Derecho al aborto, el nuevo frente de la extrema derecha

 Por Sian Norris 

Fuentes: Viento sur [Ilustración de Jahwar Soudani / @vajo.cosmos]

Partidos políticos e influencers de extrema derecha de Gran Bretaña, entre ellos Reform UK, se están inspirando en Estados Unidos para hacer del derecho al aborto un nuevo frente de sus guerras culturales, revelan datos analizados por openDemocracy y The Fuller Project.

Mientras Reform UK festeja grandes avances en las elecciones locales de inicios de mayo, nuestro análisis de casi 80 cuentas de X del partido de Nigel Farage, sus simpatizantes y otros seguidores de la extrema derecha revela que, entre abril de 2024 y abril de 2026, las menciones al aborto aumentaron un 40 % en comparación con los dos años anteriores.

Esto ocurre mientras una ley que entró en vigor a finales de abril prohíbe abrir procesos penales a personas que aborten en Inglaterra y Gales, y a pesar del elevado apoyo público al derecho al aborto en todo el Reino Unido.

Entre abril de 2024 y abril de 2026, casi la mitad de las cuentas seleccionadas aumentaron sus publicaciones sobre el aborto, y las impresiones totales de las publicaciones que mencionaban el aborto casi se cuadruplicaron en comparación con los dos años anteriores. Estas publicaciones se compartieron unas 153 000 veces y recibieron más de 800 000 «me gusta».

Los datos exponen una red de influencia entre grupos e individuos antiabortistas y políticos de ultraderecha, con cuentas vinculadas a Reform que comparten publicaciones de influencers, y viceversa, así como organizaciones y activistas antiabortistas que publican mensajes de apoyo a Reform.

Entre los posts se encuentra el de la exministra del Interior y diputada de Reform UK, Suella Braverman, en el que afirma que su partido daría marcha atrás en la despenalización, al igual que  los partidos Restore Britain, UKIP y Heritage. Estos partidos no contestaron nuestra pregunta sobre qué implicaría su política de volver a criminalizar a las mujeres que gestionan su propio aborto.

Semejante cambio «significaría que las mujeres volverían a enfrentar investigaciones, detenciones e incluso penas de prisión por interrumpir su embarazo, un trato que pertenece a otra época y que no tiene cabida en la sociedad moderna», dijo la diputada laborista Tonia Antoniazzi, quien presentó la enmienda que despenalizó el aborto en Inglaterra y Gales.

«El Parlamento apoyó de forma abrumadora la despenalización del aborto para las mujeres porque escuchó los hechos, la experiencia de los profesionales y las pruebas recopiladas a lo largo del tiempo en más de 50 países donde el aborto se trata, con razón, como una cuestión de salud, no como un delito», dijo.

Los hallazgos de nuestra investigación “ponen de manifiesto un intento coordinado de importar el manual antiabortista de Estados Unidos: desinformación, pánico moral, lenguaje incendiario y presión sobre los políticos para que recorten derechos», dijo la activista Kerry Abel, presidenta de Abortion Rights UK. «Los derechos al aborto están siendo objeto de un ataque organizado, y cualquiera que crea en la igualdad, la atención de salud y la libertad debe tomarse esta amenaza en serio».

Las operaciones en X son «una estrategia deliberada para estigmatizar el aborto, intimidar a las personas que necesitan atención y volver a convertir la libertad reproductiva en un tema políticamente tóxico”, agregó. “Cuando figuras de Reform, partidos de extrema derecha y voces mediáticas afines se hacen eco de esta retórica, están contribuyendo a impulsar medidas para privar a las personas de su autonomía corporal básica».

Lo que dicen los datos

La investigación examinó cuántas veces 78 cuentas de X pertenecientes a políticos de Reform, personal, donantes y columnistas que apoyan a ese partido, medios de comunicación derechistas y otros partidos e influencers de extrema derecha mencionaron la palabra «aborto» a lo largo de cuatro años. Se incluyeron tanto las publicaciones originales como las compartidas.

Entre abril de 2022 y abril de 2024, esas cuentas publicaron la palabra «aborto» 758 veces, mientras entre abril de 2024 y abril de 2026 lo hicieron 1063 veces, un aumento de más de 40 %. Si bien parte de ese crecimiento de las menciones en redes sociales puede explicarse como respuesta a los debates parlamentarios por la despenalización, no siempre fue el caso.

En los dos últimos años, apareció un lenguaje más extremo y emocional y cada vez más desinformación contra el aborto. Por ejemplo,  un uso creciente de la frase «aborto hasta el nacimiento», que apareció 18 veces entre abril de 2022 y abril de 2024, y tuvo 190 menciones en los dos últimos años.

«La frase ‘aborto hasta el nacimiento’ no tiene sentido jurídico ni médico», dijo Louise McCudden, directora de relaciones externas de la clínica de abortos MSI Reproductive Choices UK. «Los activistas contrarios al aborto recurren a este tipo de alarmismo porque saben que la mayoría de la gente está a favor del derecho a decidir y no está de acuerdo con sus opiniones extremas y motivadas ideológicamente».

Entre los posts compartidos desde abril de 2024 se encuentra uno del diputado de Reform, Richard Tice, quien describió la despenalización como una «carnicería». Esa fue una de  las cuatro publicaciones que hizo sobre el tema desde 2024. En los dos años anteriores, publicó una sola vez sobre el aborto. Tice también compartió contenido de su pareja, la periodista Isabel Oakeshott, quien publicó ocho veces sobre el aborto después de 2024, para reclamar que se redujera el plazo máximo para abortar (fijado en 24 semanas), para calificar la despenalización de «horrenda» y los abortos en etapas de gestación avanzada como «una carnicería».

Un concejal de Reform, Darren Grimes, de la localidad de Durham, también criticó la despenalización, calificándola de «moralmente repugnante», mientras la alcaldesa de Greater Lincolnshire, Andrea Jenkyns, del mismo partido, dijo que el cambio legislativo formaba parte de la «degradación de la sociedad» y era una «noticia trágica para los bebés no nacidos». La candidata a la alcaldía de Londres por Reform, Laila Cunningham, acusó al gobierno del Reino Unido de tratar «el fin de la vida como una solución política».

Una de las cuentas que más intensificó sus publicaciones pertenece a la columnista de derecha Allison Pearson, quien suele elogiar a Reform. Entre abril de 2022 y abril de 2024, Pearson publicó solo 16 veces sobre el tema, pero tiene 87 publicaciones entre abril de 2024 y abril de 2026. En esos posts afirmó que Gran Bretaña estaba «compitiendo por la copa del infanticidio con la República Popular China», alegó que el cambio legal permite «el aborto hasta el momento del parto» y difundió información errónea sobre las leyes de aborto en Gran Bretaña en comparación con Europa.

El influencer de extrema derecha Laurence Fox, cuyo partido Reclaim recibe apoyo del donante de Reform, Jeremy Hosking, y el xenófobo extremista Stephen Yaxley-Lennon (que se hace llamar Tommy Robinson), también han comenzado a publicar más sobre el aborto. Fox, por ejemplo, calificó la interrupción del embarazo como «asesinato premeditado».

La insidiosa influencia de EE UU

Farage no publicó nada sobre el aborto en los dos periodos analizados. Pero el año pasado, pidió un debate sobre el actual límite de 24 semanas para interrumpir un embarazo.

«Es irrelevante si Farage está a favor o en contra del aborto. Está llevando a Reform en una dirección destinada a obtener el apoyo de un electorado socialmente conservador”, dijo el director del Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos, Neil Datta.

El experto destacó la relación de Farage con varias organizaciones antiabortistas estadounidenses e internacionales, como el grupo Alliance Defending Freedom (ADF), que organizó reuniones entre Farage y funcionarios de la Casa Blanca en 2025.

