8/28/2010

México: la cuadratura imposible de la violencia


Es difícil tener respuestas esclarecedoras sobre el origen y verdadero móvil que persiguen los perpetradores de la cruel matanza de gente inerme, que tuvo el infortunio de buscar un destino mejor internándose a través de uno de los países más peligrosos y mal gobernados del mundo.

La versión manejada sobre la causa y la filiación de los asesinos contiene aspectos inverosímiles. El sentido común nos puede dar un bosquejo de esos angustiosos momentos que sufrieron antes de que se les privara de la existencia tan salvajemente.

Si en verdad se debió el despiadado desenlace a que estas personas se negaran a participar en las filas del grupo llamado "Zetas" e incrementar así efectivos en sus prácticas delincuenciales, ¿cómo es que nadie entre las setenta y dos víctimas, pudo, ante la amenaza de los fusiles, aceptar y salvar así su vida?, ¿todos se negaron al unísono?

Es muy extraño que tal cosa hubiese sucedido. Cualquier persona atemorizada haría o diría lo que sea en una situación tan extrema, con tal de que su cuerpo no fuera atravesado por las balas. Más aún encontrándose en un paraje aislado, completamente a merced de los verdugos.

Esta reflexión hace suponer que estaban destinados a morir por alguna razón y que ese alguien, uno o varios, decidió o decidieron con antelación que así fuera.

Trasladémonos por unos instantes a otro lugar de este convulsionado mundo, a Irak, donde los marines de EU y soldados de otras latitudes sumados a las fuerzas invasoras, constantemente matan gente originaria para asegurarse la ocupación del territorio. El pretexto esgrimido inicialmente hablaba de la existencia de armas nucleares, lo cual pronto se desvaneció ante la evidencia. Ya no hubo forma de justificar la presencia de las tropas hasta que a alguien “se le ocurrió” responder al fuego, cobrándose vidas de soldados yanquis u otros aliados.

Así surgieron y multiplicaron los deseos de vengar las afrentas, consiguiéndose de paso el respaldo de la opinión pública para que se aplicara todo el hierro y pólvora posible, como escarmiento a los osados iraqueses. Aquí cabe la pregunta: ¿Todos los ataques que fulminaron a los soldados de la ocupación, provinieron de los “enemigos”, o una orden siniestra fue dada para que el propio fuego “amigo” los asesinara? Es poco creíble que un país arrasado por ejércitos mucho más armados y en número mayor a las propias defensas, fuera capaz de alzar la mano y causar tantas bajas. No es novedoso en la historia de las guerras este tipo de circunstancias, siendo el ataque a Pearl Harbor, en diciembre de 1941, un ejemplo que encierra dudas: ¿Fue un atentado exclusivamente terrorista o hubo connivencia para tener una razón de probar la bomba atómica?

Hay más evidencias sobre estas tácticas, como lo fuera el hundimiento del barco USS Maine en enero de 1897 en aguas cubanas, sacrificándose de esta forma a decenas de jóvenes marinos.

En los días posteriores al hundimiento del USS Maine, el dueño del periódico New York Journal, un tal William Randolph Hearst, hizo publicar una historia con la leyenda "El barco de guerra Maine fue partido en dos por una arma secreta infernal". “La historia contaba como los españoles habían plantado un torpedo por debajo del barco que detonaron desde la orilla. Hearst pronto siguió este artículo con otro que contenía diagramas y planos del torpedo secreto utilizado por España. La historia fue republicada en todo el país culpando a los militares españoles de la destrucción del USS Maine. La mentira tocó la fibra sensible del pueblo estadounidense agitando la opinión pública hasta el punto de provocar un frenesí entre la población, que en su gran mayoría quería atacar y eliminar a España del poder en muchas de sus colonias cercanas a EE.UU. Finalmente el efecto del periodismo amarillo prevaleció, y los soldados estadounidenses fueron enviados a Cuba. Posteriormente, se produjo la Guerra Hispano- Estadounidense y E.U acabó anexionando a sus territorios Puerto Rico, Filipinas y otras posesiones españolas, utilizando la misma excusa "libertadora" y los mismos métodos propagandísticos”. (David R. Spencer. The Yellow Journalism USA: Northwestern UP, 2007 . McCullough, David, Brave companions: portraits in history (Volume 1992, Part 2, Page 80)

La perversidad que subyace en las conciencias de quienes crean y dirigen operaciones militares, políticas y propagandísticas, no tiene límites. Todo con tal de generarse ganancias y vaya que el negocio de la guerra las produce, aún en su modalidad de “guerras de baja intensidad” como la que EU sembró en México, a través del régimen de FC.

Éste personaje, ávido de reconocimiento al ser impugnado su ascenso al cargo por grandes segmentos de la población, no ha prestado atención a las voces que desaprueban su “lucha contra los cárteles del narcotráfico y demás bandas criminales”. Se reitera una y otra vez el rechazo a la presencia de fuerzas policíacas y/o militares, en distintas zonas del territorio nacional, las cuales han causado bajas entre la población civil. Siendo además EU el principal si no el único proveedor del armamento y la logística que se utilizan para ello. Esto bajo el rubro del “Plan o iniciativa Mérida”, que fuera signado por el ex presidente Vicente Fox y el entonces homólogo George Bush.

Ante los hechos, el presidente Calderón proclama que aún habrá más violencia.

Tomando en cuenta esta perspectiva sobre lo acaecido en Tamaulipas, a muy poca distancia de la frontera con EU, cabe repetir las preguntas: ¿Quién da vida a esa sobre publicitada organización criminal llamada Zetas? ¿Se puede creer que a pesar de tan sofisticada tecnología de rastreo satelital, entre muchos otros recursos, sea posible que nadie detecte sus movimientos, que pasen desapercibidos y no puedan ser ubicados y monitoreados sus integrantes, así como las operaciones que planean y realizan?

¿Fue esta criminalidad una respuesta de los grupos armados ante la violencia que el Estado ha presentado contra algunos cabecillas en fechas recientes o, se trata de la estrategia descrita en estos párrafos y que sirve para dar lugar a una intervención mayor, acompañada de la propaganda de los medios de comunicación y contando además con el respaldo de la opinión pública? ¿Se saldrá el amarillismo y quienes se benefician de la sangre derramada con la suya? ¿Por qué ha sido tan ampliamente publicitada la imagen de los cadáveres y del único sobreviviente de la masacre, una de las más cruentas de los últimos años?, “algo no cuadra aquí”.


Mtro. Carlos Antonio Villa Guzmán

Profesor Investigador, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH)
Departamento de Estudios de la Comunicación Social

Paseo Poniente No. 2093, Jardines del Country. Tel. 3823-7505 y 3823-7631
Guadalajara, Jalisco, México
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Blog Voces Libres www.carlosvillaguzman.blogspot.com

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*
*La otro cara del negocio llamado
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***
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*El Dr. Norberto Emmerich
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*
Masacre de Indocumentados
La pesadilla de un viaje con olor a muerte
*
Desde Durango, México
*Dontriana
Bicentenario, fraudes, robos y muerte
Los festejos para una sola clase social
**
Mujeres por la Democracia
Entrevista a Marcela Lagarde
"El feminismo no muerde"
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Aumenta prostitución en municipio donde está base militar de Palanquero , Colombia


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Mujeres del mundo denunciaron el aumento de la prostitución en las cercanías de la base militar de Palanquero en Colombia

Resumen Latinoamericano/AVN - El aumento de los niveles de prostitución en el municipio colombiano de Puerto Salgar, sede de la base de Palanquero, se debe a la creciente militarización del país, denunció en un estudio el Movimiento Social contra la Guerra y por la Paz (MSGP).

Esta sede militar es la más importante dentro del acuerdo rubricado entre el gobierno de Estados Unidos y la administración del ex presidente Álvaro Uribe, en noviembre de 2009, y que ahora está estancado por una decisión de la justicia colombiana.

La investigación del MSGP estableció la existencia de sitios en internet dedicados a ofrecer servicios de prostitución así como catálogos con fotografías de mujeres y niñas de este municipio, donde confluye un puerto ribereño y la base militar.

También se demostró la fuerte incidencia de la sede militar en la vida cultural, política y social de Puerto Salgar, como la existencia de un colegio que funciona al interior del predio.

El informe aseveró que esta situación “viola el principio de distinción que establece el Derechos Internacional Humanitario”.

Los resultados de la investigación fueron dados a conocer durante el Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización, que se llevó a cabo en Colombia entre el 16 y 23 de agosto.

Durante el evento se denunció que la proliferación de la prostitución y los impactos para los derechos de las mujeres son una de las consecuencias de la creciente militarización de América Latina, principalmente por tropas estadounidenses.

También se rechazó la utilización de las mujeres como "botín de guerr"a.

La denuncia sobre la prostitución en Palanquero no es una nueva situación en lugares donde tropas norteamericanas se establecieron por períodos prolongados.

En Ecuador, mientras funcionó la base militar de Manta desde 1999 hasta que el presidente Rafael Correa ordenó su desmantelamiento, las consecuencias contra las mujeres estuvieron presentes.

Entrevistado por IPS en 2009, el integrante de Trasnational Institute, Wilbert van der Zeijden, alertó que las instalaciones castrenses “son habitadas sobre todo por hombres jóvenes, aburridos y frustrados. Lejos del hogar, familia, amigos, novias o esposas, buscan distracciones en la ciudad” más cercana.

