Son 5 años de pesadilla, reprochan padres de los 43 desde San Lázaro

▲ Padres de los 43 normalistas advierten que el cambio buscado por la 4T pasa por hallar a sus hijos.

En la tribuna de la Cámara de Diputados y en nombre de las familias de los 43 normalistas desaparecidos hace cinco años, las madres de Jorge Antonio Tizapa Legideño y César Manuel González definieron que la transformación que pretende este gobierno pasa por esclarecer las graves violaciones cometidas en Iguala y demantelar las estructuras y redes criminales, que siguen intactas en Guerrero.

Destacaron que además del respaldo presidencial para buscar a sus hijos, se requiere mayor dinamismo en la investigación de la Fiscalía General de la República, procesos penales contra los ex funcionarios que obstaculizaron la investigación y apertura de la Secretaría de la Defensa Nacional para que sea investigado el 27 Batallón de Infantería.

Cinco años hemos vivido una pesadilla que no termina. Cinco años de incertidumbre. Cinco años donde cada amanecer despertamos con la esperanza de encontrar a nuestros hijos, pero llega la noche y sólo vemos oscuridad, expresó Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa.

El acuerdo político de la Cámara fue conceder a uno de los padres 10 minutos para dirigirse al pleno. Ellos eligieron que la lectura de su mensaje lo hicieran –en tiempo dividido– Hilda Legideño e Hilda Hernández Rivera, esta última madre de César Manuel González.

Acompañadas en la tribuna por los otros padres, que portaron las imágenes de sus hijos, ambas reprocharon cómo hace tres años –cuando la mayoría del PRI rechazó la petición– la Cámara de Diputados les cerró las puertas, al igual que el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hilda Hernández señaló que aun cuando las autoridades tenían información en tiempo real de lo que ocurría la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, la desaparecida Procuraduría General de la República empezó la investigación ocho días después. El resultado de las irregularidades, expuso, es la impunidad y la liberación de los presuntos responsables.

Las fuerzas de seguridad del gobierno anterior desaparecieron a nuestros hijos y se negaron a investigar; cuando lo hicieron, obstaculizaron el camino a la verdad y, finalmente, nos cerraron las puertas de todas las instituciones, las cuales nos reprimieron cuando protestamos de manera legítima, exigiendo verdad y justicia, dijo.

Lamentó que el gobierno de Peña dio a los padres trato de disidentes políticos, no de víctimas de desaparición forzada. Además del dolor, tuvimos que sufrir el trato despótico de los órganos de justicia y de las instituciones, incluido este Poder Legislativo, que en aquellos años nos cerró las puertas, señaló.

Hilda Legideño relató que después de cada 26 de septiembre, al regresar a sus casas, sus otros hijos reclaman la presencia de sus hermanos. “Al abrir la puerta preguntan: ‘¿ya encontraste a mi hermano?’ No tenemos respuesta. No podemos mirar a los ojos a nuestros hijos y demás familiares. No tenemos nada…” Consideró que los diputados tienen la oportunidad de dar con el paradero de los 43, encontrar la verdad y hacer justicia a los padres.

La postura institucional de la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas (PAN) –que trastabilló con la fecha: hoy a cinco días de la desaparición–, fue para reclamar que la exigencia de verdad debe tener eco en el estado de derecho, continuar la investigación, castigo a los responsables y cerrar cualquier espacio a la impunidad.

Foto José Antonio López

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Encinas: el Estado asumirá responsabilidad por la matanza de Acteal

El Estado mexicano asumirá la responsabilidad en los hechos ocurridos hace casi 22 años por la masacre de Acteal, Chiapas, prometió el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

En la Secretaría de Gobernación (SG) se llevó a cabo una reunión con un grupo de víctimas de la masacre de Acteal –cometida el 22 de diciembre de 1997–, autoridades federales y estatales, para concretar los términos para la firma de un acuerdo de solución amistosa sobre este caso.

Tras el encuentro, Patrocinio Hernández, vocero de la organización de la sociedad civil Las Abejas, indicó a medios de comunicación que nosotros consideramos que sí va a haber un acuerdo frente a la promesa hecha por Encinas de un reconocimiento de responsabilidad del Estado en la matanza de Acteal.

Recordó que desde abril hicieron una propuesta en la que se solicitaba al Estado mexicano que reconociera los hechos que fueron presentados desde 2005, cuando el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para esta organización era fundamental que se aceptara la propuesta de responsabilidad del Estado mexicano por acción y omisión. La primera condición, explicó el portavoz, porque la masacre se consumó en el contexto de una política de Estado encaminada a cometer ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, ejecutados por grupos paramilitares, financiados, adiestrados y protegidos por las mismas autoridades para debilitar las bases del EZLN y las comunidades que le habrían manifestado su simpatía.

En tanto, por omisión, por la presunta deliberada falta de integración de la policía de Seguridad Pública durante la consumación de los hechos denunciados.

Patrocinio Hernández destacó que esta promesa es muy importante para las víctimas porque “cuando el Estado reconoce que la masacre de Acteal no fue una guerra entre poblaciones, sino que sucedió en el contexto de una política de Estado encaminada a la contención social… finalmente las víctimas van a tener satisfacción” porque su palabra triunfó y no la mentira del Estado mexicano.

En tanto, la SG informó que refrendó la total disposición para atender de manera integral la reparación del daño, investigación y garantía de no repetición, con apego a estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las peticiones de las víctimas agraviadas por los lamentables hechos de 1997.

Encinas aclaró que los acuerdos alcanzados no afectan los derechos de otro grupo de víctimas quienes han recurrido a la CIDH en ejercicio pleno de su legítimo derecho.

La matanza de Acteal, ocurrida en 1997, dejó un saldo de 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas, en la localidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas.

Ana Langner

Periódico La Jornada

Aumenta la violencia paramilitar en los Altos de Chiapas, alertan ONG

Exigen medidas efectivas ante violencia en los Altos

Cien ONG solicitan a la Federación desarticular grupos paramilitares, culpables de ataques desde 2016

▲ Habitantes de Aldama, en los Altos de Chiapas, durante el funeral del síndico Ignacio Pérez Girón, el martes pasado, quien fue hallado muerto en una comunidad de la alcaldía de Zinacantán.

San Cristóbal De Las Casas, Chis., Unas cien organizaciones civiles de derechos humanos, grupos y colectivos hicieron un llamado al Estado Mexicano a implementar medidas urgentes y efectivas para proteger a pobladores de las comunidades tzotziles ubicadas en la franja límite de los municipios de Aldama y Chenalhó, enfrentados por 60 hectáreas.

En una carta dada a conocer después del asesinato del síndico de Aldama, Ignacio Pérez Girón –cuyo cadáver fue encontrado el pasado lunes–, expresaron preocupación por el incremento de la violencia en los Altos, lo que pone en riesgo la vida de integrantes de las comunidades de los pueblos originarios.

Aseguraron que la población vive con temor ante el actuar de grupos civiles armados (paramilitares), que provocan desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región.

Manifestaron que desde febrero de 2018, Aldama vive una crisis humanitaria, pues las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de paramilitares del ejido Manuel Utrilla, municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado de 2 mil 36 personas.

Expresaron que hay amenazas contra representantes comunitarios que han denunciado la omisión de las autoridades del gobierno mexicano, y el 28 de marzo de 2018 hubo un ataque contra el entonces alcalde de Aldama, Marcelino Patishtán de la Cruz, en el tramo carretero Tzajaltetik, municipio de Chamula.

Afirmaron que en este escenario, enrarecido por la desaparición y asesinato de Ignacio Pérez Girón, el Estado Mexicano no ha implementado medidas suficientes para cesar la violencia desbordada en los Altos de Chiapas.

Dijeron que la instalación de las Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de forma unilateral.

Reiteraron que la vida e integridad de las personas están en riesgo, porque las violaciones a derechos humanos son constantes, especialmente contra las mujeres, niñas y niños, cuya vida cotidiana transcurre en un entorno de terror.

Foto La Jornada

Elio Henríquez Corresponsal

Periódico La Jornada

La CIDH analizará el caso de El Charco

Halló Evidencia de violaciones de derechos

El 7 de junio de 1998 fueron masacrados 10 indígenas y un estudiante en esa localidad de Guerrero

La masacre a manos de elementos del Ejército mexicano de 11 personas –10 indígenas na savi (mixtecos) y un estudiante universitario– en la comunidad El Charco del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, el 7 de junio de 1998, será analizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pese a los intentos que el Estado mexicano realizó durante la administración de Enrique Peña Nieto para que el caso no fuera revisado a escala internacional, el organismo regional admitió hace unos días la solicitud efectuada por algunos sobrevivientes, familiares de las víctimas y la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC), al considerar que hay elementos que podrían derivar en violaciones a las garantías fundamentales.

