LIMA – “Hemos pasado de los discursos autoritarios a un patriarcado feroz que ataca los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres latinoamericanas para afianzar una sociedad sumisa y excluyente”, alertó la feminista peruana Liz Meléndez.
Al analizar el impacto de las nuevas y extremas derechas que han llegado al poder en la región sostuvo que están desplegando una ofensiva concreta en contra de la agenda de la igualdad que tiene como un eje relevante el control de los cuerpos de las mujeres.
Meléndez dialogó con IPS en la sede en Lima del no gubernamental Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, institución feminista con 47 años de existencia del que es directora. Fundada en 1979, en pleno gobierno militar del general Francisco Morales Bermúdez, colocó por primera vez en la sociedad peruana el tema de la despenalización del aborto.
El lunes 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Aborto Seguro, justamente cuando, según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (Figo), la ausencia de este derecho hace que 45 % de todos los abortos en el mundo sean inseguros y es responsable de 13 % de las muertes maternas.
Esta jornada mundial se originó de hecho en la región, en 1990, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, inicialmente para promocionar la despenalización del aborto, hasta que se volvió mundial, con el derecho a decidir de las mujeres como consigna global.
“Cuando las políticas de los gobiernos autoritarios promueven el retroceso en el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, a decidir sobre sus cuerpos, se afectan las garantías para su vida, especialmente de quienes viven en situación de pobreza y precariedad”: Liz Meléndez.
En el caso de América Latina y el Caribe la restricción a ese derecho se da con una población femenina estimada en más de 340 millones, que en comparación con sus pares hombres enfrenta desigualdades que limitan su poder de decisión y oportunidades de desarrollo.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), ellas dedican el triple de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados sin remuneración, una de cada cuatro no tiene ingresos propios, situación que empeora entre poblaciones indígenas y afrodescendientes; a la vez que entre seis y ocho de cada diez vivió la violencia de género.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que se realizan a nivel global cerca de 73 millones de abortos cada año. De estos, la mayoría de los practicados en países latinoamericanos se hicieron en condiciones inseguras y peligrosas para la salud y vida de las mujeres debido a su penalización.
“Cuando las políticas de los gobiernos autoritarios promueven el retroceso en el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, a decidir sobre sus cuerpos, se afectan las garantías para su vida, especialmente de quienes viven en situación de pobreza y precariedad y no de los sectores económicos altos”, afirmó Meléndez.
Explicó que, ante un embarazo no deseado, la capacidad de decisión de las mujeres estará condicionada por su situación socio económica, porque con el debilitamiento de las políticas públicas, el Estado deja desprotegida a la población en mayor vulnerabilidad.
Avances bajo amenaza
El marco legal internacional que garantiza el acceso al aborto legal y seguro como una cuestión de derechos humanos y las luchas del movimiento feminista y de mujeres generaron leyes y políticas de avanzada en numerosos países de la región que hoy, sin embargo, están bajo amenaza y ataque por la ola conservadora que caracteriza a varios gobiernos.
Hasta 2025, solo 31 % de países de América Latina y el Caribe contaba con leyes y normas para el acceso a servicios públicos de interrupción voluntaria del embarazo según informes de ONU Mujeres y de Cepal.
En Argentina, Colombia, México, Uruguay y Cuba el aborto está despenaliza según plazos variables, pero gobiernos de extrema derecha como los del presidente argentino Javier Milei y el colombiano Abelardo de la Espriella, son contrarios al derecho a decidir de las mujeres y de que accedan al aborto, y se han expresado públicamente en ese sentido.
“El desmantelamiento de las políticas de género con la eliminación del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades, y el ajuste en todas las áreas, muestra que el gobierno de Javier Milei es bastante cruel”: Graciela Morgade.
En el resto de los países es considerado un delito integrado a su código penal, y solo se permite en determinadas y restrictivas causales. En Chile, por ejemplo, cuando se trata de un embarazo por violación, existe riesgo para la gestante o inviabilidad fetal. El presidente José Antonio Kast, de posición ultraconservadora, es opuesto a toda causal.
Brasil, Bolivia, Panamá y Ecuador también lo despenalizan en determinadas causales, como violación. Sin embargo, otros como Perú, Guatemala, Paraguay, Venezuela, tienen una legislación más restrictiva al permitirse solo si es un medio para salvar la vida de la gestante o evitar daños permanentes a su salud.
