1/12/2019

Un proyecto de política económica para el cambio prometido

Por: Carmen R. Ponce Meléndez*

Con enormes expectativas políticas y económicas se recibió el primer Paquete Económico del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Representa su primer aterrizaje del proyecto de cambio que prometió y anunció durante su campaña y en su toma de posesión, el pasado 1 de diciembre. Hasta ahora ha provocado un debate en la sociedad mexicana,  ya sea por su austeridad, o bien por la cancelación e incorporación de nuevos programas.
Al igual que siempre comprende el proyecto de presupuesto para  2019 (PPEF);  los criterios generales de política económica y la ley de ingresos, básicamente.
Conforme a este documento los ingresos serán de 5.81 billones de pesos, respecto a 2018 implica un crecimiento de 6 por ciento.
Tal como se había anunciado por el Presidente no se proponen aumentos en las tasas de los impuestos existentes ni la creación de impuestos nuevos. Para la segunda mitad del sexenio el gobierno propondrá una reforma fiscal, con ejes rectores como la progresividad y la simplicidad del marco tributario.
Es indispensable que se realice esta reforma, donde los grandes capitales de verdad contribuyan fiscalmente y la carga tributaria no  siga descansando exclusivamente en la “ciudadanía de a pie”.
Se destaca que en el documento se propone un superávit primario del 1 por ciento del PIB, este superávit es la diferencia que hay entre los ingresos totales menos los gastos totales del gobierno, pero excluyendo el concepto del pago de intereses. Este es un aspecto central en la concepción de “conservar el equilibrio macroeconómico”; se supervisa por las calificadoras internacionales y el sector financiero, ya sea en forma positiva o negativa.
Respecto al crecimiento de la economía se plantea un rango de 1.5-2.5 por ciento, con una  inflación de 3.4 por ciento, y el tipo de cambio promedio 20 pesos; el precio del barril de petróleo en 55 dólares. La tasa promedio de crecimiento del producto en el sexenio se sitúa en 2.7 por ciento.
Realmente estas cifras de crecimiento pueden ser muy conservadoras porque la propuesta de gasto público contiene elementos redistributivos, que bien pueden representar un aumento en el consumo y una mejoría en los ingresos de la población.
Ambas cosas dinamizan el crecimiento económico, aunque claro estas cifras siguen siendo muy bajas para las necesidades del país, se pretende que al finalizar el sexenio se tenga un PIB del 4  por ciento, ojalá  que esto se convierta en una realidad.
GASTO PÚBLICO 2019, PROYECTOS PRIORITARIOS Y AUSTERIDAD
Para 2019 el gasto neto total del sector público crecerá 6.1 por ciento respecto a la cifra aprobada en 2018, se incrementó  330 mil 800 millones de pesos  y alcanzará un nivel de 5.77 billones de pesos.
A la cabeza están la pensión para adultos mayores, con 100 mil millones de pesos, “que permitirá duplicar los recursos que reciben los adultos mayores, a fin de tener una vida digna”; el programa ‘Jóvenes construyendo el futuro’, con 44.3 mil millones para dar oportunidades de trabajo y estudio a 2.6 millones de jóvenes; y diversos proyectos de infraestructura ferroviaria, carretera y aeroportuaria por 30.4 mil millones de pesos, que potenciarán la conectividad interna y con el exterior.  La modernización de infraestructura aeroportuaria recibirá 18 mil millones de pesos; se asignaron recursos a caminos rurales; seis mil millones de pesos al Tren Maya y 0.9 mil millones al Corredor Transístmico.
Para la rehabilitación de las seis refinerías de Pemex, uno de los pilares del proyecto energético del presidente López Obrador, se estima un gasto  de 71 mil 906 millones de pesos. Un volumen importante de recursos se destinan al sureste, a las zonas más pobres del país.
Las secretarías que contarían con un mayor aumento en sus gastos son: Energía, Trabajo y Turismo. En tanto que los  recortes de gasto más importantes están en  Medio Ambiente, Función Pública  y Comunicaciones y Transportes.
Pero las disminuciones de gasto más impugnadas  y polémicas son las de Conacyt, Cultura, Programa para la igualdad de género; además se había planteado un recorte significativo  para las Universidades más importantes del país, el IPN y algunos centros de investigación, provocando una hola de reclamos. Finalmente el propio presidente lo corrigió y ofreció que se les otorgaría el mismo recurso de 2018 más inflación, pero con la consigna de que tenían que hacer “más con menos”.
Lo mismo sucedió con las disminuciones que se plantean en los estados, ya están ahí las protestas de los gobernadores respectivos. La pelota está en la cancha del Congreso, pero el Secretario de Hacienda dio puntual respuesta a estos reclamos argumentando que algunos Estados y sus gobiernos prácticamente han renunciado a la captación de ingresos propios,  se plantean depender cada día más de los recursos federales.
En estas y otras disminuciones del gasto se tiene que hacer un análisis más fino y no quedarse en las cifras globales, por renglón de gasto y por el tipo de programa que se afectará. Lo cierto es que este proyecto de presupuesto demostró la falacia del argumento que por décadas se dijo: que no era posible hacer modificaciones importantes en el gasto público porque había inercias imposibles de modificar. Sí, la primera de ellas son los compromisos políticos y la corrupción que significa y ha significado el enorme derroche de los recursos públicos que provienen de los  bolsillos de la ciudadanía.
En materia de sueldos de la burocracia  y su anunciada reducción el Secretario de Hacienda en su comparecencia en la Cámara expreso: "Lo que se va a hacer es reducir los sueldos del presidente, secretarios, subsecretarios, titulares de unidad, directores generales y directores generales adjuntos, nada más". Remarcó que así como bajan los salarios de los altos rangos, subirán los de empleados del Gobierno que ganan menos de 20 mil pesos.
Lo cierto es que este Paquete  Económico 2019 ya cuenta con la aprobación del Sector Empresarial, los mercados financieros  y las calificadoras internacionales porque cumplió con el objetivo de establecer expectativas de estabilidad económica y financiera. A pesar de que los pronósticos eran que no lo lograrían porque el reto no está nada fácil y cada vez se irá haciendo más complejo, tanto para la administración del Presidente, su partido político y en general.
Si bien en las pasadas elecciones de julio AMLO logró un triunfo político avasallador ahora está frente a su primera prueba de ácido, tanto en congruencia con lo ofrecido en su campaña como en la necesidad de obtener un triunfo económico y llevar al país a un mejor estadio de desarrollo, con menos desigualdades.
Desde luego la oposición sigue apostando al fracaso y la comentocracia hace su papel; diariamente después de leer los periódicos equivocadamente se puede pensar que estamos ante las puertas de un apocalipsis. Afortunadamente no es así y por supuesto hay una resistencia a los cambios.
PD:
Salarios para 2019. El aumento al salario mínimo se dio a partir del 1 de enero; el general aumentó de 88.36 a 102.68 pesos a nivel nacional, un incremento del 16.21 por ciento. Para los municipios que conforman la zona fronteriza, el salario mínimo vigente en 2018 se duplicará a 176.72 pesos, 100 por ciento de aumento.

*Economista especializada en temas de género
twitter @ramonaponce

CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Ciudad de México.

Alejarnos de la justicia patriarcal. Feminismo y justicia restaurativa.

AUTORA

Escritora. Psicoanalista. Autora de la novela "Cada noche, cada noche" (Siruela) o del libro de relatos “Qué mundo tan maravilloso” (Páginas de Espuma)
 