Reform colocó a la exdirectora de comunicación de ADF International en Reino Unido, Lois McLatchie Miller, como candidata en las elecciones locales de inicios de este mes. McLatchie Miller publicó 759 entradas sobre el aborto entre 2022 y 2024, y 1.036 en los últimos 24 meses. Sin embargo, no contamos sus posts en nuestro recuento total, porque en gran parte de los últimos cuatro años trabajó para ADF.

Pero la candidatura de McLatchie Miller deja en evidencia que «Reform se comprometió a revertir el derecho al aborto y a situar la política antiabortista en el centro del debate político de Gran Bretaña», dijo Kerry Abel, presidenta de Abortion Rights UK. McLatchie Miller obtuvo apenas 272 votos y perdió frente a los laboristas.

ADF, actor fundamental de la abolición del derecho constitucional al aborto en Estados Unidos no es el único nexo entre Reform y el ecosistema de organizaciones que niegan la autonomía corporal de las mujeres y otras personas gestantes.

En febrero, Farage puso al académico James Orr, presidente de la Fundación Edmund Burke, a cargo de las políticas de Reform. La fundación de Orr organiza la Conferencia Nacional del Conservadurismo, contraria al aborto y en la que Farage ha participado dos veces como ponente.

Paul Marshall, copropietario de GB News, que pagó a Farage casi 370 000 libras desde que este obtuvo un escaño en el Parlamento, integra la junta directiva del foro ARC, contrario al derecho al aborto, junto con Orr y al diputado de Reform, Danny Kruger. Farage fue el ponente estrella en la conferencia del foro ARC del año pasado, junto a varios influencers contrarios al aborto. También intervino en un acto extremista contra el derecho al aborto en Estados Unidos.

Las próximas elecciones generales están previstas para 2029.  Reform lidera las encuestas, aunque su porcentaje de adhesiones tiende a la baja.

“Si Farage llega al poder en algún momento”, advirtió Datta, «tendrá que devolver el favor» a sus patrocinadores globales que están contra el aborto legal. Esta investigación sugiere que ese “reembolso» podría ser reinstaurar la criminalización, eliminar las normas que protegen los servicios de aborto frente a protestas y acoso, y reducir el plazo máximo, que  Farage ha calificado de «ridículo».

Pero dar estos pasos puede ser muy impopular para el partido de Farage. Nueve de cada 10  personas en Gran Bretaña apoyan el derecho al aborto, incluso el 86 % de los votantes de Reform.

«El apoyo al aborto en el Reino Unido no es una cuestión partidista, y los intentos de convertirlo en eso suponen una amenaza directa para los derechos y la autonomía de las mujeres», dijo Tonia Antoniazzi, del Partido Laborista.

«Las mujeres merecen algo mejor que figuras públicas que repiten sin cuestionar las afirmaciones infundadas de grupos antiabortistas, cuyo objetivo es restringir el acceso y convencerte de que apoyar el derecho de la mujer a decidir extremismo», agregó.

Intentamos entrevistar a Reform UK y a las personas mencionadas en el artículo sobre sus menciones al aborto en X, pero no obtuvimos respuesta.

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Cómo lo hicimos

El Proyecto Fuller recopiló 78 cuentas de X, definidas como pertenecientes a políticos de Reform (alcaldes, diputados, antiguos eurodiputados del Partido del Brexit), donantes, columnistas e influencers que apoyan a Reform. También incluimos cuentas de otras figuras políticas que han manifestado apoyo a Reform, o con opiniones críticas sobre la equidad de género.

Utilizamos ChatGPT para generar una lista inicial de las 50 principales cuentas que apoyan a Reform. A continuación, verificamos y ampliamos manualmente nuestra lista para incluir a personalidades destacadas y a partidos políticos de la extrema derecha, incluidos aquellos dirigidos por exdiputados de Reform o que estuvieron vinculados a Farage (como el partido UKIP).

También incluimos medios de comunicación que emplean a Farage, y a empresas de medios propiedad de donantes de Reform o financiadas por estos o por Paul Marshall, cuyo canal GB News paga a Farage sumas considerables por su labor como presentador.

Esta no es una lista exhaustiva, y refleja un subconjunto de cuentas con una influencia identificable, ya sea en forma de dinero, poder político, presencia en los medios o número de seguidores en las redes sociales.

Elegimos los dos periodos (del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2024 y del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2026) porque abarcan el auge de Reform UK y coinciden con cambios significativos en las leyes sobre el aborto en Inglaterra y Gales, así como en Estados Unidos.

Utilizamos Tweet Binder, una herramienta que ofrece análisis de palabras clave en X, para recopilar todas las publicaciones de las 78 cuentas que incluían la palabra «aborto». Los totales incluían publicaciones y reposteos, así como cifras sobre el tráfico. No se incluyeron publicaciones eliminadas o retiradas, lo que dificulta determinar el grado de exhaustividad de la muestra.

Analizamos las publicaciones que mencionaban el aborto, comparando las tendencias a lo largo del tiempo. También utilizamos filtros de expresiones clave, como «aborto hasta el momento del parto» e «infanticidio», para hacer un seguimiento de los cambios en el volumen de mensajes e interacciones.

Sian Norris es periodista de investigación sénior en openDemocracy. Sus artículos también se han publicado en The Observer , The Guardian , The Times , the i , New Statesman , The Lead , The Ferret , Inside Housing y Byline Times . Su último libro es «Bodies Under Siege: How the Far-Right Attack on Reproductive Rights Went Global» ( Verso, 2023 ). Además fundó el Festival de Literatura Femenina de Bristol. opendemocracy.net

Fuente: https://vientosur.info/derecho-al-aborto-el-nuevo-frente-de-la-extrema-derecha/

Buscan que leyes mexicanas reconozcan derechos sexuales y reproductivos

 Escrito por Lourdes Godínez Leal 

Cimac Foto. Gabriela Carreón.- Ciudad de México, 18 de junio de 2026- Durante más de dos décadas, organizaciones feministas, especialistas, legisladoras y defensoras de derechos humanos en México, han trabajado para que los derechos sexuales y reproductivos sean reconocidos de manera explícita en la legislación mexicana. Hoy, ese debate vuelve al centro de la agenda legislativa con una iniciativa promovida por la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, que busca incorporar estos derechos en diversas leyes generales y convertirlos en una obligación clara del Estado mexicano.

A lo largo de 21 años, las discusiones han transitado desde el acceso a métodos anticonceptivos, la salud sexual de adolescentes y la atención reproductiva, hasta el reconocimiento del derecho a decidir, la prevención de embarazos en adolescentes, la erradicación de la violencia obstétrica y la garantía de servicios integrales de salud sexual y reproductiva.

Este martes se realizó una reunión de trabajo convocada por la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado de la República, Malú Micher Camarena, para analizar la iniciativa que presentó en abril pasado, a la que asistieron senadoras y senadores, representantes de dependencias federales y organizaciones civiles.

“Nos encontramos ante una oportunidad histórica para avanzar hacia una legislación que reconozca de manera expresa estos derechos, que elimine vacíos normativos y que fortalezca las obligaciones del Estado mexicano para garantizar su ejercicio efectivo”, afirmó la senadora.

La iniciativa que presentó plantea modificaciones a la Ley General de Salud, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de Educación y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. De acuerdo con la legisladora, el proyecto pretende establecer un marco normativo integral y alineado con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

En un comunicado se informó que para la Ley General de Salud se propone reconocer la salud sexual y reproductiva como el eje rector del sistema de salud, garantizar servicios integrales como anticoncepción, atención obstétrica y prevención de infecciones de transmisión sexual.

En materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, la iniciativa propone asegurar el acceso a información y servicios adecuados sobre salud sexual y reproductiva, además de incorporar el principio de autonomía progresiva para reconocerlos como titulares de derechos.

En el ámbito educativo plantea que la educación sexual y reproductiva sea una obligación del Estado, impartida de manera integral, con base científica, perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y contenidos adecuados a la edad de las y los estudiantes.

