12/25/2021

Realizan en Guerrero, Tribunal Regional contra los matrimonios forzados de niñas y jóvenes

  

Foto: Rosalba Ramírez Hernández
Tlapa de Comonfort, Gro.- “Soy Teresa. Tengo 15 años y soy originaria de Malinaltepec. En abril de 2021 fui vendida a un señor que se dedica a la siembra de amapola. El trato lo hicieron mis hermanos mayores y me compraron por 50 mil pesos. Durante el trato, mis hermanos y ese señor nos tuvieron vigiladas y amenazadas a mi mamá y a mí para no pedir ayuda o escapar. Mi madre necesita su apoyo para regresar con ella. Por favor, inicien mi búsqueda”.

Los testimonios de las víctimas cobraron vida a través de las voces de niñas que participaron durante el primer Tribunal Regional contra los matrimonios forzados de niñas y jóvenes en Guerrero celebrado el pasado 10 de diciembre en el zócalo de Tlapa, en la región de la Montaña de Guerrero, porque muchas de ellas fallecieron por diabetes u otras enfermedades en la espera de justicia que no llegó.

Testimonios recabados desde la región de la Costa  Chica, Acapulco y la Montaña, por 14 organizaciones defensoras que dieron acompañamiento a las víctimas, como es el caso de “Camina violeta”, la Red por los derechos sexuales y reproductivos, REDefine, “Mujeres guerrerenses por la democracia”, “Observatorio de violencias contra las mujeres”, la organización civil “Mujer, voz y rostro de la Montaña”.

Estas violencias persisten pese a las afirmaciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que los pueblos indígenas “son buenos”. Sin embargo, amparados por el Artículo Segundo de la Constitución, se defienden los usos y costumbres de las comunidades indígenas sin importar que atenten contra los Derechos Humanos.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero ocupa el primer lugar en presuntas víctimas mujeres del delito de “tráfico de menores”.

Relatos impregnados de terror, súplicas, amenazas, y violaciones a los Derechos Humanos de niñas y jóvenes que fueron vendidas por dinero, por una caja de refrescos, una res o terrenos, como es el caso de “Dolores” quien tiene 55 años actualmente.

La violencia que sufrió tuvo lugar en el municipio de Atlamajalcingo del Monte. A los 11 años fue vendida por su padre, su comprador pagó con terrenos. La violaba y le pegaba cada que él quería.

“Viví con mucho miedo de ser asesinada por los golpes. Al día de hoy, tengo hijas e hijos y ellos también sufrieron mucha violencia física por parte de su papá. Ahora el ya falleció. Yo trabajo en el campo para mis hijos. Estoy segura que no quiero que mis hijos compren mujeres ni que mis hijas pasen por lo que yo viví”.

A “Lupita” de origen Na’ Savi y de 14 años la vendieron por 50 mil pesos. Cursaba el segundo año de secundaria. Su familia no estaba de acuerdo con venderla pero recibieron amenazas de muerte por parte del hombre que la compró. “En el pueblo sabemos que él y si familia deben muchas muertes y nadie hace nada”.

“Dulce” cursaba el tercer año de bachiller a sus 17 años en el municipio de Atlixtac. Un día fue sustraída a las afueras de su pueblo y desde entonces su familia ha acudido a varias instancias; sin embargo, a la fecha, la Fiscalía de Guerrero no ha emitido ficha de búsqueda.

“Petra”, originaria del municipio de Alcozauca, fue vendida contra su voluntad a la edad de 14 años, en el 2017. “El señor que me llevó, me compró junto con sus padres. Tuve un hijo producto de la violencia, recibí constantemente golpes y maltrato psicológico. Me hacían trabajar largas jornadas en la casa y el campo. Viví amenazada y aislada. Un día por la madrugada cuando todos dormían, cargué a mi bebé y me lo llevé a la ciudad para buscar ayuda, pero la policía comunitaria por órdenes del comisario que era mi suegro, vinieron por mí y me llevaron a la fuerza. Me golpearon, me amenazaron con colgar a mi familia si volvía a escapar. Me encarcelaron junto con mi bebé de cinco meses.

En la cárcel me prohibieron recibir medicamentos, pañales y comida. Yo estaba sangrando por golpes que recibí y mi bebé lloraba de hambre. Volví a escapar con mi bebé y fui focalizada a un refugio seguro. Mi caso jurídico lo llevó Ciudad de Mujeres en Tlapa”.

“Elena”, de 15 años y de origen tlapaneco, contó que en 2016 fue vendida por la cantidad de 50 mil pesos. “Constantemente recibo golpes e insultos por parte de mi comprador y también de sus padres. Temo escapar por miedo a represalias porque no podemos devolver el dinero que pagaron por mí. También vivo con miedo todos los días de que sus golpes me arrebaten la vida, además, no me permiten recibir visitas ni salir.

Un día, por los golpes, me tuvieron que llevar a la clínica. Unas señoras me ayudaron y fui a poner mi denuncia pero el síndico no lo mandó a traer y no procedió mi denuncia”.

Foto: Rosalba Ramírez Hernández

El jurado del Tribunal integrado por la licenciada en Comunicación Digital, especialista en relaciones políticas y alianzas estratégicas, Adela Muñiz Guadarrama; la escritora y traductora mixteca, Eduviges Villegas Pastrana; la activista feminista, Soledad Ureiro; la fundadora de la asociación civil “Mujeres, voz y rostro de la Montaña”, Denisse Cansino Castro; tomó protesta para vigilar que se cumplan las acciones de erradicación de la venta de niñas y adolescentes, a cargo de la experta en derechos sexuales y reproductivos y violencia feminicida Viridiana López Sotelo.

Foto: Rosalba Ramírez Hernández

Una vez que finalizó la lectura de los testimonios, las juezas del Tribunal determinaron la urgente necesidad de provocar un encuentro entre las víctimas, organizaciones que dan acompañamiento, policías comunitarias y autoridades municipales, para acordar la prohibición de la venta de mujeres bajo el escudo de “usos y costumbres”.

La intención de este tribunal, especificó Viridiana López Sotelo en una entrevista posterior fue “darle voz a las víctimas y decir que las organizaciones locales hemos acompañado por mucho tiempo estos temas y que la denuncia es latente. Hay un registro de cada uno de estos casos”.

Una de las resoluciones del Tribunal fue el de realizar un estudio por región para conocer la focalización mayoritaria de las violencias contra niñas que comenzarán las organizaciones feministas a partir de enero. Al mismo tiempo, el Tribunal atrajo el compromiso de luchar “para que llegue la justicia y cambien la cultura de violencia contra las niñas”.

La “Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres”, integrada por las colectivas de mujeres feministas de los municipios de Tlapa, Chilpancingo, Marquelia, Ayutla y Acapulco, fijó postura en torno a los matrimonios infantiles y forzados como una expresión sistemática de la violencia de género y de la violación de los Derechos Humanos de las mujeres y de las niñas.

También enlistó una docena de exigencias al gobierno de Guerrero que preside Evelyn Salgado Pineda, entre las que se encuentra el cumplimiento de programas educativos con enfoque de género e intercultural en los planes de estudios de los diferentes niveles educativos, la integración en el Plan Estatal de Desarrollo de proyectos formativos de sensibilización y capacitación en contextos rurales e indígenas en materia de Derechos Humanos y de género con enfoque intercultural.

Acciones urgentes y específicas para atender y erradicar el matrimonio infantil y forzado en las comunidades de la región  de la montaña del estado, y la armonización de las leyes locales que condene y castigue con pena máxima ésta práctica que atenta contra los Derechos Humanos de las niñas.

Evaluar y monitorear la estrategia presentada el día 10 de noviembre en este municipio por la gobernadora durante su toma de protesta. Y finalmente, que se cumplan las demandas en torno a los derechos de las mujeres que han sido negados y postergados históricamente desde las políticas oficiales.

En México hay dos leyes que prohíben los matrimonios forzosos: la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, donde se establece la prohibición de los matrimonios infantiles.

Sin embargo, entrevistada por Cimacnoticias, la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa Ziáurriz, señaló que habría que reformar el artículo 2 de la Constitución para garantizar que ningún uso ni costumbre atente contra los Derechos Humanos. 

21/RRH/LGL

Faltan protocolos e investigaciones adecuadas para comprender y erradicar violencia contra niñas en AL: Cladem


Imgaen retomada CLADEM


Ciudad de México.- En América Latina y el Caribe, las autoridades no comprenden la gravedad ni investigan profundamente los asesinatos, la violencia sexual ni las desapariciones de las niñas, por el contrario, hacen prevalecer la impunidad, no desarrollan estrategias efectivas para evitar estos delitos y cierran prematuramente las carpetas de investigación, reveló un nuevo informe del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujer (Cladem).

En su informe “Investigación sobre la interrelación y los vínculos entre al violencia sexual y la muerte de niñas y adolescentes en America Latina y el Caribe”, realizado del 2010 al 2019 en 12 países de la región (incluido México), las y los investigadores del Cladem explicaron que la violencia contra las niñas es producto de un contexto de discriminación histórica hacia las mujeres basada en el sexismo y el adultocentrismo, lo cual se visibiliza en la baja escolaridad de las mujeres, las barreras de acceso a servicios de salud, de acceso a la justicia, y de protección integral. Todas estas dificultades pueden agravarse aún más en escenarios de conflicto armado, social o con fuerte presencia del crimen organizado, puntualizaron.

