Nos queremos vivas

 Lucía Lagunes Huerta 

CIMACFoto: César Martínez López

Las mujeres llevamos años exigiendo la autonomía de nuestro cuerpo. Queremos habitarlo plenamente, hemos ganado algunos escalones en ello, pero aún tenemos un hueso duro de roer, no por nosotras sino por los conservadores, sobre todo cuando se refiere a la decisión de si queremos seguir con un embarazo o no, sin importar por qué, ni como sucedió el embarazo. Lo que queremos es poder terminar con él sin poner en riesgo nuestras vidas.

Para lograrlo, hemos tenido que mostrar y demostrar las razones de la legalización del aborto, tanto en materia de salud pública como de Derechos Humanos.

Demostramos que lo mismo abortan mujeres que profesan alguna religión, incluida la católica que las laicas; lo mismo lo hacen las liberales que las que no, las pobres que las ricas, de todas las edades reproductivas y de condiciones diversas; que lo mismo las casadas que las solteras.

Es decir, que cuando las mujeres se enfrentan a un embarazo no deseado y toman la decisión de interrumpirlo, lo hacen.

También hemos mostrado y demostrado que ha mayor criminalización y persecución, más muertes de mujeres.

El aborto ha existido siempre, y es parte de la historia de la humanidad y de las mujeres en particular. En todas las culturas están registradas las prácticas de aborto, desde brebajes y técnicas altamente riesgosas.

Cuando una mujer toma la decisión es porque ya pasó un largo proceso de meditación.  Llegan al aborto como último recurso.

Justicia social

La penalización del aborto genera injusticia social. Pues acceder a él de manera segura depende del dinero que tengas, y por ello quienes más mueren son las más pobres.

Quien tenga los recursos económicos podrá acudir a una clínica u hospital en las mejores condiciones, quien no, lo realizarán como puedan, con mayores probabilidades de muerte.

Hoy en nuestro país si tienes dinero e información es probable que vengan a la Ciudad de México, donde el aborto es legal hasta las doce semanas.

En cuatro días más, en todo el mundo la demanda de despenalizar el aborto será tema. Los opositores discutirán sobre un cuerpo y una vida que no es la suya, sino de la de otras. Las mujeres buscarán salvar su vida y la de miles que pueden perderla por la prohibición y la práctica riesgosa.

Cuando nos creemos en la modernidad e incluso en la posmodernidad, la discusión por la despenalización del aborto nos muestra que, en temas como este, el oscurantismo sigue vivo y en la pre modernidad.

Y un ejemplo del conservadurismo es lo que ocurre en Nuevo León donde un diputado panista busca criminalizar dotar de información sobre el aborto.

Para no morir

¿Por qué abortan las mujeres? Porque necesitan hacerlo, porque no pueden o no quieren ser madres, porque el anticonceptivo falló, porque fueron violentadas, por la razón que sea. Cuando toma la decisión nada la detiene, aun cuando con esa decisión se juegue la vida.

Porque la maternidad no es un juego, ni un azar, es una decisión de vida y por ello, habría que garantizar las condiciones para que si así lo deciden las mujeres, puedan interrumpirlo de manera segura.

La criminalización por abortar provoca que cada año 47 mil mujeres mueran en el mundo por prácticas inseguras.

Es como si cada año 21 barcos Titanic se hundieran sin ningún sobreviviente, es decir, un Titanic hundido cada 57 días.

Porque no queremos estas tragedias y si para cuidar la vida de las mujeres es que este próximo 28 de septiembre en todo el mundo se llevará a cabo el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.

Porque nos queremos vivas, sin ser criminalizadas o encarceladas por ejercer nuestro derecho a decidir si queremos o no ser madres. No podemos permitir que el oscurantismo se mantenga vivo, cuando tenemos la razón.

Permitir el aborto legal no obliga a nadie hacer algo que no quiere; pero sí garantiza que las mujeres que así lo decidan puedan hacerlo y seguir vivas.

Baby Bratz y Lol Surprise: las muñecas que normalizan la pedofilia

Por Laura Rivas Martínez 

Fuentes: https://tribunafeminista.elplural.com/

En agosto de 2020 se hizo viral un vídeo de una muñeca con un botón oculto en la entrepierna. Cuando se apretaba el botón, la muñeca, comercializada en EEUU por Hasbro y distribuida por Walmart, emitía suspiros y risitas.

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El botón no venía descrito en ningún lugar del embalaje, de acuerdo con la autora del vídeo, y el escándalo fue tal que la empresa retiró el juguete rápidamente y aseguró que había sido sin querer. La idea, afirmaban, había sido que la muñeca se riese al sentarla.

Pero la cuestión de si el botón fue colocado a propósito o no, en realidad, es secundaria. De hecho, el departamento de control de calidad de la marca seguramente no diera cuenta de las implicaciones, porque en la industria juguetera mundial (realmente exportada de EE UU) hace mucho tiempo que la sexualización infantil se convirtió en aceptable, y todos nos hemos acostumbrado a ella.

Hoy la Barbie de Mattel nos parece taimada en comparación con los juguetes que tienen nuestras hermanas, hijas y sobrinas, pero en su día fue una muñeca polémica por considerarse cosificadora de la mujer, y su distribución masiva sirvió para desplazar gradualmente los límites de lo considerado aceptable para niñas. En las últimas décadas, gracias a una pornificación generalizada en todas las industrias mediáticas, la veda abierta por Barbie ha sido ampliamente aprovechada por las Bratz, de MGA Entertainment, y más recientemente por las Monster High, las muñecas ideadas por Mattel para competir con las primeras. Las Bratz, como anécdota, fueron diseñadas en 2000 por Carter Bryant, un hombre que justamente había trabajado para Mattel diseñando Barbies, y que ganó un juicio contra su antigua empresa al ser acusado de infracción de derechos de autor.

Estas dos marcas de muñecas, Bratz y Monster High, representan a mujeres jóvenes híper sexualizadas, que combinan rasgos infantiles (cinturas minúsculas, pechos apenas existentes, ojos enormes) con rasgos adultos muy cosificados en nuestra sociedad (labios muy gruesos, piernas muy delgadas y largas, melenas de peluquería), todo ello acompañado de complementos claramente sexualizadores: ropa muy ajustada y reveladora, tacones altísimos e ingentes cantidades de maquillaje. Acompañadas de sus respectivas series televisivas y de numerosas películas, las Bratz y las Monster High causaron furor entre las niñas a quienes iban dirigidas, y también, claro, entre algunos niños.

Bratz y Monster High, representan a mujeres jóvenes híper sexualizadas, que combinan rasgos infantiles (cinturas minúsculas, pechos apenas existentes, ojos enormes) con rasgos adultos muy cosificados en nuestra sociedad (labios muy gruesos, piernas muy delgadas y largas, melenas de peluquería),

En 2004, MGA Entertainment lanzó una nueva línea de muñecas llamadas Bratz Babyz (“Bratz Bebéz” (sic)). Sus dibujos animados se estrenarían en 2007. Estas muñecas a su vez se dividieron en dos líneas: las “grandes” (“Big Babyz»), que asemejaban niñas de dos o tres años, y las “bebés”, sin zapatos y con bragas, algunas directamente sacadas de un catálogo de lencería. Todas ellas lucían elaborados peinados, camisetas que enseñaban el ombligo y abundante maquillaje de ojos y labios. Uno de sus accesorios habituales era un biberón. Tras más de diez años de comercialización, después de unas dañinas luchas legales con Mattel y entre acusaciones de sexualización, la marca Bratz fue retirada del mercado en 2016, de acuerdo con la Wikipedia, aunque MGA ha lanzado nuevas versiones de las muñecas “adultas” desde entonces.

Fotos: Ejemplos de Baby Bratz, y de LOL Surprise, (Google Imágenes).

Ese mismo año desembarcaron en el mercado las LOL Surprise, fabricadas por la misma empresa que las Bratz: MGA Entertainment. Unas muñecas con un estilo similar a sus predecesoras (bebés de ojos enormes, maquillaje, camisetas que muestran el ombligo, complementos de moda adulta) que vienen en un paquete de plástico cerrado. Para incitar al consumo, son relativamente baratas y hasta que no la compra y la abre la niña no sabe qué muñeca y qué complementos le han tocado. Estos suelen pertenecer a conjuntos diferentes, así que las niñas piden comprar más con la esperanza de completarlos. En 2018, MGA ganó 4 millones de dólares gracias a ellas.

En otro vídeo de Facebook que también se hizo viral el pasado mes de agosto, una línea reciente de muñecas LOL cambia de “ropa” y maquillaje al mojarlas en agua fría, una característica que se anuncia en el embalaje. Este vídeo, que lleva 45 millones de visitas, y otros vídeos caseros más antiguos muestran que, mientras que algunas simplemente revelan un traje de superheroína, al realizar el experimento en otras se revela ropa que a un adulto recuerda a prácticas sadomasoquistas, tatuajes en la espalda o maquillaje de ojos corrido (un ‘look’ habitual en vídeos pornográficos, que es una categoría en sí misma). La respuesta de la empresa ha sido escueta, y se ha limitado a asegurar que “se implementarán medidas correctivas”. Por su parte, los muñecos masculinos de esta misma marca ya levantaron también enardecidas críticas en 2019 por mostrar claramente un pene infantil y testículos.

