2/07/2015

Por una anticoncepción natural




Si, estoy orgulloso de ser llamado el padre de la píldora”, señalaba el químico estadounidense Carl Djerassi al periodista Nicholas Wroe de The Guardian en el año 2000. En ese entonces se cumplían 50 años de la comercialización de la primera píldora anticonceptiva en Estados Unidos y con ello se lanzaba el mensaje de que la revolución sexual había llegado para malestar de la Iglesia católica y los grupos de derecha.


A 15 años de aquella entrevista y del sinnúmero de controversias entorno a la famosa píldora, Djerassi, multifacético científico, coleccionista de arte, autor de novelas de ficción y fundador de una colonia de artistas en California dio un último respiro de vida en su casa de San Francisco el pasado 31 de enero a los 91 años, volviendo a poner sobre la mesa el tan intrincado y manipulado tema del control de la natalidad.

Hoy en día son más de 80 millones de usuarias en el mundo que utilizan la píldora anticonceptiva creada en los laboratorios Syntex de la Ciudad de México por el Dr. Carl Djerassi, el Dr. Georges Rosenkranz y el entonces estudiante de química Luis E. Miramontes. Si bien se han modificado en ciertas dosis los niveles de estrógenos y progestina en las píldoras, el ingrediente clave continúa siendo el mismo, la norentidrona, progestina sintetizada por primera vez por los tres científicos, el 15 de octubre de 1951.

Las promesas de control de natalidad, muy ligadas a un control económico de la familia moderna, también han venido de la mano de efectos secundarios y complicaciones para muchas de las mujeres que consumen los anticonceptivos orales, pues al inhibirse la ovulación de manera química se suele generar aumento de peso, acné, pérdida del deseo sexual, debilitamiento de la función inmunológica en las mujeres.

El discurso médico occidental en el que la sexualidad entra dentro de la administración de la vida desde el siglo XVIII como señala Michel Foucault, en su Historia de la Sexualidad Volumen I, requiere un conocimiento de la población a través de estudios sobre la tasa de natalidad, la edad en que habitualmente se contrae matrimonio, los nacimientos legítimos e ilegítimos, la precocidad y frecuencia de las relaciones sexuales, los métodos anticonceptivos, la influencia de los tabúes sexuales sobre la natalidad, etc.

Foucault explica que en este siglo las mujeres eran inducidas a la contracepción por una política natalista. La contracepción se practicaba para que los infantes, una vez nacidos, pudieran vivir, no para que no hubiera más nacimientos.

El crecimiento demográfico del Occidente europeo durante el siglo XVIII hace aparecer la población no sólo como problema teórico sino como objeto de vigilancia y de intervención. Para Foucault la política natalista señala el privilegio de la infancia y la medicalización de la familia moderna.



La medicalización con hormonas de síntesis para alterar el sistema endocrino femenino y abanderar políticamente el uso de la píldora anticonceptiva como bandera de un tipo de feminismo capitalista deja a un lado otras formas de anticoncepción eficaces, inocuas, ancestrales y respetuosas del cuerpo femenino.

El cuestionar la píldora no significa cuestionar la anticoncepción misma, sino poner en entre dicho a las farmacéuticas quienes son las que se benefician económicamente con la implantación global de la píldora.

Es necesario que se deje de asumir que la ciencia médica es la que debe manejar en su totalidad la fertilidad de las mujeres. Para ello lo importante es animar a las mujeres a conocer el funcionamiento de su propio ciclo menstrual y el conocimiento de su propia fertilidad para de esta manera tener control sobre sus propios cuerpos y tener la capacidad de elegir.

De este modo cambiar las actitudes negativas y/o de rechazo hacia la menstruación y rescatar los conocimientos sobre el ciclo menstrual que una vez entendido proporciona herramientas anticonceptivas tal y como muestra la documentalista eslovaca Diana Fabiánová en su documental La luna en ti y otros intentos educativos como el collar del ciclo implantado en algunos programas reproductivos en Guatemala, así como hacer uso de los métodos anticonceptivos como el condón masculino y el femenino, éste último que lamentablemente no se ha comercializado ampliamente a bajos costos.          

México: La participación electoral de mujeres protegida por la ley


La ley de paridad podrá conseguir hasta el 20% de lugares en gobiernos locales para las mujeres y podría llegar al 50% en las cámaras locales y la federal

Gloria Analco, Sara Lovera

México DF., 03 feb. 15. AmecoPress/SEMlac.- A unas semanas de haber comenzado el proceso electoral y conocidas las primeras candidaturas en México, se sabe que habrá posibilidad para que las entidades de Nuevo León y Sonora sean gobernados por una mujer, de las nueve donde habrá cambio de gobierno este año.

La ley de paridad podrá conseguir hasta el 20% de lugares en gobiernos locales para las mujeres y podría llegar al 50% en las cámaras locales y la federal, para septiembre próximo.

En ese ambiente de amplia participación femenina, quienes se encargan de vigilar la justicia electoral sostienen que persisten actos de discriminación, difamación, amenazas, burlas, calumnias, intimidación y desprestigio en contra de las mujeres aspirantes a puestos de elección popular.

No solo eso. En Nuevo León ya se discute la ley electoral local, impugnada por tres partidos políticos, por la acción afirmativa puesta en la legislación y que establece como obligación poner una mujer primero y un hombre después en las listas electorales para diputaciones locales.

Lo más grave es que, en principio, el tribunal electoral local dio la razón a los tres partidos que impugnaron, entre ellos uno importante: el Partido Acción Nacional (PAN), según dijo la presidenta del Instituto de las Mujeres de Nuevo León, María Elena Chapa.

Pese a que ahora la ley lo prohíbe, los intentos para obligarlas a renunciar a sus intenciones de postularse como candidatas y, sobre todo, a evadir la paridad de representación legislativa que se pondrá a prueba en las próximas elecciones del 7 de junio, están a la orden del día. En casi todos los partidos ahora se discute la formación de las primeras listas, en 16 de los 32 estados del país, donde habrá elecciones.

Tales intenciones fueron descritas por el presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), Armando Hernández Cruz, en un foro denominado "Día Naranja: Violencia Política contra las Mujeres", celebrado el pasado 25 de enero.

Ahí la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, subrayó que el tema sobre la igualdad de género ya ha comenzado a ser muy bien recibido por las autoridades, a diferencia de lo que sucedía en el pasado reciente.

En efecto, en torno al Día Naranja que nació a partir de la campaña "ÚNETE", convocada por el secretario general de la ONU Ban Ki-moon, para que el día 25 de cada mes sea utilizada una prenda naranja a fin de hacer conciencia sobre el propósito de abatir la violencia de género, autoridades judiciales y electorales de la Ciudad de México se reunieron para expresar su voluntad política de impulsar una mayor presencia de mujeres como candidatas en el proceso electoral que, se calcula, no tendrá precedente en la historia del país.
En su alocución denominada "Juzgar con perspectiva de género: Haciendo realidad el derecho a la igualdad", la ministra Olga Sánchez Cordero aseguró que las tesis de juzgar con perspectiva de género, adoptadas en febrero de 2014 por el Poder Judicial con "carácter obligatorio", marcarán la pauta en todos los casos que resuelvan tribunales, jueces y juezas, magistrados y magistradas, con lo que se avanzará más rápidamente en la eliminación de la discriminación y desigualdad hacia las mujeres.

