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6/13/2026

Erradicación del embarazo en niñas, el gran reto del Estado mexicano a 2030

 

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Estos objetivos están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y con el Consenso de Montevideo, compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano.

De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), durante 2025 se registraron 7 mil 877 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años de edad, lo que equivale a un promedio de 22 nacimientos diarios en el país.

Conapo define la fecundidad forzada en niñas de 10 a 14 años de edad cuando una niña se convierte en madre, casi siempre, por situaciones de abuso, y esto representa un problema muy serio de salud y de transgresión de derechos.

El propio gobierno federal reconoce que los embarazos en niñas de 10 a 14 años están estrechamente relacionados con distintas formas de violencia sexual ejercidas, principalmente, por personas del entorno familiar o cercano. Estas agresiones pueden manifestarse mediante amenazas, abuso de poder, presión psicológica o relaciones forzadas.

Las consecuencias son especialmente graves. Las niñas que se convierten en madres en este rango de edad tienen cuatro veces más probabilidades de morir por causas maternas que las mujeres de 20 a 24 años. Además, enfrentan mayores riesgos de complicaciones físicas, emocionales y sociales.

Si bien entre 2018 y 2025, el número anual de nacimientos en niñas de 10 a 14 años disminuyó 24.9 por ciento, las diferencias geográficas marcan diferencias.

Por ejemplo, mientras la tasa nacional de fecundidad forzada fue de 2.39 nacimientos por cada mil niñas de 10 a 14 años en 2025, entidades como Chiapas (5.30), Oaxaca (4.45) y Guerrero (3.41) registraron niveles considerablemente superiores al promedio nacional.

Otro dato que llama la atención es la situación conyugal reportada para este grupo de edad. En 2018, 2.2 por ciento de las niñas que fueron madres aparecían registradas como casadas; para 2024 la proporción disminuyó a 1.1 por ciento. No obstante, la mayoría fue reportada en unión libre, condición que concentró 59.1 por ciento de los casos.

Respecto a la edad de los responsables de estos embarazos, los registros de 2024 muestran importantes vacíos de información: en 33 por ciento de los casos no se especificó la edad del padre. Entre los casos identificados, el grupo más frecuente fue el de hombres de 15 a 19 años (38.2 por ciento), seguido por quienes tenían entre 20 y 24 años (19.1 por ciento), entre 25 y 29 años (4.9 por ciento) y entre 30 y 34 años (2.0 por ciento).

Embarazo adolescente: avances insuficientes

De acuerdo con la Conciliación Demográfica de México 1950-2015 y las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050, el promedio de hijos por mujer pasó de 6.6 en 1970 a 2.05 en 2020.

En el caso de las adolescentes de 15 a 19 años, la reducción ha sido más lenta. Entre 1970 y 1990 la tasa de fecundidad en este grupo descendió 36 por ciento; sin embargo, posteriormente se estancó. Entre 2005 y 2014 apenas pasó de 75.8 a 75.6 nacimientos por cada mil adolescentes.

Ante este escenario, en 2015 el Gobierno de México puso en marcha la enapea. Desde entonces, la Tasa Específica de Fecundidad en Adolescentes (TEFA), indicador que mide el número de nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años, pasó de 72.38 en 2015 a 59.46 en 2024.

Para alcanzar la meta comprometida para 2030, el país deberá reducir la TEFA hasta 32.6 nacimientos por cada mil adolescentes.

A lo largo de una década, la estrategia ha transitado por tres etapas de implementación. Sin embargo, los avances no han sido homogéneos: entre 2014 y 2018, la tasa de fecundidad adolescente disminuyó 8.4 por ciento en las zonas urbanas y 7.7 por ciento en las rurales.

La situación es aún más preocupante entre las adolescentes indígenas, donde el indicador no sólo no disminuyó, sino que aumentó. En ese mismo periodo pasó de 84.7 a 87.1 nacimientos por cada mil adolescentes.

5/09/2026

En México hay más de 2 millones de madres adolescentes


Escrito por Wendy Rayón Garay 
Ciudad de México.- Las mujeres no viven la maternidad de la misma manera y uno de los factores que influye es la edad, en México de las 39.2 millones de mujeres que reportaron haber tenido a una hija o hijo en algún momento de su vida, cerca de 2 millones 38 mil tienen entre 15 a 19 años, así lo dio a conocer las nuevas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a propósito del Día de la Madre celebrado cada 10 de mayo.

