2/06/2015

Crisis política y social en México: desaparición de estudiantes lejos de la solución


Cristina Fontenele
Adital

Ya pasaron cuatro meses desde la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos, ocurrida el 26 de septiembre del año pasado, en el municipio de Iguala, Estado de Guerrero. Las investigaciones señalan el involucramiento del alcalde de la ciudad, José Luis Abarca, detenido desde el 13 de noviembre de 2014, con miembros del cartel Guerreros Unidos. Entre los restos mortales carbonizados encontrados en una fosa común, hasta ahora solamente fue identificado el del estudiante Alexander Mora Venancio.
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Después de cuatro meses desde la desaparición de 43 estudiantes mexicanos, hasta el momento sólo uno ha sido identificado.

El paradero de los demás continúa siendo una incógnita. Recientemente cientistas forenses austriacos anunciaron que no consiguieron identificar el ADN de los restos mortales que fueron encontrados quemados. Otras pruebas en las muestras pueden llevar meses. Los padres de los estudiantes vienen realizando manifestaciones reclamando la aparición con vida de sus hijos y exigiendo que el Ejército sea incluido en las averiguaciones.
Nuevas investigaciones indican también la participación del Ejército y de la Policía Federal mexicana en la desaparición de los estudiantes. Declaraciones y documentos señalan que los estudiantes fueron monitoreados por los gobiernos estadual, municipal y federal desde antes del ataque. En un reciente pronunciamiento, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, anunció que podía probar que los estudiantes están muertos, basándose fundamentalmente en confesiones de sospechosos presos. Sin embargo, las evidencias no fueron presentadas.
Según la directora del programa de las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, "si el procurador general espera que ese pronunciamiento ponga fin a esta tragedia, está equivocado. Todavía existen muchas, muchas cuestiones que no fueron respondidas, como la complicidad, por acción u omisión, del ejército y de otras autoridades en el ataque contra esos estudiantes”.
Simulaciones y mentiras
En entrevista con Adital, el Padre Jesús Mendoza Zaragoza, de la Provincia de Acapulco (México), comenta sobre la actuación del gobierno, el sentimiento de los padres de los estudiantes y de la población mexicana. Él evalúa que el gobierno federal ha tenido una participación inestable y plagada de simulaciones y mentiras.
El gobierno federal dejó pasar más de una semana para intervenir en el caso y no ha tenido la capacidad necesaria para realizar una investigación adecuada del caso. Tenemos la percepción de que a pesar de un historial de más de 20 mil desaparecidos en el país, no ha habido el interés político para investigar caso por caso y, por lo mismo, no se ha profesionalizado para hacerlo. Por otro lado, las autoridades no cuentan con credibilidad ante la población. Las conclusiones que la Procuraduría General de la República ha publicado en los últimos días, tienen inconsistencias profundas y más parece una decisión política en cuanto que se pretende cerrar el caso sin satisfacer a las familias de las víctimas ni a la sociedad en su conjunto.
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Según Pe. Jesús Mendoza Zaragoza allí no ha sido interés político para investigar en un caso por caso.

El sacerdote destaca que existe el sentimiento general de que no ha habido una investigación integral y de que no se ha atendido uno de los más graves factores de la violencia en el país como lo es la corrupción de las autoridades coludidas con el crimen organizado. De hecho, aunque la tragedia de Ayotzinapa [los estudiantes desaparecidos eran de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, vecina de Iguala] ha afectado visiblemente al gobierno federal, tanto a nivel local como en el exterior, pues su imagen ha quedado muy deteriorada, no es prioridad para el gobierno atender satisfactoriamente este caso. Le importan más la activación de sus reformas legislativas para sostener el mismo proyecto de nación que ha hecho daño al país, observa Zaragoza.
Hace cuatro meses, persiste mucha indignación y enojo social contra las autoridades, a las que se mira con desconfianza y con recelo. Es posible que se acreciente la crisis política en el estado y que en el próximo proceso electoral haya acciones violentas significativas por el rechazo que algunos sectores de la población manifiestan al mismo. Hay que reconocer que hay un segmento de la población que sigue indiferente.La solidaridad hacia las víctimas se mantiene, pues creo que gran parte de la población del país se identifica con ellas porque también ha sido víctima de alguna forma de violencia.
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Indignación y rabia social de generadoras de crisis política del país.

Cuando se le pregunta sobre qué postura se puede esperar de las instituciones públicas en la elucidación de este caso, el sacerdote explica que "lo deseable es que se conduzcan con apego a la verdad y con un interés claro por la justicia, pero lo que prevemos es que se oculte la verdad porque afecta a las mismas instituciones públicas, sobre todo a las de procuración y administración de justicia, al ejército y a las demás instituciones de seguridad pública. Prevemos que el caso no será resuelto satisfactoriamente y que dará lugar a un mayor descontento de la población con las autoridades y con sus instituciones”.
Actuación de los movimientos sociales y familiares
Zaragoza aclara que "la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa activó movilizaciones sociales en el país como no se había visto en muchos años. La exigencia de justicia y la solidaridad con las víctimas han sido las más visibles demandas de los movimientos sociales. Esto ha servido de presión política para que el gobierno de respuestas satisfactorias. Esta coyuntura ha sido vista por mucha gente en el país, como una oportunidad para plantear cambios profundos en el país, sobre todo en el sistema político. Hay iniciativas de diálogo social en diversas regiones del país y hay la propuesta de la refundación del Estado mediante una nueva constitución. El problema es que el movimiento social no es lo suficientemente fuerte como para incidir ahora en estos cambios, posiblemente los logre a mediano plazo”.
El sacerdote enfatiza quedesde el momento en el que se desató la crisis humanitaria por la desaparición de los estudiantes, la Iglesia activó algunas respuestas, siendo la más importante la atención a las víctimas. De suyo, la Arquidiócesis de Acapulco ha impulsado desde hace tres años un proyecto puntual de acompañamiento integral a las víctimas de las violencias, mismo que ha promovido en las demás diócesis del estado de Guerrero.
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Familiares de las víctimas son presión política para el gobierno dar respuestas satisfactorias.

Las diócesis se han puesto en contacto con las familias de los desaparecidos con el fin de expresarles su cercanía y solidaridad. A través de las parroquias en las que estas familias viven, han apoyado con el acompañamiento espiritual y psicosocial y, en algunos casos, con apoyo material. Los obispos se han encontrado con dichas familias para escucharlas y para ponerlas en contacto con las parroquias que les dan seguimiento. Además, hay un contacto formal de los cuatro obispos de la Provincia Eclesiástica de Acapulco con la organización de los padres y madres de los desaparecidos. Incluso, el nuncio apostólico en México se ha hecho presente en la Escuela Normal de Ayotzinapa, sede de estos padres de familia, que siguen buscando a sus hijos”, agrega.
Zaragoza denuncia además que,ante las conclusiones que el gobierno federal ha dado al caso de los estudiantes, explicando que fueron secuestrados, asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, los padres de familia señalan que no creen en dicha conclusión y seguirán buscándolos por su cuenta. Harán presión internacional a través de la ONU y de otros foros internacionales. En un comunicado reciente, los padres y madres de los estudiantes volvieron a insistir que las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) deben permanecer abiertas.
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