4/23/2011

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Columna Amy Goodman.

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¿El México-gate de Obama?

m-exico_naarco_violencia_eeuu.jpg El contrabando de armas a través de la frontera para los cárteles de la droga mexicanos es supervisada por agentes gubernamentales de EE.UU

Resumen Latinoamericano/Foreign Policy in Focus - Una operación secreta para contrabandear armas a través de la frontera para los cárteles de la droga mexicanos -supervisada por agentes gubernamentales de EE.UU.- amenaza con convertirse en un gran escándalo para el gobierno de Obama.

La operación, denominada “Rápido y furioso”, se dirigió desde la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), en Phoenix, Arizona. ATF aprobó la compra de armas en armerías estadounidenses y rastreó la ruta de contrabando hasta la frontera mexicana. Según las informaciones, más de 2.500 armas de fuego se vendieron

a testaferros quienes luego entregaron las armas a contrabandistas bajo la nariz de la ATF.

Una vez cruzada la frontera, la oficina parece haber perdido el rastro de las armas. Cientos de AK-47 y de rifles Barrett de calibre 50 -favoritos de los cárteles de la droga en guerra- llegaron fácilmente a manos de algunas de las organizaciones criminales más implacables de México.

Gunwalking

En la jerga del tráfico de armas, cuando se habla de permitir a sabiendas que contrabandistas hagan su trabajo hablan de “gunwalking” (que se podría traducir como ‘pasear armas’ N. del. T.] Según denunciantes de la ATF, la oficina se quedó mirando sin hacer nada mientras los compradores adquirían hasta 20 armas de una vez y las entregaban rápidamente a contrabandistas en aparcamientos cercanos. Esperaban seguir el rastro de las armas hasta México y echar mano a un importante cártel.

En diciembre de 2010, armas “paseadas” se indentificaron como las que se habían utilizado cuando los cárteles de la droga asesinaron al agente de la Patrulla de Frontera Brian Terry. Un angustiado agente de la ATF tomó la decisión de denunciar la operación de gunwalking, después de que la oficina ignoró meses de quejas.

El agente John Dodson denunció la operación “Rápido y Furioso” en una entrevista con CBS News el 3 de marzo. A Dodson le preocupaba la operación desde mucho antes del asesinato de Terry. Cuando una gran cantidad de armas cruzó libremente la frontera a principios de 2010, notó con alarma, junto a otros agentes de la ATF, el aumento del crimen violento al sur de la frontera. Dice que informó a sus supervisores: “Mientras más armas compran nuestros sujetos, más violencia tiene lugar allí”.

Dodson informa de que su supervisor respondió: “Si vas a hacer una tortilla, tienes que romper algunos huevos”.

Incluso algunos de los dueños de las armerías se sintieron incómodos por la cantidad de armas que estaban vendiendo a clientes sospechosos, pero según se informa, les dijeron que continuaran la operación.

Poco después de la entrevista de Dodson, el director de la oficina de ATF en México, Darren Gil, dijo que CBS había comenzado a recibir informes inquietantes sobre una cantidad desacostumbradamente elevada de armas del área de Phoenix que aparecían en la violencia de los cárteles mexicanos. Cuando comenzó a hacer preguntas, Gil descubrió que a su equipo le habían bloqueado el acceso a ordenadores con información sobre “Rápido y Furioso”.

Gil interrogó a funcionarios en la central en EE.UU., quienes le dijeron que tenían órdenes directas del Departamento de Justicia y que no dijera nada al gobierno mexicano sobre el programa.

Gil renunció indignado en diciembre de 2010 después de ver “una incautación tras la otra, y otra más” de armas “paseadas” en escenas de crímenes violentos en México.

El Congreso interviene

A principios de 2011, el senador Charles Grassley (Republicano de Iowa) solicitó una información de la ATF. La oficina se la negó. El Congreso tiene que emitir ahora una orden de comparecer que ordene a la ATG que informe sobre el programa “Rápido y Furioso”.

Mientras tanto, funcionarios del gobierno de EE.UU. tratan de negar que hayan estado involucrados, sin confirmar realmente que la operación tuvo lugar. La secretaria de seguridad interior, Janet Napolitano, no desmintió las afirmaciones con respecto al programa, pero afirmó que ella supo de la operación sólo después del asesinato del agente Turner y que no tenía ninguna información sobre la participación de agentes de Aduana.

En una situación incómoda, el fiscal federal [Ministro de Justicia] Eric Holder asignó a un inspector general para que investigara. El presidente Obama defendió dos veces a Holder -en Univision y CNN- declarando que ni él ni Holder sabían de la operación.

La investigación llevará a una de dos conclusiones: ninguna de ellas positiva para el fiscal general. La primera es que Holder autorizó una operación que probablemente violó las leyes estadounidenses, mexicanas e internacionales y armó a peligrosos narcotraficantes.

La segunda es que el jefe del Departamento de Justicia dirige a personal delincuente que decidió no informar a su jefe sobre una operación que plantea importantes infracciones legales, éticas y diplomáticas.

Holder emitió recientemente un memorando a fiscales de la frontera sudoeste ordenándoles que no permitan el tráfico de armas a cárteles mexicanos. El memorando declara: “No debemos planear o realizar operaciones clandestinas que incluyan el cruce de armas por la frontera”. Lógicamente, un memorando que instruya a fiscales de la justicia para que no se involucren en gunwalking ilegal sería innecesario si no hubiera un precedente de una actividad contraria.

Algunos funcionarios de la ATF han justificado el programa afirmando que la operación podría llevar al procesamiento de individuos que se encuentran más arriba en la cadena de contrabando. La ATF publicó un comunicado de prensa el día de la entrevista de Dodson anunciando una decisión de “estudiar las actuales estrategias de la oficina en el tráfico de armas de fuego…”

Reacción mexicana

El presidente mexicano, Felipe Calderón, y su gabinete se han mostrado notablemente confiados con respecto a la posibilidad de que se hayan traficado armas al archienemigo con el apoyo de un gobierno extranjero. El portavoz de Seguridad Nacional, Alejandro Poire, se negó a aceptar que la operación haya existido y reservó su comentario hasta después de que se publiquen los resultados de la investigación estadounidense.

Calderón no parece dispuesto a arriesgarse a poner en peligro el apoyo político y financiero del gobierno de EE.UU. para su guerra contra la droga quejándose demasiado fuerte. Su estrategia contra los narcóticos ha sido fuertemente criticada en su país en los últimos meses debido a un gran aumento de la violencia y la corrupción.

Los miembros de la oposición en el Congreso mexicano, los medios y el público, han ordenado una investigación y han calificado la operación de violación del derecho internacional e incluso de acto de guerra. La indignación aumentó cuando William Brownfield, jefe Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado, elogió el programa ante la prensa mexicana y confirmó que “continúa”. El ex embajador en Colombia y antiguo propugnador de la guerra contra la droga, se burló de las críticas, y señaló que la cantidad de armas que se entregaron a “destinos no controlados” es “limitada”.

Pero para muchos legisladores y ciudadanos estadounidenses y mexicanos, el que se permita aunque sólo sea un arma en manos de los brutales cárteles es demasiado. El programa de gunwalking ha aumentado el escepticismo público hacia la “responsabilidad compartida” que Obama y Calderón han tratado de promover en numerosas declaraciones públicas, y ha alimentado las crecientes protestas populares en México que rechazan el modelo de la violenta guerra contra la droga para enfrentar el narcotráfico y el consumo ilícito.

¿Gran escándalo?

Con respuestas evasivas de las agencias gubernamentales, importantes implicaciones internacionales y persistentes preguntas sobre “quién sabía qué, y cuándo”, la operación “Rápido y Furioso” podría convertirse en un importante escándalo para el gobierno de Obama. Dependerá de la reacción del gobierno.

El gobierno de Obama enfrenta una difícil alternativa: u orquesta un encubrimiento, como parece estar haciendo la ATF, o abre el caso y acepta las consecuencias.

