia por motivos raciales”, dijo a IPS la colombiana Shary García, al concluir la Primera Cumbre de Lideresas Afrodescendientes de las Américas, que se desarrolló en Managua entre el viernes 26 y el domingo 28, en que participaron 270 delegadas.

García detalló que de los tres días de debates en la capital nicaragüense nació una plataforma de 17 demandas y ejes de lucha, recogida en la Declaración Política de Managua y destinada a desterrar en el continente toda forma de discriminación por una combinación de motivos raciales y de género.

“No fue fácil resumir en 17 ideas las quejas y demandas de 270 mujeres y sus familias, que llevan toda una vida de discriminación, violencia y negación de derechos, pero todas y cada una de las que aquí vinimos sabemos que así comienza el principio del fin de la discriminación histórica”, aseguró.
La dominicana Altagracia Balcácer resumió a IPS que esos 17 ejes los atraviesan transversalmente conceptos como combatir el racismo, demandar vida digna y políticas de superación de la pobreza, exigir el derecho a decidir sobre su futuro y libertad para decidir sobre derechos sexuales reproductivos.
“Las demandas incluyen el detener la violencia hacia las mujeres negras y visibilizar a las poblaciones afrodescendientes en censos y estadísticas nacionales, proteger y dar oportunidades para la niñez, juventud y adolescencia de estas poblaciones”, detalló.
También incorporan, dijo, “proteger el  ambiente, ampliar el acceso a los recursos naturales y económicos, garantizar la seguridad y soberanía alimentaria”.
Mujeres negras de América lanzan década de lucha
Además, amplió, está “exigir protección y trato digno a los migrantes, demandar el rescate y reconocimiento a nuestro patrimonio cultural, demandar respeto de los medios de comunicación y abogar por la no estigmatización de la gente negra, ampliar el acceso a la justicia y garantizar seguridad ciudadana para las mujeres y sus comunidades”.

El presidio de la inauguración de la Primera Cumbre de Lideresas Afrodescendientes de las Américas, el 26 de junio, que concluyó dos días después en Managua con la declaración de un decenio de lucha por sus derechos. Crédito: Cortesía de la RMAAD

Dorotea Wilson, coordinadora general de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), explicó a IPS que la plataforma no exige el reconocimiento de derechos, sino la aplicación de todos los tratados, leyes y convenciones internacionales que sobre las mujeres afro se rubricaron tras la Conferencia Mundial contra el Racismo, realizada en la ciudad sudafricana de Durban en 2001.
El de Managua “no es un documento de buenas intenciones, es un documento oficial de exigencia y demanda de implementación de políticas públicas de todos los países americanos…, para por fin empezar a reconocer y darle su lugar a las poblaciones negras del continente”, dijo Wilson, de nacionalidad nicaragüense.
“Con esta plataforma, nosotras queremos avanzar en el cumplimiento de todos nuestros derechos en el marco del Decenio Internacional de la Población Afrodescendiente de la ONU”, agregó la lideresa de la RMAAD, presente en 24 países y con sede central en Managua.
La ONU declaró en enero el período 2015-2024 como el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, centrado en la protección de los derechos de las personas de ascendencia africana, reconociendo sus aportes y la preservación de su rico patrimonio cultural.
Según la ONU,  en América viven 200 millones de personas que se identifican como descendientes de africanos.
Wilson explicó que al culminar el decenio, las mujeres latinoamericanas esperan reducir el nivel de pobreza y documentar con datos fiables e indicadores constatables, la situación real de la población afrodescendiente del continente.
“Si decimos datos fiables es porque nosotras no existimos en las estadísticas actuales, somos invisibles, por eso otro logro de esta cumbre es que en cada país de América vamos a implementar un observatorio de seguimiento de las demandas de esta cumbre”, explicó.
Para este otro objetivo, ellas aseguran contar con el respaldo técnico e institucional de agencias de la ONU, países cooperantes europeos, organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos y promotores de derecho de género.
Además, buscarán que su plataforma de demandas sea recogida por la Organización de Estados Americanos para su seguimiento.

