12/23/2017

Criminalizan a migrantes centroamericanas en Chiapas


  Por su condición migratoria las acusan de trata de personas



En el municipio de Tapachula, Chiapas, en la frontera sur del país, organizaciones civiles con trabajo en Derechos Humanos documentaron que existe un patrón de criminalización hacia mujeres de origen centroamericano, quienes son acusadas de los delitos de trata de personas o lenocinio.
En colaboración con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (Prami), presentó en noviembre la investigación “Criminalización de mujeres migrantes”, en el que analizaron cinco casos de migrantes centroamericanas y una mexicana, acusadas por el delito de trata de personas en Tapachula.

En 2013 el Prami participó en la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos que ingresa cada año al territorio mexicano, ahí conocieron que un grupo de mujeres migrantes permanecían privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Femenil Número 4 (CERSS) ubicado en Tapachula, todas, acusadas por el delito de trata de personas.
Esta situación llevó a las organizaciones civiles a sistematizar los datos de las personas centroamericanas recluidas en prisiones de Chiapas. Observaron que a diferencia de los hombres (acusados de homicidio, posesión de armas, y delincuencia organizada) a las mujeres les imputaban delitos de trata, lenocinio o delitos sexuales.
De acuerdo con la investigación, en 2015 en el CERSS de Tapachula había 96 mujeres privadas de su libertad; 23 de ellas estaban acusadas por el delito de trata de personas, la mayoría (70 por ciento) provenían de Honduras, El Salvador y Guatemala.

Dos años después, en 2017, sólo una permanecía en reclusión puesto que en los otros casos no hubo elementos para corroborar que cometieron el delito.
Con estos datos las organizaciones se acercaron a seis mujeres migrantes del CERSS acusadas de trata de personas, en todos los casos encontraron que no había pruebas que las responsabilizara del ilícito, asimismo, había irregularidades en las investigaciones, fueron engañas o torturadas para confesarse culpables y nunca se respetó su derecho al debido proceso y su presunción de inocencia.
LOS CASOS
Rosa Elvia Murcia Díaz, una mujer hondureña que viajó a México para encontrar mejores condiciones de vida, estaba en proceso de solicitar una estancia por razones humanitarias en Tapachula. En 2015, un joven se le acercó preguntando la hora, después le pidió “ayuda para conseguir a cinco mujeres para su fiesta de despedida de soltero”. Elvira terminó la conversación y se fue.
Un día después, un grupo de personas encapuchadas vestidas de civil la obligaron a subir a una camioneta amenazándola con un arma de fuego y con asesinarla y violarla. La mujer se dio cuenta que uno de los captores era el joven que se acercó con ella el día anterior.
Después la obligaron a firmar un papel en blanco. En horas, la Policía Federal la presentó ante los medios de comunicación junto con dos hombres de nacionalidad mexicana y uno de Nicaragua –que no conocía- como parte de un operativo “exitoso contra la trata de personas por explotación sexual comercial”, en el que rescataron a seis mujeres menores de edad.

La versión oficial dijo que la detuvieron en una casa donde explotaba sexualmente a cuatro menores de edad mexicanas y dos centroamericanas. Las personas que hicieron la denuncia nunca se presentaron a declarar y hasta 2017 continúa en el CERSS de Tapachula en espera de que acepten la tercera apelación que impone a la sentencia de cinco años de cárcel que le dictaron.
Otro caso es el de la hondureña de 41 años de edad, Lorenza Obdulia Reyes. En octubre de 2014 un operativo “anti-trata” de la Policía Federal y Fronteriza irrumpió en el bar de Tapachula donde trabajaba como mesera. En este también participó un agente del Instituto Nacional de Migración (INM), quien dijo que el operativo no estaba autorizado y simplemente se retiró de la zona.
Lorenza fue detenida en el Ministerio Público, un policía se acercó y le advirtió que no firmará nada, pues sabía que era inocente. Sin embargo, las autoridades ministeriales la engañaron para que firmara unos papeles en blanco sobre su liberación. Ella aceptó pero fue trasladada al CERSS de Tapachula.
La acusaron de trata de personas con fines de explotación laboral con tres años de prisión e impidieron a sus compañeras de trabajo que declararan a su favor.

Entre las entrevistas por las asociaciones, también está el caso de una mexicana perteneciente al municipio de Tapachula, Rosario Noriega Soto. Ella relató que unos policías vestidos de civiles llegaron a su casa y le dijeron a ella y a su esposo que su hija estaba en el hospital. Subieron a una patrulla con ellos y los trasladaron a la Estación Migratoria Siglo XXI.
Más tarde, a Rosario Noriega la policía fronteriza la interrogó y obligó a firmar un documento tapándole con una mano el texto, con éste la trasladaron directamente al Centro de Reinserción Social Femenil de Tapachula. Ahí, el alcalde de la prisión la regresó a la estación migratoria porque no cumplieron los requisitos para ingresarla, finalmente la sentenciaron a 20 años de prisión por el delito de trata con fines de explotación sexual comercial.

Otras de las mujeres entrevistadas del CERSS fue la guatemalteca Guadalupe Pérez Rodríguez, acusada de trata de personas con fines de explotación sexual. Ella fue detenida sin justificación en el bar donde trabajaba, y como en los otros casos, firmó unos documentos de los cuales desconocía su contenido porque no sabía leer ni escribir.
Santa María Rosales proveniente de Honduras fue detenida en su casa por la policía local Fronteriza. Sin orden de cateo, la llevaron a la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes. Ahí la torturaron y obligaron a declararse culpable del delito de trata. Su hija terminó en situación de calle por el arresto.
Lilian Elizabeth Aguilar, de Guatemala, buscó liberar a su sobrina de un hombre que la explotaba sexualmente. Pidió ayuda a la Fiscalía de Atención al Migrante en Tapachula, pero la arrestaron, la golpearon y acusaron del delito de trata.
Al menos cinco de estas mujeres, con excepción de la hondureña Rosa Elvira, apelaron las sentencias y por falta de pruebas para determinar que cometieron el delito de trata de personas obtuvieron su libertad, indica la investigación.

CRIMINALIZACIÓN DE MUJERES MIGRANTES

Las asociaciones civiles señalan que estas detenciones arbitrarias de mujeres migrantes se dan un contexto de vulnerabilidad; ellas trabajan en bares y su estatus migratorio es irregular. No saben leer o escribir, y tampoco tiene dinero para solventar los gastos de un abogado.
La organización de las mujeres migrantes privadas de la libertad en el penal de Tapachula, ha sido fundamental para su liberación. Entre ellas Lilian Aguilar y Santa María comenzaron huelgas e informaron a sus compañeras que podían apelar sus sentencias por ser injustas. La vigilancia de las organizaciones también ha sido clave.
Según la investigación, las cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración muestran un incremento en los últimos cuatro años de detenciones y deportaciones: en 2013 fueron detenidas 86 mil 298 personas migrantes en el territorio, de estas, 80 mil 902 fueron deportadas.
En 2014 la cantidad de detenciones creció a 127 mil 149 (deportaron al 85 por ciento); 2015 fue el año con mayor número de deportaciones: 181 mil 163 de 198 mil 141 detenciones. Para 2016 la cantidad de deportaciones decreció a 147 mil 370.

Imagen retomada del portal somosmigrantes.org
Por: la Redacción
Ciudad de México20/12/2017

Propuesta navideña

Desde la Luna de Valencia


Por: Teresa Mollá Castells*

Inevitablemente se acercan las fechas navideñas. Inexorablemente son tiempos de regalos y de buenos deseos. Incluso las personas a las que no nos gustan estas fechas, acabamos pronunciando la manida frase del "felices fiestas" como consecuencia de la catarsis colectiva que sufrimos socialmente. En fin, hay que pasarlas.