Por tales razones, se detalló en la investigación, la violencia feminicida hacia menores de edad es producto de la acumulación de otras violencias contra las mujeres, como la desaparición, el suicidio, la falta de acceso a la interrupción legal del embarazo y la muerte materna. Entre estas agresiones, se precisó, un elemento en común es la impunidad en las investigaciones.

El informe de Cladem, cuyo fin es contribuir a abrir líneas de análisis que logren explicar y comprender las causas específicas de las muertes de niñas, señaló que los cuerpos de las menores de edad son concebidos “para otros, se pueden violar o vender” sin ningún castigo, por lo que para ellas no hay lugares seguros donde puedan refugiarse, sobre todo cuando los golpes, gritos o la violencia sexual comienza en sus hogares. En estos casos, la violencia es empleada como una forma de control, castigo o represión, y es la antesala de los casos de feminicidio en menores de edad.

Pese a lo anterior, reveló la investigación, es difícil demostrar la correlación de la violencia sexual y los casos de feminicidio en menores de edad, debido a la falta de protocolos de investigación adecuados en las instituciones de justicia, a que las investigaciones judiciales no incorporan la perspectiva de género, a que los delitos de feminicidio se tipifican como homicidios, y a que las autoridades no registran las agresiones previas padecidas por las víctimas.

En los 12 países analizados, mencionó el documento, los testimonios de las víctimas demuestran que la violencia sexual hacia niñas es el tipo de agresión con mayor impacto en sus vidas, ya que las puede llevar hasta el suicido. Cerca de 120 millones de niñas a nivel global han tenido algún tipo de contacto sexual contra su voluntad antes de cumplir los 20 años, los agresores suelen ser hombres que les doblan o triplican la edad y en su mayoría son familiares de ellas, señaló el informe.

Ejemplo de ello es el caso, contenido en la investigación, de una niña hondureña de 8 años de edad, quien fue agredida sexualmente por su hermano y después recibió insinuaciones de índole sexual por parte de sus tíos, lo que la llevó a tener ideas suicidas. “Entre los 13 y 17 años se empiezan a incrementar los índices de suicidios de las niñas y adolescentes, también los casos de desapariciones; entonces, para mí eso no es casual porque tiene que ver con el periodo de mayor riesgo a la violencia sexual”, enfatizó la investigación.

Las menores de edad, víctimas de violencia sexual, destacó Cladem, en muchos casos son estigmatizadas, marginadas y excluidas, esto sucede tanto en contextos rurales como urbanos, y en los distintos sectores económicos. Aisladas de sus redes de apoyo, víctimas de múltiples violencia y en ocasiones cursando embarazos producto de agresiones sexuales, las niñas llegan a pasar en un tiempo breve de la idea del suicido a su consumación.

La situación es tan alarmante, enfatizó la investigación, que en El Salvador se tipificó el “suicido feminicida por inducción o ayuda” en 2015 mediante la “Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”. Dicha ley, explicó, castiga a “quien indujere a una mujer al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo” con penas que van de los 5 a 7 años de prisión; a pesar de ello, sólo 2 hombres, de 11 acusados, fueron juzgados por suicidio feminicida y uno fue absuelto del delito entre 2018 y 2019.

La investigación reveló que además, 58 por ciento de los casos de muerte materna en adolescentes fue producto de un suicidio durante el periodo prenatal debido a que no se les permitió interrumpir su embarazo no deseado, ni se les brindó ayuda psicológica. Por ejemplo, en Nicaragua 15 niñas menores de edad que fueron víctimas de violencia sexual se les obligó a convertirse en madres, en vez de cumplir su deseo de abortar o de dar en adopción al bebé.

De acuerdo con la investigación, la mayoría de los 12 países analizados no tiene un registro adecuado de muertes maternas relacionadas con la falta de acceso a la interrupción legal del embarazo, lo que demuestra que el derecho a decidir sobre el cuerpo no es reconocido para las mujeres. En suma, existen países que prohiben totalmente el aborto y, en los que está despenalizada esta práctica, hay un alto porcentaje del personal médico que se declara objetor de conciencia, a pesar de las recomendaciones y sentencias internacionales en la materia.

En el caso de las desapariciones, resaltó el documento, un factor en común es que las investigaciones judiciales son cerradas de manera anticipada. Esta problemática sucede en su mayoría en Argentina, Uruguay y México. En este último país, las mujeres de entre 12 y 22 años son más víctimas de desapariciones, sin embargo las autoridades no abren las carpetas de averiguación, no determinan los patrones del hechos, sus causas, consecuencia, ni se interesan en capacitarse para entender este fenómeno, señaló el informe.

Actualmente en México hay 95 mil 98 personas desaparecidas, de las cuales 23 mil 655 son mujeres y 71 mil 433 son hombres, de acuerdo con los datos recabados. La mayoría de estos casos ocurrieron en el Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Yucatán, Guanajuato, Chihuahua, Ciudad de México, y Puebla; un alto número de las víctimas tenía entre 5 y 24 años de edad, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Para atacar estas problemáticas de raíz, recomendó la investigación, es indispensable hacer cambios de prácticas culturales, en particular aquellas que violentan los derechos de las niñas, como los matrimonios forzados; fortalecer las instituciones de justicia y de prevención de la violencia de género; desarrollar protocolos de búsqueda; en México es necesario generar protocolos de acceso a la salud integral; brindar servicios territoriales y políticas de salud sexual y reproductiva.

Además de ello, se expresó en la investigación, es importante que los gobierno de los 12 países generen planes nacionales para abordar de manera amplia los casos de feminicidio, y exista un monitoreo, registro y acompañamiento de los casos de violencia feminicida, ya que ésta se ha consolidado como el resultado de la combinación de distintas violencia previas y todas las agresiones deben considerarse como una reproducción constante de los prejuicios machistas y del sexismo, que ponen en riesgo de muerte a las mujeres y niñas.

21/AEG/AJSE

Despenalización del aborto avanzó en cuatro estados en 2021, falta reforma a nivel federal

Escrito por Anayeli García Martínez 
Ciudad de México.- Este 2021 el movimiento feminista consiguió que cuatro entidades despenalizaran la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación: Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima, los cuales se sumaron a Ciudad de México (2007) y Oaxaca (2019) que ya contaban con esta legislación. No obstante, el Senado de la República aún debe dictaminar cinco iniciativas vinculadas con el acceso al aborto.

Además de los congresos locales que despenalizaron la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, en septiembre de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró por unanimidad la inconstitucional de la criminalización del aborto de manera absoluta en el estado de Coahuila y se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción del embarazo sin que ello implique enfrentar consecuencias penales.

Estas reformas y el fallo de la Suprema Corte de Justicia constituyen un paso esencial en la defensa y protección de los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, según una investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

Además de este avance, en concordancia con el fallo de la SCJN, en la actual Legislatura del Senado, legisladoras de diversos grupos parlamentarios presentaron una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, la Ley General de Salud y al Código Penal sobre la objeción de conciencia y para garantizar el servicio de aborto seguro y la despenalización en el país, la cual está en análisis.

La investigación sobre el panorma legislativo en torno al aborto, realizada por Irma Kánter Coronel, explica que los datos disponibles sobre el número de abortos que ocurren anualmente en México son insuficientes y limitados debido al carácter estigmatizado que esta práctica tiene en distintos entornos geográficos y socioeconómicos, aunque las estimaciones indican que en México al año ocurren un millón de abortos.

El documento refiere que el Instituto Guttmacher y El Colegio de México hicieron un estudio en 2012 donde encontraron que la penalización del aborto en México no evita su práctica, ya que alrededor de 54 por ciento del total de embarazos no planeados se resuelve mediante un aborto inducido, lo que en términos absolutos se traduce en alrededor de un millón de abortos inducidos anualmente.

Este estudio indica que la práctica del aborto es más frecuente en las jóvenes, unidas y no unidas, sexualmente activas de menos de 25 años, lo que es un claro indicio de que retrasan la primera maternidad en un contexto de uso limitado de la anticoncepción moderna a estas edades, en particular entre las edades de 15-19 años.

Además, poco más de un tercio (36 por ciento) de las mujeres con abortos inducidos tienen complicaciones que requieren atención médica; proporción que se incrementa hasta 45 por ciento en el caso de las mujeres rurales y en condiciones de pobreza del país.

A pesar de esto, en México, la regulación del aborto es restrictiva tanto en el ámbito federal como en el estatal y las mujeres pueden enfrentar penas que van desde un mínimo de 15 días de prisión en el estado de Tlaxcala, hasta un máximo de seis años en el caso de Sonora. Sin embargo, también hay circunstancias bajo las cuales no se considera un delito, por ejemplo, si el embarazo es producto de una violación.

Asimismo, 24 estados del país y el Código Penal Federal establecen como causal de exclusión cuando la salud o la vida de la mujer corran peligro; diez estados permiten este procedimiento en caso de malformaciones graves del producto; nueve incluye la causal de inseminación artificial no consentida y Michoacán y Yucatán contemplan como causal de exclusión o no punibilidad razones económicas graves.

En este contexto, de 2018-2021, en el Senado se presentaron cinco iniciativas para garantizar el acceso al aborto. Tres de ellas son suscritas por el Partido Revolución Democrática (PRD); otra propuesta corresponde a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la quinta fue del Partido Revolucionario Institucional. Ninguna se ha dictaminado.

Además, después de 2021 se presentaron dos propuestas más, una de Morena y otra de legisladoras de todas las bancadas, las cuales hasta el cierre de este periodo de sesiones se encuentran pendientes de análisis y dictaminación en las Comisiones de Justicia, Estudios Legislativos, Estudios Legislativos, Segunda y Para la Igualdad de Género.