LOL en este caso no significa “laughing out loud” (“riéndome en voz alta”, en inglés, una expresión coloquial habitualmente utilizada en la Red), aunque es un acrónimo conveniente porque parece inofensivo. LOL, en este caso, viene de “little outrageous littles”: “pequeñas pequeñas escandalosas”. Y el nombre, para quien conozca el mundo de la pornografía de Internet, en realidad va más allá. En el ámbito del sadomasoquismo existe una comunidad pro-pedofilia que se dedica a normalizar fantasías pedófilas (ellos lo llaman “age play”, juegos de edad), donde los hombres suelen identificarse como “daddys” (papás) y las mujeres, casi siempre jóvenes, y en ocasiones menores de edad, se identifican como “littles” (pequeñas). El acrónimo usado es “ddlg”, pero solo recomiendo buscarlo a quienes tengan el estómago fuerte.

La consecuencia evidente de la distribución de tales juguetes es que las niñas normalizan cada vez más temprano la cosificación y la hipersexualización de las mujeres;

Existen otras muñecas del mismo estilo. Las Na Na Na Surprise, que también pertenecen a MGA Entertainment, siguen la misma línea consumista de la ‘sorpresa’, popularizada especialmente en los últimos años gracias a los vídeos caseros de “unboxing” (desempaquetado). Las Na Na Na Surprise también tienen ojos enormes, melena de Barbie, ropa propia de adultas como medias de rejilla y evidente maquillaje. Una de las Na Na Na ha sido recientemente retirada de supermercados británicos tras la queja de un padre porque venía con lencería adulta. Las Poopsie Fantasy Friends, por su parte, vienen con un chupete y bikini, y su pelo y accesorios son del mismo estilo de las LOL (es decir, propios de mujeres adultas).

La consecuencia evidente de la distribución de tales juguetes es que las niñas normalizan cada vez más temprano la cosificación y la hipersexualización de las mujeres; es decir, de sí mismas. Pero además, tiene un efecto “desparrame” o de contagio a otros productos e industrias. El fenómeno viene ilustrado perfectamente por Gail Dines en su libro Pornland (Pornolandia), en el que relata cómo desde los años 70 hasta hoy, la industria pornográfica ha logrado gradualmente normalizar e introducir la pornografía en los anuncios, la televisión, la industria del videoclip y el cine. Es una táctica publicitaria de sobra conocida: empujar los límites de lo aceptable con imágenes que en ese momento no lo son, para chocar (y así llamar la atención) y simultáneamente ir normalizando aquello que hasta este momento estaba mal visto. A veces funciona, y a veces no. A Hugh Hefner le funcionó perfectamente con Playboy, y no hay más que buscar en Youtube el último vídeo de Cardi B, WAP o traducir la letra en Google para concluir que a la industria pornográfica la jugada también le ha salido redonda.

hace mucho tiempo que la sexualización infantil se convirtió en aceptable, y todos nos hemos acostumbrado a ella.

En lo que respecta a la sexualización de muñecas, este efecto se observa no solo en las sucesivas marcas que se imitan entre ellas para hacerse con una parte del pastel; también se hace notar en otras marcas y muñecas más tradicionales. Por ejemplo, BabyBorn, de Zapf, ha lanzado su BabyBorn Surprise, una muñeca mucho más próxima a los bebés realistas que comercializa habitualmente, pero con influencias directas de muñecas de otro tipo: ojos desproporcionados, coloridos y maquillados, labios más gruesos y pintados, y multitud de accesorios “sorpresa” en un embalaje atractivo (en este caso, un maletín con forma de biberón). En la misma línea de estética inocente pero reminiscente en rasgos y estampados podemos situar a las Cry Babies o las Curli Girls, entre muchas otras que han imitado la estética y que madres y padres conocerán bien. Lo que esto demuestra es que se ha creado un nicho de mercado. Es decir, estas muñecas, a día de hoy, son normales.

estos depredadores habitualmente se esconden a plena luz del día, eligiendo oficios que les permiten tener acceso a niñas y niños para no resultar sospechosos, y creándose una personalidad pública amigable, simpática y excéntrica.

La guinda en el pastel es un experimento que invito a que hagan: busquen “baby doll” (“muñeca bebé”) en Google Imágenes y observen cómo se intercalan las muñecas con fotos de mujeres en picardías y lencería. Con esta “normalidad” que envuelve hoy a las niñas, ¿podemos sorprendernos por la muñeca del botón en la entrepierna que se le coló a Hasbro? ¿Podemos sorprendernos por las imágenes promocionales de Netflix de la película ‘Cuties’, que clara e inequívocamente sexualizan a niñas pequeñas? ¿De que Amazon comercialice abiertamente con muñecas sexuales para pedófilos, como salió a la luz hace pocos días?

Casos conocidos, como el de Jimmy Savile en Reino Unido o los relatados en el documental An Open Secret (‘Un secreto a voces’) sobre redes de pedófilos que se camuflan como agentes en Hollywood, dejan patente que estos depredadores habitualmente se esconden a plena luz del día, eligiendo oficios que les permiten tener acceso a niñas y niños para no resultar sospechosos, y creándose una personalidad pública amigable, simpática y excéntrica. Lo que más les beneficia es la normalización de la pedofilia, la noción errónea de que “no pasa nada” porque ciertas muñecas sean algo ‘extrañas’ o sospechosas de sexualización. Que niñas y niños no encuentren nada raro en juguetes como los descritos más arriba es ponérselo un poco más fácil a quienes estudian las formas para abusar de ellos impunemente. Que nosotras y nosotros los aceptemos nos hace ignorar una sensación de alerta que es necesaria para protegerlos. No nos dejemos distraer.

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Fuente: https://tribunafeminista.elplural.com/2020/09/baby-bratz-y-lol-surprise-las-munecas-que-normalizan-la-pedofilia/

La feminista saharaui que lucha contra el patriarcado islámico: «Supone un gran riesgo exigir mis derechos»

Por Sara Velasco Arcas 

Fuentes: Público

Cuestionar el rol subordinado de la mujer en la sociedad islámica no ha sido una tarea fácil para Násara, que ha tenido que enfrentarse a situaciones muy delicadas debido a su activismo.

Násara iahdih Said

Násara iahdih Said hace frente a una doble lucha: ser mujer y ser refugiada. Nació hace 26 años en los campamentos de refugiados de Tinduf, lugar en el que vive parte de la población saharaui desde que fueron expulsados de sus tierras por la ocupación marroquí. A los 14 años, gracias al programa Vacaciones en Paz, llegó a España, huyendo de la situación que ahoga a su pueblo.

La joven musulmana y activista feminista lleva cuestionándose todo lo establecido y rompiendo el silencio impuesto desde que era una niña. Aún desconocía lo que era el feminismo, pero ya se enfrentaba a todas las conductas machistas que le rodeaban. Alzar la voz, rebelarse bajo la autoridad de su familia y cuestionar el rol subordinado de la mujer en la sociedad islámica no ha sido una tarea fácil para esta saharaui, que ha tenido que enfrentarse a situaciones muy delicadas debido a su activismo.

Násara hizo uso del sapere aude, se atrevió a pensar dentro de un contexto que le acribillaba, anulaba su personalidad y cuestionaba su existencia. «Ponerme las gafas moradas me hizo entender el mundo que me rodea, mis represiones, mis ansiedades y mis complejos. Entendí esa escala de opresión que existe sobre mi persona», declara la activista. Ella lucha cada día por conseguir las libertades que han sido históricamente arrebatadas a las mujeres musulmanas, siendo consciente de las fuertes consecuencias que esta batalla puede acarrear.

Según la Fundación contra Crímenes de Honor, más de 10.000 mujeres son asesinadas al año  por este motivo

Su lucha es titánica, a la vez que valiente y peligrosa. Enfrentarse a un muro inquebrantable como es el patriarcado islámico es un trabajo en el que hay que asumir grandes riesgos. Según la Fundación contra los Crímenes de Honor, más de 10.000 mujeres son asesinadas al año por este motivo. «He pasado mucho miedo. Recibo continuamente mensajes, insultos y amenazas. Tengo que cuidar mucho mis palabras para no poner en riesgo ni mi vida ni la de mi familia», detalla la saharaui.

Feminismo bajo el contexto islámico 

El feminismo islámico es definido por Násara como «un movimiento que pide permiso para poder interpretar su libro sagrado y, en él, buscar una posibilidad de que se otorgue derechos y libertades a las mujeres». La activista va más allá y basa su lucha en combatir todas las capas opresoras perennes en la sociedad que la ha visto nacer: la familia, el Tribunal Social Islámico y el sistema basado en una jerarquía vertical férrea.

El patriarcado islámico obliga a las mujeres como Násara a vivir de acuerdo a unas conductas morales terriblemente intransigentes y restrictivas, que si no son llevadas a cabo por parte de las mujeres, estas son relegadas al ostracismo, y a vivir bajo el estigma más duro que existe en la sociedad islámica: el deshonor. «Tememos más miedo al deshonor que a la cárcel», afirma la saharaui.