El caso de gunwalking pone a prueba la integridad del gobierno de Obama. Debilita aún más el apoyo a una estrategia fallida de la guerra contra la droga. El gobierno busca actualmente más millones de dólares para ayuda a la seguridad de México bajo la Iniciativa Mérida.

El mejor camino es investigar exhaustivamente la operación y castigar a los responsables, no importa a qué altura llegue la culpa. Es también hora de terminar con el apoyo a una guerra contra la droga que se hace más fuerte y violenta cada día que pasa.

Ley de Seguridad Nacional




Miguel Concha

Un grupo numeroso de organizaciones civiles de derechos humanos, nacionales e internacionales, prepara una carta abierta a los miembros de la Mesa Directiva, a los coordinadores de los partidos políticos en la Cámara de Diputados y a los presidentes de las comisiones de Gobernación, Justicia, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Derechos Humanos, pidiéndoles que la semana próxima no turnen al Pleno el predictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, sin antes al menos, como ordena el reglamento, discutirlo y aprobarlo en sus respectivas comisiones.

El asunto no es para menos, porque como lo ha venido informando ampliamente La Jornada, ese documento, supuestamente elaborado en dichas comisiones unidas, no se compagina con los estándares internacionales de derechos humanos en materia de seguridad interior; modifica sustancialmente la minuta que sobre la materia le envió el Senado a la Cámara de Diputados el 28 de abril del año pasado; excede la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la participación de las fuerzas armadas en el auxilio de las autoridades civiles; reglamenta su participación indefinida en labores de seguridad pública; desacata abiertamente y a posteriori las cuatro peticiones formales que desde el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha hecho al Estado mexicano, y cuya jurisdicción es obligatoria, para que elimine del fuero militar las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas en el ejercicio de sus funciones, y maneja una extraña concepción gradualista de paz, que no tiene nada que ver con el significado que sobre ella establecen los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos aprobados por México, ni los mecanismos de su observación y cumplimiento, a los que también se ha obligado el Estado mexicano. Para estos últimos, en efecto, la paz es interdependiente del cumplimiento integral e indivisible de los derechos humanos, del derecho al desarrollo y de la democracia.

No hay que olvidar tampoco que al cumplirse el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, afirmó en su documento: No tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo, y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos. Si no se promueven todas esas causas, ninguna de ellas podrá triunfar.

Para legalizar la injerencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad interior, que de acuerdo con la CIDH deben también corresponder a las autoridades civiles en un Estado democrático y de derecho, el documento de marras en cambio maneja una concepción belicista de paz, que más bien recuerda lo que Norberto Bobbio rechaza en su libro El problema de la guerra y las vías para la paz. Es decir, una concepción de la guerra como mal necesario, que se va deslizando a una concepción de la guerra como guerra justa, e incluso como guerra legítima y legal. Y todo ello sin haber reconocido en la Constitución el derecho explícito de la ciudadanía a la paz, y la obligación de garantizarla por parte del Estado, como ha sucedido ya en la mismísima Colombia, y sin tomar en cuenta las mínimas prevenciones que establecen los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, para proteger a los civiles en conflictos armados, no sólo entre Estados, sino también al interior de ellos.

Luego de muchas negociaciones, ocasionadas por las fuertes presiones políticas de personeros del Ejecutivo federal y de miembros del Ejército, el Senado estableció en el artículo 72 de su minuta, que en las tareas de auxilio de la fuerza armada permanente, las conductas que sus miembros realicen y pudieren ser constitutivas de delitos, y afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes, con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 133 constitucionales.

Ahora bien, el artículo 13 de la Constitución establece que cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil correspondiente, y el 133 que los tratados celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, son Ley Suprema, así, con mayúsculas, de la nación. Es más, la pasada reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada por el Congreso, y que ya circula para su aprobación en las legislaturas de los estados, confiere rango constitucional a los derechos humanos aprobados por México en tratados internacionales.

El impresentable predictamen que venimos comentando modifica la minuta del Senado y establece mañosamente que las conductas delictivas que llegasen a cometerse los servidores públicos de las instancias y demás autoridades participantes a una afectación de la seguridad nacional serán perseguidas y sancionadas de conformidad con las normas legales que los rigen, es decir, en nuevo desacato a las sentencias de la CIDH, el Código de Justicia Militar, el fuero castrense. En él se autoriza además a las fuerzas armadas para que puedan realizar intervención de comunicaciones, así como detención y mantenimiento de supuestos delincuentes sorprendidos in fraganti, en acuerdo con la PGR, que también así se militariza legalmente.

La responsabilidad del caos

Enrique Calderón Alzati

Mientras la cifra de muertos aumenta cada día, en una espiral de violencia que parece ser el único legado visible del actual gobierno, el descontento popular se hace evidente mezclado con sensaciones de inseguridad, hastío y necesidad de escapar del infierno en que nuestro país se ha estado convirtiendo. Ya no es Ciudad Juárez el punto de atención, preocupación y asombro, ni Sinaloa el escenario principal de las acciones del crimen organizado, la inseguridad y la violencia se han extendido a Monterrey, Acapulco, Morelia, Cuernavaca, Durango, Veracruz y decenas de ciudades y poblados más, transformando la vida de entidades completas, que quizás representan más de la mitad del territorio nacional, desde Chiapas en el sur y Quintana Roo en el oriente, hasta Tamaulipas en la frontera norte, pasando por Zacatecas y las regiones en estado de sitio, en las que para realizar las actividades cotidianas se deben tomar en cuenta los riesgos que cada una de ellas implica, haciendo necesario rodear zonas geográficas determinadas y evitar movimientos a horas que se saben peligrosas.

La gravedad del problema que vive el país se refleja en las declaraciones de funcionarios locales, que informan de la conveniencia de realizar viajes en las carreteras solo durante el día, sugiriendo la existencia de acuerdos que dejan el control de las mismas a grupos delictivos específicos durante las noches, a cambio de promesas de respeto durante el día, porque nada o muy poco se puede hacer contra ellos. Los oficios que circulan en las oficinas del gobierno federal instruyen en el mismo sentido a sus empleados y directivos como única forma posible de disminuir riesgos innecesarios; una especie de toque de queda negociado. La información se confirma al consultar diarios internacionales, a los que funcionarios estadunidenses declaran su preocupación sobre la incapacidad del gobierno mexicano para mantener el control de entidades completas, ante el avance de los cárteles del crimen organizado y la diversificaciones de sus acciones, que hoy incluyen secuestros, extorsión y venta de protección a comerciantes, empresarios y profesionistas.

Elemento central de esta guerra contra un enemigo sin rostro es el armamento de que estos grupos disponen y las fuentes de financiamiento que ellos utilizan, mientras ciudadanos y empresas son sometidas a controles rigurosos e incómodos, ejercidos por conducto del sistema bancario, el cual supuestamente impide o por lo menos restringe hoy la realización de operaciones en efectivo.

El reconocimiento de miembros de seguridad del gobierno estadunidense, en el sentido de que la venta de armas de alto poder, fabricadas en Estados Unidos, a las organizaciones criminales se ha realizado con el conocimiento y el permiso de ese gobierno, nos da una perspectiva de los intereses que están en juego, pero nos indica también para lo poco que sirve la vigilancia de nuestras fronteras por las oficinas de aduana y las unidades de guardia fronteriza, cuya existencia es pagada por los contribuyentes mexicanos. De la misma manera, la inutilidad del sistema financiero, o peor aún su colaboración con el crimen organizado, constituye un tema que debería ser investigado a la luz del crecimiento económico, político y operacional de esos grupos.

Hoy, nuestro país es señalado en el ámbito internacional, como un sitio del que es mejor estar lejos, un país incapaz de ofrecer seguridad a los turistas, viajeros y empresarios de otras naciones, como un territorio sin ley ni orden, donde ocurren crímenes horrendos, como el de San Fernando, en Tamaulipas, contra víctimas totalmente ajenas a la actividad delictiva y en la que su condición de migrantes los hace extraordinariamente vulnerables. Por todo esto, ser mexicanos parece llevarnos indefectiblemente a una realidad de la que estaremos avergonzados y marcados por mucho tiempo ante naciones que en otras épocas veían en México un ejemplo a seguir.