En la investigación se concluye que las recientes reformas para despenalizar el aborto hasta las doce semanas de gestación por los congresos locales de Hidalgo, Veracruz y Baja California (Colima, en diciembre de este año), así como el fallo de la Suprema Corte muestran que se tiene que avanzar tanto a escala federal como en cada una de las entidades federativas del país.

UNAM publica lineamientos para sancionar la violencia de género

 

Ciudad de México.- Un año y cuatro meses después de que se aprobara en el Consejo Universitario las sanciones para los agresores, la Universidad Nacional Autónoma de México la máxima casa de estudios publicó los lineamientos para sancionar casos de violencia de género.

La UNAM publicó el 13 de diciembre pasado los “Lineamientos para la aplicación de los principios de taxatividad y proporcionalidad en la determinación de las sanciones en casos de violencia de género”. 

Este documento se publicó un año y cuatro meses después de que el Consejo Universitario de la UNAM aprobara en sesión extraordinaria adicionar la fracción III al artículo 98 del Estatuto General, relacionado con las sanciones a aplicarse para los casos de violencia de género.

Esta modificación fue uno de los puntos que quedó pendiente en febrero de 2020, cuando — gracias al paro de labores y a la toma de instalaciones que iniciaron las estudiantes en distintas facultades, CCH y preparatorias– el Consejo Universitario de la UNAM aprobó reconocer la violencia en general y la violencia de género como una “falta especialmente grave”. 

No obstante, en esa modificación se evadió explicar qué tipo de acciones constituyen la violencia de género y no se describieron las sanciones específicas para los agresores de las mujeres, como pidieron inicialmente las alumnas organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL).

Fue seis meses después, cuando el Consejo Universitario saldó parte de estos pendientes para establecer en el artículo 98 lo siguiente: 

“Para los casos de violencia de género las sanciones indicadas serán aplicadas de conformidad con los principios de taxatividad y proporcionalidad en los términos establecidos por la normatividad y los Lineamientos correspondientes”.

El Artículo 98 del Estatuto indica las sanciones que podrán imponerse en los casos que no tengan expresamente señalada una pena. La fracción I señala que para el caso del personal académico estas sanciones son: el extrañamiento escrito, la suspensión y la destitución.

La fracción II referente a los alumnos establece la amonestación, negación de créditos o cancelación de los concedidos respecto al pago de cuotas; suspensión o separación de cargos o empleos que desempeñen; suspensión hasta por un año en sus derechos escolares y expulsión definitiva de la facultad o escuela.

“Esta modificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en Gaceta UNAM y se suma a otras reformas que se han planteado al Consejo Universitario, con el propósito de ir adecuando la legislación de la UNAM a los requerimientos para erradicar la violencia de género en la institución”, comunicó entonces la universidad.

Fue hasta este 13 de diciembre de 2021, cuando la UNAM publicó los lineamientos con los que da cumplimiento a lo ordenado en el artículo 98, fracción III del Estatuto General.

Este documento es una guía para orientar la decisión de las autoridades universitarias facultadas para imponer sanciones.

Los lineamientos establecen que entre los indicadores para la determinación de la sanción está el daño a la integridad psíquica o psicológica: que consiste en la afectación a la estabilidad emocional; así como la agresión a la integridad física y el daño a la integridad física de la persona afectada lesionando su cuerpo o afectando su salud: consiste en una agresión a la integridad corporal que, además, produce una lesión interna, externa o ambas.

Asimismo, se deberá considerar la concurrencia de expresiones de violencia, la reiteración en el tiempo, las asimetrías formales e informales de poder, el aumento de la violencia, la reincidencia, el contexto en el que se enmarcan las manifestaciones de violencia, entre otras. 

21/AJSE/

La justicia para Roxana tiene un precio por matar a su agresor


Han pasado 238 días desde que Roxana Ruiz Santiago comenzó a luchar, primero por su vida e inmediatamente después, por su libertad. 

La joven de 22 años, originaria de Pinotepa Nacional, región Costa de Oaxaca, permanece en el penal del Bordo de Xochiaca, Estado de México, donde fue recluida tras defenderse de un hombre que intentó violarla y a quien mató en el forcejeo. En un primer momento, Roxana fue acusada de homicidio simple; no obstante, la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) la señaló por el delito de homicidio culposo en una audiencia celebrada el 30 de noviembre.

La diferencia en esta ocasión, explica la abogada Abigail Escalante en entrevista para EL UNIVERSAL, es que ahora tomaron en cuenta la legítima defensa.

Con este atenuante, la joven podría recuperar su libertad, pues en la audiencia le fue fijada una fianza que asciende a 450 mil pesos, detalla Escalante, quien se convirtió en la defensora de la joven gracias a las gestiones de Nos Queremos Vivas Neza, organización que trabaja en Nezahualcóyotl, a donde Roxana y su familia se mudaron hace años.

En contraste, la familia del hombre que agredió a Roxana exige 36 mil pesos por reparación del daño moral, a raíz de su muerte.

El caso ahora se encuentra en etapa intermedia; sin embargo, las activistas y equipo legal de Roxana lamentan que las condiciones de ella y su familia no le permitan cubrir el monto fijado por las autoridades.

“Roxana se siente frustrada por la situación donde la justicia se compra, porque el juicio oral prevé un procedimiento abreviado donde, si una persona que enfrenta un proceso se declara culpable y garantiza la reparación del daño, puede ser puesta en libertad”, declara.

En este momento, resalta, cubrir la fianza es imposible: “Lo valoramos en su momento con Roxana y llegamos a la conclusión de continuar el proceso que podría llegar a una instancia absolutoria, pero ello puede llevar un año y medio para agotar todos los recursos. 

“Vemos que eso no es lo mejor porque como Roxana hay miles de personas más que no pueden cubrir sus montos y se mantienen en prisión”, agrega.

Ante ello, la familia, el equipo legal y las organizaciones y grupos feministas que han exigido desde mayo pasado libertad para Roxana, se organizaron para solicitar apoyo al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y que este respalde la situación de una mujer indígena y de bajos recursos.

Su propuesta es que el Estado, a través de la Comisión Estatal de Víctimas, pague el monto y evite un coste mayor tanto para la justicia como para la manutención de ella en prisión.

“Sabemos que un preso cuesta alrededor de 2 mil pesos diarios, más los gastos que costea la familia y los pagos judiciales”, afirma la abogada.

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Prejuicios en la ley

La asesora legal detalla que la legítima defensa es un atenuante para la forma en la que se comete el delito, en este caso, el homicidio; sin embargo, el juez a cargo del caso considera que, pese a ello, sigue siendo un delito doloso. Para la jurista, la percepción del juez es errónea, pues el exceso de legítima defensa puede considerarse como un error en la manera de actuar de Roxana y, por lo tanto, se convierte en un delito culposo.

La acusación, detalla, contempla el exceso de la legítima defensa, pues la Fiscalía de Género realizó un peritaje donde se establece que Roxana sufrió violencia por parte de su agresor, y en ese sentido, tuvo que señalar, al menos, que existió legítima defensa.

Los dictámenes fueron elaborados por personal de la misma fiscalía, pero “son parte de una manera prejuiciada de ver los hechos, pues finalmente dan cuenta de que en el cuarto de Roxana una persona perdió la vida por medios circunstanciales”, insiste la defensora.

La persona murió asfixiada con un trozo de tela, por lo que, indica la abogada, no había intención de quitarle la vida, sino que fue una acción de defensa, pues de existir la intención, los medios habrían sido otros.

Para la defensa de Roxana, los servicios periciales actúan de manera prejuiciada, pues establecen el delito y la fianza tras un estudio de alcoholemia en el que el fallecido presentaba de 180 a 300 mililitros de alcohol en la sangre. Con este factor como argumento, la fiscalía afirma que debido a esa cantidad de alcohol en la sangre, un hombre llega a un estado de confusión en el que no puede haber una erección. Fue así como desestimaron el intento de violación.

Abigail Escalante señala que también deben tomarse en cuenta las condiciones físicas y de salud del atacante.

Por ello, en la próxima audiencia fijada para el 17 de enero, presentarán tres diferentes peritajes, con el fin de demostrar que los de la fiscalía “no son una verdad contundente y están hechos por personas que tienen prejuicios y cometen errores en su apreciación”.

Indígena y sin recursos

Las reglas de operación del INPI no prevén gastos de apoyo a las personas indígenas, aunque en años pasados había apoyo para gastos jurídicos. Serán las activistas que acompañan el caso de Roxana, su familia y su equipo legal, quienes gestionen los recursos para costear los tres peritajes independientes que se presentarán en el juicio.

El INPI apoyó con peritaje antropológico para demostrar que Roxana es de una comunidad indígena, añade la abogada.

En tanto, los primeros siete meses de Roxana han costado al Estado mexicano 420 mil pesos, monto cercano a la fianza.

La Secretaría de Seguridad Pública federal estima que unos mil 703 millones de pesos de impuestos se usan al año para la manutención de las personas privadas de la libertad.

“Por el momento vamos a buscar el apoyo de la sociedad civil que siempre ha demostrado solidaridad con el caso y veremos si en este mes pudiera destinarse un apoyo por parte del organismo, ya que cada año se actualiza el presupuesto y las reglas de operación”, finalizó. 