Al observar algunas de las reacciones que las mujeres como colectivo hemos adoptado en las redes ante los delitos y los abusos ejercidos por los hombres contra nosotras, me ha llamado la atención la forma patriarcal, retaliativa y reactiva (ley del Talión) de algunas de nuestras respuestas, a menudo parecidas a ese populismo punitivo que ruge con deseos de venganza, y demanda penas mayores ante delitos de intenso calado social.
Cabe entonces preguntarse lo siguiente: la justicia que las mujeres deberíamos preferir para reparar un daño sufrido ¿tiene que tener forzosamente los mismos mimbres que la justicia punitiva patriarcal? O, por el contrario, ¿podríamos promover desde el feminismo formas nuevas de reparación de la víctima y de rehabilitación del agresor?
Intentando responder a esta cuestión pensé de inmediato en la justicia que impartieron Nelson Mandela y Desmond Tutú en Sudáfrica al investigar los crímenes del apartheid mediante la creación de la Comisión para la verdad y la reconciliación de 1996; así como en otras formas de reparación que se utilizan terapéuticamente en algunos casos de incesto. La Comisión sudafricana confrontaba a las dos partes de un delito en una confesión pública que buscaba el rechazo de la violencia ejercida por el agresor y la reparación de la víctima, buscando llegar al perdón y a la reparación del daño, si bien este nunca puede ser del todo cicatrizado, como bien saben quienes siguen la sociedad sudafricana actual. Lo mismo sucede en los casos de incesto; el reconocimiento del incesto por parte del agresor restituye el orden de la convivencia, refuerza la prohibición y la ley, y facilita la reconciliación, aunque la víctima puede elegir qué tipo de relación prefiere mantener en adelante con el familiar que la agredió.
No soy especialista en Derecho, pero investigué someramente al respecto y encontré una amplísima literatura, desconocida para mí, sobre la llamada Justicia restaurativa, que confirmó mis intuiciones. Este texto debe leerse solo como aproximación a un campo que ha despertado enormemente mi interés, y espero que también despierte el suyo, ayudándonos a pensar sobre lo que aquí se plantea.
En el Manual sobre Justicia restaurativa de Naciones Unidas, el proceso restaurativo se define así: es cualquier proceso en el que la víctima y el ofensor y, cuando sea adecuado, cualquier otro individuo o miembro de la comunidad afectado por un delito, participan en conjunto de manera activa para la resolución de los asuntos derivados del delito, generalmente con la ayuda de un facilitador.
Pero, en texto ya clásico, El pequeño libro de la justicia restaurativa, de Howard Zehr, se va más allá y se afirma que en los procesos restaurativos: No debería haber ningún tipo de presión, ni para perdonar ni para buscar la reconciliación. Pues se insiste en que este tipo de justicia no ha de confundirse con la mediación, donde se supone que las dos partes litigantes son responsables del conflicto, sino que en aquella hay un reconocimiento explícito de la existencia de una víctima y un agresor. Para participar en encuentros restauradores, los ofensores siempre tienen que aceptar en alguna medida la responsabilidad por su delito, puesto que un componente importante de tales programas consiste en identificar y reconocer el mal causado. El lenguaje neutral usado en los procesos de mediación puede ser engañoso y a veces hasta puede resultar ofensivo para las víctimas.
Se trata de una justicia que no excluye la justicia retributiva o punitiva actual, ni el encarcelamiento, ni el sistema legal que nos regula, sino que amplía el campo de intervención a la comunidad implicada en el hecho, insiste en la reparación del daño y en la necesidad de que el ofensor reconozca su culpa y analice las causas de su comportamiento. La justicia restaurativa se basa en que el daño causado comporta obligaciones del ofensor hacia la víctima y hacia la comunidad, La justicia restaurativa requiere, como mínimo, que atendamos los daños y necesidades de las víctimas, que instemos a los ofensores a cumplir con su obligación de reparar esos daños, e incluyamos a víctimas, ofensores y comunidades en este proceso.
La justicia restaurativa se basa en que el daño causado comporta obligaciones del ofensor hacia la víctima y hacia la comunidad,
 Me preocupa la masculinización de las mujeres, que hemos sido educadas en la plasticidad psíquica, elaborando una capacidad extrema para mimetizarnos con los otros y con los imperativos culturales que pretenden definirnos (la llamada heterodesignación); observo el abandono de formas empáticas de conducirnos, derivadas de nuestra identidad relacional y de nuestra tradicional atención a los afectos y al cuidado, sustituidas por formas masculinas de uso del otro que tan bien conocemos como víctimas. Creo sinceramente que un mundo donde se pierda definitivamente el ethos de cuidado no es un mundo habitable, no es un lugar donde podamos vivir una buena vida. Me adhiero a quienes, desde Norbert Elías a Judith Butler, desde José María Esquirol o Adam Phillips o Martha Nussbaum, reivindican los lazos afectivos y la proximidad como ejes constitutivos de lo humano, y advierten sobre el peligro creciente del individualismo.
Como rechazo de todo lo anterior, desearía que una sociedad más igualitaria no repitiera los vicios de la sociedad patriarcal que nos ha oprimido, sino que inaugurase una convivencia realmente nueva, solidaria y atenta a la vulnerabilidad ontológica que nos constituye. Una sociedad que no fomentase los comportamientos de omnipotencia individualista, de reactividad vengativa y no- empática, que se postulan ahora como ejes de un solipsismo consumista, sino que fomentase la solidaridad y la sororidad que, sin embargo, vemos cómo se alejan cada vez más de nuestro horizonte en las sociedades desiguales del neoliberalismo y del capitalismo avanzado.
En este contexto, creo que desde el feminismo sería necesario interrogar profundamente nuestra justicia retaliativa y punitiva bajo el prisma que proporciona la justicia restaurativa. Que la teoría feminista tendría que oponer resistencia, tanto íntima –en las conciencias subjetivas de cada uno de nosotros y nosotras –, como pública –mediante la producción de discursos políticos y teóricos – a las formas convencionales de comportamiento patriarcal, tanto en lo personal como en lo colectivo, que tienen que ver con el ejercicio de una justicia punitiva que ha demostrado su insuficiencia en la rehabilitación de los agresores. Es evidente que habrá violentos irrecuperables, y que el ideal de justicia estará siempre por delante de nuestros progresos; como lo es también que no podemos sostener un ideal de venganza ni una credulidad ingenua. Pero sí podemos concebir la construcción de una sociedad igualitaria como un largo proceso en el que las contradicciones se vayan resolviendo poco a poco, atendiendo siempre a la complejidad de las sociedades humanas.
En nuestro país, la reacción de la madre del pequeño Gabriel Cruz, asesinado por la novia de su padre, Ana Julia Quezada, ha sido un ejemplo de comportamiento empático, no reactivo ni vengativo, que invita a la convivencia y a aislar el delito, alejándolo de los ideales de la comunidad. Una reacción en las antípodas de la observada en otros padres, afectados por el mismo dolor, que claman por un populismo punitivo. Curiosamente, es una mujer quien da ejemplo y se aleja de la venganza masculina que, sin embargo, Ana Julia sí ejerció.
Hace unos días, la antropóloga argentina Rita Segato reflexionaba sobre cómo el escrache surgió en su país no como un modo de linchamiento, sino de juicio justo contra la impunidad; pero también advertía: Cuidado con las formas que aprendimos de hacer justicia desde lo punitivo que están ligadas a la lógica patriarcal. El desarrollo del feminismo no puede pasar por la repetición de modelos masculinos, sino por la reparación de las subjetividades dañadas de la víctima y el agresor. La única forma de hacerlo, afirma Segato, es la política, una nueva política que implicaría colectivizarte y vincular.
Las mujeres fuimos educadas en el cuidado de los vínculos y los afectos, acceder al poder, ocupar la plaza pública que se nos arrebató, no debería significar arrojar el niño con el agua, esto es, despreciar nuestras singularidades de género a favor de la adquisición de unos comportamientos patriarcales, que siempre estuvieron y siguen estando en el origen de las desigualdades, para convertirnos en agentes de la lógica patriarcal que todos llevamos involuntariamente dentro. Las mujeres deberíamos utilizar nuestra percepción de la vulnerabilidad para acercar nuestra sociedad a formas más humanas de relacionarnos, de reparar el daño, de impartir justicia.
Comparto la opinión de Segato cuando afirma:
Hilamos, tramamos, tejemos la política dentro de la sociedad, construimos una sociedad nueva, des-generada, despatriarcalizada. Ese es nuestro trabajo, y va a incidir directamente en el formato de la política y en el rumbo de la historia.
Pensemos, pues, el modo de hacerlo juntos.