Su lucha también pasa por cuestionar el uso del hiyab. Para Násara es «un elemento opresivo, que representa la máxima expresión de la misoginia». Aunque siempre que menciona el tema, recuerda que su lucha no es contra las mujeres que deciden cubrir su cabello, sino contra el velo y lo que su uso implica. «Jamás voy a dirigirme a las veladas, ni a cuestionar su elección, no voy a invadir su privacidad. Pero sí voy a explicar las consecuencias del uso del velo sobre mi persona». La joven defendió en el pasado el uso del velo, e incluso le hicieron creer que era una decisión propia, pero se dio cuenta de que lo llevaba para proteger a su familia, y en detrimento de sus derechos y de su libertad. 

Para entender al completo cuáles son los objetivos de la lucha de Násara, hay que saber diferenciar el movimiento feminista secular -al que ella pertenece- del islámico. El feminismo secular es laico, lucha por los derechos de las mujeres sin tener en cuenta lo que diga la religión. «Las feministas seculares nos jugamos la vida por exigir nuestros derechos, por enfrentarnos al patriarcado islámico», afirma la saharaui. Por ello, reclaman que no se confundan ambos movimientos. «Nos asocian al feminismo islámico por estereotipos. Nos reducen y personifican en una religión, y no imaginan un feminismo que luche fuera de ella», declara la activista feminista. 

La revolución del feminismo secular 

A diferencia del feminismo islámico, dentro de la corriente secular, las mujeres no piden permiso para reinterpretar el Corán e intentar coexistir dentro de la sociedad; ellas exigen sus derechos en condición de seres humanos, con independencia de que la ley islámica los reconozca o no.

«Las feministas seculares no dialogamos con el Tribunal Social Islámico, lo combatimos para derribar su misoginia»

«A las feministas seculares no nos importa que el Corán no reconozca nuestros derechos; nosotras no dialogamos con el Tribunal Social Islámico, directamente lo combatimos para derribar su misoginia», confirma Násara. La lucha incansable de este movimiento también trae consigo consecuencias emocionales para quien libra sus batallas. Las feministas pertenecientes a este movimiento hacen frente cada día al sentimiento de culpa por replantearse la situación de las mujeres de la sociedad a la que pertenecen. «Nos sentimos culpables por destapar esta realidad.», afirma la activista.

En este contexto, el feminismo secular lucha contra el sistema patriarcal islámico. «Nuestro enemigo no es la persona de a pie, es el sistema que perpetúa las conductas que limitan a las mujeres, y es a él al que hay que derribar», señala la saharaui. Las feministas seculares también recuerdan que en este sistema los únicos beneficiados son los hombres, y que estos disfrutan a lo largo de su vida de múltiples privilegios en detrimento de los derechos de las mujeres. Para combatir esta situación, este movimiento basa su lucha en tres pilares fundamentales: la educación, la sensibilización en los medios de comunicación y en leyes que otorguen y protejan los derechos de las mujeres musulmanas.

Sororidad y aprendizaje

El patriarcado es algo global y,  frente a ello, la activista defiende un feminismo sin apellidos, en el que las militantes se preocupen por la situación de todas las mujeres con independencia del lugar del que provengan. «Es normal que demos prioridad al contexto en el que habitamos, pero no es incompatible con establecer lazos de unión con mujeres de otras realidades», sentencia la saharaui.

Bajo la idea de acercarse a otras realidades y unir fuerzas para concienciar a la sociedad, Násara ha creado la plataforma Amnat Thawra (Hijas de la Revolución), en la que trabaja con mujeres musulmanas o de raíces islámicas que proceden desde el Norte de África, la península arábiga o Europa, y denuncian la situación en la que se encuentran según el lugar en el que viven o la sociedad de la que provengan.

Násara, además, trabaja con sus compañeras de Conciencia Feminista (نحو وعي نسوي), que, junto a Hijas de la Revolución, establecen las dos únicas plataformas feministas que existen en el Sáhara. Ninguna de ellas se localiza en los campamentos de refugiados saharauis, y esto le preocupa enormemente a la activista, ya que «en los campos de refugiados se ha sufrido un enorme atraso en cuanto a los derechos de las mujeres en los últimos años». Násara se ha percatado de que las niñas llevan el velo a una edad cada vez más temprana, y ve que ello es la respuesta de la radicalización en los años 80 de la región MENA. «En nuestra cultura, el elemento representativo es la melfa (vestimenta tradicional femenina del Sáhara), pero imponen el uso del velo porque es más ortodoxo», confirma la activista.  

Por la creación de este tipo de proyectos, Násara recibe campañas de descrédito contra su persona de manera continua y salvaje. «Yo no soy una guerrera, soy una superviviente», sentencia.

 @saravelascoarca

Fuente: https://www.publico.es/sociedad/feminista-saharaui-lucha-patriarcado-islamico.html

Una aguja en un pajar: Anexo 13 del PPEF 2021

Carmen R Ponce Meléndez

CIMACFoto: César Martínez López

La violencia contra las mujeres y las niñas es la tragedia de la desigualdad exacerbada en esta pandemia.

Alicia Bárcenas, Cepal

Normalmente los recursos que se asignan al conjunto de programas destinados a la igualdad entre mujeres y hombres (los de género- el llamado Anexo 13), son poco transparentes, se consideran insuficientes (programas y recursos); su seguimiento no ha permitido identificar claramente si el problema de su fracaso, o su impacto tan limitado, está en el monto del gasto asignado, mala administración, objetivos o metas disonantes, o bien, lejanas a la problemática que se pretende atender.

Lo cierto es que hace décadas la situación de las mujeres avanza pero en sentido totalmente negativo, cada año es peor. Ya sea en violencia contra mujeres, situación laboral, discriminación o violencia política. Su entorno es hostil, lleno de obstáculos y con resultados cada vez más limitados, limitados para la sociedad y por supuesto para las mujeres.

Un panorama desalentador, acompañado de una política oficial -presidencial- que no entiende que no ha entendido, ni muestra una auténtica empatía. Esto se vuelve más complejo porque de este gobierno en particular, las mujeres tenían y tienen todavía muchas expectativas de logros, es imperativo allanar el camino y caminar juntos (gobierno y mujeres), en la reconstrucción de ellas y de este país.

Hasta ahora no ha sido así, a estos elementos habría que sumarle la crisis económica derivada de una fuerte crisis sanitaria, un problema de salud complejo. Hay consenso nacional e internacional sobre el alto grado de afectación que esto tiene y ha tenido para las mujeres.

Según ONUMujeres, en México más de medio millón de personas se dedican a la enfermería, con un grado técnico o de especialización y 79 por ciento son mujeres. En el personal médico 39 por ciento también son mujeres. La crisis sanitaria y su complejidad es otro elemento estratégico que descansa en mujeres sobreexplotadas.

Por las labores que desempeñan en el sector salud, las mujeres están en la primera línea de atención a COVID-19 y, por lo tanto, también expuestas a mayores riesgos de contagio y desgaste físico y emocional. Como lo muestran los reportes oficiales, al 16 de junio de 2020, las mujeres representan 57 por ciento de los casos positivos al virus y 29 por ciento de las muertes. Las más afectadas por el contagio son las enfermeras, quienes en su mayoría son mujeres, de acuerdo con el Observatorio Género y COVID-19.

Es urgente pasar de la concepcion errónea de “mujeres heroínas” a la de garantizar sus derechos laborales y su derecho a una vida libre de violencia.

Desde esta mirada y conscientes de que no existen soluciones de generación espontánea, el análisis del proyecto de presupuesto para 2021 -un año muuuy difícil para el país- los recursos etiquetados para la igualdad de género prácticamente no ofrecen una alternativa real de apoyo; vamos, no es un “proyecto de soluciones mediatas o inmediatas”, salvo breves destellos.

Todo indica que la recuperación económica será lenta, debido entre otras cosas, a la caída del poder de compra. El aumento de los salarios mínimos y contractuales es totalmente insuficiente, al igual que la recuperación de empleos en los meses de julio y agosto, mucho menos para las mujeres. Es muy fuerte la caída de la economía familiar por ejemplo, la tasa de desempleo es más alta en mujeres que en hombres: 6.3 frente a 4.8 por ciento.

La línea de la política de gasto público es exclusivamente más austeridad, las prioridades están en los proyectos de dos bocas o el tren maya; programas sociales como apoyo a adultos mayores; los microcréditos de la Secretaría de Economía.

Debido a que uno de los sectores más golpeados ha sido el de las trabajadoras por cuenta propia: se quedaron inactivos un 20 por ciento en abril, esto tiene un componente feminizado importante; unas migajitas para el gravísimo problema de la violencia que sufren las mujeres; también reducción a los aspectos básicos de salud reproductiva y materno-infantil.