“El resultado ha sido un notable aumento de delitos, incluyendo violaciones, tráfico de drogas, robos y abusos violentos”, señaló el especialista.

Para Van der Zeijden, la experiencia de militares estadounidenses en Ecuador “condujo a un marcado crecimiento de la prostitución en Manta”.

Otro ejemplo del problema todavía se vive en Irak, luego de la invasión encabezada por tropas estadounidenses en marzo de 2003.

La periodista y feminista norteamericana Debra McNutt denunció en un artículo que “las familias no dejan que las chicas salgan a la calle, no sólo para evitar que sean atacadas o asesinadas, sino para impedir que sean secuestradas por redes organizadas de prostitución”.

“Estas redes también obligan a algunas familias a que les vendan sus hijos para convertirlos en esclavos sexuales”, explicó.

McNutt denunció que los “contratistas privados” llevados por Estados Unidos “están cambiando la naturaleza de la prostitución militarizada”.

Empleados de la compañía DynCorp “fueron descubiertos cuando traficaban con mujeres en Bosnia y hay indicios que sugieren que en Irak puede estar ocurriendo lo mismo”, recordó.

La referente feminista además indicó que tanto en Afganistán, como en Corea del Sur y Filipinas, las bases militares norteamericanas generan el aumento de la prostitución de mujeres, niños y niñas.


México:Bienvenidos al infierno
En nuestra frontera sur y camino a los Estados Unidos, un aire envenenado traslada la memoria a escenarios propios de los campos de concentración
Julio Scherer García | Proceso

En nuestra frontera sur y camino a los Estados Unidos, un aire envenenado traslada la memoria a escenarios propios de los campos de concentración. Testimonios inapelables de los migrantes centroamericanos y aun sudamericanos dan cuenta de la tragedia.

De septiembre del 2008 a febrero del 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró ciento noventa y ocho casos que incluyen nueve mil setecientos cincuenta y ocho secuestros. La cifra podría llegar a veinte mil al año. A los migrantes los explotan las bandas de los Zetas, los Maras, los polleros. Cierran el cerco los policías municipales, los estatales, los patrulleros y un avispero de malhechores protegidos por placas y disfrazados con las ropas y los modos del poder.

Las casas de seguridad son tugurios, y la comida, tortillas frijoles y arroz una vez al día, si acaso, es pestilente. Nadie podría decir cuántas mujeres son lanzadas a la sodomía, vendidas a quien pague por ellas.

Mauricio Farah Gebara, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y Alejandro Hernández García, su colaborador, me facilitaron el acceso a los testimonios videograbados que dan cuenta de este inmenso horror:

Dos hermanos hondureños arribaron a la terminal de camiones en Tapachula. El sujeto que los conducía los recomendó con dos, a los que les dijo que había que darles una tarifa especial.

A golpes, junto con veinte personas más, los hermanos fueron trasladados a Arriaga. Ahí los subieron a un vagón de tren, y cuando éste se puso en marcha, tres tipos con apariencia de migrantes sacaron sus armas.

Llegando a San Luis condujeron al grupo a bordo de camionetas, por una brecha hasta un rancho, en el que había cincuenta migrantes más y muchos hombres armados. Éstos les dijeron que sólo mediante el pago de 2 mil 500 dólares saldrían de ahí.

“Me pusieron una pistola en la sien y me obligaron a hablar con mis familiares”, dijo uno de los hermanos. “Después de la llamada, todo se puso muy feo. Nos golpeaban y nos hacían arrodillarnos por horas, nos desnudaban por las noches, dormíamos en el piso. Un día nos dijeron que habían matado al Morado, un compañero que no pagaba. Ya no lo volvimos a ver”.

* * * * *

Un salvadoreño relata que para abordar el tren carguero había que pagar 300 pesos al maquinista. “El vagón iba lleno, casi no se podía respirar. Íbamos de pie y a veces nos pisábamos, pero nadie peleaba. Cuando el tren se detuvo, fuimos obligados a bajar. Hombres armados y encapuchados vigilaban un descenso ordenado. Preguntaban si teníamos parientes en los Estados Unidos. La mayoría contestó que sí. A ellos los volvieron a subir al vagón. Los demás fueron abandonados en campo abierto.

“Nos llevaron a un galpón. Fui elegido al azar, me recibieron a palos, como advertencia para los demás. Ahí me comunicaron con mis tíos de San Antonio. Al hacer las llamadas me golpeaban para que ellos escucharan. Les pedían 3 mil dólares. En tanto los mandaban yo tenía que limpiar un patio inmundo. Era el lugar para que hiciéramos nuestras necesidades. Me daban una cubeta y una escoba, pero la suciedad no se iba. Nada más la amontonaba en la alcantarilla”.

Levantado en Tierra Blanca con doce migrantes más, un colombiano fue vendado de los ojos, atado, amordazado y arrojado a punta de pistola en una camioneta roja.

“Sentí mucho miedo, pues oía las golpizas que propinaban a mis compañeros que se quejaban. Llegó mi turno. Sangrábamos mientras escuchábamos que nada éramos, jodidos, quién se preocuparía por nosotros.

“En el piso inundado de una casa, jalaron hacia el frente a un niño de doce años. Golpearon su cuerpo frágil con una tabla hasta que el niño perdió el conocimiento.

Así los vamos a madrear a todos. Así que convenzan a sus carnales para que nos depositen los 2 mil 500 verdes en chinga”.

Un grupo formado por una joven, su hermano, su primo y un amigo de los tres, fue levantado junto a las vías de tren de Ixtepec, Oaxaca. Los condujeron a una bodega en un pueblo que no pudieron identificar.

“Hacía mucho calor. Pasamos dos días sin pan o agua. Al tercero nos ofrecieron un caldo. Éramos muchos”. Se llevaban a algunos y luego los cambiaban por otros hasta que se llevaron a la muchacha:

“Llamaron a mi papá. Yo lloraba porque me apretaban los brazos con fuerza y me pisaban para que mi papá se percatara. Le pidieron un depósito bancario de mil 500 dólares y le dieron un número de cuenta.

“Después llegó el Caimán. Me aseguró que sería su mujer. Por la noche me llevó a un cuarto arrastrándome de los cabellos. Me violó mientras me decía: Yo voy a ser tu papi mientras el cabrón de tu padre me manda el dinero”.

Un niño guatemalteco de trece años relató su secuestro y el de su tío. Sucedió en Balancán, Tabasco. Dormían al aire libre en una zona despoblada, cuando aparecieron los delincuentes con sus promesas de traslado ahora, pago después. Los subieron en un camión de redilas, repleto de migrantes. Viajaron cuatro días hasta llegar a un almacén en Monterrey. Desde ahí se hacían las llamadas.

“A mi tío y otras personas los golpeaban con bates de béisbol en las nalgas por pura diversión. Lo harían a diario hasta que recibieran su pago. A mi tío le pegaron un día en la cabeza. Sangró muchísimo y para su curación sólo me dieron unos trapos sucios. Había unas señoras a las que golpeaban también. Todo el tiempo hablaban de escapar. Las dejaban desnudas. A una la golpearon enfrente de todos porque cerraba las piernas y mordía”.

Un hondureño relató, sin dar detalles, que en Coatzacoalcos, Veracruz, fue detenido pro agentes de migración que lo vendieron a los Zetas.

Los Zetas lo llevaron a un cobertizo, desde donde lo comunicaron con su hermano en Illionis. En tanto llegaba el dinero, le ponían una pistola en la sien y jalaban el gatillo. Ignoraba si el arma estaba cargada.

Lo dejaron en libertad, garantizado el pago, tras practicar sexo oral al secuestrador.

Una menor, nacional de Honduras, fue secuestrada en compañía de ciento treinta personas. Esposados, eran golpeados con gruesas cadenas y amenazados con armas de fuego. Su papá vomitaba sangre y se desmayaba después de las golpizas.

El rescate solicitado para este grupo de personas fue de 900 dólares. Como muchos de sus familiares no pudieron cubrirlos, los mantenían en cautiverio durante tres meses. Luego, a los que permanecieran vivos, los dejaban en libertad.

Otro hondureño narró su secuestro junto con ochenta migrantes. Se los llevó un grupo de siete sujetos armados que se hicieron pasar por coyotes. Los condujeron hasta Reynosa en un camión de redilas escoltado por una patrulla. Querían 3 mil 500 dólares de rescate por cada uno. De lo contrario, les extraerían sus órganos para completar el dinero. Sus familiares pagaron, mas no lo soltaron. Tuvo que escaparse después de treinta y tres días de cautiverio en una bodega donde permanecían en condiciones insalubres. Asimismo, presenció la muerte por golpes de varias personas, con una tabla y con armas de fuego. Agregó que en la bodega había hombres, mujeres, niños, ancianos, mujeres embarazadas y enfermos.

Un hondureño más fue secuestrado junto con doscientos migrantes, centroamericanos y brasileños. Estuvo preso cincuenta y dos días, al cabo de los cuales fue puesto en libertad cerca de la Casa del Migrante en Reynosa, Tamaulipas.

