3/31/2018

Tarcila Rivera: Indígenas, actoras de la resistencia en la lucha porsus derechos

Nueva York, 21 mar. 18. AmecoPress/SemMéxico.- Tarcila Rivera Zea definió a las mujeres indígenas como actoras en resistencia en la lucha por sus derechos.
La defensora de las mujeres indígenas y experta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, dijo lo anterior ante otras expertas de Asia y África que compartieron junto con Gladis Acosta, Luisa Carvalho y Lola García-Alix, de la CEDAW, ONU MUJERES e IWGIA, el evento paralelo Derechos de las Mujeres Indígenas es una herramienta vital para garantizar la igualdad de género y el empoderamiento económico y social.
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En un evento paralelo al 62 Periodo de Sesiones de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, Tarcila Rivero clara, con la voz de una mujer paciente, Tarcila Rivera Zea, habló sobre sus luchas, encima de la colonización, ideologización, evangelización y politización que han sufrido las mujeres indígenas lo que las ha desunido.
Pero Tarcila Rivera saca una luz de esperanza cuando sostiene que hoy hay cambios. “Podemos oír a las hermanas de Asia y de África y ellas nos escuchan”, más adelante afirma que todas hemos llegado a una misma conclusión: no queremos violencias contra nosotras, contra nuestras hijas, contra nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros territorios dice tras asegurar que las mujeres indígenas de Latinoamérica entendieron que el despojo de sus tierras y de sus recursos, como el agua, es violencia contra ellas.
Avances que son resultado de varios años de trabajo, de varias generaciones de mujeres que se han revelado a seguir en un sistema que las oprimía y que las sigue oprimiendo. Sus palabras son claras y precisas, tanto que dibujan en el imaginario las luchas de mujeres campesinas.
Tarcila, dicen cuando la presentan, parece que nadie necesita saber que nació en Perú, en la comunidad de San Francisco de Pujas. “Es que ya todas la conocen”, dice la moderadora de la mesa Lola García-Alix, del Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA), ella experta, madura y hasta sabionda dibuja una sonrisa.
Se refiere a la participación política de las mujeres, “donde hemos asumido el desafío y no siempre hemos tenido buenas lecciones, pero hemos aprendido”. La mayoría de las comunidades de base tienen liderazgos femeninos, pero recuerda que muchas veces son incluidas en las listas por el “caudal” de votos que ellas representan, “así responden de buena o mala manera a la cuota de género”. Sin embargo, más adelante rechaza la idea de que las mujeres aspiren a participar en política si solo van como relleno.
Recuerda el Encuentro Latinoamericano de Mujeres Indígenas en Oaxaca (2011) y ahí definimos el racismo y la discriminación como las peores formas de violencia contra las mujeres indígenas y entendimos que ambos actos destruían la autoestima
Hemos avanzado en los últimos 30 años, pero nos falta mucho, tenemos que globalizar nuestras aspiraciones como mujeres indígenas, concluye esta mujer bajita pero de grandes ideas.
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Originaria de Kenia, África, Jane Meriwas, se refirió al contexto cultural que da alas mujeres un lugar de exclusión, “en el fondo nos quieren decir que como mujeres no somos nada”.
Vestida a la usanza de las mujeres de esa nación africana, Jane Meriwas, dijo que la marginación hace que muchas mujeres crean realmente que no valen nada, “usted nació ahí y no puede cambiar nada”, entorno no amigable para las mujeres que viven en el campo.
De dónde vengo, añadió, es una zona ganadera, y aunque la costumbre nos margina, hemos tenido algunos pequeños logros en materia de representación política, hay una cuantas mujeres indígenas en el Senado, en el parlamento, mujeres que son referente para las niñas y para otras mujeres de Kenia.
Elina Horo, del Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia, dijo que los intereses políticos dividen a las comunidades indígenas de la India, favoreciendo el despojo de sus tierras, porque a pesar de que tenemos tierra no nos pertenece, porque las leyes no se aplican y tampoco el gobierno reconoce los sistemas tradicionales.
El mayor desafío es la cada vez mayor reducción de espacio para el trabajo con la sociedad civil y nos enfrentamos a mujeres que por el contexto social creen que son inferiores y son presas de la violencia.
Gladis Acosta, ex titular de UNIFEM en Latinoamérica y experta en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), dijo que las indígenas cada vez más se asumen como defensoras de derechos humanos y por tanto deben ser tratadas como tales y no ser criminalizadas.
La experta indicó que recién se hicieron recomendaciones a los Estados para que se garanticen los derechos de educación, salud y política de las indígenas, así como reconocer su liderazgo en las propuestas para enfrentar el cambio climático.
Gladis Acosta indicó además que las mujeres indígenas deben entregar sus propios informes ante la CEDAW, luego dijo que Ginebra será un espacio para escuchar sus voces.
Lola García-Alix, de IWGIA, dijo que las experiencias y desafíos de las mujeres indígenas de un lado y de otro son muy semejantes y están cruzadas por la discriminación.
Somos conscientes de que las mujeres indígenas siguen padeciendo de la falta de oportunidades y falta de acceso a servicios, desigualdad que afecta a las mujeres de hoy y a las que vendrán en el futuro, pero también al resto de sus comunidades. Condición que se agrava en condiciones de conflictos armados.
Fotos: Archivo AmecoPress. SemMéxico.
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Internacional – Mujeres del mundo – Mujeres rurales – Derechos Humanos – Encuentros y Jornadas. 22 mar. 18. AmecoPress.

Vergonzoso tratamiento en El Salvador a mujeres con abortos espontáneos


Este es un artículo de opinión de Jeannette Urquilla, directora ejecutiva de Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), la socia salvadoreña de Donor Direct Action, un grupo internacional de mujeres.
El Salvador, con bajos ingresos promedio y la mitad de su población con menos de 25 años, tiene una alta inequidad social y de género, que se expresa, entre otros hechos, en la draconiana penalización del aborto. Crédito: UNFPA
SAN SALVADOR, 28 mar 2018 (IPS) - Mayra Verónica Figueroa Marroquí, de 34 años,  fue liberada a principios de la última semana de marzo, después de cumplir su condena por lo que ella argumentó fue un aborto espontáneo. Su sentencia se redujo de 30 años a los 15 años que ya había pasado tras las rejas.
A los 19 años había trabajado anteriormente como ama de llaves en 2003 cuando fue violada y posteriormente sufrió un aborto espontáneo. Había sido condenada por la prohibición del aborto de El Salvador, una de las más extremas del mundo.
Figueroa Marroquin es la segunda mujer que este año ha sido liberada de la cárcel en tales circunstancias. El mes pasado, Teodora del Carmen Vásquez también fue liberada 11 años de su sentencia de 30 años por lo que ella dijo que era una muerte fetal.
Del Carmen Vásquez estaba esperando en las puertas de la prisión para conocer a la otra mujer esta semana.
Desde 1998 bajo el Artículo 133 del Código Penal, el aborto ha sido completamente ilegal en El Salvador en todas las circunstancias. Las mujeres han sido sentenciadas hasta ocho años en casos más típicos, pero si un juez decide que el aborto fue de hecho un “homicidio agravado”, se transmite una sentencia mucho más alta, de hasta 50 años.
Y cuando se produce un aborto involuntario, una mujer suele correr un grave riesgo de ser acusada de esto.
Las mujeres embarazadas a menudo son abandonadas por los hospitales públicos del país y con frecuencia corren un grave riesgo de ser arrestadas después de un aborto espontáneo.
En la mayoría de los casos, estas mujeres también provienen de entornos económicamente desfavorecidos, lo que les dificulta el pago de la atención médica privada.
Esto significa que en lugar de recibir el tratamiento adecuado si algo sale mal durante el embarazo, no hacen nada y esperan lo mejor, o recurren a canales encubiertos no oficiales, poniéndose así en grave peligro físico.
La Alianza por la Salud y la Vida de las Mujeres, de la cual mi organización, Ormusa, es parte informó anteriormente que, entre 2000 y 2014, 147 mujeres de El Salvador fueron acusadas de delitos relacionados con el aborto.
En lo que va de 2018, la Asociación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, descubrió que todavía hay 24 mujeres en prisión que se ha categorizado como abortos “homicidas”. Todas estas mujeres fueron condenadas en escenarios similares a las dos que se dieron a conocer este año y muchas ya enviaron muchos años tras las rejas.
No solo debemos asegurarnos de que estas mujeres sean liberadas, sino también que la ley sobre el aborto se modifique urgentemente.
El Ministerio de Salud estima que casi 20.000 abortos tuvieron lugar entre 2005 y 2008. Independientemente de si el aborto es legal o ilegal, aún se lleva a cabo. La única diferencia es el nivel de seguridad de las mujeres que se someten al procedimiento.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma que 68.000 mujeres mueren cada año debido a abortos ilegales e inseguros. Es probable que se pueda prevenir un número significativo de estas muertes.
El Salvador es uno de los únicos cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto en todos los casos, incluso después de la violación y cuando la salud de la madre está en riesgo. También es uno de los países más peligrosos del mundo para ser mujer.
Tenemos la tasa más alta de feminicidios (femicidios) a nivel mundial: 15,9 homicidios por cada 100.000 mujeres. Este no es un país donde los derechos humanos básicos de las mujeres son muy apreciados.
Según el Observatorio de violencia de Ormusa, alrededor de 3.138 mujeres han sido asesinadas entre 2010 y 2017, con un promedio de 451 por año, es decir más de una mujer es asesinada a diario.
Todavía estamos esperando ver si se debatirá y aprobará  la propuesta de reforma al artículo 133 del Código Penal, en la cual se propone la despenalización del aborto por cuatro causales: cuando el embarazo es producto de una violación sexual o trata de personas; cuando exista una malformación del feto que haga inviable la vida extrauterina; cuando el embarazo es resultado de violación o estupro en el caso de una menor, y cuando se ponga en riesgo la vida de la mujer.
De la misma forma se espera que sean discutidas y aprobadas una ley de Educación integral en sexualidad y una ley de salud sexual y reproductiva.
A pesar de contar con muchos aliados como el Ministerio de salud y parlamentarias actuales, aún se enfrenta la resistencia de muchos grupos religiosos y políticos, significa que aún nos queda un largo camino por recorrer.