Frente a esta realidad inocultable, el discurso de Felipe Calderón y de sus colaboradores resulta ofensivo, trátese de triunfos imaginarios y victorias pírricas, de quejas por la falta de apoyo y comprensión de ciudadanos y autoridades locales a sus pretensiones de colaboración, o de desprecio a las víctimas confundidas con malhechores, sin tomarse la molestia de investigar siquiera de que personas se trata.

La antipatía por el gobierno actual no es nueva, para muchos surgió desde la desaseada elección de 2006 y la inclusión en el gabinete de hombres cuya honestidad y compromiso con el país y con sus leyes resultaba dudosa, por calificarla de algún modo. Luego de años de esperanzas frustradas y de promesas incumplidas, las muestras claras de que la impunidad y el desprecio por la justicia y la opinión pública eran parte del modus operandi del nuevo presidente, como réplica de sus antecesores, las posibilidades de éxito en cualquier acción contra el crimen organizado estaban destinadas al fracaso; ésta como cualquier otra lucha de dimensiones nacionales requiere de la presencia de un liderazgo fuerte, limpio, comprometido e incuestionable, nada de esto ha estado presente en estos años, cosa que ni el presidente ni ninguno de sus mediocres colaboradores entiende.

El desastre al que el país ha sido conducido es hoy del dominio público, la situación es caótica y atribuible sólo a quien tiene en sus manos el control total de los mecanismos de seguridad, los cuales se comprometió a dirigir para el bienestar de la nación, por ello resulta imposible pensar siquiera en proyectos para mejorar la educación, la economía, la competitividad, las condiciones de pobreza o la calidad de los servicios públicos; antes de pensar en todo ello debemos salir del agujero en que hemos sido metidos. Pero esto no podrá ser superado por el gobierno actual, por lo que su continuidad carece de sentido.

Las posibilidades de un cambio de esta naturaleza son desafortunadamente tan pequeñas como necesarias; para los diversos grupos de interés que hoy aprovechan el vacío de poder para incrementar sus utilidades esto no sería aceptable, el saqueo del país debe continuar con la complicidad de los funcionarios actuales por uno meses más, después ya verán qué hacer para establecer nuevas alianzas que les permitan continuar medrando en el sexenio siguiente.

Ante esta situación tan difícil, la convocatoria de Javier Sicilia y de diversas organizaciones, a participar en un movimiento social de carácter nacional, a partir de la primer semana de mayo, resulta de gran importancia, mis mejores deseos porque ello derive en una amplia movilización que señale al actual gobierno y a quienes pretender relevarlo, la necesidad inaplazable de conformar un proyecto de nación que permita superar el vacío y la desconfianza actuales.

En defensa de Gianni Proiettis




Elena Poniatowska

Resulta un lugar común afirmar que ser periodista en México es peligroso, pero la deportación del italiano Gianni Proiettis –después de 18 años de trabajo ininterrumpido en Chiapas–, comprueba que el gobierno mexicano elimina a sus críticos y pretende reducir el ejercicio de nuestro oficio al de amanuenses y lacayos.

Los periodistas críticos que se ocupan de los asuntos del país son mal vistos y, en la mayoría de los casos, rechazados y hasta expulsados. Desde 1994, muchos fueron satanizados por el régimen atemorizado por la popularidad del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional y de su portavoz el subcomandante Marcos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos define el derecho a la libertad de expresión en su artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Sin embargo, en México, este artículo es letra muerta.

Todas las organizaciones de Derechos Humanos han condenado el trato a los periodistas en nuestro país como uno de los peores del mundo. México es una de las naciones donde es más difícil ejercer el oficio: secuestrados, expulsados, asesinados, censurados, los periodistas corren mayores riesgos que en ningún otro lado al menos, claro está, de ser corresponsal de guerra.

La verdad, en estos momentos, cuando la persecución de narcotraficantes mata a los civiles, es fácil concluir que México está en guerra. K.S. Karol, de L’Express de Francia se asombraba ante la actitud de las autoridades mexicanas ante cualquier posibilidad de crítica y su absurda capacidad de venganza. Aceptar la crítica es uno de los puntales de un gobierno civilizado pero hasta la fecha, nuestros gobiernos han respondido con rabia a la más mínima denuncia.

Habría que recordar la saña de la Sociedad de Geografía y Estadística en contra de Oscar Lewis por su denuncia de la pobreza en su libro Los hijos de Sánchez en los años 60 o la muy reciente embestida en contra de Carmen Aristegui, sin olvidar a Lydia Cacho, quien evidenció con verdadero heroísmo el vínculo entre gobernadores y pervertidores de menores y sigue haciéndolo a riesgo de su vida.

Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura (...), dispone el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Si el gobierno de México, en vez de preocuparse por perseguir periodistas, los respetara y protegiera, otra sería la vida ciudadana en nuestro país. Si con la eficacia que se castiga a los periodistas y se les elimina, se combatiera al narcotráfico otro gallo nos cantaría, pero tal parece que el gobierno en su estrategia tiene otras prioridades y defiende intereses inconfesables.

El Estado mexicano es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prohíbe la censura y asegura la amplia protección al derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, después de haber sido secuestrado y amenazado con tirarlo a un desfiladero en Chiapas, a finales de 2010, al corresponsal de Il Manifesto, Gianni Proiettis, dos judiciales lo subieron a un avión sin más explicaciones y voló a Roma, su ciudad natal.

El 15 de abril, Gianni Proiettis se presentó a las 10:30 de la mañana en la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, porque según las autoridades se había vencido su forma migratoria FM2. Ese día lo trasladaron a la capital del estado y, en Tuxtla Gutiérrez, las autoridades lo subieron en una avioneta particular rumbo a la ciudad de México y a las siete de la noche a un avión de Aeroméxico con destino a Madrid, custodiado por dos agentes del INM. En Madrid lo detuvieron otras 24 horas y llegó a Roma el 17 de abril sin más ropa que la que traía puesta.

Visitar a Gianni y a Maribel Proiettis en San Cristóbal de las Casas era un verdadero deleite. Vivían en forma tranquila y sobria, cosechaban las verduras de su jardín y dormían en una cabaña de madera en el barrio de Cuxtitali, donde todos lo conocían y lo querían. Cultivaban sus hortalizas y servían una comida sana, de origen orgánico en los platos salidos del torno de pedal de Maribel, que ella misma había torneado.

Toda su vajilla la habían hecho ellos, bueno, la había diseñado Maribel y Gianni lo sabía todo de la cocción del barro y la duración en el horno para que las piezas no fueran a romperse. Ninguna vida más sencilla, más sana y más sin pretensiones que la de los Proiettis. Habían dejado atrás el mecanicismo de las grandes ciudades y poco les faltaba para tejer ellos mismos sus vestimentas. Gianni se veía muy bien con su sombrero de paja inclinado sobre las alcachofas y Maribel bajaba todos los días a la UACh (Universidad Autónoma de Chiapas) a dar sus clases y a diseñar con sus alumnos proyectos de desarrollo social para las comunidades más necesitadas del estado.

También maestro de la misma universidad, Gianni Proiettis se graduó Magna Cum Laude de la Universidad La Sapienza de Roma, Italia, posiblemente la universidad más tradicional y más reconocida de Italia. Diplomado por el Ministerio de Educación de Francia, impartía cursos de francés, inglés, italiano y técnicas de traducción. Hombre del Renacimiento, solía escribir artículos, reportajes y entrevistas como la que le hizo a Lula en Brasil. Fue el primer periodista en entrevistar al subcomandante Marcos para l’Unità, en enero de 1994.