De acuerdo con el reporte anual, el número de madres adolescentes apenas representan el 5.2% del total que hay en México y, en promedio, ellas llegan a tener una hija o hijo; sin embargo, los datos revelan que las niñas y adolescentes continúan siendo esclavas de la maternidad y abandonan sus proyectos de vida para asumir el un rol estereotipado sobre la responsabilidad del cuidado.

Esta es una deuda que tiene el Estado mexicano con las adolescentes, en 2015 se implementó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) para reducir el número de embarazos de este sector. Se estableció como meta para el 2030 erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir al 50% la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años.

A cuatro años de llegar a ese plazo, México solo ha logrado disminuir un 16.7% los nacimientos de las adolescentes entre 15 a 19 años, según estimaciones del Consejo Nacional de la Población (CONAPO); mientras que, sobre el primer grupo, las cifras continúan aumentando, así lo refiere el informe sombra «Matrimonio forzado, venta y embarazo de niñas y adolescentes».

El mismo documento menciona diversos escenarios en los que una niña o adolescente se convierte en madre. En México, al menos el 40% de las adolescentes ha enfrentado violencia sexual de acuerdo con datos del INEGI, quien también refiere que al menos el 12.6% de las mexicanas vivieron abuso sexual durante su infancia.

Otro factor son los matrimonios forzados, anteriormente Cimacnoticias reportó que en México hay más de 200 mil niñas y adolescentes en matrimonios infantiles o uniones libres, esto a 11 años de que el país prohibiera la práctica en 2014 y seis desde que se modificó el Código Civil. No obstante, actualmente solo 8 entidades homologaron sus códigos para sancionarlo, estos son San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, estado de México, Campeche, Quintana Roo y ahora Chiapas.

CIMAC Foto

El informe «Voces de niñas y adolescentes. Una aproximación a las causas de los matrimonios infantiles» que pertenece a Save The Children, advierte las condiciones que enfrentan las niñas y adolescentes embarazadas en matrimonios infantiles. Cuando estas mujeres tienen menos de 14 años, el embarazo puede ser producto de la coerción y violencia sexual, en ocasiones el agresor es alguien de la familia.

El 33% de las niñas y adolescentes madres en matrimonios infantiles no cuentan con servicios de salud lo cual pone en peligro su vida durante el embarazo, parto y postparto. Su estado duplica las posibilidades de atravesar muerte materna, sobre todo cuando son menores de 19 años y los cuatriplica cuando son menores de 15 años. Esta es la sexta causa de muerte en adolescentes entre 15 y 17 años.

Esto no solo pone en riesgo la vida de las madres, sino del bebé, al menos el 55% de ellas enfrentaron el fallecimiento de una hija o hijo. Además, otro riesgo al que se enfrentan es la violencia obstétrica, el 35.5% de las mujeres entre 15 a 24 en matrimonios infantiles años reportaron haber experimentado esta violencia durante su embarazo.

A esto se suma la falta de Educación Integral de la Sexualidad (EIS) en el país. Estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) da cuenta que 6 de cada 10 adolescentes no usan ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual, exponiéndose así a embarazos no deseados y contraer Enfermedades de Transmisión Sexual (ITS).

Asumir la maternidad en edades tan tempranas como la niñez o adolescencia tiene implicaciones directas en la vida de las mujeres como la deserción escolar. El embarazo es la segunda razón de que las mujeres abandonan sus estudios de acuerdo con UNFPA, otros motivos implican falta de recursos económicos y matrimonios tempranos, todos ellos contribuyen a la reproducción de un círculo de pobreza.

Para UNFPA, la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) es una respuesta integral para evitar embarazos tempranos en adolescentes. Se trata de un proceso de enseñanza y aprendizaje sobre aspectos cognitivos, emocionales, psicológico, físico y sociales de la sexualidad. Su objetivo es que las mujeres obtengan conocimientos basados en información científica que les permita tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre cómo iniciar su vida sexual si lo desean.

En Mexico, la EIS tiene sustento en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en 2019 se reformó ese artículo para incluir el reconocimiento a la educación sexual como un derecho de las mujeres y una obligación de las autoridades responsables en un Estado laico que prioriza el interés superior de la niñez.
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2/07/2026

Niñas madre, una violenta realidad mexicana. A 27 años del caso Paulina

 

Fue en ese 1999 cuando se conoció el caso de la niña Paulina y a pesar de los avances jurídicos en derechos sexuales y reproductivos para las mujeres en el país como lo es el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que aprobó la despenalización del aborto a nivel federal así como Norma Oficial Mexicana NOM-046 que protege a las víctimas de violencia sexual para que tengan acceso a la anticoncepción de emergencia y un aborto seguro sin que deban recurrir a una orden judicial, hoy todavía no se logra hacer efectiva la despenalización a nivel federal y aunque se logre, defensoras de derechos humanos siguen encontrando obstáculos para hacer efectivo el derecho.