El 6 de junio de aquel año, en la escuela primaria rural Caritino Maldonado Pérez se celebró una asamblea en la que participaron unas 70 personas entre indígenas de la región y presuntos integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Algunas versiones señalan que se habló sobre proyectos productivos y otras afirman que se abordó la lucha del movimiento guerrillero. En la madrugada del siguiente día, quienes ahí pernoctaban fueron sorprendidos por el Ejército, que de acuerdo a los pobladores fue el primero en abrir fuego, aunque la parte oficial señaló que los militares sólo respondieron al ataque de quienes se encontraban en el colegio.

El operativo concluyó con 10 indígenas na savi y un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México muertos, cinco personas heridas y 21 detenidos.

Tras un largo proceso por alcanzar justicia en México, algunos sobrevivientes y familiares de las víctimas llevaron el caso ante la CIDH en el segundo semestre de 2015. El organismo internacional solicitó al gobierno mexicano un informe sobre los hechos, y éste respondió 13 meses después (en diciembre de 2016) y fuera del tiempo. Negó violaciones a derechos humanos con el argumento de que se trató de un enfrentamiento entre un grupo guerrillero y soldados y pidió que el caso no fuera admitido.

Pese a esos argumentos, la CIDH recientemente hizo llegar a la RSDCIAC el informe de admisibilidad, por lo que ahora los comisionados analizarán los hechos y tras conocer todas las posiciones emitirán un informe de fondo. Mañana, en conferencia, sobrevivientes e integrantes de la agrupación civil darán a conocer los detalles de dicha admisión.

Magdalena López, secretaria ejecutiva de la RSDCIAC, destacó la importancia de que estos hechos sean analizados por la CIDH, pues se trata del primer caso en el que directamente están implicados elementos del Ejército en abusos contra una comunidad –en otros habían sido paramilitares– y en el que también se reconoce la presencia guerrillera en una comunidad na savi.

Es un caso que muestra las atrocidades en las que ha incurrido en Ejército y que hoy retoma relevancia ante el proyecto de mantener a las fuerzas armadas en las calles (con el proyecto de la Guardia Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador), señaló.

Reconoció que en junio pasado varias viudas de las víctimas mortales de El Charco decidieron no seguir con el proceso ante la CIDH debido a que deseaban ser beneficiarias de proyectos productivos que en su momento ofrecieron los gobiernos federal y estatal, con la condición de que se desistieran de continuar el caso ante el organismo internacional.

Sobre los señalamientos de las esposas de algunos asesinados en el sentido de que la RSDCIAC les habría demandando 250 mil pesos para mantener la petición ante la CIDH, López aclaró que en efecto, las familias aportaron 200 mil pesos, pero fue por un acuerdo y no se les obligó, pues el costo de todo el proceso internacional ha rebasado los 900 mil pesos para la agrupación.

Emir Olivares Alonso

 Periódico La Jornada

Insiste Frayba en que CIDH se pronuncie sobre Acteal

Se cumplen 21 años de la masacre

▲ Peregrinación en 2017 para recordar la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997.

San Cristóbal De Las Casas, Chis., Al cumplirse 21 años de la masacre de 45 indígenas ocurrida en Acteal, la organización Sociedad Civil Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Batolomé de Las Casas (Frayba) anunciaron que reforzarán las acciones internacionales para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncie sobre el fondo del caso.

Pedro Faro Navarro, director del Frayba, dijo: Desde hace tiempo la situación está cerrada en el ámbito nacional, ya que el Estado mexicano no sólo se negó a una acción de justicia, sino que le ha sumado impunidad con la liberación de casi la totalidad de los autores materiales.

En entrevista, dijo que el caso sigue estando en la CIDH, que debió dar una resolución de fondo desde hace años, pero por cuestiones que no entendemos hay también un retraso absurdo, pues ni siquiera el fondo del asunto ha dictado, aun cuando se han aportado todas las evidencias.

Recordó que en el contexto de la guerra de baja intensidad en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 22 diciembre de 1997 fueron asesinados 45 indígenas en la comunidad tzotzil de Acteal, municipio de Chenalhó, por paramilitares priístas.

Señaló que debido a que el Estado mexicano no hizo justicia, los familiares de las víctimas acudieron ante la CIDH, pero desde hace varios años están a la espera de que emita un fallo sobre el fondo del caso para, a partir de ahí, generar otras acciones internacionales como acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nombrando claramente a los implicados, entre ellos el ex presidente Ernesto Zedillo, aunque al que se juzga es al Estado mexicano.

Subrayó: “Lo que vemos es que a 21 años hay un cansancio en el proceso de la lucha de la organización Sociedad Civil Las Abejas; este año se dedicaron a reforzar el proceso organizativo de sus órganos de autoridad –que hasta ahora ha sido la mesa directiva–, aunque ha salido otro grupo que ha pretendido usurpar su lucha utilizando el nombre y el logotipo, pero ellos han dado evidencia contundente de su camino de resistencia y esperanza por la construcción de la justicia y se han dedicado a trabajar en el Congreso Nacional Indígena y en el Concejo Indígena de Gobierno (CIG)”.

Agregó: Han impulsado la memoria viva desde abajo y su lucha desde adentro. Tienen en el CIG a su concejala, Guadalupe Vázquez, sobreviviente de la masacre, quien ha tenido un papel bastante público, de claridad política y de convicción en cuanto a su proceso de exigencia de justicia.

Faro Navarro señaló: Todo este año ha sido para colocar bien su postura política ante el gobierno anterior y ante el nuevo. Los sobrevivientes y sus familiares no le están pidiendo nada al Estado, sino que el que está pidiendo es el grupo usurpador que ha solicitado que atienda el asunto de la masacre.

Por ello, remarcó el director del Frayba, vamos a reforzar nuestra acción internacional junto con la mesa directiva de Las Abejas para que la CIDH emita cuanto antes el fondo del caso, pues ya pasaron 21 años de la masacre.

–¿Existe alguna esperanza de que con el nuevo gobierno federal se haga justicia? –se le preguntó.

–No vemos ningún interés. El presidente López Obrador se comprometió y ha estado pendiente del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero ni siquiera de los más de 37 mil desaparecidos. No ha habido claridad como en el asunto de los 43. Se habla de comisiones de la verdad sin tener claro hacia dónde se transitaría para combatir la gran impunidad existente. El nuevo gobierno opera desde arriba y no consulta a las víctimas.

Foto Moysés Zúñiga Santiago, Elio Henríquez

CorresponsalPeriódico La Jornada

AMLO firma decreto para dar con normalistas desaparecidos

La verdad por encima de todo

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la firma en el antiguo Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

En su primer acto de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer el decreto para constituir la comisión de la verdad que investigará la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin encubrir a nadie.

En una ceremonia a la que acudieron los padres de los estudiantes, ofreció que se conocerá toda la verdad, que es revolucionaria, cristiana; la mentira es reaccionaria, del demonio. La verdad por encima de todo. El gobierno ayudará en ese propósito y les aseguro que no habrá impunidad. Ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro. No nos vamos a lavar las manos.

También, en su conferencia de prensa matutina, reiteró que como Presidente no será cómplice de violaciones a derechos humanos y se indagará incluso una posible intervención del Ejército, pero acotó que cualquier resultado dependerá de la investigación autónoma que realizará la fiscalía general.

En el antiguo Salón de la Tesorería de Palacio Nacional resaltó que con la firma del decreto su administración inicia el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa y se ordena a las distintas áreas del gobierno prestar todo el apoyo a ustedes y a la comisión que se integrará, para llegar a la verdad.

En respuesta a María Martínez Seferino –madre de Miguel Hernández Martínez–, quien lo definió como ejemplo de que hay que seguir luchando, pero le exigió demostrar que sí los apoyará, el mandatario sostuvo que ganó con el apoyo del pueblo y por eso no habrá ninguna traba, ningún obstáculo para llegar a la verdad, saber todo lo que sucedió.

El resultado, dijo, dependerá del trabajo de los responsables de la comisión, que tendrán amplias facultades. Por eso tengan confianza. No le debo nada a ningún grupo de interés creado. Sólo tengo un amo, que es el pueblo de México. Ganamos a pulso, con el apoyo del pueblo, que es el soberano y al que le tengo respeto y lealtad.

Antes, en la conferencia, resaltó que su gobierno no va a ocultar la verdad, y puntualizó que la investigación incluirá a toda la administración, a los involucrados, y en el supuesto de que elementos del Ejército estuviesen inmiscuidos, en vez de debilitarse esta institución tan importante para la vida pública del país, se fortalecería si se hace un deslinde. Pero no nos adelantemos, porque para eso es la investigación.