En la UACh, Proiettis enseña desde 1993. Especializado en antropología con un diplomado en el pasado y presente de los mayas, su historia y su religión, Proiettis ha enseñado Historia de la religión, Estado y sociedad, técnicas lingüísticas y etnográficas, así como cursos intensivos de inglés para promotores turísticos de habla tzotzil.

Sus alumnos, que provienen en su gran mayoría de comunidades marginadas de Chiapas y han acumulado graves rezagos educativos lo quieren y una de ellas le escribió a su mujer:

Profesora Maribel, me uno a la voz de todos mis compañeros y compañeras ante tal injusticia perpetrada contra nuestro querido Gianni. Si en determinado momento se necesitan voces y corazones para manifestarse, cuente conmigo. Me comunicaré con otros compañeros, Adriana.

Cuatro estaciones


Foro de la Cineteca
Carlos Bonfil

Capturar en las incesantes transmutaciones de la naturaleza animal, vegetal y mineral algo del ritmo cotidiano de una comunidad en la Calabria meridional, es no sólo una apuesta temeraria, sino evocación poética propia más de la literatura que del cine; Michelangelo Frammartino la cumple en la pantalla con absoluta libertad expresiva. Cuatro estaciones (Le quattro volte) refiere en episodios sin palabras –apenas lo indispensable, acaso el todo acompañado sólo del rumor de la naturaleza– la experiencia de un anciano salido de las páginas de Cesare Pavese o de Vasco Pratolini, una vida observada en su rutina diaria, en la que se advierten las inclemencias de la edad, el asomo de los achaques, y la varia improvisación de remedios que buscan mitigar los desgastes físicos. La tierra anticipando el regreso del cuerpo humano a la tierra misma; la tierra transformada en montaña poderosa sobre la que reposa todo un poblado primitivo. La tierra, una vez más, territorio de pastores que conducen sus rebaños de cabras, y de cuya rutina el cineasta rescata alguna anécdota graciosa, el nacimiento de un cabrito, sus primeros pasos vacilantes, su incorporación azarosa al rebaño, y su extravío final en la soledad de un paisaje interminable. De esto habla Cuatro estaciones tan sólo en su primera parte.

Los trabajos y los días. La cinta de Frammartino no es propiamente hablando un documental ni tampoco una obra de ficción, sino un híbrido extraño, a la vez muy familiar, que toma el pulso de una vida colectiva anterior a la modernidad, desentendida de todo conflicto social y atenta a las tareas de la diaria supervivencia. El registro tiene toques humorísticos, como la tozudez de un perro que interrumpe todo el tiempo una procesión de centuriones romanos en su camino al Gólgota, escenificación ritual del vía crucis en un pueblo que combina devoción y desenfado. El trabajo de los leñadores concluye en una festividad más, el traslado hasta la plaza del pueblo de un gigantesco tronco tallado que, lleno de presentes en su parte más elevada, será finalmente derribado para alborozo de la gente. La escena bucólica parece provenir de una cinta de los hermanos Taviani (Kaos, 1984) o de El árbol de los zuecos (1978), de Ermanno Olmi. Un espectador urbano no conecta esta celebración de la naturaleza con nada de lo que le es familiar y reconocible; uno impaciente cierra los ojos abrumado. La visión poética de Frammartino restituye al cine moderno algo de un paraíso perdido: la complejidad transformada en sencillez para deleite de nuevos espectadores.

REDD, la brecha lacandona y nuevas formas de despojo




Silvia Ribeiro *

Basados en un acuerdo entre los gobiernos de Chiapas y de California, con la colaboración de instituciones como El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y trasnacionales conservacionistas, avanzan en Chiapas los proyectos llamados REDD, que significan la privatización del aire de los bosques, despojando a las comunidades que los habitan de su derecho al territorio.

Para definir lo que se puede vender en indulgencias de carbono al gobierno de California y a las empresas contaminantes que lo sostienen, la administración chiapaneca intenta, como otras anteriores desde hace décadas, abrir una brecha en la Selva Lacandona que delimite la zona a comercializar, renovando agresiones y despojos a las comunidades indígenas. En marzo de 2011, funcionarios del gobierno estatal dijeron a la organización Justicia Ecológica Global (www.globaljusticeecology.org) que sólo les falta unir la brecha en la zona de las cañadas, donde hay comunidades zapatistas.

Justamente, el intento de demarcación en la zona lacandona hace cuatro décadas, a favor de uno de los siete pueblos indígenas que la habitan fue lo que motivó la creación de una unión de todos los otros pueblos de la región contra la brecha lacandona, resistencia entretejida con el origen del EZLN.

En 1971, el gobierno concedió 614 mil 321 hectáreas de selva a 66 comuneros lacandones (que no es su nombre original, ni son pobladores originarios de esa región), exacerbando el caos de sobreposición de títulos de tierra que ya existía en la región. Nunca se marcaron los linderos (la resistencia a la brecha lo impidió), pero desde entonces los lacandones son quienes firman el consentimiento a proyectos y contratos que les presenta el gobierno, sean madereros, turísticos o como ahora, REDD. Las otras comunidades fueron desplazadas o viven bajo amenaza permanente.

REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación evitada de bosques) es supuestamente un programa para evitar la emisión de gases con efecto invernadero provocados por la deforestación, pagando con bonos de carbono a las compañías para que deforesten un poco menos. O a las comunidades, para que técnicos foráneos certificados les hagan un plan de manejo, que en la práctica significa que no pueden usar el bosque y pierden autonomía sobre el territorio.

Para las empresas es un tremendo negocio, porque pueden seguir contaminando y además revender parte de los bonos a un precio mayor a otras empresas. O sea, no les cuesta nada y burlan las leyes ambientales. El 7 de abril 2011, Greenpeace Internacional publicó el informe Bad influence denunciando cómo la consultora internacional McKinsey –que tiene larga historia de asesorar privatizaciones y ahora asesora a países que quieren conseguir dinero de REDD–, había hecho una base de cálculos falseados para los gobiernos de Guyana y Congo, para mostrar una perspectiva de deforestación futura mucho mayor que la real. De ese modo, podrían incluso aumentar la deforestación y además cobrar REDD, alegando que con ello deforestan menos de lo proyectado.

En el caso del pago a comunidades, en México hay ejemplos concretos del despojo que pueden producir estos esquemas, ya que los pagos por servicios ambientales forestales se basan en mecanismos parecidos. Con la excusa de pagarle una modesta suma a las comunidades para cuidar el bosque, en realidad se les despoja del manejo del territorio. En Oaxaca, hay casos donde al término del contrato de pago por servicios ambientales (cinco años), el gobierno decretó sus territorios áreas naturales protegidas o áreas prioritarias para servicios ambientales, extendiendo por 30 años los contratos, contra la voluntad de la comunidad. No pudiendo usar su bosque, que es el sustento de sus medios tradicionales de vida, tienen que irse para sobrevivir, aunque siguen teniendo los títulos de propiedad.

Es parte de lo que se pretende hacer en las selvas y bosques de Chiapas: vender a trasnacionales el carbono que absorben los bosques y para dar garantías a este negocio, desalojar a las comunidades del bosque, idealmente desplazándolas para engrosar otro negocio del gobierno: las llamadas ciudades rurales sustentables. Ya desplazados y desarraigados, sin servicios ni medios de vida, la generosa oferta del gobierno de Chiapas es que sean peones en las plantaciones para biocombustibles.

Los proyectos REDD en México no están formalmente definidos como tales, pero el gobernador Juan Sabines ya comenzó a pagar a selectos comuneros para mostrar su voluntad de crear una buena base para los negocios de las trasnacionales californianas, con recursos públicos. Necesita además cumplir con requisitos técnicos, como crear una línea base de cobertura vegetal y una proyección de cambios futuros en el uso de suelo y la biomasa, para luego poder decir que hubo menos deforestación, o por la razón que sea, que se absorbe carbono. En esas maniobras le asisten instituciones como Ecosur y el Colegio de Posgraduados, además de un comité REDD+ nacional, donde está Conafor, Conabio, Semarnat y otros entes del gobierno federal, con comerciantes de carbono y organizaciones conservacionistas que promueven negocios con la biodiversidad.