El liberalismo en el Estado mexicano


El liberalismo es una doctrina filosófica con expresiones concretas en el terreno político, económico y social, cuyos pilares fundamentales son la libertad individual, la limitación del papel del Estado en la vida civil y las relaciones económicas, la protección de la propiedad privada, la igualdad ante la ley sustentada en el Estado de derecho, la separación de poderes y la tolerancia de credos.Como tal, el liberalismo es un sistema político esencialmente compatible con la democracia republicana de tipo representativo.
Pero, también, el liberalismo nace en oposición al absolutismo, y se inspira en las ideas de John Locke, considerado padre del liberalismo, y de pensadores de la Ilustración como Montesquieu, Voltaire o Jean Jacques Rousseau, así como de los británicos Adam Smith y John Stuart Mill. Parte de un idealismo individual y en muchas ocasiones alejado de la realidad.
Asimismo, el liberalismo no es de izquierda y pondera, por encima del concepto de bien común, la libertad o los derechos individuales.
Y prueba de ello es la iniciativa presentada en el Senado de la República, sobre los métodos de reproducción asistida, que intenta consagrar el derecho a la maternidad y la paternidad como un derecho humano, sin importar los medios, y que para cumplir con ese objetivo incluye los vientres de alquiler o la maternidad subrogada. La iniciativa está hoy radicada en la Comisión de Salud del Senado de la República en espera de dictamen.
Pero cierto es que los vientres de alquiler se alimentan de las mujeres pobres y sin tomar en cuenta que las niñas y niños tienen el derecho inalienable que consagra la Convención de los Derechos de la Niñez a conocer su origen y mantener relaciones con su progenitores. 
Es por eso me pareció muy importante dar a conocer la posición de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres Internacional y, por tanto, de la Organización que representó, respecto de los vientres de alquiler y que suscribimos en junio de 2018 con líderes y activistas del movimiento por la justicia de género, racial y económica.
Cualquier iniciativa de ley tendiente a legalizar los contratos para la maternidad subrogada o vientres de alquiler y la industria reproductiva subrogada son un atentado contra los derechos humanos de las mujeres pobres, vulnerables y de las niñas y niños que tienen derecho a conocer su origen y estar en contacto con sus madres y padres. Nuestra oposición emerge de nuestra profunda preocupación por la legalización de los contratos de subrogación.
Creemos que la industria de los vientres de alquiler y la maternidad subrogada daña la salud física y psicológica de las mujeres más vulnerables y marginalizadas, -mujeres en condición de pobreza que desproporcionalmente tienen historias de abuso y discriminación, incluyendo aquellas que se basan en género y etnicidad – y que incentivan y liberan una industria despiadada para sacar provecho de su explotación.
Podemos entender que quienes proponen la legalización de la industria de la subrogación lo analizan desde el derecho de quienes no pueden concebir y lo hacen porque tienen una trayectoria de lucha por los derechos humanos de las mujeres, específicamente, en la lucha de los derechos sexuales y reproductivos, del que han sido apasionadas luchadoras y es un interés bien intencionado.
Pero creemos que hace falta contar con información integral sobre la magnitud del daño que podría ocasionar que este tipo de propuestas de ley se convirtieran en normas legales en las mujeres económicamente más vulnerables. Estamos convencidas que esté tipo de leyes legitiman la trata reproductiva de las mujeres, en beneficio de clases económicas empoderadas y abre la puerta a la explotación masiva de mujeres en embarazos de contrato impulsados por las personas consumidoras y, en última instancia, convertirían los países en vías de desarrollo, inclusive México, como un destino global para el turismo reproductivo.
La reproducción subrogada crea riesgos para la salud física y el bienestar de las mujeres. La legalización y legitimación de las sustitutas reproductivas socavan objetivos crucialmente importantes, como abatir la mortalidad materna. Un informe reciente sobre 124 madres sustitutas demostró que los embarazos sustitutos y los nacimientos “tenían complicaciones obstétricas significativamente más altas”, incluyendo diabetes gestacional, hipertensión, uso de la amniocentesis, placenta previa, requisito antibiótico durante el trabajo previo, y la cesárea. Estas estadísticas se traducen en embarazos de mayor riesgo y estadías de hospitalización más largas tanto para las madres sustitutas como para los recién nacidos, que enfrentan tasas más altas de parto prematuro y bajo peso al nacer.
La relación entre la madre sustituta, que con frecuencia se encuentra en una situación de necesidad económica y las madres y/o padres sustitutos previstos, que típicamente son personas con medios económicos considerables, se basa en la desigualdad brutal.
Aunque las legislaciones sobre contratos gestacionales supuestamente proporcionan protecciones contra ciertos términos onerosos e invasivos que se han impuesto a las mujeres en este tipo de contratos de vientres de alquiler o contratos de vientres subrogados, como las restricciones a la dieta, la presentación a las pruebas y las proscripciones en relaciones sexuales, estas legislaciones no puede garantizar que tales restricciones no serán utilizadas contra la mujer usada como sustituta, por la (s) madre (s) y el padre o padres a quienes se le permite comprar su póliza de seguro médico y pagar por su asistencia legal.
Los contratos de subrogación institucionalizan la mercantilización de los cuerpos de las mujeres. Incluso el lenguaje de madres sustitutas y gestacionales señala esta mercantilización de las mujeres, el embarazo y la reproducción. La llamada sustituta se convierte en un instrumento del deseo de los demás por las niñas y niños biológicos.
En el enrarecido mundo de los contratos de subrogación, el embarazo que en condiciones habituales es una relación de la madre biológica con el feto, se vuelve despojada de cualquier conexión en desarrollo entre la madre biológica y la niña o niño nacer. De hecho, esta relación normal está mal vista, se interpreta como interferir con los derechos de las personas contratantes, porque la madre gestacional está obligada a entregar a la niña o niño recién nacido. La función principal de las mujeres utilizadas como madres sustitutas es la de producir una niña o niño para las personas contratantes y no desarrollar ninguna relación con la niña o niño que se pretende. Se le alienta a decirse a sí misma que no es la madre de esta niña o niño en desarrollo y esencialmente es tratada como una criadora para otros. Los vientres de las mujeres se convierten en meras incubadoras.
En casi todos los países del mundo, las personas no pueden vender legalmente sus órganos. Se reconoce que la venta de órganos, incluso con disposiciones reglamentarias, puede crear un mercado floreciente e invitar a corredores sin escrúpulos cuyo objetivo es obtener beneficios financieros y aprovecharse de aquellas cuyos cuerpos se utilizan. Las más pobres, las más desfavorecidas, son las que pagan el mayor precio.
Al igual que con quienes argumentan en contra de la legalidad de los arreglos de venta de órganos, argumentamos que sin embargo los contratos de madres sustitutas están regulados, los arreglos sustitutos nunca pueden ser éticos porque siempre atacarán y perjudicarán a las mujeres más vulnerables.
El marco de política de la Unión Europea para combatir la violencia contra las mujeres exhorta a todos los países miembros a “reconocer el grave problema de los vientres subrogados, que constituye una explotación del cuerpo femenino y de sus órganos reproductivos”. También subraya que “las mujeres y las niñas y niños están sujetos a las mismas formas de explotación, que ambos pueden considerarse productos básicos en el mercado reproductivo internacional, y que estos nuevos arreglos reproductivos, como los sustitutos, aumentan la trata de las mujeres, niñas y niños”.
Los vientres de las mujeres son un gran negocio. Las leyes, reglamentos y contratos protegen abrumadoramente a las personas que tienen dinero, no a las que lo necesitan. Inclusive, en España se han hecho estudios sobre el daño psicológico en las niñas y niños producto de la subrogación de vientres, lo mismo que del daño en las madres gestantes sustitutas.
Y yo me pregunto por qué tienen que estar siempre implicados en los negocios millonarios la sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres. Una muestra más del poder del patriarcado para continuar controlando las vidas y la sexualidad de las mujeres y toda la violencia que esto entraña.

*Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, (CATWLAC por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR
Facebook:  @CATWLAC

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Llegan a CIDH casos de feminicidio ocurridos hace 24 años


A una década de Campo Algodonero persiste impunidad en Ciudad Juárez
   

En noviembre de 2019 se cumple una década la histórica sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por los crímenes de feminicidio ocurridos en Ciudad Juárez, en Chihuahua, sin embargo, la impunidad persiste en varios de los asesinatos de mujeres que ocurrieron hace 24 años.
Esta situación hizo que el 29 de septiembre de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptara la petición 861-03 relativa al asesinato de seis adolescentes y niñas de entre 6 y 20 años de edad, quienes fueron desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, entre 1995 y 2003.
En los casos archivados con el nombre de “Silvia Elena Rivera Morales y Otras” se alega que no hubo responsables por los asesinatos y además una niña de 24 días de nacida, hija de una de las víctimas, que desapareció con su madre, nunca fue encontrada.

Estos casos representados legalmente por el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac) y la organización Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR), podrían seguir la ruta que marcó el caso de tres asesinatos de mujeres cometidos en 2001, conocido como Campo Algodonero, sobre la problemática de feminicidio en Ciudad Juárez.
En 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) encontró responsable al Estado mexicano de los asesinatos de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, perpetrados en noviembre de 2001 en la ciudad fronteriza.
El llamado Campo Algodonero, así nombrado porque los cuerpos de las mujeres fueron encontrados en un campo donde se cultivaba algodón, fue el primer feminicidio en llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En noviembre de 2007 después de escuchar los testimonios de las madres y analizar las evidencias del caso la CIDH presentó a la CoIDH una demanda contra México por el feminicidio de estas tres mujeres, de un total de ocho que fueron halladas.
La CIDH alegó la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención y de respuesta de las autoridades frente a la desaparición de las víctimas; falta de la debida diligencia de las investigaciones en los asesinatos; denegación de justicia y falta de una reparación adecuada.
Entonces, en 2009 la CoIDH encontró culpable al Estado mexicano por los asesinatos de las tres mujeres y emitió la histórica sentencia que sentó un precedente en el tema de feminicidio en México y la región de América Latina.

SIN RESULTADOS A UN DÉCADA DE CAMPO ALGODONERO

El caso de las seis mujeres desaparecidas y asesinadas que admitió a analizar la CIDH en septiembre 2017 es similar al crimen de Campo Algodonero: las víctimas fueron asesinadas en el mismo contexto de violencia contra las mujeres que se suscitaba en la década de los noventa en Ciudad Juárez y en las investigaciones las familias vivieron las mismas fallas e inacción de las autoridades.
En algunos casos, los funcionarios se negaron a buscar a las mujeres cuando sus familiares las reportaron como desaparecidas; la evidencia no fue analizada o las pruebas de ADN fueron manejadas con negligencias; y las pistas sobre los sospechosas nunca fueron seguidas.
LOS CASOS
Entre los casos está el de Silvia Elena Rivera Morales de 17 años de edad. Ella desapareció el 7 de julio de 1995 y dos meses después fue hallada sin vida en el Lote Bravo ubicado en Ciudad Juárez.
De acuerdo con la denuncia de su familia, asentada en el informe de admisibilidad que emitió la CIDH, el Ministerio Público del estado imputó los delitos a un único responsable sin pruebas contundentes y durante una década dijo estar gestionando la orden de aprehensión contra el sospecho, pero éste finalmente murió en 2006.

