China sería ganadora de la guerra comercial y México debe adecuarse

sinembargo.mx

México debe aprovechar un nuevo orden mundial que reste las herramientas que los Estados Unidos hoy utilizan para intimidar al Sur Global.

Mario Campa

Por más empeño que Trump pone en mantener las cartas pegadas al pecho, una evidente obsesión con China delata sus intereses ulteriores. El zigzagueo distractor pierde toda efectividad cuando de la economía asiática se trata. En el Arte de la Negociación, Trump se mostraba convencido de poder leer la mano ajena: “He leído cientos de libros sobre China a lo largo de las décadas. Conozco a los chinos. He ganado mucho dinero con ellos. Entiendo la mentalidad china.” Pero la realidad abofetea a un Trump que no encuentra una salida al laberinto que él mismo creó. La guerra comercial deja en claro que el Presidente tiene poco o nada bajo control.

China pagó por ver las cartas de Trump y escaló la guerra comercial sin dar brazo a torcer. Lujo de pocas economías, China no sólo salió respondón sino que de paso reafirmó su apuesta de retar el orden internacional. Como escuché hace poco decir al brasileño Paulo Nogueira, vicepresidente del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, China desconfía de aquella frase de Keynes de que “en el largo plazo todos estamos muertos” como llamado a la acción. China, en los hombros de una cultura milenaria y la estabilidad política que confiere su régimen—para bien y mal—, planifica y cosecha con paciencia lo sembrado.

Buena parte de la paranoia de republicanos y demócratas hacia China proviene de la seria amenaza que representa para la hegemonía estadounidense. El economista Tomás Piketty lo dijo con claridad en su última contribución para el diario Le Monde: “Si los trumpistas están siguiendo una política tan brutal y desesperada es porque no saben cómo responder al declive económico del país. Medido en paridad de poder adquisitivo […], el PIB de China superó al de Estados Unidos en 2016. […] La realidad es que Estados Unidos está perdiendo el control del mundo”.

Resuena de nuevo aquella frase usada en la campaña de Bill Clinton en 1992: “es la economía, estúpido”. Y es que, sin una economía dominante, mantener el mejor ejército y una red de aliados global se vuelve tarea tan costosa como aquella que significó la claudicación de la economía soviética. Sin dinero no hay imperio.

La dominancia financiera de los Estados Unidos está siendo menoscabada en tiempo real. La política comercial de Trump ocasiona debilidad del dólar frente a sus pares. Los bonos del Tesoro pierden apetito como activo de refugio. La predominancia militar enfrenta limitantes de materia prima, en particular en tierras raras donde China controla la oferta mundial. El poder del consumidor, fuente del eterno crecimiento estadounidense, lucha por recuperar la confianza perdida. La Reserva Federal, cuya independencia parecía intocable, está a prueba con las diatribas de Trump a Jerome Powell, a quien llama abiertamente “gran perdedor” (major loser) en Truth Social. En este escenario de recomposiciones, China se frota las manos.

Que Estados Unidos haya dejado de ser confiable invita a repensar la gobernanza de las instituciones financieras internacionales que dan espinazo a la economía global. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio (OMC), creadas por Estados Unidos para ser pilares del orden mundial de la posguerra, sufren hoy una crisis de legitimidad. En el caso del Fondo, que Estados Unidos tenga el 16.49 por ciento de los votos le obsequia poder de veto de facto al requerirse una supermayoría del 85 por ciento para solventar asuntos de importancia al interior, incluida una reforma a las cuotas de los miembros. Que China sólo tenga el 6.08 por ciento del voto y 6.40 por ciento de las cuotas delata una injusticia diseñada para mantenerla a raya. Los llamados de reforma han sido en vano, pero la erosión de confianza de los Estados Unidos podría alterar la correlación de fuerzas que a su vez detone cambios. Por su parte, la OMC, hoy convertida en florero y agencia de colocación de la élite tecnocrática, está rebasada y enfrenta una crisis de pronóstico reservado.

En el corto plazo, China enfrentará incertidumbre y retos de adaptación. La cuota de mercado de más de 20 por ciento en las importaciones estadounidenses que llegó a tener y que hoy ronda el 13 por ciento seguirá en caída libre con la imposición de aranceles. Es también probable que empresas como TikTok o Huawei enfrenten barreras no arancelarias para hacer negocios en los Estados Unidos. Además, las agresiones a naciones asiáticas como Vietnam y Malasia que concentran inversiones chinas podrían afectar el clima de negocios regional. Sin mencionar que una menor demanda global y las tensiones financieras pueden desacelerar a la economía china. En una guerra comercial, todos pierden en horizontes cercanos.

Pero en el largo plazo, China podría terminar como la gran ganadora de un conflicto prolongado. El cuestionamiento a las multilaterales podría generar una ola reformista a la gobernanza mundial. La incorporación de nuevos miembros a los BRICS ampliaría la zona de influencia china y podría acelerar la adopción de una moneda común y dar vida a un retador del sistema de pagos SWIFT. La reconfiguración de alianzas podría neutralizar a la Unión Europea hasta provocar la revisión de sus aranceles a los automóviles eléctricos chinos. Empresas chinas podrían ser protegidas y escalar hasta retar a Boeing o Nvidia como parte de una estrategia de sustitución de importaciones. Más países podrían invertir en activos ligados al yuan para diversificar reservas. En suma, China podría colocarse como una alternativa seria para colmar los vacíos generados por los Estados Unidos.

¿Debe México distanciarse de China con tal de congraciar a Trump? Desaconsejable. ¿Debe apostar todas sus fichas para atar su futuro a China? No parece ni prudente ni ofrece gran retorno inicial.

México no es Brasil: no tiene la soya, el maíz, la carne y el hierro que demanda el dragón asiático. México compite con China en muchas industrias manufactureras. Abrirse a la entrada de Inversión Extranjera Directa (IED) podría menoscabar la soberanía tecnológica, ya de por sí una quimera en la actualidad. Pero México debe aprovechar un nuevo orden mundial que reste las herramientas que los Estados Unidos hoy utilizan para intimidar al Sur Global. Esos grados extra de libertad darían espacio para recalibrar el modelo económico y evitar errores del pasado. Y arriba en la lista, restar dependencia del hegemón es prioridad. Con guante de seda china, México debe abofetear las imposiciones del Norte Global para ser dueño de su destino. Hoy más que nunca es posible.

Mario Campa

Mario A. Campa Molina (@mario_campa) es licenciado en Economía y tiene estudios completos en Ciencia Política (2006-2010). Es maestro (MPA) en Política Económica y Finanzas Internacionales (2013-2015) por la Universidad de Columbia. Fue analista económico-financiero y profesor universitario del ITESM. Es planeador estratégico y asesor de política pública. Radica en Sonora.

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Trabajadoras independientes y el desempleo de Mujeres jóvenes

 Escrito por Carmen R Ponce Meléndez 

.- La recuperación del empleo post pandemia se caracteriza por su precariedad, afectando en mayor medida a las Mujeres, provocando una mayor pobreza. En el segundo trimeste de este año y conforme a los resultados de Enoe-Inegi, el trabajo independiente creció al 22.9 por ciento del total de la población ocupada, un nivel de 1.4 puntos porcentuales por arriba del nivel observado antes de las afectaciones generadas por la pandemia en el mercado laboral. 

Son 5.3 millones de Mujeres trabajadoras independientes, mientras que en el mismo periodo de 2018 fueron 4.6 millones, un alto crecimiento porcentual del orden de 15 puntos. Esta modalidad de trabajo se ve como una ventana de oportunidad frente al desempleo. 

El llamado trabajo independiente o por cuenta propia se caracteriza por sus bajos ingresos; carecer de derechos laborales, sin acceso a instituciones de salud, sin protección en accidentes de trabajo, donde  las mujeres  son víctimas de acoso laboral y sexual; no tienen estabilidad en el empleo y pueden ser desempleadas en cualquier momento sin poder exigir algún derecho.