Jeannette Urquilla es directora ejecutiva de Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la socia salvadoreña de Donor Direct Action, un grupo internacional de mujeres.

Violencia contra las mujeres y los medios un desafío para la humanidad


Soledad Jarquin 

Nueva York, 14 mar. 18. AmecoPress/SemMéxico.- La violencia contra las mujeres periodistas, la ausencia de la perspectiva de género en los medios y en las tecnologías de la Información y Comunicación, así como la violencia contra las mujeres en los contenidos digitales, fueron analizadas hoy en un evento organizado por el gobierno mexicano y la Alianza Global sobre Medios y Género (GAMAG), para revisar los avances y tomar acciones frente a los desafíos planteados en las recomendaciones en 2013.

La investigadora Aimée Vega Montiel, representante de GAMAG, dijo que en México los medios de comunicación reproducen alrededor de 10 mil tipos de violencia contra las mujeres y en todos los ámbitos, siendo la publicidad donde más se refleja la violencia de género, seguido de la misoginia de las telenovelas que contribuyen a normalizar la violencia, en tercer lugar la industria musical y, finalmente, los diarios impresos.

Precisó que el internet y los medios digitales también contribuyen a fomentar actitudes violentas contra las mujeres y citó las cifras de la organización Feminist Peace Netword, que afirma que existen 4.2 millones de páginas de web que ofrecen pornografía, representan el 12 por ciento de los sitios web en todo el mundo, y 100 mil de estas páginas ofrecen pornografía infantil que produce ganancias billonarias.

La ciberviolencia, puntualizó, es una de las expresiones más dramáticas de la violencia de género. Networked Intelligence for Development indica que el 73 por ciento de las usuarias de internet han sido víctimas de violencia de género en línea.

Frente a ello, la especialista planteó la importancia de una agenda integral de género y medios para el desarrollo y la paridad, además de una acción urgente y que los Estados adopten las recomendaciones que se harán la próxima semana.

También se refirió a la violencia contra mujeres periodistas y señaló que la falta de transversalización de la perspectiva de género en los medios es todavía muy generalizada, lo que provoca la persistencia de la violencia contra las mujeres en los medios como en las tecnologías de la información y comunicación.

Por su parte, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se refirió a las políticas públicas que el gobierno mexicano ha puesto en marcha para contrarrestar la desigualdad, el sexismo y el uso de estereotipos.


Al destacar la importancia de la reunión, realizada dentro de las actividades de la 62 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la sede de la ONU, detallo que desde las últimas recomendaciones al Capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing hay avances, pero las metas aún están lejanas: “Basta ver lo que se transmite cada día”.

Todavía no estamos donde queremos y debemos estar; por ello, dijo, es fundamental contar con medios aliados, además de los esfuerzos que se han dado tanto del gobierno como de algunos medios para eliminar la apología de la violencia.

Luego de explicar las acciones de política pública que impulsa desde Inmujeres y desde otras instancias del gobierno federal, Cruz Sánchez advirtió que si los medios no visibilizan las realidades de las mujeres seguirán perpetuando la desigualdad y la violencia de género.

Urgió en la necesidad de que los Estados como los medios adopten políticas y códigos de ética que incorporen los derechos humanos de las mujeres, sin banalizar, sin desvalorizar, y recalcó que el trecho por erradicar la violencia requiere de mucho trabajo, pero solo de esta manera podremos alcanzar sociedades más justas e incluyentes.

A su vez, la Directora de Equidad de Género de la UNESCO, Saniye Güiser Corat, explicó que ese organismo internacional ha dado prioridad al tratamiento que se da a las mujeres en los medios y a la violencia contra las periodistas.

Luego de citar algunas cifras, expuso que el problema es “bastante grave”; de ahí que entre otras estrategias diseñaron un marco para determinar las directrices de sensibilidad de género en los medios, se articulan políticas y mecanismos para lograr cambios, mediante la cooperación de asociaciones civiles y escuelas de periodismo.

Oisika Chakrabarti, de ONU Mujeres, dio a conocer otras cifras sobre la condición de las mujeres periodistas, no sin antes resaltar los asesinatos de periodistas en distintas regiones del mundo.

Señaló que del total de notas que se producen en los medios impresos, televisión y radio, nueve por ciento evocan la igualdad de género, cuatro por ciento cuestionan los estereotipos, solo el 27 por ciento de las mujeres tienen puestos de alta dirección y el otro 73 por ciento está en manos de los hombres.

La representante de ONU Mujeres (UN Women) aseguró que el internet es la plataforma para el cambio social; sin embargo, la misoginia y el abuso abundan en línea. Detalló que en Estados Unidos, dos de cada diez mujeres jóvenes, de entre 19 y 29 años, han sido acosadas sexualmente en línea.

En esta sesión también participaron Rosa María Monteiro, Delegación Portuguesa ante la 62 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer; Liri Kopaci Di Michele, jefa de Igualdad del Consejo Europeo, y la investigadora María Edström, quienes plantearon las políticas de igualdad e investigaciones que desarrollan y coincidieron en que efectivamente el sexismo y la misoginia han aumentado drásticamente por lo que representan nuevos desafíos.

Foto: SemMéxico.

Desafío de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS): asegurar losrecursos a las comunidades


Soledad Jarquin Edgar

Nueva York, 21 mar. 18. AmecoPres/SEMlac.- El 80 por ciento de la biodiversidad del mundo está ubicada en zonas rurales; el desafío de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) es asegurar esos recursos para los pueblos indígenas, que desde tiempos milenarios los han protegido y conservado, aseguró Joan Carling, del Grupo Mayor de Pueblos Indígenas.
Originaria de Filipinas, donde el gobierno la persigue por considerar que es una "peligrosa terrorista", denunció que muchas y muchos líderes del mundo que defienden sus tierras y recursos naturales son asesinados o perseguidos, y en ello las mujeres también han sufrido persecución.
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Hizo hincapié en que es necesario mirar a las indígenas como personas, como seres individuales y como parte de colectivos, lo que implica atender diferentes derechos. Recalcó que son más criminalizadas por ser mujeres y por ser indígenas, de ahí que los ODS deben observar sus derechos.
El desarrollo está alineado con la preservación de los recursos, precisó Joan Carling, quien participó en la reunión "Mujeres Indígenas, actoras clave en el logro de la agenda 2030"; sin embargo, la exclusión de los bienes que les pertenecen no solo crea conflictos, sino que las hace sobrevivientes.
Cuestionó el hecho de que en los OSD haya más recursos para el crecimiento económico y que haya sido ignorada la visión holística que plantea cómo resolver la pobreza y los derechos desde la perspectiva de los pueblos indígenas.
Las mujeres indígenas somos las actoras del desarrollo de los pueblos; nosotras somos las que hemos mantenido la biodiversidad del mundo por generaciones y la vamos a heredar a las nuevas generaciones. Esa es la gran contribución de las mujeres, y todo ello se ha hecho en un mundo que nos quiere arrebatar los bienes de nuestros pueblos y que nos discrimina, continuó la expositora.
Nos han echado la culpa. Nos llaman "antidesarrollo", porque usamos los recursos de forma tradicional; si cortamos árboles para construir nuestras casas, nos encarcelan, pero nadie actúa contra los daños que provocan las empresas mineras, agregó.