Ocho días después de que se halló el cuerpo de Silvia se encontró el de Olga Alicia Carrillo Pérez, de 20 años de edad, otra de las víctimas que en el caso ante la CIDH. El 9 de septiembre de 1995 fue encontrada una osamenta que según las autoridades correspondía al cuerpo de la joven, la familia denunció ante la CIDH que fueron forzados a aceptar los restos sin evidencias de que correspondieran a Olga.
Según el informe de la CIDH aunque hubo detenidos por el feminicidio de Olga Carillo pero en 2006 fueron absueltos, desde entonces, el caso permanece impune.
En 1995 Cecilia Covarrubias Aguilar, de 16 años de edad, y su hija de 24 días de nacida desaparecieron en Loma Blanca tras asistir a un control médico. El cuerpo de Cecilia Covarrubias fue encontrado sin vida el 18 de noviembre del mismo año, pero su hija nunca fue encontrada y por este crimen no hay ningún detenido.

María Sagrario González Flores, de 17 años de edad, es otra de las víctimas de feminicidio. Su cuerpo también se encontró en Loma Blanca el 29 de abril de 1998. Su familia pidió confirmar que el cuerpo era de la joven por lo que durante estos años se realizaron múltiples exámenes de ADN pero todos dieron diferentes resultados.
Esta situación causó incertidumbre en la familia y la expectativa de que el cuerpo no sea de María Sagrario y ella siga viva.


Por este caso, en febrero de 2005 fue detenido José Luis Hernández Flores, quien se confesó culpable y detalló ciertos aspectos del secuestro, violación y homicidio de la joven e involucró a otras personas que no han sido identificadas. Un año después se le condenó por el asesinato de María Sagrario pero repentinamente fue trasladado a una prisión de Jalisco, obstaculizando nuevas diligencias para encontrar a los otros presuntos responsables.
La petición admitida en la CIDH también incluye el caso de María Elena Chávez Caldera, de 15 años de edad. Los restos de la adolescente que laboraba como trabajadora del hogar fueron encontrados en octubre de 2004, cuatro años después de su desaparición. Hasta 2009 se capturó a un hombre, a partir de información que aportó la familia de Elena, y dos años después se le encontró culpable. La CIDH preguntó al Estado las razones del retraso en la impartición de justicia pero el Estado mexicano no respondió a la petición de información.
Finalmente, otro de los casos incluidos es el feminicidio de Brenda Berenice Delgado Rodríguez, niña de 6 años de edad que desapareció el 10 de febrero de 2003. Nueve días más tarde fue hallada asesinada con signos de violencia sexual.
En la denuncia en la Comisión Interamericana se reclama que los agentes policiales no realizaron la búsqueda de la niña y que los peritajes como el levantamiento del cuerpo fueron negligentes. Al momento que la CIDH aceptó el caso informó que el Estado no había respondido a las solicitudes de información sobre el estado que guardaba este expediente.

JUÁREZ, NUEVAMENTE ANTE LA CIDH

Como es evidente en todos los casos persiste impunidad y la falta de respuesta por años de parte de las autoridades, por estas razones la CIDH decidió aceptar el caso en 2017 aunque el Estado mexicano alegó que varios de los crímenes estaban aún en investigación y por tanto, no se habían agotado los recursos internos como lo requiere el organismo para admitir un caso.
En febrero de 2018 las organizaciones que representan a las víctimas y sus familiares presentaron un informe sobre los crímenes a la CIDH para abonar con más evidencia. En el reporte señalan que el Estado es responsable de no prevenir la muerte de las mujeres y por no garantizar que se rindiera cuentas por sus asesinatos.
Además, acusan al Estado de no respetar los derechos de las familias, víctimas indirectas de estos crímenes por razón de género, específicamente el derecho a la vida de las víctimas y sus familias, a la integridad personal, al honor y la dignidad, a un juicio justo, protección judicial, así como los derechos de la familia y del niños, todos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Cerca de cumplirse una década de la sentencia de Campo Algodonero el caso de “Silvia Elena Rivera Morales y Otras” muestra que los crímenes ocurridos en Ciudad Juárez durante la década de los 90 siguen sin respuesta por lo que nuevamente el Estado mexicano se enfrenta ante el Sistema Interamericano.
Este caso no es el único de feminicidio ocurrido en Juárez que está en manos de la CIDH, también se encuentra en espera de análisis de fondo el de Lilia Alejandra García Andrade, una joven de 17 años de edad asesinada en febrero de 2001. Sobre este feminicidio se presume que fue un grupo de hombres quienes la asesinaron y cometieron el mismo crimen contra otras mujeres desde 1994 a 2005 en Ciudad Juárez, pero no hay ningún detenido hasta ahora.
A la par cada día son asesinadas 9 mujeres según Naciones Unidas.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

¿Por qué no son iguales todas las violencias? La diferencia entre violencia machista y doméstica



Violencia de género & Neomachismo
www.eldiario.es

La autora describe los distintos tipos de violencia ante las argumentaciones de los partidos políticos de la derecha y extrema derecha española que buscan eliminar el concepto de violencia de género en la legislación española bajo estrategias neomachistas.
  • La violencia intrafamiliar en la que ahora quieren poner el foco Vox y PP ya está tipificada en el Código Penal; en ocho años fueron asesinadas más de 500 mujeres y 67 hombres por sus parejas o exparejas
  • La violencia de género es la que se ejerce por "una diferencia subjetiva entre sexos". Englobarlo junto a la violencia doméstica sería "encubrir las cifras que ha costado tanto evidenciar", explican desde Themis
  • "La doméstica sitúa el problema en el escenario, en lugar de hacerlo en la construcción de género que da lugar a la violencia contra las mujeres", argumenta el exdelegado del Gobierno Miguel Lorente
El PP de Pablo Casado se ha plegado a Vox y le ha ofrecido comprometerse a aportar  ayudas a los hombres que sufran "violencia doméstica". El líder del partido lleva, desde que Vox comenzó a hacer campaña contra las leyes sobre lo que ellos llaman "ideología de género", evitando en ocasiones referirse a la violencia machista como tal. El día 3 de enero, Casado habló de la joven asesinada por su novio en Cantabria como de "la primera víctima de violencia doméstica de este año".
Entre 2008 y 2016, más de 500 mujeres y 67 hombres fueron asesinados por sus parejas o exparejas. Hasta que se implantó la Ley de Violencia de Género en 2004, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en España se juzgaba la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas o exparejas bajo el paraguas de la violencia doméstica o familiar que ahora pretenden recuperar Casado y Abascal. María Durán Febrer, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, recuerda que lograr esa denominación fue un "caballo de batalla": "En la violencia doméstica no hay una carga histórica de dominación y creencia de poder sobre la mujer. Esa es la diferencia". 
Desde ese año 2004, el consenso para que se le llame violencia de género se ha ido ampliando, y de hecho desde el feminismo hay voces –también lo ha defendido Podemos desde su creación– que abogan por que el término que se generalice sea 'violencia machista'. También por que se  amplíe el concepto a la violencia  ejercida fuera de la pareja. En 2015, Ciudadanos hizo un intento en su programa electoral de eliminar las penas específicas por violencia de género que tuvo que retirar de cara a los comicios del 26-J.

La violencia doméstica ya está protegida

La violencia doméstica es aquella que se produce en un entorno de convivencia entre los miembros de un núcleo familiar. Durán Febrer recuerda en conversación con eldiario.es que ese tipo de violencia contra los hombres ya está protegida por el Código Penal: el artículo 173.2 castiga a aquel que "habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia" o sobre una persona con la que tenga "cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar", con especial foco en personas vulnerables por ser dependientes.
La violencia de género, según la describe el Instituto de la Mujer, "ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres". "Se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. Las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres", continúan. La ONU también se centra específicamente en la violencia contra la mujer, y estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental.
Por ello, volver a apostar por mezclar términos, en opinión de Durán Febrer, sería "encubrir las cifras que ha costado tanto evidenciar. Volver a tenerlo como algo que se queda en el entorno de la familia".También lo explica así en un extenso artículo Miguel Lorente, forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género. Para él, el primer problema que planteaba englobar la violencia machista dentro de la doméstica es que, antes de 2004, "muchos de los homicidios de mujeres en parejas sin convivencia –novios o exparejas– no se contabilizaban". Esos argumentos, escribe, forman parte de "estrategias" del machismo para mantener su "status y privilegios".
Hay dos consecuencias de recalcar una y otra vez la idea de que "toda violencia es violencia, o que los hombres también sufren violencia", incide Lorente. El primero, "ocultar la violencia contra las mujeres entre otras violencias para que no se conozca bien su dimensión y consecuencias, tal y como sucedía en 2003 antes de la LIVG". El segundo, "ocultar la construcción del machismo y esa normalización que existe detrás de ella. Hablar de violencia doméstica o familiar, además de mezclar y confundir las distintas violencias, sitúa el problema en el escenario, ese ambiente familiar o doméstico, en lugar de hacerlo en la construcción de género que da lugar a la violencia contra las mujeres".
Por otra parte, Durán Febrer también se refiere al argumento de las denuncias falsas. A lo largo del 2016, la Fiscalía no probó que se hubiera producido ninguna en el ámbito de la violencia de género. En los 8 años anteriores, de las 1.055.912 denuncias presentadas solo en 79 casos hubo sentencias por falsedad (0,0075 %). Lo que recuerda la vicepresidenta de Themis es que esa cifra, además de mínima, es "ínfima en relación con las denuncias falsas sobre accidentes de tráfico o sobre objetos o inmuebles asegurados. Es decir, son muchas más las denuncias falsas cuando hay que cobrar de la compañía de seguros que por violencia de género".