El mejor ejemplo son las y los trabajadoras de plataformas digitales como: Uber, Didi, Rappi, etc.; los llamados “gig work” son trabajadoras y trabajadores independientes, por cuenta propia. Les venden la fantasia de compartir la empresa, son emprendedoras y por tanto no son “empleados”, desde esta perspectiva cero derechos.

El pomposo título de “socios repartidores”, esconde una explotación de las y los repartidores porque la premisa de socias permite negar derechos laborales como salud, vacaciones, accidentes de trabajo, etc.. En realidad es una explotación encubierta, no se puede formar un sindicato de“socios”.

El ingreso promedio por hora trabajada de las y los trabajadoras independientes apenas alcanza un promedio de 49.5 pesos, muy inferior a los 78.3 de los empleadores; en tanto que  los datos de personas sin acceso a instituciones de salud es de 13.7 en hombres y 10.5 millones para mujeres trabajadoras, un efecto inegable del “trabajo independiente” (veáse gráfica). 

De hecho las llamadas “socias repartidoras” cuentan con un ingreso mensual promedio de ocho mil pesos, ni siquiera alcanzan diez salarios mínimos.

“Lo cierto es que obtienen muy bajos ingresos, a tal punto que un 20 por ciento declaró que“pasó hambre porque no podía pagar lo suficiente para comer”. Y casi un tercio que no pagaron el monto total de sus recibos de los servicios públicos de sus hogares (luz, gas,agua) en el mes anterior a la encuesta. 

Adicionalmente, un 62 por ciento de los encuestados declaró que perdió parte de sus ingresos debido a dificultades técnicas para marcar la entrada o la salida de sus labores”.

Un factor a considerar es la relación entre trabajo independiente y desempleo juvenil, en las mujeres tiene una tasa de 6.93 para la edad de 15-19 años y 5.77 para 20-29. En contraste la tasa muy baja de 2.06 corresponde del grupo de mujeres trabajadoras con 40-49 años. 

Es sabido que el desempleo más alto del mercado laboral está en la juventud, las altas tasas permiten concluir que no se ha recuperado el nivel de empleo para este segmento demográfico de la población, registrado previo a la pandemia; para mayor información: 7 de cada diez mujeres de 15 a 19 años no tienen acceso a trabajos formales, mucho menos a derechos laborales y sindicalización (ver gráfica).

Y esta situación significa un grave problema social y político generador de pobreza. Según Inegi el trabajo por cuenta propia sumó 345 mil 728 personas a la población ocupada en el octavo mes del año, el trabajo subordinado (generalmente con derechos laborales) tuvo una reducción de 155 mil 726 plazas. 

Implica una amplia desigualdad laboral entre trabajadoras con derechos y las “independientes” sin acceso a derechos laborales, con ingresos muy bajos que las circunscriben a condiciones de pobre intergeneracional.

Los documentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el tema del desempleo juvenil señalan:

“Entre 2019 y 2020, las y los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad experimentaron una pérdida porcentual de empleo mucho mayor que los adultos (definidos como las personas que tienen 25 años o más). 

Muchos de ellos abandonaron la fuerza de trabajo, o no llegaron a incorporarse a ella, debido a la enorme dificultad de buscar y conseguir un empleo en un momento en el que muchos gobiernos imponen medidas de cierre y confinamiento y los empleadores sufrían pérdidas masivas de ingresos como consecuencia del cierre de empresas. 

Además, la fuerte caída de los ingresos familiares y el cambio al aprendizaje a distancia por parte de las instituciones educativas hicieron que la búsqueda de educación y formación fuera más ardua para muchos. En consecuencia, el ya elevado número de jóvenes sin estudios, trabajo ni formación aumentara a partir de 2020.

El déficit global de empleo de los jóvenes con respecto a 2019 ascendía al 8,2 por ciento en 2020, mientras que el déficit correspondiente a los adultos ascendía a menos de la mitad”. 

@ramonaponce

¿Cuánto necesitas ganar para ser de la clase media, según el Banco Mundial?

 expansion.mx

¿Qué es la clase media?

Una persona de clase media tiene ingresos de entre 13 y 70 dólares al día. Es decir, al tipo de cambio de hoy ($19.81), entre 258 y 1,387 pesos diarios, o entre más de 7,740 y 41,610 pesos mexicanos al mes.

“La clase media son hogares que tienen una baja probabilidad de caer en la pobreza, pero no son ricos”, refiere información del Laboratorio de Equidad para América Latina y el Caribe del BM.

La mayoría de quienes son considerados en el rango de clase media tienen acceso a servicios y bienes como: electricidad, agua potable, internet en casa, teléfono celular particular, sanitización y refrigerador, refiere el estudio El ascenso gradual y rápido declive de la clase media en América Latina y el Caribe del BM.

Se desempeñan mayormente en los sectores de servicios, seguidos por la industria. Generalmente son trabajadores asalariados e independientes. En promedio, en los países de la región de América Latina, el nivel de educación es superior a la secundaria completa.

¿Está cayendo en vulnerabilidad?

Tras el paso de la pandemia en México, distintas familias dejaron de pertenecer a la clase media. En 2019 las personas de clase media representaban el 30.6% del total de la población, y en 2020 representaron el 27.6%, refiere el estudio.

“La pandemia de COVID-19 empujó el año pasado a 4.7 millones de personas de la clase media a la vulnerabilidad o la pobreza en América Latina y el Caribe, posiblemente revirtiendo décadas de avances sociales”, refiere el organismo internacional.

Se considera a una persona en situación de vulnerabilidad a la pobreza, cuando tiene ingresos de entre 5.50 y 13 dólares al día, y en situación de pobreza cuando percibe menos de 5.50 dólares por día.

¿Qué pasa con la pobreza?

Si bien los programas sociales impulsados por los gobiernos en América Latina frente a la pandemia, han ayudado a mitigar el aumento de la desigualdad y la pobreza en países como Brasil. En México aumentó la pobreza considerablemente, el nivel de población en esta situación pasó de 20.7% en 2019 a 24.8% en 2020, detalló el estudio.

Durante 2020 y en América Latina, la clase media se redujo a 37.3% de la población desde el 38% en 2019, la clase vulnerable creció de 38% de la población a 38.5% y las personas en pobreza representaron del 22% a 21.8% de la población.

“Los programas de protección social deben reevaluarse para ajustar su alcance e incorporar nuevos beneficiarios. Las transferencias de ingreso son útiles para brindarles a los grupos vulnerables algún tipo de seguridad financiera durante los períodos de confinamiento, pero son temporales y podrían no ser suficientes para evitar una caída fuerte de la clase media”, advirtió el BM.

Para la realización de este estudio y el caso de México, el BM consideró algunos elementos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) como la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, llevada a cabo en 2018.

https://expansion.mx/clase-media-cuanto-gana-segun-banco-mundial

El horizonte económico inmediato

Escrito por Carmen R Ponce Meléndez 

CIMACFoto: César Martínez López

La pandemia del Covid-19 y la invasión de Rusia a Ucrania acelerarán de manera inevitable esta tendencia desglobalizadora.

Junto con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la ruptura en las cadenas globales de valor atribuible a la pandemia fue una primera gran señal de alerta sobre la vulnerabilidad del sistema económico actual. La escasez de semiconductores que aún afecta a la industria automotriz y electrónica en el mundo, así como el aumento desmesurado de los costos de los fletes de Asia a Estados Unidos ilustran con claridad los enormes riesgos que se corren al depender excesivamente de los insumos de una sola región. La enorme dependencia europea del gas proveniente de Rusia y el impacto que la guerra en Ucrania podría tener sobre los precios de alimentos y materias primas es un factor adicional que impactará negativamente a la economía mundial y que revela la fragilidad del arreglo económico actual. En general, estos dos fenómenos han puesto de manifiesto que las premisas bajo las que se construyó una economía excesivamente globalizada eran incorrectas. Gerardo Esquivel, Subgobernador de Banco de México. “México frente a la reglobalización”, 24-3-2022.

Todas estas afirmaciones hablan de un proceso de transición esencial y con amplias repercusiones. No hay vuelta atrás. La carestía en alimentos que hoy se vive en el país y en otras partes del mundo, golpea los bolsillos y la calidad de vida, también forma parte de estas transformaciones y los escenarios para el crecimiento se mueven día a día, no hay certezas.