Una mujer originaria de Honduras fue trasladada a un granero en donde había cuatrocientas personas secuestradas, en espera de que sus familias enviaran los 3 mil 500 dólares exigidos por el comando armado que los privó de su libertad.

Los ciento treinta migrantes guatemaltecos que fueron levantados por doce personas que usaban máscaras y uniforme militares en Tenosique, Tabasco, no tuvieron suerte. Sus plagiarios exigieron 7 mil dólares por persona. Fueron pocos los que pudieron pagar. Eran amenazados continuamente con una sierra, taladros y cuchillos.

“Allí nos tuvieron encerrados en la casa. Casi un mes. No nos daban comunicación ni con los familiares ni con nadie. Después de un mes nos dicen: Les vamos a dar las llamadas para que ustedes llamen a sus familiares y les digan cuánto les cobramos. A nosotros nos dijeron: “si no pagan 7 mil dólares, se les llama a los familiares para que los escuchen hablar por última vez”.

“Cuando llegamos a Coatzacoalcos, nos dijeron: Bienvenidos al infierno”.

Si tú no le decías a tu familiar que te maltrataban, ahí te rompían la cabeza”.

-¿Qué le hicieron cuando usted estaba hablando por teléfono?

-Me golpeaban, me daban cachetadas. Ahí matan gente, delante de todos matan. Ahí, en esa casa, el otro día mataron como a cinco.

-¿Usted vio que mataron a cinco?

-Sí.

-¿Cómo los mataron?

-Los mataron a puro golpe.

-¿Cuánto vale un rescate? –le pregunté a Mauricio Farah Gebara.

-En promedio, 2 mil 500 dólares. Pero a veces basta con 100 –repuso.

Lo escucho:

“Algunos agentes del Instituto Nacional de Migración, junto con policías municipales, estatales y federales, más el ministerio público, administran el delito y la impunidad.

“Los números de las víctimas crecen, más allá de las denuncias categóricas que hemos formulado públicamente y de las instancias elevadas a las máximas autoridades del país. Nuestra frontera sur está teñida de rojo”.

-¿Qué es administrar el delito? –pregunto al quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

-Inmovilizar la ley. Que el delito corra.

*Tomado del libro Secuestrados, de Julio Scherer García, editado en agosto de 2009 por Grijalbo.

ALEPH: El deber de cuidar

Carolina Escobar Sarti
Juana nació en una familia muy pobre de la región noroccidental de Guatemala, tiene tres hermanos y cuatro hermanas más, habla un idioma maya; solo llegó hasta segundo grado porque únicamente alcanzaba para pagar la educación de sus dos hermanos mayores; tuvo que ayudar en la casa desde pequeña, cuidando a sus hermanitos y ayudando a la madre con los oficios de la casa; y trabajó desde sus 12 años lavando ropa de la gente de la comunidad. 

Con lo poco que lee y escribe, difícilmente podría optar a un buen trabajo, así que está condenada a trabajar como empleada en una casa, como prostituta o como empleada de maquila. Otros dos caminos son posibles: juntarse con un hombre que la mantenga, sin importar en qué condiciones, o emigrar hacia Estados Unidos.

Son las únicas rutas posibles para alguien en su condición. Decide emigrar. Desde el inicio le dice el coyote que tiene que tomar pastillas anticonceptivas porque es casi un hecho que la violarán en el camino más de una vez. Tiene 15 años.

Nadie le dijo nunca que el Estado, como conjunto de instituciones, tiene la obligación de cuidar a su gente; nadie le dijo jamás que la biblia jurídica de su país, desde los primeros artículos, habla de cuidar y proteger la vida de sus habitantes.

Nadie le dijo que a ella también la tenían que cuidar, y más bien aprendió, por experiencia propia, que cada quien se tenía que cuidar solo, porque el Estado guatemalteco no cuida a todos (más bien cuida a pocos), y el resto tiene que salvarse como pueda.

Acaba de suceder una masacre de 72 migrantes de varios países latinoamericanos en Tamaulipas, México, y se dice que los responsables fueron los Zetas. Con ello se confirma la indefensión en que viajan los migrantes por nuestros territorios, y se revierte la idea de que los criminales son ellos y ellas. Habría que decir que la indefensión a la que ha sido sometida la mayoría de migrantes, desde su nacimiento, es la misma que los acompaña a lo largo del camino y en el país de llegada.

Parece que los Zetas interceptaron el camión en el que viajaban ecuatorianos, salvadoreños, costarricenses, brasileños y hondureños, y cuando estos se resistieron a trabajar para ese grupo criminal, los masacraron.

El mensaje implícito fue el mismo de todas las mafias, tanto las de guante blanco como las clandestinas: con nosotros o muertos. En este camión no iba Juana, pero sí el único sobreviviente de la masacre, Luis Fredy Lala Pomavila, un ecuatoriano de 18 años que tiene a cargo el sustento de ocho hermanos y el de su joven esposa embarazada. Sobre su espalda, también una deuda por los 11 mil dólares que tuvo que pagar a los coyotes que le ayudaron a cruzar la frontera. No queda la menor duda de que esta no fue una historia excepcional entre las otras 72 de quienes fueron asesinados.

Pero además, este hecho no podemos aislarlo de otros que se han venido repitiendo en el país vecino, donde hay aproximadamente 18 mil secuestros anuales de migrantes, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Dónde están las políticas migratorias que promueven una protección integral a los migrantes de cualquier nacionalidad? Y lo peor de todo fueron las increíbles declaraciones de los representantes del oficialismo mexicano, cuando señalaron que la masacre podría ser vista como una especie de indicador de éxito en la lucha contra los narcos, porque si estos estaban buscando gente para trabajar es que ya no encuentran recurso humano fácil.

Hoy, ante tanta indefensión, uno de los deberes más urgentes que tenemos como seres humanos es el de cuidarnos unos a otros. Entre las leyes antiinmigrantes que estados como el de Arizona, en Estados Unidos, han lanzado, y las políticas de exterminio de grupos extremistas y criminales como los Zetas, se dibuja un territorio de persecución y muerte para quienes van en busca de un sueño americano. Quizás esto nos permita entender mejor que partimos de una mentira demasiado difundida: migrar nunca fue por un sueño.

A detectar los retos para la permanencia de DH femeninos: Amalia García

Al inicio del Encuentro Feminista Nacional en Zacatecas

Por Lucía Lagunes Huerta, enviada

Zacatecas, 26 ago 10 (CIMAC).- La gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina, se pronunció hoy por seguir dando la batalla desde el movimiento feminista para que lo ya ganado en el terreno de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres permanezca.

Al participar en el primer día de trabajo del Encuentro Nacional Feminista Nacional (ENF), la gobernadora reconoció que en la sociedad conviven pensamientos liberales y conservadores que se reflejan todos los días y siempre hay una tentación de retroceder en lo ya ganado.

Como ejemplo de ello, señaló, la lucha que las feministas dieron en materia de derechos políticos de las mujeres para fijar una cuota de género, y pese a lo ganado, ahí están las renuncias de las diputadas electas y la disminución de la presencia femenina en el Congreso; el feminicidio en Ciudad Juárez y su impunidad.

Así como el retroceso en materia de Derechos sexuales y Reproductivos en 17 estados del país, donde se han modificado las constituciones locales para proteger la vida desde el momento de la concepción-fecundación.

Por ello, explicó, es fundamental hacer un balance de los cautiverios de las mujeres –retomando la categoría analítica de la antropóloga feminista Marcela Lagarde— evaluar qué tanto los hemos dejado atrás; qué tanto la subordinación y marginación de las mujeres conviven en pleno siglo XXI.

En entrevista para la memoria del Encuentro Nacional Feminista, la gobernadora de Zacatecas, apuntó que sin duda tras 18 años de ausencia de estos encuentros, es necesario hacer este balance y detectar los retos que se enfrentan para lograr la permanencia de los derechos humanos de las mujeres.

García Medina, quien se asume feminista, recordó que el movimiento feminista no es homogéneo, que una de sus cualidades es la pluralidad de pensamientos, que le ha inyectado riqueza a las iniciativas impulsadas por las mujeres desde hace años.

La gobernadora, quien dejará el cargo el próximo 12 de septiembre, reconoció que la realización del ENF, es un esfuerzo extraordinario que permite el encuentro de las mujeres, así en plural, dijo, porque las mujeres somos distintas en condiciones sociales, culturales, políticas, etáreas.

Ante los rumores que han surgido en los medios de comunicación local sobre la realización del ENF, y el futuro de la saliente mandataria, enfatizó que el movimiento feminista actúa en libertad y en autonomía de gobiernos y partidos, lo cual ha sido una convicción llevada en la práctica por las feministas, y que en este caso tampoco es la excepción.


Reúne encuentro feminista a más de 2 mil mujeres de todo el país

Nos rearticularemos para buscar transformaciones

Por Yunuhen Rangel, enviada

Zacatecas, Zac, 27 ago 10 (CIMAC).- Más de dos mil 400 mujeres indígenas, campesinas, jóvenes, lesbianas, académicas, transexuales, políticas, activistas, urbanas, rurales y sindicalistas de 29 estados del país, iniciaron hoy aquí el Encuentro Nacional Feminista 2010 (ENF10).