La propuesta también contempla reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, para reconocer la violencia obstétrica como una forma de violencia de género, así como fortalecer las medidas de prevención, atención, sanción y protección institucional para las mujeres.

La iniciativa, que fue respaldada por las y los asistentes a la reunión de trabajo, se encuentra en proceso de dictaminación en las comisiones correspondientes.

21 años de trabajo

En el 2005, cuando Malú Micher se desempeñaba como diputada por el entonces Partido de la Revolución Democrática, presentó junto con la legisladora priista Diva Hadamira Gastélum Bajo, la primera iniciativa con proyecto de decreto para modificar y adicionar la Ley General de Salud en materia de salud sexual y reproductiva.

En la exposición de motivos, las legisladoras señalaron que la Ley a modificar no reconocía explícitamente estos derechos, y que debería establecer la obligación del Estado de crear las condiciones necesarias para garantizar un ejercicio efectivo de éstos, así como el hecho de que la legislación vigente en esos años únicamente consideraba la sexualidad con fines reproductivos y la salud de las mujeres desde la maternidad.

Propusieron garantizar la educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/sida, así como la reducción de embarazos en la población adolescente.

En el caso de adolescentes, sostenían que, atendiendo a diversas normativas firmadas por el Estado mexicano, como la Convención sobre los Derechos del Niño, debería prevalecer el interés superior de niñas, niños y adolescentes, sobre las decisiones de sus madres, padres o tutores cuando estuvieran en riesgo sus derechos a la salud, la vida o la integridad.

La iniciativa también proponía reducir los riesgos para la salud derivados de abortos realizados en condiciones inseguras, por lo que establecía que en el caso de interrupciones del embarazo previstas en la legislación, las causales (ya que aún no se legislaba la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación) los servicios deberían ser gratuitos, de calidad y accesibles.

Al respecto, señalaba un plazo de 5 días contados a partir de realizada la solicitud y siempre y cuando se cumplieran los requisitos establecidos en la legislación aplicable. También, que en el supuesto de que la o el médico señalara objeción de conciencia, el sistema de salud debería contar con personal no objetor que garantizara el acceso a este derecho; y en los casos de emergencia que pusiera en riesgo la vida de las mujeres, la atención médica no podría negarse.

Sin embargo, tal vez un factor que jugó en contra de que se aprobara dicha iniciativa que quedó en la congeladora de la Cámara de diputados fue que aunque tenía mayoría priista, el Partido Acción Nacional era el principal opositor.

Derechos sexuales y reproductivos, un tema de larga data

El reconocimiento del concepto derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos se hizo durante la conferencia internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) celebrada en 1994 en el Cairo, Egipto.

En el programa de acción de esta Conferencia, también conocida como conferencia de El Cairo, se habló de los derechos sexuales y reproductivos (DSyR) de mujeres, adolescentes y jóvenes más allá de cuestiones demográficas y fines reproductivos.

Definió a la salud reproductiva como “un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y con sus funciones”. “La atención de la salud reproductiva incluye la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales”.

Se estableció el derecho de todas las personas incluidas las jóvenes entre 12 y 29 años de edad, a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, por lo que las naciones que la han ratificado, entre ellas México, los reconocen como una parte integral e intransferible de los derechos humanos.

También, que serían las mujeres quienes deberían controlar su propia fecundidad y la obligación de los Estados de garantizar servicios de planificación familiar y de salud reproductiva de calidad y fomentar la educación de las niñas principalmente, así como promover la igualdad entre los sexos y la reducción de la mortalidad neonatal, infantil y materna y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y de planificación familiar.

Desde entonces, el tema ha sido abordado en diversas conferencias internacionales que sostienen la necesidad de que las legislaciones de los países garanticen el ejercicio pleno de éstos y servicios de salud de calidad.

Niñas madre, una violenta realidad mexicana. A 27 años del caso Paulina

 Escrito por Lizbeth Ortiz Acevedo

https://omm.org.mx/wp-content/uploads/2026/01/BOLETIN_MUERTE-MATERNA_3_2026.pdf.- Ciudad de México.- Han pasado 27 años desde que se dio a conocer el caso Paulina, una niña de entonces 13 años quien enfrentó un embarazo no deseado por violencia sexual y a pesar del respaldo del Artículo 36 del Código Penal de Baja California que le permitía interrumpir su embarazo, autoridades sanitarias y de justicia dilataron el proceso hasta el punto en que debió parir a sus 14 años, por lo que hoy se le recuerda como un hito, no obstante, este tipo de tortura contra niñas en México sigue siendo una realidad.

Fue en ese 1999 cuando se conoció el caso de la niña Paulina y a pesar de los avances jurídicos en derechos sexuales y reproductivos para las mujeres en el país como lo es el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que aprobó la despenalización del aborto a nivel federal así como Norma Oficial Mexicana NOM-046 que protege a las víctimas de violencia sexual para que tengan acceso a la anticoncepción de emergencia y un aborto seguro sin que deban recurrir a una orden judicial, hoy todavía no se logra hacer efectiva la despenalización a nivel federal y aunque se logre, defensoras de derechos humanos siguen encontrando obstáculos para hacer efectivo el derecho.

Última Hora. Suprema Corte despenaliza el aborto a nivel federal

No hay que olvidar que durante el caso de Paulina, intervinieron voces católicas y objetores de conciencia quienes incluso lograron proyectarle a la niña y a su madre videos que estigmatizan la interrupción de un embarazo para llenarlas de miedos y con ello impedir que tomaran una decisión.

Se hacían presentes y lejos de una perspectiva científica y laica. Lo que hicieron aquellas voces fue revictimizar a Paulina y su mamá. Condiciones que parecían superadas, no obstante, el mundo en este 2026 enfrenta de nueva cuenta una arremetida violenta de la ultraderecha la cual intenta inhibir derechos de las mujeres ganados de forma legítima.

Basta señalar que en octubre del 2025 Cimacnoticias reportó la supuesta renovación del Partido Acción Nacional (PAN) con un eslogan conservador y de ultraderecha: «libertad, patria y familia».

La renovación panista no movió los principios católicos y conservadores de ese partido político, es decir, siguen rechazando la interrupción del embarazo o el matrimonio igualitario, ambos derechos de las mujeres.

«Libertad, Patria y Familia», el guiño del PAN a la ultraderecha mundial

27 años y todo igual

Tras estos 27 años en México se siguen teniendo registros de embarazos de niñas y adolescentes entre 10 y 17 años.

Con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México hubo 89 mil 527 niñas y adolescentes (de entre 10 y 17 años) quienes tuvieron un embarazo en 2024, lo que correspondió al 1% del total de mujeres en ese rango de edad.

Es decir, uno de cada 19 nacimientos registrados en México durante 2024 fueron de madres que no habían cumplido 18 años de edad (5.4% del total).

Nunca sobra decir que el embarazo en niñas y adolescentes no es un problema menor, pues provoca maternidades forzadas que comprometen su vida, según datos de la Secretaría de la Salud en 2025 hubo 269 casos de niñas con morbilidad materna extremadamente grave, es decir, complicaciones médicas que pusieron en riesgo sus vidas durante el embarazo, el parto o hasta 42 días después de su terminación.

Es de resaltar que un embarazo en estas edades para una niña representa una causa de muerte.

«Datos del 2020 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indican que las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte a nivel mundial entre los 15 y 19 años.

Estos no sólo impactan de manera desproporcionada en los derechos a la vida, integridad personal, salud y vida privada; generan también graves repercusiones en la salud mental, ocasionando aislamiento social, lesiones auto infligidas, e incluso el suicidio, especialmente en los casos de violencia sexual. De ahí que, el Comité CEDAW establezca que un embarazo forzado constituye violencia de género y equivale a tortura o trato cruel, inhumano y degradante».

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Cimacnoticias también documentó a inicios del 2026, el caso de una niña de 10 años de edad, identificada como Deisy, quien fue ingresada de urgencia a un hospital de San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas, para parir a un bebé. Se notificó que durante este proceso llegó a terapia intensiva pero finalmente salió del hospital.