Se trata, delimitó, de llevar todo el proceso y no de que se detenga o se encarcele a fulano o a mengano, si no hay una investigación de por medio. No podríamos hacerlo de esa forma. El propósito es dar todas las facilidades.

Aclaró que si bien la investigación se realizará de manera independiente por el Ministerio Público, estará pendiente del avance. “No es decir ‘ya, se firmó el decreto y ahí va el proceso a otras instancias, a otros poderes, donde ya no tenemos nada que ver’. Seremos respetuosos de la autonomía de los otros poderes, pero este es un asunto de Estado, que nos importa mucho a los mexicanos”.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó que la comisión tiene un solo compromiso y un único propósito: investigar a fondo, con objetividad e imparcialidad, y esclarecer lo que ocurrió en Iguala, Guerrero, hasta que todos los mexicanos sepamos qué pasó, quiénes fueron los responsables y respondan ante la justicia, sin importar quiénes eran o qué cargo ocupaban entonces.

Alejandro Encinas, quien coordinará la comisión desde su cargo como subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, dijo que se buscará la verdad de una de las más graves violaciones a derechos humanos en la historia reciente del país. Esclarecer el caso Iguala es el inicio de una política de Estado que coloca en el centro de la atención a las víctimas.

Foto Carlos Ramos Mamahua

Enrique Méndez y Emir Olivares 

Periódico La Jornada

Fue posible evitar la desaparición de los normalistas, afirma CNDH

Emite nueva recomendación

La PGR y la procuraduría estatal conocieron del ataque en el momento y no actuaron

El crimen sólo pudo ocurrir por la penetración de la delincuencia organizada en estructuras de gobierno

Es probable que entre 23 y 28 alumnos hayan sido incinerados en Cocula

▲ Miguel Aragón, José Trinidad Larrieta, el ombudsman Luis Raúl González Pérez y Jesús Ramírez López al presentar la investigación por violaciones graves en el caso Iguala.

Las autoridades federales y estatales fueron omisas para evitar el ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014 en Iguala, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ayer planteó la posibilidad que entre 23 y 28 de los estudiantes desaparecidos pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula, con lo que revivió parte de la versión oficial que apunta a que los 43 jóvenes habrían sido calcinados en ese lugar.

En conferencia de prensa que se prolongó más de nueve horas, el ombudsman Luis Raúl González Pérez, acompañado por el equipo de la Oficina de la CNDH para el caso Iguala, entre ellos el titular, José Larrieta, presentó la recomendación 15VG/2018 derivada de los hechos contra los normalistas.

Fue una sesión insólita donde los funcionarios del organismo nacional delinearon, detalle a detalle, el contenido del documento dirigido a 16 autoridades de los tres órdenes de gobierno, principalmente al presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Es la primera ocasión que una recomendación de este nivel se dirige al titular del Ejecutivo federal. Ayotzinapa representa el punto de quiebre del sexenio de Peña Nieto. Es un caso abominable que se volvió emblemático de la descomposición institucional y social que enfrenta nuestro país, así como del momento crítico que atraviesa en materia de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad, subrayó González Pérez.

Los otros destinatarios del documento, que consta de 128 recomendaciones específicas, son las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de la Función Pública y de Educación Pública; así como la Procuraduría General de la República; las comisiones Nacional de Seguridad y Ejecutiva de Atención a Víctimas; los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; la fiscalía general del estado y la Secretaría de Salud local; la mesa directiva del Congreso de Guerrero y los gobiernos municipales de Iguala y Cocula, así como el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo.

El ombudsman planteó que la recomendación asienta que un crimen de las dimensiones del que se presentó en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014 sólo pudo ocurrir por la penetración de la delincuenia organizada en las estructuras de los tres niveles de gobierno.

El documento agrega que si las corporaciones federales y estatales hubieran actuado de manera pertinente y oportuna, los ataques contra los normalistas, que dejaron seis asesinados, 42 lesionados y 43 desaparecidos de manera forzada, pudieron haberse evitado. Y es que, por medio del sistema C4, varias instancias de seguridad y justicia, como la PGR, el Ejército, las policías Federal y estatal tuvieron conocimiento de los hechos en el momento en que sucedían.

En Iguala, diversas autoridades tanto a escala federal como local y municipal sabían que las cosas estaban descompuestas y contaminadas, pero nadie hizo nada para actuar, con ello se hubiese evitado un desenlace como el que se presentó, aseveró González Pérez.

La CNDH acreditó que la PGR tuvo conocimiento del ataque contra los normalistas casi al tiempo en el que ocurrían los hechos, y pese a que sus oficinas en Iguala se ubican a siete minutos de donde se daban las agresiones contra un grupo de estudiantes, no actuó para evitarlas.

De manera oficial, la PGR informó en su momento que atrajo el caso nueve días después de los hechos. Sin embargo, el documento de la CNDH acreditó que la dependencia federal recibió un aviso del sistema C4 a las 21:45 horas del día 26, mediante el cual se le alertaba de lo que sucedía, incluso se dijo que había hechos constitutivos de violación a la ley de armas de fuego, propio del actuar del Ministerio Público Federal. Y lejos de proceder conforme estaba obligada por ley para hacerlo de inmediato, se limitó a enviar un oficio.

En cuanto a la actuación del Ejército, la investigación de la CNDH refiere que hubo presencia de personal militar en algunos puntos donde ocurrieron las agresiones y que incluso llegaron hasta un hospital en el que era atendido un normalista que había recibido un impacto de bala en la quijada, donde no brindaron atención a los jóvenes. Además, agrega, los militares llegaron tarde a los sitios de los ataques. Tampoco hubo actuación oportuna de la Policía Federal ni de la estatal.

La recomendación señala que la noche del 26 de septiembre, entre 23 y 28 normalistas –del grupo de 43 que están desaparecidos– fueron entregados a integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, quienes los condujeron hasta el basurero de Cocula, Guerrero.

Otro grupo, de entre 15 y 19 estudiantes habrían sido conducidos al municipio de Huitzuco, donde se les perdió la pista. Todo ello por órdenes de un hombre apodado El Patrón del cual, de acuerdo con la CNDH, la PGR debe indagar quién es y el nivel de poder que tiene en la estructura criminal.

El organismo nacional documentó con pruebas científicas que en el vertedero de Cocula fueron asesinadas y calcinadas al menos 19 personas, en un tiempo que coincide con la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, debido a la ineficiencia de las diligencias ministeriales de la PGR, no se puede determinar si se trata de algunos de los estudiantes de la normal o de otras personas.

Un equipo de peritos de la CNDH acudió al vertedero para analizar el lugar donde los implicados han declarado haber incinerado a los normalistas, como apunta la llamada verdad histórica, y concluyeron con pruebas científicas que en ese espacio hubo un incendio que alcanzó entre 200 y menos de 850 grados centígrados de temperatura, donde se habría calcinado a varias personas.

La CNDH encontró además que algunos de los restos óseos hallados tanto en el basurero como en la bolsa de restos rescatada del río San Juan, coinciden con el ADN de dos de los normalistas. Por ello, se demandó hacer las pruebas científicas requeridas a 93 restos óseos hallados tanto en el río como en el basurero.

La CNDH criticó la actuación desapegada a derecho realizada por la PGR, en particular por el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, quien incurrió en indebida diligencia en el río San Juan. Además, censuró que las acciones penales contra los presuntos responsables no se hayan formulado por el delito de desaparición forzada.

La CNDH recibió 72 quejas por tortura contra los presuntos responsables y logró acreditar que se concretó en ocho casos, y en 28 se dieron tratos crueles, inhumanos y degradantes.

González Pérez dijo que algunos puntos del documento se presentaron el lunes pasado a los familiares de los normalistas, quienes lo tomaron con recelo. Reconoció la labor que han desarrollado los padres y dijo que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe rencauzar totalmente la reparación integral del daño para los ofendidos.

Foto Yazmín Ortega Cortés

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Desplazamiento de periodistas marca sexenio de EPN

 Informe documentan 422 casos de violencia contra libertad de expresión

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto la violencia contra las periodistas en México aumentó 222 por ciento en comparación con la administración de Felipe Calderón Hinojosa pero además el país atravesó un clima de  violencia que se caracterizó por la impunidad e inoperancia de las instituciones encargadas de garantizar la libertad de expresión.                                                                                            

Esto es uno de los diagnósticos del informe “Herencia de un sexenio: Simulación y desplazamiento. Violencia contra mujeres periodistas 2012-20187”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), el cual se presentó este 14 de noviembre en el Museo de Memoria y Tolerancia, en la Ciudad de México.