Con estas referencias la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publica los pre-criterios de política económica para 2023. Su expectativa de crecimiento económico para el próximo año es de 3.5 pero no es la única cifra: la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal) estima 2.9, Banxico 2.2 y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 2.3 por ciento del PIB.

Se prevé un Indice Nacional de Precios al Consumidor de 5.86 (2022) y, 3.98 en 2023, mientras que Banco de México estima que hasta 2024 habrá una estabilidad de precios. El reporte de marzo de ete año es de 7.45 de inflación, cifra muy alta. Los productos con mayor crecimiento en los precios fueron: gas doméstico (7.48); transporte aéreo (41.69); aguacate (13.84) y cebolla 10.87 por ciento.

Las mayores alzas en alimentos con 12.10 por ciento anual se ubican en los estados de Campeche, Zacatecas, Oaxaca y Morelos.

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) los precios mundiales de las materias primas alimentarias alcanzaron sus niveles más altos en marzo, mientras la guerra en Ucrania propaga la conmoción en los mercados. El índice de precios de los alimentos promedió 159.3 puntos en marzo, un 12.6 por ciento más que en febrero de 2022 y un 33.6 más que en marzo de 2021.

En política cambiaria Hacienda estima un tipo de cambio en 21.63 y para el precio promedio del petróleo, 92.9 (2022), disminuye a 61.1 dólares por barril en 2023. El pronóstico es una plataforma de producción de 1 millón 851 millones de barriles, valor superior en 25 millones de barriles a lo previsto en 2022.

El valor de los CETES es alto, 8.03; indica que continuarán los incrementos graduales en las tasas de interés que fija Banxico, en detrimento del empleo y los salarios, a favor de la especulación. Anclados a los movimientos del Banco Central de Estados Unidos (FED).

El documento reconoce como motores de crecimientoy bienestar a la inversión en infraestructura, el mercado interno y el comercio exterior, estos últimos impulsados por la interconectividad que propicie la inversión. En ese sentido, la política fiscal para la segunda mitad de la presente administración continuará orientada a mantener:

1) Finanzas públicas sanas

2) una trayectoria decreciente de la deuda pública

3) incrementar la recaudación a través del combatea la evasión y elusión fiscal.

Significa que la 4T renunció a una reforma fiscal progresiva que se había anunciado para el segundo año de gobierno, y que sigue siendo tan necesaria, tirando por la borda un importante capital político.

Dadas las circunstancias internacionales y nacionales se prevé un posible desabasto de materias primas clave para la industria manufacturera; episodios de volatilidad en los mercados financieros y una recomposición de los flujos financieros, que responden también a las políticas monetarias más restrictivas por los bancos centrales y a la reducción de compras de activos.

Asimismo, el cierre temporal de algunas fábricas por nuevos brotes de contagio, podrían limitar el crecimiento económico global durante el resto del año. Se espera una mayor afectación de Covid en el Sector Servicios, fuente de empleos feminizados.

La expectativa de variación anual en el número de trabajadores asegurados en el IMSS, que estiman especialistas en Economía del sector privado (marzo/2022), es equivalente a 469 mil asegurados para el cierre de 2022 y de 446 mil en el próximo año. El problema central sigue siendo los bajísimos salarios de los empleos, en especial para las mujeres.

Riesgos que pueden afectar la dinámica nacional, según SHCP:

• Prolongación y agravamiento del conflicto en Europa del Este
• Estancamiento del sector industrial y las exportaciones manufactureras
• Rebrote de la pandemia con la aparición de nuevas variantes
• Endurecimiento de la postura monetaria de los bancos centrales de México y Estados Unidos, derivado de una persistente y alta inflación

Acciones para la erradicación de la pobreza:

1. Incrementos anuales del salario mínimo a partir de 2019
2. Regulación de la subcontratación
3. Crecimiento de los programas sociales
4. Reforma laboral

Pese a lo anterior los terribles efectos de la pandemia se siguen expresando en pobreza y empleos de muy baja calidad, no son empleos dignos.

Para Gerado Esquivel el país debe tomar algunas acciones específicas en el futuro cercano: debe invertir más en infraestructura y comunicaciones (puertos, aeropuertos, carreteras), debe reducir la inseguridad que afecta a amplias zonas del país, debe enviar señales claras de respeto y compromiso con los acuerdos comerciales internacionales, debe garantizar la provisión accesible de insumos clave para la producción y debe seguir reduciendo la corrupción para garantizar un piso parejo a los agentes económicos.

Pero sobre todo debe reducir la brecha de género que agobia y limita a las mujeres, más de la mitad de la población. Resolver sus carencias son de una elemental justicia social, su autonomía económica experimentó un retorceso de diez años por la carencia de apoyos y sus condiciones de pobreza.

PD:

El Convenio 190 de Organización Internacional del Trabajo sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo

El día 6 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el decreto que aprueba el Convenio 190 sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, adoptado en Ginebra por la Conferencia Internacional del Trabajo, lo que resulta en una excelente noticia para las mujeres trabajadoras que sufren de acoso y violencia como el pan de cada dia.

Permite resaltar la importancia de una cultura laboral basada en el respeto mutuo y la dignidad al ser humano, protegiendo así a las y los empleados, sin importar su situación contractual y considerar la inversión de la carga de la prueba en procedimientos distintos de los penales, es decir, que la víctima no está obligada a presentar pruebas, ahora esa carga recae en la persona señalada, también amplía la definición de acoso sexual.

En el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género.

El Convenio hace referencia a la reparación del daño de las víctimas, que incluye proporcionarles acompañamiento psicológico y obliga al Estado mexicano a tener en cuenta la violencia de género como riesgo psicosocial. En este mismo orden de ideas, impulsa un enfoque preventivo desde las políticas públicas, haciendo énfasis en la inclusión de campañas de sensibilización.

Compromete a México a combatir prácticas de violencia y acoso laboral contra mujeres y hombres por lo cual deberá recopilar datos y publicar estadísticas sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, desglosados por sexo, por forma de violencia y acoso, y por sector de actividad económica, en particular respecto de los grupos prioritarios.

A la letra el Artículo 1 del Convenio dice:

1. A los efectos del presente Convenio:

(a) el término “violencia y acoso” en el mundo del trabajo se refiere a una gama de comportamientos y prácticas inaceptables, o amenazas de los mismos, ya sea que ocurran una sola vez o se repitan, que tienen como objetivo, dan como resultado o es probable que tengan como resultado lesiones físicas, daños psicológicos, sexuales o económicos, e incluye la violencia y el acoso por motivos de género;

(b) el término “violencia y acoso por motivos de género” significa la violencia y el acoso dirigidos a personas debido a su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género en particular, e incluye el acoso sexual. 

Hacer realidad la aplicación del Convenio es tarea de Sindicatos, Organizaciones sociales y de los gobiernos federal y estatal, ya sea como patrones o como autoridad.

Senado analizará propuesta para desaparecer fideicomisos

 Anayeli García Martínez 

CIMACFoto: César Martínez López

Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos del Senado, que preside la legisladora de Acción Nacional, Kenia López Rabadán, informó que solicitará a la Mesa Directiva turno para conocer la minuta aprobada por la Cámara de Diputados sobre la desaparición de 109 fondos y fideicomisos a fin de rescatar el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Este lunes 12 de octubre, después de reunirse con integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las y los senadores informaron que a la par solicitarán a la Junta de Coordinación Política una reunión para manifestar su postura ante la desaparición del Fideicomiso que “salva vidas”.

La senadora de Acción Nacional manifestó su preocupación porque la desaparición de este y otros fondos está basada en el discurso de la corrupción y aunque dijo estar convencida de que existen irregularidades, señaló que no en este Fideicomiso, sino en la burocracia persistente de este y otros gobiernos. “No puede haber corrupción en una persona que busca a su familiar”, señaló.