A 18 años de que se realizó el pasado encuentro, María Elena Ortega, del comité organizador en la entidad, dijo que ante la imparable violencia que se vive en todo el país, es necesario aprovechar este espacio para rearticular el movimiento feminista y desde “los feminismos” generar transformaciones.

Detalló que los tres ejes rectores del Encuentro son: los derechos sexuales y reproductivos, incluidos el aborto; el derecho a una vida libre de violencia, y el derecho a la libre preferencia sexual.

Se trata, dijo, de un encuentro que busca ser plural e incluyente y desde esa idea generar las condiciones para que las reflexiones realizadas a lo largo de estos tres días de trabajo, sean un impulso para el movimiento feminista y los temas que desde él se defienden.

Para la realización del ENF, reconoció el apoyo de diversas fundaciones e instancias gubernamentales, que harán posible los trabajos de alrededor de 18 talleres, 23 conversatorios y 23 páneles de discusión.

A la par, se realizarán unas 43 actividades culturales entre las que se encuentran las propuestas de jóvenes de algunos estados que igualmente se pronunciarán sobre la situación actual de las mujeres.

Entre los principales temas que se abordarán en los distintos espacios están la pobreza, la discriminación, el aumento de la violencia, abuso sexual y trata de niñas y mujeres, acceso a la salud y a la justicia, desempleo y migración entre otros.

Así inicia el reencuentro de mujeres que durante años han luchado por mejorar las condiciones de otras mujeres en todo el país. Esta vez, vienen apoyadas de jóvenes que con sus nuevas y diferentes necesidades, retos, proyectos e ideas, aportarán sus ideas para construir mejores formas de vida para todas.

Acuerdan fortalecer ejercicio de los DH de las mexicanas

Firman compromiso TEPJF y organismos internacionales

Por Gladis Torres Ruiz

México, D.F 27 ago 10 (CIMAC).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, (PNUD) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), se comprometieron hoy aquí a impulsar y fortalecer, el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mexicanas e incrementar su participación política.

Durante la firma del compromiso denominado: “Igualdad de Género, Derechos Políticos y Justicia Electoral en México: Por el fortalecimiento del Ejercicio de los derechos humanos de las mujeres”; la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, María del Carmen Alanís, afirmó que la colaboración con estas instancias apuntala en dos direcciones; en la de igualdad de género y en la de cooperación interinstitucional.

Es una suma de esfuerzos de instituciones preocupadas y ocupadas en mejorar la calidad de la democracia y contribuir al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), en particular en el que se refiere a promover la igualdad de género y la economía de las mujeres

Alanís Figueroa, precisó que con este instrumento se implementarán tres estrategias, la primera avanzar hacia la armonización legislativa en materia de igualdad de género y derechos político-electorales en los marcos legislativos de las entidades federativas.

La segunda, la organización de clínicas de derechos político-electorales para fortalecer y detectar liderazgos políticos de las mujeres y la tercera, el intercambio de experiencias y buenas prácticas regionales sobre la igualdad de género derechos, humanos y derechos políticos.

“No basta con incluir en las leyes cuotas cada vez más rígidas, deben propiciarse las condiciones, los recursos financieros y capacitación para fortalecer los liderazgos femeninos y poder multiplicar estos proyectos dentro y fuera de los partidos políticos”, afirmó la magistrada presidenta.

Se mostró esperanzada en que algún día a mediano plazo las cuotas sean un mecanismo que pierda vigencia al lograrse su finalidad, es decir la igualdad de género en la representación política.

Magdy Martínez-Solimán, Representante Residente del PNUD, señaló que en el ámbito público del país existe una escasa participación femenina, la cual debe incrementarse y fomentarse para poder alcanzar los ODM.

Por su parte la directora ejecutiva del UNIFEM, Inés Alberdi Alonso, dijo que se trata de contar con más mujeres y hombres que con iniciativas desencadenen políticas públicas que hagan realidad la igualdad de género en todos los aspectos de la vida social, política y económica.

Refirió que en muchos de los países de la región, incluido México se tienen niveles de participación abrumadoramente bajos porque ahí los mecanismos de cuota no están funcionando. “El mundo requiere de más mujeres actuando en política, por la rendición de cuentas, por los derechos de sus congéneres, y más mujeres tomando decisiones en una democracia plena”.

Alberdi Alonso, afirmó que el momento electoral que se aproxima en el país es una oportunidad para reconocer el liderazgo de las mujeres, ya que para que la democracia sea real, ellas tienen que estar.

Una mayor presencia de mujeres en los gobiernos y ayuntamientos no es sólo una cuestión de justicia, también es un medio para alcanzar la igualdad sustantiva en todas las esferas de la vida.”Más mujeres no es suficiente para la igualdad de género, pero sí es un inicio indispensable para la democracia de nuestros países”.

Reprochan a ONU y CNDH su desinterés en el tema

Exigen triquis a Segob detener impunidad y violencia en Copala


Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 27 ago 10 (CIMAC).- Un grupo de mujeres y hombres triquis de San Juan Copala hicieron hoy un llamado a la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigirle acciones que detengan la violencia en Oaxaca y para que no queden impunes los asesinatos de la activista Bety Cariño y Tyri Jaakkola.

Entrevistado en el plantón permanente que mantienen a un costado del Zócalo capitalino, el representante del municipio autónomo, Marcos Albino Ortiz, dijo a Cimacnoticias que es preocupante que a cuatro meses del asesinato de ambos defensores de derechos humanos persista la impunidad, que el municipio autónomo esté sitiado desde el 28 de noviembre, y que la caravana de mujeres triquis que saldría el pasado 23 de agosto rumbo a la Ciudad de México, sufriera una emboscada.

Reprochó que a la fecha, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni la Organización de Naciones Unidas, han hecho algo por el pueblo de San Juan Copala, un lugar que no tiene servicios básicos, educación, energía eléctrica y que además sigue marginado y en medio de la violencia.

Albino Ortiz, dijo que el plantón que permanece a un lado de la Catedral Metropolitana desde el 3 de mayo, es una protesta para que el gobierno federal retome este caso, “porque dicen que todo depende del gobierno estatal y sabemos que son ellos quienes están atrás de la violencia”.

Mencionó que ahora los tiroteos son diarios pese a que aún hay alrededor de 300 habitantes en esta región de Oaxaca, en su mayoría niñas, niños y mujeres. Albino Ortiz precisó que es preocupante que habiendo tantos asesinatos y denuncias públicas, no se esté haciendo nada por la gente triqui.

“Aunque nuestros compañeros Antonio Ramírez López, Antonio Cruz García y Rigoberto Gonzáles, fueron asesinados, vamos a seguir insistiendo por justicia y por la autonomía, porque cuando la gente humilde ama su tierra, hace todo por defenderla”, precisó el activista.

Asimismo dijo que la niña triqui Adela Ramírez López, quien quedó paralizada, después de ser herida el 30 de julio por grupos paramilitares que ingresaron de manera violenta al municipio autónomo, continúa estable pero aún permanece en un hospital de Oaxaca, “es un situación lamentable y de injusticia para una niña de 14 años”, declaró.

Finalmente indicó que hasta el momento se han dedicado a difundir información y repartir volantes sobre la situación de San Juan Copala para que la sociedad se solidarice con su pueblo y que al igual que ellos alce la voz para exigir justicia, libertad y respeto a la autodeterminación de todos los pueblos indígenas de Oaxaca.

Trabajadores bancarios, avances y dificultades

Arturo Alcalde Justiniani

El miércoles próximo habrán pasado 28 años desde que José López Portillo, entonces presidente de la República, anunció en su Informe anual al Congreso de la Unión la nacionalización de la banca y la posibilidad de que los trabajadores de este sector pudieran formar sindicatos como en otras partes del mundo. La noticia desconcertó a muchos, en particular a los trabajadores, ya que durante mucho tiempo habían estado sujetos a reglamentos especiales y la sindicalización era considerada por los empresarios como una amenaza que pondría en riesgo la existencia misma de la banca.

Después del anuncio presidencial, quedó claro que la promesa había sido una simple ilusión. El gobierno, por conducto de la Secretaría de Gobernación, instrumentó de inmediato un operativo con los directores de los bancos y la Federación Sindical de los Trabajadores al Servicio del Estado para intervenir y condicionar el registro de los nuevos sindicatos. Existieron sin duda excepciones, tales como el caso de los trabajadores del Banco de Comercio Exterior, a quienes no pudieron someter pues estaban ya organizados democráticamente antes de la promesa presidencial.

Los trabajadores bancarios fueron inicialmente regulados por la legislación laboral burocrática. Más tarde se creó para ellos un espacio jurídico especial: la fracción XIII bis del apartado B del artículo 123 constitucional, cuya ley reglamentaria reprodujo la figura corporativa, mediante la cual se reconoce el derecho a integrar una sola federación sindical. La propia ley le puso nombre y apellido: Federación Nacional de Trabajadores Bancarios (Fenasib).