Mujeres negras de América lanzan década de lucha
La nicaragüense Dorotea Wilson, coordinadora general de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, durante una sesión de trabajo en la cumbre americana celebrada en Managua. Crédito: Cortesía de la RMAAD

La idea, explicó Wilson, es incidir en los Estados para obligarlos a definir políticas públicas a favor de las mujeres y población afrodescendiente; crear métodos de observación y verificación de las demandas que permitan, cuando se realice la próxima cumbre dentro de cinco años, analizar el desarrollo de las propuestas.
La coordinadora general de la RMAAD detalló que los testimonios de las mujeres participantes revelan una percepción de aumento de la violencia de policías y grupos raciales contra la gente negra, sobre todo en Estados Unidos y Brasil, dos países representados en la cumbre.
“En Estados Unidos los crímenes por odio racial se conocen mundialmente, pero por la misma condición de invisibilidad de la población afrodescendiente de América Latina, las muertes violentas por razones raciales en la región no salen a luz pública”, dijo.
Nilza Iriaci reafirmó durante su participación en la mesa sobre derechos humanos, que “en mi país, Brasil, los crímenes de odio ocurren a diario, pero no hay escándalo por ello”, en un contexto regional la violencia racial está en aumento. Brasil es el país latinoamericano con mayor población afro.Afrodescendiente de América Latina, actualizado dos años después, reveló que pese a registrarse avances legales e institucionales sobre los derechos de este segmento poblacional, sus condiciones de vida eran en su mayoría de pobreza y discriminación.
Para Vicenta Camusso, representante de las mujeres afrodescendientes de Uruguay, el contexto sigue el mismo de cuando se hizo el estudio. “Es el mismo de siempre: “nuestros derechos y nuestras condiciones de pobreza no han mejorado un ápice”, aseguró a IPS.
Según ella, pese a que en todos los países de la región hay marcos legales a favor de los derechos de las mujeres y de las poblaciones afro, no hay asignación de recursos para su implementación.
“En parte por ello la mayoría de las mujeres afro siguen viviendo en inferiores condiciones de vida frente a mujeres de otra raza y la juventud negra vive el mismo proceso de exclusión y violencia que sus antepasados contemporáneos”, dijo.
“Después de Durbán, poco o nada ha cambiado para la población femenina afrodescendiente de las Américas. Más de 80 por ciento de los afrodescendientes de la región viven en estado de pobreza y desigualdad social, con pocas oportunidades de superación por razones étnico-raciales”, denunció.
Camusso recordó que aquella conferencia contra el racismo surgió a partir de los esfuerzos oficiales de la comunidad internacional para establecer acciones tendientes a combatir el racismo, la discriminación racial, los conflictos étnicos y la violencia asociada a estas formas de discriminación.
La Declaración y Programa de Acción de Durban estableció el compromiso de los Estados, agencias de la ONU, de la cooperación para el desarrollo y de organizaciones privadas y sociedad en general, de “luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas conexas de intolerancia”.
Del total de población negra americana estimada por la ONU,  poco más de 100 millones serían mujeres que “continúan sometidas a desplazamientos forzados, emigraciones ilegales, criminalización de jóvenes y abusos sexuales”, según el organismo.
Editado por Estrella Gutiérrez

Las mujeres cada vez mas relegadas en la administración pública nacional


El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala en sus cifras un “desequilibrio” y un fracaso para garantizar equidad en todos los ámbitos y niveles de gobierno

En 2012 las titulares mujeres de instituciones en las administraciones públicas municipales o delegacionales se registraba en poco más del 21%, para pasar al 18.7% en el reciente conteo de 2013

Kara Castillo

México DF., 29 jun. 15. AmecoPress/SemMéxico.- Durante el 2013, las instituciones de administración pública del país estuvieron encabezadas en un 81.3% por hombres y sólo 18.7 % dirigido por mujeres. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala en sus cifras un “desequilibrio” y un fracaso para garantizar equidad en todos los ámbitos y niveles de gobierno.