Se espera que este martes 13 de octubre llegue al Senado la minuta aprobada en San Lázaro. Es por eso que desde las nueve de la mañana diferentes colectivos de personas que defienden los recursos públicos se manifiestan afuera del recinto legislativo, ubicado en Avenida Reforma, en protesta por el intento de desaparecer estos mecanismos creados por ley.

¿Para qué se usa este Fideicomiso?

Los recursos del Fideicomiso para personas defensoras no pagan salarios ni viáticos, se invierte únicamente en bienes y herramientas para que las personas beneficiarias puedan desarrollar su trabajo y para salvar la vida de quienes están en riesgo, aseguró el consejero del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, Alberto Xicoténcatl Carrasco.

Al respecto, la periodista y consejera Lucia Lagunes Huerta ,dijo que el Mecanismo es un indicador de los retos que enfrenta el país en materia de defensa de Derechos Humanos y libertad de expresión y recordó que la senadora Nestora Salgado García y Emilio Álvarez Icaza fueron beneficiados de medidas de protección cuando eran defensores.

Hace 8 años, a partir de octubre de 2012 y durante 10 meses, Nestora Salgado García comandó la Policía Comunitaria de Olinalá, un poblado enclavado en La Montaña de Guerrero, cargo desde el cual trabajó por la seguridad de su pueblo e implantó un sistema de reeducación para aquellos que delinquieron, un trabajo que le valió ser aprehendida y encarcelada arbitrariamente en agosto de 2013, acusada de robo de armas, secuestro y homicidio.

Ella pasó 31 meses en prisión, primero en un penal de máxima seguridad y luego en la habitación hospitalaria de un reclusorio capitalino, mientras organizaciones defensoras de Derechos Humanos exigían su libertad ante lo que llamaron falsas acusaciones. Incluso en enero de 2016 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU consideró a la entonces comandanta como una defensora perseguida por su trabajo a favor de la seguridad de la población indígena.

La ahora senadora por Morena —el partido que promueve la extinción de los Fideicomisos porque asegura que son fuente de corrupción— aseguró que el presupuesto para estas personas se mantendrá vigente.

Otra consejera del Mecanismo que se pronunció en contra de la desaparición de este Fondo fue Araceli Magdalena Rodríguez Nava, quien es beneficiaria de protección porque tiene amenazas de muerte. Ella es defensora desde que comenzó la búsqueda de su hijo Luis Ángel León Rodríguez, un policía federal desaparecido en 2009 en el estado de Michoacán. Araceli ha vivido con custodia pues en sus indagaciones documentó la relación entre el crimen organizado y las instituciones de gobierno.

Emilio Álvarez Icaza Longoria reconoció que él fue beneficiario y que en 2018 defendió los recursos del Mecanismos desde el Senado. El senador se pronunció a favor de dejar el Fideicomiso como está. Cabe decir que él fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cargo que asumió en 2012 y que dejó en 2016, después de conocer graves violaciones a Derechos Humanos y regresar a México para incursionar en la política.

Al respecto el también consejero del Mecanismo Stefan Markus Zimmer expuso que organismos internacionales han llamado al Estado mexicano a fortalecer el Mecanismo de Protección, por ejemplo, en 2018 los países participantes en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitieron 21 recomendaciones para el Mecanismo y 17 de estas mencionan la necesidad de dotarlo de recursos.

Hasta junio de 2020 en el Mecanismo de protección había 877 solicitudes de protección admitidas, de las cuales 387 eran de personas defensoras y 490 de periodistas. En total desde 2012 se ha beneficiado a mil 621 personas con medidas de protección para salvar su vida.

Transparencia y rendición de cuentas, no desaparecer fideicomisos, piden organizaciones

Anayeli García Martínez 

CIMACFoto: Gabriela Mendoza Vázquez

Ciudad de México. La mejor forma de evitar el desvío de recursos públicos destinados a asistir a víctimas y proteger a personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas, cuyas vidas corren riesgo, es implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, no desaparecer los instrumentos por medio de los cuales se administra este presupuesto.

De acuerdo con la coordinadora de Documentación y Seguimiento de la organización Artículo 19, Itzia Miravete Veraza, y el investigador del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, Ángel Ruiz Tovar, eliminar los fideicomisos de la ley no borra el problema de fondo porque el manejo del dinero público seguirá en la incertidumbre.

En declaraciones a esta agencia los defensores se refirieron al Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, creados por ley hace ocho años gracias al empuje del movimiento de personas afectadas por la violencia, y los cuales corren el riesgo de desaparecer.

La mañana de ayer jueves, la Cámara de Diputados concluyó la aprobación de las reformas a diversa leyes para eliminar seis fideicomisos y 103 fondos, un debate que comenzó el jueves 1 de octubre y que se centró entre el bloque de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que apoyó la extensión de estos mecanismos, y los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), que estuvieron en contra.

Los morenistas, entre ellos la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dolores Padierna Luna, aseguraron que a pesar de la reforma se entregarán recursos para que periodistas y defensores que viven con amenazas puedan acceder a medidas de protección como equipos de telefonía, de vigilancia o autos blindados. Sin embargo, explicaron que ahora los recursos se entregarán a la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Al respecto, Ángel Ruiz Tovar, expuso que una vez que el Senado reciba la minuta debe retomar la discusión que no se hizo en la Cámara de Diputados: revisar los objetivos de cada fideicomiso, sus reglas de operación y los problemas en su funcionamiento. Después de evaluarlos, dijo, podrá decidir si tiene sentido mantenerlos, si deben ser modificados o, en caso de determinar su extinción, prever una ruta para ejercer los recursos que aún quedan.

Uno los temas que se deben tomar en cuenta, explicó, es que hasta 2018 había 364 fideicomisos a nivel federal y los que tienen problemas de transparencia son aquellos que son administrados por instituciones bancarias privadas, los cuales se rigen por el secreto fiduciario; mientras que las bancas públicas tienen obligaciones en materia de transparencia; o bien, revisar la necesidad de tener reglas para contratar servicios y proveedores.

Fondo para atención a víctimas

El investigador señaló que actualmente los recursos para el fideicomiso para periodistas y personas defensoras son administrados por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), una banca pública, y se encuentran a disposición de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, de la Segob, pero por reglas de operación no se pueden utilizar para otros asuntos que no sean las medidas de prevención y atención.

La Unidad hace uso de los recursos del fideicomiso sólo mediante resoluciones de la Junta de de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, integrado por representantes de las secretarías de Estado y de la sociedad civil, quienes evalúan los casos que les llegan y determina qué medidas de protección se requieren.

Con el dinero del fondo la Junta de Gobierno pide a la Unidad de la Segob erogar recursos para realizar manuales, cursos de autoprotección, adquirir equipos de telefonía, botones de emergencia, cámaras de vigilancia, entre otras medidas. La Junta de Gobierno ha informado que hoy en día hay mil 304 personas, 418 periodistas y 886 defensoras, con medidas de protección.

En opinión de Itzia Miravete Veraza este fideicomiso es una especie de candado que impide que el dinero sea utilizado de otra manera que no sea a favor de la vida de las personas, pero si pasa a manos de la Segob, exclusivamente, ese candado ya no existiría, por tanto no se podría impedir que los recursos se utilicen para cubrir el déficit presupuestario de otros rubros de esta dependencia.

Por otro lado cabe decir que en 2017 y 2018 las organizaciones civiles alertaron que este fideicomiso se quedó sin recursos para atender a las personas; sin embargo, el investigador indicó que uno de los objetivos de este fideicomiso es recibir donativos o bienes transferidos por el Gobierno, pero no hay claridad de cuántos recursos recibió por medio de estas fuentes.

Fondo para periodistas y personas defensoras

De acuerdo con la información de Fundar, los recursos para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral son administrados por Nacional Financiera (Nafin) y pueden ser erogados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que asistir a las víctimas con transporte, alojamiento, peritajes, medicamentos, entre otras medidas, y que puedan superar las condiciones de necesidad derivadas del hecho victimizante.

En este caso la ley y las reglas de operación indican que la CEAV autoriza la erogación de recursos en beneficio de las personas que se encuentren en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi). Hasta el tercer trimestre de 2010 el organismo reportó 39 mil 355 personas que solicitaron su registro.