Desde la toma de posesión de Peña Nieto, el 1 de diciembre del 2012, hasta el 1 de septiembre del 2018, CIMAC documentó 422 casos de agresiones contra mujeres periodistas. Once periodistas fueron asesinadas durante el sexenio pero sólo en 6 casos se comprobó que el crimen estuvo ligado a la libertad de expresión entre ellos el de Miroslava Breach Valducea, de Chihuahua, en 2017 y Anabel Flores Salazar, de Veracruz, en 2016.

En ese recuento se sabe que en 2014 la periodista María del Rosario Fuentes Rubio de Tamaulipas, fue desaparecida pero no se ha confirmado si fue asesinada.

Durante la presentación las periodistas Cynthia Valdez García, de Sinaloa, Rosa María Rodríguez Quintanilla, de Tamaulipas, y  Adela Navarro Bello, de Baja California, exigieron garantías para ejercer el periodismo y narraron cómo enfrenta las constantes amenazas que viven por ejercer su trabajo. En el caso de las dos primeras, además contaron qué significa el desplazamiento forzado.

La co-directora general del semanario Zeta, Adela Navarro Bello contó las razones qué le hace seguir haciendo periodismo pese a las amenazas del crimen organizado y de las autoridades y qué estrategias toman ante este panorama: “Hemos construido una red de protección. Cuando somos amenazados, sacamos un comunicado a nuestros lectores y lectoras, para que haya ojos, personas que nos están viendo. En segundo lugar, hacemos una carta a organizaciones como CIMAC, Reporteros Sin Fronteras, y ellos hacen un llamado al gobierno”.

Entre las estrategias de autoprotección, expuso, las notas de investigación no se publican con el nombre de la autora o del autor. Las y los integrantes del equipo han aprendido a vivir con medidas de protección, incluso con escoltas. “He perdido mucha vida pública”, dijo Navarro, “pero por esto vale la pena. Yo si tengo esperanza, si no: me cambio de trabajo. Tenemos que hacer periodismo apegado a la sociedad”, agregó.

La también ganadora del Premio al Valor Periodístico por la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios, continuó a decir que el periodismo tiene que recuperar la confianza que ha perdido entre lectoras y lectores porque si ellos valoran la información que reciben también saldrán a defender a periodistas amenazadas.

Por su parte las comunicadoras en situación de desplazamiento indicaron que es necesario fortalecer instituciones como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que depende de la Procuraduría General de la República.

La periodista Rosa María Rodríguez Quintanilla, quien en 2016 tuvo que abandonar Tamaulipas para proteger su vida y la de su familia  narró que las mujeres viven las amenazas y el desplazamiento de forma diferente que sus colegas hombres. “Nos atacan por todos lados: económicamente, psicológicamente. Si atacan a nuestros hijos es peor a que nos ataquen a nosotras mismas”, dijo.

La también coordinadora de la Red Nacional de Periodistas de México consideró que en caso contó con medidas efectivas de emergencia. Sin embargo, señaló que lo que vino después fue una constante lucha por ser reconocida y por conseguir justicia. “La Fiscalía lejos de investigar te revictimiza. Tienes que vivir el daño una y otra vez. La falta de sensibilización es total”, opinó.

Ante la ineficacia de la institución, agregó: “Es absolutamente inaceptable una Fiscalía que tiene una eficacia de 0.8 por ciento. Lo mismo da que exista o no”, expresó sobre el desempeño de la ​​​​​​​​​​​​ ​ FEADLE.

A su vez la fundadora de La Pared noticias, Cynthia Valdez narró como el periodismo investigativo en Sinaloa cambió desde el asesinato de Javier Valdez, el 15 de mayo de 2017: “Ya no hay trabajos de investigación. Javier fue una persona muy reconocida. Desde entonces nos atrincheramos. No se escribe nada sobre narcotráfico y corrupción. Ahora los compañeros salen en grupo a reportear y aun así hay amenazas. Todo cambió a partir de Javier y no va ser igual”.

En el informe la directora de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta, escribió: “Ese es el legado de un presidente de la República que no quiso actuar, que optó por la simulación y por volverse actor de la censura”.

En la presentación editorial continúo: “Enrique Peña Nieto pasará a la historia como el presidente que no quiso frenar la violencia contra las y los periodistas, que por el contrario dejó pasar y que actuó con todo su poder para silenciar a quien, con la fuerza de su palabra y la evidencia del trabajo periodístico, mostró a la población el tamaño de su avaricia”.

Entre los hallazgos del informe se destaca que 2018, año electoral, sea el año de mayor violencia contra la prensa porque sólo de enero a septiembre se registraron 101 agresiones. Las entidades con mayor número de casos registrados en lo que va del sexenio fueron Ciudad de México, con 76 casos, Veracruz, con 58, y Puebla, con 37 casos.

La violencia más común que sufrieron las periodistas fueron hostigamientos e intimidación, seguidos por las amenazas y la violencia sexual. “Un componente de género en el que se puede observar claramente las condiciones de desigualdad y discriminación de las reporteras en comparación con los hombres periodistas, es el espacio social donde son agredidas por su labor periodística: en la familia, en su comunidad y en las instituciones donde actúan”, destaca el informe.

Las autoras hicieron mención especial del aumento de casos de violencia contra mujeres periodistas en el contexto electoral, no solamente en 2018, también durante y después de jornadas electorales de 2017 y 2016. “Los principales agresores fueron funcionarios de instancias electorales, policías, personal de partidos políticos, y elementos de seguridad privada de los candidatos”, escribieron.

El informe dedicó un capítulo a la situación de desplazamiento que viven las mujeres periodistas ya que es un tema poco explorado en el terreno de la libertad de expresión. “Las periodistas son cautelosas para no seguir siendo perseguidas”, señalaron las autoras, por lo tanto, los datos son escasos y las cifras de las diferentes organizaciones defensoras de la libertad de expresión varían entre 9 y 70 personas desplazadas en 2017.

En el informe de CIMAC se recomienda que se reconozca públicamente la importancia de la labor de las periodistas, que se capaciten a empresas mediáticas e instituciones con perspectiva de género y que se generen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para monitorear políticas públicas de género en la atención y prevención de la violencia contra la prensa.

CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

Por: la Redacción

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Asesinato de periodista Daphne Caruana Galizia sigue impune

A un año de su muerte, continúan difamando su memoria  

Un año después de que la periodista de investigación, Daphne Caruana Galizia, murió al estallar una bomba en su coche, cerca de su casa en Bidjina, Malta, el crimen sigue impune, afirmaron asociaciones de periodistas y familiares.

El aniversario de su muerte, el pasado 16 de octubre, fue marcado por continuos intentos de difamar su memoria de parte de funcionarios públicos de la pequeña isla en el mar mediterráneo que forma parte de la Unión Europea.

El lugar donde amigas, amigos y personas solidarias conmemoraron a la periodista con velas, flores y pancartas, en frente del Monumento del Triunfo, en Valletta, capital del país, fue destruido al menos 20 veces durante el año pasado, según un informe conjunto de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, emitido después de su visita esta semana.

Las mismas velas que las y los representantes de organismos del gremio europeo habían dejado en este lugar fueron sacadas el día siguiente. El grupo reportó que a un año de su muerte, todavía existen 30 denuncias por difamación en contra de Caruana Galizia, una de ellas por parte del primer ministro, Joseph Muscat, y dos por altos oficiales de su gobierno.

El informe del grupo, que incluyó a Reporteros Sin Fronteras y al Comité para Proteger Periodistas, constató que la policía malteca no ha indicado cuándo podría concluir la investigación del asesinato. Tres hombres fueron vinculados a proceso por el crimen, pero no se trata de los autores intelectuales.

Las y los periodistas lamentaron que en reunión personal con Joseph Muscat, el primer ministro se mostró “satisfecho” con la investigación, expresión que calificaron como “irritante”, dados los pocos avances.

“Estamos profundamente preocupados sobre el efecto que la falta de investigación (por parte del Ministerio Público) podría tener para el periodismo de investigación”, señalaron, al mismo tiempo que relataron que la situación de la libertad de prensa en Malta es alarmante.

Muchas y muchos profesionales locales reportaron haber sido blanco de campañas de difamación o denuncias de parte de funcionarias y funcionarios públicos. Algunos sufrieron acoso en línea, además de una falta de acceso a la información. Por ejemplo, el primer ministro sólo concede entrevistas a medios sociales, con preguntas predeterminadas.

Daphne Caruana Galizia también sufrió amenazas y ataques antes de su asesinato. Había más de 40 denuncias contra ella ante las cortes, y sus perros mascotas fueron envenenados. Sin embargo, ella, con más de 30 años de experiencia en el periodismo, continuó investigando la corrupción en el gobierno malteco.