"No exagero al decir que son tesis revolucionarias, pues exponen cuál debe ser el quehacer de la justicia en temas de género e indican seis pasos a seguir por los juzgadores, de manera obligatoria en todos los casos", subrayó.

Explicó que ese método implica que los juzgadores detecten y eliminen todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por su condición de sexo o de género.

Además, agregó, deben considerar el contexto en el que se dan las situaciones de desventaja y cuestionar los estereotipos, como ya ha comenzado a suceder con acciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que anuló la elección del ayuntamiento de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, que por primera vez jurídicamente obligó a una comunidad indígena a incorporar mujeres como candidatas para ser autoridades, sin afectar tradiciones ancestrales.

La ministra de la SCJN, máxima instancia judicial de México, precisó que las nuevas tesis, incorporadas en el marco de las reformas judiciales de 2011, se añaden al "Protocolo para juzgar con perspectiva de género: haciendo realidad el derecho a la igualdad", que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destinado a quienes imparten justicia para facilitar el cumplimiento del mandato constitucional, a fin de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Hernández Cruz reconoció que muchas de las mujeres que están decididas a participar activamente en el presente proceso electoral, vivirán discriminación e intentos de limitar su acceso a la participación en la vida política, sencillamente "por ser mujeres".

Hizo ver que la paridad no ha transformado los estereotipos, normas y comportamientos que excluyen a las mujeres de la política, y ellas -subrayó- "siguen sufriendo las más antiguas formas de discriminación".

Señaló que demasiadas veces las mujeres políticas son juzgadas no por la calidad de sus propuestas y argumentos, sino por su forma de vestirse o peinarse, por su manera de caminar o simplemente por ser mujeres. "Eso es discriminación, es sexista y falta de respeto. Es nuestro deber cambiar esa forma de pensar, pero mientras no consigamos lograrlo por la educación y el respeto, tenemos que asegurarnos de que haya suficiente apoyo en las leyes como para lograrlo de esa manera", advirtió.

El evento fue organizado por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, el pasado 26 de enero, y reunió además a titulares del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar; del Instituto Electoral del Distrito Federal, Mario Velázquez Miranda; del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Yasmín Esquiel Mossa; de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Margarita Darlene Rojas Olvera, y del Instituto de las Mujeres en el Distrito Federal, María Teresa Inchaústegui Romero, además de diputadas y senadoras. Los titulares del Instituto Electoral del Distrito Federal y del Tribunal Electoral del D.F. coincidieron en que se debe reconocer a la violencia como uno de los principales mecanismos que niegan la igualad a la mujer.

"Ya se ha señalado que la reforma político-electoral estableció porcentajes mínimos para destinarlos a liderazgos femeninos; tal vez sea poco, pero debemos buscar que estos recursos sean encauzados y conlleven al diseño de políticas públicas y sociales encaminadas a una mayor participación de las mujeres, para que mejore a la sociedad mexicana", señaló Hernández Cruz.

En lo que concierne al Tribunal que él preside, se comprometió a que no le sea negado a nadie, injustamente, el acceso al proceso electoral. "Nos comprometemos a defender los derechos políticos electorales de las y los mexicanos, pues son también derechos humanos".

En las elecciones intermedias del presente sexenio, que se celebrarán el próximo 7 de junio, estarán en juego nueve gubernaturas, 17 Congresos estatales y 903 presidencias municipales, además de la renovación de la Cámara de Diputados Nacional.

La novedad es que, en el ámbito de la reciente reforma político-electoral, fue adoptado el principio de paridad de género en candidaturas a cargos de elección popular, en los casos de las renovaciones de los congresos estatales y nacional, con lo que México se sumó a los seis países de América Latina que han adoptado la paridad del 50 por ciento para integrar sus parlamentos.

Esa medida constituye un hecho histórico que posibilita el avance de los derechos políticos de las mexicanas, pero hay una gran expectación acerca de los resultados finales. Contenderán 10 partidos políticos, tres de ellos de nueva creación, que buscarán con la paridad 639 diputaciones locales y 500 federales, que estarán sometidas a las preferencias del electorado.

En la conmemoración del Día Naranja intervino también el presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, Mario Velázquez Miranda, quien manifestó que en cumplimiento con el mandato legal, "haremos lo propio a efecto de que la paridad de género en el registro de candidaturas sea la regla a seguir".

A su vez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, dijo que debe darse por hecho que los jueces y juezas de la capital de la República, en sus diferentes ámbitos, sabrán estar a la altura del compromiso por lograr la igualdad de género y sabrán corregir los entuertos de sus resoluciones.
La magistrada Yasmín Esequiel Mossa, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, refrendó, por su parte, el compromiso para que los órganos jurisdiccionales garanticen los espacios laborales, libres de violencia, y adoptar mecanismos y políticas institucionales de prevención y sanción a conductas como el acoso y el hostigamiento laboral y sexual.

El Tribunal Electoral del Distrito Federal organizará el día 25 de cada mes del presente año reuniones de intercambio sobre temas electorales, relacionados con la igualdad de género, con el objetivo de generar conciencia pública y aumentar la voluntad política y los recursos para prevenir y responder a todas las formas de violencia contra las mujeres, en particular sobre la violencia política, respondiendo así al reclamo de la Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.
Foto: Archivo AmecoPress.

Iniciativa de Bachelet para permitir aborto legal en Chile

Proyecto histórico que acabaría con 26 años de prohibición


La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió al Congreso de su país un proyecto de ley para permitir el aborto en caso de violación, malformaciones del feto incompatibles con la vida, y cuando el embarazo represente un riesgo para la salud de la madre.

El proyecto –que responde a una promesa de Bachelet al asumir su mandato– fue enviado al Congreso para su debate y votación, y podría modificar una de las legislaciones en el mundo más restrictivas en materia de aborto.

Actualmente en Chile el aborto está prohibido bajo todas las circunstancias, por lo que las mujeres que interrumpen su embarazo en el país sudamericano se enfrentan a penas de hasta cinco años de cárcel.

En un discurso en el que se presentó “El Proyecto de Ley. Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales” –transmitido en cadena nacional–, la ex directora ejecutiva de ONU-Mujeres dijo que la absoluta criminalización del aborto pone en riesgo la vida de miles de chilenas cada año.

“En una sociedad donde las mujeres son ciudadanas plenas y libres, ni el Estado ni nadie puede obligarlas a tomar una decisión en contra de su derecho y deseo a ser madre. Pero de la misma manera, cuando su decisión es no continuar con el embarazo, por alguna de las tres graves causas mencionadas, el Estado debe entregar alternativas fundadas en sus derechos, en su dignidad y en razones de protección de su vida”, dijo Bachelet.