Datos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que esa entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional en nacimientos registrados en niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años.

Detrás del parto de niña Deisy en Chiapas, hubo un episodio de violencia sexual: Defensoras

En 2024 hubo en el país 1 millón 672 mil 227 nacimientos registrados, de los cuales el 0.36% fueron de adolescentes menores de 15 años, es decir, hubo 6 mil 20 nacimientos de madres que aún no llegaban a la mayoría de edad, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicada el 25 de septiembre del 2025. Aunque ser más los casos, ya que el 11.69% de los datos no fueron específicos en las edades de las madres al momento del nacimiento.

En 2025, la Secretaría de la Salud hizo pública una lista de 30 nacimientos en donde las edades de las madres y los padres era abismal y Marea Verde expuso la información.

Entre las edades de las mujeres que rondan en la lista se encuentran niñas de 10 años hasta los 12; mientras que las edades de los padres oscilaron de entre los 13 hasta 65 años. De ellos, solo 7 hombres eran menores de edad y 23 eran jóvenes, adultos y personas mayores. La mayor diferencia de edad es de 53 años en el caso de una niña de 12 y un adulto mayor de 65 años en el municipio El Oro, ubicado en el estado de México.

Los municipios en donde más se registraron estos casos fue en Chiapas: Comitán de Domínguez, Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo; en Guerrero: Acapulco, Chilpancingo de los Bravos y Chilapa de Álvarez y Puebla: Puebla, Izúcar de Matamoros y Tehuacán. Aunque, pero en casi todas las entidades de la república se registró al menos un caso.

Una segunda lista se hizo pública la cual informó de «30 nacimientos con la mayor diferencia de edad entre padres» mostrando a mujeres entre los 16 años y los 49 años; mientras que la edad de los padres ronda entre los 72 años y los 97 años, siendo que la mayor diferencia de edad se registró en 75 años que abarca el caso de una joven de 22 años y el adulto mayor de 97.

Estos casos ocurrieron en Guerrero (Arcelia, San Luis Acatlán y Ayutla de los Libres), estado de México (Otzolotepec y Toluca), Puebla (Acatzingo, Zacapoaxtla y Puebla) y Baja California (Mexicali y Tijuana).

La Secretaría de la Salud documentó que en 2025 hubo 269 casos de niñas con morbilidad materna extremadamente grave, es decir, complicaciones médicas que pusieron en riesgo sus vidas durante el embarazo, el parto o hasta 42 días después de su terminación.

Fue Paulina, luego Rocío y luego…

Cimacnoticias documentó el 15 de mayo del 2024 que autoridades del estado de Jalisco, sometieron a tortura a una niña de 12 años, originaria del municipio de Mezquitic perteneciente a la comunidad Wixárika, quien vivió violencia sexual por parte de su padre, lo que derivó en un embarazo y al solicitar su derecho a una interrupción del mismo, amparada bajo la Norma Oficial 046, personal de salud, intentó disuadirla, la revictimizaron y la mantuvieron días internada sin darle solución, hasta que defensoras intervinieron y finalmente hicieron posible el procedimiento en la Ciudad de México.

De acuerdo con la denuncia realizada por la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco (Ddeser), la niña estuvo por más de 11 días solicitando el servicio de aborto, pero no se le informaba que “en Jalisco no se haría el procedimiento”. Lo que de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos, esto constituye una forma de tortura durante los días en que ella y su familia quedaron “varadas” en el hospital jalisciense.

Las colectivas reclamaron que el personal médico ofreció a la niña un estudio para que “escuchara el corazón del bebé» y sugiriera la posibilidad de llevar el embarazo a término para luego recurrir a la adopción, esto, contrario a lo que la niña quería.

Tras darse a conocer el caso, 72 colectivas de Jalisco y nacionales manifestaron su indignación por las múltiples violencias sociales e institucionales vividas por Rocío, por tanto, emitieron un pronunciamiento dirigido, entre otros, al gobernador de la entidad, Enrique Alfaro.

Finalmente Rocío ejerció su derecho a la interrupción legal del embarazo, pero debieron actuar defensoras para garantizar este derecho y hacer todo lo posible para evitar la tortura continuada la cual fue ejercida por autoridades sanitarias al mantenerla hospitalizada sin ningún tipo de atención en vez de practicarle la ILE en menos de 72 horas.

Este hecho sucedió 25 años después del caso de Paulina.

Rocío es el nombre ficticio de la niña.

Para este 2026, de acuerdo con el Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna de la Secretaría de Salud, con registro de hasta el 26 de enero ya hay 16 casos de mujeres quienes fallecieron por muerte materna y de acuerdo con la gráfica por grupo etario, 2 casos eran de niñas y adolescentes de entre 15 y 19 años.

Niñas madre, una violenta realidad mexicana.

Políticas antimujer en Estados Unidos: el laboratorio reaccionario que deberíamos vigilar

 Por Miren Gutiérrez 

Fuentes: The Conversation

Las salidas de tono de Donald Trump se viralizan rápidamente, como ocurrió cuando llamó piggy (“cerdita”) a una periodista que le preguntaba sobre sus relaciones con Jeffrey Epstein. Después insultó a otra reportera.

Estos dos episodios dieron la vuelta al mundo. Y es normal que así fuera porque no se trata de anécdotas aisladas, sino de una estrategia que usa la misoginia para silenciar la crítica.

Ponemos mucha atención a lo escandaloso –que lo es–, pero menos en los profundos cambios que se despliegan silenciosamente en EE. UU. contra el bienestar de las mujeres como parte de una ofensiva autoritaria y patriarcal.

El aumento de la mortalidad materno-infantil

En primer lugar, el cierre de los servicios de salud reproductiva ha provocado un aumento de la mortalidad materna e infantil en los estados que han impuesto prohibiciones; la evidencia demuestra que las restricciones tienen un impacto directo en la vida y la salud de las madres

En 2022, con la anulación de la sentencia Roe vs. Wade –que reconocía el derecho constitucional al aborto en 1973–, la Corte Suprema de EE. UU. eliminó la protección constitucional del derecho al aborto, dejando a cada estado la facultad de prohibirlo. Desde entonces, una docena de estados han impuesto vetos casi totales, lo que ha llevado al cierre de clínicas de aborto y a la desaparición de servicios de salud reproductiva en amplias regiones del país.

Estos cierres no solo afectan el acceso al aborto, sino también a la atención prenatal, la anticoncepción, la detección de cáncer y el manejo de complicaciones del embarazo.

Un análisis del Gender Equity Policy Institute muestra que las mujeres que viven en estados con prohibición tienen casi el doble de riesgo de morir durante el embarazo, el parto o en el posparto que las que residen en estados donde el aborto es legal.

Texas, que implementó una prohibición casi total, ofrece un ejemplo extremo. En el primer año bajo la aplicación de esta medida, la mortalidad materna aumentó un 56 %, con disparidades raciales profundas: las mujeres negras tuvieron una tasa de mortalidad materna 2,5 veces mayor que la de las blancas.

Esto viene acompañado de un aumento de la mortalidad infantil. En Texas, las muertes de niños o niñas crecieron un 13 % en el año posterior a la prohibición, con un aumento de los fallecimientos atribuibles a anomalías congénitas graves, lo que sugiere que muchos embarazos que antes se interrumpían por razones médicas ahora se llevan a término, con consecuencias fatales.

Deterioro de la esperanza de vida

Las desigualdades en el acceso a la salud han tenido un impacto en la expectativa de vida de las mujeres negras, especialmente en estados del sur, rurales y segregados, donde la precariedad sanitaria se solapa con el racismo estructural.

Aunque diversos análisis muestran que la esperanza de vida de la población negra ha sido sistemáticamente inferior a la de la población blanca, las mejoras en este área se han estancado.