Uno de estos casos fue sobre personas que “vendieron” la nacionalidad malteca, y con estos “pasaportes de oro” la posibilidad de invertir, vivir y trabajar en todos los estados miembros de la Unión Europea.

Después de su muerte, periodistas de varios países se unieron bajo “El Proyecto Daphne”, para continuar sus investigaciones y velar porque no se pierdan. Sin embargo, según el gremio que visitó la isla esta semana, el gobierno y las autoridades “no están considerando que Daphne Caruana podría haber sido asesinada por sus investigaciones en negocios y/o asuntos políticos”.

Indicaron que las conversaciones que tuvieron en Malta revelaron que las y los investigadores no habían contactado posibles testigas o testigos claves, tanto personas en altas funciones del Estado como colegas que pudieran “aclarar dinámicas relevantes”.

Lamentaron que a un año del asesinato, el gobierno no haya constituido una Comisión para indagar si autoridades maltecas supieron o pudieron haber conocido el riesgo que corría la vida de Caruana Galizia, ni hecho cambios a la ley, o políticas prácticas serían necesarias para proteger la vida de periodistas en el país.

El asesinato de Caruana Galizia fue el primero de tres asesinatos de periodistas en Europa este año, generando preocupación por la situación de la libertad de expresión en el continente. El 25 de febrero, fue asesinado junto con su novia, el periodista eslovaco Jan Kuciak. El 6 de octubre, murió estrangulada la periodista búlgara Victoria Marinowa. Ambos habían denunciado corrupción en sus países.

Imagen retomada del portal Oaxacadiaadia

Por: la Redacción

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Las demandas de hace medio siglo siguen vigentes en el México de hoy: Jorge Volpi

El 68 a medio siglo

Inaugura la UNAM M68: Memorial del 68 y Museo de los Movimientos Sociales

▲ En el nuevo museo ubicado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco se exhiben diversos materiales, entre ellos un montaje realizado a partir de dispositivos digitales.

El 2 de octubre no se olvida, porque a 50 años del movimiento estudiantil de 1968, México aún no cuenta con un sistema de justicia que funcione, ni con un estado de derecho efectivo, y por lo tanto, tampoco con una democracia efectiva, sostuvo ayer el coordinador de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jorge Volpi.

En la inauguración del M68: Memorial del 68 y Museo de los Movimientos Sociales, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), Volpi dijo a nombre de la UNAM que las demandas de los jóvenes de hace medio siglo siguen vigentes en el México de hoy.

En una ceremonia en la que estuvieron, entre otros, el rector Enrique Graue y el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, Volpi repasó el pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga y lo tradujo a los problemas contemporáneos.

La primera demanda del 68 era la libertad para los presos políticos. Hoy, dijo Volpi, esa demanda significa que se requiere un sistema de justicia que funcione, porque tenemos uno que no funciona en ninguna medida.

La segunda exigencia del pliego era la derogación del delito de disolución social. Lo que pedían sobre todo eran leyes que fueran auténticamente justas, y ese delito, evidentemente, no lo era. Hoy necesitamos algo semejante: que se derogue la ley de seguridad pública.

La tercera demanda era la desaparición del cuerpo de granaderos. Hoy necesitamos un país en paz, con una policía efectiva y confiable y con el ejército de vuelta en sus cuarteles, demandó el escritor.

En los puntos cuatro y seis del pliego petitorio, el movimiento exigía la destitución de los jefes policiacos que habían participado en la represión y el deslinde de responsabilidades. Volpi dijo que hoy el deslinde de responsabilidades es urgente para saber la verdad de los casi tres lustros de guerra contra el narco, de los casi 300 mil muertos de las cifras oficiales, de los 30 a 60 mil desaparecidos, para saber lo ocurrido en casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Allende, las fosas de Veracruz y Tamaulipas, y saber por qué llegamos ahí y quiénes en los cuerpos de seguridad fueron responsables de violaciones a derechos humanos.

En su quinto punto, el pliego exigía indemnización a las víctimas. Lo mismo que seguimos necesitando urgentemente en el México de 2018: verdad, justicia, reparación del daño y garantía de no repetición.

El M68: Memorial del 68 y Museo de los Movimientos Sociales –en cuya inauguración participaron la presidenta de El Colegio de México, Silvia Giorguli, y la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Alejandra Haas, entre otros– es la expresión museográfica del repositorio digital M68: Ciudadanías en Movimiento, en un espacio físico de más de mil 700 metros cuadrados, donde se exhiben piezas artísticas y materiales históricos, como documentos, fotografías, audios y videos, así como un montaje realizado a partir de dispositivos digitales.

Con esta propuesta se busca llevar al espacio físico una memoria colectiva y en constante construcción, así como propiciar la reflexión como puerta de entrada para intervenir en el presente y generar mejores futuros, de acuerdo con información de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.

La entrada al museo, que está en las instalaciones del CCUT, es gratuita, y se encuentra abierto de martes a domingo de diez de la mañana a seis de la tarde.

foto Jesús Villaseca

Arturo Sánchez Jiménez 

Periódico La Jornada

La UNAM no ha reflexionado sobre huelga de 1999 y el CGH

El 68 a medio siglo

Se le menciona en tono de horror y descalificación, señala académica

A 19 años del movimiento estudiantil de 1999, que tuvo en huelga por 10 meses a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la institución y los universitarios no se han detenido a reflexionar sobre él, planteó ayer Marcela Meneses Reyes, académica del Instituto de Investigaciones Sociales y participante de las movilizaciones del Consejo General de Huelga (CGH).

En la décimo primera sesión del curso interinstitucional Un Siglo de Movimientos Estudiantiles, organizado por el Seminario de Educación Superior de la UNAM, titulada Consejo General de Huelga UNAM, 1999-2000, Meneses consideró importante que se abran espacios para hablar de este movimiento.

Es un hecho comprobable que la institución no se ha detenido a reflexionar en torno a este movimiento. Generalmente, cuando se le menciona es en un tono de horror y descalificación, y no entramos a profundidad en él, a revisar la institución y todo el proceso que ha generado al interior de la universidad misma, señaló.

Dos visiones: protagonistas y sus opositores

Meneses Reyes, autora de una tesis de doctorado sobre este movimiento estudiantil, realizada bajo la asesoría de Adolfo Gilly, consideró que han prevalecido dos visiones de la huelga del 1999-2000.

Por un lado está, dijo, la de los propios estudiantes que participaron en ella, y de los profesores que los apoyaron, que es de heroificación y exaltación del actuar del movimiento, pero sin una capacidad reflexiva o autocrítica.

Por otra parte está la postura de los opositores al CGH y al movimiento, que presentan una visión descalificadora hacia una huelga tan larga y hacia las acciones violentas encabezadas por algunos estudiantes.

Entre esos dos polos, Meneses indentifica que no hay un acercamiento profundo a los miles de estudiantes corrientes que participaron en el inicio de la huelga y su sostenimiento, así como de sus consecuencias.

En su opinión, el recuerdo que ha predominado sobre este movimiento es el del ala ultra de la organización estudiantil, sus decisiones y sus métodos.

Pero no todo fue eso. Estábamos los miles de estudiantes de las escuelas. Se ha borrado e invisibilizado la experiencia humana de miles de estudiantes, que íbamos de los 12 a los 25 o 26 años de edad, porque había estudiantes en la huelga desde el nivel de iniciación universitaria hasta licenciatura y posgrado, destacó.

Consideró que es importante comprender quiénes eran esos estudiantes, qué los llevó a la huelga y a oponerse a las reformas impulsadas por el rector Francisco Barnés de Castro, que incluían la implementación de un nuevo sistema de cuotas en la universidad.

Arturo Sánchez Jiménez

 Periódico La Jornada

La represión de 1968, genocidio: Comité 68

El 68 a medio siglo

Jornadas contra genocidio e impunidad

Hernández Gamundi y Martín del Campo piden que se juzgue a Luis Echeverría por delitos de Estado

La represión orquestada en diversos momentos por el gobierno mexicano en contra de los jóvenes y los estudiantes en 1968 –y no sólo en la masacre del 2 de octubre de ese año en Tlatelolco—debe ser considerada como un genocidio, pues cumple con diversos elementos propios de este crimen de lesa humanidad.

Así lo afirmaron Félix Hernández Gamundi y Jesús Martín del Campo, integrantes del Comité 68, quienes señalaron que es posible y necesario reactivar los procesos judiciales en contra del ex presidente Luis Echeverría Álvarez y otros funcionarios por los delitos de Estado que cometieron en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado.