El proyecto que se discutiría en marzo próximo en el Parlamento chileno enfatiza que la normativa vigente sobre interrupción del embarazo, que la prohíbe sin excepciones, “no responde al trato digno que el Estado de Chile debe otorgar a sus ciudadanas en estas situaciones”.

Agrega que los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción del embarazo no han impedido ni impiden su práctica en condiciones de riesgo para la vida y salud de las mujeres, y, por el contrario, se traducen en una vulneración de sus derechos.

En el documento también se presenta información de los egresos hospitalarios desde 2001 a 2012, periodo en el que se registraron  395 mil 905 casos de aborto, es decir interrupciones del embarazo antes de las 22 semanas de gestación, con un promedio de 32 mil 992 casos al año.

Es así que el proyecto de ley propone modificar el artículo 119 del Código Sanitario, a fin de establecer que “mediando la voluntad de la mujer” las o los médicos podrán interrumpir un embarazo bajo las tres causales permitidas.

Según la disposición, el aborto no se sancionaría cuando “la mujer se encuentre en riesgo vital, presente o futuro, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida”; “el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina”, y cuando el embarazo “es resultado de una violación”.

El último supuesto podrá realizarse “siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación”.

Tratándose de una menor de 14 años de edad, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 18 semanas de gestación, y se deberá contar con la autorización de su representante legal.

Cabe mencionar que actualmente el personal médico tiene la obligación legal de denunciar a las mujeres que probablemente interrumpieron su embarazo.

El proyecto de ley también busca modificar el Código Penal chileno, para agregar un tercer inciso al artículo 344 que establecería que “no constituye delito de aborto la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario”.

Tras la presentación del Proyecto de Ley, grupos feministas y de defensa de los Derechos Humanos manifestaron su respaldo a la iniciativa de Bachelet, mientras que la Iglesia católica se pronunció en contra de que la iniciativa se someta a votación.

El aborto era legal en Chile de acuerdo con el Código de Salud de 1931, pero fue prohibido totalmente en septiembre de 1989 por la dictadura de Augusto Pinochet.


Imagen retomada del sitio pressenza.com
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-

"Con aborto se reconocerían los derechos de las mujeres”

Coahuila, México
Periódico Laguna

Además representaría un esfuerzo por disminuir la mortalidad materna provocada por el aborto inseguro y los casos de maltrato infantil de niños no deseados, señala Rosario Varela Zúñiga.

Para la investigadora social Rosario Varela Zúñiga, integrante de la Red de Mujeres de La Laguna, el que las mujeres de Coahuila pudieran llegar a decidir y acceder a la interrupción legal del embarazo, como alternativa, sería un acto de justicia social.Además el reconocimiento de derechos fundamentales de la mujer, como el derecho a la salud y a la autodeterminación sobre su cuerpo. Ya que representaría un esfuerzo por disminuir la mortalidad materna provocada por el aborto inseguro y de este modo contrarresta la injusticia social que ha implicado esta práctica.

Explicó que la penalización del aborto obliga a recurrir a prácticas clandestinas inseguras, que provocan infertilidad y muerte, siendo las mujeres con bajos recursos económicos las que son mayormente afectadas, pues no tienen acceso a métodos seguros que se ofrecen de manera ilegal.

“Un alto número de mujeres está muriendo, porque ellas son las que se provocan el aborto, o acuden con personas que no están autorizadas, que no siguen el procedimiento adecuado, o van después de las 12 semanas, que es cuando se torna más riesgosa la práctica, lo que se traduce en una tasa de mortalidad alta en el caso de México, tan es así que en los objetivos del Milenio se señaló como una de las metas el reducir la mortalidad materna, de manera particular la causada por aborto”, argumentó.

Además afirmó que se han evidenciado las consecuencias psicológicas y sociales negativas que tienen los embarazos no deseados, tanto en las madres como en los hijos producto de esos embarazos, entre ellos, las tasas de maltrato infantil.

Agregó que a pesar de que la violación es una causal que excluye de la penalización del aborto, no hay claridad y guía en los procedimientos para que se le permita a la víctima acceder a la interrupción legal del embarazo durante el tiempo que le es permitido.

Comentó que aunque se filtró que en el Distrito Federal, donde es legal la interrupción del embarazo, han acudido 27 mujeres coahuilenses para realizarse un aborto, en la entidad no se tienen cifras reales sobre la cantidad que se han realizado y las muertes maternas asociadas.

“Son cifras negras que no se conocen”, señaló, lo que ocurre en todos los Estados en los que está criminalizada la práctica.

Por lo que destacó que la iniciativa para despenalizar el aborto, de la que está hablando el gobernador del Estado, debe integrar un diagnóstico que justifique la reforma con cifras de abortos, e índices de mortalidad materna asociados.

Ya que agregó que las cifras que se han dado a conocer corresponden a los abortos que han ocurrido por las causas que sí permite la legislación actual, como cuestiones médicas, donde el feto presente malformaciones congénitas, o donde esté en riesgo la salud de la madre.

Aunque comentó que el sólo derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo ya sería un argumento suficiente para despenalizar, sin embargo, recalcó que se requiere integrar un diagnóstico, ya que toda legislación debe atender una problemática social.

“Del aborto a nivel local sabemos lo que el marco legal nos permite saber, ya que penaliza cuando la práctica es inducida por las mujeres y no solamente a ellas, sino a los médicos que intervienen, o que incluso la atiendan una vez que se practicó el aborto, incluso terceras personas que hayan ayudado y en este marco tan restrictivo las cifras reales se esconden”, dijo.

La despenalización del aborto en la entidad reforzaría el carácter laico del Estado, que sería, al igual que el Distrito Federal, un referente de respeto a la diversidad ideológica.


Refundar el país



Mujeres y Política

Soledad JARQUÍN EDGAR

Si digo que la política me da risa, es porque me da risa y sé que podría equivocarme rotundamente considerando que la política es cosa seria. Sin embargo, para nadie es un secreto que quienes se dicen políticos hacen de esta actividad un espectáculo. Todas las personas tienen derecho, toda la gente puede aspirar a un puesto de elección popular, pero entre esa posibilidad y dar resultados hay una realidad que los separa, comparable incluso con un océano. La realidad nos dice hoy que tenemos más políticos malos que buenos y que las buenas intenciones no bastan.

Si el payaso Lagrimita, Guillermo Cienfuegos Pérez, y el futbolista Cuauhtémoc Blanco quieren gobernar los municipios en que viven es una legítima aspiración. Están en su derecho. Pero en ambos casos los partidos políticos no ven cuán idóneos pueden ser los aspirantes, lo que buscan es ganar votos, como sucede con el futbolista en la capital de Morelos, es populismo puro y vil. Muestran, además, el quiebre más dramático que la política tiene hoy al confundirse con la farándula.