Cuando se observa la situación de las mujeres negras en condados rurales y estados históricamente segregados, varios estudios muestran que su esperanza de vida media está en un rango de 72,5 a 74,9 años, por debajo de los más de 80 años que alcanzan en promedio la población femenina blanca.

Organizaciones como Black Women’s Health Imperative han documentado cómo la combinación de sesgo racial en la atención, falta de seguro médico, mayores tasas de enfermedades crónicas y barreras para desplazarse para recibir atención se traducen en más muertes evitables y una reducción de años de vida.

Análisis como los del National Partnership for Women & Families documentan cómo las sucesivas administraciones de Trump han impulsado un desmantelamiento de programas orientados a promover la igualdad. Por ejemplo, la eliminación de programas de apoyo a la conciliación ha echado a cientos de miles de mujeres fuera del mercado de trabajo o hacia empleos más precarios, revirtiendo avances logrados en materia de protección frente a la discriminación en el trabajo.

Un eje central de este retroceso ha sido la eliminación o vaciamiento de programas federales de equidad de género. La reinterpretación de normas como la Orden Ejecutiva 11246 –que obligaba a los contratistas federales a aplicar programas de acción afirmativa–, junto con órdenes que paralizan las actividades de promoción de la igualdad, han supuesto la eliminación de mecanismos que promovían la contratación de mujeres y minorías en sectores estratégicos.

La calidad de vida de las familias de bajos ingresos –entre ellas, un elevado porcentaje de mujeres solas– se ha visto afectada por recortes de subvenciones destinadas a cumplir la Fair Housing Act –Ley de Vivivenda Justa–. Investigaciones periodísticas muestran que la Casa Blanca ha ordenado la cancelación de las ayudas que el Departamento de Vivienda destinaba a organizaciones sin ánimo de lucro encargadas de investigar denuncias de discriminación en alquileres e hipotecas. La reducción de esta financiación deja a muchas comunidades sin defensa frente a desalojos injustos, cláusulas abusivas o discriminación por género, raza y discapacidad.

Otras áreas de retroceso

También se han reducido los fondos a programas de apoyo a las víctimas de violencia de género y trata. Un informe del Brennan Center for Justice detalla que se han cancelado cientos de millones de dólares en subvenciones, incluyendo programas que proporcionan servicios a las afectadas.

A su vez, un análisis del Council on Criminal Justice describe cómo estos recortes afectan así mismo la formación de enfermeras forenses que atienden a víctimas de violencia sexual.

Los recortes se combinan con cambios normativos y más condiciones para otorgar ayudas. La revista The New Republic documenta cómo se imponen nuevas normas a las beneficiarias de fondos federales, prohibiendo destinar recursos a programas que aborden la violencia como problema estructural.

En paralelo, se han impulsado medidas que restringen el derecho al voto. El Brennan Center for Justice, que monitorea la legislación electoral, advierte de que varias iniciativas buscan imponer requisitos más estrictos de prueba de ciudadanía y documentación de identidad, lo que privaría del voto a millones de electores que no disponen de pasaporte o certificado de nacimiento actualizado.

Estas exigencias podrían tener un impacto sobre las mujeres que han cambiado de apellido tras el matrimonio o el divorcio, pues muchas no tienen documentos que coincidan con su nombre legal actual: se estima que hasta 69 millones de mujeres están en esta situación.

Organizaciones como la NAACP Legal Defense Fund y la ACLU –Unión Americana de Libertades Civiles– han llevado a los tribunales disposiciones administrativas que intentaban introducir requisitos adicionales de prueba de ciudadanía.

Estos cambios se suman a la reducción de oficinas, horarios y recursos para el voto anticipado o por correo, lo que dificulta el acceso al voto de quienes enfrentan más barreras de tiempo, movilidad y cuidado –como mujeres cuidadoras o trabajadoras con varios empleos–, y se inscriben en una tendencia más amplia de debilitamiento del legado de la Voting Rights Act.

La experiencia estadounidense demuestra que las políticas regresivas tienden a perjudicar a los sectores más vulnerables, especialmente a las mujeres de bajos ingresos.

Miren Gutiérrez. Investigadora, Universidad de Deusto

Fuente: https://theconversation.com/politicas-antimujer-en-estados-unidos-el-laboratorio-reaccionario-que-deberiamos-vigilar-271173

Defender derechos sexuales y reproductivos, «actividad extremadamente peligrosa»: CIDH

 Escrito por Paola Piña 

Foto: Wendy Rayón.- Ciudad de México.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su más reciente informe, advirtió que defender los derechos sexuales y reproductivos se ha vuelto una actividad extremadamente peligrosa en América Latina, particularmente para quienes luchan por el acceso al aborto legal, pues siguen enfrentando de manera sistemática violencia física, hostigamiento, amenazas y criminalización 

Cabe señalar que la Corte IDH ha reconocido el derecho a la salud sexual y reproductiva como parte integral del derecho a la salud, por lo que los gobiernos deben garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva, información, educación y los medios necesarios para ejercer, de manera libre y responsable, el derecho a decidir sobre el número de hijos que se desea tener.

No obstante, derechos como el aborto aún son ilegales en algunas zonas de la región, como El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití, mientras que en países como Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Brasil, Ecuador solo se permite bajo ciertas excepciones; mientras que en México aún criminalizándose en el Código Penal Federal.

En consecuencia, son las mujeres las que más participan en esta lucha de derechos y solo en 2022 se registraron 768 agresiones contra defensoras y organizaciones que trabajan en defensa de los derechos sexuales y reproductivos en la región mesoamericana, con al menos tres mujeres defensoras que perdieron la vida.

A lo largo de la región latinoamericana, la Comisión ha identificado diversas agresiones hacia estas mujeres. Por ejemplo, en Brasil se documentó que una de sus defensoras de derechos sexuales y reproductivos tuvo que abandonar el país ante intimidaciones y hostigamiento en su contra.

En Honduras, se ha documentado que organizaciones relacionadas con la defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos han sido blanco de campañas de odio y desprestigio digital y por otros medios, las cuales, de acuerdo con el documento, son perpetradas, alentadas y consentidas por destacadas figuras políticas y religiosas.

Por ejemplo, uno de los casos que da evidencia de ello fue el de la coordinadora del grupo Ecuménicas por el Derecho a Decidir, quien ha denunciado que ha sufrido hostigamiento y amenazas por parte de la Policía Militar del Orden Público en su domicilio.

En República Dominicana, se ha registrado uso excesivo de la fuerza por la Policía Nacional en contra de las manifestantes que se han opuesto a la decisión gubernamental de mantener la penalización de la interrupción del embarazo, incluyendo los casos de embarazos que representen un riesgo para la vida de las mujeres.

En el norte de América, la situación ha sido similar, pese a que se presume una mayor libertad de expresión y garantía de derechos, lo cierto es que en Estados Unidos, según la información recibida, este tipo de defensa ha enfrentado estigmatización, ataques físicos y verbales, intimidación, amenazas y criminalización, incluyendo al personal médico y proveedores de atención médica, activistas, personal y acompañantes de las clínicas de interrupción de embarazo, parteras y profesionales de la educación.

Asimismo, se habría presentado un aumento de incidentes tales como incendios provocados, robos, amenazas de muerte e invasiones de clínicas que brindan este tipo de servicios. Lo anterior, a raíz de la decisión de la Corte Suprema de anular la sentencia de la causa Roe v. Wade, que reconocía el acceso a la interrupción del embarazo como derecho constitucional.

En El Salvador, país liderado por Nayib Bukele, quienes realizan esta defensa se enfrentan a constantes amenazas, campañas de deslegitimación y discursos discriminatorios y misóginos. Muchas de las agresiones registradas se han dado hacia las mujeres que han apoyado a Beatriz, una mujer con un embarazo de alto riesgo a quien el Estado le negó la posibilidad de abortar, ya que el procedimiento no está legalizado en el país, por lo que su caso fue llevado a la Corte IDH.