Para definir la capacidad de retención de carbono, se están usando tecnologías satelitales combinadas con fotografías hiperespectrales y monitoreo directo de algunas zonas (para lo cual ya están entrenando comuneros). Se obtienen así resultados muy definidos, no sólo de fauna y flora sino también de los humanos que están allí, lo cual es toda una base para vigilar a comunidades y además, para la biopiratería de última generación.

*Investigadora del Grupo ETC

La "toma de nota", en manos de la Suprema Corte




Arturo Alcalde Justiniani

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomará pronto una decisión trascendental para el futuro de la libertad sindical en nuestro país, decidirá el alcance de la toma de nota, odioso mecanismo de control, resabio del corporativismo mexicano mediante el cual los gobiernos tanto del ámbito federal como local condicionan la personalidad jurídica de los gremios por medio del registro y la elección periódica de sus directivas.

Uno de los capítulos del conflicto entre el sindicato minero y empresarios del sector, especialmente el Grupo México, generó una controversia jurídica sobre la elección de su directiva, incluyendo su secretario general, quien fue relecto en mayo de 2008. Si no hubiera existido oposición empresarial, el tema no hubiera llegado a mayores; sin embargo, los patrones desplegaron todos sus recursos para lograr que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) negara la toma de nota, alegando que su líder, Napoleón Gómez Urrutia, no cumplía con el requisito estatutario de haber sido trabajador en los cinco años anteriores a la elección.

La causal de negativa carece de sustento, por la simple razón de tratarse de una relección. Desde 2001 se desempeñó como dirigente, habiendo cumplido en ese tiempo, a juicio de la misma STPS, los requisitos estatutarios; pero siguiendo la línea de una justicia selectiva, la dependencia impuso criterios discrecionales y promovió investigaciones oficiosas. En contraste a la política seguida con los dirigentes sindicales bien portados, negó el registro de la directiva al sindicato minero.

Sería ingenuo analizar este caso desligado de la estrategia de acoso implementado contra el sindicato minero, que ha provocado violencia, muertes, daños incalculables a los trabajadores y un gran desprestigio al gobierno por la forma tan burda en que ha actuado al servicio del sector empresarial. Basta recordar la toma de nota sustentada en documentos falsos en favor de Elías Morales en el año 2006 para acreditar la amañada conducta de la autoridad laboral.

Después de un largo litigio, la disputa sobre la toma de nota fue atraída por la SCJN al considerar que se trataba de un caso de particular importancia que impone la necesidad de fijar criterios futuros, más allá del caso concreto. La Corte señala que al tomar su decisión analizará básicamente dos aspectos; primero, determinar si la Dirección de Registro de Asociaciones (de la STPS) al emitir resoluciones sobre la toma de nota de la dirigencia sindical, está facultada para interpretar los estatutos sindicales en detrimento de la autonomía sindical o, si ésta corresponde al propio sindicato, por conducto de sus autoridades internas; segundo, si la reforma de los estatutos sindicales toma vigencia a partir de la toma de nota de acuerdos del sindicato o hasta la fecha en que la autoridad administrativa toma conocimiento de tales reformas estatutarias.

A la luz de nuestra Carta Magna, del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la ley, las respuestas parecen bastante obvias. Corresponde a los trabajadores, y sólo a ellos, interpretar sus estatutos en ejercicio de su autonomía y las reformas estatutarias inician su vigor desde que el sindicato las asume. Está ampliamente explorado que la autoridad no tiene un carácter constitutivo, sólo declarativo de los actos autónomos del sindicato; por eso, se llama toma de nota.

La ausencia de democracia gremial y contratación colectiva auténtica en nuestro país, deviene en buena medida de controles que el Estado y empresarios ejercen sobre las organizaciones: uno de sus instrumentos privilegiados es precisamente la toma de nota. Esta figura ha sido duramente criticada por la doctrina mexicana y particularmente por diversos organismos internacionales; en la reciente queja del caso 2694 presentada ante la OIT, en Ginebra, Suiza, por la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), en contra del modelo laboral mexicano, que generó una recomendación de gran importancia se señala: La manipulación de la toma de nota es un mecanismo que limita el ejercicio del derecho de asociación de los trabajadores mexicanos y está plenamente documentado en las recomendaciones emitidas por la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) y el propio Comité de Libertad Sindical en los casos que se han sometido a su revisión, lo que demuestra que no es un caso aislado o limitado a un periodo en particular, sino a un patrón de conducta del gobierno mexicano.

La SCJN ha tomado en el pasado decisiones notables en materia de libertad sindical. A favor destacan las jurisprudencia 43/99 en materia de pluralidad sindical, la 150/08 relativa al voto secreto en los recuentos, la 185/07 en relación con el derecho de los sindicatos gremiales a intervenir en la fijación de sus condiciones de trabajo, así como las tesis que han declarado la inconstitucionalidad de la cláusula de exclusión. Otras decisiones limitan el ejercicio de este derecho humano, es el caso de las jurisprudencias 56/04 en materia de registro sindical y la 86/2000 relativa a las facultades de las autoridades registradoras respecto a los procesos electorales y de administración interna sindical.

Nuestro máximo tribunal debe considerar, al decidir el futuro de la toma de nota, las normas internacionales creadas para la defensa y protección del derecho de asociación; así lo prevé nuestra Carta Magna en su artículo 133, porque constituye una exigencia democrática, una obligación frente a los compromisos contraídos y un elemento de congruencia con la participación de nuestro país en el seno de la OIT.

Saludamos los trabajos del Tribunal Internacional de Libertad Sindical que sesionará el próximo 29 de abril en la ciudad de México.

El hoy de nuestra América Latina.....


La Prensa Latina
OTAN bombardea Trípoli y Ejercito libio podría dejar Misratah
23 de abril de 2011, 05:55Trípoli, 23 abr (PL) Al menos tres personas murieron hoy a causa de bombardeos de la OTAN contra esta capital, respondidos por baterías antiaéreas del Ejército libio, que al mismo tiempo parece dispuesto a replegarse de la occidental Misratah.

Monitoreadas zonas de riesgo en Sur del Lago venezolano
Refuta Correa razones de exportadores para despedir trabajadores
Renuncia de ministra y causa mapuche marcan semana chilena
Tregua política, vacaciones y recogimiento marcan semana salvadoreña
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Encantos de mi conuco
Héctor Luis Prieto, el más joven de los llamados Hombres Habano, acoge en su vega a niños de escuelas cercanas a su casa junto a la orilla del río San Sebastián, quienes reciben nociones de agronomía, clases de canto y artes plásticas.
Guerra y educación tampoco riman
21 de abril de 2011, 06:20Por Marta Gómez Ferrals (Prensa Latina)*Las guerras, llámense conflictos armados o intervenciones foráneas, no sólo laceran el presente de muchas de las naciones más pobres del planeta, también arruinan su futuro al impedir la escolarización de millones de niños.
Tierra: !peligro!
23 de abril de 2011, 00:06Por Deisy Francis MexidorLa Habana, 23 abr (PL) El Día de la Tierra se celebró a nivel internacional en medio de los graves peligros que amenazan al mundo y ponen en riesgo de desaparecer a la especie humana.

Evalúa primer vicepresidente cubano programas de desarrollo
22 de abril de 2011, 20:35La Habana, 23 abr (PL) El primer vicepresidente cubano, José Ramón Machado Ventura, evaluó programas de desarrollo económico y social en la centro sureña provincia de Cienfuegos, donde también visitó instituciones sanitarias y científicas.
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23 de abril de 2011, 00:19Por Masiel Fernández BolañosLa Paz, 23 abr (PL) La firma de un acuerdo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) para poner fin a los conflictos por demandas salariales sobresalió en en Bolivia durante la semana que concluye hoy.
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Portugal: para salir de la crisis
Boaventura de Sousa Santos
Un alegato que revela la naturaleza de la guerra y de las fuerzas en contienda

Los periodistas pal cafe......