Ejemplos sobran: la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, es una protagonista de la (mala) política actual, nadie olvidará sus actuaciones estelares por YouTube para defender la “legitimidad” de la compra del sexenio, la casa blanca y la honra de ella y de su familia. Aunque ella no es una política directa, tiene una fuerte injerencia y se presta como “toda buena esposa” a ser protagonista del juego del político en turno,  como en su tiempo lo fue Irma Serrano, quien llegó a Senadora de la República sin resultado alguno o la diputada Silvia Pinal, y como lo es desde ahora Anahí, “prometida” del gobernador cacheteador de Chiapas, Manuel Velasco. Ni modos es el resultado de elegir a los representantes populares, tan populares como estos personajes que hemos mencionado y otros que se quedan en el olvido. El fin de los partidos políticos es el mismo, ganar a costa de todo.

El prototipo del nuevo político es el carisma. Que se mueran los feos, estamos en la nueva era de la política: guapos, sin talento ni inteligencia, con ambiciones personales y de dominio, niños y niñas desatando pasiones entre las masas que ignorantes eligen a sus gobernantes a partir de la guapura, fórmula que ha dado excelsos resultados: Peña Nieto en el país, Velasco en Chiapas, Aristóteles en Jalisco…Y los maduritos pero jóvenes aún gobernadores de Puebla, Oaxaca y el ex del DF, Rafael Moreno, Gabino Cué y Marcelo Ebrard, o los líderes de partidos como Jorge Emilio González. Además, claro está de una veintena de diputados y ex diputados federales que siguen moviendo el pandero en la polaca mexicana.

Caritas, ambición y poder combinaciones necesarias para la politiquería actual, en lo que devienen, es otra historia. Idea que parte de la convicción de “vender” a los aspirantes a partir de sus muy renovadas facciones de niños de bien, lejos de la imagen del antiguo político mexicano. La imagen del estereotipo creado por empresas de televisión en México y a través del cine de Hollywood, en EE.UU. de ahí que la aceptación sea como un zapato a la medida, un buen detergente que hace espuma o una bebida refrescante que promete quitar la sed.


Quienes aspiran a ser políticos surgen de diversas actividades: empresarial, profesionistas, comerciantes y obreros, entre otros muchos, aunque estos últimos, de la clase obrera, están en desuso. La representación popular es como una botica en los tiempos pasados, hay de todo pero no siempre es lo que usted necesita. Además de legislar, de hacer las leyes para hacer de este país una circunstancia mejor, el legislador debería ser una contraparte entre los poderes, el contrapeso no existe entre los poderes que gobiernan. Lo puede ver en todas partes. Cada uno y cada una va por su tajada respectiva. La izquierda no existe y la derecha, ya en el poder, nos resultó más brava que el viejo perro.

Lo preocupante es cómo hacer funcionar al país desde la práctica futbolística, desde el humor, desde el drama de las telenovelas…Cómo gobernar a este país con políticos sin convicción, con partidos políticos en quebranto, rebasados por las mismas ineptitudes, los mismos errores, las mismas corruptelas. No importa si se llaman Cuauhtémoc Blanco o si sus apellidos vienen del rancio abolengo de la “robolución” mexicana, al final el resultado es el mismo y se refleja en la falta de oportunidades para la gran mayoría de la población mexicana. Las manzanas podridas pudren a las pocas que están buenas. Habrá quien tenga buenas y mejores intenciones pero es claro que el filón de oro de la política cambia a cualquiera. No es lo mismo tener una casa que varias casas, no es lo mismo ser diputada sin constructora que con ella. No es lo mismo un simple mortal que tener poder sobre municipios…Solo por dar unos cuantos ejemplos de lo que puede cambiar a una persona en unos cuantos “sablazos” de miles de pesos.

Es entonces cuando pienso, muy seria, en la propuesta que lanzó el obispo de Saltillo, Raúl Vera López: refundar el Estado mexicano. Una idea que observan descabellada y hasta peligrosa quienes ven en riesgo su modo de vida, en ese sistema político quebrantado, ineficiente, incapaz de separarse del beneficio particular para adoptar el beneficio común.

Tuve la fortuna de conocer a don Raúl Vera en el 2006, cuando en Coahuila sucedieron hechos lamentables como la tragedia en la mina de carbón de Pasta de Conchos, que costó la vida de 65 trabajadores. El hecho reveló que en México la esclavitud tiene diferentes rostros y también mostró una que es conocida ampliamente: el poder del dinero y la impunidad, dos lastres que sistemáticamente persiguen al país entero. Meses más tarde fue una de las voces que se alzaron para demandar justicia para las víctimas de la violencia sexual cometida contra 14 trabajadoras de la zona de tolerancia del municipio de Castaños por parte de elementos de un pelotón de soldados. Sin su intervención hubiera sido difícil que los soldados fueran llevados a juicio bajo el sistema de la justicia civil, un hecho sin precedente e inimaginable entonces. Al final se torció la justicia. Los empresarios mineros no fueron juzgados y no todos los soldados fueron encarcelados.

Don Raúl Vera, fraile dominico, ha sido un crítico de las acciones que atentan contra los derechos humanos, antes de los hechos arriba expuestos, fue un protagonista fundamental en Chiapas en 1994 y sin duda conoce bien lo que ha sucedido en Guerrero donde también prestó servicio, de ahí que tiene exactitud en lo que plantea sobre Ayotzinapa, que sirvió para destapar la cloaca que en todo el territorio nacional conforman políticos aliados con el narcotráfico.

Este humanista que tomó la opción preferencial por los pobres, propone refundar el Estado mexicano y llama a construir una nueva Constituyente el próximo 5 de febrero, fecha emblemática considerando ese día se cumplirán 98 años desde que se promulgó la Constitución que rige al país.

La tarea no es fácil, busca primero que nada no lanzar nuevos liderazgos una tierra minada de esos protagonistas sin cabeza, por ello dice Vera lo primero es escuchar al pueblo, quienes han sido excluidos por este sistema político-económico-social generando lo que hoy somos, una sociedad de desiguales, una sociedad gobernada por un sistema decadente que vanagloria la superficialidad propagada por la televisión, más que cualquier otro medio de comunicación, y deja de lado lo realmente importante, el valor de la gente.

En la entrevista de Arturo Rodríguez García, el pasado 1 de enero, texto publicado en el portal de Proceso, el obispo Raúl Vera sostiene que el estado actual de México es crítico. Da nombre y apellido a los hechos concretos actuales: crisis institucional y de legitimidad del Estado. A diferencia de otros tiempos en que esta crisis derivó en guerras civiles, hoy, dice Vera, el pueblo quiere una salida pacífica, “ya no quiere pobreza, cinismo, injusticia ni violencia. Hay que remediar al país y no remendarlo, pero tiene que hacerlo el pueblo”. Ese es el objetivo de la nueva constitución, que no nace ahora es una idea, una propuesta, que se ha venido formando desde hace por lo menos dos décadas y que hoy, ante la crisis que vivimos en México, surge como volcán en erupción.