Al participar este viernes en la inauguración de las Primeras Jornadas contra el Genocidio y la Impunidad, ambos ex dirigentes del movimiento estudiantil enfatizaron que mucha gente todavía piensa que el genocidio únicamente se comete cuando existen montañas de cadáveres o las agresiones se dirigen contra ciertos grupos étnicos, lo cual no es correcto.

Entre los elementos que comprueban la presencia de una estrategia genocida, subrayó Hernández Gamundi, está el hecho de que los agentes del Estado mexicano reprimieron específicamente a un grupo nacional: los jóvenes y los estudiantes, o quienes a su juicio parecieran estudiantes, lo cual era suficiente para que las víctimas fueran encarceladas o asesinadas.

Otro factor que acredita la existencia de un genocidio es que las autoridades planificaron con detalle la masacre de Tlatelolco, como lo comprueba el hecho de que usaron departamentos de esa zona de la ciudad como centros de detención y tortura, y vaciaron las cárceles y hospitales con días de anticipación, sabiendo que habría muchos heridos. Asimismo, hay evidencias hemerográficas sobre cómo los altos mandos del Ejército acuartelaron a cientos de soldados para adoctrinarlos con la idea de que ellos eran los guardianes de la patria, cuya labor era defender a México de los sectores privilegiados (los estudiantes) que no valoraban lo que tenían y tomaban héroes prestados, en referencia al Che Guevara, Fidel Castro y Ho Chi Minh.

Otros elementos probatorios de genocidio, indicó, son las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales previas y posteriores a Tlatelolco, y el hecho de que los militares hayan abierto fuego el 2 de octubre de forma indiscriminada y sin previo aviso.

De igual forma, el llamado halconazo del 10 de junio de 1971 fue la continuación de esa misma política de exterminio, como lo comprueban su alto grado de planeación y el entrenamiento de los agresores, externó Martín del Campo.

Fernando Camacho Servín

 Periódico La Jornada

Para Díaz Ordaz, la matanza de Tlatelolco sólo ensombreció "unos cuantos hogares"

El 68 a medio siglo

Carlos Fuentes renunció a embajada en Francia

El ex presidente aseguró que con sus medidas salvó a México "de la anarquía, de la subversión, del caos. De que se terminaran las libertades que disfrutamos"

Gustavo Díaz Ordaz estaba convencido de haber salvado al país de la anarquía, la subversión y el caos. Ufano, se manifestaba orgulloso de ello, "les guste o no les guste", y consideraba que gracias a las decisiones que tomó durante el movimiento estudiantil de 1968 su nombre pasaría a la historia.

Para él, lo sucedido el 2 de octubre de aquel año en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco no era un hecho que mereciera el calificativo de sombrío para la historia nacional, sino que apenas "ensombreció la historia de unos cuantos hogares".

Afirmaba que los disparos de aquella tarde fueron hechos por los estudiantes y desestimaba las versiones que se referían a cientos de muertos. "Desgraciadamente hubo algunos, no centenares. Tengo entendido que pasaron de 30 y no llegaron a 40 entre soldados, alborotadores y curiosos".

Tras la trágica noche de Tlatelolco, fueron pocas las ocasiones en que el político poblano se refirió a los hechos y a la represión ejercida por su gobierno. El primero de septiembre de 1969, durante su quinto Informe de Gobierno, asumió la responsabilidad de aquella matanza que ensombreció la historia reciente del país y, ocho años más tarde, ante medios de comunicación, aseveró que aquel momento "me permitió servir y salvar al país".

Al presentar su penúltimo Informe ante el Congreso de la Unión, criticó al movimiento e insistió en su teoría –que delineó un año antes– de que agentes ajenos al sector estudiantil, nacionales e internacionales, tenían el interés de desestabilizar al país y conducirlo a la anarquía. Argumentó que su administración había tomado el "camino institucional" para resolver el conflicto, incluido el uso de las fuerzas armadas.

"La táctica de ir planeando situaciones ilegales cada vez de mayor gravedad, hasta la subversión públicamente confesada, así como las acciones deliberadamente tramadas para ser al mismo tiempo provocación y emboscada para la fuerza pública y una serie de actos de terrorismo, determinaron indispensable la intervención del Ejército."

Faltaban entonces unas cuantas semanas para que puntualmente iniciaran los tiempos oficiales de la sucesión presidencial, y Díaz Ordaz ya pensaba en su sucesor: el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, quien también era señalado como responsable de la masacre estudiantil. El presidente debía exculpar a su colaborador para que el partido oficial, el PRI, no enfrentara contratiempos en la elección de 1970. "Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado (68)", proclamó.

“Al amparo de nuestras libertades democráticas, próximamente se iniciará el proceso para renovar el Congreso de la Unión y elegir Presidente de la República (…) exhorto a todos los partidos a que se esfuercen para que en el proceso electoral prive siempre el acatamiento a nuestras leyes (…) a que debatan ideas, esgriman razones, comprueben hechos y ponderen argumentos, desterrando malevolencia y encono. Ningún grupo, ningún sector, ninguna clase tiene el derecho de imponerse a los demás. La voluntad mayoritaria del pueblo mexicano es la que decide. La respetaremos y la haremos respetar”, dijo ante legisladores.

Un largo silencio hasta abril de 1977

Tras dejar la Presidencia de la República, el 31 de noviembre de 1970, Díaz Ordaz guardó un largo silencio. Fue hasta abril de 1977 cuando volvió a referirse a lo sucedido. El entonces presidente José López Portillo lo nombró embajador en España y la Secretaría de Relaciones Exteriores citó a una conferencia en su sede de Tlatelolco, a unos metros de la Plaza de las Tres Culturas. El canciller, Santiago Roel, hizo el anuncio y se retiró, dejando al ex presidente frente a los periodistas.

De inicio –han escrito quienes ahí estuvieron– la rueda de prensa se desarrolló de manera insustancial, incluso "frívola". Hasta que un reportero tomó la palabra para confrontar a Díaz Ordaz: el escritor Carlos Fuentes acababa de renunciar como embajador de México en Francia en protesta por el nombramiento diplomático del ex presidente.

"Lo único que les puedo decir a ustedes es que me dio mucha risa. Se erige en juez de acontecimientos que yo no sabía que él había presenciado. Yo no sabía que él estaba ahí en esos días, si ha estado quizás hubiera ido a dar a la cárcel, y no fue. ¿Que soy responsable único (de la matanza del 2 de octubre)? Seguramente debe tener muchos datos, ha de haber realizado una minuciosa, agotadora y exhaustiva investigación para llegar a esa conclusión. O habló sin tener fundamento."

Emplazó a quienes señalaban que fueron centenares los muertos en la Plaza de las Tres Culturas a probarlo. “(Se ha dicho) que se hicieron desaparecer los cadáveres, que se sepultaron clandestinamente, que se incineraron. Es fácil hacerlo, pero los nombres no se pueden desaparecer. Ese nombre corresponde a un hombre que dejó un hueco en una familia (…) es un hueco que no se puede destruir, si se trata de hacer, se agranda, y para que no quede hueco en la familia, habría que acabar con la familia. Es absurdo”.

Aseguró que los caídos, entre ellos el general José Hernández Toledo, quien iba al frente de las tropas y resultó herido, recibieron impactos de bala con trayectoria vertical. "Fueron disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua. (Lo hicieron) perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos mismos habían conseguido, o que a ellos les habían dado".

Indignado ante lo que escuchaba, un joven periodista de 29 años, Rafael López Jiménez, alzó la voz para cuestionarlo: "Hemos oído comentarios en el sentido de que tal vez no como embajador, sino como hombre que se reincorpora a la vida pública, deja mucho que desear, debido a que usted asumió la responsabilidad histórica en un momento dado por un hecho que ensombreció la historia del país. Como que todavía en esta designación se está tocando una llaga que no ha podido cicatrizar totalmente..."

El semblante de Díaz Ordaz se transformó. Colérico, arremetió contra el reportero: "Disiento totalmente del criterio muy personal de usted de que hay un hecho que ensombreció la historia de México. Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos. Yo le puedo decir a usted que estoy muy contento de haber servido a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser Presidente de la República y haber podido, así, servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años, es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país, les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, horas, integridad física, peligros, la vida de mi familia, mi honor y el paso de mi nombre en la historia. Todo eso se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría oportunidad... ¡Muchachito! De estar aquí preguntando".

–¿De qué salvó usted al país? –le soltó otro periodista.

–De la anarquía, de la subversión, del caos. De que se terminaran las libertades que disfrutamos.