La Fenasib se constituyó el 20 de enero de l984 con 67 sindicatos bancarios y a la fecha sólo ha tenido cuatro secretarios generales. El tercero de ellos, Enrique Aguilar Borrego, ocupó el cargo por casi 20 años. Durante su largo periodo, consolidó el sometimiento de esta organización a los directivos de la banca, especialmente después de la nueva privatización bancaria. Al morir Aguilar Borrego, el 14 de junio de 2009, los personeros bancarios, en su propio sepelio, iniciaron el proceso para cubrir la vacante y garantizar que la inmovilidad continuara. El 8 de agosto de ese año fue designado como nuevo secretario general José Carlos Torres García, del sindicato de Banorte. El grupo bancario regiomontano impuso sus reglas. El nombramiento se logró con el apoyo de tan sólo ocho sindicatos y se dio curiosamente en el local del sindicato de Bancomer, organización que ya no pertenecía a la Fenasib por haber desaparecido, debido a que dicho banco en una maniobra sólo posible en nuestro país sustituyó todas sus relaciones laborales subcontratando al personal a través de una outsourcing (por cierto, de su propiedad) para dejar de cubrir a sus trabajadores las prestaciones a las que estaba obligado. Ante este caótico escenario, se aceleró el descontento entre los trabajadores de la banca de desarrollo, quienes por su carácter de servidores públicos, nivel profesional y luchas particulares, han tenido una vida sindical más activa. Un ejemplo de ello es el caso de Nacional Financiera, que desde hace 10 años ha rescatado la presencia y bilateralidad de su gremio. El sindicato del Banco de México se cuece aparte; tiene prohibido todo nexo con otras organizaciones.

Los trabajadores de la banca de desarrollo han transitado por un proceso organizativo que los ha convencido de la necesidad de contar con una federación propia, sin menoscabo de la autonomía de cada sindicato. Para esto han realizado reuniones preparatorias y eligieron a Luis Ángel Romo, dirigente de Banobras, como su secretario general.

La administración de Banobras no ha visto con buenos ojos este proceso democrático y, como en los viejos tiempos, se cree con derecho a meter la mano. Conforme lo denuncian sus trabajadores, ha instrumentado diversas medidas de presión y acoso para impedir que el sindicato y la federación avancen, exigiendo incluso la sustitución de su representación sindical, en particular, de Luis Ángel Romo, secretario general, y Alejandro León Pérez, secretario de trabajo y conflictos.

Como siempre: la reducción de licencias con excusa de una reorganización administrativa, la suspensión de servicio médico a jubilados, la amenaza de despojo del propio local sindical que tienen asignado en el centro de Coyoacán y –al no ceder los trabajadores– la cancelación de teléfonos e Internet, la promoción de una representación espuria rechazada por los trabajadores y la amenaza de despido a los dirigentes.

El sindicato de Banobras ha tocado todas las puertas para denunciar el acoso del cual es objeto. El último hecho informado por ellos, que ha generado gran preocupación, es que la noche del pasado 24 agosto Octavio León Urrutia, hijo del secretario de trabajo del sindicato, fue baleado cerca de su domicilio mientras acompañaba a su madre. No acusan: simplemente exigen una investigación a fondo.

Los dirigentes sindicales de la banca de desarrollo han asumido una actitud congruente y fraterna, que servirá de aliento y fortaleza para la nueva federación. María Luisa Velázquez Galicia, de Nacional Financiera; Alfredo Castro Escudero, del Banco de Comercio Exterior; Armando Vera López, del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, y Norberto Nieto Ramírez, de Sociedad Hipotecaria Federal, han reclamado la intervención del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo; del secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, e incluso, del director de la oficina en México de la Organización Internacional del Trabajo, Germán López Morales, ya que las medidas antisindicales constituyen una violación a los derechos humanos laborales contemplados no sólo en nuestra legislación nacional, sino también en los convenios internacionales a los que está obligado nuestro país.

PD. Después del brutal homicidio de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, México no volverá a ser el mismo.

Censura contra periodista Juana María Olguín Tarín en Sonora

Denuncia presión estatal para que le nieguen trabajo en medios

Silvia Núñez Esquer, corresponsal

Hermosillo, Son., 27 ago 10 (CIMAC).- Por su postura crítica, la periodista Juana María Olguín Tarín, denunció que el gobierno panista de Guillermo Padrés Elías, mantiene en su contra una franca censura que ha derivado en que ningún medio de comunicación “se atreve a contratarla”.

Por más de 10 años, Olguín Tarín se desempeñó en la empresa Grupo Uniradio, tanto en la filial de Radio Fórmula, como en la estación XEHOS, La Poderosa, en producción y conducción de noticiarios.

Por diferencias en la estrategia del tratamiento informativo hacia la información gubernamental, hace unos meses la comunicadora salió del grupo radiofónico, y desde entonces no ha sido contratada por otro medio de comunicación.

En un comunicado vía mail, relató que estuvo a punto de ser contratada por el gerente de la estación de radio “La Mejor”, no obstante, el gobierno local se enteró “gracias al espionaje pavoroso que hay” fue precisamente Jorge Morales, director de Comunicación social del gobierno, quien advirtió al gerente que “no me diera trabajo porque tendría graves problemas”.

La periodista, quien también es directora de la página Web www.elportaldelagente.com, y autora de la columna “Diga que yo lo dije”, añadió que el gerente de la citada empresa ya ni siquiera le contesta el teléfono.

Olguín Tarín, quien en su programa de radio se caracterizaba por su apertura para recibir y retomar denuncias ciudadanas, particularmente de los sectores más vulnerables de la sociedad, solicitó el apoyo de la comunidad periodística para denunciar que la censura hacia su persona viene directamente del gobierno estatal.

“Exijo se respete mi derecho al trabajo; exijo se respete mi libertad de expresión; exijo la oportunidad de seguir ayudando a la gente sin voz y con muchas necesidades; exijo seguridad para mi familia, y exijo que surja la cordura y la civilidad, que emane el respeto al estado de Derecho”, puntualiza la comunicadora en una columna.

Ni en la cárcel, ni afuera se respetan nuestros derechos: Yareli Salazar

Acusada del delito de “homicidio en razón de parentesco”

Por Anayeli García Martínez

México, D.F. 27 ago 10 (CIMAC).- La justicia en Guanajuato tardó tres años en comprobar la inocencia de Alma Yareli Salazar Saldaña por el presunto delito de “homicidio en razón de parentesco”, y a dos meses y medio de vivir en libertad, asegura que “me falta recuperar a mi familia, recuperar a mis hijos”.

Salazar Saldaña, es una de siete mujeres que, al igual que otras seis que permanecen en prisión, tuvieron un aborto espontáneo y fueron acusadas del delito de “homicidio en razón de parentesco” en esa entidad.

En entrevista con Cimacnoticias al finalizar la marcha convocada por jóvenes en Guanajuato el miércoles pasado, relató su experiencia de haber pasado tres años en prisión y qué es lo que sigue luego de que Miguel Valadez Reyes, magistrado de la Décima Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, revocó la condena de 27 años y seis meses que debía purgar por un delito que no cometió.

La revocación de la condena se logró luego de la presión ejercida por las organizaciones civiles y porque no se acreditó la autoría criminal de dicho delito.

“Es algo difícil estar encerrada siendo inocente, te privan de tu libertad, cuando sales te das cuenta de que si no se hubiera comprobado tu inocencia aún estarías encerrada”, dice la joven originaria de San Miguel de Allende, madre de tres hijos uno de nueve años, otra de seis y una más de un año y tres meses.

VÍCTIMA DE DISCRIMINACIÓN

Su último embarazo lo vivió en la cárcel y aún así la discriminación contra ella no paró: “para todo tienes que pedir permiso. Si estás embarazada dentro del Cereso es lo mismo, no recibes atención médica oportuna, siempre es 'te tienes que esperar, vamos a sacar nueva fecha para el médico', y no puedes exigir nada, también son irregularidades que hay en el Cereso”.

Convencida de que se violaron sus derechos, afirmó que ni las custodias ni el director del Penal deben criticar a las mujeres, “no les corresponde criticarte, pero lo hacían. Graciela, una custodia, nos decía 'van a pasar tantos años aquí, tus hijos ya no te van a reconocer', y no le corresponde”.

Cuando las personas que trabajan por nuestros derechos nos visitaban una vigilante se mantenía muy cerca y después me decían “porqué hablaste, sabes que eso es perjudicial para ti, te pueden trasladar', entonces te reprimen”.

Insistió en que los derechos humanos no se respetan en la cárcel pues el director nunca les informó sobre sus derechos y obligaciones “jamás se tomó la molestia de darnos a conocer eso”.


LA LUCHA POR SUS DERECHOS

Alma Yareli tiene 26 años de edad y hace tres se embarazó. A los tres meses de gestación, un día en el baño se desmayó y cuando despertó vio el producto muerto, se asustó, y lo único que pudo hacer fue ponerlo en una bolsa y dejarlo en la calle, ahora reconoce que “ese fue su error”.

Tres días después encontraron la bolsa y la Procuraduría de Justicia del estado inició una investigación y fue acusada de “homicidio en razón de parentesco”.

Ahora que esta libre luchará por recuperar a sus hijos, quienes no la reconocen porque estuvo lejos de ellos tres años, ellos no saben la razón por la cual estuvo en prisión pero espera que poco a poco entiendan, en especial la niña que dejó de ver cuando tenía tres meses de nacida.

Convencida de que su lucha no terminó con su liberación, afirmó que ahora luchará para exigir la libertad inmediata de las mujeres que -dice- son “inocentes igual que yo”. Es así que se unió al centro de derechos humanos “Las Libres”, la organización que la ayudó a demostrar su inocencia.