Hace años, en la primera entrevista que le hice al obispo habló de la deshumanización en que son “formados” los cuerpos de seguridad del país y, claro eso incluía a los militares. Deshumanización del Estado que crea muerte y no vida, las razones de entonces a las actuales, aunque estamos hablando de muy pocos años no han cambiado, en cambio se ha exponenciado:

El baño de sangre cruel en toda la nación, la impunidad, la asociación delictuosa entre gobierno-narcotráfico-empresarios (unos omisos y otros beneficiándose a manos llenas del dinero sucio del narcotráfico; otros inyectando dinero, muerte y violencia, y los últimos “lavando” o blanqueando el mismo dinero); la trata de personas con fines sexuales, esclavitud moderna contra niñas y mujeres; la penalización de la migración y la criminalización de la protesta social, sin olvidar los viejos lastres del sistema político como son el tráfico de influencia, los privilegios que derivan en cínicos actos de enriquecimiento y lucro a costa de la mayoría de la gente.

Podemos, sin duda, acabar esta columna mencionando otros muchos casos y hechos ocurridos desde 2006 y que fueron revelando la condición crítica de la que ya hablaba el obispo Vera desde entonces como la desaparición y muerte de periodistas, la multiplicación de casos de personas desaparecidas, los asesinatos impunes en San Fernando, Tamaulipas, y Tlataya, Estado de México, la omisión frente a los casos de desapariciones forzadas en el país, incluyendo Ayotzinapa, el deleznable feminicidio, la negligencia que provocó la muerte no accidental de las niñas y niños en la guardería ABC, en Hermosillo…los visos de un país al borde de una crisis, gracias al fracaso del sistema mexicano.

Refundar al país no es una mala alternativa, es en realidad una demanda social que busca terminar los vicios y fracasos de la política mexicana, una alternativa con resultado a largo alcance pero es un principio contra la injusticia que lacera al país.

@jarquinedgar

Sobre el caso de Jessica Cerón

MUJERES CAUTIVAS


Por: Teresa Ulloa Ziáurriz*




El tiempo es, sin duda, uno de los factores decisivos cuando se emprende la búsqueda de una persona desaparecida. Para todas las personas es, o debería ser evidente, que cada minuto transcurrido sin saber el paradero de la víctima, actúa a favor de los delincuentes que la privaron de su libertad.
 
Desagraciadamente, en México existe un sinnúmero de obstáculos que hacen correr el tiempo de forma increíble, gracias al nudo burocrático institucional, la pérdida de evidencia, la falta de profesionalismo en el desarrollo de la investigación, la corrupción, la negligencia, así como la indudable falta de la debida diligencia.
 
Es en este transcurrir del tiempo que estamos a prácticamente dos años y medio sin saber de Jessica Cerón Salinas, que desapareció en Cuernavaca, Morelos, el 13 de agosto de 2012 con un embarazo a término de 39 semanas. Para estas fechas, Jessica debe tener 31 años de edad.
 
Basta revisar brevemente lo que aparece en internet sobre el caso de Jessica para constatar la negligencia que persiste en las instituciones responsables de esta investigación.
 
El pasado 29 de enero, la familia de Jessica denunció ante los medios de comunicación diversas irregularidades por parte de personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Morelos.
 
Fallas tan elementales como la pérdida de bitácoras de hoteles, así como videos relacionados con la investigación, o el hecho de no asegurar lugares y objetos –lo que ha contaminado probables evidencias–, sin omitir el hecho de que tales autoridades han filtrado información al principal sospechoso –quien es presuntamente su pareja sentimental–, son sólo botones de muestra que, con toda razón, han provocado la desconfianza en la familia de Jessica.
 
En más de dos años sólo se han llevado a cabo dos operativos de búsqueda. A petición de la familia, y en vista del pobre desempeño (y ausencia de avances) de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la Procuraduría General de la República (PGR) ha intervenido.
 
El segundo operativo ocurrió el pasado 28 de enero en un hotel, así como en el cerro Tres Cruces del municipio de Huitzilac, donde se realizaron pruebas de luminol y otros procedimientos que, naturalmente, debieran estar ajenos a la difusión en los medios, ya que se viola la secrecía de la indagatoria.
 
En esa ocasión la PGR admitió que la Fiscalía estatal tuvo que haber realizado dichos trabajos tiempo atrás, en vista de que es la institución responsable.
 
Gracias a que se había iniciado una averiguación previa en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), fue posible reponer los videos captados por las cámaras de seguridad donde se aprecia el jeep en el que Jessica fue vista por última vez.
 
Ese vehículo pertenece a la empresa donde trabajaba su pareja sentimental, así como la bitácora del hotel donde estuvieron la noche de su desaparición. De esa magnitud han sido las negligencias. Para ese momento, la familia de la joven tuvo que aclarar que no fue la Fiscalía estatal quien se hizo cargo, sino la PGR.
 
No obstante lo delicado del asunto, la Fiscalía morelense difundió –antes de que concluyeran las diligencias, a través de redes sociales y otros medios– que éstas estuvieron encabezadas por el mayor Martín Rizo Muñoz, coordinador de la Policía de Investigación Criminal (PIC) de la Fiscalía General de Morelos “en coordinación c/ otras dependencias” (sic), cosa totalmente falsa y que fue finalmente desmentida por la familia de Jessica.
 
Más aún, es tanta la desconfianza de la familia que nos vimos forzadas a solicitar a la agente del Ministerio Público que Rizo y sus policías ministeriales se retiraran, ya que no habían sido convocados a las diligencias.
 
Y dicho sea de paso, el único personal convocado que se mantuvo hasta el final de las diligencias, con excepción de las ministerios públicos de la Fiscalía, fueron los bomberos de la Zona Metropolitana de Cuernavaca.
 
Tanto la Policía Federal (a través de la Policía Científica), como la PGR han avanzado mucho en las investigaciones de este caso, ya que cuentan con el equipo, el personal y la experiencia para responder con el profesionalismo que se requiere. 
 
De ahí que resulta de vital importancia tomar con toda seriedad cada una de las acciones que realicemos para avanzar en la investigación, y que las instancias responsables se dediquen simple y sencillamente a hacer su trabajo, porque más allá de protagonismos o celo profesional, lo verdaderamente importante es que Jessica aparezca con vida, y pronto.
 
Ésa es y debería ser la prioridad para todas las personas involucradas y no presumir, mentir y simular.
 
Twitter: @CATWLACDIR
 
 *Directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, (CATWLAC, por sus siglas en inglés).



Cimacnoticias | México, DF.- 
Imagen retomada de Twitter

Adolescentes argentinas, víctimas escondidas de femicidios

En promedio 21 adolescentes de Argentina son víctimas de femicidos cada año, un fenómeno que crece y se vincula con la violencia en los noviazgos y de parejas o exparejas. Crédito: Juan Moseinco/IPS.