Según cifras del INEGI difundidas este 23 de junio de 2015 en el marco del Día de la Administración Pública, la participación de las mujeres parece ir en picada. En 2012 las titulares mujeres de instituciones en las administraciones públicas municipales o delegacionales se registraba en poco más del 21%, para pasar al 18.7% en el reciente conteo de 2013.
“A pesar de las diversas labores para incluir un mayor número de mujeres en el quehacer gubernamental, los cargos de alto nivel jerárquico en las administraciones públicas de las entidades federativas fueron ocupados, por servidores públicos del sexo masculino”, refiere el documento de análisis que acompaña el conteo.
De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE 2014), a nivel nacional 81.3% de los titulares registrados eran hombres y el 18.7% restante mujeres.
El porcentaje de hombres titulares supera al de las mujeres en todos los estados, pero existen demarcaciones que asoman más del 30% con representaciones femeninas: Morelos es una de las entidades que señaló tener una mayor proporción de mujeres titulares con 34.8%, Tlaxcala con 31.8% de su personal y Campeche con 30.8%.
Los estados que registraron una menor proporción de mujeres titulares fueron Baja California Sur con 7.1%, Oaxaca con 10.3% Sinaloa con 10.7%. Sonora se sitúa en el último lugar, con 0 representación de mujeres titulares en alguna de sus instituciones.

La segregación: horizontal y vertical

Las mujeres están cruzadas por la desigualdad. En la administración pública existe una especie de segregación horizontal, las mujeres se concentran en espacios o funciones que sólo tienen margen de labores administrativas, de apoyo u otras de menor jerarquía.
Pero también viven una segregación vertical; la concentración de mujeres en la base de la pirámide de la estructura organizacional muestra que “a mayor jerarquía en la pirámide se evidencia una menor presencia femenina y mayor presencia de varones en la cúspide de la organización”.

¿Dónde trabajan las mujeres?

En la distribución porcentual de hombres y mujeres que conforman las instituciones estatales se puede apreciar que en las instituciones de salud es donde hay una mayor proporción de mujeres laborando con un 61.2% del personal; mientras que el 38.8% restante fueron hombres.
En el caso de las instituciones de educación, ciencia y cultura, el 59.6% fueron mujeres y el 40.4% hombres; las instituciones de desarrollo social, equidad y DIF estaban conformadas por 59.4% de mujeres y 40.6% hombres; trabajo social y seguridad social las mujeres formaron parte del 55.6%, mientras que los hombres 44.4 por ciento.
En contraparte, las instituciones con una plantilla de personal de mayoría masculina fueron las de seguridad pública que estaban integradas por 78.6% de hombres y 21.4% de mujeres, de manera similar a las de desarrollo urbano y medio ambiente en donde 71.8% del personal fueron hombres y 28.2% mujeres; el sistema penitenciario con 62.0% hombres y 38.0% mujeres; procuración de justicia en donde 61.1% fueron hombres y 38.9% mujeres y; desarrollo económico, rural y turismo con 59.9% hombres y 40.1% mujeres.
En el caso de las instituciones de oficialía mayor, tesorería y/o finanzas, gobierno y asuntos jurídicos y planeación, evaluación y transparencia, a pesar de que hubo un mayor porcentaje de hombres que de mujeres, la diferencia fue menor.

Mujeres con los peores contratos

Además de registrar un desequilibrio en las cifras sobre la composición de la plantilla de personal en las instituciones de las administraciones públicas de las entidades federativas, también se advirtió diferencia en el régimen de contratación.
Se observa que 847 mil 636 mujeres fueron contratadas bajo el régimen de base o sindicalizado y 668 mil 439 hombres, siendo está la modalidad de contratación la que más predominó en las administraciones públicas estatales y del Distrito Federal y que además está conformado por un número mayor de mujeres.
El segundo régimen que predominaba fue el de confianza, bajo este tipo de contratación se tiene registro de 227 mil 706 hombres y 128 mil 484 mujeres. El personal que se encontraba contratado de manera eventual, 64 mil 126 fueron mujeres y 61 mil 021 hombres. En el caso del régimen de contratación por honorarios, 37 mil 498 fueron mujeres y 32 mil 216 hombres; mientras que 29 mil 369 hombres y 27 mil 120 mujeres formaron parte de otro tipo de contratación no especificado.
Foto: SemMéxico.

Periodistas turcas rechazan medios “patriarcales”


   Ola de descontento por lenguaje sexista contra mujer política

A raíz de un titular sexista que atacaba a una mujer política en Turquía, mujeres periodistas dicen que ellas trabajan en los medios de comunicación para luchar contra los medios “patriarcales”.

