En días pasados se dio a conocer el estudio Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político, el cual realicé a petición de Oxfam-México (www.cambialasreglas.org).
El tema de la desigualdad económica cobra cada vez una mayor importancia a nivel mundial. El Foro Económico Mundial, por ejemplo, identificó a la profundización de la desigualdad económica como la principal tendencia mundial para 2015. Durante mucho tiempo los mexicanos hemos evitado hablar de este tema. Es hora de hacerlo, tanto por razones éticas, como políticas y económicas. No es posible que sigamos permitiendo niveles de desigualdad que hacen que en este país conviva uno de los hombres más ricos del mundo con más de veintitrés millones de mexicanos en situación de pobreza alimentaria (es decir, que no tienen ingresos suficientes para poder adquirir una canasta alimentaria que les provea los nutrientes mínimos necesarios para llevar una vida saludable).
Por otra parte, la desigualdad económica extrema también tiene fuertes implicaciones políticas. El poder económico de algunos sectores específicos de la población se refleja cada vez más en políticas públicas que benefician a unos cuantos y que acentúan la desigualdad existente en el país. Para poder cambiar esta situación debemos empezar por reconocer tanto la magnitud de la desigualdad que caracteriza al país, como el hecho de que desde hace tiempo esto también se ha convertido en un factor que limita la capacidad de crecimiento de nuestra economía y que la ha sumido en un círculo vicioso de desigualdad, bajo crecimiento y perpetuación de la pobreza.
Para darnos una idea de la magnitud de la brecha en México considere lo siguiente: en 2014 los cuatro principales multimillonarios mexicanos podrían haber contratado con el puro rendimiento real de su riqueza a 3 millones de trabajadores mexicanos pagándoles el equivalente a un salario mínimo. Esto implica que podrían haber contratado a todos los desempleados del país (poco más de 2.3 millones de personas) sin que por ello perdieran un solo peso de su riqueza. No es casual que estos ultramillonarios mexicanos (Slim, Bailleres, Larrea y Salinas Pliego) hayan hecho sus fortunas a partir de sectores privatizados, concesionados y/o regulados por el sector público, ni que sus fortunas hayan pasado del 2% al 9% del PIB en tan sólo una década. Estos millonarios y otros grupos de poder han capturado al Estado y han logrado beneficiarse de muchas maneras, ya sea mediante una regulación laxa o a través de tratos privilegiados (fiscales o de otro tipo).
Uno de los grandes problemas de México reside en que la política fiscal favorece a quien más tiene, que es poco progresiva y que su efecto redistributivo es casi nulo. Debido a que se prefiere gravar el consumo antes que las fuentes de ingreso de los más ricos, las familias pobres, al gastar un porcentaje más alto de su ingreso, terminan pagando un porcentaje de impuestos mayor que el que pagan las familias ricas. Una relativamente baja tasa marginal del ISR para los ingresos más altos, el que los impuestos a las ganancias de capital en el mercado accionario sean prácticamente nulos, o el que no haya impuestos a las herencias o al patrimonio son claros ejemplos de cómo el sistema tributario beneficia a los más privilegiados.
Por otro lado, la política social también puede considerarse como un fracaso: al día de hoy, la lógica de que el crecimiento se filtraría de las capas altas a las bajas simplemente no ocurre en México desde hace décadas.
Por todo ello, es necesario hablar de desigualdad y de reconocer la importancia de cambiar las reglas que han permitido que lleguemos a esta situación de desigualdad extrema. Si queremos cambiar esta situación es necesario empezar a discutir los objetivos que queremos alcanzar (¿un verdadero estado social, por ejemplo?), así como los instrumentos que debemos utilizar (política tributaria y de gasto). Alternativamente, podemos seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora. En ese caso, no esperemos resultados diferentes.
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