La Revuelta, película feminista de Lucero González

 

Delgada, risueña, inquieta, el pelo corto chino siempre alborotado como sus ideas, Lucero González, de 74 años, es socióloga, fotógrafa y videasta mexicana. Las mejores fotos que le han tomado a Cristina Pacheco son suyas y muchos sujetos seguramente pueden afirmar lo mismo. Sus retratos hablan de su conciencia y su defensa de las causas de las mujeres. Todas la conocen por sus respuestas agudas y positivas, ya que se mantiene en contacto con mujeres de todas las condiciones sociales a quienes honra con su apoyo. Ahora lanza su primer filme y la primera película feminista filmada en México: La Revuelta, que cuenta la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos en nuestro país.

En una época, al lado de Betsy Hollands, en Cuernavaca, Lucero González alfabetizó a campesinas. Fundó una cooperativa de tejedoras de sarapes en Tepoztlán y, al lado de María Novaro, trabajó con obreras en sindicatos y pudo vincularse con distintos movimientos de mujeres. Egresada de la Escuela Activa de Fotografía, ahora mismo une su interés por la imagen con la antropología social.

Su gran amor es la ciudad de Oaxaca, su cultura, sus fiestas; su relación con indígenas y campesinos es muy profunda. Muchos le agradecieron que participara en ceremonias y rituales, pero sobre todo aplaudieron su libro: Mi hija, yo misma, calificado por Mónica Mayer como excepcional.

Su experiencia en la dirección de la revista La Revuelta, al lado de Bertha Hiriart, Eli Bartra y Ángeles Necochea, sus exposiciones de fotografía con artistas tan reconocidas, como Lola Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, Imogene Cunningam, Sally Mann y Bernice Kolko, le confieren un status especial
sobre todo porque giran en torno a la mujer y a la familia.

–Lucero, ¿cuándo se inició La Revuelta?

–A raíz del Año Internacional de la Mujer, en 1975, iniciamos con un pequeño grupo el Movimiento de Liberación de la Mujer, y lanzamos el periódico La Revuelta. El primer número se publicó en septiembre de 1976. Explicamos por qué tomábamos la palabra, por qué queríamos y deseábamos cambiar el mundo y, sobre todo, las condiciones de vida de las mujeres en México.

–Muchas mujeres se manifestaron en esos años... recuerdo a Betty Friedan, Simone de Beauvoir, Gisele Halimi, Susan Sontag y a otras profesionistas...

–Sí, la protesta fue internacional. En el primer número de La Revuelta dijimos que queríamos hablar de nosotras en primera persona y no que nos definieran otros: los derechos de la mujer los haríamos nosotras.

–¿Temieron que otros tomaran la palabra en su lugar?

–Exactamente. Hicimos un póster con fotos de Jorge Acevedo. Expusimos la condición de la mayoría de las mujeres. Documentamos los movimientos sociales desde el primer número de La Revuelta, ahora digitalizado y conservado en la biblioteca del Centro de Investigación de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro campo de acción siempre fue la universidad, queríamos contagiar a otras y otros con nuestras ideas feministas.

“Luché y sigo luchando contra la explotación y la opresión de la mujer: que no nos consideren seres dependientes, no nos subordinen. Dijimos: ‘Aquí estamos todas y queremos actuar en el espacio público, político y personal’. Nuestro lema es: Lo personal es político.”

–Esa frase la lanzó, creo, Kate Millet en 1970 en Sexual Politics...

–Finalmente, el Movimiento Feminista en México tiene antecedentes de luchas mundiales. En los años 70 se dio una nueva manera de entender el feminismo por reivindicaciones propias y con base en una autonomía. La idea de publicar revistas y periódicos feministas para concientizar a otras mujeres fue vital en nuestra lucha. Al principio éramos muy pocas: Eli Bartra, Dominique Guillaumet, María Brum, Chela Cervantes, Indra Olavarrieta, Ángeles Necochea, Bertha Hiriart. Por ahí también pasó nuestra querida Marta Lamas, María Novaro. Marta Acevedo fue una de las cabezas del Movimiento de Liberación de la Mujer. En este primer número, exigimos algo que nos había sido negado, la posibilidad de expresarnos de múltiples formas.

–¿Y no se expresaron Marie Curie, sor Juana Inés de la Cruz, Frida Kahlo,Nelly Campobello, Clementina Batalla de Bassols, Eulalia Guzman, Marta Borquez?

–En la lucha de las mujeres, los movimientos no surgen espontáneamente, siempre hay ejemplos anteriores. La Revuelta llegó a muchas mujeres. Con La Revuelta salimos del campus universitario y entramos a hospitales, mercados, calles del sur de la ciudad, comunidades en zonas de mucha pobreza. Han pasado casi 50 años y hay una fuerte irrupción de jóvenes en nuestro movimiento. El feminismo no sólo es de México, sino del mundo.

–¿Cuántos números de La Revuelta se publicaron y en qué consistió su lucha, Lucero?

–Hay que recordar que nos apoyó muchísimo Carlos Payán con el Unomásuno; nos proporcionó la imprenta, nos aconsejó: ‘Hay que hacerlo más llamativo, ponerle este color, mejores encabezados’. Al terminarse la primera etapa de La Revuelta, de 1976 a 1983, publicamos nueve excelentes números. El último, en 1978, fue sobre el amor romántico. Nuestros temas fueron las campesinas, las obreras, las afanadoras, las barrenderas. El Unomásuno nos dio una página semanal. No escribíamos con nuestro nombre: Lucero González, Eli Barta o Indra Olavarrieta, sino colectivamente, hasta que Payán nos pidió firmar nuestros artículos.

“A partir del Unomásuno se generó otra dinámica en nuestra militancia. Hablábamos de maternidad voluntaria, de sexualidad, orgasmo y publicamos artículos sobre frigidez. Fuimos demasiado lejos para Unomásuno, y en 1983 dejamos de publicar, pero Martín Casillas hizo una selección de nuestros artículos y lanzó un libro: La Revuelta. Han pasado casi 50 años y ahora somos mujeres maduras o mujeres en plenitud y seguimos luchando dentro del Movimiento Feminista de diferente manera. Eli Bartra creó estudios feministas en la UAM-Xochimilco; Dominique Guillaumet, maestra en el Liceo, se jubiló, enviudó y regresó a Francia a sus 70 años. Indra Olavarrieta es sicoterapeuta y vive en Mérida. María Brum, de la región de Baviera, vive en Morelia, y se dedica al cultivo del maíz, el sorgo, la alfalfa. Chela Cervantes, cantante, compositora, pintora y coreógrafa, vive en Colima dedicada al feminismo. Graciela Hierro, fundadora del Programa de Estudios de Género en la UNAM, aunque no fue parte de La Revuelta, es una figura muy valiosa del feminismo. Ángeles Necochea estudió cine. Berta Hiriart se dedica al teatro. Yo tengo 30 años en la fotografía. Todas luchamos contra las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, y queremos erradicar la terrible violencia contra las mujeres.

“Hasta ahora, hemos rescatado expresiones artísticas y políticas de mujeres que exponemos en mercados, escuelas, afuera del Auditorio Nacional o en nuestras marchas multitudinarias. Música, danza, pintas, carteles, todo ha sido publicitado. ¿Recuerdas que Leonora Carrington nos regaló el cartel Mujer conciencia? Hoy día, el movimiento es potente, rico, diverso, exitoso y de enorme creatividad. Si sumamos la participación de las jóvenes, somos más de 100 mil mujeres: indígenas, madres de desaparecidos, profesionistas, trabajadoras domésticas. No sólo somos un movimiento, sino muchos concentrados en uno urbano y popular. En el Pedregal de Santo Domingo, en la calle de Topiltzin, creamos un centro de apoyo contra violencias sexuales. El aborto también ha sido uno de los ejes centrales en nuestra lucha desde hace 50 años en México.”

Con dificultades, mujeres de la Montaña de Guerrero recurren a juicios de pensión alimenticia

 

infancia17cesarmartinezlopezCiudad de México.- A pesar de los avances jurídicos para reconocer la violencia contra las mujeres como un problema público, en contextos rurales y comunitarios todavía se entiende como un asunto privado, expuso el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en su informe anual 2020-2021, en el que refiere que en este periodo atendió a 268 mujeres víctimas de distintos tipos de violencia.

En su informe de actividades, que presentó este 5 de diciembre, Tlachinollan dio a conocer que la mayoría de las mujeres que acudieron a esta organización para pedir apoyo fue para obtener la pensión alimenticia de sus exparejas. 38 por ciento, es decir, 59 mujeres, solicitaron asesoría para obtener este derecho y denunciaron violencia económica ejercida por sus parejas contra ellas y sus hijas e hijos.

A lo largo del matrimonio o concubinato las mujeres no alcanzaron su independencia económica debido a que de acuerdo a los roles de género, los hombres ejercieron el papel de “proveedores”,  al aportar económicamente para los gastos de la casa (aunque los recursos no fueran de manera periódica y suficientes); mientras las mujeres fueron las “cuidadoras”, al permanecer en su hogar y cuidar a hijas e hijos.

En el informe “Tu nombre que nunca olvido”, Tlachinollan expuso que algunas mujeres fueron amenazadas por sus parejas cuando plantearon la necesidad de trabajar, esto bajo la premisa de que su única obligación era cuidar de su casa y de sus hijas e hijos. Las mujeres vivían controladas por las decisiones de sus parejas e incluso por los padres de éstos cuando decidían salir de este círculo de violencia.

Aunque la separación o el divorcio es una opción, eso coloca a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad porque no es fácil acceder a trabajos remunerados para tener ingresos propios, principalmente porque deben dejar a sus hijas e hijos solos y porque deben salir de sus comunidades y emplearse como jornaleras, empleadas del hogar, o dedicarse al comercio informal.