Al Programa de Apoyo a las enstancias de mujeres en las entidades federativas (PAIMEF), adscrito a la Secretaría de Bienestar pretenden reducirle 10 millones de pesos para 2021. Haber cancelado las guarderías o estancias por problemas de corrupción, pasando a la modalidad de estos “apoyos” no ha beneficiado  a nadie: ni a la niñez, ni a las trabajadoras; se suponía que dichos “apoyos” eran temporales y se podría disponer de nuevas estancias, con nuevas formas de organización, ajenas a la corrupcion.

Ahora esta posibilidad es mucho más remota o complicada porque si hay crisis, y severa, además los pocos recursos disponibles deberían estar en Salud, por ejemplo.

En suma, se proponen al Congreso 128 mil 092.2 millones de pesos (mdp), es un incremento del 23.7 por ciento, respecto a 2020. La austeridad es aplicada con una fórmula muy simple: reducción de inversión pública y del gasto, que complica más la ya de por sí compleja condición de las mujeres y del país. El Estado -este gobierno en partícular- tienen una deuda pendiente con las mujeres, sobre todo una obligación constitucional.

Y los partidos políticos también. Recientemente el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) emitir el protocolo sobre violencia política de género. Este asunto tiene un retraso de dos años cuando debe verse como una cuestión urgente y es algo elemental, todos los partidos políticos están obligados a contar con esta importante herramienta, con mucha mayor razón el partido que gobierna.

La aguja en el pajar

Si salvar vidas es prioridad, eso debe incluir forzosamente la protección de la vida de las mujeres, ni la pandemia detuvo los altos niveles de violencia, continúan los asesinatos y todo lo que sigue, ya ni siquiera es necesario citar cifras. Entonces, ¿por qué escamotear recursos o seguir omisos? fomentando la impunidad que caracteriza y ha caracterizado la violencia contra las mujeres.

Como se puede apreciar claramente en la gráfica siguiente el total de recursos destinados en forma más directa a esta grave problemática son más que limitados, la aguja en el pajar. Implican un modesto incremento de 9.06 por ciento que palidece frente al crecimiento del 44 por ciento estimado para el Programa de Pensión para Adultos Mayores. ¿Se quiere tapar el sol con un dedo?

Otro incremento a destacar son los recursos previstos para 2021. El Programa relativo a promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, tiene una estimación del 24.4 por ciento, respecto a lo aprobado en 2020. Aquí están incluidas las acciones siguientes:

Coadyuvancia para las alertas de género, y Recursos transferibles para la implementación de medidas que atiendan los estados y municipios que cuenten con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

Innegable que son acciones esenciales para el objetivo de combatir la violencia de género. Sin embargo la evidencia empírica que se tiene es que no están funcionando, la escasez o insuficiencia de recursos no puede ser la única causa, pero sí un factor de gran relevancia.

Por fortuna se crea un Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género sus hijas e hijos, a quien con una propuesta de 405 millones de pesos y será operado por la Secretaría de Bienestar, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).

Este proyecto de Igualdad debe reconsiderarse, a la luz de las necesidades inaplazables de jóvenes y trabajadoras, fuertemente afectadas por una desigualdad con pobreza tan exacerbada, como afirma la propia Cepal.

Practican histerectomías a migrantes detenidas en Atlanta, Georgia

 Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

Ciudad de México. Organizaciones estadounidenses alertaron que un Centro de Detención de personas migrantes en Atlanta, Georgia —operada por empresas privadas—, practicó histerectomías (retiro de matriz) a mujeres migrantes detenidas.

De acuerdo con una queja presentada por la organización “Project South” a distintas autoridades de seguridad y migración en Estados Unidos, en el Centro de Detención del Condado de Irwin (ICDC), operado por la empresa privada de prisiones LaSalle Corrections con licencia del Estado, se han cometido diversas diversas negligencias médicas que vulneran la salud de las personas recluidas, entre ellas, histerectomías frecuentes.  

La denuncia, que integra una declaración de la enfermera Sra. Wooten (denunciante protegida), documentó que varias mujeres inmigrantes han informado a “Project South” sus preocupaciones sobre cuántas mujeres han recibido una histerectomía mientras estaban detenidas en el ICDC. 

Una mujer le dijo a “Project South” en 2019 que la gerencia del Centro de Detención envía a muchas mujeres a ver a un ginecólogo en particular fuera de las instalaciones, pero que algunas mujeres no confiaban en él. Esta mujer también afirmó que “muchas mujeres aquí se someten a una histerectomía” en ICDC. 

Más recientemente, una inmigrante detenida le dijo a la organización que había hablado con cinco mujeres diferentes detenidas en el ICDC entre octubre y diciembre de 2019 que se sometieron a una histerectomía. Cuando les habló sobre la cirugía, las mujeres “reaccionaron confundidas al explicar por qué tenían que hacerlo”. La mujer le dijo a Project South que era como si las mujeres estuvieran  “tratando de convencerse sí mismas de que estaba bien”.

Esta mujer dijo además: “Cuando conocí a todas estas mujeres que habían tenido cirugías, pensé que esto era como un campo de concentración experimental. Era como si estuvieran experimentando con nuestros cuerpos “.

Por su parte, la Sra. Wooten también expresó su preocupación por el alto número de inmigrantes detenidas en el ICDC que reciben histerectomías. Ella afirmó que si bien algunas tienen menstruaciones abundantes u otros problemas graves que requerirían una histerectomía, “el útero de todas las personas no puede estar tan mal”. 

La Sra. Wooten explicó: “Todas las que ve tienen una histerectomía, casi todas. Incluso le ha quitado el ovario equivocado a una joven [mujer inmigrante detenida]. Se suponía que debía extraerse el ovario izquierdo porque tenía un quiste en el ovario izquierdo; sacó el incorrecto. 

Ella estaba molesta. Terminó con una histerectomía total. Ella todavía quería tener hijos, así que tiene que volver a casa ahora y decirle a su esposo que no puede tener hijos … dijo que no estaba del todo bajo anestesia y lo escuchó [el médico] decirle a la enfermera que él tomó el ovario equivocado”.

La Sra. Wooten también dijo que las mujeres detenidas le expresaron que no entendían completamente por qué tenían que hacerse una histerectomía. Ella dijo: “Varias reclusas me han dicho que han ido a ver al médico y que se han sometido a histerectomías y no saben por qué fueron o por qué van”. 

La Sra. Wooten explicó: Nos hemos cuestionado entre nosotros (personal) como él está sacando las cosas de todos … Esa es su especialidad, él es el recolector de úteros. Sé que eso es feo … ¿está coleccionando estas cosas o algo? A todos los que ve, les está sacando todos los úteros o les sacan las trompas. Qué demonios”.

También hay relatos recientes sobre la negativa a realizar pruebas de COVID-19 a personas inmigrantes detenidas que han estado expuestos al virus y son sintomáticas, destrucción de las solicitudes médicas y fabricación de registros médicos.

Esta queja también documentó diversas violaciones a los protocolos de salud y a los Derechos Humanos de las personas migrantes frente a la COVID-19, por ejemplo,  señaló que la gerencia de ICDC permitió que los empleados trabajaran mientras tenían síntomas de COVID-19  y esperaban sus resultados, asimismo, ocultó información a los empleados e inmigrantes detenidos sobre quién dio positivo por COVID-19. 

“El desprecio de ICDC por las pautas de salud pública establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades al mantener condiciones insalubres y permitir continuamente la deportación de personas inmigrantes detenidas, incluso aquellas que dieron positivo en la prueba de COVID-19. El ICDC presuntamente también castigó con confinamiento solitario a quienes se quejaron de esta situación”, dice la queja. 

Esta queja se hizo llegar directamente a Joseph V. Cuffari, Inspector GeneraL de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional; Cameron Quinn, Oficial de Derechos Civiles y Libertades Civiles, del Departamento de Seguridad Nacional; Thomas P. Giles, Director interino de la oficina local de ICE en Atlanta; y David Paulk. Guardián del centro de detención del condado de Irwin. 

SRE activa mecanismos de protección consular

Luego de hacerse pública esta información, la SRE informó en un comunicado de prensa que ya había solicitado formalmente a las autoridades correspondientes un informe sobre las supuestas prácticas negligentes o violatorias de derechos en centros de detención migratoria y que, en particular, da seguimiento a las presuntas violaciones de Derechos Humanos en los centros de detención migratoria bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Irwin, Georgia y El Paso, Texas respectivamente.

La SRE también informó que el Consulado General de México en Atlanta mantiene comunicación con la organización que denunció la serie de histerectomías no autorizadas en las mujeres hispanohablantes. 

También dijo que dicha representación diplomática ha solicitado información detallada a las autoridades a fin de esclarecer las posibles afectaciones a ciudadanas mexicanas, así como información sobre los procedimientos realizados y la justificación correspondiente. 

“El Gobierno de México dará puntual seguimiento a través de sus distintos instrumentos diplomáticos y jurídicos para conocer a plenitud lo sucedido”.

La SRE también alertó sobre señalamientos de abuso sexual en contra de una ciudadana mexicana por parte de agentes de ICE en El Paso, Texas. Al respecto dijo que el Consulado de México en esa ciudad mantiene contacto con la presunta víctima y su abogada para brindarle todo el apoyo consular necesario.