Mujeres enfrentan discriminación y desigualdades profundas

La directora del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, Teresa Zapata, originaria de Guatemala, planteó la importancia de hablar sobre las profundas desigualdades, discriminación y racismo que enfrentan las mujeres indígenas.
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Luego explicó que la ruralidad es un concepto que no define identidad. Esto, en relación con el nombre con que se determinó el análisis de uno de los dos objetivos que se discuten en el seno de la 62 sesión de la Comisión de la Condición Social de la Mujer (62CSW) en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Recordó también la diversidad de las mujeres indígenas que viven en un contexto de ruralidad y destacó la relación diversa y profunda de las mujeres y de los pueblos indígenas con el territorio y los recursos naturales.

Kenia, las mujeres no acceden al dinero

Por el continente africano, de Kenia, participó Alice Lesepen, de la organización Merigo Women Group, quien de forma detallada advirtió sobre las dificultades de las mujeres de zonas rurales de su país para obtener agua, situación agudizada por el cambio climático y la violencia sexual y violaciones de que son objeto.
Dio a conocer que su organización ha iniciado un programa de educación a mujeres, las únicas que procuran la subsistencia de sus comunidades.
El dramático panorama, reveló, provoca que carezcan de agua por dos o hasta cinco años, y cuando llueve viene en exceso provocando severas inundaciones.
Ello también ha causado que cultivos ancestrales se pierdan, de ahí que las propias mujeres se organizaran en pequeños grupos en busca de soluciones.
Sin embargo, por tradición, ellas no son las dueñas de sus tierras ni de los animales; aunque los cuiden, no pueden acceder a los beneficios económicos. Ellas no tienen acceso al dinero.
Recalcó que en Kenia hay programas para que las mujeres puedan acceder a recursos. El problema es que no se aplican o ellas no saben que existen; a pesar de todo, es importante que se empoderen porque entonces pueden exigir sus derechos.

El sistema vive una contradicción

Indira Vargas, la más joven de las ponentes, originaria de Ecuador, dijo tener dos nacionalidades: una Kichwa y otra Achuar.
Como representante de la Comisión de la Niñez y de la Juventud del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas también denunció la falta de atención a las zonas rurales donde no hay ni buena educación, salud ni agua y son las mujeres las que más sufren la violación a sus derechos humanos.
Recalcó que al igual que en otros países, en Ecuador viven el despojo de sus territorios para favorecer a las compañías mineras: "El sistema está empecinado en generar riqueza; por un lado dicen que la Amazonia es el pulmón del mundo, pero los Estados negocian a nuestras espaldas, violando el derecho de consulta a nuestros pueblos".

Empoderamiento de mujeres, más allá de lo material

Eleonor Dictaa-Bang-oa, una de las convocantes a la reunión realizada en la sede de la ONU y lideresa de la organización Asian Indígenous Women´s Network Tebtebba, presentó los resultados del programa de empoderamiento a las mujeres que viven en zonas rurales de Camerún, Filipinas y Perú.
Cuando hablamos del empoderamiento de las mujeres indígenas no solo me refiero a los recursos económicos, sino a la forma en que contribuyen a la sostenibilidad de las tierras, con lo que aseguran tanto el presente como las generaciones futuras. "Quizá les puedan parecer muy modestos los resultados.
Nosotras hemos visto como a muchas mujeres les ha cambiado la vida", dijo, tras explicar cada uno de los programas que emprenden en los tres países.
Eleonor Dictaa-Bang-oa está preocupada por la persecución y amenazas a la vida de las mujeres indígenas que defienden sus territorios y los recursos naturales. Citó como ejemplo el caso de Bangladesh y Filipinas, donde las defensoras de derechos humanos de las mujeres han sufrido persecución o agresiones y violaciones sexuales.
La presidenta del Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI) y experta del Foro Permanente para las cuestiones indígenas, Tarcila Rivera Zea, consideró necesario entender los desafíos que el desarrollo implica para las comunidades rurales y para las sociedades no indígenas. Aseguró que este enfoque es una oportunidad para toda la población.
Recalcó que las nuevas generaciones deben buscar una solución, pero desconoce si realmente los gobiernos podrían cambiar su visión y mentalidad para con los pueblos, cuándo solo están pensando en el desarrollo material y económico y en la competencia para ser más poderosos.
La reunión fue coordinada por Chandra Roy Henriksen, del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas. En su intervención planteó el desafío más grande: asegurar que cuando cada una vuelva a casa, realmente habrá un cambio y que los Objetivos del Desarrollo Sustentable no sean para las mujeres indígenas que viven en pueblos rurales solo un documento.
Foto: Archivo AmecoPress.
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Internacional – Mujeres del mundo – Ecología – Mujeres rurales – Encuentros y Jornadas. 22 mar. 18. AmecoPress.

Periodistas: valentía y unión contra la censura y la violencia


 Leticia Puente Beresford, Corresponsal AmecoPress

JPEGNueva York, 19 mar. 18. AmecoPress.- En México, principalmente en Tamaulipas, “se vive una violencia extrema contra las periodistas y una censura brutal”, “es una zona de silencio, nadie publica lo que pasa”.
Así lo denunció Rosa María Rodríguez Quintanilla, periodista tamaulipeca desplazada de su estado por la inseguridad, durante la mesa “Violencia contra mujeres periodistas”, realizada en el marco de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW62) de la Naciones Unidas, ONU-Mujeres, que de manera paralela realizó la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), el pasado 16 de marzo.
Un panorama similar describió Lucía Lagunes Huerta, directora de la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), quien insistió en que en México no hay democracia y es ahí donde la violencia en contra de las mujeres periodistas se normaliza.
Lagunes Huerta explicó que, cuando una periodista denuncia el hecho de violencia, el gremio la trata de ignorar e incluso la acusan de que “se quiere hacer famosa”. La mujer periodista, dijo la feminista, sufre doble riesgo.
La doctora Aimeé Vega Montiel, de Alianza Global de Medios y Género, apuntó que México, Colombia y Argentina son lugares peligrosos para las mujeres periodistas, pero es México el más peligroso. Indicó que de 2014 a 2015 se han registrado 147 casos de violencia y 15 casos de feminicidio, datos que coinciden también con los de CIMAC.
Vega Montiel retomó también la información de la organización Artículo 19, que indica que en 2016 se registraron 426 agresiones contra periodistas y el 99.7 por ciento no están resueltos.
Resaltó los casos de Rodríguez Quintanilla, quien se vio obligada a migrar de su estado, porque no hay garantías para ejercer su profesión; de Carmen Aristegui, quien tras denunciar un caso de corrupción relacionado con el presidente Enrique Peña Nieto, perdió su trabajo y fue víctima de espionaje, junto con su hijo, como denunció el periódico The New York Times.
Relató también el caso de Sanjuana Martínez, quien sufre la violación de sus derechos humanos, precisamente por denunciar ese tipo de casos; el de Anabel Hernández, quien denunció los vínculos entre el capo Joaquín “el Chapo” Guzmán y autoridades del gobierno. Así mismo el caso de Marcela Turati, quien denunció el manejo jurídico del caso Ayotzinapa; el de Lydia Cacho, quien documentó y denunció casos de pornografía contra la infancia, y el de Miroslava Breach, quien fue asesinada por sus denuncias periodísticas.
En suma, dijo Vega Montiel, América Latina es una zona de gran peligro para ejercer el periodismo, incluidos países de Centroamérica como Guatemala, Honduras y El Salvador.
Miriam Bobadilla, de Argentina, informó que, para evitar represalias como el despido o las agresiones personales, lo que hacen las periodistas de su país “es cuidarnos y lo que nos pasa lo publica otra colega”. Llamó también a la unidad de las periodistas latinoamericanas.
En el mismo sentido habló la periodista española Montserrat Minobis, quien resaltó la unidad de las 50 periodistas que firmaron el pasado 8 de marzo un desplegado conjunto y salieron a la calle porque “necesitamos medidas comunes”. Explicó que, al igual que en muchos países del mundo, en España las periodistas tienen problemas salariales, de despidos por ajustes empresariales, de acoso sexual, entre otros, antes los cuales la voz de las mujeres es aún débil.
CIMAC citó su informe “El poder del cacicazgo. Violencia contra las mujeres periodistas 2014-2015”, que incluye casos como el de Gloria Muñoz Ramírez, directora de Desinformémonos, de quien se dice: “En aquella ocasión, los agresores entraron a su hogar en la colonia Roma y, sin sustraer nada de valor, dejaron como evidencia que habían revisado sus artículos personales y en especial su ropa íntima. Ese fue un mensaje para decirle que pueden estar tan cerca de ella como se lo propongan”.