Última Hora. Suprema Corte despenaliza el aborto a nivel federal

No hay que olvidar que durante el caso de Paulina, intervinieron voces católicas y objetores de conciencia quienes incluso lograron proyectarle a la niña y a su madre videos que estigmatizan la interrupción de un embarazo para llenarlas de miedos y con ello impedir que tomaran una decisión.

Se hacían presentes y lejos de una perspectiva científica y laica. Lo que hicieron aquellas voces fue revictimizar a Paulina y su mamá. Condiciones que parecían superadas, no obstante, el mundo en este 2026 enfrenta de nueva cuenta una arremetida violenta de la ultraderecha la cual intenta inhibir derechos de las mujeres ganados de forma legítima.

Basta señalar que en octubre del 2025 Cimacnoticias reportó la supuesta renovación del Partido Acción Nacional (PAN) con un eslogan conservador y de ultraderecha: «libertad, patria y familia».

La renovación panista no movió los principios católicos y conservadores de ese partido político, es decir, siguen rechazando la interrupción del embarazo o el matrimonio igualitario, ambos derechos de las mujeres.

«Libertad, Patria y Familia», el guiño del PAN a la ultraderecha mundial

27 años y todo igual

Tras estos 27 años en México se siguen teniendo registros de embarazos de niñas y adolescentes entre 10 y 17 años.

Con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México hubo 89 mil 527 niñas y adolescentes (de entre 10 y 17 años) quienes tuvieron un embarazo en 2024, lo que correspondió al 1% del total de mujeres en ese rango de edad.

Es decir, uno de cada 19 nacimientos registrados en México durante 2024 fueron de madres que no habían cumplido 18 años de edad (5.4% del total).

Nunca sobra decir que el embarazo en niñas y adolescentes no es un problema menor, pues provoca maternidades forzadas que comprometen su vida, según datos de la Secretaría de la Salud en 2025 hubo 269 casos de niñas con morbilidad materna extremadamente grave, es decir, complicaciones médicas que pusieron en riesgo sus vidas durante el embarazo, el parto o hasta 42 días después de su terminación.

Es de resaltar que un embarazo en estas edades para una niña representa una causa de muerte.

«Datos del 2020 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indican que las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte a nivel mundial entre los 15 y 19 años.

Estos no sólo impactan de manera desproporcionada en los derechos a la vida, integridad personal, salud y vida privada; generan también graves repercusiones en la salud mental, ocasionando aislamiento social, lesiones auto infligidas, e incluso el suicidio, especialmente en los casos de violencia sexual. De ahí que, el Comité CEDAW establezca que un embarazo forzado constituye violencia de género y equivale a tortura o trato cruel, inhumano y degradante».

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Cimacnoticias también documentó a inicios del 2026, el caso de una niña de 10 años de edad, identificada como Deisy, quien fue ingresada de urgencia a un hospital de San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas, para parir a un bebé. Se notificó que durante este proceso llegó a terapia intensiva pero finalmente salió del hospital.

Datos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que esa entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional en nacimientos registrados en niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años.

Detrás del parto de niña Deisy en Chiapas, hubo un episodio de violencia sexual: Defensoras

En 2024 hubo en el país 1 millón 672 mil 227 nacimientos registrados, de los cuales el 0.36% fueron de adolescentes menores de 15 años, es decir, hubo 6 mil 20 nacimientos de madres que aún no llegaban a la mayoría de edad, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicada el 25 de septiembre del 2025. Aunque ser más los casos, ya que el 11.69% de los datos no fueron específicos en las edades de las madres al momento del nacimiento.

En 2025, la Secretaría de la Salud hizo pública una lista de 30 nacimientos en donde las edades de las madres y los padres era abismal y Marea Verde expuso la información.

Entre las edades de las mujeres que rondan en la lista se encuentran niñas de 10 años hasta los 12; mientras que las edades de los padres oscilaron de entre los 13 hasta 65 años. De ellos, solo 7 hombres eran menores de edad y 23 eran jóvenes, adultos y personas mayores. La mayor diferencia de edad es de 53 años en el caso de una niña de 12 y un adulto mayor de 65 años en el municipio El Oro, ubicado en el estado de México.