Corte Interamericana falla contra El Salvador por negar derecho al aborto a Beatriz

En Ecuador, las defensoras de derechos sexuales y reproductivos pueden ser investigadas por “apología del aborto”, según el artículo 149 del Código Penal, lo que significa que, aunque solo informen o apoyen a las mujeres en la decisión de interrumpir un embarazo, pueden ser acusadas, limitando su acompañamiento a las mujeres que deciden abortar.

En Guatemala, se presentó una denuncia penal en contra de colectivos feministas por promover el derecho a una interrupción del embarazo seguro y legal en redes sociales y en las calles del centro de la ciudad en el marco del Día de Acción Global, por los delitos de “instigar a delinquir” y “usurpación de calidad.

Además se siguen perpetuando discursos estigmatizantes y campañas de desprestigio también se han registrado en países como Ecuador, Guatemala, México, Perú y Venezuela, evidenciando un patrón de criminalización.

Condón femenino

 Escrito por Wendy Rayón Garay 

Crédito: Unsplash/Reproductive Health Supplies Coalition.- Ciudad de México.- El condón femenino fue elaborado para favorecer la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones sobre su cuerpo y el ejercicio de su sexualidad, por eso, en el marco del Día Internacional del Condón Femenino, Vaginal e Interno, celebrado cada 16 de septiembre, te traemos una guía de todo lo que tienes que saber sobre este preservativo.

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el condón femenino es un método eficaz en la prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual que proporciona una gama de opciones para las mujeres como oportunidades sobre su salud sexual y reproductiva.

UNFPA señala que el condón femenino es una funda de 170 milímetros de longitud que actúa como una barrera entre el pene y la vagina. Se caracteriza por tener un anillo flexible en cada extremo: el primero es el más cerrado que facilita su inserción y lo mantiene adherido al cuello uterino, mientras que el segundo anillo es abierto y ancho porque está hecho para permanecer afuera de la vagina cubriendo los genitales externos (labios mayores, labios menores, clítoris y abertura vaginal) y el orificio uretral.

Las principales diferencias entre el condón femenino y masculino es que los primeros están elaborados por nitrilo sintético o poliuretano en vez de látex y le permite soportar mejores condiciones de luz, temperatura y humedad; están lubricados y son compatibles con lubricantes hechos a base de aceite o agua; se insertan en la vagina incluso 8 horas antes de la relación sexual; y protegen los genitales externos e internos de la mujer como el pene del hombre.

Por otro lado, el condón masculino está fabricado a base de látex, puede estar o no lubricado; no soporta lubricantes a base de agua; solo puede colocarse cuando el pené está erecto; se deteriora rápidamente si no se almacena en condiciones adecuadas de luz, temperatura y humedad; y solo cubre el pene y genitales internos femeninos.

Siguiendo las recomendaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre las principales ventajas de su uso se encuentran: autonomía y control de quien lo usa para decidir cuándo y cómo protegerse, no interrumpe la práctica sexual, protección frente a infecciones de transmisión sexual (ITS) ofreciendo una barrera adicional, mayor comodidad al adaptase al tracto vaginal y menor riesgo de ruptura o desplazamiento, funciona para personas alérgicas al látex, puede ser usado con juguetes sexuales que faciliten la excitación, y estimula tanto el pene como la vulva y el clítoris.

Además, se puede colocar hasta 8 horas antes de la relación sexual, si así lo deseas, o en cualquier momento antes de la relación sexual, no se requiere acudir a consulta ni tener receta para obtenerlo, se puede utilizar durante la menstruación o durante el embarazo, para prevenir infecciones de transmisión sexual.

Crédito: Unsplash/Reproductive Health Supplies Coalition

Prevención

Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 señalan que, en ese año, 979 mil mujeres de 15 a 49 años tuvieron un aborto como resultado de su último embarazo. El 77.4% declaró que fue espontáneo, 20.6% inducido y el 1.9% no aclaró la forma en que ocurrió. Por otro lado, (enfermedades)

Históricamente, la salud de las mujeres se ve influenciada por la desigualdad ya que ellas experimentan brechas sociales y económicas que refuerzan su posición de desventaja social por factores como el género, etnia y edad. De esta manera, en las sociedades patriarcales existen barreras en el bienestar físico, mental y social relacionados con el sistema reproductivo.

Según se estableció en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) en 1994, la salud reproductiva no solo implica la ausencia de enfermedades, sino que se trata de un estado de bienestar físico, mental y social de las personas relacionado con el sistema reproductivo, así como sus funciones y procesos. Parte de ello es la capacidad de disfrutar libremente una vida sexual satisfactoria sin relacionarla con la procreación no deseada.

Debido a las desigualdades sociales, generadas de la estructura patriarcal, las mujeres incrementan su situación de vulnerabilidad frente a la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, la pobreza, falta de acceso a recursos físicos y simbólicos (educación o ingresos) o los medios de producción, restringen la su capacidad de autocuidarse y protegerse frente a escenarios que amenazan su salud.

De acuerdo con ENADID 2023, el 98.7% de las mujeres de 15 a 49 años conocía al menos un método anticonceptivo, de ellas el 96.6% sabía el uso correcto de al menos uno de ellos. Respecto a los grupos de edad, se observó que aquellas entre 30 a 34 años tenían mayores conocimientos que las mujeres entre 15 a 19 años. Asimismo, la encuesta registró que la población de mujeres en edad fértil sexualmente activas (MEFSA) alcanzó los 18.6 millones, de las cuales el 74.6% refirió haberse protegido al momento de la relación sexual.

Entre los métodos más utilizado por mujeres se encontraron la operación femenina con 44.3%, seguido de mecanismos no hormonales o de barrera (condón masculino, condón femenino, dispositivo intrauterino (DIU), espermicidas y diafragma) con 29.4% y métodos hormonales (implante, pastilla, parche, anticonceptivos inyectables, dispositivo intrauterino con hormonas y anillo vaginal) con 18.7%.

UNFPA también señala que el uso de preservativos ha sido decisivo para combatir la pandemia mundial de infecciones por el VIH: según las estimaciones de las simulaciones de modelos, la mayor utilización del preservativo registrada a partir de 1990 ha evitado aproximadamente 117 millones de nuevas infecciones por el VIH.

Garantía de salud sexual para todas: 4 puntos clave para entender el nuevo decreto de ley NOM- 005

 Escrito por Arantza Díaz

 

Fuente: CIMAC.-Ciudad de México.- La salud sexual y reproductiva implica la capacidad de todas las personas a gozar de una vida reproductiva y sexual plena, saludable, segura y libre; la planificación familiar es un derecho fundamental en la vida, por lo tanto, es implícito que el Estado deba garantizar las condiciones necesarias para que la población pueda ejercer su derecho constitucional a la planificación familiar y anticoncepción. Ante este reconocimiento, se ha publicado la NOM 050 en el Diario Oficial de la Federación, misma, que garantiza el mejoramiento y cobertura absoluta de las atenciones en los sistemas de salud.

Esta Norma Oficial Mexicana incluye todas las disposiciones generales para prestar servicios de forma segura, expedita y no discriminatoria, tomando en cuenta las bases de evidencia científica estipuladas por la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, posee ejes transversales particulares pues, según refiere el decreto, tendrá por objetivo establecer la perspectiva de género, la pertinencia cultural y la no violencia en razón de género.

De acuerdo con los últimos datos registrado por la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), el 74% de las mujeres de entre 15 y 49 años regulan su vida sexual a través del uso de métodos anticonceptivos. De este universo, casi la mitad requiere de continuidad en los servicios, pues utilizan métodos temporales, en añadidura, las mujeres han expresado no sentirse satisfechas con los métodos anticonceptivos en México y al al menos el 12% no utiliza ninguna protección durante los encuentros sexuales.

Fuente: CIMAC

Este último número, asciende en el caso de las mujeres de habla indígena (14%) y en adolescentes, siendo este último grupo, el que menos se protege durante su vida sexual (27.1%); mujeres de entre 15 y 19 años, como resultado, se apunta a una tasa altísima de embarazos adolescentes y no deseados, pues al menos el 39% de estos embarazos fueron no planeados.