#Metoo—Now What?

A la par de la mesa “Violencia contra mujeres periodistas”, también el 16 de marzo se realizó en la sede de las Naciones Unidas la reunión “#Metoo-Now What? Mujeres en los medios, desde la protesta hasta la acción”, donde se habló de discriminación de género, explotación sexual de las mujeres en la industria de los medios.
Se habló de una solución con perspectiva holística, del papel de la industria de los medios y de un cambio que no deje a nadie fuera, un cambio que involucre a todas.
Se dijo, por supuesto, que esta revolución que significa el movimiento #Metoo no debe abandonarse. Por eso, la actriz Sienna Miller aseguró que “basta es basta” y que “no estamos solas”. Habló de que ya hay 20 millones de dólares para atender sus casos, que nadie se sienta marginada. Y se pronunció por romper el silencio porque “la revolución está aquí, el tiempo del cambio llegó y nuestra voz importa”.
En el panel de discusión, moderado por la feminista y columnista de The Guardian, Polly Toynbee, la directora de ONU-Mujer, Phumzile Milambo-Ngcuka, detalló que #Metoo “es el poder ser visible, de hablar por las otras, por las invisibles. Es un asunto global contra la impunidad. Los poderosos por primera vez no lo son más”. #Metoo puede salvar vidas. Y recordó que la voz y la lucha de la activista brasileña Marielle Franco, pese a que fue asesinada hace unos días, continuará.
En la reunión estuvieron también Ine Eriksen Søreide, secretaria del Exterior de Noruega; Fatemah Farag, representante de medios de comunicación de Egipto; Pamela Sitton, editora de África, y Matthew A. Winkler, cofundador de Bloomberg.
Fatemah dijo que para ella el #Metoo es parte de la solución cultural y en su país está despertando la denuncia. En África, dijo Sitton, el tema ya se está discutiendo. Winkler aseguró que es un movimiento profundo, para siempre y de “cero tolerancia”.
Se mencionó también la disparidad salarial en los medios de comunicación, en donde las mujeres ganan 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres, mientras que en Hollywood ellas ganan 30 centavos, por cada dólar que ganan ellos, siendo las peor pagadas las mujeres negras.
La feminista ecuatoriana Yolanda Terán, experta en seguridad y derecho a la Tierra, habló sobre las mujeres rurales e indígenas. “Unidas y a la acción”, dijo en la tribuna de la ONU, antes de hacer una extraordinaria exposición sobre la relación de las mujeres con la Madre Tierra.
Otro tema fue el de las nuevas tecnologías en las zonas rurales e indígenas, donde las mujeres carecen del acceso a la propiedad de la tierra y no pueden tampoco adquirir un teléfono celular de cien dólares, con ingresos que son de un dólar por día. Además, ¿cómo tener acceso a Internet si en sus comunidades no tienen electricidad?
Terán se pronunció por hacer accesible la educación para todas las mujeres, porque en las zonas más pobre sólo los hombres tienen posibilidad y derecho a la educación universitaria. “Necesitamos solución, necesitamos romper el círculo de la pobreza”, dijo. Y al hablar de la salud reproductiva, señaló que en las clínicas rurales se requiere que haya conversación con las mujeres, no imposición.
Pese a tratar temas tan diversos, las participantes en “#Metoo-Now What? Mujeres en los medios, desde la protesta hasta la acción” coincidieron en un llamado a la unidad, para que no haya más impunidad y en realizar acciones en favor de los derechos de las mujeres.
Foto: Archivo AmecoPress.
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Internacional – Medios de Comunicación – Comunicación y género – Violencia de género – Encuentros y Jornadas. 20 mar. 18. AmecoPress.

Feministas piden a Peña Nieto vetar reformas sobre objeción de conciencia


Exigen garantizar derecho a la salud


Senadoras, candidatas a cargos de elección y feministas, demandaron a Enrique Peña Nieto que ejerza su facultad de veto y devuelva a la Cámara de Diputados y al Senado el decreto por el que se reformó el Artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, que establece la objeción de conciencia para el personal médico y de enfermería.
El grupo de feministas, es en su mayoría simpatizante de Alianza Por México al frente, entre ellas las senadoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña; la senadora independiente Martha Tagle; la candidata a senadora por el PRD, Mary Telma Guajardo Villarreal y por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado.
Las mujeres enviaron una carta al Ejecutivo federal para pedir que vete la reforma al Artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, aprobada por el Senado el pasado jueves 22 de marzo que dice que “el personal médico y de enfermería que forma parte del Sistema Nacional de salud, podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta Ley”.
Las feministas mencionaron que el 18 de febrero de 2016 el Poder Ejecutivo emitió, por conducto de la Secretaría de Salud, una opinión al dictamen donde aclaró que la objeción de conciencia ya está protegida en los artículos 5, 6 y 24 de la Constitución Política que mencionan “el derecho de cualquier persona de ejercer la profesión, la industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos; y la libertad de convicción éticas, de conciencia y de religión”.
De acuerdo con esa opinión, la ley protege el derecho de libertad de conciencia pero este principio no se puede regular específicamente, toda vez que se trata de un concepto subjetivo que únicamente el profesional de la salud que lo ejerce, sabe y atiende, por lo que, menciona el documento, pretender exceder su influencia queda fuera de una decisión ética aceptable.
Las feministas, entre ellas académicas como Gloria Ramírez Hernández, la ex magistrada electoral, María del Carmen Alanís Figueroa; y la priista María Elena Chapa, dijeron que además la reforma está redactada de manera muy general, lo que podría ocasionar por un lado, la interferencia en la atención médica que requiere un paciente, por motivos de índoles moral, y por otro, que el médico imponga al paciente sus creencias o condicione sus servicios.
Cabe decir que la objeción de conciencia es un principio que se ha usado para que médicos y enfermeras se nieguen a realizar prácticas médicas que van en contra de sus creencias, como a practicar la interrupción legal del embarazo o la voluntad anticipada, es decir, la eutanasia; además de que servirá para fomentar la discriminación hacia los pacientes, afirman algunas defensoras.
En su misiva, recordaron también que a partir de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, vigente desde 2011, se debe garantizar que todas las personas gocen de los Derechos Humanos, el derecho a la salud y que el Sistema Nacional de Salud garantice que existan médicos no objetores para prestar los servicios de salud.
Mencionaron que el Estado mexicano debe acelerar el paso bajo el principio de progresividad, para garantizar el derecho a la salud pues aún 15.5 por ciento de la población tiene carencia a este derecho (13.4 por ciento mujeres, 17.9 por ciento hombres, según datos del Coneval de 2016).
 “La Objeción de Conciencia no es un Derecho Humano en sí mismo, sino una manifestación del Derecho Humano a la libertad de conciencia, que establece que toda persona puede creer y pensar libremente según sus ideas y convicciones”, expusieron.
Las mujeres también hicieron un llamado para que se respete la laicidad y la democracia, en particular cuando la objeción de conciencia violenta el Estado laico, porque antepone una visión no laica y no científica, al derecho fundamental de la salud; además de que este concepto puede ser usado contra la interrupción legal del embarazo.
Las firmantes de la carta señalaron que esta reforma puede resultar discriminatoria contra personas de la diversidad sexual o por condición de etnia, edad, pobreza u otra, porque obstaculizará la prestación de servicios relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, y limitará  además la investigación científica en diversos campos.
Señalaron que es necesario vetar esta reforma en este contexto de la desigualdad en el acceso y calidad a los servicios de salud  ya que para las mujeres eta reforma implicará un obstáculo adicional para el acceso a anticonceptivos, a la reproducción asistida, a los servicios de aborto legal y seguro, a la investigación científica y favorecerá la criminalización de quienes deciden abortar.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Centro Universitario Emmanuel Kant CUEK




El Centro Universitario Emmanuel Kant es una universidad joven, que inició sus actividades en el año 1996. Fue fundada como Asociación Civil por un grupo de maestros de nivel posgrado preocupados por ofrecer educación de calidad, accesible en costos y personalizada.