Esta semana ha tenido contacto con tres de las mujeres que aún están en la cárcel, “estaban desesperadas porque ellas ya quieren salir, quieren su libertad inmediata, están tristes pero tienen la esperanza de recuperar la libertad moral que también les fue robada cuando entraron en prisión.


Necesario promover el tema de género en debates sobre cambio climático

Expertas se reunieron en la Cd. de México para debatir el tema

Por la Redacción

México, DF, 27 ago. 10 (CIMAC).- Con el objetivo de comprender los vínculos entre género y cambio climático y conocer el estado de las negociaciones en cuanto a la incorporación del enfoque de igualdad de género, se realizó el pasado 18 de agosto en la Ciudad de México, la Sesión de Orientación “Vinculando género y cambio climático”.

Convocada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Fundación Heinrich Böll (HBF), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como parte de la Alianza Mundial de Género y Cambio Climático (GGCA), la Sesión dio a conocer los mandatos, convenciones y el marco legal internacional, y sus implicaciones para promover el tema de género en los debates sobre cambio climático.

El evento se orientó a proveer metodologías para transversalizar el enfoque de igualdad de género en las iniciativas de cambio climático a nivel nacional, regional e internacional, con la participación de expertas en el tema como Lorena Aguilar Revelo, Asesora Principal Global en Género Global de la UICN, Liane Schalatek, Directora Asociada de la HBF, Rachel Harris, Coordinadora de Incidencia y Difusión/ GEAR Lead Organización de mujeres en Medio Ambiente y Desarrollo.

En su artículo “Género y financiamiento para el cambio climático, publicado en el portal electrónico de la FHB “doble transversalidad para un desarrollo sustentable”, Liane Schalatek mencionó que los impactos del cambio climático no son neutros en relación con el género y afectan de manera diferente a hombres y mujeres, en especial a los grupos más vulnerables.

Resaltó la importancia de desarrollar políticas que contengan la perspectiva de género, tanto en las negociaciones internacionales como en las políticas nacionales, debido a que este es el momento correcto para la intervención de una política en la materia.

En diciembre de 2007, se presentó la Alianza Mundial de Género y Cambio Climático, durante la 13 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 13) con sede en la isla indonesia de Bali, para la inclusión del género en los nuevos textos y en las Convenciones posteriores.

En ese mismo año, Aguilar Revelo destacó que de acuerdo al informe “Estado de la Población Mundial 2009", divulgado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), las mujeres de los países pobres serían las más afectadas por las consecuencias del cambio climático.

La Asesora Principal Global en Género, subrayó que la participación de las mujeres en la discusión sobre el Programa de las Naciones Unidas para la Reducción de las Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo (UN-REDD) es fundamental, debido a que desempeñan un papel importante en la gestión de los recursos naturales desde hace siglos, en relación con el sector agrícola.

De acuerdo con el Manual de capacitación en género y cambio climático de 2009, elaborado por la GGCA, las mujeres son gestoras importantes de cambio y poseedoras de conocimiento para todo lo relacionado con la mitigación, adaptación y reducción de riesgos frente al cambio climático, lo cual las convierte en actoras cruciales en esta área, por lo que existe la necesidad apremiante de adoptar un enfoque sensible al género en la formulación de estas políticas.


La pobreza femenina no es prioridad para el gobierno mexicano

Un ejemplo es el ínfimo presupuesto destinado a programas de género

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 27 ago. 10 (CIMAC).- A 100 años de la Revolución Mexicana, el número de mujeres en pobreza sigue siendo el más alto, ello se debe a que para los gobiernos anteriores y actuales, este tema no es prioritario, sostuvieron especialistas en el tema durante la mesa de medios “La pobreza en México, deuda pendiente de la Revolución”.

Convocada, como cada mes, por las organizaciones Fundación Friedrich Ebert (FES) y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), expresaron que una prueba de ello es que este año el Legislativo destinó sólo el .12 por ciento del presupuesto total a los programas que buscan mejorar la calidad de vida de las mexicanas.

Alberto Serdán Rosales, de Participación Cívica, informó que el gasto que destinó el gobierno federal a todos los programas dirigidos al avance de las mujeres, fue de 2 mil 800 millones de pesos, 100 mil pesos menos del que otorgó para el festejo del “Bicentenario de la Independencia de México”, que conmemorará el próximo 15 de septiembre.

El secretario Ejecutivo de Propuesta Cívica, añadió que el total de los programas, entre ellos, Programa de la mujer en el sector agrario, Fideicomiso del fondo de microfinanciamiento a Mujeres Rurales, Atención de la salud reproductiva e igualdad de género en salud, entre otros, apenas reciben el .12 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, y eso es una muestra de “las prioridades”.

El especialista en políticas públicas con enfoque de derechos humanos, añadió que en este año la Organización Productiva para las Mujeres Indígenas, una de las poblaciones más empobrecidas y sin oportunidades de empleo, recibió 255 millones, ni siquiera el 10 por ciento del recurso destinado a la fiesta del “Bicentenario”.

La investigadora Ana Patricia Sosa Ferreira, académica del Instituto de Investigaciones Económicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mencionó que las políticas del gobierno federal no brindan oportunidades de progreso a las mujeres.

Por el contrario, dijo, a las mujeres se les aumenta la carga de trabajo reproductivo a cambio de una transferencia monetaria, insuficiente para salir de la pobreza, en la que se encuentran alrededor de 25 millones de mexicanas.

La experta mencionó que los procesos de empobrecimiento son una deuda de la Revolución Mexicana, cuya marca es la desigualdad, que afecta sobre todo a las mujeres.

Muestra de dicha disparidad es el panorama laboral, en el que a pesar de que existe una mayor inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, sus condiciones son “sumamente precarias”.

Sus salarios son los más bajos, 18.5 por ciento de ellas gana hasta un salario mínimo, 46 por ciento hasta dos. Mientras que 67.2 por ciento de ellas no tenía servicio médico en 2006, citó.

Entre 1994 y 2006, la proporción de mujeres que recibían un salario en actividades informales aumentó hasta alcanzar 15 por ciento, la proporción de hombres se mantuvo en 30 por ciento.

A ello, se le suma la brecha salarial, ya que hasta 2002, las mexicanas que habitaban en las urbes ganaban 78 por ciento de lo que perciben los hombres por la misma actividad. En el campo, las mujeres percibían 14 por ciento menos que ellos.

Resultado del deterioro laboral en el que se ocupan las mexicanas, es que en 2008, de un millón 922 mil personas que perdieron sus empleos, 71 por ciento fueron mujeres.

Explicó que para los patrones es más sencillo despedir a las trabajadoras porque persiste la idea de que su ingreso es complementario en el hogar, además de que por la “vulnerabilidad” de sus condiciones de trabajo “es más fácil correrlas, ya que no generan antigüedad y perciben salarios más bajos”.

Por lo anterior, se calcula que de los 300 mil empleos que se perderán en este año, 166 mil serán los ocupados por mujeres.

Por una democracia ciudadana

Miguel Concha

Hay entre la población una evidente preocupación por situaciones que se han vuelto cotidianas: los enfrentamientos entre sicarios y la fuerza pública; la inseguridad de la población mayoritaria; las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas; los conflictos entre altos jerarcas eclesiásticos y autoridades, y muchos temas más.

Dentro de algunos meses todas estas preocupaciones se verán desplazadas por las precampañas electorales, que muy probablemente tendrán como puntos de referencia los temas que prioricen los monopolios televisivos. Creo, sin embargo, que aún es tiempo –aunque para ello tendríamos que iniciar desde ahora– de poner sobre la mesa los temas más importantes para el futuro próximo del país, y no sólo aquellos que interesan a las próximas elecciones. Y es que, sin pecar de alarmistas, lo que está en juego desde ahora, y no nada más en el proceso electoral, ya no es solamente la viabilidad del Estado, sino la viabilidad misma de la nación.

Creo que cada persona preocupada, cada organización de la sociedad y cada partido político tendrá que poner sobre la mesa lo que considera importante. Esto es lo que a la ciudadanía le dejará ver la altura de miras o la mezquindad de cada quien. Por lo que a mí corresponde, propongo los que me parecen siguen siendo los temas más importantes de preocupación.

1) El futuro de los derechos humanos. Hace apenas unos cinco años veíamos con preocupación que los derechos económicos y sociales estaban en serio riesgo ante el estancamiento de la economía y la profundización de las desigualdades socieconómicas. Hoy esta preocupación se ha acrecentado, y se le han añadido las serias violaciones a los derechos civiles y políticos que creíamos ya superadas. Para nada es admisible que al pueblo de México se le quiera cambiar seguridad por democracia. Y así como el tiempo demostró que no fueron intercambiables estabilidad por crecimiento, pues al final del camino perdimos ambos, no esperemos que, so pretexto de seguridad, no ganemos ésta, y en cambio perdamos nuestra aún precaria democracia. Urge entonces volver a poner en la discusión pública el tema real del respeto a la integralidad de los derechos humanos, para que por fin se exprese en sus mediaciones concretas, que son las políticas públicas, y no solamente como adorno para rematar los discursos políticos. Dentro de esta misma perspectiva, habrá que abordar el tema de la democracia de la diferencia. Esto es, el reconocimiento de la equivalencia de las personas no obstante su diversidad racial, religiosa, sexual, de edad y de cualquier otro tipo.