20/AJSE/LGL

Condenan feminicidio de dos niñas en Nicaragua

Nelson Rodríguez 

CIMACFoto: César Martínez López

Managua, Nic. En la parada de buses frente a la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua, en el centro de la capital, dos mujeres desafiaron la prohibición del gobierno de realizar marchas o protestas, para manifestar su repudio al feminicidio de dos niñas en la Costa Caribe Norte de Nicaragua.

En la rápida protesta gritaron a coro: ¡las niñas no se tocan, no se violan no se matan!, durante algunos minutos, luego se fueron a prisa antes de ser arrestadas por la policía.

Diferentes voces desde el gobierno y la sociedad civil en Nicaragua condenaron el feminicidio de las hermanas de 10 y 12 años de edad, ocurridas en una zona rural del municipio de Mulukukú, en el Caribe Norte de Nicaragua.

Foto cortesía del Canal 7 de Mulukukú

La vicepresidenta Rosario Murillo, al condenar los hechos, informó que el presidente Daniel Ortega orientó a la Corte Suprema de Justicia preparar un anteproyecto de ley para reformar el Código Penal y castigar con cadena perpetua los crímenes de odio y no permitir los indultos para las personas que cometan estos delitos. El Código Penal actualmente establece una pena máxima de 30 años para los asesinos.

La Federación de organizaciones no gubernamentales que trabajan por los derechos de la niñez y la adolescencia (CODENI), demandó al “Estado nicaragüense asumir y cumplir su rol de garante y protector de los derechos de la niñez y la adolescencia, disponiendo de los recursos humanos y económicos necesarios y voluntad política para garantizar la aplicación del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes”. 

La CODENI condenó las reiteradas violaciones y abusos sexuales que se cometen contra la niñez y la adolescencia, cuya violencia de género en el 2020 ha cobrado la vida de 11 niñas y adolescentes víctimas de feminicidio.

Para Elia Palacios, del Colectivo de Mujeres Axayacatl de la ciudad de Masaya, al oriente de Managua, lo que cabe es aplicar la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, la cual establece medidas preventivas para estos casos y el castigo para los agresores.

La defensora dijo que el agresor, un hombre de 33 años de edad, era el principal responsable y debe ser sancionado con todo el rigor de la ley, pero además reclamó al Estado por la indefensión que viven las niñas y las mujeres en Nicaragua.

“Son los agresores, pero también el Estado cuando no sanciona, cuando no previene, cuando no atiende esta problemática, cuántas niñas más tienen que ser abusadas o asesinadas para que el Estado se dé cuenta que tienen que dar una respuesta oportuna y de calidad, que tienen que monitorear y revisar de qué manera está actuando su personal en la llamada ruta de acceso a la justicia”, dijo Palacios.

La mamá de las víctimas relató a medios locales que la niña de 12 años había sido violada en dos ocasiones y que fue a presentar la denuncia ante la policía y no le dieron respuesta.

El Estado a través de sus instituciones también es responsable por estos hechos de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, al no investigar las denuncias ni dar seguimiento a los casos, dijo por su parte Martha Flores, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.

Pero además las mujeres no pueden salir ni a las calles a exigir justicia porque el gobierno, desde septiembre de 2018, prohibió todo tipo de protestas opositoras o de reclamos sociales, como este caso, lamentó Flores, quien agregó que a pesar de la censura van a seguir demandando justicia.

La Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV) calificó de farsa la propuesta del gobierno de reformar el Código Penal para castigar con cadena perpetua a los asesinos, pues señalan que son las mismas autoridades las que han liberado a los agresores.

Mediante redes sociales la RMCV señaló que “los mismos que no atienden las denuncias de abusos y violaciones en contra de niñas y mujeres, los mismos que mandan a mediar a las víctimas con sus agresores. El mismo Estado que ha liberado a muchos otros femicidas/feminicidas, violadores y delincuentes, vienen ahora con otra medida contradictoria a lo que en la práctica están haciendo. ¡Basta ¡”

Unas 20 mujeres que salieron a la céntrica carretera a Masaya a protestar por el asesinato de las niñas, denunciaron que fueron golpeadas y desalojadas por la Policía Nacional.

Las manifestantes narraron que mientras realizaban la protesta de forma pacífica a la orilla de la carretera sin interrumpir el tráfico ni dañar ninguna propiedad, fueron agredidas por la policía que irrumpió con violencia en el lugar y les arrebataron sus teléfonos celulares y sus pañoletas de colores verde y morado.

20/NR/LGL

Necesario impulsar liderazgos de mujeres jóvenes frente a COVID-19: feministas

 Hazel Zamora Mendieta 

Ciudad de México. La crisis que ha generado la pandemia de la COVID-19 ha hecho evidente que se necesitan liderazgos diversos e incluir a las mujeres jóvenes en la toma de decisiones. 

En ello coincidieron las lideresas de movimientos sociales y políticas que participaron este 17 de septiembre en el diálogo virtual “Mujeres Líderes por la Igualdad Generacional”, organizado por ONU Mujeres como parte de los 25 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995. 

El panel intergeneracional lo conformaron la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka; la primera ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttir, la secretaria de gobernación de México, Olga Sánchez Cordero; la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, la fundadora del movimiento Me Too, Tarana Burke; la activista peruana Inés Yabar; la alta comisionada de las Naciones Unidas en Salud, Empleo y Crecimiento Económico, Alaa Murabit; la fundadora de “Juntos lo construimos”, Hajer Sharief; y la directora ejecutiva del Congreso Verde de Kenia, Anika Jane Dorothy. 

Con la moderación a cargo de la fundadora del Programa de Mujeres y Políticas Públicas en la escuela Harvard Kennedy, Victoria Budson, las lideresas coincidieron que es necesario un liderazgo más diverso, que incluya a todas las mujeres, ahora que las desigualdades sociales y económicas se han exacerbado por la pandemia de la COVID-19.  

La primera ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttir, aseguró que “cuando tenemos un liderazgo diverso, con mujeres y hombres, tomamos mejores decisiones”. En el mismo sentido, la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, mencionó que en respuesta a la pandemia se deben buscar premeditadamente las voces de todas las mujeres, incluyendo las jóvenes. 

La defensora estadounidense, Tarana Burke, subrayó que no es suficiente tener mujeres en puestos de liderazgo, las que lleguen deben reflejar la diversidad de las mujeres e interesarles los Derechos Humanos. Como fundadora de la frase #MeToo, que se replicó en redes sociales para generar conciencia sobre el acoso sexual, Burke habló sobre el futuro del movimiento, dijo que en cinco años quisiera dejar de ser la protagonista para dar el lugar a las generaciones jóvenes.

“Cuando la gente me pregunta ahora cuál es mi visión sobre el movimiento Me Too en los próximos cinco años les digo, es ejercitar mi visión y entrenar a otra persona, yo no debo de ser la cara del movimiento Me Too en cinco años. Siempre estaré conectada con él como la fundadora, pero es un fracaso si después de cinco o diez años sigo hablando del movimiento, es un fracaso personal, político y como movimiento. Quienes nos hemos empoderado tenemos que movernos del camino, hacer espacio y tener la intención de crear esos espacios”. 

Al respecto la alta comisionada Alaa Murabit enfatizó que es necesario mirar el potencial que tienen las niñas y jóvenes para influir en sus comunidades, mirar cómo se les representa y enseña. Ejemplificó que los datos muestran como a la edad de 5 años, 90 por ciento de las niñas creen poder estar en una posición de liderazgo, porcentaje que disminuye al 50 por ciento en la juventud. 

“Hablamos mucho del liderazgo político de las mujeres pero lo encuentro difícil en varios de los países en los que trabajo, ir a hablar con las familias y decirles que su hija debería ser una integrante del parlamento, cuando su hija no puede decidir cuándo o si se va casar, o si tendrá o no hijos. Si no podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo es poco sincero decir vamos a hablar de liderazgos políticos y económicos”. 

La directora ejecutiva de ONU Mujeres Phumzile Mlambo-Ngcuka habló de la importancia de incluir a las juventudes en la respuesta a la pandemia y abordar las desigualdades sistemáticas que ha sacado a la luz. 

“De la misma manera en la que no queremos que los hombres se consideren a sí mismos como el sujeto, y queremos ser parte de la toma de decisiones, es el mismo mensaje cuando hablamos de las mujeres jóvenes, es la misma acción. Algunos años atrás cuando estaba en el movimiento de mujeres a veces sentía que estaba luchando con el patriarcado y la discriminación por mi edad, al mismo tiempo. A veces veo avances en lo que hacemos ahora y honestamente creo que estamos haciendo todo para cambiarlo, pero les digo, si la COVID-19 no nos ha enseñado que esta es la última parada, si no hacemos cambios ahora, realmente vamos a cerrar el paso a un futuro más brillante”. 

El diálogo estuvo organizado junto al gobierno de México y el Consejo de Mujeres Líderes Mundiales. 