 
El pasado 30 de junio el principal diario turco, Star, publicó una historia acerca de Figen Yüksekdağ, mujer política y colíder del partido de la izquierda HDP, con la cabeza “Cállate desvergonzada”.  
 
Las periodistas familiarizadas con el sexismo de los medios consideraron que el artículo es una “ofensa”, no sólo para la política sino para todas las mujeres.
 
Michelle Demishevich, reportera de noticias del sitio web 7/24, analiza el origen del sexismo con el que se manejan los medios en la cultura patriarcal turca.
 
“Como resultado, el lenguaje usado en los medios no puede ir muy lejos de esta tradición”, dijo Michelle, quien también ha sido víctima de estos ataques.
 
“Desafortunadamente, ambos: el lenguaje que usamos en la vida diaria y el lenguaje de los medios sienta las bases para esta violencia y de crímenes de odio; desde el Estado, el Poder Judicial y los medios todos son masculinos; cuando estos tres vienen juntos es cuando vemos que ocurren crímenes de odio”, enfatizó.
 
Siempre que las mujeres salen de los roles tradicionales de género impuestos por el Estado –consideró por su parte Zuhal Atlan, periodista de la agencia de noticias Dicle– son atacadas con lenguaje sexista como el usado en Star, lo que a la vez constituye una manera de legitimar la violencia contra las mujeres.  
 
“Pero como mujeres periodistas no permitiremos estos medios sexistas y continuaremos denunciando su lenguaje sexista con nuestras plumas”, subrayó Zuhal.


En tanto, Çiçek Tahaoğlu, del sitio de noticias Bianet, dijo que estaba avergonzada de llamar “colegas” a quienes escribieron y publicaron el artículo en Star.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la agencia de noticias Jinha, única en todo Kurdistán que reporta sobre la condición social de las mujeres de Turquía, Irak y Rojava (Kurdistán Sirio).
 
**Traducción de Anaiz Zamora Márquez.


Imagen retomada del portal de noticias Jinha
Por: Dilan Karamanoğlu**
Cimacnoticias/Jinha | Estambul, Turquía.- 
  