Este año propongo, a quien pueda leer esto, una reflexión como idea de regalo navideño. Y es la siguiente: ¿Qué pasaría si acabáramos (de una puñetera vez) con el patriarcado? ¿Nos lo pedimos?
Si definimos el patriarcado como: "Una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres, el marido sobre la esposa, del padre sobre la madre y los hijos e hijas, y de la línea de descendencia paterna sobre la materna.
El patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por parte de los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y de su producto, los hijos e hijas, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetuarían como única estructura posible. El patriarcado es el constructo primario sobre el que se asienta toda sociedad actual” tendremos pistas para poder preparar nuestra petición de regalo navideño que, al tiempo, podría ser nuestra estrategia colectiva para iniciar una campaña colectiva para sensibilizar contra este sistema opresor.
La terrible alianza entre los sistemas capitalista y patriarcal está renovando su ofensiva contra los cuerpos de las mujeres y las niñas y, de ese modo, reforzar su poder sobre ellos.
Tenemos ejemplos recientes y muy dolorosos sobre lo que digo. La violación en grupo de los malnacidos de la manada a una joven en Pamplona en julio del 2016 y el posterior juicio, incluidos algunos comentarios de los abogados de los malnacidos, la agresión sexual a una adolescente de 15 años por parte de tres jugadores de fútbol de la Arandina, la proposición de ley de Ciudadanos para regular los vientres de alquiler, los recortes de derechos a las jóvenes menores de edad para interrumpir voluntariamente sus embarazos, la cosificación masiva de los cuerpos de mujeres y niñas con el fin último de incitar a consumir y también a consumirlos por parte de los puteros, la hipersexualización de los cuerpos de las niñas siendo incluso bebés con el objetivo de vender, nos hace ver que esa perversa alianza funciona. Y funciona bien.
Desde el feminismo la cuestionamos cada día y clamamos contra ella demostrando cotidianamente que es una alianza perversa y dolorosa que condiciona nuestra cotidianeidad e incluso nos destroza la vida con sus formas violentas de manifestarse o por los corsés que nos impone con su heteronormatividad sexual.
Sé que es una ilusión, pero quiero pensar que poco a poco y denuncia tras denuncia podremos ir recortando esos efectos perversos en nuestras vidas. Quiero pensar que el trabajo que mucha gente realizamos cada día en sensibilizar sobre la desigualdad que generan en todos los ámbitos de la vida estos sistemas opresores tiene resultados.
Que a la infancia que escucha en sus clases que mujeres y hombres han de ser iguales se les quede un poso para plantar cara a ese sistema y aprendan a relacionarse en igualdad de condiciones en todos los rincones de su vida. Que en sus planes de estudio se integre la educación afectivo-sexual que les ayude a entablar unas relaciones más simétricas y menos basadas en estereotipos que solo buscan someter a las mujeres.
Que de cada asamblea de trabajadores y trabajadoras en donde se expliquen las clausulas de los convenios en donde se esconde la desigualdad, sean esos mismos compañeros y compañeras los que las denuncien y exijan unas condiciones de trabajo y retribuciones igualitarias. Y que a su vez haya más mujeres en las negociaciones de esas condiciones de trabajo y de salarios.
Que cada persona con responsabilidad política, sea en un Ayuntamiento pequeño o en las Cortes Generales, se acuerde de ponerse las gafas moradas a la hora de tomar decisiones para que estas no impliquen desigualdades en demasiadas ocasiones ocultas pero reales. Y que se impulsen planes de igualdad para caminar hacia una ciudadanía más equitativa en sus condiciones de vida cotidianas.
Que los medios de comunicación sean mucho más escrupulosos con los lenguajes que utilizan tanto escritos como audiovisuales y con la forma de redactar determinadas noticias para que todas las personas nos podamos ver reflejadas correctamente en esos marcos informativos.
Que se nos dejen de cosificar nuestros cuerpos y se consideren cuerpos humanos de pleno derecho a todos los niveles, incluso en la salud. Y, por tanto que se invierta en investigación para saber qué tipo de enfermedades padecemos como mujeres y con cuerpos de mujeres y qué tratamientos son los más adecuados, dejando de ser ciudadanas de segunda a quienes nos recetan medicamentos que han sido diseñados y probados en cuerpos de hombres, puesto que era el universal sobre el que se estudia medicina, farmacia. Y por tanto que la salud de las mujeres deje de ser "esa gran desconocida" incluso para nosotras mismas.
Que se apliquen las leyes ya vigentes en esta materia para que desde las diferentes instituciones y comenzando por el Gobierno Central se impulsen las medidas ya aprobadas para construir una sociedad menos violenta con las mujeres y la infancia y, por tanto más igualitaria en todos los aspectos.
Si, ya sé que puede parecer una carta a las Reinas Magas, pero creo que es necesaria la implicación no solo de todos los agentes socializadores (familias, escuela, iguales, medios de comunicación) sino también de cada una de las personas de buena voluntad y que tenga claro que otras realidades son posibles. Con mucho trabajo, por supuesto, pero posible al fin y al cabo.
Esa es mi propuesta navideña de este año. De ella parto cada día cuando suena el despertador. Y soy consciente que hay muchas personas que hacen lo mismo cada día. Por eso mismo creo que, aún siendo complicado e incluso a veces pareciendo imposible, realmente no lo es.
Seguiremos trabajando cada día en todas las propuestas y proyectos en los que podamos colaborar para caminar hacia esa sociedad menos violenta con las mujeres y la infancia y más equitativa entre todas las personas. Esa es mi apuesta personal. ¿Y la tuya?
* Corresponsal, España. Comunicadora de Ontinyent.
tmolla@telefonica.net
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Ontinyent, Esp.-

Investigarán como feminicidios todos los asesinatos de mujeres



Como vía para atajar la violencia en el país, los responsables de la estrategia de seguridad aprobaron ayer dos medidas centrales: hacer una campaña para que los poseedores de armas de fuego las entreguen voluntariamente y, por otro lado, comprometerse a investigar cómo feminicidio todos los homicidios de mujeres.


Los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, gobernadores e integrantes del gabinete de seguridad, encabezados por el presidente Peña Nieto, dieron luz verde para aplicar las acciones anteriores y otras con base en las cuales pretenden atender la problemática en un momento en el que los homicidios dolosos –y otros delitos– han alcanzado niveles sin precedente en dos décadas.

Se anunció que en los próximos días se publicarán los diagnósticos del estado de cada policía estatal.
Los diagnósticos se integrarán con la propia información que hayan proporcionado las entidades federativas, porque más allá de contar con un nuevo contexto normativo en materia de seguridad, es fundamental que las entidades asuman por completo y lo antes posible su responsabilidad constitucional en materia de seguridad, que hoy en día realizan con entrega y patriotismo las fuerzas armadas y la Policía Federal”, señaló el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Formalmente el punto inicial fue definido comoprevenir y atender la violencia generada por uso de armas de fuego.

Entre otras acciones, dijo el secretario Osorio Chong, se propone poner en marcha una intensa campaña nacional de canje de armas encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional, y con la participación de organizaciones de la sociedad civil.

También se buscarán fortalecer las medidas de control y resguardo de armas de fuego de las corporaciones policiales para evitar su extracción ilegal. Al mismo tiempo hacer campañas para desalentar la posesión y uso de los artefactos.

El objetivo, dijo, es consolidar una política contra la disponibilidad de armas de fuego que han dado alta capacidad de fuego a la delincuencia, y que han sido uno de los principales habilitadores de la violencia.

Adicionalmente se emitió un nuevo exhorto a la Cámara de Diputados a aprobar las modificaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, aprobadas ya por el Senado desde inicio de este año, y que tiene por objeto endurecer las penas en los casos de portación ilegal de arma de fuego.

Fabiola Martínez y Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Viernes 22 de diciembre de 2017, p. 8

Mujeres supervivientes de la esclavitud sexual del ejército de Guatemala lograron una sentencia histórica

La Colectiva Jalok U, premiada por la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHE)
Se han convertido en ejemplo mundial



Madrid, 21 diciembre. 17. Amecopress. Mas de 70 mujeres sufrieron las desapariciones forzosas y los asesinatos de sus familiares, la esclavitud y la violencia sexual de los militares bajo el silencio del Gobierno. Algunas no sobrevivieron. 15 de las supervivientes denunciaron y, 35 años después, consiguieron que por primera vez en el mundo se condene la esclavitud sexual como crimen de guerra desde un tribunal nacional. 