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En promedio 21 adolescentes de Argentina son víctimas de femicidos cada año, un fenómeno que crece y se vincula con la violencia en los noviazgos y de parejas o exparejas. Crédito: Juan Moseinco/IPS.

BUENOS AIRES, 26 ene 2015 (IPS) - La amplia repercusión mediática del asesinato de  una estudiante argentina, en el vecino Uruguay, puso en relieve un tipo de violencia casi no registrada como causa de muerte de adolescentes en el país: el femicidio.

En la mayoría de los países latinoamericanos, la falta de sistematización de datos oficiales sobre femicidios o feminicidios  –los vocablos que tipifican los asesinatos de mujeres por razones de género- dificulta la identificación de las víctimas por edad.

Pero en el caso de Argentina, algunos informes independientes, como el de la no gubernamental La Casa del Encuentro, comienzan a visibilizar un dato generacional: no solo se matan más  mujeres por razones de género, sino que también aumentan las víctimas de menos de 18 años.

“Entre 2008 y 2014 fuimos viendo como paulatinamente aumentó, y esto tiene que ver con violencia de género dentro del noviazgo o de abuso sexual seguido de muerte”, sintetizó a IPS la directora ejecutiva de esa organización, Fabiana Túñez.

Otros países latinoamericanos 

En México, la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) detalló en diciembre que durante 2013 las niñas y adolescentes fallecidas presuntamente por homicidio fueron 315, en un ejemplo de la situación que se vive en otros países latinoamericanos.

“Los casos de violencia contra las mujeres en México han ido en aumento, la mayoría de ellas son niñas y adolescentes quienes son víctimas de la violencia y que en muchas ocasiones terminan en feminicidios”, señaló Redim, que criticó la falta de acciones del gobierno para prevenir esta violencia.

En El Salvador, la Policía Nacional Civil registró 261 feminicidios durante los primeros 11 meses de 2014, de ellos 28 de me mujeres entre 0 y 17 años.

Mientras, en Panamá, tres de cada 10 mujeres víctimas de femicidios eran menores de edad, según el Ministerio Público del país.

En el periodo 2009-2014 hubo en Panamá 343 muertes violentas contra mujeres, de las que 226 se clasificaron como feminicidios.

El informe del Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, perteneciente a esa organización, registró 295 casos de femicidio durante 2013 en Argentina, con 40 millones de habitantes. Entre 2008 y 2013 ocurrieron 1.236 homicidios por razones de género, equivalentes a un femicidio cada 35 horas.

Según el observatorio, durante esos seis años hubo 124 adolescentes asesinadas de entre 13 y 18 años víctimas de femicidios, según datos recabados de los medios impresos, lo que equivale a 21 en promedio cada año. Pero la cifra real podría ser ampliamente superior, porque en variadas ocasiones no se indica la edad de la víctima.

El informe coincidió con un caso que causó conmoción en Argentina: el asesinato de la estudiante, Lola Chomnalez, de 15 años, quien había desaparecido el 28 de diciembre, cuando estaba de vacaciones en casa de su madrina en un balneario uruguayo.

“Encontraron muerta a la nena argentina perdida en Uruguay. Nos siguen matando y todavía hay gente que pregunta qué hacía una de nosotras caminando sola en la playa. Se escucha en la televisión: el asesino vio a una chica linda y joven y aprovechó la situación”,  se indignó en Facebook la activista feminista Verónica Lemi, bajo su pseudónimo “Penélope Popplewell”.

“Si hasta para pasear por la playa tenemos que ir protegidas, llevar espray de pimienta o ir acompañadas, las mujeres no somos libres.  Si actuamos con los mismos derechos que los hombres, aumentamos el riesgo de que nos maten solo por ser mujeres”, agregó.

A veces los verdugos acechan en la calle: a la salida de una discoteca, volviendo de estudiar. Pero en otros casos son parte del entorno de sus víctimas.

Según Túñez, la mitad de femicidios se vincula a abuso sexual seguido de muerte. La otra mitad, con la violencia en noviazgos y parejas, lo que erradamente algunos medios siguen llamando “crimen pasional”.

Los datos confirman una tendencia mundial. Según la Organización Mundial de Salud,  tres de cada 10 adolescentes, sufre violencia durante el noviazgo.

Las causas, según Túñez, son las mismas que en los adultos. “el varón agresor controla, domina, cela. Y las adolescentes que están en sus primeras etapas de idealización del amor consideran que podrán cambiar eso aunque en realidad comiencen a entrar en una gran telaraña de la que después no pueden salir”, analizó.

Subrayó que hay que concientizar a las adolescentes para “desnaturalizar” estos comportamientos.

“No es normal que el novio tenga celos, no es normal que no puedan salir solas, no es normal que les controlen los movimientos, no es normal que les revisen sus celulares, no es normal que las insulten o les peguen”, destacó a los medios locales Ada Rico, otra fundadora de La Casa del Encuentro.

En su página “Acción Respeto: por una calle sin acoso”, Lemi, de 26 años,  intenta en Facebook “desnaturalizar” esa “cultura agresiva y sexista”, cuya peor expresión es el femicidio.

“Por un lado tenemos el avance que se dio en los derechos mujeres pero por el otro, en cuanto a idiosincrasia, seguimos viviendo en una sociedad muy machista en Argentina, donde decirle algo humillante a una piba (joven) de 15 años en la calle está bien porque significa que le gustaste”, dijo la activista a IPS.

“La aparente libertad sexual es hasta ahí. Porque cada vez que una chica es abusada todos los medios y comentaristas dicen ‘seguro que era una putita’. Cuando una mujer ejerce su libertad sexual es considerada una puta”, agregó

Para Lemi hay que combatir socialmente “esa relación hombre y mujer, donde hay un dominante y una sumisa” y contrarrestar esa “cultura de culpabilización de la víctima”.

“Hay muchísima violencia hacia las mujeres no solo física sino también desde lo discursivo, a nivel simbólico. Se sigue justificando la violencia hacia las mujeres. Dentro de ese contexto es lógico que sucedan femicidios”, opinó.

Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), consideró que el aparente aumento de casos de femicidios puede estar vinculado a su mayor difusión en los medios.

“Hay mayores visibilidad y por eso conocemos más casos o muertes, cuando ya es demasiado tarde para denunciar”, dijo a IPS

Argentina integra el grupo de países latinoamericanos donde ha habido avances en la educación a favor de la equidad de género y acceso de la mujer a la educación y a cargos directivos.

Además, el bicameral Congreso legislativo argentino aprobó en el 2012 una ley que endurece las penas para los casos de violencia de género, aunque no incluyó la figura del feminicidio o el femicidio, como hicieron ya otros países de la región.

En ella se establece la cadena perpetua cuando el homicida es la pareja o expareja de la víctima, o cuando se mate por razón de género.