Los municipios en donde más se registraron estos casos fue en Chiapas: Comitán de Domínguez, Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo; en Guerrero: Acapulco, Chilpancingo de los Bravos y Chilapa de Álvarez y Puebla: Puebla, Izúcar de Matamoros y Tehuacán. Aunque, pero en casi todas las entidades de la república se registró al menos un caso.

Una segunda lista se hizo pública la cual informó de «30 nacimientos con la mayor diferencia de edad entre padres» mostrando a mujeres entre los 16 años y los 49 años; mientras que la edad de los padres ronda entre los 72 años y los 97 años, siendo que la mayor diferencia de edad se registró en 75 años que abarca el caso de una joven de 22 años y el adulto mayor de 97.

Estos casos ocurrieron en Guerrero (Arcelia, San Luis Acatlán y Ayutla de los Libres), estado de México (Otzolotepec y Toluca), Puebla (Acatzingo, Zacapoaxtla y Puebla) y Baja California (Mexicali y Tijuana).

La Secretaría de la Salud documentó que en 2025 hubo 269 casos de niñas con morbilidad materna extremadamente grave, es decir, complicaciones médicas que pusieron en riesgo sus vidas durante el embarazo, el parto o hasta 42 días después de su terminación.

Fue Paulina, luego Rocío y luego…

Cimacnoticias documentó el 15 de mayo del 2024 que autoridades del estado de Jalisco, sometieron a tortura a una niña de 12 años, originaria del municipio de Mezquitic perteneciente a la comunidad Wixárika, quien vivió violencia sexual por parte de su padre, lo que derivó en un embarazo y al solicitar su derecho a una interrupción del mismo, amparada bajo la Norma Oficial 046, personal de salud, intentó disuadirla, la revictimizaron y la mantuvieron días internada sin darle solución, hasta que defensoras intervinieron y finalmente hicieron posible el procedimiento en la Ciudad de México.

De acuerdo con la denuncia realizada por la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco (Ddeser), la niña estuvo por más de 11 días solicitando el servicio de aborto, pero no se le informaba que “en Jalisco no se haría el procedimiento”. Lo que de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos, esto constituye una forma de tortura durante los días en que ella y su familia quedaron “varadas” en el hospital jalisciense.

Las colectivas reclamaron que el personal médico ofreció a la niña un estudio para que “escuchara el corazón del bebé» y sugiriera la posibilidad de llevar el embarazo a término para luego recurrir a la adopción, esto, contrario a lo que la niña quería.

Tras darse a conocer el caso, 72 colectivas de Jalisco y nacionales manifestaron su indignación por las múltiples violencias sociales e institucionales vividas por Rocío, por tanto, emitieron un pronunciamiento dirigido, entre otros, al gobernador de la entidad, Enrique Alfaro.

Finalmente Rocío ejerció su derecho a la interrupción legal del embarazo, pero debieron actuar defensoras para garantizar este derecho y hacer todo lo posible para evitar la tortura continuada la cual fue ejercida por autoridades sanitarias al mantenerla hospitalizada sin ningún tipo de atención en vez de practicarle la ILE en menos de 72 horas.

Este hecho sucedió 25 años después del caso de Paulina.

Rocío es el nombre ficticio de la niña.

Para este 2026, de acuerdo con el Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna de la Secretaría de Salud, con registro de hasta el 26 de enero ya hay 16 casos de mujeres quienes fallecieron por muerte materna y de acuerdo con la gráfica por grupo etario, 2 casos eran de niñas y adolescentes de entre 15 y 19 años.


Niñas madre, una violenta realidad mexicana.

1/24/2026

En México, 1 de cada 19 embarazos son de niñas o adolescentes. «Falta voluntad política para erradicarlos»

 

Con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México en el país hubo 89 mil 527 niñas y adolescentes entre 10 y 17 años quienes registraron un embarazo en 2024. Estoy correspondió al 1% del total de mujeres en ese rango de edad. Puesto de otra forma, uno de cada 19 nacimientos registrados en México durante 2024 eran de madres que no habían cumplido 18 años de edad (5.4% del total). Las entidades que más nacimientos registraron fueron: estado de México con 11 mil 086, seguido de Chiapas con 9 mil 177 y luego Jalisco con 5 mil 989.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que en 2023 acontecieron 137 mil 660 embarazos en niñas y adolescentes menores de 19 años en México. De estos, alrededor de 3 mil 134 partos correspondieron a niñas entre 10 y 14 años de edad. Aunque en 2020 la cifra arrojó un estimado de 8 mil 876 en el mismo grupo etario, para la organización refleja que el problema es persistente.