Carmen Xol Ical, una de las mujeres indígenas que fue víctima de la violencia sexual del ejército en Guatemala, está en Madrid para recibir el premio que la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHE) ha otorgado a la Colectiva Jalok U, postulada al premio por Mujeres Transformando el Mundo y la Asociación Mujeres de Guatemala. Su marido es una de las 45.000 personas desaparecieron en toda Guatemala durante el conflicto interno. Cuando se lo llevaron, tuvo que dejar a sus ocho hijos solos porque los soldados le obligaron a trabajar para ellos –preparar las comidas, limpiar, lavar sus ropas- y también como esclava sexual, junto a 70 mujeres de su comunidad.

“No podíamos negarnos, teníamos miedo”, relata Carmen. Hoy está satisfecha por la sentencia, por todo el proceso vivido y porque cree que su lucha y la de sus compañeras tendrá efectos positivos para las generaciones venideras. Eso sí, asegura que para descansar quisiera encontrar a su marido.
Lo que ocurrió en Sepur Zarco fue común en otras comunidades indígenas. Muchas mujeres ni siquiera lograron sobrevivir a las agresiones. Y el uso de la violencia sexual es habitual como arma de guerra en todo el país y en todo el mundo. Por eso su condena es tan importante.

Lograr esta sentencia ejemplar no ha sido fácil. Carmen relata que ha sido un proceso de “sanación”, en el que han “derramado muchas lágrimas” y en el que ha sido necesario recibir apoyo. “Nos ayudó la ceremonia maya, que consiste en pedir a los grandes cerros la fuerza para acceder al camino de la justicia y la libertad; agradecíamos y comunicábamos nuestras penas a la madre tierra”. Carmen asegura también que “gracias a todas las organizaciones que nos han ayudado (principalmente por la Alianza Rompiendo el Silencio, integrada por ECAP, UNAMG y Mujeres Transformando el Mundo) podemos contar lo que nos hicieron". Ellas perdieron el miedo; los agresores, su impunidad. 

En el proceso judicial, que comenzó en 2009, tuvieron que superar muchos obstáculos. No sabían hablar castellano y cuentan que en su lengua no lograban encontrar las palabras que les permitieran ni describir la violencia sexual que habían sufrido. Tampoco sabían ni leer ni escribir. Jennifer, una de las mediadoras de la organización Mujeres Transformando el Mundo, explica que crearon una metodología muy sencilla para explicar todo el proceso penal a estas mujeres, apoyándose en “animalitos” que estaban en su contexto: “El león era el juez, el loro el fiscal, las abejitas las organizaciones querellantes, y ellas eran las mariposas”.

Primero, en el 2010, se consiguió el primer paso y se reconoció en los tribunales la violencia sexual como crimen de guerra dentro del conflicto armado de Guatemala. En 2011 se interpuso otra demanda denunciando la esclavitud doméstica y sexual de las mujeres y las desapariciones forzosas y asesinatos de sus familias como delitos de lesa humanidad. En 2012 las víctimas declararon, comenzaron las exhumaciones y a investigarse los hechos.

Reparación para la comunidad


Después de tantos años, los hechos han sido demostrados y los culpables condenados: en total, Esteelmen y Heriberto suman una condena de 360 años y deben pagar a cada una de las víctimas 500.000 quetzal, aunque ambos se declararon insolventes quedando libres de las multas económicas.


Ante esto se pidió otra condena, y eso logró el carácter transformador que tiene este caso. Al conseguir que las condenas se reconocieran por "delitos contra la humanidad", también se logró una reparación a toda la comunidad y se emitió una sentencia con 16 medidas para los pueblos indígenas que van desde la construcción de un hospital (hasta el momento, solo cuentan con una unidad móvil encargada de atender a más de 85 comunidades) hasta las mejoras en escuelas o becas en educación para los hijos e hijas. La reparación no solo se pide a los condenados, también al Estado, ya que es responsable al no haber intervenido para parar los delitos del ejército y porque no garantizó sus derechos.

Jennifer explica que la condena es parte de la reparación, pero que estas mujeres, cuando sucedieron los hechos, vivían en un contexto de discriminación y vulnerabilidad, habían sido despojadas de sus derechos, y también tiene que haber una reparación al respecto, por eso era importante que la sentencia incluyera medidas sociales” y aclara que estas medidas no fueron propuestas por las organizaciones o las instituciones, sino por las mujeres de Sepur Zarco. "Queremos es que estos hechos ya no se repitan nunca más", expresa Carmen, y que “nuestras hijas y nietas tengan derecho a la salud, a la educación, a una vida libre de violencia”.

Fotos AmecoPress y cedidas por la Asociación de Mujeres de Guatemala

Activistas rompen el silencio sobre mujeres afro en América Latina

Maritza Arango y Margarita Montalvo integrantes del proyecto La muñeca negra posan para la foto en el interior de la habitación utilizada como taller de confecciones, en el municipio de La Lisa, La Habana, Cuba, en diciembre de 2017. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS
Maritza Arango y Margarita Montalvo integrantes del proyecto La muñeca negra posan para la foto en el interior de la habitación utilizada como taller de confecciones, en el municipio de La Lisa, La Habana, Cuba, en diciembre de 2017. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

LA HABANA, 21 dic 2017 (IPS) - Juguetes, ropas y bisutería a partir de material reciclado nacen de las manos de las 18 artesanas del proyecto comunitario “La muñeca negra”, que busca el empoderamiento económico de mujeres afrodescendientes en un municipio periférico de la capital de Cuba.
“En nuestros barrios, la mujer negra es un poco marginada y cuesta trabajo su desarrollo económico”, explicó Maritza Arango en diálogo con IPS. Esta técnica estomatológica durante años, hoy forma parte de la coordinación de la iniciativa artística y social con 37 años de labor en el municipio de La Lisa, en el extremo oeste de La Habana.
Con diferencias por países, las mujeres negras y mestizas constituyen un grupo en desventaja por la doble discriminación de género y raza en América Latina y el Caribe, donde viven al menos 130 millones de personas afrodescendientes, que representan 21 por ciento de los habitantes del área más desigual del planeta.
En busca de cambiar esa realidad, el activismo regional tiende puentes para visibilizar la situación de la olvidada franja femenina en el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, declarada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 2015 a 2024, y aún no se hacen sentir acciones de cambio en favor de su desarrollo.
Irene Esther Ruiz, del grupo Afrocubanas, interviene durante un encuentro organizado por La red Barrial Afrodescendiente, en la sede de la Casa Comunitaria de Pogolotti, en el municipio Marianao, La Habana, Cuba, en diciembre de 2017. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS.
Irene Esther Ruiz, del grupo Afrocubanas, interviene durante un encuentro organizado por La red Barrial Afrodescendiente, en la sede de la Casa Comunitaria de Pogolotti, en el municipio Marianao, La Habana, Cuba, en diciembre de 2017. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS.
De rostros oscuros y alegres, las muñecas negras son el símbolo del proyecto comunitario de La Lisa, que desde hace dos años tiene un perfil de economía solidaria y femenina, además del creativo y social, con que fue fundado por la artista y actual directora, Margarita Montalvo.
“El objetivo (del proyecto) es atraer principalmente a las mujeres que están en las casas, son trabajadoras del hogar o jubiladas, para que socialicen y se incluyan”, describió Arango. Ofrecen cursos gratuitos de manualidades a adultos y niñas y niños mayores de siete años, de los cuales hoy entrenan a 14.
Gracias a capacitaciones en temas de género, “La muñeca negra” dio un giro en su misión y hoy se enfoca también a la participación económica. “Hay muchas que son trabajadoras del hogar, otras tienen trabajos inestables y con poco poder adquisitivo”, valoró Arango sobre las mujeres de su comunidad que el proyecto intenta apoyar.
Con 36 por ciento de personas afrodescendientes en su población de 11,2 millones de habitantes, Cuba es el segundo país de Latinoamérica con más habitantes negros y mestizos, solo superado por Brasil, donde abarcan más de la mitad de la población, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Y le siguen con proporciones menores Colombia, Costa Rica, Panamá, Ecuador, México, Venezuela y Perú.
Una mujer acomoda ramos de flores para la venta en el precario mercado Pequeño Haití, en República Dominicana. Crédito: Dionny Matos/IPS.
Una mujer acomoda ramos de flores para la venta en el precario mercado Pequeño Haití, en República Dominicana. Crédito: Dionny Matos/IPS.
La Cepal reporta cada año en sus informes sociales, cuya edición de 2017 se lanzó el miércoles 20 de este mes, la situación más vulnerable de las mujeres negras y mestizas, un grupo donde los bajos ingresos y la indigencia azotan más que en los otros segmentos poblacionales, además de que sufren estereotipos que las vinculan al trabajo doméstico o sexual.
Incluso en la isla caribeña, donde la pobreza califica de “con amparo” porque el gobierno socialista garantiza acceso gratuito a la salud, la educación y a otras asistencias sociales, y ostenta avances en emancipación femenina, especialistas observan desventajas entre las mujeres afro por las desigualdades históricas y la discriminación.
“Las mujeres afrodescendientes son las grandes ausentes en las políticas públicas en el ámbito del desarrollo”, afirmó Dorotea Wilson, una activista veterana y coordinadora general de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, desde la capital de Nicaragua.
“Aunque en la actualidad, el racismo es identificado más como un problema social y cultural, la estructura económica de los países está basada en un modelo racista, que tiene evidentes manifestaciones de exclusión económica”, recordó la luchadora feminista vía correo electrónico.
A su juicio, “esta ausencia de políticas públicas incide en que los problemas se agudicen”.
Como deudas con ese grupo, señaló la falta de seguridad sobre las tierras, la elevada tasa de enfermedades contagiosas e infecciosas, el deficiente acceso a servicios básicos de salud, educación, agua potable, alcantarillado, electricidad y caminos; y el escaso apoyo a programas de empleo productivo y a la defensa de su patrimonio cultural.
La red creó en 2016 un observatorio en línea regional para “que los objetivos e intenciones del Decenio Internacional, se traduzcan efectivamente en la mejora de nuestra calidad de vida y en el ejercicio de todos nuestros derechos”, explicó Joanna Wetherborn, coordinadora del equipo a cargo del observatorio.
Hasta el momento se han incorporado 11 de los 22 países previstos a participar: Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay, Bolivia, Ecuador y México, desde donde las activistas reportan todo lo que se implementa en sus naciones para disminuir las brechas raciales y de género.
Y por ahora monitorean 13 de 17 temas como: lucha contra el racismo, derecho a una vida sin pobreza, derechos civiles, justicia, acceso a la educación y salud integral, sexual y reproductiva; no a la violencia hacia las mujeres, visibilidad en estadísticas nacionales, acceso a los recursos naturales y económicos y el patrimonio cultural.