Domina la impunidad en los feminicidios, pero se niegan a reformar ley


“Congelada” iniciativa en Aguascalientes para tipificar delito

 Anaiz Zamora Márquez


México, DF., 01 jul. 15. AmecoPress/ Cimacnoticias.- En los recientes siete años en el estado de Aguascalientes se perpetraron más de 200 casos de feminicidio, que no fueron investigados como tales y en los que la impunidad llega a 80 por ciento; pese a ello, el Congreso local se obstina en considerar este ilícito sólo como un agravante de homicidio y no como un delito autónomo.
A petición de organizaciones feministas, en marzo pasado la diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN) Sylvia Garfias Cedillo presentó ante el Congreso estatal una iniciativa para reformar el Código Penal, y tipificar al feminicidio como un delito autónomo.
Con el argumento de que es “muy difícil acreditar las razones de género que conforman el tipo penal de feminicidio”, y que de volverlo un delito autónomo habría impunidad, las y los legisladores por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) –que gobierna la entidad y es mayoría en el Congreso–, y la diputada por el Partido Nueva Alianza (Panal) Juana Alicia Espinosa de los Monteros –presidenta de la Comisión de Equidad y Género– se niegan a avalar la iniciativa de la panista.
En febrero de 2013, el Congreso de Aguascalientes reformó la legislación penal estatal para incorporar al feminicidio como un agravante de homicidio y no como un delito autónomo, lo que de acuerdo con especialistas en la materia como Marcela Martínez Roaro, presidenta de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (Femess), se “invisibiliza” la violencia contra las mujeres en el estado.
En entrevista con Cimacnoticias, Mariana Ávila Montejano, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, relató que desde 2014 el movimiento feminista local entregó a las legisladoras un documento sobre la agenda pendiente en materia de género, y que una de las demandas más urgentes es la armonización legal del feminicidio como un tipo penal autónomo, ya que esto permitiría crear los protocolos de investigación correspondientes.
Fue así que en marzo pasado la diputada Sylvia Garfias presentó la iniciativa ante el pleno, pero hasta la fecha la Comisión de Justicia ha detenido su dictaminación.
La propuesta plantea que “existe feminicidio cuando un hombre, por cualquier medio, prive de la vida a una mujer por razones de género”, y se establecen cinco circunstancias como motivos de género. De aprobarse la iniciativa, el crimen sería castigado de 30 a 40 años de prisión, y con multa de 200 a 300 días de salario mínimo.
Ávila Montejano reprochó la actitud de las y los legisladores (en su mayoría priistas) que han manifestado ante los medios de comunicación locales su negativa a avalar el proyecto, alegando que resultaría “muy complicado” acreditar las razones de género, por lo que se crearía un contexto de impunidad.
De acuerdo con el monitoreo que ha realizado el Observatorio de Violencia Social y de Género, la violencia contra las mujeres en la entidad es una “realidad lacerante”.
La activista explicó que mediante el recurso de transparencia, el Observatorio supo que de 2009 a 2013 la autoridad judicial tiene el registro de 257 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales 90 fueron reportados por los medios de comunicación.
Agregó que después de 2013 las autoridades no dieron nuevos datos sobre el número de homicidios dolosos y respondieron a las solicitudes de información alegando que esos datos eran “inexistentes”, por lo que las feministas sólo han podido dar seguimiento al feminicidio mediante reportes hemerográficos.
Durante 2014 se monitorearon seis casos de feminicidio en los medios, a lo que se suman 16 intentos de este delito, es decir mujeres que terminaron en terapia intensiva tras ser brutalmente golpeadas en la mayoría de los casos por sus parejas. En lo que va de 2015 hay un registro de cinco casos, el más reciente ocurrido este lunes 29 de junio.
Para la también integrante de la Colectiva Feminista de Aguascalientes, uno de los puntos “más invisibles” alrededor del feminicidio son los suicidios inducidos debido a la violencia de género.
Mariana Ávila abundó que en el Observatorio se tiene conocimiento de mujeres –sin precisar número– que acudieron a denunciar violencia intrafamiliar, e incluso solicitaron órdenes de protección, pero ante la falta de apoyo de las autoridades decidieron terminar con sus vidas.
Finalmente, la activista llamó a las y los legisladores locales a debatir y aprobar la iniciativa, y recordó que el Congreso de Aguascalientes forma parte del Estado mexicano, que a través de tratados y convenios internacionales tiene la obligación de proteger a las mujeres, y realizar la armonización legislativa en materia de feminicidio.
Foto: Archivo AmecoPress.

“No te mueras por mí”: cartas “de amor” a víctimas de violencia



   Publican misivas de agresores para concientizar a mujeres


La organización civil peruana Vida Mujer publica en un libro digital las cartas románticas que escribieron varios maltratadores a sus víctimas, para pedirles perdón después de haberlas agredido físicamente.
 
Una de las impulsoras del proyecto, la psicoterapeuta Nelly Canción, aborda la incomprensión social hacia las mujeres que no consiguen separarse de sus agresores.
 
Las cartas que recopila el libro web http://www.notemueraspormi.com/ transmite el mutismo que sobreviene a la paliza. La publicación reúne una variedad de cartas “de amor” manuscritas, mensajes de texto vía celular, chats, correos electrónicos con disculpas, y nuevas promesas románticas (manteniendo en anonimato a sus autores y destinatarias).
 
Son mensajes breves, ingenuos, culposos, al tiempo que revelan el revés de la trama.
 
“Perdóname por haberte levantado la mano, no lo haré más, ni con el pétalo de una rosa”, dice Alberto. Como si pudiéramos ver los entretelones, damos vuelta a la página y encontramos fracturas en las piernas y contusiones en la cabeza tras golpes con una caja de herramientas. Cortes en el rostro para evitar los celos. En otros casos esas palabras fueron preludio de un feminicidio.
 
“El libro se titula ‘No te mueras por mí’ porque hay un doble mensaje donde el hombre se dice: ‘¡No lo hagas! (pero igual voy a violentarte, a matarte)’. Hay una polaridad entre el amor y el odio, esa relación se da en la confusión y allí es donde las mujeres se paralizan ante la violencia”, explica Nelly Canción vía Skype desde Lima, Perú.
 
La psicoterapeuta, directora de Vida Mujer, lleva 15 años de trabajo en la organización que brinda atención integral a víctimas de violencia. El libro, realizado junto con la agencia de publicidad local Circus Grey, será traducido al inglés próximamente e impreso en papel.
 