Díaz Ordaz abandonó la conferencia y se fue a España, donde no soportó las críticas y reclamos en su contra por aquel negro año de 1968. Ofendido, dejó el cargo diplomático a los pocos meses (agosto de 1977) sin siquiera avisar al presidente José López Portillo. Murió el 15 de julio de 1979 en la ciudad de México.

Emir Olivares Alonso

 Periódico La Jornada

Amplia formación en Estados Unidos

El 68 a medio siglo

El general Manuel Díaz Escobar, clave en la matanza de Tlatelolco y el halconazo

▲ Los halcones saludan al paso de los camiones del cuerpo de granaderos, sobre la calzada México-Tacuba, el 10 de junio de 1971.Foto Archivo de Paco Ignacio Taibo II

Gustavo Castillo García

 

Periódico La Jornada

Lunes 15 de octubre de 2018, p. 18

En la capital del país la historia de represión gubernamental contra los movimientos estudiantiles no concluyó el 2 de octubre. Durante seis años –de 1966 a 1972–, el coronel Manuel Díaz Escobar convirtió el Departamento del Distrito Federal (DDF) en centro de operaciones de grupos de choque auspiciados por los regentes, el general Alfonso Corona del Rosal y Alfonso Martínez Domínguez.

Díaz Escobar, El zorro plateado, fue identificado en reportes de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), como hombre clave en las masacres ocurridas el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971.

En esas fechas ostentaba el grado de coronel del Ejército Mexicano, y falleció siendo general divisionario y sin ser llevado ante los tribunales. El zorro plateado fue –según los documentos oficiales– el líder del grupo de francotiradores que actuó el 2 de octubre en Tlatelolco contra militares y asistentes, y también dirigió a los halcones –grupo de choque que atacó a estudiantes el Jueves de Corpus de 1971, en inmediaciones de la Escuela Nacional de Maestros, en la calzada México-Tacuba.

Guantes blancos y negros

Documentos confidenciales que hoy se encuentran en el Archivo General de la Nación (AGN) establecen que Díaz Escobar dirigía grupos integrados por luchadores, barrenderos, cargadores del mercado de La Merced y hasta trabajadores de panteones capitalinos, quienes se distinguían por utilizar guantes blancos y negros para diferenciarse de sus víctimas durante los actos de represión a estudiantes y obreros.

Los guantes blancos fueron utilizados durante la noche del 2 de octubre y aunque la prenda fue utilizada por miembros del Batallón Olimpia, también hay registros de hombres vestidos de civil que la portaban mientras se reprimía a los asistentes al mitin que concluyó con un número indeterminado de víctimas en la Plaza de las Tres Culturas.

Los hombres de Díaz Escobar, refieren los informes confidenciales de la DGIPS fechados el 5 de julio de 1969, que durante el movimiento estudiantil de 1968 se dedicaron a contratacar a los estudiantes de leyes y otras escuelas, y para identificarse entre ellos, usaban un guante blanco en la mano derecha.

Manuel Díaz Escobar nació en Oaxaca en 1919. Fue de los primeros oficiales mexicanos que recibieron entrenamiento en Estados Unidos (EU); realizó estudios en Bolling Field, Washington, en 1943; formó parte de los escuadrones aéreos estadunidenses, que efectuaron el levantamiento de la carta geográfica de la República Mexicana, y estuvo en el 19 Escuadrón de Aerofotometría del ejército de EU.

Entre los años de 1951 y 1954 fue agregado militar en Washington y luego representante de México ante la Junta Interamericana de Defensa, la cual nació con la idea de constituir un colegio interamericano en la materia que pusiera de relieve la necesidad de concentrarse en la defensa hemisférica, no sólo en la ­nacional.

De 1955 a 1971 estuvo bajo las órdenes del general Alfonso Corona del Rosal, y –dato importante en su trayectoria– en octubre de 1966 fue nombrado subdirector de Servicios Generales del DDF, donde comenzó a formar un grupo paramilitar que se encargaba de reprimir, amenazar, golpear e incluso detener a estudiantes, obreros y activistas políticos o sindicales contrarios al gobierno, según los reportes oficiales que se conservan en el AGN.

Corona del Rosal, gastos

El 4 de octubre de 2009, La Jornada publicó en exclusiva que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) documentó que Corona del Rosal –quien en 1968 se desempeñó como jefe del DDF y era uno de los aspirantes a suceder a Gustavo Díaz Ordaz en la Presidencia en 1970– financió a los francotiradores que dispararon contra el Ejército en la Plaza de las Tres Culturas, lo que desencadenó la matanza de ­estudiantes.

También difundió que el sucesor de Corona del Rosal en el DDF, Alfonso Martínez Domínguez, continuó financiando a Díaz Escobar y su grupo supuestamente conformado por 20 mil personas.

“Oficios obtenidos también en el AGN refieren que el 4 de febrero de 1960, El zorro plateado, Manuel Díaz Escobar, jefe operativo de De la Lux, los francotiradores del 2 de octubre y los halcones en 1971, adquirió 40 pistolas y 25 revólveres Ruby Extra, calibres 22 al 38, según las relaciones de las armas importadas con permisos del Departamento de la Industria Militar, y certificados expedidos por el consulado general de México en Nueva York”, explicó María de los Ángeles Magdaleno Cárdenas, quien en su momento fue encargada del área documental de la Femospp.

La historia de Díaz Escobar también se cruza con otros militares mexicanos considerados anticomunistas, como el general Mario Ballesteros Prieto, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y el general Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, ambos con Gustavo Díaz Ordaz.

Díaz Escobar y Ballesteros Prieto nacieron en Oaxaca, coincidieron en cursos militares y fueron ayudantes de Alberto Salinas Carranza, agregado militar en la embajada de México en Washington en los años 50, que fueron de intensa presión de Estados Unidos sobre el gobierno mexicano para que aceptara la conformación de una fuerza armada continental.

Entre 1972 y 1973, en Chile, las vidas de Díaz Escobar y Ballesteros se cruzaron de nuevo en el tablero de una negra historia: el golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende.

Ballesteros Prieto murió en enero de 1973, precisamente cuando ostentaba el cargo de agregado militar en la embajada de México en Chile, pero Díaz Escobar, quien lo sucedió en el cargo, vivió el golpe de Pinochet en septiembre de ese año. Los exiliados chilenos lo recuerdan como amigo cercano del general golpista, y como el coronel que siempre vigilaba quién era inscrito en la lista de exiliados.

Piden replantear enfoque de acciones de protección a periodistas y personas defensoras

Debe considerar el derecho a defender DH

Organizaciones civiles llamaron al gobierno mexicano a replantear el enfoque de las acciones de protección de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas en riesgo, para crear una política pública integral que considere el derecho a defender Derechos Humanos y la perspectiva de género, interculturalidad indígena y étnica.

En conferencia en el Centro Cultural Tlatelolco, en la Ciudad de México, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil),

Protección Internacional (PI) y las agrupaciones del Espacio OSC presentaron el informe “Es Tiempo Ya” que analiza las políticas y Mecanismos de Protección para defender el derecho a defender los Derechos Humanos.

El informe, elaborado por Cejil, organización internacional con sede en Costa Rica, compara las políticas públicas para defensoras y defensores en cuatro países: Colombia, Brasil, México, y Honduras, los cuatro países latinoamericanos que han institucionalizado un Mecanismo de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

El informe analiza las rutinas y procedimientos de estos Mecanismos, la evaluación de riesgo, las medidas de protección, y los recursos asignados. El análisis concluye que la visión política hacia defensoras y defensores es a menudo reaccionista, es decir, se reduce a atender las agresiones físicas.

Las fallas y aciertos del Mecanismo de Protección de México fueron expuestos por la periodista desplazada de Tamaulipas e integrante de la Red Nacional de Periodistas, Rosa María Rodríguez Quintanilla, quien denunció las múltiples amenazas y hostigamiento que sufrió su familia antes de verse obligada al desplazamiento forzado.

“Allá quien denuncia se convierte en enemigo del Estado. No es el miedo al crimen organizado, es el terror a quienes gobiernan en Tamaulipas, donde quienes deberían garantizar tus derechos son quienes te agreden. Vivimos en total indefensión”, dijo y explicó sus razones para irse: “En este clima de terror era imposible que nosotros despertáramos en nuestra tierra.”

La periodista y coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género narró que las mujeres son amenazadas de manera diferente, por ejemplo, los perpetradores se dirigen directamente a su entorno familiar. Destacó que el nuevo gobierno inspira cierta esperanza pero señaló que aún preocupa que el discurso público de Andrés Manuel López Obrador sea misógino.

“Recientemente escuché expresiones misóginas, sexistas del presidente electo. Pero también un discurso de odio hacia la prensa, que contribuye a ese clima de hostilidad, de falta de respeto hacia nosotros”, dijo Rodríguez.