Un estudio, apoyado por la Organización de Estados Americanos y publicado este año, investigó la agenda de movilizaciones de las mujeres afro en Latinoamérica.
Las activistas de las 15 organizaciones participantes señalaron como prioridad el empoderamiento de las mujeres negras y mestizas y coincidieron en el poco impacto que ha tenido la declaración de un decenio internacional para la población afrodescendiente.
Para ellas, el decenio aún no ha provocado cambios “en políticas públicas ni en mejoras sustanciales en las condiciones de vida”. Y propusieron impulsar la incidencia política para lograr avances durante el período señalado por la ONU.
“Se han realizado actividades puntuales pero no se ha hecho lo suficiente”, consideró Liliana Dolis, la coordinadora del no gubernamental Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (Mudha), sobre la movilización por el decenio en República Dominicana, donde existen conflictos con los migrantes negros del vecino Haití.
“Una de las limitaciones es la negación de nuestras raíces negras y la falta de recursos para trabajar”, remarcó Dolis. Y observó que la situación de discriminación resulta triple en el caso de las dominico-haitianas por su género, raza y nacionalidad.
Cuba se apresta a sumarse al observatorio de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora y organizarse por el decenio.
“No hemos logrado coordinar con las instituciones como es debido, ni hay un programa colectivo”, lamentó Gisela Arandia, coordinadora de la red en Cuba, donde se unen proyectos como “La muñeca negra”. “Se están haciendo actividades espontáneas por los grupos, pero todavía este tema carece de la prioridad que amerita”, subrayó.
Traducido por Verónica Firme
      

2017 ¿un año más?...


Mujeres y Salud Mental
Por: Alejandra Buggs Lomelí*



Ha llegado el momento de empezar nuestros recuentos del año, de este 2017 en el que tantas y tantas cosas sucedieron y siguen sucediendo, en nuestro querido y lastimado México…
Empiezo a recordar las noticias con dificultad, por las emociones que me generan estos recuerdos, las noticias con las que iniciamos este 2017.
Noticias que nos afectaron tanto, como fueron entre otras: el “gasolinazo” que sembró un clima de desconcierto, miedo y enojo, sumado a la extraña sensación de saber que el país más poderoso del mundo empezaba a ser gobernado por un personaje tan terriblemente destructivo y amenazante para nuestra integridad, como Trump.
Por otro lado, el excesivo incremento de la violencia en todo el país, especialmente la violencia de género, que ha cobrado tantas vidas de mujeres en el Estado de México, Puebla, Ciudad de México y en general en todo el territorio.
Preguntas que siguen sin respuestas, como ¿dónde están los 43? ¿quiénes asesinan a las y los periodistas? ¿qué pasa con los asesinos de mujeres a quienes los detienen y posteriormente los liberan? ¿cuándo se hará justicia ante los delitos de tantos gobernadores corruptos? ¿de qué manera nos afecta el manejo de las sucias estrategias electorales de todos los partidos contendientes? y ¿cómo nos ha trastocado la Ley de Seguridad Interior?
Ley, que lo que menos nos brindará será seguridad, y la cual violenta nuestros Derechos Humanos, una ignominia que a quienes estamos más conscientes de lo que esto significa, nos lacera y nos asusta generando gran incertidumbre y desconcierto.
2017 ¡no ha sido un año más! ha sido y sigue siendo un año en el que seguramente nos sucedieron cosas maravillosas en todos sentidos, sin embargo, no podemos hacer de lado, que socialmente es un año que nos ha impactado emocionalmente a nivel muy profundo, no sólo en lo individual sino en el imaginario colectivo.
Un año en el que fuimos víctimas en Puebla, Chiapas Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México de dos fuertes sismos, de los que aún no nos reponemos porque por un lado, los gobiernos no han respondido como tendrían que hacerlo a las personas damnificadas que perdieron sus hogares y medios de trabajo.
No terminamos de reponernos aún, porque al recorrer por muchas calles observamos edificios afectados y espacios vacíos donde antes había una casa o un edificio, y aunque no digamos nada abiertamente, a veces, lo detectamos porque nos toca el corazón y las memorias del miedo vivido y de recordar que murieron muchas personas consecuencia de los sismos nos invaden nuestras mentes, ante la negligencia por parte de las autoridades.
Son muchos los efectos emocionales por los que hemos pasado: estrés, pánico, crisis nerviosas, agotamiento, angustia, pesadillas, ansiedad, insomnio, depresión, irritabilidad, dolores musculares y contracturas, así como recuerdos de escenas traumáticas.
Son estas circunstancias o acontecimientos inesperados que ponen en peligro nuestra vida o la integridad de algún familiar o persona conocida, como: catástrofes naturales, guerras, accidentes de avión, de tren o de carretera, secuestros o agresiones con violencia… de los que, con suerte, se sale con fracturas, heridas o simplemente magulladuras, pero con el tiempo también se manifiestan en una serie de secuelas psicológicas originadas por todo este tipo de violencia.
Ante un año cargado de tantas y fuertes emociones vividas, creo importante integrar el autocuidado a nuestras vidas tanto personal como colectivo, y para ello comparto aquí las siguientes sugerencias:
Solicitemos ayuda, apoyo y acompañamiento psicológico, además de rodearnos de familiares y amistades de quienes sepamos que nos quieren para alimentarnos de ese cuidado y cariño, para sobrellevar las situaciones a las que nos enfrentamos en el día a día.
Es importante que podamos expresar lo que nos sucede y encontrar contención emocional.