“Se avanzó en la inserción laboral, en la educación… pero eso por sí solo no alcanza para cambiar la cultura machista y patriarcal”, sostuvo Gherardi

La directora de ELA cuestionó las deficiencias de implementación, control y evaluación de políticas públicas, como la de Educación Sexual Integral, que contempla aspectos de género.

“Me gustaría ver a líderes políticos, mujeres y hombres, hablando sustantivamente de temas de violencia, más allá de acciones grandilocuentes, cuando ocurren hechos que  espantan”, exhortó.

Gherardi subrayó el papel fundamental de los medios en la lucha contra la violencia machista.

Indicó que hay medios y periodistas con mensajes “que contrarrestan el estereotipo de género y otros que lo ayudan a perpetuar, poniendo a las mujeres en papeles humillantes”.

“Antes de llegar al golpe o al femicidio, hay una enorme cantidad de situaciones de violencia sutiles cotidianas”, concluyó.
Editado por Estrella Gutiérrez

México: Martha María Ramírez Sánchez, de ama de casa a empresaria de éxito


Era una ama de casa con 3 hijos y un esposo, que dentro de su familia se dedicaba al trabajo del hogar como la mayoría de las mujeres

“Sin embargo, Martha no siempre fue esta gran empresaria, incluso ahora se sorprende de lo lejos que ha llegado con todo su esfuerzo”

 Pamela Garcidueñas

México, 03 feb. 15. AmecoPress/GeneraIgualdad.- A lo largo de los años, la sociedad mexicana ha luchado por tener avances en temas de equidad de género en materia económica; con políticas, campañas e iniciativas que contribuyen a alcanzar la total equidad. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que aún hay mucho camino por recorrer, sobre todo igualando las oportunidades laborales de las mujeres en comunidades rurales.

JPG - 12.7 KBComo muestra de ello, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, del total de la población económicamente activa en México en 2008, el 62% eran hombres y el 37% mujeres, comparado a cifras del 20014 donde el 61.77% son hombres y el 38.22% son mujeres, lo que muestra un avance lento. Sin embargo, cada día son más mujeres las que deciden salir de sus hogares y convertirse en mujeres trabajadoras que forman parte del cambio cultural.

Tal es el caso de Martha María Ramírez Sánchez, quien hoy en día es una empresaria modelo para su comunidad, que se encarga del área administrativa y de contabilidad de su empresa productora de mermeladas llamada Conservas Santa Rosa.

Sin embargo, Martha no siempre fue esta gran empresaria, incluso ahora se sorprende de lo lejos que ha llegado con todo su esfuerzo. Martha era una ama de casa con 3 hijos y un esposo, dentro de su familia ella sólo se dedicaba a las labores del hogar como la mayoría de las mujeres en su comunidad ubicada en la Sierra de Santa Rosa en Guanajuato.

Fue hace 17 años que ella, junto con otras 4 mujeres; Margarita Cano Mares, Rosa María Rico Morán, Patricia Herrera Juárez y Susana Barroso Vázquez, iniciaron un proyecto de producción y venta de mermelada artesanal. En el 2006, Toks, como parte de su programa Proyectos Productivos decidió apoyarlas para poder llevar su empresa a otro nivel.

JPG - 19.7 KBToks les facilitó las capacitaciones en distintos aspectos para que pudieran llevar a cabo el proyecto, desde la elaboración de la mermelada, hasta las finanzas y estrategias que requiere un negocio en forma.
A pesar de que la principal actividad económica en la región en ese entonces era la minería y era considerada un trabajo de hombres, estas mujeres decidieron salir adelante con un proyecto que iniciaron de cero, sin tener ni si quiera un lugar fijo para desarrollarse.

Martha asegura que desde el inicio, las críticas y juicios machistas dentro de la comunidad acerca de una mujer que decidía emprender y trabajar no pudieron faltar, sin embargo todos los comentarios lejos de detener a estas 5 mujeres les daban el impulso para continuar y hacer crecer el proyecto.

JPG - 105.6 KBA lo largo de estos 17 años, las mujeres empresarias de Conservas Santa Rosa han enfrentado distintas adversidades, ninguna lo suficientemente grande para detenerlas. Actualmente Martha tiene ya tres hijos, a punto de graduarse de la universidad y una con apenas año y medio de edad, los cuales asegura han sido desde siempre su fuerza para salir adelante, buscando ofrecerles una mejor calidad de vida. “Desde que empecé con este negocio, una de mis metas era que mis hijos se realizaran, que tuvieran estudios y que no se quedaran como a nosotros nos dejaron.”

Ahora la empresa que Martha junto con las otras mujeres fundó ha crecido exponencialmente, dando la oportunidad de empleo a 11 colaboradoras mujeres que trabajan en el taller. Toksque fue el impulsor de desarrollo en este proyecto, actualmente es el cliente mayoritario con un 90%, pero se pretende que posteriormente el negocio pueda tener una cartera más grande y volverse autosostenible.
Empresa Conservas Santa Rosa
La tendencia de las empresas por apoyar e invertir en temas relacionados al desarrollo de la mujer ha ido en aumento, ya que son reconocidas como una nueva fuerza productiva y el apoyo no solo impacta a la mujer o a la familia, sino a toda la comunidad. De acuerdo a Larry Summers, economista del Banco Mundial “la inversión en la educación de jóvenes mujeres es posiblemente la inversión con un mayor retorno en el mundo en desarrollo”.
Martha, junto con sus otras 4 compañeras ahora forman parte de las mujeres que están cambiando a una cultura de equidad, oportunidades y empoderamiento a la mujer en su comunidad, siendo empresarias que son un ejemplo de lucha, esfuerzo y valentía tanto para su familia como para la comunidad, y aportando con su empresa al desarrollo económico y social de la región.

Fotos: Cedidas por Genera Igualdad.

Prensa amenazada


fotografía de internet

Mujeres y Política
Prensa amenazada
Soledad JARQUÍN EDGAR

La desaparición y asesinato del periodista Moisés Sánchez, en Veracruz, es una muestra más de la difícil condición del ejercicio profesional de la tarea de informar en aquella entidad, donde se pasó de las agresiones verbales, las amenazas, hasta la fabricación de delitos y privación de la libertad al asesinato de 11 periodistas, nueve hombres y dos mujeres.

Como siempre o, para no exagerar, casi siempre, los hechos brillan por la impunidad en la que permanecen los casos de Víctor Manuel Báez Chino, en junio de 2012, editor de la sección policiaca del periódico Milenio El Portal de Veracruz y director adjunto del diario virtual Reporteros Policiacos.com; Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez, fotoreporteros asesinados en mayo de ese mismo año; la corresponsal de la revista política Proceso, Regina Martínez, asesinada en el interior de su casa en abril de 2012; Yolanda Ordaz asesinada un año antes en junio de 2011, un crimen que en lo particular fue impactante; el 20 de junio de 2011 se cometió otro crimen contra el director de Notiver Miguel Ángel López Velasco y su hijo Misael López SolanaNoel López Olguín, colaborador de varios medios locales veracruzanos, su cuerpo fue hallado en junio de 2011, a tres meses de haber desaparecido; hace un año, en febrero de 2014, se encontró el cuerpo de Gregorio Jiménez.