Foto: Concentración en Laredo a raíz del asesinato machista de Rebeca Alexandra del pasado 2 de Enero 2019

Los hombres que odian a las mujeres


Machismo supremo & Partidos de derecha
www.publico.es

Sobre la estrategia de odio, es decir, de violencia hacia las mujeres y la lucha feminista, por parte del machismo supremo evidenciado en la acción política por parte de partidos de derecha y ultraderecha en distintos países como Brasil, España, Italia, EEUU...

Recuerdo cuando leí la novela de Stieg Larsson Los hombres que no amaban a las mujeres. Me interesó mucho cómo la violencia machista más brutal cruzaba todo el relato. Y también recuerdo que pensé que había dos fallos, desde mi punto de vista. El primero estaba en el título. No se trata de que “no amaban” sino que “odiaban”. El segundo, en la trama. Larsson necesita justificar el asesinato de mujeres y crea un argumento de nazis contra judías. No era en absoluto necesario. A las mujeres se las viola y se las mata porque se puede, y las violaciones contra la protagonista lo dejaban bien claro.
El ultra brasileño Jair Bolsonaro, en su primer discurso tras jurar el cargo, ¿contra qué ha arremetido? Podía haber elegido muchas de sus bestias negras, y sin embargo lo ha hecho contra las mujeres. Lo primero que ha querido dejar claro es que se va a dedicar a “combatir la ideología de género”. Lo que él llama así no es otra cosa que los avances de las sociedades para paliar la violencia que se ejerce contra las mujeres, una violencia que es familiar, social, económica, estructural; una violencia que nos supone agresiones a diario, que supone asesinatos de mujeres a diario, violaciones de mujeres a diario.
El mismo día en el que nos enterábamos de las siniestras intenciones de Bolsonaro, el partido español de ultraderecha VOX ha dejado claro que ellos pueden ir más allá: Darán su apoyo a los gobiernos que lo necesiten siempre y cuando no se luche contra la violencia machista. “Esos pactos que los suscriban con PSOE y PODEMOS. En política social todos siguen, con sumisión lanar, los mandamientos de la dictadura de género. ¿Dónde [está] el cambio? Vox no aceptará los acuerdos firmados por PP y C’s para impulsar leyes de género en Andalucía”, escribía Francisco Serrano, su portavoz en el Parlamento andaluz.
Imagen de Twitter de Vox:
Esos pactos que los suscriban con PSOE y PODEMOS.En política social todos siguen,con sumisión lanar,los mandamientos de la dictadura de género. Dónde el cambio?
Vox no aceptará los acuerdos firmados por PP y C's para impulsar leyes de género en Andalucía https://okdiario.com/espana/andalucia/2019/01/02/vox-no-aceptara-acuerdos-firmados-pp-cs-impulsar-leyes-genero-andalucia-3530877/amp 

Imagen de una de las miles de mujeres que protestaron en el 8M – REUTERS/Susana Vera
Estamos viviendo un paso sustancial, un cambio terrible en el discurso contra las mujeres. El que media entre el machismo y la misoginia.
Aquí, la RAE:
Machismo
De macho1 e -ismo.
  1. m. Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres.
  2. m. Forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón.
Misoginia
Del gr. μισογυνία misogynía.
  1. f. Aversión a las mujeres.
El machismo se caracteriza por no hacer nada contra la desigualdad entre hombres y mujeres, contra la discriminación que sufren éstas en todos los ámbitos, por aprovecharse de ellas y por lo tanto desamparar a las mujeres. Es una forma de actuación pasiva. No es exactamente la práctica de la violencia, sino su justificación. No es exactamente una acción sádica contra las mujeres, sino la inacción ante las múltiples formas que el crimen adopta contra nosotras. O sea la tolerancia y por lo tanto la colaboración.
Pero otra cosa es la violencia en sí. O sea el odio contra las mujeres. Este es activo, dolorosísismo, y se llama misoginia.
El machismo empapa toda política realizada hasta ahora, todos los partidos sin excepción y todas las instituciones. Así es y así queda demostrado tras cada crimen que conocemos, tras cada sentencia pública, o por el simple hecho (fíjate que poco) de que las mujeres cobremos menos que los hombres por el mismo trabajo, algo sencillísimo de solventar y cuya solución nadie ha puesto en marcha.
Ah, pero lo que se avecina son palabras mayores. No ha existido hasta ahora, en esta democracia reciente española, un discurso abiertamente articulado, institucional y beligerante contra las mujeres y sus derechos. Pues bien, acaba de aparecer. Y no solo es el de VOX, sino el de todos aquellos que les han votado y les votarán, de la misma manera que han votado a Bolsonaro y a Trump.
Era de suponer que una nueva forma de machismo sucedería a los últimos movimientos feministas. Era de suponer que una parte de la sociedad se revolvería contra el avance de un feminismo poderoso que pone en cuestión una masculinidad ligada a la idea de virilidad, basada en la violencia, la jerarquía, la idea tradicional de familia y las innumerables ventajas ligadas al hecho de ser varón.
Era de suponer, pero se nos escapaban tres factores: su rapidez, su universalidad y su virulencia. Y un cuarto, a mi modo de ver el más peligroso: el odio contra las mujeres. O sea misoginia.
Que lo primero que enarbolen Bolsonaro o VOX, por encima del nacionalismo paleto, por encima de cualquier consideración económica, sea revertir los derechos (magros derechos) que hemos alcanzado las mujeres, dice mucho de la potencia política del movimiento feminista. Pero sobre todo dice mucho de la confianza que tienen en que gran parte de la población está de su lado. Podría detenerme en argumentar hasta qué punto popularizan la criminalización de la lucha contra la violencia machista, pero eso ya es lo de menos. Llega un tiempo en el que van a retratar los matices como debilidades de una socialdemocracia temblorosa.
Han llegado el odio y la violencia contra las mujeres. Esto no ha hecho más que empezar y, como ya escribí en mi Carta a los hombres, no creo que contemos con los apoyos necesarios para enfrentarlos.
Lo siento mucho. Muchísimo. Y más nos vale no olvidarnos de algo: la misoginia es aversión, odio, o sea violencia sin paliativos.

Fuente: https://m.publico.es/columnas/110599767662/otras-miradas-los-hombres-que-odian-a-las-mujeres

Hombres ganan 20 por ciento más que las mujeres: OIT

  En México la brecha salarial es de 15 por ciento   



La estimación mundial de la brecha salarial de género que se calculaba en 16 por ciento incrementó a 20 por ciento según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el “Informe Mundial sobre Salarios 2018/2019” la OIT explica que utilizó una metodología más precisa para calcular las disparidades salariales entre hombres y mujeres, por medio del cálculo denominado “factor de ponderación de la brecha salarial de género”, la estimación mundial de la brecha salarial de género en promedio por hora incrementa cuatro puntos porcentuales, a 20 por ciento.
A través de este nuevo factor de ponderación la OIT estima que en México los hombres en realidad tienen un ingreso 15.6 por ciento mayor que el de las mujeres, es decir 10 por ciento arriba de la brecha salarial que se calculaba en el país de 4.8 por ciento.

Así en cada país la brecha salarial de género varía de forma abrupta, la OIT ejemplifica que en Pakistán los hombres ganan en promedio por hora 34 por ciento más que las mujeres, en el otro extremo, están naciones como Filipinas, donde la brecha salarial de género se revierte, las mujeres ganan un 10 por ciento más que los hombres.
Básicamente la nueva metodología, explica la OIT en el informe, agrupa a las personas trabajadoras asalariadas en subgrupos más homogéneos y calcula la brecha salarial de género en cada uno de los subgrupos, para después, obtener una media. El cálculo se realizó con datos de 70 países y 80 por ciento de la población trabajadora del mundo.

INFRAVALARACIÓN DEL TRABAJO DE LAS MUJERES

En el informe la OIT observa un patrón común en el mercado laboral de todo el mundo, a medida que se pasa de los salarios más bajos por hora a los más altos la proporción de mujeres disminuye.
Sobre este fenómeno la Organización Internacional del Trabajo descarta las explicaciones tradicionales del por qué los hombres cobran más que las mujeres, como es el factor de la educación y otros componentes. De acuerdo con la OIT, en numerosos países las mujeres tienen un nivel de educación más alto que el de los hombres pero perciben salarios inferiores aun cuando trabajan en la misma profesión.