Tratemos de aprender técnicas de relajación y respiración, esto ayudará a que calmemos la ansiedad y disminuya el intenso estado de alerta.
Intentemos evitar situaciones estresantes en la medida de lo posible, mantener la mayor tranquilidad y realizar toda actividad con moderación, incluso o especialmente el trabajo.
Es importante tomarse un descanso cuando experimentemos que hemos alcanzando un álgido punto de estrés.

También ayudará implementar hábitos que contribuyan a mejorar nuestra calidad de vida, realizar actividades creativas que ayuden a alimentarnos de situaciones sanas, para contrarrestar los efectos tan impactantes de la violencia.
Estamos cerrando un año que ha sido en todos sentidos difícil, un año, que nos obliga a hacer profundas reflexiones, que nos lleven a actuar de manera congruente no solo para cuidarnos, sino para cuidar a México, nuestro querido y lastimado país, que tanto necesita como nosotras y nosotros de ser cuidado.
Que el año venidero nos permita ser parte de un cambio, en el que verdaderamente retiemble en sus centros la tierra, sin quedarnos cruzadas y cruzados de brazos, para parar la violencia e impunidad, hacia cualquier persona.
Un próximo año en el que la fuerza del amor propio, el amor hacia las y los demás, y la compasión, sean nuestras más importantes herramientas de cambio.
Que todas y todos tengamos un buen cierre de año y un mejor 2018 en todos sentidos.
Con amor siempre…

*Psicoterapeuta humanista existencial, especialista en Estudios de Género, y directora del Centro de Salud Mental y Género.
Whatsapp 55.80.97.91.02

CIMACFoto: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Necesarios, espacios de cuidado colectivo en la CDMX


 Aligerar tareas para mujeres el objetivo
   


A fin de aligerar las tareas que realizan las mujeres para cuidar a niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad o con enfermedades, la Ciudad de México requiere espacios de cuidado colectivo y ampliar la cobertura de servicios para que estas responsabilidades no queden únicamente a cargo de los hogares.
Esto señala la investigadora Lucía Pérez Fragoso en el libro “¿Quién cuida en la ciudad?: aportes para políticas urbanas de igualdad”, editado este 2017 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y coordinado por María Nieves Rico y Olga Segovia, donde autoras de la región analizan cómo promover el disfrute igualitario del espacio y el tiempo en las ciudades.
En el apartado dedicado a México, la también integrante de la Asociación Internacional para la Economía Feminista (IAFFE) destaca que, según datos del Consejo Nacional de Población y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2015 la población de 60 años en adelante representaba 14 por ciento de la población capitalina, lo que supone un incremento de las personas adultas mayores que necesitarán de cuidados.
También para 2015, el grupo de población de 0 a 14 años representaba 20 por ciento de la población de la Ciudad de México lo que supone retos para la capital que no cuenta con suficientes espacios de cuidado colectivo para todos y cada uno de los diferentes grupos de población dependiente.
Las mujeres son las principales encargadas cuidar a niñas, niños y adultos mayores; y aunque el Gobierno capitalino cuenta con políticas como las licencias de paternidad y maternidad, un programa de capacitación en materia de cuidado a mujeres y estancias infantiles para madres trabajadoras aún faltan tareas por realizar.
En el análisis, Pérez Fragoso propone que para hacer frente a estos retos la Ciudad de México puede diseñar campañas de concientización sobre el cuidado, crear un protocolo en la materia donde se señalen requisitos para brindar la atención y habilidades y calificaciones de quienes deben brindan los servicios de cuidado así como implementar un sistema de certificación de estas personas.
También señala la necesidad de que se transparente la información presupuestal sobre cuidado, reglamentar los centros de atención y cuidado infantil y promover el trabajo coordinado entre la Ciudad de México, las organizaciones de la sociedad civil y la academia para señalar las características y calificaciones con que se deben realizar las labores de cuidado.
Otras acciones que en opinión de la investigadora se pueden implementar a mediano plazo son crear un órgano regulador para coordinar facultades entre las distintas dependencias e instituciones de cuidado de orden público o privado, ampliar el número de escuelas de tiempo completo en zonas de alta densidad poblacional y de mayor pobreza, e incentivos para empresas que tengan espacios de cuidado propios.
Port otra parte, estimando que crecerá el número de personas adultas mayores que requieran de cuidado, la investigadora propone elaborar una propuesta integral de cuidado para quienes actualmente reciben la pensión alimentaria, tomando en cuenta las condiciones de sus cuidadores, así como temas de salud, accesibilidad y movilidad en espacios públicos.

IMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

El Salvador: Mujeres que apoyan a mujeres

Un estudio del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, revela que la mayoría de las emprendedoras apoya a otras para empoderarlas y ayudarlas a su desarrollo


El Salvador, 19 dic. 17. AmecoPress.- La maternidad cambia la vida de las mujeres. Eso ocurrió con Lourdes Mena, una licenciada en diseño artesanal, que tras dar a luz, comenzó a pensar en la ganarse la vida con una fuente propia de ingresos.
A finales de 2011 abrió las puertas de Lula Mena, una tienda con peculiares diseños de collares, pulseras, carteras y otros accesorios. La colección mas reciente está basada en hilos de cobre, que obtienen de las baterías de los medidores residenciales de energía que una empresa distribuidora les entregó como parte de un convenio.
Asegura que pensó su negocio no solo para que fuera rentable, sino para que las mujeres que trabajaran con ella tuvieran un cambio positivo en sus vidas. "Estoy convencida que al trabajar con una mujer o al tocar la vida de una mujer, inmediatamente estas tocando la vida de sus hijos, de sus comunidades", sostiene Mena.

Emprendimiento femenino en América Latina

Un informe elaborado por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, destaca, entre otras cosas, que el 95% de las emprendedoras tiene una mayoría de mujeres en cargos de alta gerencia. Esa cifra se reduce al 50% cuando el empresario es un hombre.
Según el informe de INCAE, la mayoría de emprendedoras apoya a otras para empoderarlas y ayudarlas a su desarrollo. En Lula Mena, el 90% de los empleados son mujeres, artesanas que dan vida, con sus manos, a los diseños elaborados por Mena. Ellas son originarias de siete comunidades de escasos recursos y a través de esta oportunidad laboral han mejorado sus condiciones de vida.
“La mujer sí trabaja por sus hijos, le ves otro enfoque. Como mujeres tenemos otra visión de por qué trabajamos, cuando hacemos algo lo hacemos con pasión”, sostiene Mena.

Desigualdad de género

El Foro Económico Mundial advirtió en 2016 que se necesitarán al menos 170 años para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo, pero reconoce que la forma más rápida de reducir la brecha es apoyar el emprendimiento femenino.
El gobierno salvadoreño asegura estar haciendo su parte y lleva a cabo programas de apoyo para la creación de nuevos negocios. Eso ha permitido, según la viceministra de Economía del país, Luz Estrella Rodríguez, comprobar que "las mujeres aportan más, producen más, aprovechan más sus finanzas y aprovechan más los excedentes de su negocio para reinvertir y producir más y para el bienestar de sus familias".
La iniciativa de financiación para mujeres empresarias lanzada en julio por el Banco Mundial (BM) aportará unos mil millones de dólares para asistencia técnica, apoyo a emprendimientos, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres en países miembros del banco.
Lula Mena no pensó solo en la rentabilidad, sino que las mujeres que trabajaran con ella y sus familias tuvieran un cambio de vida.
Rodríguez asegura que el gobierno salvadoreño ayuda y orienta a los emprendedores para que puedan ampliar sus horizontes. El Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El salvador, PROESA, capacita a los pequeños y medianos empresarios para que puedan exportar sus productos.
"Centroamérica es una excelente plataforma para las pequeñas y medianas empresarias mujeres, pero también ya están comenzando a salir al mundo", afirma la funcionaria.
Lula Mena no pensó solo en la rentabilidad, sino que las mujeres que trabajaran con ella y sus familias tuvieran un cambio de vida.
Además, sostiene que se ha puesto en marcha un programa de certificación empresarial denominado "Sello de Igualdad Laboral" cuyos primeros reconocimientos serán entregados en 2018.
La idea, explica, es reducir la brecha de género, y buscar que las compañías promuevan la inclusión e igualdad en los puestos de trabajo.
Fotos: Cedidas por Lula Mena.