“Para los grupos de mujeres exponer lo que les pasa es una situación complicada, de mucha vergüenza. En estos años de trabajo vimos un patrón común y nos preguntamos por qué las mujeres vuelven con estos hombres. La gente en general piensa que son locas, tontas o incluso dicen: ‘Les gusta que les peguen’.
 
“Esos son mitos y creencias. Cuando entramos en lo profundo de sus problemáticas, están llenas de un sufrimiento que a veces rebasa más que el golpe del maltratador. Están envueltas de vergüenza que atrapa, bloquea y paraliza.
 
“Muchas son mujeres con vivencias complicadas de su infancia, relacionadas a una sensación de no merecer respeto ni amor. Es una actitud constante de sentir culpa, de haber hecho mal las cosas, de haber elegido mal al hombre (muchas veces las mujeres eligen hombres como efecto de algo que ellas señalan como “no tener suerte”)”, abunda la terapeuta.
 
“PORQUE TE QUIERO TE PEGO”
 
Canción señala que las relaciones representadas en el libro siguen el círculo de la violencia: “En un momento te quiero, te abrazo, te trato bien, en otro momento te cacheteo y te pego”.
 
Las terapeutas encontraron en las misivas “de amor”, recibidas justo después de haber vivido violencia física, material para reflexionar, educar, crear conciencia y acciones de prevención acerca de por qué las mujeres regresan al lado de quien las violenta.
 
“Siempre están con expectativas de que algo va a cambiar en sus vidas, siempre están a la espera, atentas a los mínimos detalles. Ellas suelen esperar que haya un cambio en el exterior: ‘Yo soy feliz si mi hijo/si mi pareja hace tal cosa’. Eso tiene que ver con la construcción de género, como si todo estuviera afuera y dejan en manos de los hombres el poder de dirigir, porque así nos enseñaron a esforzarnos, a cuidar.
 
“Ése es el legado para la mujer y el peor factor de riesgo para la violencia. Entonces desde nuestra organización vamos trabajando la responsabilidad con ellas, dejando de buscar el cambio afuera, sino impulsándolo desde adentro”.
 
El control en su máxima expresión descontrola. La violencia física no aparece de inmediato sino que emerge primero como una “agresión desde el control”. La especialista remarca esta característica como una alarma que se enciende más rápidamente hoy a partir de la profundización del uso de los dispositivos tecnológicos.
 
“La invasión de espacios personales: cómo te vistes, con quien hablas, qué debes estudiar, cómo debes manejar el dinero, cómo miras o sonríes. Esos son signos claros de violencia en tu espacio personal. Cuando cedes esos espacios ya estás entregándote a las manos del agresor. A partir de esas señales la mujer debería darse cuenta de que la relación no va para más”, abunda.
 
Cuando el maltratador o potencial feminicida busca reestablecer contacto, los mensajes de Whatsapp y Facebook Messenger acercan el perdón de manera casi inmediata.
 
“Las caritas tristes o las fotos de la pareja son las que movilizan el lado sensible de la mujer que tal vez está resguardada en la casa de algún familiar y es llamada continuamente a responder. Cuando hay mensajería instantánea y conexión permanente es más fácil para el agresor, tiene más armas, que son más agradables o más intensas, mejores que dar explicaciones frente a frente”.
 
Al mismo tiempo son estas mismas tecnologías las que permiten a la organización Vida Mujer dar un refuerzo positivo para asistir a distancia y de manera ágil a las personas violentadas, dada la dificultad que tienen muchas mujeres para compartir y expresar la violencia que atraviesan.
 
“Las redes sociales nos ayudan a hacer funcionar las cosas en tiempo más corto; cuando la mujer está aislada con su familia que la cuida y tiene el celular, aparecen formas más próximas con el agresor, cuando ella también responde con esos mismos mensajes.
 
“Hacemos trabajo de asistencia por chat y por messenger. Es una estrategia para las mujeres que no quieren denunciar porque no se animan y les da vergüenza, les pedimos que nos escriban y se expresen”, detalla.
 
“HISTORIA DE UN AMOR COMO NO HAY OTRO IGUAL”
 
Las raíces de la violencia en la pareja se conectan muchas veces con los ideales del amor romántico.
 