La organización denunció que la situación para las mujeres se agrava al querer exigir legalmente el derecho de pensión ante los tribunales, porque se enfrentan al problema de la falta de recursos económicos para sus traslados a las ciudades dónde están los juzgados y/o no tienen recursos para para pagar un abogado que las defienda.

En los casos en los que las mujeres logran saltar la barrera de la falta de recursos y la demanda avanza, enfrentan otro problema: que los deudores paguen, sobre todo en zonas rurales, porque sus parejas no tienen trabajo formal, por lo que el juez fija el porcentaje de las pensiones en relación al salario mínimo de la zona, además de la dificultad que representa que los deudores alimentarios cumplan esta obligación.

Los mecanismos para hacerles cumplir el pago de alimentos implican otras acciones administrativas e incluso penales, lo que convierte el proceso en un verdadero viacrucis para las mujeres.

Tlachinollan explicó que en estos casos recurre a la mediación porque es un mecanismo que funciona. Esto ocurre cuando la organización cita a la contraparte con la finalidad de hacerle ver que tiene que cumplir con su responsabilidad y obligación de proporcionar alimentos y se les explican las consecuencias legales de no hacerlo, colocando en el centro los derechos de las mujeres y de sus hijas e hijos.

En este contexto, la organización afirmó que es necesario que se implementen acciones tendientes a romper los estereotipos y roles de género, pensar en reformas jurídicas que simplifiquen los juicios de pensión alimenticia y que las sentencias que se emitan cuenten con perspectiva de género.

En el informe también se muestra que Tlachinollan atendió 41 casos de mujeres víctimas de violencia física; seis de violencia patrimonial; siete de violencia sexual, entre ellos 4 casos de matrimonios infantiles y acompañó de forma integral cinco casos de mujeres víctimas indirectas de violencia feminicida.

21/AGM/LGL

México crea leyes para la erradicación de la violencia contra las mujeres pero aún no las hace efectivas

  

Ciudad de México.- Si bien hay avances en la normativa mexicana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, aún falta que estas leyes se armonicen en todo el país y se apliquen efectivamente para que las mexicanas vivan una vida libre de agresiones, de acuerdo con un análisis del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). 

En su Informe Nacional sobre la Implementación de la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, elaborado tras su Tercera Ronda de Seguimiento sobre la Situación de los Derechos de las Mujeres en México, la MESECVI evaluó los avances del Estado mexicano en la implementación de la Convención de Belém do Pará en el período 2014 a 2016.

El Estado mexicano se suscribió a la Convención de Belém do Pará el 4 de junio de 1995, y la ratificó en noviembre de 1998. Desde entonces, observó el MESECVI, en este país se ha avanzado en reformar la Constitución para incorporar los derecho contenido en los diversos tratados internacionales, como es la propia Convención; sin embargo, aún hay mucho camino por trabajar, debido a que la aplicación de este marco normativo no es efectiva en la vida diaria. 

Entre los avances del Estado mexicano, se señaló en el informe, está la emisión de legislación específica para la erradicación de la violencia contra las mujeres, como es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). Además de la ley federal, en al rededor de 29 entidades del país se ha publicado el respectivo reglamento, lo que conlleva a la creación de mecanismos de coordinación entre la Federación y las entidades federativas. Un resultado vinculado a esta acción es que se logró que todas las estados instalen Sistemas Estatales de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, de acuerdo con lo que informó el Estado mexicano al Mecanismo. 

Además de ello, el Estado mexicano resaltó que 32 entidades cuentan con una ley para la igualdad entre hombres y mujeres, 16 de éstas han publicado también su reglamento; por otra parte, 30 estados han instalado un Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y 32 cuentan con una ley para prevenir y erradicar la discriminación, de las cuales nueve han generado al igual su reglamento. Además, se publicaron los Criterios para la Prevención y Atención, que se alinean con lo establecido en la Ley General de Víctimas para los Casos de Violación Sexual. 

En el tema de trata de personas, el Estado mexicano reportó que este delito fue penalizado en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y a Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en la cual se establecen tipos penales y sanciones, por lo que estimó que 26 entidades cuentan con una ley propia en este materia y 10 con su respectivo reglamento. En cuanto a la armonización de la normativa, 15 estados sí la armonizaron, 7 lo hicieron parcialmente y 4 entidades aún no lo hacen. 

Si bien el Estado mexicano informó estos avances, en la investigación “Sombra” que presentó la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (Catwlac) a la MESECVI se demostró que aunque se cuenta con una ley y manuales para atender la trata y hasta se creó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), todo está muy limitado en competencias, ya que sólo pueden brindar sus servicios a los casos de trata de personas internacionales, donde no esté involucrada la delincuencia organizada. 

“La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y a Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos tiene un capítulo especializado en atención a víctimas de este delito, capítulo que el legislativo pretende derogar argumentando que ya se contempla en la Ley General de Víctimas, lo que denota un desconocimiento por parte de los legisladores, ya que las víctimas de trata de personas requieren un trato especial, hay una reducción de tiempos en la protección y asistencia a víctimas y testigos según por razones presupuestales, por ignorancia del grave daño”, se mencionó en el informe. 

Por su parte, el MESECVI detalló que si bien las leyes ya mencionadas constituyen un progreso aún es necesario que la “Ley de Trata de personas” sea aprobada y homologada en todos los estados de México, y se genere su respectivo reglamento, por lo que invitó al Estado mexicano a promover la completa armonización de esta ley en el país, presente información referente a su impacto, así como del funcionamiento de la FEVIMTRA y su cumplimiento con la “Ley de Trata de personas”. 

En su informe, el MESECVI resaltó que el Estado mexicano no proporcionó información sobre la tipificación de la prostitución forzada, lo que deja a este delito como “algo inexistente en el ordenamiento jurídico”, por lo que recomendó a las autoridades armonizar y tipificar en todas las normativas federales, de la prohibición del uso de conciliación, prostitución forzada, violación sexual dentro del matrimonio o unión de hecho, el feminicidio, la violencia obstétrica, la trata de personas, y la violencia sexual en conflicto armado, conforme a lo establecido la Convención de Belém do Pará.

El Comité de Expertas del MESECVI señaló que es preocupante que el gobierno de México no considere importante tipificar la violencia sexual en conflictos armados como forma de tortura o crímenes de guerrea o de lesa humanidad, que vaya acorde con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de “Atenco”, en el cual se advierte sobre la responsabilidad del Estado en detención y tortura sexual cometida contra un grupo de mujeres durante operativos policiacos del 3 y 4 de mayo del 2006, en San Salvador Atenco. Este caso, puntualizó el mecanismo, que sigue en la impunidad. 

Otra de sus preocupaciones, dijeron las expertas, es que a pesar de que la legislación mexicana dicta no usar la conciliación entre las víctimas y el agresor, esto no se lleva a cabo en la realidad, lo que expone a las mujeres a más violencia y revictimización; además persiste falta de información de los tipos penales en materia de género y en consecuencia no se pueden realizar valoraciones ni informes sobre los procesos judiciales, ni el tipo de relación que había entre la víctima y victimario, datos que son relevantes para la creación de la política para la eliminación de la violencia de género. 

En cuanto a los derecho sexuales y reproductivos, las expertas del MESECVI, enfatizaron que es necesario que el Estado mexicano tipifique la esterilización forzada como delito en todos los estados; así como garantice la no repetición, reparación, restitución y el resarcimiento; dar seguimiento a la implementación de la LGAMVLV y demás normas en relación con la tipificación del feminicidio; incluir normas referentes al acoso político hacia las mujeres; y destinar un presupuesto suficiente para que todas estas recomendaciones puedan ser una realidad.

Además de ello, las expertas sugirieron a las autoridades de este país adoptar las medidas necesarias para evitar los embarazos de niñas y asegurar que los embarazos en niñas menores de 14 años sean considerados de alto riesgo; revisar los planes de seguridad en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada; y enviar más información completa, desagregada y detallada sobre las solicitudes de datos respecto a los indicadores de cumplimiento de la Convención de Belém do Pará. 

Saldos de 2021

 trabajoprecario

CIMACFoto: César Martínez López

La aparición del COVID-19 en México y en toda América Latina desencadenó una crisis sanitaria que se ha prolongado junto con un persistente deterioro del desarrollo social. Durante este período de crisis, la región ha acumulado más de 44 millones de casos de personas infectadas y casi 1,5 millones de muertes.

Este efecto es desproporcionado respecto de otras regiones del mundo, dado que con solo 8,4 por ciento de la población mundial (Naciones Unidas, 2019), en América
Latina y el Caribe los casos de COVID-19 y las muertes por el virus representan casi 20 por ciento y 30 por ciento, respectivamente, de los totales mundiales registrados
(Organización Mundial de la Salud).

En 2020, a raíz de la crisis sanitaria, América Latina y el Caribe experimentan la mayor contracción económica de los últimos 120 años, además de que fue la región que tuvo el peor desempeño de todas las regiones en desarrollo.

Previo a la pandemia, la región ya arrastraba problemas de bajo crecimiento y, si bien se estima un crecimiento del 5,9 por ciento para 2021, éste no será suficiente para
recuperar los niveles del PIB de 2019 (CEPAL).

Éstas son reflexiones tomadas del documento: “La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social”, de la Cepal-OPS (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, y Organización Panamericana de la Salud).

En el país se proyecta un crecimiento del PIB del orden de 6.2, sin embargo, las estimaciones nacionales son más bajas. Ya sea públicas o privadas, éstas se reducen a 5 por ciento. Perú, Chile y Argentina son los tres países latinoamericanos donde se proyecta un crecimiento alto para 2021 (véase gráfica).