Representaciones sociales e investigación feminista


El feminismo y las ciencias sociales
  

En 2010 un grupo de investigadoras feministas adscritas a diversas universidades y centros de investigación científica en México y Latinoamérica se dieron a la tarea de publicar el libro “Investigación feminista: Epistemología, metodología y representaciones sociales" obra que reúne diversos temas, metodologías y herramientas de investigación para avanzar en la reflexión epistémica que articula el feminismo y las ciencias sociales.
“Este grupo de científicas sociales hoy consolidadas, asumimos la perspectiva del feminismo desde nuestra formación como una visión política y un posicionamiento ético frente a la realidad que nos conduce a la afirmación de que la equidad e igualdad son dos procesos fundamentales para llegar a una sociedad justa”, señaló la investigadora titular de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Fátima Flores Palacios, en entrevista para la Agencia Informativa Conacyt.
El libro está dividido en tres secciones. En la primera parte se aborda la epistemología feminista, su desarrollo y debate en la ciencia, mientras que en la segunda se exponen las diversas metodologías y herramientas que hacen posible integrar un análisis con perspectiva de género.
“En la tercera parte del libro, de igual manera, exponemos la importancia que tiene el integrar teorías que permitan analizar los procesos sociales de la cultura desde un posicionamiento dinámico para estudiar y reportar las diferencias que se han convertido a lo largo de la historia en inequidades", expresó.
En este apartado del libro se desarrollan algunas categorías centrales de la teoría de las representaciones sociales que son factibles de utilizar en los estudios de género, aportando explicaciones desde la realidad que se construye en los procesos simbólicos.

REPRESENTACIONES SOCIALES

Fátima Flores, adscrita al Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales (CEPHCIS) de la UNAM, ha dedicado 30 años de su trayectoria académica al estudio de las representaciones sociales y su entrecruce con la categoría de género, la vulnerabilidad social y la salud.
De acuerdo con la investigadora, la teoría de las representaciones sociales apunta a un proceso en el que el ser humano es considerado capaz de construir y reconstruir sus propios pensamientos a partir de la interacción social.
La teoría de las representaciones sociales surgió en Francia en la década de 1960 a partir del trabajo del psicólogo social Serge Moscovici, cuya propuesta demostró la importancia de las representaciones sociales como proceso en el que las personas y las diferentes culturas integran sistemas de símbolos y significados para construir un mapa cognitivo a partir del cual dotan de sentido a la realidad, y a todo su proceso de interacción en la cultura.
Para la investigadora, entender cómo se construye una representación social permite a la ciencia reconocer que la experiencia vivida y el sentido común también forman parte del bagaje de conocimientos de las poblaciones.
“Para que nosotros, desde la ciencia, podamos tener una materia prima para trabajar en categorías conceptuales y generar nuevas herramientas que nos permitan avanzar en el conocimiento y en el sentir de la población, con el fin de que sea un conocimiento que tenga una correlación desde la realidad que ellos construyen cotidianamente”, apuntó.

PESPECTIVA EPISTEMOLÓGICA DEL FEMINISMO, UN NUEVO PARADIGMA

La epistemología del feminismo se planteó como un paradigma que rompe con el funcionalismo de las ciencias clásicas y las formas en que se demostraba la veracidad del conocimiento y del saber. “Además de reconocer la importancia de la multidisciplina y lo transdisciplinario”, apuntó Flores Palacios.
Esta epistemología resalta la necesidad interdisciplinaria de diálogo, de la generación y traslación de métodos de investigación de una disciplina a otra. “Planteamos como muy importante el hecho de que la realidad finalmente se construye, está en el momento en que se practica, y la experiencia vivida genera estos conocimientos”.
Busca recuperar el significado social de la realidad a partir de la experiencia de las mujeres, los hombres y todos los actores sociales que la conforman a partir de un proceso dialéctico como proceso de construcción.
“También recupera muchas de las propuestas que incluso hoy están planteadas en las disciplinas del conocimiento social incluyente, a partir de una visión mucho más centrada en la perspectiva de la equidad y la igualdad del ser humano. Y, sobre todo, plantea una ética del proyecto humano de liberación”.
Esta perspectiva permitió a la investigadora vincular la visión evolutiva, cognitiva y simbólica de la diferencia desde la interdisciplinariedad, retomando el paradigma de las representaciones sociales para abordar las problemáticas en torno a la diferencia entre mujeres y hombres.

IMPORTANCIA DEL CONTEXTO

De acuerdo con Flores Palacios, el contexto situado es una de las categorías más importantes en la investigación feminista, pues más que pretender alcanzar conclusiones generalizadas, se busca aportar un conocimiento situado de acuerdo con las culturas o grupos con quienes se desarrolla una investigación. “Esto constituye un interés común entre la teoría de las representaciones sociales y la perspectiva de género”.
Otro aspecto significativo de la perspectiva feminista es que no busca responder, sino abrir nuevas preguntas a sus temas de investigación. “Mi planteamiento es claramente feminista y trabajo desde una epistemología feminista, que es la construcción del pensamiento a partir del propio discurso de mis informantes”, expresó la investigadora.

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN INVESTIGACIONES APLICADAS

En el libro, el artículo “Diferencias de género en la representación social de las matemáticas: un estudio con alumnos y alumnas de secundaria”, realizado por Sonia Ursini Legovich, investigadora del Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), se exploran las concepciones de género que subyacen en la forma en que las y los estudiantes construyen sus actitudes hacia las matemáticas y la autoconfianza para trabajar en esta disciplina.
“Sonia Ursini demuestra claramente cómo el objeto de estudio de las matemáticas puede ser muy interesante cuando se estudia desde las representaciones sociales y viendo cómo el estereotipo puede incidir en la hipótesis falsa de que los niños tienen mayor aptitud para las matemáticas que las niñas”, describió Flores Palacios.
La investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, Jazmín Mora Ríos, colaboró con el artículo “Intervención comunitaria, género y salud mental. Aportaciones desde la teoría de las representaciones sociales”, en el que planteó que la investigación en el campo de la salud mental también está diferenciada según se trata de hombres o mujeres.
Otro estudio sobresaliente es el de la investigadora adscrita a la Universidad Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Ángela Arruda, quien participó con una aproximación teórica a la relación que existe entre las representaciones sociales y las teorías de género.
“El libro plantea ejemplos de investigaciones aplicadas, lo que sirve mucho no solo para los lectores sino también para los interesados en hacer investigaciones con perspectiva de género”, describió Flores Palacios.

EL FEMINISMO MILITANTE Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

La compilación reúne investigaciones que se encontraban dispersas en diferentes instituciones y recupera la historia de los estudios de género iniciados al final de la década de los años ochenta —cuando la perspectiva de género arribó al continente americano proveniente de Inglaterra— hasta la actualidad, reflexionando sobre los nuevos retos que se imponen en la ciencia.
Fátima Flores formó parte del equipo de trabajo que tuvo como resultado la conformación del primer Centro de Estudios de las Mujeres en México en la Facultad de Psicología de la UNAM, que más tarde se constituyó en el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), y recientemente en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.
"Esto ha significado un logro importantísimo no solo para quienes hemos trabajado desde hace años en pro de este sueño, sino en lo que implica para la ciencia, el conocimiento y la misma sociedad", expresó la investigadora.
“Sin duda, en los años ochenta lejos se estaba de considerar ciencia a todas estas iniciativas académicas, sin embargo, hoy se desarrollan importantes proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, los planes y programas de estudio ofertan especialidades y posgrados en la materia y la producción editorial es muy extensa en este ámbito de conocimiento, así que el libro que hemos comentado es solo una muestra de las aportaciones que se han registrado a lo largo de esta historia", finalizó.