El CUEK tiene por objetivo ser un centro educativo de alto nivel, donde se conjuga la realización intelectual, la vocación por la docencia y la investigación, así como la formación integral de profesionistas comprometidos con la disciplina de su especialidad, pero con una amplia conciencia interdisciplinaria como fuente necesaria de un compromiso auténtico con la sociedad. De acuerdo con este empeño académico, el CUEK mantiene una oferta moderada de planes de estudio, lo que le permite asegurar la calidad de los cursos que imparte y lo caracteriza como una Universidad pequeña pero consistente. Hasta el momento se ha concentrado en las áreas de la Psicología, el Derecho la Administración.

La planta docente se caracteriza por su fortaleza académica, su preparación profesional enriquecida por la experiencia, así como por su capacidad pedagógica y dialógica. Así, los alumnos de este Centro Universitario adquieren valiosos conocimientos de la disciplina de su elección, pero a la vez aprenden a no conformarse con lo aprendido, a explorar las inquietudes que despierta una perspectiva compleja de las ciencias humanas.

Esta Universidad lleva el nombre de un filósofo eminente: Emmanuel Kant (1724-1804), filósofo de la Ilustración que es referencia obligada tanto para la filosofía en general como para la ética, la estética, el derecho y la pedagogía.Antes de él, el sujeto era considerado como pasivo en relación al conocimiento, a partir de sus reflexiones se establece que es imposible saber cómo es el mundo independientemente de nuestra experiencia de él; odo objeto que conocemos queda influido por la estructura de nuestro aparato cognoscitivo. El sujeto constituye a la realidad en el propio acto del conocimiento. Así, el Idealismo Trascendental se puede resumir en la afirmación de que sólo conocemos enómenos y no las cosas en sí mismas o no menos.

El escudo que representa a esta Institución está inspirado en la simbología heráldica alemana, por ser esa la nacionalidad del filósofo al que honra. El lema 'Por la crítica llegaremos a la verdad", es la síntesis del tipo de profesionistas que formamos en esta Casa de Estudios.





Alianza por la Solidaridad denuncia la persecución y criminalización delas defensoras de derechos humanos



Madrid, 20 mar. 18. AmecoPress.- Alianza por la Solidaridad acude al encuentro de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW62) de Naciones Unidas que reúne en Nueva York a representantes de gobiernos, instituciones y organizaciones relacionadas con el empoderamiento de las mujeres de todos los ámbitos y países con el objetivo de visibilizar a las mujeres indígenas rurales. Con un protagonismo especial en el papel de las mujeres rurales, Alianza por la Solidaridad quiere destacar la situación de persecución y criminalización que sufren muchas lideresas en sus territorios cuando se enfrentan al expolio de sus recursos naturales, así como las vulneraciones de los derechos sexuales y reproductivos, donde el cáncer de cuello uterino y los abortos inseguros representan las primeras causas de mortalidad en América Latina. Sólo los segundos causan la muerte de 47.000 mujeres al año (el 24 por ciento en América Latina) en un mundo donde más de un millón de menores de 15 años dan a luz.

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Dentro de CSW62, miles de mujeres de todo el mundo se reúnen desde el pasado 12 de marzo y hasta el próximo viernes 23 de marzo para discutir, analizar y conocer de primera mano los avances de la situación de las mujeres.

En los primeros días del encuentro, los temas más conflictivos, que demuestran el desacuerdo a nivel internacional, han sido los relacionados con la agenda más progresista, ante las resistencias entre los Estados a su consecución de determinados derechos de las mujeres, en concreto, el respeto e inclusión de colectivos e identidades de género y orientación sexual diversa, que son perseguidos en muchas partes del mundo; la necesidad de adoptar programas públicos de educación sexual integral; los derechos sexuales y reproductivos, en especial en lo referente a la necesaria despenalización del aborto; y la dramática situación que viven las mujeres defensoras de derechos humanos y, más específicamente, de derechos medioambientales, tanto en sus territorios como en el ejercicio de sus liderazgos políticos.
Cabe recordar que, en el transcurso de este foro, ha sido asesinada en su ciudad la defensora afrobrasileña y concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, que había denunciado repetidamente la creciente militarización de las favelas. En Nueva York, además, se ha visibilizado, con una manifestación celebrada el viernes, el apoyo a defensoras y defensores de derechos humanos en Filipinas, acusados por su activismo en apoyo de comunidades rurales e indígenas filipinas.
“Vemos dificultades entre los gobiernos para hablar de estas manifestaciones de violencias, así como para hablar de acceso a abortos seguros, libres y gratuitos, sin los cuales no podemos garantizar realmente a las niñas y mujeres de todas las edades una vida libre de violencias”, señala Elena Alfageme, representante de Alianza por la Solidaridad en la CSW62, y coordinadora de los proyectos de la organización en Bolivia.

El caso español


En el marco de la CSW62 de Naciones Unidas, el Gobierno de España ha presentado ante Naciones Unidas, como prioridad, la iniciativa del Pacto de Estado contra la Violencia de género, fruto de la creciente presión de los movimientos y organizaciones feministas en los últimos años. Un Pacto que para Alianza debe fundamentarse en un enfoque integral de la violencia de género que va más allá de la violencia física, psicológica y sexual y que abarca cuestiones como la brecha salarial (violencia económica) y la promoción de servicios públicos para el acceso a abortos, un Pacto de Estado que debe abordar de manera específica la situación de las mujeres en el mundo rural y de las migrantes, así como contar con recursos para su implementación efectiva.
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La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer es el principal órgano internacional intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Desde 1996 realiza el seguimiento y revisión de los avances y las dificultades encontradas para implantar la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como la incorporación de la perspectiva de género en las actividades de las Naciones Unidas. Alianza por la Solidaridad acude a esta Comisión como organización que trabaja por la promoción de los derechos de las mujeres en los 17 países de América Latina, África, Oriente Próximo y Europa (España) en los que trabaja.


Foto: archivo AmecoPress, cedidas por Alianza por la Solidaridad 

¿Cuántas Mexicanas o niñas están en la pobreza, y en qué condiciones?


OPINIÓN
   Monedero
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*


Responder a la pregunta de ¿cuántas mexicanas y niñas están en la pobreza, y en qué condiciones? debería ser una cuestión de dominio común y de amplia divulgación por parte del Organismo encargado de este tema: el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Sin embargo no es así, es una pregunta de difícil respuesta o de varias respuestas, durante mucho tiempo (y todavía) esta institución no visibiliza adecuadamente o de plano borra la condiciones de pobreza de las mujeres en México.

Para no ir muy lejos, Coneval recien publicó los resultados de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018. En este informe se afirma que entre 2008 y 2016 la pobreza aumentó en 3.9 millones de personas.

La pregunta obligada es: ¿cuántas de estas personas son mujeres o niñas? no lo aclara el informe, no se cuenta con estas cifras por sexo, algo fundamental en la construcción de políticas públicas con perspectiva de género.

Anterior a este informe la misma institución publicó un documento denominado “Pobreza y Género en México: Hacia un sistema de indicadores. ​Información 2010-2016”. Su objetivo según el documento es servir de insumo al diseño y la evaluación de la política de desarrollo social en materia de reducción de la brecha de oportunidades entre géneros.

Está integrado por 30 indicadores que analizan la desigualdad de género en términos de la conformación de los hogares, el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social y a la alimentación, el trabajo remunerado, el ingreso, las características de la vivienda y el trabajo doméstico no remunerado, los cuales muestran la relación entre las inequidades de género y la situación de pobreza de las personas

HOGARES

Una cuarta parte de los hogares cuentan con jefatura femenina.​ Los hogares con jefatura femenina suelen tener un mayor número de integrantes de la población infantil y adulta mayor. Los hogares con jefatura femenina se asocian también con mayor vulnerabilidad sociodemográfica e incluso mayores porcentajes de pobreza.

INGRESO
En cuanto a los ingresos laborales, las mujeres perciben remuneraciones más bajas que los hombres. Esta brecha es más acentuada en la población en situación de pobreza: en 2016 los datos muestran que las mujeres ganaban una quinta parte menos que sus pares, aun cuando poseían el mismo nivel educativo.

EDUCACIÓN

Las mujeres presentan niveles de rezago más altos que los hombres, sobre todo si están en condición de pobreza, aunque entre los más jóvenes las brechas se reducen. En 2016, la brecha educativa entre ambos sexos se ubicó en 6.5 puntos porcentuales.