Estas proyecciones son importantes porque en la mayoría de los países se trata del llamado “efecto de rebote”; el saldo de crecimiento en México para 2022 es de 3.2 por ciento, prácticamente la mitad de lo correspondiente a este año por terminar.

En el tema laboral, tanto México como el resto de Latinoamérica -conforme a lo que dice la Cepal-, registran hitos históricos en el mercado de trabajo, como el descenso tanto de la ocupación como de la participación laboral y el aumento de la desocupación, con las mujeres como las que presentan mayor afectación.

Todas estas nuevas realidades se traducen como aumentos de la pobreza y la desigualdad femenina. En 2020 la pobreza habrá sumado 22 millones de personas en
comparación con el año anterior, con un efecto importante en niñas y niños. La pérdida de ingresos del trabajo a causa del desempleo se ha traducido en incrementos de las
tasas de pobreza y también en la magnitud de la desigualdad de ingresos.

La situación de personas como trabajadores informales, mujeres y jóvenes, indígenas, afrodescendientes, migrantes y personas con discapacidad, ha empeorado.
Además, el efecto en la educación genera el riesgo de perder una generación en términos formativos.

Los países de América Latina y el Caribe se caracterizan por presentar condiciones estructurales de desigualdad, inequidad, vulnerabilidad y exclusión social que se
combinan y reproducen con la informalidad y precariedad del empleo, la debilidad de los sistemas de protección social y las estructuras productivas con escaso nivel de
integración y limitadas capacidades para mantener niveles de crecimiento sostenibles.

En el caso de México todos estos elementos están debidamente documentados en el análisis de Coneval sobre pobreza, 2018-2020. De acuerdo con este documento, creció la pobreza extrema y la general; en el primer caso pasó de 7.0 a 8.5 por ciento, en tanto que la pobreza general aumentó 2 puntos porcentuales, de 41.9 a 43.9 por ciento.

Para las mujeres su pobreza (extrema y general) manifiesto importantes ensanchamientos: de 42.6 a 44.4 por ciento. Un millón más de mujeres en pobreza extrema son 5.5 millones en 2020 y este año no presenta mejores expectativas.

Aquí es indispensable pensar en el efecto que está generando el proceso inflacionario que no ha sido tan temporal como se dijo. Este efecto es de 7,5 general pero un 22.2 para alimentos. Si bien el salario aprobado para 2022 es bueno (excepto contratos colectivos de trabajo), solo salario mínimo. Sigue robándole la inflación al salario, por tanto
abonando para la pobreza de Mujeres, jóvenes, personas de la tercera edad y niñez con amplio desamparo.

El escenario para el próximo año es de mayor desigualdad, concentrada en esta población. El rol de mujeres organizadas es de primer orden para lograr verdaderos cambios en lo social y económico.

PD: Equidad de género, reducción de la discriminación y acoso laboral. El Departamento de Trabajo de EE. UU. Anunció hoy la adjudicación de un acuerdo de cooperación de $10 millones a Partners of the Américas para fortalecer los esfuerzos de equidad de género en México y reducir la discriminación y el acoso en el lugar de trabajo.

Las reformas a la legislación laboral promulgadas en México en 2019 y el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá incluyen disposiciones de género que buscan prevenir la discriminación y la violencia en el lugar de trabajo. La aplicación de estas disposiciones sigue siendo difícil.

Administrado por la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales , este proyecto trabajará con múltiples partes interesadas para promover los objetivos de equidad de
género del Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá. La organización apoyará acciones para aumentar el número de mujeres en puestos de liderazgo en los
sindicatos de México, protegerlas mejor de la discriminación y el acoso en el lugar de trabajo y aumentar los salarios para lograr la equidad.

El proyecto también fortalecerá la capacidad de las organizaciones de trabajadores para promover cuestiones de equidad de género en sus propias instituciones, lo que incluye garantizar que el género en el liderazgo se proporciono adecuadamente. También emprenderá acciones que promuevan la equidad de género en el lugar de trabajo con los empleadores, como a través de la negociación colectiva.

¡Por un 2022 con mayor igualdad!
@ramonaponce

Defensora Kenia Hernández concluye huelga de hambre que duró dos meses

Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

Ciudad de México.- La defensora de Derechos Humanos, Kenia Hernández Montealván, decidió poner fin a la huelga de hambre que inició hace 61 días para exigir que se respeten sus derechos al interior del penal federal en el que está recluida sin sentencia desde el 25 de octubre de 2020.

A través de una carta dirigida a la opinión pública, así como a sus compañeras y compañeros defensores que la han acompañado, Hernández Montealván informó que el 17 de diciembre de este 2021 ponía fin a la huelga de hambre que inició el pasado 17 de octubre.

Esta huelga, recordó Hernández en su misiva, fue una forma de exigir que en sus juicios federales se respetara el debido proceso bajo el nuevo sistema penal acusatorio, y se considerara para ella la justicia restaurativa y no punitiva; que se respete su derecho a defender derechos, así como a la libre manifestación, a la protesta, a la defensa por la libertad de las personas presas pero inocentes, y a la búsqueda de un sistema económico más justo e igualitario. 

No obstante, dijo la también defensora de los derechos indígenas y mujeres, durante los primeros 50 días desde que inició la huelga las autoridades fueron omisas a sus exigencias. Durante este tiempo, Hernández enfrentó debilidad, dolores intensos de cabeza, mareos constantes, pérdida de peso, pérdida de glóbulos, y alteración del funcionamiento renal.

Kenia Hernández reveló que llegó a plantearse: “la libertad o la muerte”, toda vez que dentro de la cárcel no podía seguir defendiendo derechos ni estar con sus hijos. Sin embargo, las personas que la han acompañado en ese camino, dijo. le pidieron mantenerse viva para continuar en la defensa de los derechos.

Fue a partir de la última semana que Kenia Hernández observó algunos ecos de su exigencia a través de pronunciamientos a favor de su libertad por parte de senadoras y senadores en el Congreso, así como las reuniones que ha sostenido la actual gobernadora de Guerrero (su entidad natal) con los colectivos que la acompañan. 

Además, Hernández aseguró que en el propio penal federal encontró apertura para acompañar a mujeres reclusas en condición de farmacodependencia, iniciar un proyecto de sustentabilidad ambiental y pasar más tiempo con sus hijos. Por todo esto, la defensora anunció que concluiría su huelga de hambre.  

Kenia Hernández está en prisión preventiva en el penal federal de máxima seguridad número 16, en Morelos, desde el 25 de octubre de 2020, luego de haber sido acusada de siete cargos por delitos presuntamente cometidos en fechas y lugares distintos, cinco de los cuales aún siguen vigentes. Además de robo y robo con violencia (que son del ámbito local), la defensora fue acusada de obstruir las vías de comunicación, que corresponde al ámbito federal. Estas acusaciones estarían vinculadas con su actividad política a favor de las personas presas políticas, indígenas y mujeres, protestas que llevaba a cabo en las casetas. 

12/24/2021

Prensa México viernes 24 de diciembre de 2021


LA JORNADA
Avala la OMS la vacuna fabricada por México y Argentina

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) celebró ayer la inclusión en la lista para uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de una vacuna de AstraZeneca producida conjuntamente por Argentina y México. Se trata de la primera decisión de este tipo para un biológico anti-Covid elaborado en América Latina.

El biológico, con la denominación internacional de Vacuna Covid-19 (ChAdOx1-S [recombinante]), es fabricada por la empresa argentina mAbxience, que reproduce su ingrediente farmacéutico activo, y la mexicana Laboratorios Liomont, que formula, llena y envasa el producto para su distribución.

Aplaudimos esta noticia, dijo la directora de la OPS, Carissa F. Etienne. Se trata de un hito importante para América Latina y pone de relieve la importancia de la transferencia de tecnología para aumentar la disponibilidad de vacunas Covid-19 de calidad en la región.

Esta vacuna de AstraZeneca ya se utiliza en algunos países de América Latina y el Caribe, y la aprobación bajo la lista para uso en emergencia de la OMS facilitará su adquisición y distribución a través del Fondo Rotatorio de la OPS, así como del mecanismo Covax.

La aprobación se da cuando la pandemia entra en su tercer año consecutivo y la región ve un aumento constante de casos de Covid-19. En la última semana, en América se notificaron más de 1.1 millones de nuevas infecciones, lo que supone un aumento de 6 por ciento de los casos respecto de la semana anterior. Sin embargo, la desigualdad en la vacunación sigue dividiendo a la región, con un puñado de países que probablemente no alcanzarán el objetivo de la OMS de vacunar a 40 por ciento de su población para finales de año y muchos que apenas superan el umbral de 50 por ciento de inmunización completa contra el Covid-19.

CONTRAPORTADA
Llamadas, correos y mensajes para robar datos, a la baja: ABM 

Hace poco más de un año, en medio de la pandemia y el confinamiento, la banca experimentó un alza en el número de fraudes que se cometía contra sus usuarios por medio de falsas llamadas, correos electrónicos o mensajes de texto, con los cuales se les robaba información.

Para la Asociación de Bancos de México (ABM), esto ya no representa un riesgo tan alto puesto que el número de posibles fraudes de este tipo ha disminuido; no obstante, recuerda a sus usuarios que en esta etapa de año, de altos niveles de transacciones, hay que tener cuidado.

Juan Carlos Jiménez Rojas, director general de la ABM, refirió en una entrevista que la disminución del número de fraudes se debe a la campaña lanzada por las instituciones de crédito llamada Protégete, que no te engañen, y a que los usuarios de la banca hoy tienen mayor certeza que las entidades bancarias no solicitan información confidencial por ningún medio.