Como en el caso de los estudiantes de Guerrero, en el asesinato de Moisés Sánchez, está involucrado un presidente municipal. José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala, se dijo, habría pedido actuar contra los estudiantes de la normal rural “Isidro Burgos”, en el caso del asesinato del periodista veracruzano está involucrado el presidente municipal de Medellín de Bravo, Omar Cruz, señalan las investigaciones.

Esto no es “nuevo”, los pequeños y grandes poderes son una amenaza para el ejercicio de la tarea informativa, aderezada hoy con la clara presencia de criminales dispersos en todo el territorio nacional, para desgracia del pueblo y como hemos visto a raíz de la “declaración” de guerra hecha por el entonces presidente de México, Felipe Calderón, el Ares mexicano.

El asesinato de periodistas ha ubicado a este país, según la organización internacional Reporteros sin Fronteras, como uno de los “más mortífero” y el primero de América Latina, en el recuerdo ha quedado Colombia y la persecución a periodistas en los tiempos de las dictaduras en Sudamérica. Entonces como sucedió con Moisés Sánchez se recuerdan casos (en Chile, por ejemplo) de periodistas sacados de sus casas para desaparecerlos, como pasó con José Carrasco Tapia, historia que se narra en el libro Historia de un Periodista.

No es lo mismo pero el resultado es el mismo. El fin es lo que cuenta. Se trata de callar a quienes se comprometen en la transmisión de hechos concretos, de quienes opinan, de quienes ocupan un lugar intermedio entre los gobiernos y la sociedad, pero lo que revelan no es algo que le guste a esos poderes llamados fácticos, resultado de estas dinámicas sociales en que hemos basado nuestro andar al pertenecer a un grupo social y de cuya relación depende la gobernabilidad.

Michael Coppedge, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Notre Dam, señala que estos poderes “residen básicamente en los sectores empresariales, la prensa, las iglesias, los estamentos militares, los <grupos de presión, los <grupos de tensión, los <nuevos movimientos sociales, ciertas <organizaciones no gubernamentales, las <mafias y otras entidades cuyas potestades no están previstas ni autorizadas por la ley pero que no por eso son menos eficaces ni menos influyentes a la hora de la toma de las decisiones en la vida social”.

En suma, la prensa es también un poder fáctico y está amenazado por el resto de los poderes. Decir la verdad tiene costos muy altos en México, no someterse a los mandatos del poder tiene sus costos, investigar tiene sus costos y la historia es cruenta en ese sentido. En los años treinta, me contaba una querida amiga, su padre un periodista veracruzano fue asesinado cuando ella tenía tres años. Recordó que un presidente municipal de Orizaba, Veracruz, le pidió a los representantes de la prensa que pasaran a cobrar cada mes. “Mi padre no quiso, a los pocos días, estábamos desayunando, tocaron la puerta, él se levantó y abrió…A pesar de que era muy chica, recuerdo los disparos que le quitaron la vida”.

Lo que sucede en Veracruz es terrible. No tiene calificativo alguno, menos cuando se presume tanta impunidad y ese estado de relajación que muestra el gobernador Javier Duarte ante hechos tan terribles y tan dramáticos, que afecta de manera colectiva el derecho a la información de toda una sociedad, y al mismo tiempo que tienen un impacto fundamental en las familias, entre los amigos y colegas.

Lecciones amargas las que ofrece Veracruz, en especial para Oaxaca, donde como lo recalcó el director general de El Imparcial, Benjamín Fernández Pichardo, durante un desayuno de trabajo con el Consejo Editorial y colaboradores, “la cuota ha sido muy alta para este diario”. Y recordó el asesinato de tres voceadores en la región del istmo: Mateo Cortés Martínez, Flor Vásquez y Agustín López, quienes fueron emboscados en la carretera en tanto distribuían el diario, en octubre de 2007.

Se refirió también al caso del reportero de la sección policiaca, Alberto López Bello, lapidado junto con otra persona, en la agencia municipal de Trinidad de Viguera, en la capital del Estado.

Lamentó la agresión contra el reportero José Ignacio Santiago, hechos ocurridos en enero pasado, lo que requirió que fuera hospitalizado y terminara con dos brazos rotos.  Primero fue alcanzado por una camioneta que lo derribó de la motocicleta, luego lo patearon hasta que perdió el conocimiento.

Como en Veracruz el nivel de las agresiones tiende a subir, como resultado de las vagas investigaciones, del no hacer caso. Algunos colegas han recibido amenazas virtuales o directas; otras son escuchadas desde las propias oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, recordemos el caso de los troles que fue denunciado hace meses por Patricia Briseño y esta servidora, el joven twitero de marras sigue colaborando en la dependencia, orquestando insultos y toda clase de descalificaciones, sin que el titular de la dependencia Alberto Esteva se de por enterado.

No es para echar en saco roto lo que pasa en Veracruz que es muy grave, como tampoco es para ser omisos, en Oaxaca donde según reporte de Página3.mx “en menos de un mes, por lo menos seis periodistas han sido agredidos en Oaxaca, principalmente por organizaciones sociales…” Es decir, por otro poder fáctico, que goza de todas las garantías por parte del gobierno estatal.

El pasado lunes fueron agredidos dos fotógrafos Alberto López del diario Rotativo y Rolando Jiménez de Paralelo 20 por grupos de pobladores de San Baltazar Chichicapam, que bajo la consigna “a todos los de la prensa”, iban con la intención de agredirlos, armados de palos y piedras. Hechos que ocurrieron frente a policías estatales que nada hicieron para evitar la agresión.

Antes, el 22 de diciembre fueron agredidos en la caseta de Huitzo los reporteros Gaspar Monjarraz y Javier Barrón -de TV Azteca- por integrantes de la agrupación Frente Popular Revolucionario (FPR), quienes les quitaron su equipo y causaron daños a su unidad de motor, además de agresiones físicas, dice Página3.

A estas agresiones se sumó la ya relatada de José Ignacio Santiago, compañero reportero de esta casa editora en la región del Istmo. Rafael Vargas, de MVM fue agredido el 23 de enero por integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de ahí la solicitud de atención que han presentado ante las autoridades organismos como el Grupo Prensa Oaxaca.

Lo dicho, en México ejercer el periodismo no es cosa de valientes sino de gente inteligente, pero a veces ni la inteligencia funciona frente a la cerrazón de los grupos de poder, caciques o integrantes de una sociedad que está cansada de engaños y nulas repuestas del gobierno. Pero ojo: quienes reporteamos u opinamos solo estamos cumpliendo con un deber como trabajadores, solo hacemos valer un derecho ciudadano: el derecho a la información. Matar o agredir periodistas es un crimen contra la humanidad.
@jarquinedgar