2) El desarrollo socieconómico. Algo hemos estado haciendo peor que todos los países de América Latina, pues desde hace años estamos al final de la cola del desarrollo en la región. Los efímeros logros en la disminución de las cifras de la pobreza (no de toda la pobreza, sino sólo de la parte más aguda de ella) no resisten el embate de cualquier crisis, para no regresar magnificados. Frente al estancamiento económico, parece que se tiene una sola estrategia: deteriorar el poder adquisitivo de los trabajadores y anular su organización y sus conquistas, como si se pudiera pensar en un crecimiento (ya no digo desarrollo) con grupos empresariales poderosos y sindicatos débiles o inexistentes. Hay algo cuya importancia subrayan tanto en la Unión Europea como en América Latina las propuestas más avanzadas de desarrollo, la cohesión social. La estrategia del garrote contra los sindicatos, la indiferencia ante las demandas campesinas, la ceguera ante la cantidad creciente de jóvenes, que a falta de un Estado que les ofrezca alternativas tienen como única opción la delincuencia o la migración, disuelven el tejido social y amenazan la viabilidad de la nación. ¡Qué lejos estamos de políticas que impulsen la cohesión social!

3) La democracia. Un país de violación de derechos y de estancamiento económico con desigualdad social no puede ser un país democrático. A lo más que puede aspirar es al acuerdo entre algunos socios, las elites partidarias, para rotarse el poder en función no de los programas que propone a la ciudadanía, sino de los recursos que consigue para despensas que mitigan el hambre por unos días, construir míseras viviendas y pagar promocionales en una televisión que vende imágenes caras, pero que es incapaz de comunicar contenidos. ¿Por cuánto tiempo se puede mantener una democracia así de precaria? Urge, entonces, repensar nuestra democracia, para que su horizonte no se agote sólo en reformas mínimas que resulten de negociaciones políticas entre elites partidarias, pero eso sí, amparadas en grandilocuentes discursos. La principal reforma política que se necesita es la que modifique la relación entre el gobierno y la sociedad, para que pueda pasar del nivel tutelar en el que ahora se encuentra a una democracia de la ciudadanía, supuesto fundamental de la soberanía de un Estado. No nos ha servido tener modificaciones legislativas que permiten abrir las puertas a la participación ciudadana, para que después las políticas y los políticos las cierren ignominiosamente. Aún estamos a tiempo de que la discusión sobre el futuro del país esté a la altura de los desafíos reales que ya tenemos en nuestro presente. Dudo, sin embargo, que las elites tengan prisa. De una u otra manera a unas y a otras el estancamiento les ha beneficiado. La prisa tiene que estar del lado de la ciudadanía, si es que queremos resolver democráticamente la situación actual.

Conformidad y desconfianza

Enrique Calderón Alzati

Las recientes declaraciones del secretario de Desarrollo Social, con motivo de la inauguración de la Conferencia Mundial de la Juventud realizada en el estado de Guanajuato, con los mismos tintes políticos de otros encuentros recientes, constituyen una muestra más de las limitaciones éticas y mentales del actual grupo gobernante, que parece no entender en su conjunto las responsabilidades propias del gobierno, según lo marca la Constitución.

Calificar a los jóvenes –que en cifras abrumadoras se encuentran ante una realidad que no tiene nada que ofrecerles para su mera subsistencia– como enfermos mentales, incapaces de encontrar por ellos mismos las formas de construir su futuro, conforma además de insensibilidad política, una declaración cínica e inaceptable para alguien que supuestamente tiene a su cargo la responsabilidad del desarrollo social del país.

La Secretaría de Desarrollo Social es de reciente cuño: su creación es de alguna manera la aceptación tácita de los últimos gobiernos de que las políticas económicas neoliberales estaban generando pobreza, sin que pudieran hacer nada para revertir los efectos perversos que ellos estaban creando, y que la aplicación de paliativos, mediante la distribución de apoyos económicos, era estrictamente necesaria para evitar posibles estallidos sociales. Para el actual gobierno, proclive a la violencia, seguramente la represión es más barata y eficiente, y los regaños del funcionario constituyen una advertencia en este sentido.

Las declaraciones, por otra parte, no sorprenden ya, luego de otras igualmente desafortunadas, que datan de los tiempos del ¿Y yo por qué?, pero superadas sin recato por quienes sintiéndose en una especie de limbo no se consideran responsables ni de la inseguridad rampante, ni de la falta de prevención ante posibles desastres, pero tampoco del desempleo y la pobreza creciente, de la corrupción , ni de ningún otro de los problemas que existen sólo en nuestra imaginación, y de la cual somos nosotros los únicos responsables.

Recientemente un destacado miembro del PRI se refirió al gobierno de los cuates, refiriéndose a los funcionarios del actual gabinete. Independientemente de que la imagen que tengo de este congresista no es la mejor del mundo, creo que tiene razón al decirlo, porque al analizar los antecedentes de todos estos funcionarios de Felipe Calderón, lo mejor que podemos esperar de ellos es que no hayan hecho, ni destacado en nada.

¿Cuál es la explicación de cómo alguien puede llegar a un puesto de secretario de Desarrollo Social, de Educación o de Comunicaciones sin que exista alguna razón para ello, aparte de un lazo de amistad directa o indirecta (por recomendación) con el Presidente? Me atrevo a pensar solamente en dos: el desdén del Presidente mismo por el país que ha sido puesto en sus manos, así como por los hombres y mujeres que viven en él, o bien la incapacidad del mismo personaje para entender la grave responsabilidad que implican los diferentes puestos de secretarios de Estado, así como de la suya propia como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

En el caso actual, creo que se trata de la primera razón, aunque con algunas dudas sobre la segunda. Cuando yo era apenas un estudiante de la Universidad Nacional, me sentía orgulloso de que Javier Barros Sierra –quien era considerado uno de los ingenieros más brillantes del país– fuese el ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, luego de que había sido director de mi escuela. Ello sucedió durante el gobierno de Adolfo López Mateos.

En todos los gobiernos anteriores al de Carlos Salinas de Gortari hubo otros destacados mexicanos, como el ingeniero Eugenio Méndez Docurro, secretario de Comunicaciones con Luis Echeverría, o el doctor Ignacio Morones Prieto, secretario de Salud algunas veces y director del IMSS en otros gobiernos; Hugo Margáin o David Ibarra, secretarios de Hacienda, o don Manuel Tello y Jaime Torres Bodet, en las secretarías de Relaciones Exteriores y de Educación Pública, figuras de relevancia nacional, por sus ideas y sus hechos, mucho antes a su llegada a los altos puestos de gobierno.

Seguramente en los gobiernos priístas hubo funcionarios corruptos e incompetentes, pero también otros de imagen intachable, competentes y comprometidos con el país, incluso era claro que muchos de estos hombres representaban intereses y grupos de poder, como los de los médicos, de los ingenieros, de los economistas, de los industriales o de los militares, pero la diferencia era que esos grupos también estaban comprometidos con México, y sus intereses no constituían riesgos para el resto de la nación.

Difícilmente se podía pensar que esos hombres fueran amigos o cuates del presidente; la capacidad, la visión y el liderazgo iban por delante de los nombramientos políticos.

Eso ha cambiado radicalmente. En el gobierno de Fox, siguiendo los cánones establecidos en las grandes empresas, se optó por contratar los servicios de head hunters, con resultados bastante pobres por cierto, pero los grandes problemas estaban en otras partes, la corrupción familiar incluida, esa que el actual gobierno ha soslayado sin recato y con un alto costo político y de credibilidad para Felipe Calderón.

La conformación del gobierno actual es distinta y se caracteriza por una desmedida cantidad de amigos personales del actual mandatario, algunos de los cuales podrían catalogarse incluso como cómplices, por el trabajo sucio que realizaron en la campaña política que lo llevó al poder, y otros más que responden a recomendaciones de los diferentes grupos que con sus recursos financieros o sus malas artes (como Elba Esther Gordillo, Vicente Fox, Diego Fernández de Cevallos, etcétera) constituyen compromisos para ese mismo fin.

Sería deseable que estas prácticas fueran desterradas en el futuro; al menos no tendríamos que enterarnos de discursos patéticos como el aquí comentado.

El parto de pie, facilita el trabajo para la mujer y reduce riesgos

Especialista de Medicina Tradicional de la SS

Por Brisa Gómez, corresponsal

Xalapa, Ver. 27 ago 10 (CIMAC/AVC).- El parto de pie, que se practica ya en algunos hospitales, principalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Puebla, puede generar mayores ventajas tanto para la madre como para el producto, pues reduce los riesgos de lesiones al feto y facilita el trabajo para la mujer, manifestó el médico José Alejando Almaguer González.

El especialista de la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud, (SS) señaló que desde hace tiempo se han estudiado diversos aspectos involucrados en el parto, tanto las cuestiones técnicas como las humanas, especialmente las culturales y psicológicas.

Las principales conclusiones a las que se ha llegado es que se cometen varios errores por parte del personal en la atención materna y también se reportan fallas en las instalaciones hospitalarias.