Ángel Ruiz Tovar señaló que entre los elementos a considerar en el caso del fondo para víctimas es que en muchas ocasiones las comisiones estatales de atención alegan falta de disponibilidad presupuestaria por lo que las personas tiene que acudir al mecanismo de la federación. Además, hay que revisar que las víctimas no sólo son las afectadas por un hecho directo, muchas veces también son familiares dependientes o afectados por la misma violación.

Para los defensoras y las agrupaciones que defienden estos fondos, es importante que el Senado revise las fallas y plane medidas para subsanarlas; pero además alertan que así como se aprobó el dictamen ni el Gobierno federal ni la Cámara de Diputados han aclarado cuál es la ruta para desaparecer los fideicomisos y si estos recursos se van a canalizar para la atención de la pandemia por COVID-19.

Una aguja en un pajar: Anexo 13 del PPEF 2021

Carmen R Ponce Meléndez

CIMACFoto: César Martínez López

La violencia contra las mujeres y las niñas es la tragedia de la desigualdad exacerbada en esta pandemia.

Alicia Bárcenas, Cepal

Normalmente los recursos que se asignan al conjunto de programas destinados a la igualdad entre mujeres y hombres (los de género- el llamado Anexo 13), son poco transparentes, se consideran insuficientes (programas y recursos); su seguimiento no ha permitido identificar claramente si el problema de su fracaso, o su impacto tan limitado, está en el monto del gasto asignado, mala administración, objetivos o metas disonantes, o bien, lejanas a la problemática que se pretende atender.

Lo cierto es que hace décadas la situación de las mujeres avanza pero en sentido totalmente negativo, cada año es peor. Ya sea en violencia contra mujeres, situación laboral, discriminación o violencia política. Su entorno es hostil, lleno de obstáculos y con resultados cada vez más limitados, limitados para la sociedad y por supuesto para las mujeres.

Un panorama desalentador, acompañado de una política oficial -presidencial- que no entiende que no ha entendido, ni muestra una auténtica empatía. Esto se vuelve más complejo porque de este gobierno en particular, las mujeres tenían y tienen todavía muchas expectativas de logros, es imperativo allanar el camino y caminar juntos (gobierno y mujeres), en la reconstrucción de ellas y de este país.

Hasta ahora no ha sido así, a estos elementos habría que sumarle la crisis económica derivada de una fuerte crisis sanitaria, un problema de salud complejo. Hay consenso nacional e internacional sobre el alto grado de afectación que esto tiene y ha tenido para las mujeres.

Según ONUMujeres, en México más de medio millón de personas se dedican a la enfermería, con un grado técnico o de especialización y 79 por ciento son mujeres. En el personal médico 39 por ciento también son mujeres. La crisis sanitaria y su complejidad es otro elemento estratégico que descansa en mujeres sobreexplotadas.

Por las labores que desempeñan en el sector salud, las mujeres están en la primera línea de atención a COVID-19 y, por lo tanto, también expuestas a mayores riesgos de contagio y desgaste físico y emocional. Como lo muestran los reportes oficiales, al 16 de junio de 2020, las mujeres representan 57 por ciento de los casos positivos al virus y 29 por ciento de las muertes. Las más afectadas por el contagio son las enfermeras, quienes en su mayoría son mujeres, de acuerdo con el Observatorio Género y COVID-19.

Es urgente pasar de la concepcion errónea de “mujeres heroínas” a la de garantizar sus derechos laborales y su derecho a una vida libre de violencia.

Desde esta mirada y conscientes de que no existen soluciones de generación espontánea, el análisis del proyecto de presupuesto para 2021 -un año muuuy difícil para el país- los recursos etiquetados para la igualdad de género prácticamente no ofrecen una alternativa real de apoyo; vamos, no es un “proyecto de soluciones mediatas o inmediatas”, salvo breves destellos.

Todo indica que la recuperación económica será lenta, debido entre otras cosas, a la caída del poder de compra. El aumento de los salarios mínimos y contractuales es totalmente insuficiente, al igual que la recuperación de empleos en los meses de julio y agosto, mucho menos para las mujeres. Es muy fuerte la caída de la economía familiar por ejemplo, la tasa de desempleo es más alta en mujeres que en hombres: 6.3 frente a 4.8 por ciento.

La línea de la política de gasto público es exclusivamente más austeridad, las prioridades están en los proyectos de dos bocas o el tren maya; programas sociales como apoyo a adultos mayores; los microcréditos de la Secretaría de Economía.

Debido a que uno de los sectores más golpeados ha sido el de las trabajadoras por cuenta propia: se quedaron inactivos un 20 por ciento en abril, esto tiene un componente feminizado importante; unas migajitas para el gravísimo problema de la violencia que sufren las mujeres; también reducción a los aspectos básicos de salud reproductiva y materno-infantil.

Al Programa de Apoyo a las enstancias de mujeres en las entidades federativas (PAIMEF), adscrito a la Secretaría de Bienestar pretenden reducirle 10 millones de pesos para 2021. Haber cancelado las guarderías o estancias por problemas de corrupción, pasando a la modalidad de estos “apoyos” no ha beneficiado  a nadie: ni a la niñez, ni a las trabajadoras; se suponía que dichos “apoyos” eran temporales y se podría disponer de nuevas estancias, con nuevas formas de organización, ajenas a la corrupcion.

Ahora esta posibilidad es mucho más remota o complicada porque si hay crisis, y severa, además los pocos recursos disponibles deberían estar en Salud, por ejemplo.

En suma, se proponen al Congreso 128 mil 092.2 millones de pesos (mdp), es un incremento del 23.7 por ciento, respecto a 2020. La austeridad es aplicada con una fórmula muy simple: reducción de inversión pública y del gasto, que complica más la ya de por sí compleja condición de las mujeres y del país. El Estado -este gobierno en partícular- tienen una deuda pendiente con las mujeres, sobre todo una obligación constitucional.

Y los partidos políticos también. Recientemente el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) emitir el protocolo sobre violencia política de género. Este asunto tiene un retraso de dos años cuando debe verse como una cuestión urgente y es algo elemental, todos los partidos políticos están obligados a contar con esta importante herramienta, con mucha mayor razón el partido que gobierna.

La aguja en el pajar

Si salvar vidas es prioridad, eso debe incluir forzosamente la protección de la vida de las mujeres, ni la pandemia detuvo los altos niveles de violencia, continúan los asesinatos y todo lo que sigue, ya ni siquiera es necesario citar cifras. Entonces, ¿por qué escamotear recursos o seguir omisos? fomentando la impunidad que caracteriza y ha caracterizado la violencia contra las mujeres.

Como se puede apreciar claramente en la gráfica siguiente el total de recursos destinados en forma más directa a esta grave problemática son más que limitados, la aguja en el pajar. Implican un modesto incremento de 9.06 por ciento que palidece frente al crecimiento del 44 por ciento estimado para el Programa de Pensión para Adultos Mayores. ¿Se quiere tapar el sol con un dedo?

Otro incremento a destacar son los recursos previstos para 2021. El Programa relativo a promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, tiene una estimación del 24.4 por ciento, respecto a lo aprobado en 2020. Aquí están incluidas las acciones siguientes:

Coadyuvancia para las alertas de género, y Recursos transferibles para la implementación de medidas que atiendan los estados y municipios que cuenten con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

Innegable que son acciones esenciales para el objetivo de combatir la violencia de género. Sin embargo la evidencia empírica que se tiene es que no están funcionando, la escasez o insuficiencia de recursos no puede ser la única causa, pero sí un factor de gran relevancia.

Por fortuna se crea un Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género sus hijas e hijos, a quien con una propuesta de 405 millones de pesos y será operado por la Secretaría de Bienestar, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).

Este proyecto de Igualdad debe reconsiderarse, a la luz de las necesidades inaplazables de jóvenes y trabajadoras, fuertemente afectadas por una desigualdad con pobreza tan exacerbada, como afirma la propia Cepal.