Qué hacer con el futuro de la nación, como cínicamente los califica la inoperante clase política? ¿Qué hacer con los millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los ninis, para quienes la única respuesta del régimen ha sido la minimización del problema (sólo suman 285 mil, según Gobernación y Educación Pública) y los discursos? Más de 7 millones (y contando) de jóvenes en el país se encuentran en tan precaria situación y las alternativas para ellos van de la militarización (César Duarte, gobernador de Chihuahua) a la justificación ramplona (su existencia no es culpa del gobierno federal ni de la SEP, sino de las autoridades laborales que no han creado espacios de trabajo, como asegura Alonso Lujambio, en pos de la candidatura panista).
El universo de ninis en el país representa cerca de 20 por ciento de la población económicamente activa, pero tal circunstancia apenas le empieza a causar preocupación al gobierno mexicano, pues algunos de esos jóvenes que ni estudian ni trabajan pueden ser presa del crimen organizado (Javier Lozano Alarcón, el veloz secretario del Trabajo, quien también quiere la candidatura blanquiazul para 2012). Otros calificativos: Felipe Calderón los acusó de herejes (los ninis están como están, porque no creen en Dios); las secretarías de Gobernación y de Educación Pública (con Fernando Gómez Mont y Alonso Lujambio a la cabeza) negaron rotundamente la existencia de 7 millones de ellos (no exageren: sólo son 285 mil); Heriberto Félix Guerra, titular de la Sedeso, los consideró esquezofrénicos por echarle la culpa a los demás). De esa altura es la relevancia que tiene el futuro de la nación para los autodenominados gobernantes.
Mientras la clase política dedica tiempo, esfuerzo y creatividad para encontrar más pretextos, nunca soluciones, el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM analiza el panorama del futuro de la nación (La situación de los jóvenes en México: la informalidad como destino) que tantas ronchas provoca en los autodenominados gobernantes.
En la Encuesta Nacional de la Juventud 2005 el gobierno mexicano reconoció que en el país 22.1 por ciento de los jóvenes no estudiaban ni trabajaban, lo que significó 7 millones de mexicanos. Cinco años después, la misma (autodenominada) autoridad solamente reconoció a 285 mil jóvenes en tal situación. Al analizar los datos de desempleo juvenil en el periodo 2005-2010 queda una duda. Si se incrementó la tasa de desempleo a nivel nacional, ¿cómo es que se redujo el número de jóvenes que no trabajan y no estudian?
El número de jóvenes que migra por falta de oportunidades de empleo, de acuerdo con la ANUIES, llega a 8 por ciento tan sólo de los profesionistas jóvenes, sin considerar a los que no terminan su educación para buscar trabajo fuera del país (lo que no significa que lo encuentren, sean profesionistas o no). A lo anterior hay que sumar a la población indígena, que sigue siendo la más marginada en los indicadores sociales, incluido el educativo, según se desprende de las cifras oficiales. El grueso de la población indígena joven (62.6 por ciento) tiene un nivel de secundaria incompleta. En otras palabras, más de la mitad de los jóvenes indígenas no tiene oportunidad de terminar la educación básica.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009, el 91.8 por ciento de la población indígena menor de 15 años asiste a la escuela, pero solamente lo hace 28.3 por ciento del grupo de entre 15 a 24 años de edad. En agosto de 2010, el Consejo Nacional de Población advirtió que 4.3 por ciento de la población indígena joven no contaba con ningún nivel de escolaridad, 11.7 por ciento tenía primaria incompleta, 21.3 por ciento primaria completa y 62.6 por ciento secundaria incompleta.
Con respecto a los datos laborales disponibles y con los propios datos del Conapo, que claro que mientras 67.5 por ciento de los varones jóvenes se dedican a trabajar, 32.5 por ciento no lo hacen, las mujeres se ocupan mayormente en labores domésticas (50 por ciento). Una quinta parte de la población indígena entre 15 y 24 años estudia, guardando proporciones similares entre ambos sexos (22.9 por ciento hombres, 21.5 por ciento mujeres) y el resto no trabaja ni estudia (9.3 por ciento de los varones y 5.1 por ciento de las mujeres).
Lo anterior significa que 578 mil 678 jóvenes indígenas no estudian ni trabajan por las condiciones de desigualdad en el país, cifra que duplica lo reconocido por las propias autoridades gubernamentales de 285 mil jóvenes a nivel nacional, lo que es totalmente inconsistente. Ser joven y no tener trabajo y paga bien remunerada es el color que pinta la clase política como futuro para los jóvenes, pero un dato muestra el tamaño del despojo del trabajo para los jóvenes: por la falta de empleos formales y con buena paga, se encuentran en la economía informal 25.7 millones de personas, dato reconocido por el Inegi. Una cuarta parte de ellos son jóvenes. Lo anterior muestra no sólo el desprecio que el sistema político mexicano tiene por los jóvenes, sino cómo para la clase política, el gobierno federal y los partidos políticos ser joven no es más que ser un número para la estadística, y una presa más de la informalidad, sin derechos laborales.
Los jóvenes son promovidos como un gran ejército de posibles trabajadores para las trasnacionales y las empresas que contratan sin derechos laborales de ley. Muestra de lo anterior es lo que hacen las llamadas organizaciones sociales del PRD, PRI y PAN en las colonias populares de Jalisco, estado de México, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sonora, Guerrero, Veracruz y Distrito Federal, donde ya no son organizaciones sociales, ahora son organizaciones que funcionan como nuevos enganchadores o subcontratistas de jóvenes, amas de casa, ancianos y en algunos casos de menores de edad, para contratarlos en las peores condiciones laborales en las empresas de los llamados corredores tecnológicos, sin posibilidades de un trabajo digno y un salario bien remunerado.
He allí el futuro de la nación.
Las rebanadas del pastel
¿A dónde van a parar nuestros impuestos? Pues bien, más allá de canalizarse a los gustos y pasiones de Calderón (mundial de futbol, Vaticano, etcétera) y su séquito, se destinan a fortalecer la salud financiera de las trasnacionales: en 2010 la Comisión Federal de Electricidad pagó 15 mil millones de dólares a extranjeros por electricidad; Unión Fenosa, Iberdrola, Gas Natural, Intergen y TransAlta, beneficiarias de los compromisos; se firmaron 22 contratos por 25 años cada uno para comprar energía a empresas privadas; CFE compró caro y vendió barato el gas para la operación de centrales privadas (La Jornada, Israel Rodríguez). El paraíso, pues.
cfvmexico_sa@hotmail.comhttp://twitter.com/cafevega


