La guerra al huachicol
Se creó un grupo formado por PGR, Sedena, Marina, Hacienda, Cisen y PF, pero las redes siguieron operando
Desde el sexenio pasado se advirtió que en Petróleos
Mexicanos (Pemex) se habían formado redes de servidores públicos para el
robo de hidrocarburos; de acuerdo con las investigaciones, operan en
varias formas al grado de que utilizan mecanismos modernos para alterar
el abastecimiento de autotanques y obtener ganancias.
A pesar de se integró un grupo interinstitucional en el cual
participaban la Procuraduría General de la República (PGR), las
secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina-Armada de México
(Semar) y Hacienda (SHCP), así como el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen) y la Policía Federal (PF), las redes
siguieron operando.
En octubre de 2013 se detectó que 39 empleados de Pemex en Salamanca
sustraían hidrocarburos, y en coordinación con nueve operadores de
autotanques particulares lo vendían. De acuerdo con la denuncia que
presentó Pemex ante la PGR, los trabajadores alteraban el pesaje del
hidrocarburo.
Otra red de 25 empleados fue ubicada en Chihuahua; en agosto de 2017
se descubrió que sustraían combustible. Adscritos a la Terminal de
Almacenamiento y Despacho de esa entidad, operaban con
modernos mecanismos para la modificación remota de los parámetros del sistema de llenado de los autotanques.
Según la indagatoria,
con equipo electrónico instalado en las cajas de conexiones de las posiciones de llenado, alteraban las mediciones de carga con el propósito de llenar en exceso los autotanques, que después eran desviados de la ruta asignada y realizaban paradas no autorizadas en distintos puntos, antes de llegar a su destino final.
En marzo de 2018 se informó que otro grupo de trabajadores, asignados
al Sector Ductos Minatitlán, manipulaba y alteraba las válvulas de
seccionamiento San Octavio, Poliducto Minatitlán-México, en Acayucan,
Veracruz, para apoderarse de manera ilegal del combustible.
En otra investigación de septiembre de 2014, la PGR informó de la
detención de una persona propietaria de las empresas Petrobajío y
Translesa; la primera tenía una concesión de Pemex para trasladar
hidrocarburos por la cual recibía 5 millones de pesos mensuales.
Aprovechando que podía transportar hidrocarburos, pagaba 5 millones de
pesos al cártel del Golfo para que lo abastecieran de combustible robado de tomas clandestinas y después lo vendía.
Los declarantes afirmaron que vendían el huachicol a un precio más bajo que Pemex. Su zona de operación era Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato, y sus clientes eran
empresas papeleras, fundidoras de metal y tequileras.
Dennis A. García
Periódico La Jornada
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