63 funcionarios del SAT otorgaron perdones fiscales y condonaron impuestos

 Autor: Claudia Villegas

Revista Fortuna. El órgano interno de control del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha iniciado procesos de investigación y deslinde de responsabilidades en contra de 63 servidores públicos de todos los niveles que habrían incurrido en violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos y diversas normas presupuestarias y administrativas.

De acuerdo con información del SAT, los funcionarios investigados incurrieron en irregularidades en el ejercicio de sus funciones al frente de la fiscalización tributaria, lo que daño la operación e ingresos del SAT.

El número de funcionarios bajo investigación tan sólo durante la gestión de la actual jefa del SAT, Raquel Buenrostro, supera ya el número de 21 inhabilitaciones que entre 2013 y 2016 ha reportado el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública.

El Órgano Interno de Control en el SAT recibió información sobre actos, omisiones y delitos en los que habrían incurrido estos funcionarios y que afectaron el cobro oportuno de impuestos.

Si bien el recurso del perdón fiscal quedó eliminado de la legislación, la Jefatura del SAT detectó decisiones discrecionales desde las oficinas regionales que provocaron quebrantos a la autoridad fiscalizadora. Se indaga, por lo tanto, cómo se otorgaron esos perdones a nivel de las oficinales regionales del SAT.

En julio de 2019, la Secretaría de la Función Pública y el SAT firmaron un convenio para compartir más información, de manera más segura, aprovechando las tecnologías, garantizar la protección de datos personales y, al mismo tiempo, evaluar mejor la evolución patrimonial y los conflictos de interés de los servidores públicos.

Durante los últimos seis meses, el SAT ha logrado el cobro de al menos 30 mil millones de pesos por concepto de deudas con grandes contribuyentes. En el SAT también se inició una cruzada contra compañías que usaban empresas y operaciones fachada para emitir facturas falsas. Por ello, el Órgano Interno de Control –que depende de la Secretaría de la Función Pública– realiza las investigaciones necesarias para fincar responsabilidades en contra de los funcionarios que hubieran colaborado en el esquema de defraudación de las factureras.

La violación a leyes y normatividad presupuestal es, en la mayoría de los casos, los delitos en los que han incurrido funcionarios inhabilitados entre 2013 y 2016, de acuerdo con los registros de datos abiertos de la Secretaría de la Función Pública.

Funcionarios inhabilitados por el Órgano Interno de Control en el SAT (2013-2016)

Juan Gabriel González Martin

Luis David Ceron Caballero

Luis Jaime Hernández Ponce

María de los Remedios Becerra López

Carlos Alberto Silva Díaz

Édgar Macario Reyes Domínguez

Francisca Leyva Romero

Alejandro Nava Martínez

Carlos Alberto Silva Díaz

Édgar Macario Reyes Domínguez

Juana Rodríguez Tinajero

Aracely Morales Reyes

Karla Guadalupe Rosas López

Miguel Ángel Torres Hernández

Perla Xochitl Reyes Vega

Jorge Sánchez Hernández

Eulalia Gómez Sánchez

Guillermo Édgar Chávez Jaimes

Martín Fernández Castellanos

Fuente: Secretaría de la Función Pública. Datos abiertos

Posibilidades y limitaciones de una política económica austera en tiempos de crisis sanitaria y económica

 Carmen R Ponce Meléndez 

CIMACFoto: César Martínez López

Conforme al Paquete Económico para 2021 -entregado al Congreso de la Unión el 8 de septiembre- se estima una caída del PIB de 8 por ciento para este año, seguida de una recuperación de 4.6 por ciento en 2021. En la exposición de motivos de Hacienda se reconoce y atiende la problemática de una recuperación económica, frente a una crisis sanitaria nacional e internacional, donde la supervivencia física de la población debe considerarse como prioritaria.

Este Paquete contiene los lineamientos de política económica para el próximo año, el gasto público y la Ley de Ingresos. Todo ello se pone a consideracion del Congreso, deberá aprobarse a más tardar el 15 de noviembre del presente año.

Según el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, “la política económica está dirigida a proteger a los que menos tienen, a los ciudadanos les digo que no los dejaremos solos y que de esta saldremos todos juntos”. La recuperación económica indispensable, dependerá en gran medida del descubrimiento y aplicación de una vacuna para el COVID-19.

Conforme al marco macroecnómico se estima un tipo de cambio en 21.9 pesos por dólar y un precio promedio de la mezcla mexicana de 42.1 dólares por barril, con una plataforma de producción de petróleo de 1.857 millones de barriles diarios.

El gasto programable mantiene una participación importante en el PIB, del orden de 18.5 por ciento, la inversión es reducida (3.3 por ciento) al igual que los ingresos petroleros (ver gráfica).

Los ingresos presupuestarios proyectados son de 5 billones 539 mil millones de pesos, esto es 3 por ciento menor en términos reales respecto de lo aprobado para 2020. Se estima un gasto público total de 6 billones 295 mil millones de pesos, implica una reducción de 0.3 por ciento real, respecto al de este año.

Los ingresos tributarios -son aquellos que se obtienen por la acción de recaudar los impuestos provenientes de las ganancias obtenidas y de la comercialización de bienes y servicios, por parte de la ciudadanía-, y son fundamentales. Su comportamiento depende de la recuperación del empleo y en general de las actividades económicas, actualmente muy fracturadas, las cifras de Inegi o estimaciones del PIB en este año son muy preocupantes.

La inflación se preveé en un 3.0. Esta meta es sustancial porque lo que ahora se aprecia es un crecimiento en los precios de los básicos, que le pegan directamente al bolsillo de las familias. Es una combinación negativa muy grave: desempleo y crecimiento de precios en alimentos.

Como ha venido sucediendo la tasa de interes se reducirá al 4.0 por ciento, desalienta la inflación y la especulación financiera. Se supone que también incentiva la inversion directa, la que genera empleos.

De acuerdo con la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto (PPEF 2021), se asignarían 151,622.9 mdp para reducir las carencias que persisten en el acceso al derecho a la salud. Esto se repartiría en el Programa de Vacunación —que el próximo año cobrará importancia por la pandemia de COVID-19—, la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social y el Programa IMSS-Bienestar, entre otras áreas.

La redistribución del ingreso y el bienestar social se focaliza en seis ejes: pensión para adultos mayores; apoyo para el bienestar de las niñez, hijas e hijos de madres trabajadoras; pensión para las personas con discapacidad permanente; jóvenes construyendo futuro; producción para el bienestar  y precios de garantía, así como sembrando vida.

Todos estos programas están dirigidos a la base de ingresos de la población, la que requeriere con urgencia apoyos. Sin embargo no hay un apoyo directo para el desempleo, toda esa población que de la noche a la mañana perdió sus ingresos o bien, se le redujeron hasta en un 50 or ciento, o más. Se rechazó la posibiidad de un seguro de desempleo y la de un ingreso vital, ambas propuestas por académicos y especialistas en los temas.

La Secretaría de Economía mantiene su programa de apoyos con microcréditos para las micro y pequeñas empresas, son créditos a la palabra y seguramente de muy dudosa recuperación para el gobierno, mientras que para las empresas apenas un granito de sal. Con austeridad de gasto como línea política y sin reforma fiscal que genere más recursos al Estado, es muy poco lo que se logrará, el enfásis debe estar en la recuperación del empleo, pero del empleo formal, lo actual es crecimiento del informal, sin salario digno o calidad de vida.

En esa misma línea para 2021 debe continuarse con la implementación de la Reforma Laboral y su necesaria adjudicación de recursos. Conforme al artículo tercero transitorio del Decreto de Reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicado el 1 de mayo de 2019, para mayo de 2021 el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), deberá iniciar su función de registro de sindicatos y contratos colectivos en la totalidad del territorio nacional, por lo que se instalarán 24 oficinas registrales en las entidades federativas para absorber las funciones que actualmente realizan 58 Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; así como para operar nuevos procedimientos en materia de organización y verificación de procesos de democracia sindical, y el seguimiento de quejas en el marco del Capítulo 31 “Solución de controversias” del T-MEC. Hay un compromiso internacional, con un acuerdo laboral dentro del Tratado que no se puede ignorar.