La falta de voluntad política del gobierno saliente para garantizar el derecho de defender los Derechos Humanos se ha expresado en la mala implementación del Mecanismo de Protección. La más reciente y grave, coincidió con expertos, es la falta de recursos económicos para esta institución.

Al respecto, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, señaló: “cómo es posible que el Estado que presume en espacios internacionales su Mecanismo de Protección no pueda asegurar su presupuesto?”. 

A su vez la coordinadora de la organización Propuesta Cívica, Sara Mendiola, dijo que “se tienen que implementar medidas que prevengan las agresiones, investigarlas, sancionarlas y repararlas”, es decir, ampliar su visión para que no sólo sea protección física.

El oficial de incidencia política de Cejil José Ignacio Gómez, agregó que era necesario preguntarse cuáles son las estructuras que sostienen la desigualdad de poderes: el extractivismo, el patriarcado como algunos de los pilares que hoy afectan la defensa de Derechos Humanos y que transforman un derecho en una pena de muerte en las Américas.

El informe fue presentado por Enrique Eguren, integrante de Protection International; Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de UDEFEGUA; Alejandro Cerezo de Acción Urgente para los Defensores de los Derechos Humanos; Guadalupe del Carmen, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota; y Sandra Alarcón de Tlachinollan.  

El enlace para descargar el informe “Es Tiempo ya” es el siguiente:

https://www.cejil.org/sites/default/files/es_tiempoya_interactivo.pdf

CIMACFoto: Silvia Nuñez Esquer

Por: Anayeli García Martínez y Sonia Gerth

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Reclamos e ideales del 68 siguen vigentes, reconoce el semanario Desde la fe

El 68 a medio siglo

La Arquidiócesis de México retomó en su editorial el tema del movimiento estudiantil de 1968, sin abundar en las demandas ni en los hechos. Destacó que los reclamos e ideales de aquel entonces siguen vigentes.

En el texto publicado en el semanario Desde la fe, expuso que “una fecha cívico-política como el 2 de octubre siempre tiene su peso especial: fueron jóvenes estudiantes los protagonistas centrales en los acontecimientos de hace 50 años.

Y las exigencias y reclamos, las aspiraciones e ideales de aquel entonces, siguen teniendo vigencia para todos los actores y para cada instancia social, sea política, mediática, educativa, religiosa, cultural: nadie puede ignorar las necesidades de los jóvenes, pues ellos siempre serán el futuro que viene, que necesita cuidado, que merece prioridad.

La arquidiócesis, que encabeza Carlos Aguiar Retes, señaló que “sin olvidar que los jóvenes de hoy, de hace 50 años o de los siglos venideros, exigen atención y cuidado de la Iglesia y de cualquier otra instancia social, también hay que reconocer que la Iglesia ni está lejos de ellos ni los excluye: ya veremos el resultado del Sínodo de los Obispos, en donde los jóvenes –de muchas maneras– son protagonistas”.

Desde la semana pasada se lleva a cabo en Roma un sínodo sobre jóvenes al que convocó el papa Francisco y al que asiste Aguiar Retes.

En tanto, el Centro Católico Multimedial, en su editorial de ayer, denunció el secuestro de un sacerdote el 3 de octubre pasado en la parte alta de la delegación Gustavo A. Madero. El prelado ya fue liberado.

Señaló que el pretexto fue haberle solicitado servicios propios de su ministerio durante la madrugada para privarlo de su libertad a cambio de un rescate.

Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

El olvido otro

Gustavo Esteva /I

No debemos olvidar. Pero tampoco encubrir.

Se dijo y escribió lo que hacía falta el 2 de octubre, pero sigue pendiente derivar las consecuencias pertinentes de la conmemoración y recordar el contexto.

Como insisten los padres de Ayotzinapa, lo primero es la verdad. No puede haber justicia si no la conocemos. Lo dijo bien Rosario Castellanos: “No hurgues en los archivos pues nada consta en actas […] Recuerdo, recordemos / hasta que la justicia se siente entre nosotros”.

Sin embargo, ¿qué sería la justicia? ¿Desenterrar al Díaz Ordaz y encerrar al Echeverría? ¿Cazar o denigrar culpables adicionales? ¿Bastan esclarecimiento y castigo? ¿En eso consiste la justicia? ¿Eso buscamos hoy con todos los crímenes encima?

Trazó el rumbo una de las madres de Ayotzinapa: no recuperará la serenidad hasta que lo ocurrido con su hijo no pueda ocurrir con nadie más. Tomémoslo en serio. ¿Qué haría falta para que así fuera?

El monopolio de la violencia legítima otorgada al Estado se perdió hace tiempo en México; los gobiernos no tie­nen ya monopolio de la violencia y me­nos aún legitimidad. La de AMLO parece estar fuera de discusión. ¿Es suficiente? Es cierto que hay una apertura a la esperanza (Magdalena Gómez, La Jornada, 2/10/18). El presidente electo se compromete a no usar nunca más la fuerza para reprimir los movimientos sociales. Sin embargo, “su compromiso personal […] no garantiza que esto no vuelva a suceder” (Luis Hernández Navarro, La Jornada, 2/10/18).

El asunto no consiste en confiar o no en su palabra, sino en preguntarnos si eso es todo. A final de cuentas, lo que es­tá en entredicho es el diseño mismo del Estado-nación, que sólo es la forma política del capitalismo y una estructura de dominación y control, supuestamente democrática. Una posibilidad real de justicia sólo puede existir si adoptamos un nuevo horizonte político, más allá de esa estructura.

Eso es lo que empieza a cundir. “Es el momento […] de empezar a construir autonomía de base social […] y encontrar alternativas comunitarias al Estado-nación”, se sostiene dentro del movimiento catalán. El 11 de septiembre, en la fiesta nacional de Catalunya, se coreó la consigna el pueblo manda, el gobierno obedece (Mireia Pérez, La Jornada, 1/10/18).

Tenía razón el finado sup Marcos cuando señaló que 68 era más que Tlatelolco. Fue la calle como territorio de la otra política, la de abajo, la nueva, la luchadora, la rebelde. Fue aprender de la abierta confrontación entre varias formas de hacer política. Treinta años después, escribió en 1998, la lucha continúa (2/10/1998)

Un movimiento centrado en los universitarios amplió espacios políticos, económicos y sociales para ellos. Logró también avances hacia la normalidad democrática. No debe subestimarse su contribución, directa e indirecta, a cerrar el ciclo de dominación que por 90 años asociamos con el Partido Revolucionario Institucional y llegó a su fin el pasado primero de julio, aunque sigan en circulación zombis que aún portan la franquicia y otros quieran tomar en sus manos la estafeta.

Falta lo que falta. Al recordar y conmemorar la otra política, la de abajo, no olvidemos el contexto que la sembró. Por buenas razones se destaca Berkeley, el mayo de París, Tlatelolco… Pero los reflectores sobre el 68 y los estudiantes pueden ocultarnos la década entera, que es inevitable llamar revolucionaria.

Hubo realmente un espíritu de los sesenta y junto a su corriente individualista hubo otra solidaria y comunitaria; todo se puso en cuestión: la familia, el trabajo, la educación, el éxito, la cordura, la locura, el cuidado de los niños, el amor, el urbanismo, la ciencia, la tecnología, el progreso, la riqueza (José Ma. Sbert, 2009). Era necesario cambiarlo todo (Germán Dehesa, 1997). The sky is the limit. Despegó un nuevo movimiento feminista, cuando Betty Friedan fundó en 1966 la National Organization for Women. Fue Martin Luther King. “Parecía poderse ver de repente todo lo que una sociedad tenía de intolerable, al mismo tiempo que las posibilidades de otra realidad social… Para 80 por ciento de la humanidad, fue como si la Edad Media llegara súbitamente a su fin en los sesenta” (Henri Weber, 1998). Y algo muy importante: se creyó de pronto en el sustrato de los excluidos e inadaptados, los explota­dos y perseguidos de otras razas, los des­empleados y los in-empleables (Marcuse, en Kumar 1991). Los jóvenes “no desean un futuro como el nuestro, que hemos probado que éramos unos cobardes… agotados por la obediencia, víctimas de un sistema cerrado” (Sartre, en Winock 1997). La década termina como un ciclón. Praga, los Guardias Rojos, las Panteras Negras, Woodstock…

Fue un error colgar la revolución de líderes que la traicionaron. Pero no se equivocaron quienes crearon la Comisión Trilateral para sofocarla e inventaron la equívoca etiqueta neoliberal para su campaña. Es esto lo que ahora termina. Empieza a ser posible, en medio del horror y la devastación, lo que entonces no pudo ser.

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