Derecho al aborto: sacrificado durante COVID, afirma Declaratoria de OSC

 La Redacción 

Ciudad de México. Organizaciones internacionales que trabajan por el derecho a decidir de las mujeres, realizaron una declaración conjunta sobre el derecho al aborto que presentarán en el 45º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo del 14 de septiembre al 6 de octubre en Ginebra, Suiza, en el contexto del Día Internacional del Aborto Seguro, que se conmemora cada 28 de septiembre. 

De acuerdo con la Declaración de este año (que puedes consultar y firmar aquí hasta el 29 de septiembre), todas las personas tienen derecho a intervenciones que salven sus vidas durante las crisis o fuera de ellas. Sin embargo, los derechos de las mujeres y las niñas a la autonomía corporal y al aborto seguro han sido algunos de los primeros derechos que se han sacrificado bajo el pretexto de dar prioridad al COVID. 

Esto, señaló la declaración, incluye el aborto libre, seguro y legal y la atención integral del aborto y el postaborto, sin los cuales las mujeres y las niñas se ven obligadas a buscar abortos inseguros o a llevar a término embarazos no deseados.

De acuerdo con las organizaciones, durante esta pandemia algunos gobiernos aumentaron las barreras a los servicios de aborto al considerarlo un procedimiento médico no esencial, o usaron la crisis para restringir aún más el acceso, tanto en la ley como en la práctica.

En los sistemas de salud, por ejemplo, la planificación inadecuada y la redistribución del personal médico y los recursos para atender la pandemia por el COVID-19 disminuyeron el acceso al aborto y a la anticoncepción.

Agregaron que las medidas de confinamiento restringieron la posibilidad de trasladarse a los centros de salud, lo que exacerbó los ya “gravosos” requisitos para cumplir con los estrictos límites gestacionales en materia de aborto. Las medidas de encierro también dieron lugar a la pérdida de medios de subsistencia de muchas personas.

De acuerdo con el pronunciamiento, hubo un “dramático” aumento de la violencia en los hogares y de pareja, así como de la carga del cuidado en las mujeres y las niñas, el cierre de las fronteras, las medidas restrictivas basadas en la condición migratoria, así como el racismo sistémico en la vigilancia policial e implementación del aislamiento. Todo esto, señalaron, limitó el acceso a la atención del aborto.

En contraste, durante la pandemia, algunos otros Estados ampliaron los límites legales para el aborto médico y facilitaron los procedimientos de telemedicina, lo que demostró “que estas barreras nunca fueron médicamente necesarias”.

Por todo ello, en el Día Internacional del Aborto Seguro, las organizaciones instarán a los Estados a respetar, proteger y cumplir los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas, con estas acciones específicas:

• Garantizar el acceso irrestricto a los productos y servicios de salud sexual y reproductiva disponibles, accesibles, aceptables y de calidad, incluidos los anticonceptivos modernos y la atención integral del aborto y la atención posterior al aborto a petición de quienes lo soliciten, como parte de la cobertura sanitaria universal y como atención sanitaria esencial, en todo momento, incluso durante la pandemia por COVID-19. Esto debería incluir la opción de la telemedicina, el aborto médico y el aborto autogestionado
• Remover todos los obstáculos jurídicos, administrativos y sociales, incluida la criminalización, que impiden el acceso al aborto en condiciones seguras e implementar la orientación basada en la evidencia para la atención del aborto, y continuar con todo cambio positivo en las leyes y políticas sobre el aborto después de la pandemia
• Adoptar un enfoque interseccional y basado en los derechos para la respuesta y recuperación ante la pandemia por COVID-19 que aborde la supremacía blanca y otras opresiones sistémicas y los determinantes de la salud en la ley y en la práctica. Centrar la justicia reproductiva y su énfasis en los derechos a la autonomía corporal, la autodeterminación, la decisión de tener hijas o hijos, o no tenerlos, en ambientes seguros y saludables al regular el acceso a servicios de aborto, anticoncepción, salud sexual y reproductiva y todas las condiciones materiales necesarias para gozar de estos derechos
• Fortalecer y financiar los sistemas de salud pública a través de los impuestos y sin el control de otros gobiernos, acuerdos multilaterales y empresas transnacionales. Para ello es necesario que los Estados donantes, las instituciones financieras internacionales y otros acreedores y donantes adhieran a los estándares de Derechos Humanos y garanticen que la asistencia financiera y de otro tipo sea sostenible, que esté concebida con una participación significativa de los movimientos feministas locales, las defensoras de los Derechos Humanos, entre otros grupos, como las medidas de austeridad, la privatización y los ajustes estructurales.

La Declaración fue elaborada por la Iniciativa por los Derechos Sexuales (SRI); la Coalición por la Justicia Sexual y Reproductiva; el Centro de Derechos Reproductivos; el Centro de Recursos e Investigaciones sobre la Mujer de Asia y el Pacífico; la Asociación para los Derechos de la Mujer en el Desarrollo , CHOICE for Youth and Sexuality, IPPF, Ipas, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, la Coalición de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos y la Asociación Sueca para la Educación Sexual.

Entre el horror y la resistencia: “Ya no somos las mismas y la guerra sigue”

 Lucía Melgar Palacios 

Imagen cortesía de las Rastreadoras de Sonora

A 14 años del inicio de la guerra contra el narco, las crónicas de un país desgarrado siguen tan vigentes hoy como en 2010. El dolor, el trauma, las heridas en piel y espíritu persisten. El cuerpo recuerda. El cuerpo carga las figuras del horror, las inconcebibles sensaciones padecidas en un auto o una celda; el eco de las injurias, las amenazas, los gritos y los silencios impuestos bajo tortura, el escalofrío ante un cuerpo cercenado, ante una tumba clandestina. El cuerpo siente, sufre, resiste, camina.

Al escribir desde el cuerpo femenino del dolor y de la resistencia ante actos de barbarie que desde fines de 2006 se multiplicaron y no cesan, las autoras y el autor de “Ya no somos las mismas y la guerra sigue” (2020), editado por Daniela Rea, nos obligan a repasar una larga historia que las cifras congelan en 300 mil personas asesinadas, más de 70 mil desaparecidas y quizá medio millón desplazadas – los números aplastan pero no interpelan. Si sólo fuera recordar una catástrofe pasada, este libro que conjunta 21 voces autorales y recoge múltiples voces testimoniantes, sería un intenso pero digno memorial de agravios, una sentida y fuerte denuncia de lo que no debe repetirse.

Para nuestra desgracia, como sociedad, la guerra sigue y las atrocidades, impunes, se siguen acumulando sobre los cuerpos de quienes las padecen, sus familias y amistades; sobre los de quienes las documentan o denuncian. Sobre los nuestros también porque vivir en un país atroz también nos afecta, nos tiene que afectar, nos con-mueve.

La primera parte, “Una piedra cae en el lago”, prologada por Verónica Gago, presenta escenas de territorios ocupados por la violencia, donde las fuerzas armadas torturan, donde desaparecen hombres y mujeres, donde desaparecen policías y “nadie sabe nada”; donde se han montado no una sino cientos de detenciones arbitrarias, seguidas de tortura y exhibición ante los medios (cómplices al no hacer preguntas) para presumir las hazañas del gobierno en turno “contra el narco”; donde cientos de mujeres se convierten en buscadoras y defensoras para encontrar a sus familiares, donde otras muchas exigen por años justicia; donde un pueblo amenazado no encuentra respuesta de las autoridades y tiene que abandonar todo para salvar la vida; donde una mujer acaba por ceder ante la extorsión porque ya no puede más, en un estado (un país) que se vanagloria del progreso pero deja crecer al crimen organizado.

Excepto uno, los relatos evitan los detalles escalofriantes y se centran en las sensaciones de indignación, dolor, coraje, esperanza y desesperanza de quienes han vivido la violencia y sus reverberaciones en cuerpo y espíritu.

Gracias a la sensibilidad del equipo de Periodistas de a Pie y de las escritoras, académicas, investigadoras, ilustradoras y fotógrafos, “Ya no somos las mismas” es también un homenaje a las mujeres que se acuerpan para fortalecerse y seguir adelante y, visualmente, un luminoso collage de miradas que, pese a la obscuridad, conservan la esperanza.

Estas voces, como indica el título de la segunda parte, presentada por Raquel Gutiérrez, aparecen como “un dique en el río”, una muralla de cuerpos enlazados en busca de un país habitable, a través de una lucha por la justicia y la verdad, y, también, de un proceso de sanación individual y colectiva para sobrevivir y re-vivir con dignidad.

La lucha por la justicia, en efecto, no pasa sólo por denunciar y demandar ante un Estado sordo y una sociedad indiferente o traumatizada. Pasa por renovar el lenguaje, descontaminarlo de alaridos e injurias; por enseñar nuevos juegos a niños que imitan a los violentos y aspiran a ser como ellos, a falta de opciones; por aprender y enseñar nuevos saberes como lo hacen juntas madres buscadoras y expertas forenses, por crear un espacio de sanación que rescata tradiciones ancestrales y construir una red mesoamericana de defensoras, por reivindicar en colectivo la memoria de una compañera asesinada y unirse a la exigencia de justicia de su madre.  