Ahora que atendiendo los incrementos y recortes de gasto previstos o propuestos por Hacienda para 2021, se aprecia que Turismo registra el crecimiento más alto de su gasto (641.5 por ciento). Obedece a que es una actividad muy golpeada por la pandemia; a los proyectos como el tren Maya, pero fundamentalmente a la imperiosa necesidad de resucitar una actividad económica que es la tercera fuente de divisas (después de exportación de Manufaturas y Remesas), por si fuera poco importante fuente de empleo, sobre todo para Mujeres.

Defensa Nacional muestra un incremento de 15.7 por ciento y Salud 9.1 por ciento, aquí la pregunta obligada es si ese sector ahora estratégico, podrá con un gasto tan lmitado. Los ajustes a la baja están en Comisión Federal de Electricidad (-11.6 ); Secretaría del Trabajo (-20.3 ) y, Hacienda (-17.3 por ciento). Para IMSS e ISSSTE su gasto se incrementará en 5.7 y 3.3 por ciento, respectivamente.

La pelota está en la cancha del Congreso, pero con un margen de maniobra muy limitado y pocas posibilidades reales de pasar a un gasto más expansivo, con una mirada de protección y sustento para la clase trabajadora. Es un Paquete eonómico que cumple con las expectativas del Sector Financiero.

Las altas mareas y la austeridad

Rolando Cordera Campos

El Presidente podrá patentar su vacuna de no endeudarse que ha sido exitosa para enfrentar la crisis económica ( La Jornada, p. 1, 28/08) pero las estimaciones sobre el tiempo que se llevará la economía para recuperar sus niveles de 2018 nos hablan todas de un lapso prolongado y nada fácil, menos exitoso si por ello entendemos algo más que volver al 18 cuando las cosas no estaban nada bien.

Los indicadores presidenciales sobre el desempeño de la economía se han difundido con amplitud y desde las mañaneras con peculiar intensidad, pero no puede decirse que hayan logrado conmover a los espíritus animales donde Keynes veía el mejor caldo de cultivo para más y nueva inversión y consumo, determinantes inapelables del bienestar económico y hasta del bienestar social.

La Concamin reconoce unos primeros brotes de recuperación industrial, pero reitera su llamado a acciones y promociones de largo aliento destinadas a sacar a esta actividad decisiva del pozo recesivo en que empezó a caer desde antes de que la pandemia estallara. José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios de dicha confederación, y director del IDIC, vuelve sobre sus análisis del sector y de la coyuntura en que está inserta y advierte contra el festinamiento del T-MEC, instrumento útil sin duda si lo sabemos usar, pero cuyas potencialidades están amarradas estrechamente a las dinámicas de la economía estadunidense, todavía en trance recesivo y sometida a los avatares de una pandemia que hasta la fecha se ha probado indomeñable.

No las tenemos todas con nosotros y en eso y mucho más somos contemporáneos de casi todo el resto del planeta. Puntos más o menos en el (de)crecimiento del PIB, miles más o menos en los contagios o los decesos, nunca como ahora tiene plena validez aquello de que las comparaciones son odiosas y no siempre enseñan. A veces confunden y llevan a triunfalismos fútiles y contraproducentes.

Se empieza a anunciar que el Presupuesto de Egresos para 2021 viene apretado como reflejo inmediato de los impactos fiscales de la caída económica y se habla de la desaparición de más de una decena de subsecretarías. Veremos en su momento de qué se trata y qué implica para la buena marcha del gobierno. De lo que podemos estar seguros es de que en las familias de muchos servidores públicos de alto o mediano nivel cunde el desasosiego, cuando no el pánico.

El secretario de Hacienda y sus colaboradores saben bien que esos tijeretazos tienen efectos nimios sobre los equilibrios fiscales y más de un experto en la administración pública puede ilustrarnos sobre la inutilidad de estas jibarizaciones del Estado. Los cierres de oficinas y ceses de funcionarios pueden implicar pérdida inmediata de experiencias y destrezas que no se suplen con facilidad. Tampoco, sólo con lealtad y militancia. No hay recuperación pronta de estas pérdidas que pueden afectar la buena marcha de la conducción política del Estado.

Lo que tendrá entre sus manos el secretario Herrera en estos meses, si en efecto se realiza una nueva poda, es un problema político de magnitud variable pero casi siempre significativa si ponemos en perspectiva la necesidad cada día más urgente de contar con un gobierno dispuesto a gestionar la incertidumbre y a promover acciones públicas y privadas que desaten una corriente masiva de inversiones, de ampliaciones de plantas y renovaciones de equipos y técnicas. Sin hacerlo, sólo nos queda el horizonte de repetir la triste historia de estos más de treinta dolorosos años de cambio estructural, globalización y buen comportamiento fiscal que nos ha depositado en esta playa de la desolación y el desencanto.

Jugar con las expectativas, como sucedáneo de la política y la acción colectiva articulada por el Estado, siempre ha sido peligroso a más de costoso. No hay narrativa capaz de sustituir la falta de inversión y la ausencia de confianza en el régimen económico que, a golpe de decisiones atrabiliarias, ha ido implantando el gobierno. No es cancelando obras y frenando inversiones, como ha ocurrido con el aeropuerto o la cervecería en Mexicali; tampoco, empeñándose en una política de austeridad que más que republicana tiene túnica franciscana y empobrecedora desde abajo.

Necesitamos del Estado para que haya seguridad y crecimiento; financiamiento oportuno y transparente. De otra manera, podemos sumirnos en un oleaje que en vez de depositarnos en la orilla nos remonte a donde imperan los mares de fondo y las corrientes de marea alta.

Sumar esfuerzos para la recuperación económica

Editorial La Jornada

Amedio año de que estallara a escala mundial la pandemia de Covid-19, es sabido que esta enfermedad ha dejado una estela de pérdidas humanas que, lamentablemente, habrá de continuar durante varios meses, si bien con una intensidad contenida gracias a los esfuerzos de distanciamiento social y al mejor conocimiento del patógeno que la causa. Asimismo, se ha vuelto un tópico el decir que las consecuencias económicas del coronavirus son ya más profundas y muy probablemente serán más duraderas que sus impactos en la salud pública.

México no escapa a esta realidad: en el segundo trimestre del año, el producto interno bruto (PIB) se contrajo 18.7 por ciento, y aunque se prevé que con la recuperación que tendrá lugar en el tercer y cuarto ciclos trimestrales la caída de la economía se situará en torno a 7.4 por ciento del PIB, ello no evitará que se trate del mayor descalabro en un siglo. Asimismo, sólo entre marzo y julio se perdieron más de un millón 100 mil empleos, de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, y un número incalcula-ble de personas que laboran en la informalidad se vieron privadas de sus fuentes de ingreso. Por su parte, las finanzas del sector público se han visto sometidas a una inesperada estrechez, ya que los ingresos del gobierno federal retrocedieron 4.7 por ciento en el primer semestre del año.
Ante este panorama, cabe destacar que hasta ahora se mantengan los programas sociales prioritarios, entre los que sobresalen los apoyos entregados a los adultos mayores, y que exista el compromiso de mantenerlos a salvo de los inevitables recortes de los que vendrá acompañado el Paquete Económico 2021 que se entregará al Congreso de la Unión. Otro alivio para los sectores populares, en medio de la crisis económica, es el que representan los microcréditos a la palabra, por 25 mil pesos, que hasta ahora han beneficiado a 977 mil 775 ciudadanos, la mayoría pequeños empresarios del sector informal.
Pero está claro que estas medidas no pasan de ser paliativos, y que la recuperación de la actividad económica exige cuantiosas inversiones con un enfoque estratégico y de bienestar social, así como de acuerdos de gran calado entre las autoridades y la iniciativa privada. En este sentido, parece una señal alentadora el mensaje emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de la buena relación de su gobierno con el empresariado y de los avances logrados gracias al entendimiento mutuo, en particular, el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, la sostenida recuperación del poder adquisitivo del salario, y la reforma al sistema de pensiones (todavía pendiente de trámite legislativo).
Cabe esperar que los empresarios nacionales recojan la mano tendida por el Ejecutivo federal, que depongan las mezquindades y el ánimo de golpeteo político por el cual se ha caracterizado una fracción del sector patronal, y que se sumen sin ambages a los ingentes esfuerzos para impulsar la recuperación de la economía, siempre en el entendido de que los sectores más desfavorecidos son y deben ser prioridad de toda política de crecimiento.