Otra nueva observación que hace la OIT es la infravaloración del trabajo de las mujeres en ocupaciones y empresas feminizadas. El reporte muestra que los salarios de las mujeres y hombres tienen a ser menores en las empresas que están feminizadas que en las que no lo están, aunque tengan similitudes en el número de trabajadores o sector económico.

También un factor que tiene peso en las disparidades de remuneración por razón de género es la maternidad, el informe examina la “brecha salarial por maternidad”, es decir, la brecha salarial entre trabajadoras con hijos y trabajadoras sin hijos. La OIT encuentra diferenciaciones considerables de esta brecha de un país a otro; en naciones como Canadá, Mongolia y Sudáfrica es de uno por ciento o menos, mientras en Turquía, por ejemplo, es de 30 por ciento.
El hecho de que las mujeres con hijos cobren salarios inferiores puede estar relaciona con las interrupciones o reducción del tiempo de trabajo, el empleo en puesto de trabajo más fáciles de conciliar con la vida familiar –que están peor pagados-, o los estereotipos que penalizan las carreras de las mujeres con hijos, señala la OIT.

Si bien en los últimos años, algunos países han promulgado leyes a favor de la igualdad salarial, la OIT propone a los Estados de ingreso bajo y medio generar estadísticas sobre los salarios de hombres y mujeres, debido a que son limitadas. Estos datos les permitirían evaluar las brechas salariales y adoptar medidas para eliminar la discriminación salarial.
Asimismo, la Organización propone adoptar políticas educativas dirigidas a aumentar la tasa de escolarización entre niñas que puede contribuir a reducir la brecha salarial en el futuro. También llama a recudir la segregación profesional y generar un cambio de las percepciones y los estereotipos, por ejemplo, atraer a más a mujeres a los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, profesiones que ofrecen oportunidades de empleo mejor remunerado.

Imagen retomada de la OIT
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México

Mujeres dirigieron 20 por ciento de las películas más exitosas en 2018


  Revela reporte The Celluloid Ceiling
   
A pesar del movimiento “MeToo” (YoTambién, en inglés) y a la promesa de la industria de Hollywood para tomar conciencia que acerca de la perspectiva de género, el número de mujeres responsables en la producción de películas no aumenta.
En 2018, únicamente el 20 por ciento de personas que escribieron, dirigieron, produjeron y filmaron las 250 películas más exitosas de Estados Unidos fueron mujeres, según el informe “The Celluloid Ceiling” (el techo de celuloide, en inglés), publicado este año por el Centro de Estudios de Mujeres en TV y Cine, de la Universidad de San Diego.
Estas cifras marcan una baja de dos por ciento comparado con 2017, destacó la autora del informe, la profesora Martha Lauzen. El año pasado sólo 8 por ciento de las películas fue dirigido por una mujer, tres puntos porcentuales debajo de la cifra de 2017, cifra aún baja si se compara con 1998 cuando fue de 9 por ciento.
En otros papeles, tales como autoras, productoras, editoras y camarógrafas, el número de mujeres creció ligeramente, al llegar a 20 por ciento, comparado con 18 por ciento en 2017. La mayor cantidad de mujeres se encontró en el área de producción (26 por ciento), y la menor en el área de cinematografía, con sólo 4 por ciento.
“El informe no aportó ninguna prueba de que la industria del cine haya experimentado el profundo cambio positivo que tantas observadoras y observadores anticiparon el año pasado”, dijo Lauzen. “Esta infrarrepresentación probablemente no será remediada por los esfuerzos voluntarios de algunos individuos”.
La directora del Centro de Estudios de Mujeres en TV y Cine opinó que no habrá un cambio sin un esfuerzo masivo de grandes actores: estudios, agencias de talento, gremios, y asociaciones, porque “la distancia entre 8 por ciento y paridad es simplemente demasiado grande”.
Los instrumentos para demostrar su intención de cambiar para los estudios serían transparencia y objetivos concretos, dijo Lauzen. Para subrayar su argumento agregó las cifras del año pasado: 92 por ciento de las 250 películas más exitosas no tenían una mujer directora, 73 por ciento no tenían mujer autora, 42 por ciento no tenían mujeres productoras ejecutivas.
El estudio también encontró que en 2018 sólo un por ciento de las películas emplearon diez o más mujeres en papeles claves detrás de escena, mientras que 74 por ciento de las películas emplearon diez o más hombres en estas posiciones.
Imagen retomada de womenandhollywood.com
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Alexandria Ocasio-Cortez y la política del baile

Amy Goodman y Denis Moynihan

Se cuenta que Emma Goldman, gran pensadora anarquista, escritora y activista por la justicia social de principios del siglo XX, manifestó alguna vez: “Si no puedo bailar, no quiero ser parte de tu revolución”. Si bien es posible que no haya pronunciado exactamente estas mismas palabras, el sentido de la frase tuvo su actualización en el Congreso de Estados Unidos la semana pasada cuando empezó a circular en las redes sociales un video de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez bailando con amigos cuando era estudiante de la Universidad de Boston, hace 10 años. El video salió a la luz en un intento fallido de desacreditar a la nueva integrante del Congreso mientras asumía como la mujer más joven electa para integrar la Cámara de Representantes en la historia de Estados Unidos.
La respuesta de Ocasio-Cortez a las críticas en internet fue concisa y brillante: un tuit con un video de ella bailando mientras se dirigía a su nueva oficina del Congreso. El video captó una atención tremenda. Lo que se pasó por alto fue el son al que bailaba: el clásico himno contra la guerra de 1970, “War”, cantado por Edwin Starr. Este tema se convirtió rápidamente en el número uno en el verano de 1970 y ha sido un importante himno contra la guerra desde entonces. “Guerra / Para qué sirve / Para absolutamente nada”, dice el estribillo. Ocasio-Cortez va pronunciando las palabras mientras baila hacia la puerta de su oficina en el Congreso.
El sitio web de la campaña de Ocasio-Cortez detalla una serie de políticas progresistas, entre las que se incluye la propuesta de una “economía de paz”. “Desde 2018 participamos en acciones militares en Libia, Siria, Irak, Afganistán, Yemen, Pakistán y Somalia. Cientos de miles de civiles en estos países han muerto como daño colateral de los ataques estadounidenses o por la inestabilidad causada por las intervenciones de Estados Unidos. Millones más han huido de sus fracturados países, lo que contribuye a la crisis mundial de refugiados (…) Debemos poner fin a la “guerra eterna” implementando la retirada de nuestras tropas y poniendo fin a los ataques aéreos que perpetúan el ciclo del terrorismo en todo el mundo”.
Ocasio-Cortez corrigió recientemente a Sean Hannity, presentador de Fox News y asesor no oficial del presidente Donald Trump, quien la acusó de la herejía de exigir el “fin de los ataques aéreos militares”. La representante respondió con un tuit en el que afirma estar a favor de “acabar con las guerras injustas” por completo.
Desde su victoria en las elecciones primarias demócratas para representar al 14° Distrito de Nueva York, en las que derrotó al poderoso demócrata Joe Crowley, en aquel momento congresista en funciones, Ocasio-Cortez ha sido atacada regularmente por la derecha. En julio del año pasado declaró en una entrevista para Democracy Now!: “Los temas en los que basé mi campaña eran muy claros y creo que fueron una parte importante de nuestra victoria: mejorar Medicare y ampliarlo a toda la población, educación superior pública gratuita, un New Deal ecológico, justicia para Puerto Rico, una plataforma sin concesiones en torno a la reforma de la justicia penal y el fin de la guerra contra las drogas, y también afrontar al poder con la verdad y hablar sobre el dinero en la política”.
El New Deal ecológico —en referencia a las políticas implementadas en Estados Unidos por el presidente Franklin D. Roosevelt para luchar contra los efectos de la Gran Depresión de 1929— exige una descarbonización rápida y radical de toda la economía, con una transición de los combustibles fósiles hacia fuentes de energía renovable, con la esperanza de evitar los peores efectos del cambio climático mientras aún quede tiempo. El New Deal ecológico también exige una “transición justa”, que asegure que los trabajadores desplazados de las industrias a cerrar, como la minería del carbón, obtengan el apoyo que necesitan para pasar a otro trabajo productivo.
Ocasio-Cortez se unió a una protesta del movimiento Sunrise, liderado por jóvenes, que tuvo lugar en la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Ocasio-Cortez estaba reclamando que la nueva mayoría demócrata de esta cámara promoviera un “Comité Selecto para un New Deal ecológico”, que tendría amplia autoridad, incluido un poder de citación, para impulsar el proyecto. Claramente, la campaña de presión tuvo efecto, pero no alcanzó las demandas de los activistas. Pelosi reactivó el Comité Selecto de la Cámara de Representantes para la Crisis Climática pero con carácter exclusivamente asesor. La nueva presidenta de ese comité será la demócrata Kathy Castor, de Florida, quien, según críticos, ha recibido decenas de miles de dólares de intereses de los combustibles fósiles (aunque un portavoz de la congresista manifestó que iba a renunciar a tales contribuciones en el futuro). Ocasio-Cortez tuiteó en respuesta: “No tenemos tiempo para quedarnos de brazos cruzados mientras nuestro planeta arde. Para las personas jóvenes, el cambio climático es más importante que la elección o la reelección. Es un asunto de vida o muerte”.
En la ceremonia de jura en el Congreso el 3 de enero, la representante Alexandria Ocasio-Cortez vistió de blanco, según indicó, “para homenajear a las mujeres que pavimentaron el camino antes que yo, y para todas las mujeres que están por venir. Desde las sufragistas hasta Shirley Chisholm, no estaría aquí si no fuera por las madres del movimiento”.
Alexandria Ocasio-Cortez respeta a sus mayores. La vieja guardia del Congreso, tanto republicana como demócrata, no debería temer que esta mujer, la más joven en ser electa para el Congreso, se ponga a bailar en círculos a su alrededor. En su lugar, deberían imitar sus pasos.