Este año celebraremos el día del niño sin olvidar poner moños negros en nuestra puerta: por los 49 nenes muertos trágicamente en la guardería ABC de Hermosillo, a causa de corrupción de mafias de gobierno y negocios sin escrúpulos de familiares y amigos de Calderón y esposa. Por el niño Martí, por el joven Sicilia y por los miles de menores y jóvenes, cuyos apellidos desconocemos, pero que bien sabemos han perdido la vida en la absurda, inútil, guerra de Calderón contra los narcos.
La infancia no siempre es época de risas y juego; también de experiencias de dolor, a veces absolutamente trágicas, que singularizan el destino del individuo.
Mas hay también una experiencia colectiva, ya que cada generación de niños recibe el impacto del mundo cultural que habita, que los define según sus expectativas o su falta de ellas sobre la niñez, en cada tiempo histórico (ver Philippe Ariés, Siglos de infancia). De modo que si no asignamos un valor a los menores, difícilmente tendrán los cuidados y oportunidades que requieren para crecer y ser.
Los países europeos saben muy bien cuánto valen los niños. Lo aprendieron en las posguerras y volcaron su humanismo en sus huérfanos, su cultura y sus recursos económicos. Así la infancia fue ¡descubierta! como oportunidad y riqueza y en buena medida eso los hizo países desarrollados. Pensar en el desarrollo económico sin planes de desarrollo humano y postergando la preocupación por la infancia sólo lleva a la concentración de la riqueza y a la reproducción de la pobreza, en cada generación. Infancia es destino social y político.
Hace dos semanas camino por las hermosas calles de Madrid y por más que busco no me he topado con un solo niño de la calle. Eso me gusta y me duele: veo que en España, como en toda Europa, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños ha sido respetada, pues hace 20 años los niños de la calle abundaban por aquí.
Ellos, como fenómeno extendido en el mundo, son producto directo del neoliberalismo, que se inició a principios de los años 80. En el mundo pobre, en nuestra América Latina, el neoliberalismo ha sido una guerra contra los pobres.
Nuestros niños pobres son, hasta cierto punto, huérfanos de guerra y de estados nacionales, los cuales se han desentendido de su papel humano y social. No son seres abandonados, sino los niños héroes de las familias abandonadas; son expresión de una segunda colonización de los fuertes y sus modelos económicos. La infancia callejera es el actual grito de dolor de Latinoamérica.
derechosinfancia89@gmail.com

Javier Hernández Chelico: En el Chopo
Tres músicos, con propuestas sonoras/letrísticas diferentes, estrenan disco. Rod Levario echa mano de sus amistades rocanroñeras para grabar Antología, producción en la que participan varios de sus cuates: Álex Lora, El Guadaña, El Haragán, Toño Lira, Lalo Tex y Charly Monttana; cada uno acompaña con sus aguardentosas y roqueras voces a Rod en una canción específica, hecha casi a la onda de cada invitado. En total, son 10 rolas cantadas a dúo con alta energía roquera. Por su parte, Armando Palomas presenta el disco Canciones en sepia; entre los nueve cortes destaca Bolero pelón, dedicado a Sergio García y a Misha, quienes fueron parte importante en la carrera del autor de la Canción pendeja. Las ocho piezas restantes son al más puro estilo de Palomas: diversidad de ritmos (en este cedé faltó un rocanrolito) y letras que son relatos de amoríos, desgracias, vicios y cuadros eróticos. También empezó a circular Omasik-Mestli Luna llena, selección extraída de la trilogía editada en la última década del siglo XX por Humberto Álvarez, quien eligió los temas más cercanos, en sonoridades, a la cosmovisión indígena del México prehispánico. Su carácter shamánico está inspirado en los cultos lunares antiguos y tiene un sentir introspectivo y espiritual, se lee en el cuadernillo de este cedé de colección, donde también se escuchan las prístinas voces de Betsy y Eugenia León. Estas tres producciones demuestran el eclecticismo creado alrededor del rock mexicano. También revela la importancia del Tianguis del Chopo como escaparate y distribuidor entre la banda de este material. Por supuesto, en varios puestos del Tianguis se encuentra a la venta esta tripleta de cedés.

El Correo Ilustrado
Señala problemas viales en pueblos de Xochimilco
El Ejército de Salvación acusa de intolerancia religiosa. La oposición a la obra del Ejército de Salvación no es porque sean evangélicos, sino porque construcciones de esta naturaleza y magnitudes atentan contra el entorno natural, cultura y tradiciones del pueblo de Santiago Tepalcatlalpan, pueblo originario de Xochimilco en el que a pesar de todo subsisten actividades agropecuarias y comercio tradicional del que viven muchos de los adultos mayores del lugar. Las autoridades de la ciudad y delegacionales, para dar permiso de construcción para esta o cualquier otra obra de plaza comercial, o desarrollo habitacional, tienen que considerar el impacto cultural, ambiental y vehicular. La carretera Xochimilco-San Pablo es el único acceso al pueblo y a otros tantos que están más adelante –como San Lucas, San Mateo o Santa Inés–, vialidad de por sí ya insuficiente; con cualquier otro asentamiento se corre el riesgo de un colapso. En las horas pico, entre 6 y 9 de la mañana, de Santiago a Huipulco mínimo se hace una hora; muchos de los que salen a trabajar a otros rumbos, o lo hacen antes de las 6 de la mañana, o tienen que gastar hasta más de dos horas y media de recorrido. Esa es la calidad de vida que nos merecemos.
Continuar


Uno de mis hijos me preguntó un día, angustiado, por qué no creía yo en dios. No recuerdo haber dicho alguna vez algo así como Yo no creo en dios; pero en algún momento él iba a llegar a esa conclusión dada mi distancia de los rituales eclesiásticos. Mi hijo no me hacía un reproche sino una pregunta tan existencial como muchas de las que hacen los niños.
A tan difícil pregunta, a la que yo debía encontrar una respuesta para un niño de ocho años, pude, no sin igual dificultad, hallar una de feliz efecto para ambos: Tú ya no crees en Santa Claus, ¿o sí?, le dije. No, me respondió contundente. ¿Y por qué ya no crees en Santa Claus?, continué. Ah, porque ya sé que son ustedes (es decir su mamá y yo). En su respuesta estaba la mía: Es igual: cuando yo tenía tu edad y hasta más grande, creía en dios; pero luego crecí. Saber o conocer es crecer, que fue lo que sucedió con Adán y Eva, según el relato bíblico. En fin, satisfechos, mi hijo y yo proseguimos con los siguientes movimientos antes de partir hacia su escuela.


La maldita vecindad es un conocido grupo de rock. También un funesto accidente geográfico: la frontera con Estados Unidos. Ésta (actualmente de 3 mil 185 kilómetros o mil 951 millas) ha sido desde el inicio de nuestra vida independiente una fatalidad. Si tratamos de traducir este infortunio en un simple guarismo, éste sería el número 23, es decir, el resultado de la suma de los 4 Jinetes del Apocalipsis, más los 9 círculos del infierno de Alighieri, más las 10 plagas de Egipto. Imagine todos estos condimentos regurgitando en el mismo perol. A los chefs, a los alquimistas de estos brebajes, de estas pócimas que hemos venido bebiendo desde hace dos siglos, se les los conoce como, excelentísimos señores embajadores.Continuar


Todo dictador sabe que, cuando empieza a hacer concesiones, está en su punto más vulnerable. Es una tortura exquisita para un régimen en el poder. Con cada gesto, cada liberación de presos políticos, cada concesión… las multitudes exigen más. Este viernes fue el presidente Bashar Assad de Siria quien estuvo bajo esa tortura.Continuar


Durante los últimos 50 años, la política de Estados Unidos en Medio Oriente se ha construido en torno de sus muy cercanos lazos con tres países: Israel, Arabia Saudita y Pakistán. En 2011, mantiene diferencias con los tres, de maneras muy fundamentales. Tiene también discordias públicas con Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, China y Brasil acerca de sus actuales políticas en la región. Parece que casi nadie concuerda con Estados Unidos ni sigue su línea. Uno puede oír la agónica frustración del presidente, la del Departamento de Estado, la del Pentágono y la CIA, todos los cuales ven que la situación deriva y se sale de control.Continuar


Basados en un acuerdo entre los gobiernos de Chiapas y de California, con la colaboración de instituciones como El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y trasnacionales conservacionistas, avanzan en Chiapas los proyectos llamados REDD, que significan la privatización del aire de los bosques, despojando a las comunidades que los habitan de su derecho al territorio.Continuar


Vivimos en un ambiente tan zafio, mezquino y mediocre, que no sólo somos una nación expulsora de mano de obra barata sino también, porque lo cultural no es ajeno a esas características, de pensadores y creadores de todo tipo.Continuar