Aun con ese marco tan limitado, persisten barreras para su implementación como sucede en el Perú, donde se obstaculiza el acceso a las mujeres y se acosa al personal médico que realiza el aborto terapéutico, pese al alto número de embarazos de niñas menores de 14 años. Al 2026 sumaban cerca de 800 estos casos.
Ellas se vieron forzadas a una maternidad impuesta por no poder interrumpir legalmente el embarazo producto de una violación sexual.
La presidenta ultraconservadora Keiko Fujimori, quien asumió en julio de este año, se ha declarado contraria a toda forma de aborto, inclusive cuando de por medio está la vida y salud de las mujeres.
En países como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Suriname la prohibición es total.
La política de la crueldad
Reducir los presupuestos para la provisión de los servicios de salud sexual y reproductiva, y la implementación de la educación sexual integral, es una de las formas de atacar la normativa vigente sobre la interrupción legal del embarazo.
“El desmantelamiento de las políticas de género con la eliminación del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades, y el ajuste en todas las áreas, muestra que el gobierno de Javier Milei es bastante cruel”, manifestó a IPS desde Buenos Aires la docente e investigadora argentina Graciela Morgade.
Doctora en educación especializada en género y sexualidades, y docente en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, indicó que desfinanciar planes y programas exitosos está llevando al retroceso de logros como la reducción de los embarazos adolescentes no intencionales.
Morgade explicó que en su país las políticas tienen un impulso nacional y una gestión en las provincias, lo que marca un panorama heterogéneo en su implementación dependiendo de que cuenten con recursos o de su alineamiento a la ideología conservadora del gobierno.
Desde el 2020, Argentina tiene la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Sin embargo, su aplicación no es del todo accesible, sobre todo para las mujeres alejadas de centros urbanos con acceso a apenas un hospital cercano.
“Si en ese hospital el personal médico alega objeción de conciencia, el procedimiento no se concreta, es una barrera”, precisó Morgade.
Sostuvo que la llamada “batalla cultural” que enarbola el mandatario argentino oculta la intención de retrotraerlos a un Estado del siglo XIX donde el poder es del padre en lugar de la mujer, las relaciones sexuales coitales son con el propósito de la procreación y otras formas de familia son consideradas inmorales o ilegales.
La especialista remarcó que aún no se han derogado leyes vinculadas a la salud reproductiva o la educación sexual integral, pero que el riesgo es latente. Destacó la importancia de un movimiento feminista y político posicionado en su defensa. “Es una esperanza de que los vientos cambien en algún momento”, añadió.
No cambia nada
Ofelia, como pide que la llame, tiene 52 años y hace 30 se practicó un aborto en la ciudad de Lima. Tenía seis semanas de gestación. “Yo estudiaba en un instituto y tenía vida sexual, pero no era muy regular en el uso de métodos anticonceptivos. Cuando salí embarazada le dije a mi pareja que debíamos interrumpir. El aceptó”, recuerda en diálogo con IPS en su domicilio en Comas, municipio popular al norte de la capital.
Lo difícil fue encontrar un servicio seguro. “En el colegio una amiga se murió desangrada en su casa, se había ido a abortar a un lugar donde la dejaron muy mal. Yo tenía mucho miedo, pero más pánico me daba traer un hijo al mundo sin estar preparada, sin trabajo, sin haber logrado terminar mi carrera, iba a ser una mala vida para todos”, reflexionó.
Venciendo diversas barreras lograron que una enfermera, familiar de su pareja, hiciera el procedimiento.
“Ahora estoy casada, con dos hijas y una nieta, estoy por jubilarme, pero nada ha cambiado prácticamente. Si una jovencita sale embarazada contra su voluntad y va al hospital a solicitar una interrupción, seguro la denuncian, y si lo hace a escondidas en un lugar inseguro, se puede morir. Esa es la realidad en pleno siglo XXI”, deploró.
Meléndez, directora del Centro Flora Tristán, el retroceso en relación a los derechos de las mujeres se enmarca en la disputa global por el tipo de mundo que se desea instalar.
“Los valores de igualdad y no discriminación parecen caer porque el paradigma de derechos humanos es odioso para quienes desean el poder absoluto. Pero espero que este sea un ciclo corto de involución y que los movimientos sociales se fortalezcan y digan basta, hasta aquí”, manifestó.
Su esperanza tiene un fundamento: “Somos más quienes pensamos que no debemos retroceder, que aquellos que se callan ante esta situación”.