La recuperación de la resistencia individual y colectiva en medio del horror y contra él se manifiesta también en la resignificación de palabras cotidianas desde el cuerpo y el deseo de “otra manera de ser”, como escribiera Castellanos. Más allá de las palabras de las autoras y las mujeres que conversaron con ellas, hilar entre texto y texto un vocabulario significativo para ellas, bordarlo con ilustraciones sugerentes y complementarlo con fotografías que dan rostro y contexto a las voces escuchadas, es también un acto colectivo y creativo en busca de una nueva manera de transmitir una mirada múltiple, dolida y esperanzada de la realidad.

Mientras dure la guerra, sugiere este extraordinario libro, la resistencia y la solidaridad persistirán como “esa agua que riega la vida”.

Nota: “Ya no somos las mismas” incluye textos de Daniela Rea, Celia Navarro, Paula Mónaco, José Ignacio de Alba, Lydiette Carrión, Emanuela Borzacchiello, Sara Uribe, Mariana Azahua, Daliri Oropeza, Marcela Turati, Erika Lozano; y fotografías de Erika Meza, Eunice Adorno, Félix Márquez, Héctor Guerrero, Mónica González, Sara Uribe y Ximena Natera, e ilustraciones de Alexandra E. Saavedra López. 

Pide incremento a presupuesto CNEGySR

 Anayeli García Martínez 

CIMACFoto: César Martínez López

Ciudad de México. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) pidió a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados un incremento de 50 millones de pesos (mdp) al presupuesto para atender a mujeres víctimas de violación sexual, recursos que servirán para garantizarles medicamentos que eviten una infección de transmisión sexual; y en caso de ser necesario, el derecho a un aborto seguro.

En México cada año se registran más de medio millón de mujeres víctimas de violación sexual, pero sólo seis mil reciben medicamentos profilácticos en el sistema de salud público para prevenir un embarazo no deseado o una infección de transmisión sexual, incluido el VIH/Sida. Por esta razón el CNEGySR propuso un incremento de su presupuesto para atender, por lo menos, a todas las mujeres que denuncian en el sistema de justicia.

De acuerdo con el proyecto de presupuesto el monto para salud de las mujeres va a la baja. En 2021 se proyecta entregar al Ramo de Salud, por medio del Anexo para la igualdad, 5 mil 026.6 mdp, mientras que este año recibió 5 mil 129 mdp. De estos recursos, en 2020 el programa de Salud sexual y reproductiva obtuvo 2 mil 448.1 mdp y para el siguiente año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público plantea entregarle 2 mil 026.8 mdp.

En una mesa de trabajo virtual que se realizó en septiembre entre legisladoras y funcionarias para revisar el proyecto de presupuesto para 2021, la directora general de Atención a la Violencia del CNEGySR, dependiente de la Secretaría de Salud, Erika Marisol Troncoso Saavedra, resaltó que con 50 mdp más la meta es cubrir la atención de 18 mil carpetas de investigación que en promedio se registran al año, por violación sexual.

La especialista dijo que es crítico garantizar que las víctimas lleguen a los servicios de salud para recibir medicamentos dentro de 72 horas desde que ocurre la agresión, a fin de prevenir daños en su salud. Agregó que la atención integral de la violencia sexual no sólo es en el terreno de la investigación, por ello afirmó que no se va a lograr si solo hay vinculacion con centros de justicia, estancias de las mujeres, Fiscalías y Ministerios Públicos.

Por otro lado, Troncoso Saavedra dijo que existe una necesidad de ampliar las acciones de prevención y atención de la violencia de género. Mencionó que de acuerdo con un monitoreo del presupuesto, el CNEGySR encontró que el año pasado una entidad pudo recibir 15 mdp para operar dos refugios y sólo una quinta parte de este monto, es decir, 3 mdp, para todas las actividades de salud de las mujeres.

La funcionaria reiteró lo que en julio pasado expresó Karla Berdichevsky Feldman directora del CNEGySR, en otra reunión con la Comisión de Igualdad de Género en la cual señaló que la inversión en salud sexual y reproductiva contribuye a mejorar indicadores como la muerte materna, defunciones que en su mayoría son prevenibles y resultado de violaciones a Derechos Humanos, por ello llamó la atención sobre la necesidad de ampliar el presupuesto en esta área.

En el encuentro de hace dos meses,Berdichevsky Feldman también expuso que las medidas de confinamiento domiciliario para evitar la propagación del COVID-19 han llevado a las mujeres a convivir de manera más cercana con un potencial agresor; una situación que calificó de crítica para las niñas. La doctora dijo que solo en 2019 hubo casi 10 mil embarazos en niñas de 10 a 14 años de edad como resultado de una violación sexual.

En este contexto de pandemia, agregó, se preve que al finalizar 2020 se registre un aumento de más de 150 mil mujeres con necesidad insatistecha de anticoncepción y 140 mil embarazos no deseados adicionales, con respecto a lo que se esperaba sin la pandemia; ademas aumentará 20 por ciento la necesidad insatisfecha de anticoncepción en mujeres menores de 19 años y se registrarán más de 20 mil embarazos no planeados en mujeres adolescentes.

Por otra parte, Erika Marisol Troncoso Saavedra, destacó que es necesario integrar el aborto seguro como un programa y una actividad en el presupuesto. El aborto, dijo, es una responsabilidad del sistema de salud que se debe asegurar bajo las condiciones de ley que existen en los estados, pero para ello se necesitan recursos para capacitación del personal, insumos y actividades de seguimiento, para que se atiendan los casos cuando se necesita no cuando se pueda.

Género y desigualdades entre adolescentes

Gabriela Rodríguez*

Gracias a las políticas de población, en este país ya no experimentamos una tasa de crecimiento acelerado, desde 2000 crecemos despacio, este año a una tasa de 1.1 por ciento anual. Lo que sí es un problema es que las adolescentes estén cuidando hijos en la segunda década de su existencia. Una etapa en que tendrían que estar estudiando, preparándose para alcanzar niveles más altos de escolaridad, para crecer con todas sus potencialidades, acceder a mejores condiciones laborales y alcanzar sus sueños e ideales de vida.

En mi colaboración anterior, señalé que se estiman 2 millones 151 mil 358 de nacimientos en este año, de los cuales las adolescentes contribuirán con 373 mil 661 hijos, más de mil cada día, tasa que está descendiendo, aunque de forma muy lenta. A esta cifra se suman 9 mil 876, de niñas madres menores de 14 años. Gran parte de estos embarazos suceden en adolescentes con un menor horizonte educativo, mujeres que no aspiran a llegar al nivel de educación media superior porque son parte de familias que han estado excluidas y que no pretenden ir más allá de la secundaria. Entre las que siguen estudiando el bachillerato, 16.3 por ciento abandona la escuela porque se une a alguien, se casa o se embaraza; entre los hombres, sólo 2.8 por ciento deserta por estas razones. Se deja de estudiar también ante la imposibilidad de pagar los gastos escolares, por necesidad de trabajar para ayudar a los gastos del hogar; 2.5 por ciento de ellas lo hicieron porque tenían que cuidar a alguien o dedicarse a los quehaceres del hogar, razón que es de 1.2 por ciento de los adolescentes masculinos. En el nivel de educación superior, la desigualdad se pronuncia más entre quienes tuvieron hijos antes de los 19 años. Sólo 6.7 por ciento de las madres adolescentes acceden a la formación profesional, cifra que alcanza 22.2 por ciento entre quienes se abstuvieron de tener hijos en esta etapa. La menor escolaridad y la privación de capacidades lleva a un menoscabo de las oportunidades de empleo y de remuneración, existe una brecha salarial de 40 por ciento entre las madres adolescentes y aquellas que tuvieron hijos en la edad adulta.

La asimetría de poder y las desigualdades de género se expresan en las prácticas sexuales y en las pautas reproductivas, sólo 4.3 por ciento del total de las de mujeres unidas deciden cuándo tener relaciones sexuales; si se recurre a métodos anticonceptivos, en más de 90 por ciento de los casos la decisión es del lado de los hombres. Entre las adolescentes, los indicadores de asimetría de poder se pueden relacionar con la edad de su pareja, en una encuesta retrospectiva realizada a féminas de 20 a 24 años, 67 por ciento reporta que su primera relación sexual fue con otro adolescente de 12 a 19 años, en lo que podríamos comprender como una relación horizontal; pero en 19.5 por ciento de los casos esa primera experiencia fue con un hombre 10 años mayor, y en 12.5 por ciento la pareja fue 20 años más grande. Otro factor que ha recibido poca atención en el país es el consumo de alcohol y diversas drogas o sustancias adictivas en las prácticas sexuales; puede haber una pérdida de percepción de riesgo que lleve a tener relaciones sexuales sin protección contra embarazo o infecciones de transmisión sexual. Del total de mujeres adolescentes de 10 a 19 años que consumieron bebidas alcohólicas y han tenido relaciones sexuales en los pasados tres meses, 25.4 por ciento no usó métodos anticonceptivos en su relación más reciente, 21.1 por ciento de los hombres de 15 a 19 años. El abuso y la violencia sexual es una práctica que cada vez cobra mayor visibilidad y que se relaciona con embarazos. Existe poca información, pero 9 por ciento de las mexicanas ha declarado haber sufrido violencia sexual en su infancia.

