Regresar a los cuarteles

Alejandro Encinas

Polémicas e interesantes las declaraciones del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, publicadas ayer en EL UNIVERSAL, donde reflexiona sobre los riesgos que encara el país en materia de seguridad nacional y en las tareas encomendadas a las Fuerzas Armadas ante la delincuencia organizada que afecta la seguridad interior, respecto a las cuales —reconoce—, han pagado un alto costo en su prestigio que ha valido la pena, pese a que “no es nuestra vocación, no nos sentimos a gusto haciendo funciones de policía. Pero estamos conscientes que de no hacerlo nosotros en este momento no hay quién lo pueda atender” y “no veo esfuerzos decididos” para que las policías avancen.

Durante la entrevista revela la realización de más de mil 500 acciones diarias en la geografía nacional en las que participan entre 35 mil y 45 mil soldados, que han participado en más de 800 enfrentamientos en esta administración.

Estas declaraciones se enmarcan en el profundo cuestionamiento que tanto en México como en el ámbito internacional, en materia de violación a los derechos humanos atraviesa nuestro país.

Apenas el pasado 23 de junio se dieron a conocer los resultados de los peritajes realizados por la Procuraduría del Estado de México y la Procuraduría General de la República donde se revela que 11 de los 22 presuntos delincuentes fueron ejecutados el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, habiendo sido ya sometidos, y que las armas que portaban tres de las víctimas estaban descargadas.

De igual manera, el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, Amnistía Internacional denunció que durante la última década aumentaron en 600 por ciento las quejas por tortura cometidas en México por policías y fuerzas de seguridad, incluidas detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, sin que el gobierno mexicano haya instrumentado los protocolos internacionales para prevenirla ni sancionado a los funcionarios públicos que cometen estos delitos, quienes gozan de total impunidad.

Ello coincide con el reporte sobre Derechos Humanos en México del Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual señala que la falta de castigo a las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos, obedece a la complicidad que existe entre criminales y oficiales de seguridad corruptos, a lo que se suman 22 mil 322 personas desaparecidas en el país, 9 mil 790 de las cuales corresponden a la actual administración, así como 552 quejas por tortura procesadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta agosto de 2014 y 445 quejas más por tratos crueles.

El Estado mexicano no puede continuar minimizando estos hechos ni ocultando información, alentando la impunidad y el malestar ciudadano. Como sucedió con la solicitud del periodista Ezequiel Flores Contreras a la Sedena, respecto a que uno de los 43 normalistas desaparecidos era soldado activo, a lo que la dependencia respondió, que: “se localizó a una persona que corresponde al nombre de uno de los 42 estudiantes desaparecidos de la escuela rural Isidro Burgos que refiere en su solicitud; sin embargo, el nombre se encuentra clasificado como confidencial por tratarse de datos personales”, cuando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que no podrá invocarse el carácter de reservado de la información cuando: “Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad”.

Como señaló el general Cienfuegos, las Fuerzas Armadas seguirán asumiendo tareas que corresponden a la autoridad civil, dejando en claro que “nosotros en cuanto se nos ordene nos vamos a hacer las actividades para las cuales nos preparamos (…) para la guerra, para la defensa del país”. Los datos dan cuenta del fracaso de la estrategia implementada, del incremento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos. Es hora de crear las condiciones para que el Ejército regrese a sus cuarteles.

Senador de la República