Lo señalaba Coral Herrera Gómez: “Nuestro amor romántico es una mezcla potente de sufrimiento masoquista, sadismo gozoso, luchas de poder, promesas de abundancia y felicidad, éxtasis de vida y muerte. Nos acerca al misterio de la vida, nos relacionamos con el amor como la llave para alcanzar la eternidad, la perfección, lo absoluto. Anhelamos que el amor nos haga felices, pero también hemos interiorizado que para amar de verdad hay que sufrir mucho”.
 
Hay un imaginario del sufrimiento como un ingrediente indiscutible parte del “combo-enamoramiento”, que tenemos que desarmar urgentemente.
 
A grandes rasgos, Canción resume las primeras estrategias de cuidado para las mujeres en un trabajo organizado en dos grandes ejes. Primero, desmitificar la culpa: identificar las emociones primarias como el miedo, la culpa y la vergüenza, para comenzar a dar cuenta del proceso en el que están frente a la violencia.
 
Parte de los primeros pasos para desactivar la violencia es comenzar a tomar decisiones: “Que tengan un diario en el que describan cómo viven su día a día, y que pueden enviarlo por e-mail para que podamos dar seguimiento”.
 
Segundo eje: hacer un plan de contingencia y de acción para cada mujer. La organización queda atenta a lo que va ocurriendo, brinda números telefónicos de asistencia, solicita a las mujeres que se organicen con los vecinos o con amigas íntimas para contar con ellos inmediatamente y recurrir a su ayuda.
 
Perú es el segundo país en América Latina con mayores índices de violencia contra las mujeres, y la legislación de violencia de género aún es muy blanda hacia el agresor.
 
La organización civil Demus publicó informes denunciando que desde 2014 el presupuesto para la lucha contra la violencia familiar y sexual llegó sólo al 0.09 por ciento del monto total destinado a los gastos del gobierno nacional.
 
Vida Mujer adelanta que ya busca una segunda edición para el libro y un espacio radial. “Vamos a seguir dando respuestas ante un Estado que no da cuenta ante las expectativas de las mujeres víctimas de violencia de género”, insiste Nelly Canción.
 
*Este artículo fue retomado de la página Pikara Magazine.  