SEGURIDAD SOCIAL

La inclusión de las mujeres en el mercado laboral remunerado presenta inequidades frente a las condiciones que presentan los hombres, situación que se refleja en el acceso diferenciado a la seguridad social como prestación del trabajo. Dadas las características de inserción de las mujeres al mercado laboral remunerado, en 2016 por cada 100 hombres ocupados que contaban con los beneficios de la seguridad social por su trabajo, 62 mujeres ocupadas se encontraban en la misma situación. Este indicador prácticamente se ha mantenido constante desde 2010. La brecha se acentúa entre la población con condición de pobreza: en 2016, por cada 100 hombres ocupados que contaban con seguridad social, 49 mujeres ocupadas tenían acceso.

​TRABAJO REMUNERADO

Las condiciones de precariedad referidas a los mercados laborales afectan a la población en formas diferenciadas de acuerdo con su sexo y condición de pobreza. Por ejemplo, el porcentaje de la población trabajadora sin contrato se presenta de manera importante en la población pobre indistintamente de su sexo, con alrededor del 80 por ciento en 2016; y el porcentaje de mujeres ocupadas con jornadas parciales asciende a 38.6 por ciento, mientras que en los hombres es de 16.5 por ciento. Precariedad y pobreza son las constantes en las mujeres trabajadoras.

Claramente se aprecia en la gráfica la enorme diferencia o brecha económica y social que implica no contar con un contrato laboral escrito,  que le de un mínimo de protección y estabilidad a la trabajadora. En 2016, de cada diez trabajadoras pobres, prácticamente 8  no contaban con ese contrato; por lo consiguiente tampoco pueden tener acceso a la seguridad social, en cualquier momento pueden perder su empleo, y  están a voluntad del empleador.

En contraste y para ese mismo año únicamente 4 de cada diez trabajadoras “no pobres” sin cuentan con un contrato laboral escrito que les da estabilidad, seguridad social y mejor ingreso.
Por cierto, es bastante común que las periodistas trabajen sin contrato escrito, por tanto en condiciones muy precarias.

Esta informalidad afecta la productividad de la economía en su conjunto. En México, la mayoría de las empresas son pequeñas e informales y absorben una gran parte del empleo. Sin embargo, este tipo de empleo continúa siendo el que prevalece en el país y en las mujeres,  particularmente las jefas de familia y las jóvenes.

Por ejemplo, en 2017 del total de personas jóvenes entre 15 y 29 años -es muy importante conocer esta información por sexo-, más de la mitad (59.9  por ciento) estaban en empleos informales.

Un factor muy importante en el crecimiento de la pobreza en los hogares es el alza inflacionaria que inicia en 2017, ésta redujo en ese año el poder de compra en 2.5 por ciento; en realidad esta cifra de Coneval es bastante conservadora, la reducción del poder de compra en los hogares fue mucho mayor, baste saber que la inflación oficial alcanzó 6.77 y el precio del gas LP (insumo indispensable) aumento 40 por ciento.

Elegantemente Coneval dice que los empleos de las mujeres carecen de “prestaciones”. En realidad se está barriendo con los derechos laborales, no son prestaciones como eufemísticamente se les llama, son derechos de los y las trabajadoras, producto de largas luchas sindicales y sociales, y mucho menos son “privilegios.”

Nadie les ha regalado nada a las trabajadoras, eso debe quedar muy claro y tampoco en el futuro recibirán algún regalo, tendrán que conocer bien sus derechos y defenderlos en forma organizada.

* Economista especializada en temas de género
twitter @ramonaponce
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Y luego del Encuentro de Mujeres que Luchan ¡¿Cómo le hacemos?!


 Lenguantes
Por: Dirce Navarrete Pérez*


Luego de dos semanas, sigo sin poder digerir todo lo que experimenté en el Primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, convocado por las mujeres zapatistas en diciembre del año pasado, allí empezó el viaje que nunca más terminará.
La convocatoria y todo el encuentro fue un testimonio de la experiencia de las zapatistas en la construcción de autonomía y comunidad. En cada detalle se podían leer los principios zapatistas manifestándose en sus formas de crear otras alternativas de mundo: obedecer y no mandar, convencer y no vencer, proponer y no imponer, construir y no destruir, representar y no suplantar, bajar y no subir, servir y no servirse .
Para la historia quedarán todos los hermosos registros audiovisuales y los escritos que muchas ya han hecho, todos vibrantes y llenos de amor. Por mi parte, he terminado por decidirme a tratar de hablar de lo potente y sanador del encuentro, pues es en mayor medida, de lo que mi cabeza puede entender y mis palabras contar. Así que solo vengo a compartir las preguntas que me han rondado estos días y que me han llevado a cuestionarme mis formas de activar y luchar. Considero que será necesario que empecemos a colectivizar para reflexionar y seguir el encuentro.
Desde la  convocatoria las compañeras zapatistas fueron claras al proponer que, “el encuentro es para juntarnos como mujeres que luchan y se rebelan contra el sistema capitalista y patriarcal”. En todo el encuentro se estuvo reflexionando esta apuesta y en las palabras finales se observó así: “Como ya lo vimos y escuchamos, que no todas están contra el sistema capitalista patriarcal, pues respetamos eso y entonces proponemos que lo estudiemos y discutamos en nuestros colectivos, si es cierto que el sistema que nos imponen es el responsable de nuestros dolores.”
Que la lucha contra el patriarcado es también contra el capitalismo, parece tema superado, cuantimás si nos nombramos feministas, vamos morras ¿a poco no lo tenemos bien claro? Pues me ha dado insomnio pensando en que no. Que “patriarcado” y “capitalismo” han salido tanto de nuestras bocas, que damos por hecho que todas estamos en contra de estos sistemas, pero, parece que nos ha pasado como con las palabras “empoderamiento”, o como con “juventudes”, apuestas políticas que ahora aparecen en todo comunicado oenegero, así como en cualquier política pública que quiera aparentar ser progresista, o en todo conmovedor discurso en Naciones Unidas, pero que cada vez están más vacías de contenido político. ¿Si me explico?
Entonces me acuesto pensando, ¿cuántas de nuestras acciones en contra del patriarcado son realmente anticapitalistas? ¿cuántas de nuestras formas activistas realmente están atentando contra el sistema patriarcal? En nuestros mundos, que no son ni tantito cercanos al contexto de las comunidades zapatistas, y en nuestros tiempos ¿cómo podemos construir modos de lucha que al mismo tiempo atenten y erosionen realmente estos sistemas de opresión? Sin caer en propuestas “radicales” que se quedan a nivel individual, porque colectivizarlas nada más no podemos, ¿cómo construimos autogestión? ¿cómo podemos apostar en conjunto por la autonomía? ¿cómo la aterrizamos y la volvemos práctica para no quedarnos encerradas en el discurso?
El capitalismo y el patriarcado son sistemas de muerte, por eso “acordamos vivir, y como para nosotras vivir es luchar, pues acordamos luchar cada quien según su modo, su lugar y su tiempo”. Pero, esto en términos políticos ¿qué implica? Es una apuesta muy potente que, tal como la aprendimos en el encuentro, tenemos que enfrentar conjuntamente. ¿Cómo le hacemos para que, con nuestra diversidad, podamos construir estrategias que nos permitan el accionar político en conjunto?
El encuentro fue una enorme muestra de que es posible juntarnos como mujeres y como feministas diversas, para construir la sororidad y la colectividad, para compartir y regalarnos el baile, los juegos, la poesía y el fuego de la digna rabia. Las zapatistas nos volvieron a dejar claro que la competencia por ver quién es la mejor (ponga aquí el adjetivo que quiera), sólo sirve al sistema capitalista y patriarcal, pues lejos de estos sistemas de opresión, nadie gana. ¿Podemos en nuestros mundos, nuestros tiempos y con nuestras formas, continuar con esta apuesta por la articulación desde la diversidad?
Algo me queda claro, la lucha zapatista y la lucha feminista no volverán a ser las mismas después de este suceso. Pienso, aunque con temor a equivocarme, que en México ningún otro movimiento había logrado juntar a más de 7 mil mujeres y feministas en un mismo lugar para llegar a un acuerdo así de grande, así de profundo y político. Considero que el zapatismo pudo ver la fuerza que ha retomado estos últimos años el movimiento feminista y que las generaciones más jóvenes que quizá no estábamos tan cercanas al EZLN, recobraremos con esto un nuevo aliento de lucha.
Esto ya no puede parar, este fuego sólo crece. Los años que vienen nos dejarán ver la potencia de estos movimientos haciendo posible, poco a poco, un mundo donde caben muchos mundos.
*Dirce Navarrete Pérez es politóloga feminista @agateofobia_

CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Marielle Franco, la brasileña asesinada: una voz para el mundo

Por Mariela Jara 


Un cartel en memoria de Marielle Franco, la activista asesinada en Río de Janeiro, presidió el estrado en la plaza Terreiro de Jesús, en el casco histórico de la ciudad brasileña de Bahia, de la concentración de la Asamblea Mundial de Mujeres, que el viernes 16 integró las actividades del Foro Social Mundial. Crédito: Mariela Jara/IPS
BAHIA, Brasil, 19 mar 2018 (IPS) - “La policía pensó que la iba a callar pero lo que hizo es multiplicar en millones la voz de Marielle Franco”, aseguró Verónica Ferreira, integrante del colectivo SOS Corpo, una articulación feminista para la democracia.
La activista hizo esta reflexión para IPS al finalizar la Asamblea Mundial de Mujeres, realizada en el marco del Foro Social Mundial que tuvo lugar en esta ciudad de Salvador de Bahia, en el nordeste de Brasil,  entre el 12 y 17 de este mes, con participación de unas 20.000 personas de distintos países del globo según sus organizadores.
“Lo que más me duele es que Marielle tiene su origen en la favela, salió y se convirtió en una lideresa muy reconocida con una fuerza impresionante y capacidad para agregar a la gente en torno a sus causas”: Verónica Ferreira.

Reunidas el viernes 16 en la plaza Terreiro de Jesús de la zona antigua de la ciudad, las mujeres participantes en la asamblea expresaron con lemas y cánticos su indignación por el asesinato de la concejala de Río de Janeiro por el Partido Socialismo y Libertad, feminista, lesbiana y activista por los derechos de las mujeres negras y la población de las favelas, los barrios pobres y hacinados.
Colectivos de mujeres afrodescendientes, de jóvenes, feministas, trabajadoras y de otras vertientes tanto brasileñas como delegaciones internacionales inundaron la plaza de una energía que transformó el dolor, la rabia e indignación en voluntad y decisión de continuar en las luchas por los derechos humanos “por ella, por todas”.
Ferreira no tiene temor de responsabilizar a las fuerzas policiales de lo que considera una ejecución motivada por la lucha de Franco contra la represión de las fuerzas del Estado en las favelas de Río, especialmente contra la población pobre y negra.
El 16 de febrero el presidente Michel Temer decretó el traspaso al Ejército  la seguridad pública de Río de Janeiro , lo que para activistas sociales acarreaba la militarización de las favelas, en una medida duramente cuestionada por la concejala asesinada, quien integraba una comisión a cargo de evaluar la decisión gubernamental que regirá hasta diciembre.
La noche del 14 de marzo Franco, de 38 años, fue acribillada a balazos en su automóvil por desconocidos. Murió también Anderson Gomes, conductor del vehículo.
“Lo que más me duele es que Marielle tiene su origen en la favela, salió y se convirtió en una lideresa muy reconocida con una fuerza impresionante y capacidad para agregar a la gente en torno a sus causas”, expresó con visible emoción Ferreira, de la misma edad de Franco y con quien compartió escenarios de lucha.
Dos mujeres afrodescendientes, para quienes Marielle Franco era un referente, levantan carteles contra su asesinato en la plaza Terreiro de Jesús, en la ciudad brasileña de Bahia. Muchos otros con similar espíritu de reivindicación y de exigencia de justicia y no impunidad abundaron durante la manifestación de la Asamblea Mundial de Mujeres. Crédito: Mariela Jara/IPS
“Lo que ha hecho la policía es también darnos un recado para todas nosotras pero no nos van a callar”, advirtió la activista de  SOS Corpo. “Realmente nos mataron también un poco”, afirmó.
En contrapartida,  dijo esperanzada, está la repercusión y conmoción mundial por el asesinato de la luchadora social y defensora de derechos que ha multiplicado por millones la voz de Franco.
Resistir, crear y transformar

El Foro Social Mundial (FSM), nacido en la también ciudad brasileña de Porto Alegre en 2001, realizó su última edición en Salvador de Bahía, como espacio de encuentro y articulación de los movimientos sociales del planeta para levantar propuestas alternativas al modelo actual de convivencia y organización económica, social y cultural.

Tras años de esplendor, el FSM se sostiene, aunque se haya debilitado en opinión de diversos analistas por el actual contexto mundial de avance del capitalismo neoliberal, insertado en la estructura del patriarcado y en alianza con los fundamentalismos.

Con el lema “resistir es crear, resistir es transformar” congregó a unas 20.000 personas, que participaron en 1.300 actividades en torno a 19 ejes temáticos como los de democracia, territorios, feminismos y luchas de las mujeres, luchas anticoloniales, diversidades sexuales y de género, pueblos indígenas y derechos ambientales.

Cada actividad representó una experiencia de lo que en el cotidiano se viene haciendo para alcanzar ese otro mundo posible que animó la formación de este espacio global que también resiste y que deberá asumir el desafío de recrear sus estrategias para potenciar las resistencias y luchas de los colectivos sociales.

“La policía no puede callar una voz tan potente, la vida de Marielle sigue y nos da fuerzas como feministas organizadas para seguir luchando por ella, por nosotras y por todas”, subrayó.
Además de las organizaciones feministas, de mujeres y de derechos humanos que repudiaron el feminicidio político y exigieron investigación y sanción, se pronunció el Consejo Internacional del Foro Social Mundial sumándose a la indignación colectiva y señalando que “la muerte de Marielle es solo otra en la lógica de genocidio de la población negra dentro de las favelas, contra la cual ella ha luchado tanto”.
También condenó el feminicidio el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, rubricada en 1994 en la ciudad brasileña de Belem en el marco de la Organización de Estados Americanos.
“Deja en evidencia la situación de vulnerabilidad que viven las defensoras de derechos humanos en el país y representa un retroceso en los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Brasil en cuanto a garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencia”, sostuvo.
Además, expresó su preocupación “por el riesgo que podrían estar viviendo otras mujeres dedicadas a los asuntos públicos o a la política”.  Y recordó que el artículo 7 de la Convención obliga a los Estados a actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar tales hechos.
Según el brasileño Atlas de la Violencia del Instituto de Investigación Económica Aplicada, publicado en junio de 2017, el número de mujeres asesinadas en el 2015 fue de 4.621, lo que equivale a una tasa de 4,5 muertes por cada 100.000 mujeres.
De ese total anual, el mayor número de víctimas se encuentra entre las mujeres afrodescendientes. Según el estudio, entre el 2005 y 2015 se registró un aumento del 22 por ciento de asesinatos entre esta población, evidenciando la relación entre violencia de género y racismo.
Marielle es nuestra Berta Cáceres
Para Nilde Sousa de la Articulación de Mujeres Brasileñas, el asesinato de Marielle Franco,  una “ejecución” a su juicio,  es un peldaño más en la extrema violencia hacia las mujeres que en el contexto regional de América Latina y el Caribe se inscribe en una situación de gobiernos que no son democráticos sino corruptos y fundamentalistas.
“Vivimos una lucha permanente contra esos gobiernos. No hay Estado de bienestar sino de grandes corporaciones que buscan explotar nuestras riquezas naturales, como el agua que es un bien común y que en Brasil se quiere privatizar”, dijo Sousa a IPS.
Pero, aseguró, las mujeres resistimos aquí, en Perú, Argentina, Uruguay, Colombia y otros países. Es una resistencia feminista muy grande para lograr otro modelo de sociedad”, afirmó.

Ferreira, por su parte, afirma que en la región se vive un proceso de recolonización por despojo de los territorios y bienes naturales con el avance del capitalismo patriarcal y racista.
“Marielle es nuestra Berta Cáceres, fue muerta por ser defensora de derechos como pasa en todo la región con la criminalización y asesinato de lideresas”, denunció.
Cáceres, lideresa indígena y ambientalista de Honduras y reconocida internacionalmente, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, fue asesinada el 2 de marzo del 2016 por defender el agua de su territorio ante los intentos de construcción de una represa que afectaría sus vidas.
Ferreira relacionó este patrón de violencia con la “profunda crisis de la democracia actual en los países, con una institucionalidad devaluada por los golpes y el poder armado, el poder de los hombres armados en los territorios que es muy fuerte”.
“Yo creo que lo de Marielle indica que vivimos un estado de excepción en América Latina, un estado de ruptura democrática de nuevo tipo distinta de lo que pasó en las dictaduras militares”, afirmó.
La activista añadió que “aún no tenemos nombre para decirlo, pero es un fenómeno regional, es feo, es duro y no tiene límites, yo creo que es algo que se va a profundizar”.
Edición: Estrella Gutiérrez
      

‘Betsy’: de campesina a guerrillera

La Jornada 

"Betsy" ahora cambió su rifle por un papel como presidenta de una cooperativa que enseña profesiones civiles a los guerrilleros desmovilizados que vuelven a la vida civil cerca del municipio de Florencia, departamento de Caquetá. Foto Dpa

Agua Bonita, Colombia. Betsy pasó de ser una niña campesina a una guerrillera y defensora de los derechos de las mujeres, tras permanecer 24 años de su vida en las filas de la fuerza rebelde más grande de Colombia. Su historia no es inusual en el país, donde muchas mujeres se unieron a grupos armados.