© 2019 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
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La larga marcha de las mujeres en las Fuerzas Armadas latinoamericanas

Nueva Sociedad

A partir de los cambios globales que se sucedieron desde comienzos del milenio, el ámbito militar latinoamericano atraviesa un proceso intenso de reestructuración. En este contexto, la incorporación masiva de mujeres a las Fuerzas Armadas generó un desafío que va más allá de los números: su arribo pone la lupa sobre los comportamientos arraigados en esas instituciones y obliga a reflexionar sobre prácticas y objetivos que responden a paradigmas tradicionales. A la vez, las nuevas situaciones llevan a pensar sobre la necesidad de adaptación a las nuevas realidades sociales, regionales e internacionales. 

En el marco de los procesos de consolidación democrática de la década de 1990 en América Latina, se vienen experimentando cambios en la composición de los ejércitos, no solo debido a la incorporación de mujeres, sino también a las modificaciones experimentadas luego de la finalización de la Guerra Fría, referidas a un mayor control civil y a variaciones en la estructura, en una transición de Fuerzas Armadas tradicionales a «posmodernas». Según el especialista Charles Moskos, esto introduce en un camino de «pautas flexibles, reclutamiento voluntario (en algunos casos multinacional), formador de recursos humanos profesionales, con roles más diversos y de mayor inclusión social». Así se generó una transformación en la naturaleza de las misiones militares, a la que se añade el impacto de los avances tecnológicos y la aparición de una nueva lógica de disuasión. En este sentido, como sostiene la socióloga Helena Carreiras, las Fuerzas Armadas en las democracias «deben mostrar sensibilidad hacia valores sociales más amplios y, por lo tanto, a la sociedad en la que están inmersas y que las financia»[1]. La sola presencia femenina y el reconocimiento de otras identidades de género dentro de las instituciones armadas cuestionan profundamente la «esencia androcéntrica» del ser militar, construida sobre cimientos patriarcales con comportamientos discriminatorios y de asignación de roles. Y esto conduce a reflexionar sobre el modelo de servicio que debe prestar la institución militar.

Antes de abordar puntualmente el tema de las mujeres en las Fuerzas Armadas latinoamericanas, cabe mencionar el marco construido desde los organismos internacionales en la última década para promover el debate y propiciar la aplicación de políticas de género en las Fuerzas Armadas. Las medidas de «sensibilización» se han visto impulsadas fuertemente desde la Organización de las Naciones Unidas (onu) y son consecuencia del accionar que comenzó desde mediados de la década de 1970 con la visibilización de las mujeres[2]

Años después se aprobó la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad (2000), tendiente a aumentar la representación de las mujeres en los niveles de toma de decisiones y en la gestión de conflictos y procesos de paz internacionales, junto con la incorporación de una «perspectiva de género» en la formación militar, especialmente en aspectos referidos a derecho humanitario y de las mujeres –que tuvo una fuerte incidencia debido al involucramiento de numerosos países latinoamericanos en misiones de paz–[3]

 Esta resolución fue complementada por otras (1820, 1888, 1898, 1960, 2103, 2122 y 2242), elaboradas entre 2008 y 2015, que consolidaron la participación femenina, en particular con su presencia en los Cascos Azules en Haití –en la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah) 2004-2017–.

Desde el comienzo del nuevo milenio, este proceso fue acompañado por un fenómeno regional de empoderamiento de las mujeres. Varias llegaron a la Presidencia de sus países, como Cristina Fernández en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil, Michelle Bachelet en Chile, Laura Chinchilla en Costa Rica y Mireya Moscoso en Panamá. 

Otras lideraron los ministerios de Defensa: Nilda Garré (2005-2010) en Argentina, María Cecilia Chacón (2011) en Bolivia, Michelle Bachelet (2002-2004) y Vivianne Blanlot (2006-2007) en Chile; Marta Lucía Ramírez de Rincón (2002-2003) en Colombia; Guadalupe Larriva (2007), Lorena Escudero Durán (2007) y María Fernanda Espinosa (2012-2014) en Ecuador; Martha Ruiz Sevilla (desde 2014) en Nicaragua; Azucena Berrutti en Uruguay (2005-2008) y la almirante Carmen Teresa Meléndez (2013-2014) en Venezuela. Si bien en algunos casos este fenómeno no tuvo como correlato la implementación de políticas de género en las Fuerzas Armadas, sí permitió la visibilización de las mujeres en las instituciones militares y la incorporación de los derechos humanos en la formación militar, dado el perfil progresista de varias de estas funcionarias[4].

En el actual contexto regional, el marcado viraje del signo político del progresismo hacia la derecha produjo cambios en la mirada desde la cual se afrontan la defensa y la seguridad (y la identificación de amenazas) y, por lo tanto, replantea el rol y el accionar de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, a escala mundial, una nueva oleada de concienciación sobre el abuso y el acoso sexual y la violencia de género, disparada desde las convocatorias #Niunamenos y #MeToo, entre otras, se sumó en América Latina a las campañas por la despenalización del aborto en varios países. Esto ha llevado a interpelar a los gobiernos respecto del estatus de las mujeres en sus sociedades y a identificar su presencia en los distintos ámbitos[5].

Por un lado, cuando analizamos el lugar de las mujeres en el ámbito militar regional, debemos remontarnos a su participación durante las luchas emancipadoras. Allí podemos identificar la presencia femenina no solo acompañando a las tropas en las tareas de servicio tradicionales –enfermería, cocina– o como compañeras-amantes de los soldados, detrás de la línea de combate, sino también en el campo de batalla. En este sentido, aparecen revalorizadas en la última década figuras como la capitana Juana Azurduy en el Alto Perú; María Remedios del Valle, una mujer negra que recibió el grado de sargento mayor de caballería en el Río de la Plata; Catalina de Erauso, «la Monja Alférez», en Chile; María Quitéria de Jesús, en Brasil; Magdalena «Macacha» Güemes de Tejada, en el Noroeste argentino; Manuela Sáenz, compañera de batallas de Simón Bolívar, en la Gran Colombia; la capitana Manuela Molina, una mujer indígena de México; y muchas más, siendo estas solo algunas de las historias «invisibilizadas»[6].

A pesar del desempeño destacado en la conformación de las milicias independentistas, en la constitución de los Estados modernos y en los ejércitos, las mujeres fueron relegadas a cumplir el mandato patriarcal de participar exclusivamente en el ámbito privado de cuidados y tareas domésticas. Esta situación comenzó a revertirse un siglo después, por causas locales diversas, pero principalmente debido a la escasez de mano de obra, como sucedió con la incorporación femenina en la mayoría de los trabajos en el mundo. Algunos países como Paraguay en 1932, Chile en 1937 y México en 1937 iniciaron este proceso, en forma interrumpida y variada, solo en las áreas de enfermería e intendencia, pero en diferentes armas y, con distinta apertura en cuadros –de oficialidad y suboficialidad– en cada país.

Hacia finales de la década de 1980 encontramos un panorama en el que es posible identificar a mujeres participando en cada ejército de la región, con la excepción de Perú, que inició el proceso recién en 1997[7]. Hasta aquí los hechos confirman los estereotipos patriarcales de roles emplazados en la institución militar que subordinan a las mujeres a tareas consideradas subalternas, como administración, y servicios, como enfermería. Esta perspectiva se mantiene en la reglamentación referida al acceso a los cuerpos comando o de línea hasta entrado el nuevo siglo. En consecuencia, cabe preguntarse: ¿cómo es posible que las mujeres en el periodo de la Independencia pudieran desempeñarse en los ejércitos, e incluso algunas de ellas fueran condecoradas por sus logros en infantería y caballería –como consta en documentos oficiales en diferentes países– y, en la actualidad, con el desarrollo existente en tecnologías de punta aplicadas a la fabricación de armas livianas, se les obstaculice el acceso o el ascenso en estas especialidades con el argumento de que serían «físicamente débiles» o «emocionalmente inestables»?