Un hecho importante en este decreto es que, si bien se reconoce que en México las políticas públicas en materia de anticoncepción y planificación familiar se han desarrollado desde los años 70s, estas han sido insuficientes y las acciones, si bien implican una mejoría, esta ha sido sumamente lenta y paulatina, por lo tanto, el avance de la NOM -005 representa una ofensiva nueva que pretenderá disminuir el número de contagios por VPH, VIH, embarazos adolescentes y otorgar una vida familiar plena.

Estos son 5 puntos medulares para entender qué pauta el decreto, pero también, una herramienta de autocuidado y autodefensa feminista. Esto, a sabiendas de que existe un antecedente que protege de cualquier acto discriminatorio, edadista y/o sexista que pretenda cooptar a las mujeres y adolescentes de acceder a sus derechos.

El acceso a información y anticonceptivos es universal

Todo servicio debe incluir información clara, accesible, consejería, indicaciones, recomendaciones, uso y seguimiento de los métodos anticonceptivos en cada una de las etapas de la vida de una persona. Con esto, se apunta a que los servicios serán gratuitos para quien lo demande, sin importar si están afiliadas o no a la institución de seguridad social.

Jamás se cobrará por la atención médica, aplicación de métodos anticonceptivos temporales, ni ningún otro procedimiento quirúrgico. Asimismo, se ha estipulado que es una responsabilidad del sistema de salud siempre ofrecer estos servicios a toda persona que acuda a estos espacios de salud, sin importar el motivo por el que está ahí, particularmente, a la población adolescente y mujeres que nunca han estado embarazadas (nuligestas).

Está estrechamente penado negar la atención a personas en situación de vulnerabilidad, personas con cualquier tipo de discapacidad y menores de 18 años. En el caso de este último grupo, se refiere que cualquier niña, niño, adolescencia, podrá acercarse directamente al personal de salud y pedir consejería, acompañamiento, información o métodos anticonceptivos.

No es necesario acudir personalmente

El decreto sostiene que toda prestación de servicios de planificación familiar y anticoncepción deberá otorgarse con «calidez», asegurando siempre la privacidad, confidencialidad y absoluto respeto a los derechos humanos de la persona usuaria. Ante esto, existe la posibilidad de pedir consejería a la distancia para mayor cobertura y seguridad de quien así lo demande.

Según refiere el punto 5.2 del decreto, se desplegará un trabajo de difusión extenso en conjunto con medios masivos de comunicación como la televisión, radio y redes sociales que brindarán información de manera constante. Asimismo, se realizarán campañas de participación social y comunitaria, es decir, entrevistas personales y visitas domiciliarias a fin de dar a conocer información importante como el uso de métodos anticonceptivos.

Toda consejería y servicios de prestación de servicios se podrá brindar a la distancia, a menos, salvo para la provisión de métodos anticonceptivos que sí requieran la intervención del personal de salud.

Otro eje importante es que esta información se sostendrá en algunos focos importantes como signos y síntomas que requieran atención inmediata, riesgos para la salud y por supuesto, la prevención del VPH.

Los VPH se dividen, según su asociación causal con el cáncer, en los identificados como de alto o bajo riesgo. Existen 16 tipos clasificados como de alto riesgo, siendo los números 16, 18, 45, 31, 33 y 52 causa del 85 % de los casos de cáncer de cuello uterino (CaCU).

Sólo para dimensionar el impacto de esta ITS en las mujeres, el VPH número 16 y 18 propicia poco más del 70% de los casos de cáncer cervicouterino, advierte el Instituto Mexicano del Seguro Social (2024); las mexicanas usualmente contraen el número 16 y un aproximado de dos de cada tres mujeres lo tiene.

En México 2020 el cáncer cervicouterino fue el segundo más diagnosticado y la segunda causa de muerte en mujeres, con un estimado de 9 mil 439 nuevos casos y 4 mil 335 muertes, según documentó el IMSS.

Pero esta ITS no afecta a todas las mujeres por igual, pues atraviesa con mayor recrudecimiento a quienes están en situación de vulnerabilidad y precarización. Es decir, el panorama epidemiológico responde a la interseccionalidad y condiciones de vida de las mujeres.

¿Ligadura de trompas y métodos definitivos?: Un derecho

El decreto es muy expreso en referir que no se puede, bajo ningún término, que el personal de salud anteponga su moral o prejuicios al momento de dar consejerías de planificación familiar y anticoncepción. Tienen la obligación de brindar información basada en evidencia científica y garantizar el mejor método anticonceptivo para las personas que lo demanden.

Sin embargo, toda decisión tomada por las personas deberá ser respetadas por el personal de salud y está estrictamente prohibido que se induzca, se intente convencer o se fuerce a la persona a pensar distinto. Si bien se pueden realizar recomendaciones, estas no deben atravesar la línea de la autonomía de la paciente.

Una de las prácticas más comunes de violencia que se gestan en estos espacios es cuando se le pretende negar a las mujeres la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos permanentes como la salpingoclasia, pues se considera que la mujer puede arrepentirse años más tarde o que no tiene la facultad suficiente para decidir sobre su cuerpo.

El decreto va en contra de esto y exige en estos casos, las intervenciones quirúrgicas siempre deberán ser precedidas siempre y cuando, la paciente cumpla con los requisitos de consentimiento, que se le haya informado sobre todo lo que ello implica, características, riesgos y que no es un método anticonceptivo. Asimismo, se le debe hacer saber a la persona usuaria que su decisión es revocable y en caso de negarse de último momento, no debe existir ninguna represalia, por el contrario, se debe garantizar acompañamiento en todo momento.

Información para toda la población

El decreto expresa que se realizarán espacios informativos, ya sean individuales o comunitarios que faciliten la comprensión del proceso reproductivo, la toma de decisiones libres y voluntarias, asimismo, se ajustarán a la edad y el nivel de escolaridad de la población a la que irá dirigido. Todo esto deberá ser laico y claro, además, de que se hará accesible para todas las personas con distintos tipos de discapacidad.

En el caso particular de la población indígena – afromexicana que sea monolingüe, se garantizará que toda la información será proporcionada en su idioma, además, de que se pondrá el acento en: Métodos anticonceptivos, protección contra infecciones de transmisión sexual, uso del condón, así como la autodefensa contra el VPH y VIH.

Papa Francisco murió sin cambiar postura eclesiástica frente al aborto. Expresó: «es un homicidio»

 Escrito por Wendy Rayón Garay 

.-Ciudad de México.- Pese a las ideas progresistas del Papa Francisco como incluir a más mujeres en la Iglesia, la aceptación de la comunidad LGTBQ+ o la defensa de las personas migrantes, la realidad es que el pontífice nunca cambió su postura contra el aborto y se mantuvo firme hasta su muerte, este lunes 21 de abril.

El día de hoy, el Papa Francisco murió a los 88 años de edad debido a un derrame cerebral y una insuficiencia cardiaca irreversible, según mencionó el médico del Vaticano, Andrea Arcangeli, por lo que, queda reflexionar su postura contra el aborto, el cual siempre calificó como un asesinato.

El aborto es un derecho en algunos países en donde se reconoce que las mujeres pueden interrumpir su embarazo, asimismo forma parte de sus derechos sexuales y reproductivos que se ha impulsado gracias al movimiento feminista buscando una maternidad segura y libre de todo riesgo durante el proceso reproductivo (desde la intención reproductiva, concepción, gestación, parto y puriparto).

Este derecho también procura que cuando las mujeres deciden interrumpir el embarazo, sea el Estado quien pueda facilitarle el acceso a servicios médicos que les permitan abortar de manera segura con personal capacitado. Sin embargo, desde siempre este derecho ha sido criminalizado como una práctica que «atenta la vida» del feto.