Indicadores de la regresión económica

La Jornada: 

José Antonio Rojas Nieto

En 2018 la energía inyectada por los generadores –públicos y privados– fue del orden de los 314 mil millones de kilovatios-hora (Kwh), es decir, 314 teravatios-hora (Twh). Con esa energía inyectada a la red se registró un consumo final de electricidad de alrededor de 270 Twh, luego de pérdidas técnicas y no técnicas.

Este consumo final tiene tres grandes componentes: 1) el abastecido por la CFE suministro básico del orden de 220 Twh, a los que se usan otros pequeños consumos; 2) el abastecido por diversos suministradores calificados, apenas poco más de cuatro Twh; 3) el abastecido por las figuras de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, usos propios continuos e importaciones en las que la energía se entrega a las cargas quelegalmentese registran como miembros de asociaciones de autoabasto y que en conjunto consumieron poco menos de 40 Twh en 2018.

Así, por el consumo final de electricidad que se alimenta de las redes públicas en México, en 2018 se registró ese total ligeramente mayor a 270 Twh, equivalentes a 86 por ciento de la energía originalmente inyectada a las redes nacionales de transmisión y –en una porción muy pequeña– a las redes generales de distribución. Una parte del 14 por ciento restante corresponde a las pérdidas técnicas de energía, en estándares muy próximos a los internacionales, tanto en las redes nacionales de transmisión como en las redes generales de distribución.

La otra parte a las pérdidas no técnicas, en torno a las cuales se formulan perspectivas de comportamiento mejor. Hay, también y por cierto, un consumo suplementario. El de autoabastecedores que generan y consumen su propia electricidad. Sin entrar a las redes nacionales. Pemex, incluido aquí, por cierto. Las estimaciones de 2018 ubican este consumo entre 15 y 20 Twh. Por una capacidad instalada del orden de 5 mil megavatios (MW) y una operación de 2 mil 700 horas al año. Pero su futuro puede ser interesante si se desarrollan –como debiera ser– formas descentralizadas de energía, que se instalen no sólo con impecabilidad técnica, sino con justeza económica.

Entre ellas la fotovoltaica en los hogares o los aerogeneradores en escala adecuada para diversos servicios en pequeñas comunidades aisladas que posean recursos eólicos. Agreguemos a estos números los de 2019 y los esperados para este 2020, considerando los datos reales a julio. En 2019 la energía inyectada a las redes fue del orden de 321 Twh, poco más del 2 por ciento que en 2018. El consumo final creció en una tasa similar. Pero las ventas de suministro básico y de suministro calificado casi no variaron. Sí, en cambio, la energía suministrada por los autoabastecedores. Poco más de tres por ciento, merced a los beneficios implícitos logrados irregularmente por esta figura.

Para este 2020 se estima ya una caída de la energía inyectada a la red del orden de 3.6 por ciento, poco más de 10 Twh. Las ventas descenderían cerca de 6 por ciento. Pero el suministro de autoabastecedores no. Incluso, podría crecer un poco. Sí, es cierto que experimentaremos el descenso más drástico de la historia del sector eléctrico, por la más drástica caída de la vida económica, derivada, evidentemente, de la terrible pandemia. Y eso a pesar de recuperaciones significativas que se perciben, por ejemplo, en la zona noroeste del país. De veras.

Sin forma y sin reforma

La Jornada

Rolando Cordera Campos

Números del derrumbe:actividad económica se reduce en 25 estados, encabeza Dora Villanueva su nota del jueves pasado en La Jornada.Estrategia anti-Covid dejará multitud de nuevos pobres. El nivel más alto en lo que va del siglo: Gerardo Esquivel, titula Israel Rodríguez su entrevista también en La Jornada del 30 de julio.

A su vez, el Inegi reporta que en el segundo trimestre del año el PIB se redujo 18.9 por ciento en relación con el mismo trimestre de 2019; 17.3 por ciento comparado con el trimestre anterior y 10.5 por ciento si se hace con el mismo semestre del año anterior. Las caídas en el sector industrial recuerdan abismos alpinos: -26por ciento, -23.6 por ciento y -14.7 por ciento, respectivamente. Un desplome en toda forma que ninguna métrica alternativa podrá modular, opacar, disminuir.

Tan temprano como en 1925 Keynes, quien ya meditaba sobre “el fin del laissez faire”, se preguntaba sobre el sentido del socialismo, y en comunicación con el periodista inglés Henry Brailsford a propósito de su libro Socialism for Today, aseguraba que aún debía dedicarle tiempo a reflexionar sobre sobre elfuturo ideal de la sociedad.

En el presente, continuaba el genio inglés, siento que esto debe atacarse en primera instancia desde el lado ético más que desde el punto de vista técnico de la eficiencia económica. Lo que necesitamos es una forma de sociedad que sea éticamente tolerable y económicamente no intolerable( The Price of Peace. Money. Democracy and the life of John Maynard Keynes, Zachary D. Carter, Random House, 2020, p. 146).

Quizás, esta triple y letal crisis nos ha traído de vuelta a aquello que creíamos era el punto de inflexión en la historia moderna de la sociedad occidental y el capitalismo, el prolegómeno de una nueva economía para una nueva y buena sociedad. Reducidos a nuestra mínima expresión, tanto en la relación primaria con la naturaleza como en la que articula nuestros intercambios diarios con la producción y la distribución, que solemos llamar la economía, topamos a diario con la salud, la enfermedad y la muerte, y, por otro lado, con la (in)satisfacción material cuyas carencias han vuelto a poner a millones de personas frente a la penuria extrema y el hambre.

Preguntarse si estamos tocando fondo o ya lo hicimos, parece así un ejercicio pueril. Como bien advirtiese el colega León Bendesky en su artículo del lunes pasado aquí en La Jornada, no es una pregunta que pueda dar lugar a un discurrir sistemático, menos a la configuración de una política o programa para reactivar la economía infectada por el Covid-19.

Al cerrar el importante coloquio sobre economía y sociedad a partir de la pandemia, al que convocaron la senadora Ifigenia Martínez y el diputado Porfirio Muñoz Ledo, nos invitan a realizar, sobre la marcha, lo que debería ser un Consejo Económico y Social del Estado abocado a deliberar racional, política y éticamente, diría yo a la Keynes, sobre nuestra circunstancia y lo que podemos hacer para superarla por el bien de todos. Hay material con qué hacerlo gracias a las docenas de foros, intercambios, encuentros y escritos producidos y circulados en estos meses de encierro desde la academia, la empresa y hasta de algunos medios informativos absortos en la estrambótica operación mediática orquestada por el Presidente desde su mañanera y desplegada ahora sobre el sistema de procuración y administración de la justicia con el llamado caso Lozoya.

No va por ahí, por lo pronto, el discurrir gubernamental centralizado en la Presidencia y el Presidente. Ahí, impera la ilusión en una pronta recuperación económica y una súbita derrota del virus. Todo, hasta el bienestar generalizado evaluado por nuevas métricas, será realidad instantánea, milagroso fruto de la magia del mercado y la voluntad del poderoso.

No está bien que el Presidente anteponga el derecho a réplica que, en su opinión, le asiste en todo tiempo y lugar, a su obligación de reflexionar y, desde el Estado, diseñar políticas y programas urgentes como lo exige la situación.

No hay tal cosa como inerciahacia arribadesde el fondo del pozo. Lo que sí puede tornarse obsesión fatal es que, habiendo to-cado un supuesto fondo, la sociedad pierda el mínimo control que aún tiene sobre su economía y se instale en una autodestructiva confusión geográfica en esas profundidades y convierta al fondo en la única realidad transitable. Así ha ocurrido y puede ocurrir y durar mucho.