Entre enero y agosto de 2021 se realizaron en los canales de la banca 2 mil 250 millones de operaciones, y se tiene registro que 31 millones de personas utilizan la banca electrónica. De todas esas transacciones únicamente 68 mil fueron un posible fraude y de ese total, solo 3 mil 948 podrían considerarse un fraude cibernético.

EL UNIVERSAL
Inflación en alimentos no da tregua a mexicanos

Conocida como el impuesto de los pobres por dañar más a quienes menos tienen, la inflación dio un leve respiro y llegó a 7.4% en la primera mitad de diciembre, tras tocar un pico de 7.7% en la quincena anterior, de acuerdo con el Inegi.

Sin embargo, la inflación alimentaria no dio tregua y escaló a su mayor nivel en 22 años.

La canasta de más de 100 tipos de alimentos del Inegi se encareció 11.4% en la primera mitad de diciembre frente al mismo periodo de 2020.

MILENIO
Videojuegos sirven al narco de catálogo para surtirse de arsenales 

Organizaciones criminales como los cárteles en México utilizan los videojuegos a manera de catálogo para conocer las novedades en los productos fabricados para la guerra, explicó Alejandro Celorio, asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Expresó que eso evidencia que las empresas de videojuegos y empresas fabricantes de armas no tienen cuidado en dejar claro que son productos que sólo pueden manejar personas con entrenamiento en la vida real. 

“Son productos de tipo militar, hacen escopetas, rifles y pistolas pero hay en particular unas armas de tipo militar, armas semiautomáticas, armas de asalto que las utilizan los ejércitos y las fuerzas de seguridad. Ese tipo de armas, cada vez con mayor frecuencia se ven en estos videojuegos de primera persona (como Fortnite, Apex Legends, Call of Duty, PlayerUnknown's Battlegrounds, entre otros)”, explicó.

“Nos imaginamos a los delincuentes en sus ratos de ocio jugando videojuegos diciendo: 'oye, esta arma pues me late, yo creo que ya no va a ser una R15 (la que uso) ahora me gusta la Barrett. A ver, lánzate a comprar una a Laredo”, agregó Celorio.

EXCÉLSIOR
El INE ajustará revocación a su presupuesto 

El Instituto Nacional Electoral (INE) continuará con el proceso de la consulta de revocación de mandato con el presupuesto que le fue asignado para ello, como le instruyó la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, resaltó que se mantendrá atento a la resolución de fondo que los ministros emitan sobre el tema.

El instituto informó que analizará escenarios y modificaciones a todos los procedimientos y actividades que implica el ejercicio democrático “para ajustarse a ese limitado presupuesto”, el cual asciende a mil 503 millones de pesos.

Ello luego de que la Corte diera entrada a la controversia constitucional presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y concediera suspensión provisional contra el acuerdo del INE para posponer la organización de la consulta.

Mediante un comunicado, el instituto subrayó que acatará la resolución de la SCJN, en tanto los 11 ministros que integran el pleno de la Corte analizan la controversia que el propio INE interpuso en la materia.

EL HERALDO
Propone Amlo coperacha para encuesta 

Si el Instituto Nacional Electoral (INE) “mantiene las tácticas dilatorias" sobre el proceso de Revocación de Mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una coperacha para hacerla a través de encuestas.

"Si pasara el tiempo con tácticas dilatorias, para atemperar el agravio o para llevar a cabo un desagravio a la democracia, pues los ciudadanos podríamos llevar a cabo la consulta, o buscar mecanismos.

"A ver, 10 encuestadoras, de las de más antigüedad y credibilidad, y hacemos una cooperación para pagarles y en una de esas hasta lo hacen de manera voluntaria", dijo.

Incluso, propuso que se mantenga la misma pregunta que plantea la Revocación de Mandato o modificarla a simplemente '¿quieres que continúe el Presidente o que renuncie?' y en la misma mañanera dar a conocer los resultados.

"¿Y saben también por qué?

Para dejar el precedente, porque van a cambiar esos consejeros, si no por la reforma (electoral), pues ni modo que sean eternos, van a tener que irse algún día y entonces van a haber otros que pueden ser rectos, íntegros, demócratas y auténticos", reiteró.

REPORTE ÍNDIGO
Navidad

En esta época es necesaria la ilusión y la unión, por lo tanto encontrará en estos enlaces historias que dan esperanza

LA RAZÓN
SRE: 70% de armas ilegales, de 11 armeras demandadas 

La demanda de México interpuesta contra los fabricantes de armas en Estados Unidos no busca frenar el comercio en ese país, pero sí que éste sea transparente, responsable y con rendición de cuentas para evitar que llegue al otro lado de la frontera, señaló Alejandro Celorio, consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En entrevista con La Razón, detalló que se demandó a 11 empresas fabricantes de armas en Estados Unidos porque son las encargadas de distribuir el mayor número de piezas de las que se decomisan en México y que ascienden a medio millón cada año.

Por ello, México solicitó a la Corte Federal de ese país fincar responsabilidades a dichas empresas por sus prácticas comerciales negligentes que de manera activa facilitan el tráfico ilícito.

“Lo que queremos es que el juez ordene a las empresas que sean más cuidadosas y que prevean la forma como comercian y distribuyen sus armas, pues facilitan su tráfico a México”, señaló.

EL SOL DE MÉXICO
Santa Lucía será más barato que el AICM 

La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) para la nueva terminal Felipe Ángeles será de 245.30 pesos para los vuelos nacionales y de 465.77 pesos para los internacionales, adelantó, a El Sol de México, la empresa que tiene a su cargo la operación.

La cuota fija, que establece cada terminal aérea por derecho de uso, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) será equivalente a la mitad del impuesto que se cobra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), informó en entrevista el general brigadier Isidoro Pastor Román, director general de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria AIFA.

REFORMA
Buscan encarcelar a consejeros del INE

En un hecho inédito, el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, denunció ante la Fiscalía General de la República a seis consejeros electorales por el acuerdo con el que decidieron posponer temporalmente la organización de la consulta de revocación de mandato, debido a la falta de presupuesto.

EL FINANCIERO
Repliegue en cifra de inflación; persisten riesgos

La inflación en México se desaceleró en la primera quincena de diciembre a 7.45 por ciento anual, desde el 7.7 por ciento de la quincena previa, pero el índice subyacente sigue bajo presión y continuó elevándose a su mayor nivel en 20 años.

A tasa anual, el índice subyacente aumentó a 5.87 por ciento, la mayor cifra desde octubre de 2001, mientras que el índice no subyacente subió 12.34 por ciento anual, menos que el 13.55 por ciento reportado en la segunda quincena de noviembre, de acuerdo con los registros del INEGI.

EL ECONOMISTA
Empleo alcanza en noviembre su mejor nivel desde que inició el covid

Aunque moderó su ritmo con respecto al mes pasado, el mercado de trabajo mantuvo su recuperación en noviembre. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el penúltimo mes del año se sumaron 119,098 personas a la población ocupada y, en consecuencia, la desocupación disminuyó a su nivel más bajo en toda la pandemia.

12/23/2021

Prensa México jueves 23 de diciembre de 2021

LA JORNADA
Ordena la Corte al INE: la consulta de revocación va.

Ríos Farjat y Esquivel Mossa, ministras de la Comisión de Receso de la Corte, admiten a trámite recurso de la Cámara de Diputados. Determinaron que existe un presupuesto de mil 503 mdp para el proceso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efectos provisionalmente el acuerdo que aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE) y le ordenó por segunda ocasión que organice la consulta de revocación de mandato hasta su conclusión, con el presupuesto aprobado de mil 503 millones de pesos el cual constituye un indicador de viabilidad financiera.

El fallo, de las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, integrantes de la Comisión de Receso de la SCJN, se dio a conocer casi 24 horas después de que el presidente de la mesa directiva de la cámara, Sergio Gutiérrez Luna, (partido Morena), presentó la controversia constitucional en contra de la decisión del pasado 16 de diciembre del INE, de suspender la realización de la consulta de revocación de mandato.

Anoche la Corte hizo circular sendas tarjetas informativas que resumen el sentido de las decisiones adoptadas y que, en parte, se reproducen a continuación:

La SCJN ordena la continuación del proceso

“La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados y concedió la suspensión para que el INE no posponga el proceso de revocación de mandato 2021-2022.

“En la resolución se precisó que el acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato del Presidente de la República, por lo que con la suspensión de dicho acuerdo se optimiza y brinda mayor eficacia al derecho de la ciudadanía, esto es, se privilegia la democracia, que es una de las obligaciones de dicho instituto.

“Por ello, en la resolución la Suprema Corte de Justicia ordenó al INE continuar el proceso de revocación de mandato con el presupuesto asignado, que según su propio acuerdo asciende a mil 503 millones de pesos; por lo que el instituto deberá ajustarse a ese margen presupuestario en el desarrollo de todas las etapas del referido proceso de revocación.

Finalmente, se precisó que el INE queda vinculado a partir de la notificación de la suspensión a no ejecutar su acuerdo y a continuar con el proceso de revocación de mandato.

CONTRAPORTADA
Edomex: 3,744 asaltos al autotransporte de carga en 10 meses

El estado de México ocupa el primer lugar nacional en robo a autotransporte, delito por el cual las bandas criminales llegan a obtener botines de 300 mil a 2 millones de pesos en un solo golpe, según cifras oficiales. En los primeros 10 meses del año sumaron 3 mil 774 atracos, 3 mil 247 de ellos cometidos con violencia.

Datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública pintan un panorama desolador para la entidad, donde se cometen 52 por ciento de los casos documentados en el país. Sólo Puebla se le aproxima, con 993 robos en el mismo lapso, seguido de San Luis Potosí con 334 y Jalisco con 305; la Ciudad de México documentó 118 casos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha ubicado y desmantelado bodegas clandestinas y recuperado mercancía en varios municipios, pero sus datos no ayudan a dimensionar el problema. Dice, por ejemplo, que en los dos meses recientes rescató productos valuados en 350 mil pesos en Huehuetoca, un millón en Tepotzotlán y 2 millones de pesos en Toluca.

EL UNIVERSAL
Poder Judicial hasta $2 mil millones para proteger a jueces

Entre 2019 y hasta septiembre de 2021, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha destinado 2 mil 125 millones 902 mil 807.98 pesos —un promedio de poco más de 2 millones de pesos diarios— a la “protección de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación”, que contempla el pago de las medidas de protección para jueces y magistrados amenazados o en riesgo.

A través de una revisión de los informes financieros trimestrales del CJF, EL UNIVERSAL constató que existe un subprograma llamado Protección, prestaciones y servicios a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, que en los tres últimos años ha ido en ascenso.

Fuentes federales explicaron que dicho programa incluye los recursos que el CJF destina a brindar seguridad personal a jueces y magistrados que han recibido amenazas o que por razones de los asuntos que conocen pueden encontrarse en riesgo.

MILENIO
Tráfico de migrantes, industria de 15 mil mdd anuales: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, calculó que el tráfico de migrantes de Sudamérica a Estados Unidos es una industria que deja ganancias hasta por 14 mil millones de dólares al año.

“Para darnos una idea están cobrando 15 mil dólares desde Ecuador y 5 o 6 mil dólares desde Guatemala… entonces estamos hablando de un negocio de alrededor de 14 mil millones de dólares al año”, indicó.

En un mensaje en la sede de la dependencia federal, el canciller dijo que en la investigación sobre la volcadura de un tráiler en Chiapas, con saldo de 56 migrantes muertos, destaca que esta red de polleros ya desplazó a los cárteles.

Subrayó que aunque la indagatoria arroja que en ciertos tramos del recorrido participan grupos de narcotraficantes, de los que no dio más detalles, en realidad su influencia ya fue rebasada por los traficantes de personas.

“Es una organización delincuencial que ya tomó vida propia por el monto, y está poniendo en riesgo a muchas personas, de ahí la importancia de esta investigación” y de los trabajos del Grupo de Acción Inmediata, anunciado el pasado 10 de diciembre, señaló.

Ebrard abundó que luego de la puesta en marcha de este grupo, en el que participan diferentes países de la región involucrados con la tragedia, se comenzó a compartir información de inteligencia generada de manera propia en cada territorio por las autoridades correspondientes.

EXCÉLSIOR
Corte ordena continuar proceso de revocación

Por instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá continuar con la organización de la consulta de revocación de mandato, con los recursos que le fueron asignados por la Cámara de Diputados.

Ayer, la Comisión de Receso de la SCJN admitió a trámite la controversia promovida por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien impugnó el acuerdo del INE para suspender el proceso de la revocación debido a la falta de recursos.

La comisión del máximo tribunal, integrada por las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel, consideró que la resolución tomada el pasado viernes por seis de los 11 consejeros electorales contraviene el artículo 29 constitucional, el cual indica que los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general, “por lo que la ejecución del acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”.

Ante ello, concedió una suspensión provisional contra el acuerdo del instituto, lo que significa que, mientras la Corte no resuelva el fondo de la controversia, el INE deberá organizar el ejercicio.

EL HERALDO
Corte propina revés al INE 

Así lo determinaron las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, que integran la Comisión de Receso de la SCJN, al otorgar la suspensión a la Cámara de Diputados, en la controversia constitucional que presentó el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, contra la decisión del órgano electoral de aplazar el ejercicio ciudadano.

Las integrantes de la Corte resolvieron que el acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si se revoca o no el mandato del titular del Ejecutivo, por lo que, con la suspensión del acuerdo, se optimiza y brinda mayor eficacia al derecho de los ciudadanos y se privilegia la democracia, que es obligación del Instituto.

Las ministras ordenaron al órgano electoral continuar el proceso de Revocación de Mandato con el presupuesto asignado –mil 503 millones de pesos– por lo que debe ajustarse a ese margen.

“Quien se ostenta como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en representación de ésta, quien promueve controversia constitucional en contra del Instituto Nacional Electoral. 

“Se tiene por presentado al promovente con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse al momento de dictar sentencia”, indicaron las ministras.

Gutiérrez Luna solicitó la suspensión del acto que se reclama, es decir, que el INE se abstenga de posponer de forma temporal cualquiera de las actividades para la organización del proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República.

“Se solicita a quien corresponda conocer de dicha petición de suspensión, que se ordene al INE dejar sin efectos la totalidad del acuerdo impugnado, de sus efectos y consecuencias, hasta en tanto se resuelva el fondo de la presente controversia”. 

REPORTE ÍNDIGO
Año de pendientes y rezagos

La LXV Legislatura del Congreso de la Unión federal terminó hace una semana su primer periodo ordinario de sesiones con más temas pendientes que aprobados. Debido a la polarización del Senado de la República y de la Cámara de Diputados arrastran al próximo año 518 pendientes y omisiones.

Y aunque tanto el partido en el poder, Morena, y sus aliados, como el bloque opositor, tienen bien definida su agenda y prioridades para el próximo año, especialistas comentan que la eficiencia no será la característica del Legislativo federal.

Incluso, prevén que debido a que habrá elecciones intermedias y nos encontraremos en la segunda mitad del sexenio presidencial, es muy probable que el Congreso se politice más y los pendientes se sigan rezagando

Entre los pendientes que arrastra el Congreso desde 2014, se encuentran 15 resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto a leyes o reglamentos que consideró inconstitucionales; 179 omisiones legislativas de leyes que deben adecuarse por reformas pasadas y 324 minutas que se aprobaron en alguna de las Cámaras y que tanto el Senado como la Cámara de Diputados deben de hacer lo propio.

Los temas principales de los que se hablará el próximo año y que ocasionarán encono son la polémica Reforma a la Industria Eléctrica, la posibilidad de una Reforma Electoral, la Ley Reglamentaria de Revocación de Mandato, la Ley Federal para la Regulación de la Cannabis, la Ley del Seguro Social y la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

LA RAZÓN
Senado y gobierno de Veracruz chocan tras detención de mano derecha de Monreal

La detención del exdiputado federal y actual secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen, confrontó a la Cámara alta con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, a quien reclamaron el uso político de la justicia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron la orden de aprehensión en contra del funcionario legislativo, cercano a Ricardo Monreal desde 2012, por el presunto homicidio cometido el 4 de junio pasado en contra de René Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera.

Ante la detención, el coordinador de Morena y presidente de la Jucopo salió en su defensa y aseguró que las acusaciones en su contra forman parte de una estrategia de acusaciones construidas artificialmente.

Al fijar su posicionamiento puntualizó que esta situación “se inscribe en un momento trágico de la vida política de este estado, en el que la persecución política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son muy, muy frecuentes”.

EL SOL DE MÉXICO
Carlos Ahumada será extraditado a México

Un juzgado de Buenos Aires, Argentina, autorizó la extradición a México del empresario Carlos Agustín Ahumada, la cual fue solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) a petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por la posible comisión de fraude genérico del fuero común. 

A través de un comunicado conjunto la FGR y la FGJCDMX informaron que la autorización fue por parte del Juzgado Nacional en lo Criminal número 9, radicado en Argentina, quien declaró procedente la solicitud de extradición del empresario argentino y ordenó realizar su entrega a autoridades mexicanas, aunque no especificó cuándo será realizada esta entrega.

REFORMA
Ordena Corte a INE realizar la consulta

La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia ordenó anoche al Instituto Nacional Electoral (INE) seguir adelante con el proceso para organizar la consulta de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

EL FINANCIERO
Autoriza EU venta de la refinería Deer Park a Pemex

El gobierno de Estados Unidos autorizó la venta de la refinería de Deer Park, de Shell, a Petróleos Mexicanos (Pemex), informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina, detalló que la autorización por parte de las autoridades estadounidenses se recibió el martes pasado, y calificó la compra como “algo histórico” en la relación entre ambos países.

El Ejecutivo recibió una misiva de parte del Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos (CFIUS) en el que se informó sobre el consentimiento de la operación que fue anunciada el año pasado.

“Vamos a estar en condiciones de procesar toda nuestra materia prima. Esperemos que se pueda concretar, llevar a cabo para 2023, lo que va a significar producir en México todos nuestros combustibles. Es un giro, un cambio muy importante en cuanto a nuestra política petrolera y es una muy buena noticia”, celebró el mandatario.

EL ECONOMISTA
Agencia Nacional de Aduanas alista arrano desde el primer día de 2022

La nueva Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) será una realidad a partir del primer día del 2022, de acuerdo con el decreto publicado este martes por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación.

A través de la expedición del Reglamento Interior de la ANAM se dan mayores detalles de lo que se anunció en julio y se confirma que a partir del siguiente año el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejará de tener el control y la vigilancia sobre las 49 aduanas que operan en el país.

La ANAM se crea, de acuerdo con el gobierno, con el objetivo de fortalecer el sistema aduanero mexicano, y será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión.