12/03/2011

Se repite la historia en caso Campo Algodonero


Fiscalía “atrapa” por cuarta vez a presunto homicida de Esmeralda Herrera


Por Anayeli García Martínez

México, DF, 2 dic 11 (CIMAC).- Sin pruebas suficientes, la Fiscalía del estado de Chihuahua, pretende juzgar a Eduardo Chávez Marín, por el asesinato de Esmeralda Herrera Monreal, una de las ocho víctimas encontradas en el “Campo Algodonero”, en Ciudad Juárez, Chihuahua, advirtió Karla Michele Salas, abogada de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

La tarde de ayer la Unidad Especializada en Investigación para Homicidios de Mujeres presentó a Eduardo Chávez Marín para que rindiera su declaración sobre el feminicidio de Esmeralda.

En entrevista con Cimacnoticias, la abogada de la ANAD quien litigó conjuntamente con el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), explicó que se giró una orden de presentación contra Chávez Marín para que volviera a presentar su declaración, sin embargo, será en un término de 48 horas cuando se defina su situación legal.

Está es la cuarta vez que Chávez Marín es presentado ante las autoridades pero de acuerdo con la abogada no hay pruebas fehacientes para vincularlo con el homicidio de la joven de 15 años toda vez que lo único que se tiene son testimonios “de oídas” que jurídicamente no tienen valor probatorio.

¿CHIVO EXPIATORIO?

Según información difundida en los medios por la Fiscalía de Chihuahua, Chávez Marín estaba prófugo de la justicia desde 2006, cuando las autoridades de la ciudad fronteriza iniciaron su búsqueda tras las indagatorias y testimonios levantados que asegura la instancia, “se obtuvieron”, para acreditar su presunta responsabilidad en el delito.

Salas recordó que el día que desapareció Esmeralda (29 de octubre de 2001) se vería con Eduardo, quien entonces trabajaba en una imprenta. Sin embargo, él ha declarado anteriormente que el encuentro nunca se dio.

Señaló que no es de extrañar que esta noticia se dé a unos días de que se cumplan dos años de que la CoIDH sentenció al Estado mexicano por su responsabilidad en la desaparición y posterior muerte de tres de ocho jóvenes encontradas en el Campo Algodonero en 2001.

Además alertó que aunque Chávez Marín tiene antecedentes penales por intento de violación y por violencia intrafamiliar, no tiene el perfil de los asesinos de las jóvenes encontradas en 2001, por lo que advirtió que el Estado mexicano pretende mantener la hipótesis de que los ocho homicidios fueron hechos aislados.

Explicó que durante los últimos diez años las autoridades han presentado a 10 personas como responsables de los homicidios, sin embargo, “nunca han existido pruebas jurídicamente válidas para acusarlas”, por lo que expresó su preocupación de que una vez más se trate de “un chivo expiatorio”.

Señaló que los asesinos de Esmeralda, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, siguieron el mismo “modus operandi”: las desaparecieron, torturaron, las privaron de la vida, y arrojaron los cuerpos en el mismo lugar.

INVESTIGACIONES CUESTIONADAS

Cuando el caso de Campo Algodonero se analizó en la CoIDH, el entonces Comisionado de la ONU, fiscal Carlos Castresana, presentó un peritaje en materia de investigación criminal donde determinó que estos crímenes eran perpetrados por agentes del Estado o por personas que actuaban con anuencia de las autoridades.

El experto puntualizó que se podía concluir que la investigación realizada por las Procuradurías de Justicia estatal y General de la República “no cumplía con los estándares internacionales de debida diligencia en la investigación”.

En ese momento el ex comisionado de la ONU expresó: “Las circunstancias que mejor caracterizan los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez, y entre ellos muy significativamente los crímenes del Campo Algodonero, no son las de los crímenes en sí, sino las de la falta de respuesta y diligencia institucional para el esclarecimiento y persecución de los crímenes”.

Aunque los casos de feminicidio hicieron que las autoridades crearan la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres, diez años después de las muertes de Campo Algodonero no se han podido esclarecer los asesinatos y sólo se tiene a un presunto culpable: Eduardo Chávez Marín.

En este escenario la abogada recordó que de acuerdo con la sentencia, emitida el 9 de noviembre de 2009, el Estado mexicano tiene que informar periódicamente cómo va el cumplimiento de las recomendaciones internacionales, por lo que no descartó que esta detención sea para que “tenga algo que informar”, el próximo 10 de diciembre, segundo aniversario de la sentencia.

Catalina O’Leary, activista y militar, defensora de las mujeres


Protectora del ambiente recibe Premio Nacional “Benito Juárez”


Por Silvia Núñez Esquer, corresponsal

Hermosillo, 2 dic 11 (CIMAC).- Nacida en el municipio de Magdalena, Sonora, Rosa María Catalina O’Leary Franco ha vivido gran parte de su vida dedicada al activismo social, principalmente en la defensa de los derechos a la salud y a un medio ambiente limpio y saludable.

O’Leary es licenciada en química; desempeñó su profesión dentro de la milicia y hoy es teniente retirada. Prestó sus servicios en los hospitales del IMSS, en el Hospital Regional número 4, y el Hospital Regional número 1, ambos de la Secretaría de la Defensa nacional en esta capital estatal y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Participó en las protestas contra el basurero tóxico conocido como CYTRAR, de la transnacional Tecmed, y contra la empresa minera chilena Molymex.

La lucha social la llevó a Zimapán, Hidalgo, para clausurar la empresa española operadora de un basurero tóxico, lugar donde todavía hay un pleito legal en contra de los inversionistas por indemnizaciones a los afectados.

Rosa María también ha encabezado o participado en protestas de los mineros de Cananea y Nacozari; contra el despojo de los vecinos de la presa Abelardo Rodríguez; la defensa de las áreas verdes de esta capital; ayuda a migrantes, así como el respaldo a la lucha de las madres y padres de las y los niños fallecidos y sobrevivientes del incendio de la guardería ABC, el 5 de junio de 2009.

Por su amplia trayectoria como activista, en el marco del pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el partido Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) le otorgó el Premio Nacional “Benito Juárez García”.

En entrevista, Rosa María O’Leary da su opinión sobre el papel del Ejército en la lucha contra el crimen y la lucha ecologista en Sonora.

MUJER MILITAR

–Platícanos sobre tu desempeño dentro del Ejército.
–Es una sociedad dentro de una sociedad. Conocí de todo: altos valores y también cosas nefastas. A veces cuando veo todos los desmanes que pasan me da mucha tristeza, pero considero que parte de la problemática es la leva. El Ejército tiene que estar supliendo sus faltantes, entonces meten lo que sea, gente que no está capacitada, sin preparación, que va por un sueldo, que tiene necesidad de trabajar, o gente a la que un arma le entrega un poder infinito sin tener todos los principios.

–¿Qué opinas del papel que el gobierno le ha dado el Ejército?
–Es una traición. El Presidente, como jefe máximo del Ejército, lo ha comprometido de una manera cruel, lo ha puesto prácticamente en contra de su pueblo sin darse cuenta. El Ejército no está para eso, tiene otra función. Y el Presidente ha comprometido al Ejército de una manera muy irresponsable para servir a Estados Unidos.

Rosa María O’Leary critica la aparente apertura de las fuerzas armadas a la participación de las mujeres: “A la mujer la han utilizado siempre cuando es necesaria, entonces le empiezan a dar un papel relevante. Conocí mujeres muy valiosas dentro del Ejército; no sé si ahora lleguen a rangos superiores, si lleguen a ser generales de división o nada más estén utilizadas porque las necesitan ahorita en número igual que al hombre”.

La luchadora social afirma que en el Ejército hay “reglas no escritas”, según las cuales las mujeres con alto rango militar siempre estaban subordinadas a los varones. “Ojalá que ya hayan cambiado esas disposiciones”, confía.

“A LOS CUARTELES”

–¿Qué piensas del militar que asesinó recientemente a tres mujeres aquí en Hermosillo?
–Es terrible. Un arma en manos de una persona tomada, drogada, irresponsable, es un crimen, es tener la muerte latente ahí. Considero que pudo haber sido cualquiera, pero cuando se trata de un militar, un uniformado, van a ser más los dedos que señalen y la justicia se tiene que aplicar de una forma más dura, porque él tiene más responsabilidad, está más capacitado para utilizar armas.

“Como persona que pertenecí al Ejército, considero que los militares deben estar en los cuarteles. No es su función andar en la calle, el Presidente es un irresponsable. Y los generales deben de ponerle un ‘estate quieto’ y decirle: ‘Esto no puede ser’. Ellos tienen la capacidad para hacerlo, porque una cosa es la lealtad y otra el servilismo, no son perros fieles. Son hombres capaces, inteligentes, que deben hacer escuchar su voz ante un hombre que no sabe lo que está haciendo.”

Respecto a la lucha ambientalista en Sonora, O’Leary considera que la situación es muy grave, ya que con el discurso de la “sustentabilidad, rostro humano del pillaje”, los delegados federales de Semarnat y Profepa, los secretarios estatales de Salud, Comunicaciones y Transportes, y Economía, están contaminando a la entidad “por dinero”.

“Las minas están contaminando terriblemente, no tienen un control de los tóxicos, no saben cuántas compañías están produciendo tóxicos, cuántos son de importación”, agrega.

Concluye: “Mientras haya ignorantes en los grupos de mando, mientras estén sometidos a la Federación, a recibir y acatar sus órdenes, México seguirá siendo un fracaso”.

Aumentan casos de VIH entre mujeres que consumen drogas


En Chihuahua persiste la discriminación contra pacientes



Por Patricia Mayorga, corresponsal

Chihuahua, 2 dic 11 (CIMAC).- El consumo de drogas inyectables y las relaciones sexuales sin protección con sus parejas, son las dos principales vías por las que las mujeres chihuahuenses adquieren el virus del VIH-Sida.

Carmen Tarín Bejan, presidenta de la asociación Fátima –con 13 años de experiencia en la atención de personas seropositivas al VIH y con Sida–, dijo que este año se incrementaron los casos de mujeres que consumen ese tipo de sustancias y que se han contagiado con el virus.

Tarín explicó que en Fátima se atiende a 373 hombres, 96 mujeres, tres niñas y tres niños con VIH. La mayoría de los varones y de las mujeres tiene entre 25 y 45 años de edad. En el estado están registrados alrededor de tres mil casos, y en promedio hay una mujer por cada dos de hombres con el virus, de acuerdo con la Secretaría de Salud estatal.

RECHAZO SOCIAL

La activista señaló que en la entidad persiste la discriminación social contra las personas con VIH, toda vez que aún especialistas en salud y los medios de comunicación hablan del virus como un factor contagioso, lo cual es falso ya que el VIH se transmite, no se contagia.

“A estas alturas ya no es ignorancia, es confusión de terminología y sí incide en la discriminación, porque el lenguaje influye para que el esfuerzo por erradicar la discriminación sea mayor”, abundó.

Carmen Tarín detalló que en las escuelas han disminuido las quejas por discriminación, pero se sabe de casos en los que compañeros de profesores que viven con VIH se aíslan de ellos, precisó. En el área laboral hay casos en los que se ha despedido a empleados con VIH, lo cual los coloca en un estado más vulnerable porque no tienen ingresos para solventar los gastos y la calidad de vida disminuye, más aun cuando tienen familia que dependa de ellos.

ADICCIONES

La presidenta de Fátima dijo que en 2011 se han reportado decenas de mujeres jóvenes en la entidad que contrajeron el virus al usar drogas inyectables.

Por ese motivo, abundó, la asociación que encabeza se enfoca a atender a las y los usuarios de esas sustancias y a sus parejas, ya que el riesgo de transmisión es muy alto.

Sin embargo, Tarín advirtió que la principal vía de contagio entre las chihuahuenses son las relaciones sexuales desprotegidas con sus parejas. “Puedo decir que todos los casos que atendemos de mujeres son por transmisión de sus parejas”, aclaró.

La activista explicó que las mujeres con el virus se han percatado que las infectó su pareja que se reconoce heterosexual, pero que por lo menos una vez tuvo sexo con otro hombre (HSH).

Por ello, ahora el término HSH se utiliza también para hombres con VIH, no sólo para quienes se reconocen con preferencias homosexuales. El número de hombres que tienen sexo con otro hombre ha incrementado, y por lo tanto aumentó la cifra de transmisión a sus esposas o parejas con las que viven.

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Fiscalía “atrapa” por cuarta vez a presunto homicida de Esmeralda Herrera
Se repite la historia en caso Campo Algodonero

CIMAC México, DF.- Sin pruebas suficientes, la Fiscalía del estado de Chihuahua, pretende juzgar a Eduardo Chávez Marín, por el asesinato de Esmeralda Herrera Monreal, una de las ocho víctimas encontradas en el “Campo Algodonero”, en Ciudad Juárez, Chihuahua, advirtió Karla Michele Salas, abogada de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
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NACIONAL
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INTERNACIONAL
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BREVES

Redactó Gabriela Mendoza Vázquez
Congreso peruano aprueba delito de feminicidio
Perú.- El Pleno del Congreso peruano aprobó ayer con 90 votos a favor, 14 abstenciones y 2 votos en contra, incluir en el Código Penal el delito de feminicidio, que será sancionado con penas de 15 a 25 años de prisión, informó el portal del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).La parlamentaria del partido Gana Perú, Esther Saavedra, demandó al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Policía Nacional mayor celeridad en la investigación policial y judicial de estos casos, al amparo de la nueva norma.Según cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre 2009 y 2011 (enero- septiembre) 405 mujeres fueron víctimas de homicidio, de ese total el 24.8 por ciento murió a manos de sus parejas o ex parejas.


MSF presenta disco para apoyar pandemia del Sida en África
España.- En ocasión del Día Mundial del Sida, la organización internacional humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF), presentó el disco “Positive Generation. Voces por un futuro sin sida”, con el objetivo de apoyar a personas con VIH/Sida en África. El disco contiene música de cantantes españoles y extranjeros, cuyos coros fueron hechos por personas que apoyaron a pacientes de VIH en Zimbabue. Todos los ingresos recaudados serán destinados para el tratamiento de personas con VIH/Sida en los proyectos que la organización tiene en el continente africano. Zimbabue es el tercer país más afectado por la pandemia del Sida en el sur del continente africano, con una tasa de incidencia de 14 por ciento (1.2 millones de personas infectadas, entre ellas, 150 mil niñas y niños)


Preocupa militarización en países centroamericanos: Cejil
Costa Rica.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), hizo un llamado hoy a los Estados de la región Latinoamericana, a que aprueben medidas adecuadas para combatir la inseguridad ciudadana, desde una perspectiva integral con respeto en los derechos humanos y no con políticas de militarización, refirió el portal de Cejil.Cejil, señaló como preocupante el reciente fortalecimiento de la militarización en el “triángulo norte” centroamericano (El Salvador, Honduras y Guatemala), países donde utilizan las fuerzas armadas para el control de la criminalidad. La aplicación de políticas tendientes a la militarización, como el caso de México, no ha dado resultados eficaces y no protegen a la población, detalló Cejil.


Taller sobre Críticas Feministas al Derecho en el CIDE
México.- El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), invitó al taller “Derechos Sexuales y Reproductivos 2011: Críticas Feministas al Derecho”, el 7 de diciembre, de 13:00 a 15:00 horas en la Sala de Seminarios del CIDE.Dará el taller la colombiana, Isabel Cristina Jaramillo, con los comentarios de Adriana Ortega Ortiz, del Programa de Equidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

12/02/2011

Investigan a Banorte e Interacciones por coahuilazo

El gobierno de Coahuila omitió reportar el 72 por ciento de su deuda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revelan datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. El endeudamiento oculto no es el único problema que enfrenta el estado: el secretario de finanzas de Humberto Moreira habría recibido diariamente –durante tres meses– más de 500 mil pesos en efectivo de Banorte. Las autoridades federales investigarían, también, los presuntos flujos de efectivo que le habría entregado el banco Interacciones. Ante lo que consideran una arbitrariedad, empresarios promueven amparos masivos y exigen rendición de cuentas del uso del dinero público

Nancy Flores/Mariela Paredes/enviada y reportera
Piedras Negras, Coahuila. Quien fuera secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria en el gobierno de Humberto Moreira Valdés, Héctor Villarreal Hernández, habría recibido 500 mil pesos diarios en efectivo durante tres meses del Grupo Financiero Banorte. También el banco Interacciones habría entregado dinero en efectivo a ese mismo exfuncionarios aunque aún se desconoce el monto.
Las operaciones, que ya estarían siendo investigadas por las autoridades federales, implicarían a los empresarios Roberto González Barrera y Jorge Hank Rhon, ambos ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que desde enero de 2011 dirige Moreira Valdés.
El dinero en efectivo se habría entregado, al menos, durante un periodo de tres meses por lo que superaría los 50 millones de pesos. Consultado al respecto, Fernando Solís Cámara –director corporativo de Comunicación e Imagen de Banorte– refirió que los movimientos en efectivo son un delito. Y aunque se comprometió a dar en tres días la versión oficial del banco, propiedad de González Barrera, a 20 días de hecha la solicitud, no hubo respuesta.
Éste no sería el único escándalo que habría enfrentado Villarreal Hernández. El pasado 29 de octubre fue detenido por la Policía Investigadora e internado por unas horas en la cárcel de Saltillo. Ahí compareció ante el Juzgado Segundo Penal por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de uso de documentos falsos y equiparado al fraude por simulación de actos jurídicos.
De acuerdo con la Fiscalía General de Coahuila, el exsecretario de Humberto Moreira habría intervenido en la contratación irregular de créditos por 3 mil millones de pesos a largo plazo con los bancos del Bajío y Santander.
Y aunque hasta ahora se desconocen los acuerdos a los que Héctor Villarreal habría llegado con Banorte e Interacciones para la entrega del dinero en efectivo, ambas instituciones figuran entre los acreedores del gobierno estatal.
Incluso el pasado 30 de septiembre el Grupo Financiero Banorte informó que, junto con diversas instituciones financieras, suscribió un acuerdo con el gobierno de este estado para refinanciar la deuda mediante un crédito simple por 33 mil 867 millones de pesos, más costos de refinanciamiento, a un plazo de 20 años.
En ese acuerdo también participó Interacciones, de Hank Rhon, cuyo crédito renegociado con Coahuila ascendió a 10 mil 488 millones de pesos. Tras esta operación, Moody’s Investors Service (agencia de calificación de riesgo que realiza investigación financiera internacional y el análisis de las entidades comerciales y gubernamentales) bajó la calificación de fortaleza financiera de este banco.

La deuda oculta

Coahuila es la tercera entidad más endeudada del país y es la primera en la lista de las 21 que han ocultado parte de su deuda a las autoridades federales. Y es que los gobiernos de Humberto Moreira Valdés y Jorge Torres López omitieron enterar adeudos por 23 mil 643 millones 800 mil pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revela el Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011.
El informe –elaborado por la Auditoría Superior de la Federación y presentado a la Cámara de Diputados en junio pasado– señala que el estado reportó un pasivo por concepto de contratación de créditos de tan sólo 8 mil 329 millones 300 mil, al primer trimestre de 2011. No obstante, datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero citados en el reporte revelan que la deuda real en ese periodo ascendía a 31 mil 973 millones 100 mil pesos.
Alejandro Gurza Obregón, empresario de la industria automotriz, señala en entrevista que durante los cinco años que Moreira Valdés gobernó la entidad manejó presupuestos públicos por más de 150 mil millones de pesos en total, cifra a la que se le deben agregar la deuda con bancos, por 34 mil millones, y los pasivos con proveedores, que superan los 200 mil millones de pesos. “¿Qué hizo con ese dinero?”, se pregunta el militante panista.
El monto que ocultaron las dos recientes administraciones priístas en Coahuila equivale al 46 por ciento de los préstamos no enterados a la Secretaría de Hacienda: entre las 20 entidades restantes, los pasivos por créditos no informados suman un total de 27 mil 730 millones de pesos. Tan sólo entre Coahuila, que ocupa el primer lugar en la lista de entidades omisas, y Chihuahua, que se encuentra en la segunda posición, hay una diferencia de más de 18 mil millones. El estado gobernado por el priísta César Duarte Jáquez no notificó un adeudo por 5 mil 168 millones 400 mil pesos.
“El saldo de la deuda [de Coahuila] al primer trimestre de 2011 asciende a 8 mil 329 millones 300 mil pesos, aunque el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero señala que es de 31 mil 973 millones 100 mil, al no contabilizar 23 mil 643 millones 800 mil [pesos]”, señala el Análisis del máximo órgano de fiscalización en el país. Agrega que eso significa un 283.9 por ciento superior al saldo registrado en la Secretaría de Hacienda.
Armando Guadiana Tijerina, empresario de la industria minera y promotor de la organización civil Claridad y Participación Ciudadana, indica que la deuda pública supera en más del ciento por ciento el presupuesto de Coahuila, que en promedio a ascendido a 31 mil millones anuales. Lo cual, dice, es ilegal.
Para la Auditoría Superior, los pasivos por habitante ascendieron a 3 mil 8 pesos –cantidad que supera en 18.3 veces los 164.3 pesos por persona de 2006– en 2010; no obstante, advierte que “la información con base en la cual se estimaron los indicadores es inconsistente, debido a que no está registrada la totalidad de la deuda”.
La entidad fiscalizadora también señala que “con la información disponible se observa que los indicadores de sostenibilidad revelan una tendencia al deterioro. Esto implica un posible riesgo de las finanzas públicas estatales al comprometer una mayor cantidad de recursos para el pago de la deuda”.
De acuerdo con el Análisis, “la deuda pública estatal representa progresivamente un mayor porcentaje del producto interno bruto, de las participaciones federales y de los ingresos fiscales ordinarios. Respecto del ahorro interno, la proporción se incrementa cada vez más, debido a que el crecimiento de la deuda es mayor al del ahorro interno (la tasa media anual fue de 39.1 por ciento entre 2008 y 2010)”.
Para el órgano fiscalizador, “Coahuila presenta [un] deterioro en sus finanzas públicas debido al déficit en sus balances primario y presupuestario, los cuales han sido cubiertos con disposiciones de deuda de corto y largo plazo. Además, la entidad mantiene una alta dependencia de los ingresos federales, los cuales al cierre de 2010 representaron el 92.2 por ciento de los ingresos totales, lo que es indicativo del bajo dinamismo en la recaudación local”.

Rebelión empresarial

La previsible crisis de las finanzas públicas coahuilenses, cuya deuda podría superar ya los 35 mil millones de pesos, encuentra sus primeras reacciones sociales, sobre todo porque quienes acabarán pagando el déficit serán los contribuyentes. Así, un cada vez más nutrido grupo de empresarios se rebelan a las nuevas cargas impositivas y a la falta de transparencia en el uso del dinero público.
Y es que para hacer frente a los adeudos, el 15 de noviembre pasado el Congreso local aprobó en el paquete fiscal 2012 un aumento de 1 a 2 por ciento en el impuesto sobre nóminas, así como la vigencia del cobro de la tenencia vehicular. Del presupuesto total, por 32 mil 296 millones 300 mil pesos, la nueva administración de Rubén Moreira destinará 4 mil 627 millones 968 pesos al pago a la banca privada.
El grupo de empresarios inconformes, encabezado por Armando Guadiana Tijerina, promueve la presentación de amparos contra lo que consideran el endeudamiento excesivo de las finanzas públicas locales.
En entrevista con Contralínea, Guadiana Tijerina explica que “cuando inició el gobierno de Humberto Moreira, el estado no debía un solo quinto a ninguna institución financiera. La única deuda era la de la operación normal del estado, del orden de 300 millones, a proveedores, obras en proceso y cuestiones de esa naturaleza; pero a bancos o instituciones financieras públicas y privadas no se debía un solo peso. Y ahora resulta que llegamos a 34 mil millones de pesos en deuda”.
El empresario Alejandro Gurza señala que en esta previsible crisis financiera, “tan cómplice es Humberto como Rubén: los dos. Uno era el gobernador y el otro era el jefe del PRI”. Para el presidente fundador de Coparmex-Torreón e integrante de la organización civil, “el perverso de Humberto junto con Rubén Moreira [gobernador de la entidad desde el 1 de diciembre de 2011] hicieron un daño más grave a Coahuila que el económico: lo pudrieron, lo corrompieron con cooptaciones, mordidas y compra de votos. Sobre todo [dañaron] al magisterio, que debería ser lo más limpio en el país para bien de la sociedad, porque en el magisterio es donde se le enseña al niño y al adolescente los valores, los principios, la moral, el respeto a los padres, el respeto a los mayores”.
El empresario Víctor Alducin Flores expresa que, “como ciudadanos, hemos sido indolentes, le hemos dejado al gobierno hacer y esa facilidad que le hemos obsequiado, le permitió abusar. Por eso precisamente se ha llegado al grado del cinismo, de lo que pasó aquí, con el famoso coahuilazo. La reacción ciudadana tiene que ser esperada y ya una situación de éstas donde lastima abiertamente al ciudadano y desgraciadamente a los más pobres, a los más necesitados, nos hacen reflexionar y nos hacen accionar”.
En entrevista, el también presidente de la asociación Claridad y Participación Ciudadana y líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la región lagunera advierte que el movimiento de los empresarios apenas comienza. “Esto nada más fue el detonador, el trampolín para exigir a los gobiernos, no nada más al estatal, que es la problemática actual aquí en Coahuila, sino las problemáticas municipales, estatales y la federal”.
Indignado, el empresario Armando Guadiana Tijerina señala: “Definitivamente fue un fraude hacia los coahuilenses, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político y moral. Y ahora resulta que está de presidente nacional de nuestro partido, porque yo pertenezco al PRI. Pero yo quiero un PRI diferente y no el que comanda Humberto Moreira”.
Amparos masivos
La organización civil Claridad y Participación Ciudadana promueve la presentación de amparos masivos en contra de la deuda pública en Coahuila. El abogado Reyes Flores explica en entrevista la estrategia legal que siguen los empresarios y ciudadanos adscritos a esa asociación.
“Es un paquete. Nosotros iniciamos primero con amparos colectivos. Amparos de ciudadanos de manera individual que se presentaron de manera masiva y se siguen presentando. Pero las líneas son varias: una es la oposición en términos del artículo 17 de la Constitución local que es una garantía individual, de oposición ciudadana a la deuda de Coahuila. Ya se presentaron controversias locales constitucionales ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado solicitando la invalidez de la deuda por ser violatoria directa de principios constitucionales”.
El integrante del Partido Acción Nacional agrega que la otra vía es la penal. “Las acciones no sólo son en contra del gobernador interino, que es el que solicita la legalización de la deuda, sino también en contra del gobernador con licencia que consintió durante su periodo la contratación de deuda de manera ilegal. Pero también contra los diputados de la legislatura actual que solaparon y se coludieron con estos funcionarios para legalizar la deuda”.
Reyes Flores agrega: “Nos hemos escandalizado con el monto de los 34 mil millones de pesos, pero lo más grave desde el punto jurídico es el camino de la deuda: primero, los servidores públicos responsables negaron la existencia actual de la deuda. Si se analizan los cinco informes de gobierno y las cuentas públicas de [Humberto] Moreira de los cinco años [de su gobierno], en ninguno se habla de ingresos por deuda. Si lo analizamos en estricto sentido llegamos a la conclusión de que los 34 mil millones de pesos se adquirieron durante el último de gobierno. El año electoral en el que se encapricharon en que su hermano [Rubén] fuera gobernador de Coahuila. ¿Qué sucede en el camino de la deuda? Eso es lo grave desde el punto de vista jurídico”.
El abogado advierte que “la ley de deuda anterior prohibía que la deuda a corto plazo se contratara arriba del presupuesto anual del gobierno. La deuda de Coahuila equivale al 105 por ciento del presupuesto anual y evidentemente han violado la ley. Prohibía expresamente que la deuda se contratara sin la autorización del Congreso; se hizo sin la autorización de éste. Prohibía también que la deuda contratada a corto plazo fuera reestructurada; y el [artículo] 22 de esa ley indica que la deuda contratada en contravención era nula de pleno derecho. Se trata de cuatro principios que impedían la reestructura de la deuda a corto plazo, que la hacía ilegal por haberse contratado por arriba del 5 por ciento del monto del presupuesto anual, y por no haber tenido autorización del Congreso y que también la hacía nula de pleno derecho por no haber cumplido con los requisitos que marca la ley. ¿Qué implica esto? Una deuda nula no puede convalidarse bajo ninguna circunstancia ni con una nueva ley”.
Para el abogado, “el Congreso del estado, coludido para salvar y lavarle las manos a Humberto Moreira y compañía, abroga la ley anterior y dicta una nueva donde anulan el candado del porcentaje, permiten la contratación sin autorización del Congreso, el refinanciamiento y reestructura de la deuda contratada a corto plazo. Eso es gravísimo, sólo sucede en un estado autoritario”.
Reyes Flores pregunta “¿a dónde se destinó la deuda? El Congreso concluye que a la inversión pública productiva sin tener un sólo documento que demuestre el destino, y concluye que hay 34 mil millones de pesos de deuda sin tener un sólo documento que demuestre el origen. ¿De dónde salen los 34 mil millones de pesos?”.
“Gobierno invirtió deuda en desarrollo”
Los gobiernos de Humberto Moreira Valdés y Jorge Torres López destinaron los recursos de la deuda al desarrollo de Coahuila, asegura en entrevista Jorge Verástegui Saucedo, secretario de la Función Pública con Rubén Moreira y exsubsecretario de Vinculación de la Secretaría de Fomento Económico local.
El funcionario detalla que la deuda es de 34 mil 867 millones de pesos, monto renegociado con los bancos. “Es una inversión que difícilmente hubiéramos podido hacer con el presupuesto anual. Es un trabajo que fácilmente se haría en 20 o 30 años; eso es lo que estamos adelantando a nivel estado”.
Añade que “la deuda se dio en 2008, cuando la economía del mundo enfrentó un problema internacional severo derivado de la problemática que se presenta en Estados Unidos con la quiebra de Lehman Brothers [Holdings Inc, compañía global de servicios financieros]. México no estaba absorto de esa situación y tuvimos repercusiones muy graves: el producto interno bruto (PIB) cayó casi un 6 por ciento a nivel nacional”.
Verástegui Saucedo asegura que, para salir de la crisis, “el gobierno de Coahuila decidió lanzar un programa muy ambicioso de infraestructura vial, educativa, de salud y de desarrollo social. Con ese marco es como se adquiere la deuda, como se compra ésta, dicen los empresarios. La deuda se compra. Y no es malo deber; lo importante, precisamente, es no lo que se debe sino la solvencia que tengas para pagarlo y cómo puedes salir adelante con esa situación”.
De acuerdo con el funcionario, el servicio de la deuda es de 8 por ciento. “Eso nos da un margen de maniobra suficiente para poder enfrentar el siguiente sexenio. ¿Cuál es la mejor prueba de que esto va a ser así? Pues el tiempo. Me lo preguntaban algunos empresarios en el estado; les decía: lo importante es esperar que entre el siguiente gobernador, si tienes alguna duda, y esperar a ver el programa de obras y cómo se va a mover. Ése es el servicio de la deuda, un 8 por ciento. Entonces, sí da margen de maniobra para poder enfrentarlo”.
Añade que ese programa posibilitó que el PIB de la entidad cayera menos que el nacional. “Nos permite ser el tercer lugar en productividad laboral: el haber incurrido en este tipo de programas de infraestructura, como la vial, con todo el sistema de vialidades, puentes, avenidas, bulevares, caminos rurales; dio la oportunidad de ocupar a muchas personas, de dar mucho trabajo”.
Respecto de los sectores cultural y social, indica: “Tenemos 20 bibliotecas, museos, teatros. Sacamos a 106 mil personas de la pobreza; y éstos son datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Contamos con un programa que se llamó Cero Marginación que buscó sacar [adelante] a los municipios que estaban en alta marginación y ya no tenemos ningún municipio en alta marginación. Se hicieron 54 mil viviendas con piso firme, casi 34 mil cuadras pavimentadas. Privilegiamos el acceso al agua potable y la energía eléctrica de esas regiones. Hoy tenemos, por lo menos, una preparatoria en la cabecera municipal de los 38 municipios”.

Las amenazas



Luis Javier Garrido

El último año del gobierno panista está marcado por la información de la Cepal de que sólo en México y en Honduras creció la pobreza en América Latina (La Jornada, 30 de noviembre) y el empecinamiento de quienes gobiernan en extremar el clima de violencia que cada vez más repudian los mexicanos.

1. La denuncia presentada el viernes 25 ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Países Bajos) contra Felipe Calderón y su gabinete de seguridad por delitos de lesa humanidad cometidos durante su guerra contra el crimen organizado, con el respaldo de más de 23 mil firmas, constituye un hecho sin precedentes en la historia jurídica y política de México, pues jamás un gobernante en funciones había sido objeto de una acusación de esta dimensión, y sienta un nuevo precedente en la histórica lucha de los mexicanos en defensa de sus derechos fundamentales y contra la impunidad del presidencialismo.

2. Este acto de dignidad de este grupo de mexicanos dignos se da en un contexto de hartazgo nacional ante la violencia de Estado desatada con fines aviesos por Calderón y los panistas, no contra los cárteles sino contra el pueblo mismo, y la demagogia con la que la derecha en el poder busca engañar al pueblo y crear las condiciones para proseguir el saqueo del país, pero no es la única manifestación de inconformidad que se da a nivel internacional ante la complicidad de la Suprema Corte de Justicia con el gobierno del PAN, y su incapacidad para hacer valer la principal de sus funciones: velar por la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración.

3. Las iniciativas para recurrir al derecho internacional a fin de detener la barbarie calderonista se están multiplicando, pues el 21 de octubre otro importante grupo de mexicanos respaldó la iniciativa del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), heredero del Tribunal Russell, para abrir un capítulo en México y juzgar a Calderón Hinojosa (La Jornada, 22 de octubre). Ya en marzo un ciudadano mexicano había presentado otra querella en La Haya contra él por crímenes de guerra y de lesa humanidad (aceptada entonces con más de 400 votos contra tres abstenciones). Y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezado por el escritor Javier Sicilia, a pesar de haber sido objeto de todas las burlas de Los Pinos sigue buscando incidir en esta lucha, sobre todo ahora que otro de sus integrantes fue asesinado impunemente.

4. El escenario de la globalización neoliberal que se ha ido forjando como un candado de seguridad de los intereses de las multinacionales y de los crímenes de los gobernantes está así siendo utilizado en su contra, no obstante los esfuerzos espurios por coparlo, y aunque poco puede esperarse de éste, el precedente ahí queda. A pesar de que Calderón Hinojosa fracasó en octubre en su intento por colocar a Javier Laynez Potisek, un oscuro abogado empresarial, como juez de la CPI, al ser estimado éste como no calificado para el cargo (Proceso, 1827), Washington conserva un control casi absoluto sobre los tribunales internacionales.

5. Los fundamentos de la acusación a Calderón se hallan a la vista de todos, pues el gobierno de facto dio a las fuerzas armadas un papel ilegal como policías con autorización para violentar los derechos humanos, allanando domicilios, deteniendo a personas y, a pesar de que esto se niega, disparando sobre el pueblo, lo que ha generado un sinnúmero de crímenes; avaló la estrategia de Washington para crear grupos paramilitares e introducir ilegalmente armas a México destinadas a éstos y a ciertos cárteles a fin de exacerbar la violencia y la colombianización del país; permitió la presencia impune de agentes estadunidenses en territorio mexicano para dirigir a las fuerzas armadas; y administró, en suma, la violencia en un escenario en el que el crimen organizado está en todas partes y no se sabe quién genera los crímenes y las matanzas: si los cárteles que se pretende combatir, y que florecen como el negocio, o las fuerzas armadas y los paramilitares oficiales y sus cómplices en el sector político y financiero, que buscan reordenar el negocio en función de los intereses de Washington. De ahí que el escritor Fernando Vallejo, con gran valor civil, señalara el día 26 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que Calderón es un hombre indigno del puesto que ocupa.

6. La respuesta de Los Pinos a la denuncia ante La Haya en un comunicado emitido la noche del domingo 27, calificando como calumniadores a los signatarios de la misma y amenazando con proceder legalmente (lo que ya se sabe lo que significa en México) contra ellos y contra cualquier otro que cuestione su estrategia en foros e instancias internacionales o nacionales, ha merecido en consecuencia un repudio absoluto y lo menos que se ha hecho es calificarla de fascistoide, pues las amenazas gubernamentales son contra todos los mexicanos inconformes, que es la mayoría.

7. El inusitado respaldo a Calderón de Emilio Chuayffet (presidente de la Cámara de Diputados), señalando el día 28 en una rueda de prensa, a la que asistió en un estado de agitación incontrolado, que éste tiene derecho a defenderse frente a injurias no probadas, es en todo caso un desvergonzada exigencia a la impunidad de la clase política mexicana y de él mismo: una autodefensa, que mucho aclara lo que acontece. Como se recuerda, Chuayffet fue señalado cuando despachaba en Bucareli como principal responsable por la matanza de Acteal el 22 de diciembre de 1997, que conmovió al mundo, y acusado a nivel internacional por auspiciar la creación de paramilitares en Chiapas, lo que llevó a Zedillo a removerlo del cargo. El pez por la boca muere, y el precandidato presidencial priísta Enrique Peña Nieto, olvidándose también que es un derecho inalienable de los mexicanos el acudir a un tribunal internacional, se opuso con énfasis al día siguiente a cualquier acción contra un presidente en turno, advirtiendo así que en el caso de llegar a Los Pinos querría mantener el estatuto de absoluta impunidad para la clase política y el Ejecutivo federal.

8. El asesinato del activista social Nepomuceno Moreno Muñoz, integrante del MPPJD, el lunes 28 en el centro de Hermosillo, luego de que había denunciado y dado información a la PGR por la desaparición de varios jóvenes –entre ellos su hijo–, y solicitado la protección oficial, plantea empero de nuevo las mismas cuestiones: ¿dónde está el crimen organizado, en los cárteles o en el gobierno? ¿Y a quién interesa más se extreme el clima de violencia en el país: a Washington y a la actual cúpula en el poder, o a los narcotraficantes?

9. La nueva legislación, ya de corte abiertamente fascista, que los panistas buscan introducir estos días en la miscelánea penal, equiparando protestas a actos terroristas y criminalizando los actos de inconformidad ante las autoridades, para al mismo tiempo fortalecer el estatuto de impunidad para las fuerzas extranjeras que operan en México, denunciada por el senador Pablo Gómez (La Jornada, primero de diciembre), es una nueva señal de los riesgos que corre la nación.

10. El último año del gobierno de facto se inicia de esta manera con un número de mexicanos cada vez mayor que están dispuestos, con una intransigencia que conmueve, a hacer valer su exigencia de ¡Ya basta! a la cúpula de un poder económico y político empeñada en mantener a toda costa sus privilegios.

Piden reducir edad para castigar violación contra adolescentes


Reforma penal transgrede derecho a la sexualidad: OCNF


Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 1 dic 11 (CIMAC).- Toda vez que las adolescentes tienen derecho a elegir cuándo iniciar su actividad sexual, la reforma al Código Penal Federal que considera violación sexual el coito entre una persona menor de 16 años con alguien hasta cinco años mayor que ella, aun con su consentimiento, es una transgresión a los derechos sexuales de esta población.

Lo anterior lo señaló María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), quien detalló que la reforma al artículo 265 del Código Penal Federal, aprobada ayer por las Comisiones de Justicia y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, ignora que en promedio las mexicanas comienzan a ejercer su sexualidad entre los 15 y 19 años de edad.

La activista reconoció que es necesaria una reforma en este sentido porque es difícil probar el delito de violación sexual, pero consideró que debe aplicarse en las menores de 13 años, ya que hasta esa edad las niñas “no tienen capacidad para consentir una relación sexual”.

La coordinadora del OCNF, integrado por 43 organizaciones de mujeres y de Derechos Humanos (DH) de 19 entidades federativas, refirió que con las modificaciones se derogó el delito de estupro y en su lugar quedó el crimen de violación sexual, establecido en el artículo 265.

La modificación refiere que se considerará violación “al que realice cópula con persona menor de 16 años de edad, aun con su consentimiento”. El delito se “perseguirá a instancia de la parte ofendida”, que puede ser la víctima directa o quienes tienen su tutela, al tratarse de menores de edad.

También se considerara violación cuando “sea una persona incapaz de comprender el hecho del que fue víctima, aun siendo mayor de 18 años”.

Y aclara que no habrá sanción cuando “entre el sujeto pasivo y el sujeto activo exista una diferencia de edad menor a cinco años, siempre que la víctima tenga más de 16 años cumplidos”.

Luz Estrada alertó que esta reforma “posibilita que los padres denuncien violación cuando sus hijas de 15 años se relacionen con personas de 20 años y, sin importar si la adolescente consintió o no, sería un delito”.

Con este cambio, el Legislativo “deja la ventana abierta para que se transgredan los derechos sexuales de las adolescentes, pues el inicio de su sexualidad con una persona hasta cinco años mayor se consideraría un delito grave”.

Además advirtió que esta modificación fue promovida por grupos conservadores que impulsan el inicio de la actividad sexual hasta el matrimonio.

Por ello la coordinadora del OCNF llamó a las y los diputados federales a reducir la edad en la que se considere violación sexual, para que no haya un “retroceso” en los derechos sexuales de ese grupo etáreo.

La Cámara de Diputados discutirá en el Pleno esta modificación a más tardar el próximo martes, como parte de un dictamen que conjuntó tres iniciativas presentadas en marzo pasado en San Lázaro por las legisladoras Teresa Incháustegui (PRD), Laura Elena Estrada (PAN), y Diva Hadamira Gastélum (PRI).

FEMINICIDIO

El dictamen, entre otras modificaciones al Código Penal, incluyó la tipificación del feminicidio, la cual representa “un avance importante que permitirá homologar los códigos penales de los estados, donde aún no se ha tipificado y donde se hizo de manera incorrecta”, refirió la activista.

Indicó que la definición del delito obedece a estándares internacionales de DH de las mujeres. Además de que establece elementos que permitirán identificar cuando el homicidio doloso de una mujer fue por su condición de género.

Por lo que reiteró que aunque los estados no están obligados a homologar sus códigos locales, es necesario que lo hagan para tener en el país un solo tipo penal, con la misma sanción y acciones para perseguir este delito, pues de lo contrario la disparidad se prestaría a perpetuar la impunidad en los casos de feminicidio.

Puso como ejemplo que “si la pena es menor o el delito es más difícil de probar en una entidad que en otra, los asesinos pueden arrojar el cuerpo de las mujeres donde reciban un castigo menor o donde no puedan demostrar que es un feminicidio”.

Luz Estrada destacó que otro de los avances para sancionar el feminicidio es la supresión del recurso de “emoción violenta”. que reducía hasta 10 años la penalidad de los homicidios dolosos.

De igual modo señaló la inclusión de una reparación del daño integral para las víctimas de feminicidio y de otras formas de violencia contra las mujeres, que además de la indemnización económica contempla apoyo psicológico y atención médica dependiendo de la afectación que sufrieron.

Destacó como otro avance la adición a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia referente a la obligación de la Secretaría de Seguridad Pública de crear un banco de datos de mujeres desaparecidas, y de la publicación de las desapariciones en su página web.

La reforma también establece la obligación de la Procuraduría General de la República (PGR) de tener un registro de los delitos de violencia contra las mujeres en el ámbito federal. A decir de Estrada esta modificación sólo será efectiva si incluye la información de los delitos registrados en el fuero común, para tener un panorama completo de la problemática.

Llamó a las y los legisladores a establecer en la ley orgánica de la PGR la obligación de que el trabajo que realice esta dependencia para registrar estos delitos, se haga de manera coordinada con las procuradurías locales.

La coordinadora del OCNF celebró que en la tipificación del feminicidio se incluyera la sanción penal y administrativa a los funcionarios del Poder Judicial que lleven a cabo “prácticas dilatorias” que obstaculicen el acceso a la justicia de las víctimas.