Actualmente, se trata de un tema de salud pública que impacta a miles de niñas y mujeres en el mundo que por diversos motivos quedan embarazadas. Al no ser accesible, se realiza bajo peligrosas condiciones siendo una de las principales causas de muerte materna en el mundo junto a la hemorragia obstetricia y la hipertensión.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se realizan cerca de 73 millones de abortos en el mundo, de los cuales el 45% se realizan en condiciones peligrosas y una tercera parte fueron practicados por personas sin formación médica o con métodos dañinos y cruentos.

Según la OMS, las consecuencias de no recibir atención para un aborto seguro, asequible, oportuno y respetuoso pueden afectar diversas partes de la vida de las mujeres, por ejemplo, muerte materna (siendo que cada año entre el 4.7% y 13.2% de muertes maternas son por aborto), hemorragias, infecciones, perforaciones uterinas y daños en el aparato genital u órganos internos.

Impedir o criminalizar el aborto es violar varios derechos humanos de las mujeres y niñas como el derecho a la vida; a gozar el grado máximo de salud física y mental; a beneficiarse del progreso científico; de decidir libre y responsable el número de hijas e hijos; y de no sufrir torturas, malos tratos o castigos por ello.

La negación del aborto como un derecho para el papa Francisco

Desde su ascenso al papado tras la renuncia de Benedicto XVI en 2013, el Papa Francisco criminalizó el derecho al aborto como lo hizo el pasado 30 de octubre de 2024, durante la audiencia con los miembros de «Proyecto Esperanza» donde recibió a parejas que abortaron, calificando esta práctica como «un crimen» en el que se «asesinan niños inocentes».

«Más que un problema, es un homicidio, quien aborta mata, sin medias palabras. Tomen cualquier libro de embriología para estudiantes de medicina. La tercera semana después de la concepción, todos los órganos ya están ahí, incluso el ADN… es una vida humana, esta vida humana debe ser respetada, ¡este principio es tan claro!» -Papa Francisco al final de su Viaje Apostólico a Budapest y Eslovaquia.

Papa Francisco abre participación de mujeres en asamblea de obispos, aunque niega derechos sobre el aborto – cimacnoticias.com.mx

Para él, el problema de raíz sobre el abortó fue que era visto como una tendencia en el que se considera la vida como una carga, una mentalidad que, según el pontificie, cambió “la cultura del descarte en una cultura de la muerte” traduciéndose a «perder el respeto» por todas las formas de vida como personas con discapacidad, bebés no nacidos y personas mayores.

Durante su participación en el Foro de las Asociaciones Familiares en 2018, llegó a comparar el aborto con el homicidio cotidiano o la ideología nazi cuando aseguró que al ser practicada en fetos con enfermedades o discapacidades se aplica la eugenesia:

“He escuchado decir que está de moda —o al menos es habitual— en los primeros meses de embarazo hacer ciertos exámenes, para ver si el niño no está bien, o viene con algún problema… La primera propuesta en ese caso es: ‘¿Lo echamos?’. El homicidio de los niños. Y para tener una vida tranquila, se expulsa a un inocente (…) En el siglo pasado todo el mundo estaba escandalizado por lo que hacían los nazis para cuidar la pureza de la raza. Hoy hacemos lo mismo, pero con guante blanco” -Papa Francisco en el Foro de las Asociaciones Familiares en 2018

En varios eventos mundiales abordó el tema, por ejemplo, en la Asamblea General de la ONU en 2020 acusó a los países e instituciones internacionales que promovieron el aborto como un servicio esencial en medio de la pandemia del COVID-19 por aplicar esta práctica de forma «conveniente» y «negando la existencia de la vida».

Aunque nunca acusó directamente a las mujeres por abortar, sí mencionó varias veces que no era una solución. Señaló que ellas tenían el «derecho de proteger la vida», pero la de sus hijas e hijos y no las suyas. También las culpó de «contratar sicarios» al ser el personal médico quien mayoritariamente brinda la atención siendo que iban en contra de su juramento hipocrático:

“La ciencia te dice que en el mes de la concepción ya están todos los órganos… Matas a un ser humano. Y los médicos que se prestan a esto son -permítanme la palabra- sicarios. Son sicarios (…) no se puede discutir por qué se mata una vida humana. Y las mujeres tienen derecho a proteger la vida” -Papa Francisco durante su catequesis semanal de la Audiencia General

Ante su postura y acciones sobre el aborto y su entendimiento sobre esta práctica, el Papa emitió un comunicado con motivo del “Año Jubilar” –celebración católica cada 25 años para “la remisión de los pecados, la reconciliación, la conversión y penitencia sacramental”– solicitando a los sacerdotes otorgar perdón a las mujeres que en el pasado abortaron.

Aclaró que el tema del aborto es teológico y no pastoral, por lo que incluso los Obispos no podían negarse y tomar partido político para condenar a las mujeres que tuvieron un aborto. Sin embargo, la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) lo acusaron de estigmatizar a las mujeres, ya que bajo esta idea se sigue considerando a la mujer como «pecadora» por interrumpir su embarazo.

Papa debe exigir a obispos que dejen de criminalizar el aborto – cimacnoticias.com.mx

En 2022, el Vaticano y el Papa Francisco celebraron la derogación del caso Roe vs. Wade, el cual fue un revés de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos cuando dio un fallo a favor de Jane Roe, una mujer soltera que no pudo interrumpir su embarazo de manera segura y legal, ya que el fiscal de distrito del condado de Dallas, Texas, no estuvo de acuerdo.

Mujeres en el Vaticano

Desde que inició el pontificado del Papa Francisco en 2013, más mujeres se han instalado en puestos de poder dentro de la Sede Santa y el Estado de la Ciudad del Vaticano,

De acuerdo con Vatican News, en la Sede Santa hay 812 trabajadoras y 3 mil 114 trabajadores; asimismo en la Ciudad del Vaticano se encuentran 353 empleadas. En total, las mujeres dentro de la Iglesia y el Estado alcanzó la cifra de mil 165 pasando a representar 19.2% (846 mujeres) al 23.4% entre 2013 y 2023.

En la escala de los diez niveles utilizada en el Vaticano, en 2022 el 43% de ellas estaban en los niveles sexto y séptimo trabajando en profesiones donde se requiere un título académico. No obstante, también se encontraron mujeres que han alcanzado puestos de responsabilidad que van más allá del último nivel. 

Para 2023, 5 mujeres ocupaban el rango de subsecretarías y 1 de secretaría de un Dicasterio (ministerios del Vaticano). Ambos representan el tercer y segundo nivel de dirección respectivamente que son nombrados directamente por el Papa en turno y forman parte del equipo directivo junto con el Prefecto que lidera todos los Dicasterios.

Aunque los nombramientos de mujeres en altos cargos comenzó con el pontificado de Pablo VI, fue gracias a la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium de 2022 que se abrieron las posibilidades de dirigir un Dicasterio y convertirse en Prefectas. Ámbito antes reservado para cardenales y arzobispos.

De esta manera, el pasado 6 de enero de 2025, Sor Simona Brambilla marcó un hito en la historia de la Iglesia al convertirse en la primera mujer en dirigir un Dicasterio del Vaticano. El Papa Francisco la designó como Prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.

Respecto al Estado de la Ciudad del Vaticano, la situación ha crecido con mayor lentitud que en la Iglesia. Actualente solo el 19% de las trabajadoras son mujeres.

En más de 10 años, el Papa Francisco nombró a dos mujeres en altos cargos, la primera fue a Barbara Jetta como directora de los Museos Vaticanos en 2016 y más tarde a Raffaella Petrini como secretaria general del Governatorato puesto que desempeñaban los obispos y en los últimos meses la nombró presidenta de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano y presidenta de la Gobernación,

A raíz de la muerte del Papa Francisco quedará en incertidumbre el destino del Vaticano y su postura sobre los derechos de las mujeres quienes históricamente han sido sometidas bajo una institución misógina y patriarcal.