*Este artículo fue retomado del portal http://conacytprensa.mx
Imagen retomada de la UNAM
Por: Marytere Narváez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Edomex: 270 mujeres asesinadas en este año

Hallan muerta a joven que habría sido plagiada por un taxista
Edomex: 270 mujeres asesinadas en este año
Sólo 60 casos han sido considerados feminicidios
La mayoría de los homicidas, cercanos a las víctimas
Familiares anuncian protesta

Vecinos del municipio mexiquense de Nicolás Romero se manifestaron frente al palacio de gobierno de Toluca el 18 de septiembre pasado para exigir el esclarecimiento del asesinato de la joven Verónica Guadalupe Benítez Vega, estudiante de la licenciatura de química diagnóstica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, cometido el 6 de julio en Huixquilucan
Al salir del trabajo la tarde del 14 de diciembre, Rosalinda Morales García abordó un taxi en la zona industrial de Toluca con destino a Metepec.
La joven de 29 años llevaba prisa por ver a su bebé de seis meses de edad. Minutos después de haber abordado la unidad, envió un mensaje por teléfono a una de sus amigas, en el que denunció que el taxista no la dejaba bajar.
El domingo 17 su cadáver fue localizado en un paraje del municipio de Acambay, en el norte de la entidad, en los límites con Querétaro, a unos 100 kilómetros de donde abordó el taxi. Tenía golpes en rostro y abdomen.
Rosalinda se sumó así a las 269 mujeres que este año han muerto en forma violenta en el estado de México. Hasta el 31 de octubre la Fiscalía General de Justicia (FGJ) sólo había clasificado 60 de estos homicidios como feminicidios.
La dependencia informó que la principal línea de investigación sobre el asesinato de Morales García es un conflicto con su pareja sentimental, quien ya es buscado.
Datos de la fiscalía refieren que más de 60 por ciento de los feminicidios en la entidad son perpetrados por novios, ex parejas o concubinos de la víctima.
Rosalinda trabajaba desde hacía un par de años en el organismo operador de agua de Toluca. Su desaparición causó revuelo en la capital mexiquense. La mañana del viernes, numerosas cuentas de redes sociales compartieron la Alerta Ámber que emitió la FGJ para localizarla.
La noche del jueves sus familiares denunciaron la desaparición de Rosalinda luego de que su amiga les avisó que un taxista se la había llevado. En su mensaje, Rosalinda dio la matrícula de un Nissan Tsuru y otros datos.
Este año al menos tres taxistas han secuestrado a mujeres que después son halladas muertas. Los vehículos usados son irregulares. Sólo en el valle de Toluca hay más de 200 taxis piratas.
Este lunes Rosalinda fue velada. Su familia clamó por justicia y anunció que este martes encabezará junto con parientes de otras víctimas una marcha del centro de Toluca hacia la FGJ para exigir que ningún caso quede impune.
De los 359 feminicidios que ha reconocido la fiscalía mexiquense de 2011 a la fecha, sólo en 103 casos se ha dictado sentencia y 104 expedientes están en manos de un juez. Más de 152 casos seguían sin resolverse hasta el 31 de octubre pasado.
Mientras, de los mil 567 homicidios dolosos contra mujeres de 2011 a la fecha, al menos la mitad siguen impunes.
En julio del 2015, la Secretaría de Gobernación, por conducto del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitió la alerta por violencia de género en 11 municipios del estado de México, donde casi 60 por ciento de las víctimas de muerte violenta son mujeres.
Este mes se cumplen tres de que el priísta Alfredo del Mazo Maza asumió la gubernatura del estado de México. Una de sus principales promesas fue devolver la paz a la entidad. Cuando asumió el cargo prometió que en 90 días se veríaun cambio sustancialen seguridad.

Cascada de reformas y Leyes que atentan contra derechos de mujeres y trabajadoras

PRI arremete contra Derechos laborales y Humanos de cara a contienda electoral

De cara a la contienda electoral de 2018 que entre otros cargos públicos definirá la presidencia de la República, en las últimas semanas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en alianza con otras fuerzas políticas, presentó Leyes y Reformas que atentan contra las Derechos Humanos y laborales (DH) de la sociedad civil.