A la subalternidad de las mujeres debemos agregar la constante «exigencia de demostración» de valores y capacidades en el desempeño profesional femenino, principalmente cuando hablamos del campo de batalla. En este sentido, a las situaciones de violencia propias del enfrentamiento bélico se deben agregar aquellas inseguridades asociadas al entorno cercano (violencia de género, violaciones, mercantilización de los cuerpos con diversos fines), que en este caso tergiversan los valores que son pilares de la institución militar, como la obediencia y la lealtad, sin mencionar otros como el «respeto» y el «honor», y que subsumen a mujeres, e incluso a varones, dentro de las Fuerzas Armadas. Actualmente encontramos que el hostigamiento, el abuso y el acoso sexual dentro de los ejércitos latinoamericanos es abordado con diferentes grados de compromiso y mediante respuestas diversas, siendo uno de los principales inconvenientes la dificultad para radicar denuncias y la designación de los fueros que abordan las causas. En la región aún no existen mecanismos de transparencia referidos al relevamiento y la sistematización de los casos, como tampoco una protección adecuada para quienes los denuncian con el fin de evitar represalias dentro del ámbito laboral.

En cada país, y de acuerdo con la jurisprudencia, las causas pueden ser tratadas en el fuero militar o civil. Existen diversas voces que cuestionan la imparcialidad necesaria dentro de la justicia penal militar; de allí la necesidad de mantenerlas fuera del orden militar, incluso si posteriormente las sanciones se adecuan a los cánones de la disciplina militar. 

De acuerdo con las jurisdicciones establecidas por los países de la región para tratar los delitos de acoso y abuso sexual, es posible identificar tres situaciones: el uso exclusivo del fuero civil (Argentina); los sistemas de naturaleza mixta (Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela); y finalmente, aquellos que establecen que deben ser juzgados solo en tribunales militares, por tratarse de delitos penales cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas o cometidos en el marco de las instalaciones o jurisdicción militar, sea en el país o en el extranjero (son los casos de Colombia, Nicaragua, Perú y República Dominicana)[8].

En Argentina, uno de los países más avanzados en la región en materia de equidad de género dentro de las Fuerzas Armadas, existen 21 oficinas de género en la institución militar, creadas en el marco de la Resolución 1238/09 de 2009, con la finalidad de facilitar el acceso y la confidencialidad necesaria para quienes realizan las denuncias. Estas oficinas se complementan con 11 equipos interdisciplinarios de violencia intrafamiliar. Algo similar se busca implementar en Chile desde mayo de 2018[9]. Por otra parte, y en la búsqueda de mejorar la situación de las mujeres en la región, se incorporaron a los programas de educación dentro de las instituciones militares cursos y talleres referidos a derechos humanos, diversidad sexual, violencia y equidad de género. 

Este enfoque se vio favorecido por la numerosa participación de países de la región en misiones de paz cuando la Resolución 1325 ya se encontraba vigente. También se crearon áreas específicas dedicadas al seguimiento y mejoramiento de la participación y el desarrollo de la vida profesional de las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas: el Observatorio de la Mujer (2006) y la Dirección de Políticas de Género del Ministerio de Defensa (2007) en Argentina y el Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana en México (2012); comisiones de género –Brasil (2014) y Guatemala (2017)–; la Dirección General de Equidad de Género y Desarrollo de las Fuerzas Armadas en República Dominicana (2012); el Consejo de Igualdad y Equidad de Género de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Venezuela (2015). En otros países, se acompaña el proceso desde fuera de la institución militar, como ocurre con el Ministerio de la Mujer (2015) en Chile, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (1996) en Perú, la Coordinadora de Derechos Humanos en Paraguay o la Unidad de Género Institucional (2015) en El Salvador.

Como consecuencia de esta concienciación sobre la integración de las mujeres en el ámbito militar, en diversos países se modificó la legislación sobre cuestiones de ámbito privado del personal militar. En este punto, se avanzó en la eliminación de las prohibiciones de matrimonios entre personal de distintas fuerzas o de diferente categorías; la eliminación de la solicitud de permiso a las autoridades para contraer matrimonio; la posibilidad de separarse legalmente o divorciarse; la habilitación para solicitar y extender beneficios sociales a hijos legalmente a cargo (sean hijos extramatrimoniales o de madres o padres solteros); inclusive se incorporaron regulaciones sobre lactancia y maternidad, entre otros aspectos. Se trata de avances profundos y graduales vinculados, en todo caso, a cambios en materia cultural y social en cada país.

El porcentaje más alto de mujeres en las Fuerzas Armadas, según el Informe de Resdal de 2016, lo encontramos en República Dominicana, con 21,76%, seguido por Venezuela con 21% –allí las mujeres tienen acceso a los cargos más altos–, Uruguay con 18,92%, y Argentina con 17,17%. Por otra parte, resulta curioso el caso de Bolivia, donde si bien el promedio es uno de los más bajos de la región (1,94%), una mujer, Gina Reque Terán, llegó al cargo de jefa del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Cabe destacar el bajo porcentaje de mujeres en Brasil: solo un 5%[10]. Por lo general, las especialidades en las que se impedía o se impide el ingreso son aquellas relativas al enfrentamiento directo en combate: infantería, caballería blindada, artillería, submarinismo, pilotaje de combate y operaciones especiales, entre otras, aunque varían de un país a otro.

Como síntesis de lo expuesto, podemos mostrar los avances en el establecimiento de nuevas reglamentaciones en las Fuerzas Armadas con el objetivo de promover conciencia y equidad de género en el corto, mediano y largo plazo a partir de la incorporación masiva de mujeres. A estas modificaciones pueden agregarse reestructuraciones en la infraestructura, equipamientos y uniformes –adaptadas a las necesidades de los cuerpos de las mujeres–. Evidentemente, la cuestión de género se ha incorporado a las agendas de los ministerios de Defensa y Seguridad en los países de la región. Lo interesante en este proceso es que estos cambios impactaron favorablemente no solo en las mujeres, sino también en los varones, ya sea en relación con los casos de abuso, violencia de género y violencia doméstica o con las modificaciones en las reglamentaciones referidas a la vida privada del personal militar. De este modo, la presencia de mujeres ha promovido rupturas destinadas a desnaturalizar ciertas prácticas paternalistas, reflexionar sobre los procesos y sentido de la inclusión y resignificar las tareas de profesionalización militar. En síntesis: la participación de las mujeres en las instituciones militares se ha incrementado cuantitativamente a escala regional; sin embargo, este proceso varía en forma notoria en el aspecto cualitativo según el país, y aún queda un largo camino por marchar.


Notas:
1. C. Moskos, John Allen Williams y David R. Segal: The Postmodern Military: Armed Forces After the Cold War, Oxford UP, Nueva York, 2000; H. Carreiras: Militares y perspectiva de género, UNDEF Libros, Buenos Aires, 2017, p. 122.

2. En esa década confluye la tercera ola feminista que impactó en el accionar de la onu. Desde ese organismo se promovió la i Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1975 (México), el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1975-1985), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw, por sus siglas en inglés, 1979), la ii Conferencia sobre la Mujer en 1980 (Copenhague), la III Conferencia sobre la Mujer en 1985 (Nairobi), la iv Conferencia sobre la Mujer en 1995 (Beijing) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en 1994 (Belén de Pará), por mencionar solo las más representativas, y las instancias internacionales y regionales subsiguientes.

3. Entre ellos están Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
4. M. Lucero y Mariana Cóvolo: «La perspectiva de género en las relaciones internacionales. El estudio de caso de países con Ministerios de Defensa a cargo de mujeres», ponencia presentada en la IX Jornada de Historia de las Mujeres y IV Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, Universidad Nacional de Rosario, Argentina, 30 de julio a 1o de agosto de 2008.
5. Los países analizados son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Cabe aclarar que debido a la dificultad de acceso a datos más actualizados –lo que imposibilita la comparación– o al tamaño reducido de las fuerzas de seguridad, quedan excluidos Cuba y los países francófonos y anglófonos de la región, además de Costa Rica y Panamá, por contar entre sus fuerzas de seguridad solo con Fuerza Pública que actúa como fuerza policial especializada.
6. Dora Barrancos: Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos, Sudamericana, Buenos Aires, 2007; Susana Beatriz Gamba (coord.): Diccionario de estudios de género y feminismos, Biblos, Buenos Aires, 2007, p. 172; Isabel Valcárcel: Mujeres de armas tomar, Algaba, Madrid, 2005; Libro Blanco de Defensa de Brasil, 2012.
7. Marcela Donadio (comp.): Atlas comparativo de la defensa en América Latina y el Caribe, Resdal, Buenos Aires, 2016, p. 46.
8. M. Donadio (comp.): ob. cit., p. 71.
9. Ibíd., p. 115; «Ministerios de Defensa y de la Mujer y Equidad de Género firman convenio para fortalecer la igualdad de género en las Fuerzas Armadas», Ministerio de Defensa Nacional, Santiago de Chile, 24/5/2018.
10. Los países que quedan excluidos en la comparación son Nicaragua y Colombia, por carecer de estadísticas discriminadas por sexo.