En el caso de las niñas menores de 14 años, el abuso y la violencia sexual tiene mayor presencia. El contexto en que éstas tuvieron su primera relación sexual antes de los 14 años de edad, 14.7 por ciento reporta que la primera experiencia se dio por convencimiento, coerción o violación y 13.1 por ciento lo hizo al casarse. Entre las niñas ya embarazadas, el progenitor era un adolescente de 15 a 19 años en 40 por ciento de los casos, pero en 22.7 por ciento la embarazó un adulto de 20 a 24 años; en 4.9 por ciento, uno de 25 a 29 años, hay casos de progenitores mayores de 30 años (3.5 por ciento). El matrimonio de niñas, niños y adolescentes es una práctica enraizada en la cultura patriarcal que está prohibida en el país, sin embargo, una quinta parte (20.8 por ciento) del total de las mujeres de 20 a 24 años se casó antes de llegar a la mayoría de edad.

Hoy se cuenta con voluntad política y con una alianza interinstitucional estratégica, el 28 de septiembre se presentará la segunda etapa de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo de Adolescentes (Enapea). No se enfocará sólo en mujeres, sino en los hombres adolescentes, para fortalecer su responsabilidad y solidaridad en la vida sexual; se ampliará el acceso a los servicios de salud reproductiva, de educación integral de la sexualidad escolar y comunitaria, de salud mental y prevención del consumo de alcohol y sustancias adictivas y buscará insertarles en proyectos para mejorar el entorno, sobre todo en los territorios con mayor pobreza.

*Secretaria general del Conapo

Twitter: Gabrielarodr108

“Cuenta hasta 10”, una campaña “fantasma”

Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

Ciudad de México. A casi 4 meses de haber presentado la campaña “Cuenta Hasta 10”, que buscaba prevenir la violencia en los hogares y que tuvo que ser modificada por las críticas que generó, la Oficina de Presidencia contestó a esta agencia en una solicitud de información, que desconoce información básica como quien elaboró la campaña y cuánto costó.

El pasado 26 de mayo, el vocero de la Oficina de Presidencia, Jesús Ramírez Cuévas, presentó en una conferencia de prensa de la Secretaría de Gobernación (Segob) una campaña que se identificó en medios de comunicación y boletines oficiales como “Cuenta hasta 10”. En las postales, videos y audios que integraban la campaña se veía a familias convencionales al borde de un conflicto violento, en el que se representó a las mujeres como ejecutoras y no como receptoras de la violencia.

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Cimacnoticias solicitó, vía transparencia, información a diversas áreas competentes de la Oficina de Presidencia, para conocer el monto asignado a esta campaña que fue difundida en medios digitales, radiofónicos e impresos, así como quiénes participaron en su elaboración. La respuesta de Presidencia fue que no existe documento físico o digital en el que obre el nombre de las empresas, organizaciones civiles o personas que participaron en la elaboración de la campaña “Cuenta hasta 10” para prevenir la violencia contra las mujeres; y que el Presidente de la República no ha encomendado, ni ha girado instrucciones para dar seguimiento y/o atención algún asunto relacionado; ni se han celebrado instrumentos jurídicos para la campaña.

Esta información contrasta con lo que Ramírez Cuevas dijo a la prensa para defender la campaña el mismo día de la presentación. El funcionario aclaró que personas del “sector privado, grupos de mujeres, asociaciones” habrían revisado los materiales. 

Y agregó: “la campaña ha venido desarrollándose en un diálogo con diferentes sectores y se vino afinando el mensaje. La campaña estaba preparada incluso con anticipación y justo en este diálogo se fue transformando para no estigmatizar y para no caer, digamos, en los clichés a los que estamos acostumbrados cuando se aborda el tema de las mujeres. Entonces por eso nos llevó unas semanas más darla a conocer”.

Ese mismo día, la campaña suscitó una serie de críticas de distintas organizaciones feministas que la calificaron como revictimizante, lejana a la realidad de las mujeres y clasista. Días más tarde, la Segob presentó una nueva campaña a la que llamó “complemento” de la anterior. 

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Segob y Presidencia “se echan la bolita”

Cimacnoticias buscó desde mayo pasado a personal de comunicación de la Segob y de Presidencia para conocer los grupos que participaron en la elaboración de la primera parte de la campaña, así como el dinero que se invirtió para la misma; los primeros negaron tener competencia en el tema y los segundos nunca respondieron a esta solicitud. 

Vía transparencia, ambas dependencias alegaron incompetencia. No obstante, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) ordenó a Presidencia dar la información requerida tras argumentar que “resulta que en efecto la campaña fue presentada en la conferencia de prensa por la Secretaría de Gobernación en sus conferencias mensuales sobre violencia contra las mujeres. Sin embargo, estuvo presente el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas y de ello se advierte que no solo como un invitado”.

El INAI también observó, con base en transcripciones de las conferencias mañaneras, que “el Presidente de la República manifestó que atendería una recomendación hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se hará una buena campaña, haciendo alusión a la campaña que es de interés del ahora recurrente. 

En conclusión, este Instituto esta impedido de validar la incompetencia aludida por el sujeto obligado, toda vez que, como se analizó, cuenta con unidades administrativas que tienen atribuciones para conocer de diversos aspectos físicos y financieros, asi como de vigilancia, coordinación y seguimiento, por lo que hace a programas y proyectos de la Administración Pública Federal, y de manera específica, en materia de comunicación social y estrategia de comunicación” 

Por todas estas pruebas, el INAI instruyó a la Oficina de Presidencia a que “asuma competencia, y dé la respuesta que en derecho corresponda en torno al nombre de las empresas, organizaciones civiles o personas que participaron en la elaboración de la campaña Cuenta hasta 10 para prevenir la violencia contra las mujeres…”

Obligada por el INAI, la Presidencia dijo reiteradamente que se hicieron varias búsquedas de la información “con criterio amplio” en las instalaciones de la Coordinación General de Política y Gobierno, es decir tanto en las oficinas ubicadas en Plaza de la Constitución; así como en las localizadas en Avenida Constituyentes.

Sin embargo, dijo, “no se encontró en esta Coordinación General de Política y Gobierno información referente a la solicitud, enfatizando que se realizó una nueva búsqueda exhaustiva, amplia y razonable con criterio amplio ‘…nombre de las empresas, organizaciones civiles o personas que participaron en la elaboración de la campaña “Cuenta hasta 10” para prevenir la violencia contra las mujeres; …’ en los archivos que la conforman sin localizar dicho documento ni elemento alguno que permita advertir o suponer que la misma obró en los archivos de esta Unidad Administrativa”.

La Oficina también alertó que “el Presidente de la República no ha encomendado, ni ha girado instrucciones para dar seguimiento y/o atención a algún asunto relacionado con el requerimiento determinado por el Órgano Garante Nacional a esta Unidad Administrativa, ni algún servidor público adscrita a la misma”.

Además, dijo, “no se cuenta con información que dé respuesta a la resolución de mérito, en virtud de que esta unidad administrativa no ha celebrado instrumentos jurídicos para la campaña que refiere el particular”

Cimacnoticias también solicitó información sobre los costos de esta campaña. En este caso, la Presidencia alegó que la búsqueda de esta información pondría en riesgo la salud del personal por la pandemia. Esta respuesta también se impugnó y está en espera de resolverse. 

Declaraciones de Presidencia no tienen fundamento

Ésta no es la primera vez que la Oficina de la Presidencia no consigue demostrar el fundamento de las declaraciones del Presidente de México o de su vocero.

Por ejemplo, la Oficina de Presidencia se deslindó de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador respecto a que las llamadas al 911 por violencia familiar durante el confinamiento “son falsas” y señaló que quienes pueden responder por los datos son la Secretaría de Gobernación (Segob), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, (SESNSP) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Lo anterior fue respondido en una solicitud de información presentada por la organización civil Equis Justicia para las Mujeres –que acompaña a víctimas de violencia en el acceso a la justicia– a la Oficina de la Presidencia. 

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Por otro lado, el Inmujeres respondió a Equis Justicia que en el primer cuatrimestre de este 2020, 23.9 por ciento de las llamadas al 911 fueron declaradas procedentes. Es decir, estos datos no fundamentaban sino que contradecían la declaración del mandatario. Al respecto de este caso, el INAI también revocó la respuesta de Presidencia y se espera una nueva respuesta. 

En otro caso, Cimacnoticias solicitó a Presidencia conocer el fundamento de una declaración que López Obrador hizo el pasado 4 de abril en un informe sobre la pandemia. El mandatario aseguró: “puedo demostrar que, a la mitad de los hogares del país ya está llegando al menos un programa de bienestar y que 95 por ciento de las familias pobres de México están recibiendo, cuando menos, un apoyo o beneficio. El primero de diciembre de este año podré decir que todos los pobres de México ya cuentan con protección y amparo del gobierno que represento”.  

No obstante, esta dependencia negó tener competencia en el tema y refirió a la Secretaría de Bienestar, quien negó que exista algún documento que demuestre que la información es certera.