Impulsadas por el Partido Revolucionario Interinstitucional (PRI) destacan la Ley de Seguridad Interior que permite la intervención del Ejército mexicano cuando considere “amenazas de seguridad”; la reforma al Código Civil Federal para considerar “daño moral” en mensajes que se consideren ofensivos a través de medios digitales; y la reforma a la Ley Federal del Trabajo que elimina todas las barreras de contratación a las empresas outsourcing.
Cimacnoticias consultó a organizaciones civiles nacionales e internacionales defensoras de Derechos Humanos, y a la senadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, quienes hablaron del impacto diferenciado que pueden tener en la vida de las mujeres estas normativas; y destacaron que no debe perderse de vista que ninguna puede quedar fuera del análisis del próximo contexto electoral.
“LA LEY GOLPISTA”
La recién aprobada Ley de Seguridad Interior legitima el uso de la fuerza para “contener riesgos y amenazas” en la seguridad pública. Pese a su cuestionamiento por organismos internacionales de DH y al repudio que generó entre organizaciones civiles locales que la nombraron la “Ley Golpista”, el pasado 15 de diciembre el Senado de la República la aprobó después de una discusión de 16 horas.
Con un Senado conformado en su mayoría por la bancada priista, apoyada por la mitad del Partido de Acción Nacional (PAN), la Ley de Seguridad fue avalada con 76 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones.
En horas, la turnaron a la Cámara de Diputados donde finalmente se avaló y la enviaron a Enrique Peña Nieto, de modo que ahora sólo falta el refrendo de éste para que se publique en el Diario Oficial de la Federación.
LAS MUJERES Y LA TORTURA POR MILITARES
Las y los legisladores desoyeron los exhortos de detener la Ley de Seguridad Interior por su ambigüedad y porque no respeta los estándares internacionales de DH. La senadora Angélica de la Peña describió en entrevista con esta agencia, que en ninguna otra ocasión había visto a tantos órganos de DH pidiendo al Estado mexicano frenar una ley.
Los llamados provinieron de los Altos Comisionados de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cientos de asociaciones civiles, quienes han visto en la última década las consecuencias de “abatir la delincuencia organizada” militarizando este país: ejecuciones extrajudiciales, privaciones de la libertad, desapariciones, tortura, agresiones sexuales y el desplazamiento forzado de las poblaciones.
Estas violaciones a los DH por parte de agentes militares ha valido a México sentencias en su contra por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). La mayoría de estos casos, fueron cometidos contra mujeres por parte de militares, quienes utilizan la tortura para obtener confesiones e inculparlas de pertenecer a la delincuencia organizada, recordó la senadora de la Peña.
Para la directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Marcia Aguiluz, esta Ley de Seguridad Interior tiene un impacto negativo específicamente en las mujeres, “la experiencia ha mostrado que al posicionar a militares en labores de seguridad pública estos incurren violaciones discriminatorias contra las mujeres con prácticas de tortura sexual o denigrantes contra ellas”.
“Esta Ley tendría un impacto diferenciado en las mujeres, recordemos que la mayoría de los casos conocidos por la Corte, Inés y Valentina y ahora Atenco, tienen que ver con violaciones a las mujeres e intervención de militares y fuerzas federales. Lamentable en estos casos se tuvo un componente de género: en ambos violaciones sexuales”, subrayó Marcia Aguiluz.
De esto da cuenta Amnistía Internacional en su informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México” (2016), en el cual entrevistó a 100 mujeres privadas de su libertad que fueron agredidas en su detención por las fuerzas policiales, el Ejército o la Marina. La organización identificó que 72 sufrieron abusos sexuales y 33 fueron víctimas de violación sexual por parte de las Fuerzas Armadas.
Además, precisa Amnistía en su reporte, pese a las múltiples denuncias presentadas por mujeres ante actos de violencia sexual a manos de Fuerzas Armadas, ni un solo soldado ha sido suspendido por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015.
Aprobar la Ley de Seguridad Interior, expresó la abogada especialista en DH, es darle “carta blanca a los militares para que actúen en cualquier circunstancia” y muestra que el Estado mexicano no tiene la voluntad en cumplir con obligaciones respecto a las sentencias emitidas por la CoIDH.
“El mensaje que nosotros recibimos es que no existe un voluntad de México por respetar las obligaciones internacionales que tienen, tampoco tienen una voluntad por resolver el grave problema de seguridad. Sabemos que los militares son un actor muy poderoso en México, la presión que hacen para aprobar esta Ley habla de ello”, señaló la integrante de Cejil.
PERMISO A LAS FUERZAS ARMADAS
Cejil como otros organismos defensores de DH, alertaron que este proyecto carece de un mecanismo de control sobre las operaciones que pueden llevar las Fuerzas Armadas en el territorio pues de acuerdo con la Ley aprobada, es el Presidente de la República quien puede ordenar la intervención del Ejército en un territorio determinado por alguna “amenaza a la seguridad interior”. También puede ordenarlo a petición de los titulares de las entidades federativas.
Con ello, el Artículo 4 de la Ley de Seguridad Interior, permite “la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución”, indica.
Si bien, se establece que la intervención de las Fuerzas Armadas dura un año, se puede prolongar si así lo determina el Ejecutivo. Así, el Ejército no sólo tendría la facultad de asumir las acciones de la policía, les permite actuar por sí mismo, pues sólo le bastaría informar al Presidente y a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional sobre las actividades emprendidas, indican los Artículos 32 y 33 de dicha Ley.
Esto, en opinión de la senadora Angélica de la Peña, es contrario a la Constitución mexicana y no resuelve los problemas de seguridad pública que vive el país. “Los militares están capacitados para hacer un uso de la fuerza en su máxima expresión: en ataques terroristas o amenazas de seguridad nacional. No para sustituir la policía”, sentenció.
“El problema de fondo y que no hemos resuelto es tener corporaciones policiacas suficientes, capacitadas, que se les reconozcan sus derechos laborales. Pero esta Ley no resuelve el problema de fondo, dejar al Ejército permanentemente, desde el punto de vista de una democracia, es muy peligroso”.
Con esta Ley México también enfrenta un retroceso a los derechos ganados, precisó De la Peña Gómez, “cada vez avanzamos en leyes importantes en DH: la Ley contra la Tortura, la Ley contra Desaparición Forzada, el Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia; la Ley de la Niñez, y no encontramos en esta Ley algo que las incluya”.
El rechazo de la Ley de Seguridad Interior ha llevado a la sociedad a protestar en las calles y pedir Peña Nieto que la vete. De no detenerla, la senadora señaló que el irán por la Acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Otras asociaciones internacionales como Cejil, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin American Working Group, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Robert F. Kennedy Human Rights, entre otras, instalaron a partir de la aprobación de esta Ley, un Observatorio Internacional sobre México para documentar la situación de crisis de los DH en el país.
SANCIONAR POR DAÑO MORAL, DESCRÉDITO Y OTRAS…DEL PRI
Mientras se discutía la Ley de Seguridad Interior, la Cámara de Diputados aprobó el 14 de diciembre la reforma al Artículo 1916 del Código Civil Federal para anexar que se sancionará por daño moral a quien por cualquier medio, incluidos “los electrónicos”, “difunda información que cause deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien”.
La directora general de la asociación civil Propuesta Cívica, Sara Mendiola Landeros, señaló en entrevista con Cimacnoticias, que se trata de una iniciativa encaminada a “generar temor para quien difunde ideas en medios electrónicos” y consideró que esta propuesta del diputado Pablo Elizondo García, también priísta, es particularmente relevante en medio de un proceso electoral “cuando hay mucho que informar”.
“Responde a un afán por pretender limitar el derecho a la libertad de expresión o el deseo de generar temor en el gremio periodístico y en quienes ejercen su libertad de expresión a través de medios electrónicos”, dijo Mendiola Landeros, pero recordó que sobre esta modificación está el derecho a la libertad de expresión establecido en la Constitución mexicana.
La directora de Propuesta Cívica agregó que las demandas “de daño moral” son utilizadas como métodos de agresión sobre todo por políticos contra las y los periodísticas en este país. “Cuando un actor político presenta demanda por daño moral la persona deja de investigar los temas que tocan intereses políticos, por enfocarse a un litigio civil, genera autocensura”, explicó.
Para el gremio periodístico que labora en medios digitales estas agresiones han ido en aumento; la organización Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), en su informe “El Poder del Cacicazgo. Violencia Contra las Mujeres Periodistas 2014-2015”, documentó que de los 147 casos de agresiones contra las periodistas, 34.6 por ciento de ellas pertenecía a un medio digital.
Aunque falta que esta reforma sea aprobada por el Senado de la República, la abogada Sara Mendiola, destacó que podría tratarse “de un simple distractor” que tiende a generar temor y autocensura en los medios digitales.
DESAPARECER LOS POCOS DERECHOS LABORALES
A días de terminar las sesiones en el Congreso de la Unión, senadores del PRI presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Trabajo (LFT) que plantea eliminar las restricciones a la subcontratación de personal (llamada, “outsourcing”) y propone limitar la asociación sindical. De aprobarse, las condiciones de trabajo de mujeres y hombres en el país empeoraría, pues daría pie a más violaciones a sus derechos laborales.
En entrevista con esta agencia, la coordinadora del área de Diálogo Sindical y de Género de la fundación Friedrich-Ebert, Inés González Nicolás, señaló que la iniciativa de los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, presentada el pasado 7 de diciembre y que evalúa las comisiones de Trabajo y Previsión Social y la de Estudios Legislativos del Senado, pone en riesgo derechos laborales.
De ser aprobada, una empresa podría emplear a todo su personal por subcontratación y los contratistas únicamente tendrían que registrarlos en el Seguro Social e inscribirlos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). “Aunque los senadores argumentan que la reforma generaría más empleos, la verdad es que serían como en la última década: precarios, inestables y con salarios bajos”, dijo la experta en derechos laborales Inés González.
Un caso emblemático sobre las violaciones a los derechos laborales por este tipo de contrataciones es el despido injustificado, en 2016, de 59 trabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, algunas de ellas tenían hasta 15 años trabajando para el IEMS, pero luego de organizarse y exigir condiciones de trabajo dignas fueron despedidas bajo el argumento de que una empresa terciaria las contrató.
Sobre la propuesta de los senadores, más de 50 Sindicatos y 29 organizaciones civiles laborales de todo el país, advirtieron en un pronunciamiento dirigido al titular del Ejecutivo y al Congreso de la Unión, que no limitar la subcontratación, provocaría graves afectaciones a las y los trabajadores porque “destruye toda protección laboral y actualiza un golpe sin precedente en la historia laboral mexicana”.
La iniciativa también contempla la creación de un Instituto que regularía el registro de Sindicatos y contratos colectivos, sin embargo, la función y conformación del organismo es contraria a lo que establecen los artículos 107 y 123 de la Constitución mexicana (reformados en febrero de este año), señaló Inés González, pues no contempla la participación de representantes del sindicalismo independiente.
Tampoco hace referencia al derecho a un voto libre y secreto para la elección de titulares sindicales y en la firma de contratos colectivos, como estipulan las reformas a los artículos mencionados, lo que “sostiene la existencia de contratos patronales -acuerdos firmados entre empleadores y líderes sindicales que no velan por los derechos del personal empleado- , así los líderes se eternizan y no hay posibilidades de cambios directivos en los sindicatos”, enfatizó Inés González.
Además, la defensora de los derechos laborales recordó que la iniciativa promovida por el PRI cancela el derecho que las y los trabajadores tienen de ser notificados por escrito en caso de ser despedidos y las razones para efectuarlo. La iniciativa “sólo favorece a las empresas, las personas trabajadoras quedan en total indefensión”, sentenció.
La propuesta se analiza en un contexto nacional donde las mujeres laboran en condiciones precarias. A nivel nacional, 61 de cada 100 trabajadoras no tienen acceso a instituciones de salud, es decir, 12.2 millones de mujeres de un total de 19. 9 millones trabajadoras, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2005 al cuarto trimestre de 2016.
Mientras que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estimó en su último informe, publicado en agosto de este año, que el salario mensual de las mujeres está por debajo del promedio nacional (5 mil 773 pesos), pues de acuerdo a la dependencia gubernamental ellas ganan al mes 4 mil 935 pesos y en el mismo periodo de tiempo los hombres obtienen 6 mil 291 pesos.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México