Por: Florencia Goldsman*Cimacnoticias | Madrid, Esp.- 

Del derecho a la reserva de identidad

   MUJERES CAUTIVAS
Por: Teresa Ulloa Ziáurriz*


Cuando el Estado no es capaz de garantizar a las víctimas el acceso a la justicia, estamos hablando de un daño mayúsculo que es difícil comprender o imaginar para quienes no lo han padecido.
Uno podría suponer que determinado delito se investiga para después perseguir a los responsables y finalmente sentenciarlos, pero el asunto es más complicado que eso.
En México, el trayecto hacia la justicia implica más bien un viacrucis para las víctimas (en caso de que éstas hayan sobrevivido) y para sus familias.
Fue gracias a la batalla que por décadas emprendimos las organizaciones civiles que hoy existe una legislación específica (como la Ley General de Víctimas y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas), que intenta reparar el daño infligido, aunque sabemos que nada es suficiente si se trata de recuperar una vida: las víctimas después del hecho traumático nunca vuelven a ser iguales, y los esfuerzos se deben encaminar a la construcción de un nuevo proyecto de vida.
No obstante, y con todos los avances logrados hasta el momento, es evidente que la situación actual de descomposición en las instituciones –marcada por la corrupción principalmente, pero también por la impunidad– hace que el acceso a la justicia represente la segunda fase de agravios que todavía debe sufrir la víctima, esta vez a manos de la propia autoridad.
Para el caso de los delitos relativos a la trata de personas, uno de los efectos colaterales de este proceso tiene que ver con la violación de la garantía de reserva de identidad (consagrada en la Constitución) por parte del Poder Judicial, que lejos de aplicar el principio pro-persona a favor de las víctimas, lo hace a favor de los acusados.
Esta transgresión a la ley se da también por parte de grupos civiles que difunden testimonios, imágenes y rostros de las víctimas con el propósito de obtener provecho, o solicitando donativos económicos para cubrir la atención a las víctimas que el Estado mexicano está obligado a proporcionar.
En el primer caso, tenemos el ejemplo de Dolores –entre muchos otros–, una joven indígena procedente del centro de México. Hace algunos años daba un paseo con sus padres cuando un hombre y su madre le ofrecieron trabajo como empleada de una tortillería en un municipio de Tlaxcala. Con la necesidad económica encima y sin elementos para discernir si se trataba de una propuesta legal, aceptó.
Fue engañada, violada, trasladada por distintas vías a Estados Unidos y obligada a prostituirse. Todo esto fue posible gracias a las actividades concertadas de una red profesional de tratantes tlaxcaltecas y sus familias (incluyendo mujeres), con varias víctimas en su haber.
Luego de un operativo realizado por la autoridad estadounidense, Dolores fue rescatada e inició el procedimiento legal para denunciar y exigir justicia, en el que CATWLAC interviene hasta la fecha como su representante victimal en México (la red de tratantes escapó hacia nuestro país).
Se trata de un asunto muy grave en el que se dice hay implicación de alguno de los cárteles que operan en el norte de México.
Aun cuando el artículo 20 de nuestra Constitución en su apartado “C”, fracciones 5 y 6, establece claramente como derechos de la víctima u ofendido el resguardo de su identidad y otros datos personales (cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa), resulta que la autoridad judicial exhibió los datos de las y los ofendidos (en este caso, los familiares), incluyendo nombre y domicilio, exponiéndolos a riesgos muy graves.
¿Estamos hablando de jueces federales de procesos penales que desconocen la norma jurídica? De ser así, ¿por qué están ocupando esos cargos personas incompetentes que afectan gravemente la seguridad de las víctimas y sus familias?
De lo contrario, podría tratarse de un acto deliberado. ¿Cómo saberlo? Aquí lo que está en juego son los derechos de las víctimas y ofendidos por el delito en contraposición al derecho al debido proceso, alegando los jueces que los procesados tienen el derecho de saber quién los acusa, rompiendo el equilibrio entre los derechos de las víctimas, ofendidos y testigos, y los de los victimarios.
El segundo caso es cuando una organización civil es la que transgrede esta garantía con el fin de usar a la víctima y lucrar con su imagen.
Hace apenas unas semanas, en la Ciudad de México se supo de una joven mujer que denunció a una familia por haberla mantenido por varios años en condiciones de esclavitud, trabajando en una tintorería sin pago alguno, bajo maltrato físico y sexual.
En cuestión de horas, y sin que la autoridad reparara en ello –ojalá que haya sido así, aunque lo dudo–, esta joven fue exhibida a lo largo y ancho de los medios de comunicación, violando flagrantemente su garantía de no revictimización, así como su derecho a la protección y resguardo de su identidad.
¿Quién es más responsable, la autoridad o la organización que siempre lucra con la imagen y testimonios de las víctimas y además tiene el monopolio de las mismas ante la PGJDF?
En principio, la autoridad evadió el cumplimiento de los artículos y fracciones mencionados, además de los artículos 3 (fracciones 1 y 8), 36, 91 (fracción 5), y 118 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que elevan a delito la divulgación de datos confidenciales de las víctimas.
En segundo lugar, la organización que supuestamente defiende a la joven (y en general a todas las víctimas que atiende), la revictimiza y lucra con su imagen, llevándola de un noticiario a un “talk show”, pero además, haciendo apología del chantaje emocional para pedir dinero con el supuesto fin de pagar la atención médica, cirugía plástica o viajes para la víctima, cuando en realidad todos estos gastos deben ser cubiertos por el Estado.
La ley indica que deben ser gratuitos hasta la total recuperación de la víctima (incluyendo intervenciones quirúrgicas, reconstructivas, prótesis, etcétera).
Yo me pregunto y le pregunto al procurador del Distrito Federal si esto no es también una forma de trata de las víctimas.
Como podemos ver, en este país falta mucho por hacer. Sin duda debemos empezar por exigir al Poder Judicial un amplio conocimiento de las leyes vigentes, y a las organizaciones civiles un alto sentido de ética. De lo contrario, las víctimas y sus familias permanecerán presas de un círculo vicioso de agravios muy difícil de romper.
Twitter: @CATWLACDIR
*Directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Foto: cortesía cmdpdh.org
Cimacnoticias | México, DF.-