En el programa sectorial de Salud, desde el 2007 se incluye el trabajo de las parteras y el parto de pie, dentro de las prácticas interculturales de la salud reproductiva.

En el estado de Puebla, en el hospital de Cuetzalan se integró el trabajo de las parteras a un costado del hospital, para que en caso de que se les presente alguna complicación, la paciente pueda recibir de inmediato la atención médica necesaria. Esta situación le valió al nosocomio el premio a la calidad del 2007.

De acuerdo con el médico, pese a las múltiples disposiciones que se han emitido en torno al tema del parto, la mayoría de los hospitales contraviene la Norma Oficial Mexicana sobre atención de parto que señala que la mujer se puede colocar en la posición que requiera siempre que no haya una contraindicación médica.

No obstante en muchos hospitales, los médicos se niegan a dejar de practicar el parto en la posición supina, aún cuando las propias mujeres piden por razones culturales y biológicas la posición vertical.

Entre las ventajas que ofrece el parto vertical y tradicional, en las entidades donde se practica, es la reducción hasta en un 60 por ciento del número de cesáreas, además de que se registra un trabajo de parto más rápido y sencillo para las mujeres.


Qué cinismo ante la tragedia

Ana María Aragonés

El asesinato de 72 migrantes provenientes de Centro y Sudamérica supuestamente ultimados por integrantes de Los Zetas, y que fueron encontrados gracias a otro migrante que pudo escapar de la masacre porque creyeron que estaba muerto, y no porque las autoridades hubieran estado atentas a su responsabilidad, nos llena de enorme rabia cuando Felipe Calderón afirma que esto se debe a que “el cártel de Los Zetas están recurriendo a la extorsión y al secuestro de migrantes como mecanismo de financiamiento y reclutamiento”. Y peor todavía cuando el nuevo vocero del gabinete de seguridad, Alejandro Poiré, declara que esto ocurre en el marco de “una lucha encarnizada y sumamente violenta entre los cárteles del Golfo y Los Zetas, lo que ha traído un incremento sustancial de la violencia en el noreste del país”. Es decir, que el gobierno lo está haciendo tan bien que estas organizaciones están enfrentando una situación muy adversa para abastecerse de recursos y para reclutar voluntarios.

Qué tipo de explicaciones son esas que, a pesar de todas las evidencias, sigue neciamente sosteniendo que su guerra contra el narcotráfico está menguando a los cárteles. Y si así fuera, ¿entonces por qué no los pone entre rejas pues ya no tienen recursos, más que el secuestro y la violación de mujeres? Quién se puede creer que estos cárteles están mermados económicamente, cuando la realidad es que la falta de autoridad y la absoluta ingobernabilidad en la que el país se encuentra permiten a la delincuencia organizada ya no sólo el trasiego de la droga, sino ampliar su cadena delictiva ante la absoluta impunidad y corrupción.

Esta situación que lacera a toda la población mexicana es todavía peor para los migrantes, pues se trata del grupo más vulnerable, como hemos denunciado en este medio incansablemente, por ser trabajadores indocumentados. ¿Por qué México le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos convirtiendo a la frontera sur en la frontera maldita como muchos la han nombrado? ¿Por qué para México los connacionales en Estados Unidos son trabajadores y no delincuentes y que además deben ser amnistiados, regularizados? ¿Cuál es la diferencia con los migrantes indocumentados latinoamericanos, si también ellos buscan lo mismo que los mexicanos? ¿Por qué no se les trata como uno quisiera que fueran tratados los mexicanos? ¿Cómo puede afirmar el gobierno que mantiene una política activa de promoción y respeto de los derechos humanos de este grupo vulnerable en territorio nacional cuando se violan permanentemente los tratados internacionales? ¿Cómo se va a justificar lo sucedido a estos migrantes ante los gobiernos de sus países? No es suficiente las palabras vacías como las de Poiré cuando pide la condena unánime de la sociedad y de las autoridades ante lo sucedido. Puro cinismo.

Lamentablemente lo sucedido a los migrantes en nuestro país no es nuevo, como lo señaló en un importante estudio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2006, y como lo han denunciado personas ejemplares que están al frente de diversas casas para el migrante, y que sólo han encontrado, en el mejor de los casos, indiferencia de las autoridades, cuando no ataques frontales.

No sólo los migrantes indocumentados sino la población mexicana está expuesta a todos los horrores conocidos como resultado de una guerra que bajo un argumento totalmente perverso sostiene el gobierno al señalar que algunos quisieran que no hiciéramos nada. No, señor Calderón, este es un argumento falso para no aceptar que lo que se pretende es que cambie una estrategia que está llevando al país a las páginas rojas de todo el mundo.

Los foros realizados en los últimos días para discutir las cuestiones sobre seguridad nacional no sirvieron de nada, porque usted no escucha a los especialistas que se han cansado de ofrecer propuestas que han tenido éxito en el mundo entero y que usted se niega a poner en marcha. Usted, señor Calderón, sigue en su insensata guerra, poniendo a los militares en la calle, cuyas funciones son otras y por ello las constantes violaciones a los derechos humanos que han sido documentadas, sosteniendo la posibilidad de una policía única sin antes haber creado cuerpos blindados ante la corrupción que de momento campea entre ellos.

No podemos caer nosotros también en el cinismo y la indiferencia. Es necesario presionar para que el gobierno acepte su responsabilidad y actúe en consecuencia, y así evitar que se sigan cometiendo flagrantes violaciones a los derechos humanos que colocan a México como una vergüenza ante la opinión internacional y promueven sufrimientos sin fin.

Violencia contra migrantes y debilidad del Estado

Editorial La Jornada
La matanza de 72 migrantes centro y sudamericanos, cuyos cadáveres fueron hallados el pasado lunes en Tamaulipas, ha alcanzado en horas recientes cotas de escándalo nacional e internacional. Ayer, el gobierno brasileño calificó el hecho como una tragedia, y a esa condena se suman las formuladas por las autoridades de Honduras, El Salvador y Ecuador a través de sus representantes diplomáticos. Por su parte, el sistema de Naciones Unidas en México indicó que indigna y preocupa el nivel de violación a la seguridad de los indocumentados en México, en tanto que la Organización de Estados Americanos exigió esclarecer y hacer justicia por estos crímenes.

La indignación generalizada dentro y fuera del país por estos asesinatos tiene como telón de fondo un desempeño institucional exasperante en materia de seguridad, que redunda en la ruptura del estado de derecho y en una profunda indefensión para prácticamente cualquier persona que transite por nuestro país, incluyendo a quienes lo hacen en forma irregular. Ante este panorama de violencia e ilegalidad generalizadas, el gobierno federal no puede contentarse con señalar que el asesinato de los migrantes en Tamaulipas es un reflejo del grado de violencia y de barbarie con el que actúan los criminales y del tamaño del reto que el país enfrenta en materia de seguridad, como hizo ayer su titular. Un paso obligado, en cambio, es el reconocimiento de que estos hechos evidencian la extrema debilidad del Estado mexicano para cumplir con sus funciones básicas de proteger la integridad de toda persona dentro del territorio nacional, independientemente de su nacionalidad y su condición migratoria.

En este caso concreto, la violencia de los grupos criminales converge con la indolencia gubernamental hacia la situación de los migrantes indocumentados en nuestro país. Tal actitud se traduce en un trato oficial y social tan degradante como el que se ha dispensado a los connacionales en el país vecino del norte, que no sólo contraviene consideraciones éticas y humanitarias, sino que transgrede la ley: a fin de cuentas, la carencia de documentos migratorios no constituye en México un acto ilegal –es apenas una falta administrativa, según las normativas vigentes–, y aunque ese fuera el caso persistiría la obligación de la autoridad de respetar las garantías básicas de todos los individuos. Por lo demás, lo anterior ocurre en el contexto de un país crecientemente militarizado que, como han documentado diversos organismos humanitarios, multiplica los riesgos de que los extranjeros sean vejados, explotados, extorsionados y, como en este caso, asesinados, ya sea por efectivos de las fuerzas públicas o por miembros de bandas criminales.

A pesar de las medidas coyunturales anunciadas por el gobierno federal frente a estos hechos –una investigación a fondo de lo sucedido–, el riesgo de que episodios similares se reproduzcan seguirá latente en la medida en que no se reconozca la naturaleza estructural de la problemática. Son significativos, al respecto, los datos proporcionados recientemente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de que el secuestro de migrantes en México sobrepasó los 10 mil casos en el semestre comprendido de septiembre de 2009 a febrero de 2010.

Hasta ahora, el calderonismo ha desatendido los llamados a reformular la estrategia de seguridad vigente y a abandonar la visión estrecha, simplista y, a fin de cuentas, ineficaz, que dirige la acción gubernamental en materia de seguridad pública. Los reclamos de la comunidad internacional debieran gravitar como elementos para que el gobierno recapacite, admita la gravedad del problema que se enfrenta y que corrija, por lo pronto, los elementos que sí están a su alcance, como son los tratos denigrantes a que son sometidos los ciudadanos de otros países que llegan al nuestro sin permiso de tránsito, visita o residencia. Si no se actúa en ese sentido, al derrumbe de la legalidad que se vive en el país se sumará un descrédito generalizado de las instituciones del Estado mexicano en el exterior.