Cuando Sandra González se unió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a los 14 años, estaba buscando un grupo que pudiera cuidar de ella.

Sin embargo, después de más de dos décadas en las filas del movimiento rebelde más antiguo de América Latina -que firmó un acuerdo de paz en noviembre de 2016 tras más de 50 años de combate-, González es una guerrillera experimentada y una defensora de los derechos de las mujeres.

“Mi padre desapareció cuando tenía cinco años", recuerda la mujer de 40 años, que es más conocida por su nombre guerrillero, Betsy.

Su progenitor trabajaba como cuidador en un rancho de ganado en Balsillas, en la región sur del Caquetá, pero fue acusado de participar en robos de ganado y desapareció.

La madre de Betsy no quería aceptar que su esposo hubiera sido asesinado, por lo que comenzó a buscarlo en todo el país, descuidando a sus cinco hijos.

Los miembros de las FARC que acampaban cerca “venían mucho a mi casa, la guerrilla nos daba comida”, cuenta. La decisión de Betsy de unirse al grupo, al que ella había comenzado a ver como una especie de familia, no sorprendió a los guerrilleros.

Las FARC y otros grupos rebeldes de izquierda más pequeños reclutaron a unos 8 mil 700 niños o adolescentes, muchos de ellos voluntariamente, entre 1960 y 2016, según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia (CNMH). Las FARC han cuestionado unas cifras tan altas.

Entre el 23 y el 40 por ciento de los 7 mil miembros de las FARC que entregaron sus armas el año pasado eran mujeres, según las estimaciones citadas en el sitio web Colombia Check.

Las mujeres también se unieron a otros grupos rebeldes, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que todavía está involucrado en un conflicto armado contra el Gobierno, y el ahora extinto M-19.

Durante su primera década con las FARC, Betsy realizó tareas que no eran de combate, como limpiar y enseñar a leer a los niños analfabetos.

"Portaba una pistola pero le tenía miedo. No me interesaban las armas, sino comprender porqué luchaban las FARC”, explica.

Como parte de su formación ideológica, Betsy recibió información sobre mujeres que lucharon por la independencia de Colombia de España en el siglo XIX.

Eso la animó a creer que ella podría luchar como un hombre. Después de ser enviada al frente de batalla a los 24 años, se ocupó principalmente de los heridos, pero también participó en "varios ataques, emboscadas y bombardeos”.

"Me rodean y si no salgo echando plomo, me matan”, indica Betsy, rememorando el conflicto armado en Colombia que involucró a grupos guerrilleros, el Ejército y organizaciones paramilitares de derecha, y que se cobró al menos 220 mil vidas.

La maternidad no era para mujeres guerrilleras, a quienes regularmente se les inyectaban anticonceptivos. Sin embargo, Betsy quedó embarazada de un compañero de combate a los 30 años de edad.

"No quise tener el hijo, porque era un embarazo no deseado (...) Si uno ingresaba en las FARC, no era para tener hijos, sino para dedicarse a esto". Ella tuvo un aborto y también realizó abortos a otras combatientes.

Betsy niega haber presenciado abusos sexuales o abortos forzados, diciendo que por parte de los comandantes de las FARC “el trato era bueno, los jefes hacían respetar los derechos de las mujeres”.

Sin embargo, hay una "historia oculta" de abuso dentro de las FARC, dice la socióloga Denis Elena Dussan, de la Universidad de Amazonas. Según ella, tanto mujeres guerrilleras como civiles fueron violadas por miembros de las FARC.

De acuerdo con cifras del CNMH, más de 13 mil 800 mujeres o niñas fueron víctimas de violación u otros delitos sexuales durante el conflicto armado.

Una investigación realizada por la oficina del fiscal general documentó 214 casos en los que las niñas sufrieron abusos que incluyeron violación, esterilización forzada y aborto forzado, según Human Rights Watch. Y algunos comandantes de las FARC han sido acusados de abusar sistemáticamente de mujeres y niñas, según los medios locales.

Si bien muchas mujeres participaron en el combate, raramente alcanzaron altos cargos en la jerarquía militar y política de las FARC, y apenas tomaron parte en las conversaciones de paz de cuatro años con el Gobierno.

El acrónimo FARC ahora se refiere a un nuevo partido político, la Fuerza Revolucionaria Alternativa Común, que cuenta con diez representantes en el Congreso, entre ellos dos mujeres.

A pesar de sus fallos en relación con los derechos de las mujeres, Dussan dice que "las FARC han abierto mucho el paso a las mujeres”.

Betsy ahora cambió su rifle por un papel como presidenta de una cooperativa que enseña profesiones civiles a los guerrilleros desmovilizados que vuelven a la vida civil cerca del municipio de Florencia, departamento de Caquetá, en uno de los denominados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.

El lugar tiene una cocina común para los aproximadamente 300 residentes, que funciona seis días a la semana con el fin de liberar a las mujeres del trabajo doméstico.

Betsy celebra reuniones periódicas con mujeres campesinas locales para hablar de asuntos sociales y políticos y dice que ellas admiran a mujeres que, como las guerrilleras, lucharon junto a los hombres.

"Hemos hecho muchas cosas de las cuales las mujeres se creían incapaces (...) Somos un referente de mujeres inteligentes”, concluye Betsy.

Implementación de Alerta de Género en estados, con omisiones e irregularidades, denuncia ONG


Actualmente en 12 estados del país se ha aprobado la emisión de la Alerta contra la Violencia de Género: Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit.


Implementación de Alerta de Género, con irregularidades 

De acuerdo con organizaciones sociales, dentro de la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) existen irregularidades y omisiones como retardos injustificados en la notificación sobre informes de declaratoria de Alerta por Violencia de Género (AVG), detenimiento de la elaboración de dictámenes sobre el cumplimiento de las alertas declaradas y caso omiso a los indicadores para medir el cumplimiento de las medidas de las AVG. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denunció que, a casi tres meses de la llegada de la nueva comisionada de la CONAVIM, Ángela Quiroga, diversas organizaciones “vemos con preocupación el estancamiento, retroceso y dilación de la nueva administración, lo que pone en riesgo los avances logrados para garantiza los derechos de las mujeres”. 

En un comunicado, el OCNF señaló que han documentado omisiones e irregularidades en los procedimientos de la AVG, como retardos injustificados en la notificación de informes sobre las alertas, lo que se contradice con la necesidad de atender con urgencia problemáticas como el feminicidio y las desapariciones de niñas y mujeres, así como que se han detenido las mesas de trabajo para la evaluación de las medidas en los estados donde se ha declarado. 

Además, denunció que las autoridades hacen caso omiso a los indicadores para medir el cumplimiento de medidas de las AVG, y se ha detenido la publicación de la reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que fortalecería el mecanismo de la Alerta. 


Por ello, organizaciones como la Red TDT, Justicia Pro Persona, y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que forman parte del OCNF, exigieron a la Secretaría de Gobernación acciones inmediatas y efectivas para salvaguardar la vida de las mujeres en México, y el cese de la simulación en la aplicación de medidas contempladas por la AVG. 

También pidió el cumplimiento de la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en la que pide al gobierno mexicano eliminar las barreras para la implementación del mecanismo de la AVG y la realización de políticas públicas para garantizar la seguridad de las mujeres. 

El OCNF ha registrado 8904 asesinatos de mujeres en todo el país entre enero de 2014 y diciembre de 2017, de los cuales solo 2188 han sido investigados como feminicidios. 

El Observatorio señaló que “hasta la fecha, el actuar de CONAVIM pone en duda un compromiso auténtico con las mujeres en México, por lo que las organizaciones del OCNF “estaremos atentas de las acciones y omisiones que a partir de esta fecha realice el organismo federal”. 


Actualmente, la Secretaría de Gobernación ha aprobado emitir Alertas contra la Violencia de Género en el Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit. 

Además de estos estados, Guanajuato, Baja California, Querétaro, Puebla, Sonora, Tabasco y Tlaxcala han solicitado que se declare AVG; sin embargo, sus peticiones han sido rechazadas por el gobierno federal.