Porfirio Muñoz Ledo
Equilibrio de poder

Cinco días de intensos debates en Panamá con motivo de la 124 Asamblea de la Unión Interparlamentaria que, fundada en 1889, ostenta el decanato de las organizaciones internacionales. Como en todas las concentraciones diversas y tumultuosas cada asistente persigue el hilo de sus propias preocupaciones o el ámbito de sus personales escapes. Para mí es un reencuentro remozado con la universalidad de las Naciones Unidas y un vehículo para indagar el estado de la política en las distintas regiones y el papel específico de los Congresos en la toma de decisiones.
También para dialogar con la dirigencia del país huésped y restaurar relaciones de lucha y amistad. Mexicanos y panameños sostuvimos vínculos estrechos durante el proceso de recuperación del canal y el empeño de pacificación de Centroamérica que dio origen al grupo Contadora. La comunidad de propósitos permanece intacta pero la situación ha cambiado radicalmente. Nuestros ideales compartidos militan hoy en la oposición. Ellos también han sido víctimas de la guerra sucia y el descrédito, manipulados desde el vértice de una acumulación salvaje de capital. Saben como nosotros que la victoria de los progresistas es indispensable para la salvación nacional.
Me correspondió rendir el informe sobre la reunión parlamentaria que celebramos en Cancún sobre cambio climático, paralela a la COP16. Sostener igualmente conversaciones con la delegación sudafricana quien tiene semejante encomienda para este año. Las opiniones que expresamos se relacionan con el papel real de los parlamentos en las negociaciones internacionales.
Expliqué que en México hemos planteado una reforma constitucional para reforzar la participación del Congreso y de la sociedad en los procesos de suscripción de tratados, que incluye la autorización previa, el seguimiento puntual y la vía del referendo.
Los parlamentarios debiésemos alejarnos del acompañamiento subordinado a las delegaciones gubernamentales. Ejercer nuestras atribuciones con mayor autonomía, en el campo de nuestras propias potestades y en contacto cercano con las organizaciones civiles. Asumir en plenitud nuestros deberes legislativos y poner en marcha los contrapesos políticos a nuestro alcance. Nuestras agendas no pueden ser las mismas que aquellas a las que han sido confinados los gobiernos por el imperio de los intereses reales. De otro modo quedaríamos condenados a ser marionetas de segunda fila.
Los problemas que determinan la erosión del planeta se hallan fuera del dominio de la Conferencia especializada. Ahí se han dejado, de modo remanente, cuestiones significativas pero que se limitan a la mitigación y adaptación de los fenómenos. Fondos, transferencias y estímulos destinados a reducir los efectos devastadores del cambio climático pero en modo alguno a combatir sus causas, que son el patrón de producción y consumo de energía, el armamentismo, el modelo depredador de crecimiento y la brecha de la desigualdad. Esos asuntos quedan, como siempre, reservados a los poderes dominantes.
Así ocurre con otras cuestiones torales que discutimos, trátese de la paz y la seguridad internacionales, los acontecimientos del Oriente Medio o incluso los derechos humanos. Se acusa una tendencia al intercambio de prácticas para mejorar el funcionamiento de los congresos y defender la integridad de sus miembros, pero no así para potenciar su incidencia en el mundo circundante. Mal podría restringirse la Unión en las fronteras de una academia parlamentaria, con un tono inevitable de paternalismo.
Percibimos esta vez una respuesta amplia de las delegaciones africanas, latinoamericanas, árabes y no pocas asiáticas en el sentido de convertirnos en asamblea deliberante con clara vocación de cambio histórico. Una suerte de renacimiento del tercer mundo con el agregado de las potencias emergentes.
Volver a México es despertar a una lacerante realidad. El Congreso tiene hoy, al margen de toda veleidad, el deber de mantener la primacía del poder civil y evitar la militarización abusiva del país, que sería el paso intermedio para su anexión a la superpotencia. La decisión puede ser irreversible. Hagamos acopio de todo el coraje y las solidaridades acumuladas. Pero sólo el pueblo mexicano puede detenerlos.
Diputado federal por el PT

PRENSA MÉXICO SÁBADO 23 DE ABRIL













Reforma
Indargarán a personas físicas y morales que laven dinero y?o trafiquen armas
Milenio
Violencia en todo México”, alerta EU
Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Durango, entre los señalados por la delincuencia. Extremar cautela en Acapulco y Cuernavaca, pide el Departamento de Estado a visitantes.
Excélsior
Legisladores republicanos consideran que al sur del río Bravo hay un tercer frente de guerra para su país; se quejan de que Obama no lo reconoce
La Razón
El Departamento de Estado informa que el número de sus ciudadanos asesinados en territorio mexicano aumentó de 35 en 2007 a 111 en 2010
ElUniversal
El arribo de turistas ocurrió a pesar de que varios sectores auguraban que se vería inhibido por la violencia en Tamaulipas y en especial en San Fernando, donde en los últimos días se han hallado 177 cuerpos en fosas clandestinas
Con la decisión de reducir el presupuesto para el programa de integración educativa, los diputados se olvidaron de las 170 mil niñas, niños y jóvenes con discapacidad y de los 22 mil con necesidades especiales, aseguran. Son la minoría más desfavorecida
El gobierno capitalino está en negociaciones con Televisa, interesada en comprar la calle Doctor Manuel Gutiérrez Zavala, entre Río de la Loza y Avenida Chapultepec, en la colonia Doctores, que ha funcionado como estacionamiento de la televisora
Son cuatro alertas ya que han emitido los consulados de Estados Unidos y a las que también han difundido España, Reino Unido, Alemania e Italia en lo que va de 2011, por el aumento de la violencia en el país
De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) se autorizó para este año una partida para este programa por 5 mil 313 millones de pesos, 504 millones de pesos menos que el ejercicio anterior
La Jornada
Nueva alerta de EU: aumenta el riesgo de viajar a México
No se puede pasar por alto el asesinato de más de 15 mil personas en 2010
A los peligros en la frontera norte se suman otros en ciudades del centro, dice
Tanto de día como de noche la violencia es especialmente alta en carreteras
Emir Olivares y Alfredo Valadez, corresponsal
Busca la PGR enjuiciar a los involucrados en Rápido y furioso
Pretende además llevar a tribunales a distribuidores de armas a los cárteles
Los cambios al Código de Justicia Militar tendrán que esperar
La falta de acuerdos entre fracciones del Senado frena la reforma en la materia
Grave, legalizar el uso del Ejército para reprimir: académicos
El país enfrentaría un escenario peor al que se vivió en Sudamérica
El Chapo logra escapar por el apoyo social que recibe: legisladores
Desestiman informe de Stratfor sobre presunto encubrimiento al capo
El problema es la fallida estrategia: Graco Ramírez
La marcha en favor de los migrantes, que comenzó en Guatemala y concluyó ayer en Ixtepec, Oaxaca, pretende llamar la atención del gobierno mexicano sobre los secuestros, extorsiones y asesinatos de que éstos son víctimas en su tránsito por el país Foto Víctor CamachoOrdena a su personal diplomático utilizar vehículos blindados
El GDF cobra $18 millones a la Cómer por darle una calle
El beneficio, que la tienda de autoservicio ahora pagará predial, dicen autoridades
Venezuela busca dar mejor uso a los recursos extras del alza en el petróleo
Quiere Hugo Chávez que al pueblo le quede más por el ingreso en ese rubro
Caracas deja de formar parte de la Comunidad Andina de Naciones
Bajos salarios y más desigualdad ponen en riesgo la estabilidad en AL
Inciden negativamente en la eficiencia de la economía de varios países: Cepal
Mientras el acceso a la educación superior sea exclusivo, mayor problema
Las fuerzas de seguridad atacan a la población civil
Crece la represión en Siria; casi 90 muertos y decenas de heridos
Washington llama a Bashar Assad a frenar ataques contra los manifestantes
Por sexta semana salen a las calles para demandar la renuncia del régimen
La ley de emergencia debe ser levantada no sólo en palabras: Londres
Miles de manifestantes sirios salieron de nuevo a las calles para exigir que renuncie el presidente Bashar Assad y demandar que sean disueltos los servicios de inteligencia, responsables de la represión contra el pueblo Foto Ap
Robert Fisk y agencias