El embarazo en niñas y adolescentes no es un problema menor, pues provoca maternidades forzadas que comprometen su salud física. Anteriormente, la Secretaría de la Salud documentó que en 2025 hubo 269 casos de niñas con morbilidad materna extremadamente grave, es decir, complicaciones médicas que pusieron en riesgo sus vidas durante el embarazo, el parto o hasta 42 días después de su terminación.

El embarazo en niñas y adolescentes no es un problema menor, pues provoca maternidades forzadas que comprometen su vida y la situación se replica en todo el país, según datos de la Secretaría de la Salud en 2025 hubo 269 casos de niñas con morbilidad materna extremadamente grave, es decir, complicaciones médicas que pusieron en riesgo sus vidas durante el embarazo, el parto o hasta 42 días después de su terminación.

ADIVAC expuso que los esfuerzos institucionales por erradicar el embarazo infantil y adolescente «están debilitados», por ejemplo, señalaron una reducción del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) —dirigido a instancias de mujeres en las entidades federativas— el cual atendía a 300 municipios con una inversión de más de 35 mil millones de pesos.

Por otro lado, la organización advirtió que durante el año 2025 no se dio a conocer una estrategia clara sobre el FOBAM; mientras que los recursos se repartieron en 55 municipios y fueron destinados a la impresión de la Cartilla de la Mujer y para los Centros de Mujeres Libres, sin proporcionar evidencia sobre el impacto que tendría en la prevención de embarazos forzados o la violencia sexual.

Pese a los avances normativos en materia de derechos humanos, ADIVAC señaló que la ausencia de una educación integral en sexualidad efectiva, la falta de homologación en cuanto a la tipificación de la violencia sexual en todos los códigos penales, la permanencia del delito de estrupo en los estados, y la escasez de peritos especializados para materializar las denuncias y proporcionar sanciones reales; dificultan proporcionar una respuesta integral.

Las organización afirmó que existe falta de voluntad política y presupuestaria, por ello exigieron la creación de fondos públicos específicos, suficientes y debidamente etiquetados para la prevención, atención y sanción del embarazo infantil y adolescentes que sean operados por el Grupo Interinstitucional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes (GIPEA).

Asimismo, rendición de cuentas en los recursos con enfoque territorial y priorizando en las comunidades donde hay mayor presencia de violencia sexual. Paralelamente, pidieron la capacitación de las instituciones en materia de sexualidad, justicia, atención a víctimas y sanción de la violencia sexual contra niñas y adolescentes.

«Estas fallas son cuellos de botella que continúan dejando sin atención ni justicia a niñas y adolescentes violentadas (…) La protección de la vida, la salud y los derechos de las niñas no admite simulaciones ni discursos triunfalistas. El Estado mexicano tiene la obligación indeclinable de garantizarles una vida libre de violencia.» -Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Víctimas de Violencia A.C. (ADIVAC).

El panorama que enfrentan las niñas y adolescentes

México cuanta con la Estrategia Nacional para Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) que contempla un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, aportes de la sociedad civil y, por primera vez, incluye a la población menor de 15 años como un grupo prioritario. No obstante, la ADIVAC advirtió que tanto el Consejo Nacional de Población (CONAPO) como la ENAPEA han señalado que la violencia sexual es un factor clave en la realidad de las niñas y adolescentes.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) reportó que tan solo en 2023, se registraron 9 mil 802 casos de niñas, niños y adolescentes de 1 a 17 años, atendidas en hospitales por violencia sexual, de las cuales el 92.3% correspondían a mujeres. Ese mismo año se posicionó como el segundo con mayor casos registrados desde el 2010.

La mayoría de las historias corresponden a contextos de matrimonio infantil o uniones tempranas donde las diferencias entre las edades de las mujeres y su conyugue son grandes. Cuando las infancias entran en un matrimonio, éste repercute en su capacidad de alcanzar o abandonar hitos de transición hacia la vida adulta.

Dichos escenarios generan que las niñas y adolescentes experimenten situaciones de violencia sexual. El informe ‘Matrimonio forzado, venta y embarazo de niñas y adolescentes’ señala que el 40% de las adolescentes en México ha experimentado violencia sexual y el 12.6% de las mujeres en México fueron víctimas de abuso sexual alguna vez en su infancia.

1/10/2026

A diario ocurren 19 partos en niñas entre 10 a 14 años. México sin alcanzar meta de ENAPEA

 

El caso de Deisy «N», una niña de 10 años de edad que fue ingresada de urgencia para dar a luz a su bebé en el hospital de San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas; puso en la mira una problemática central en México: el embarazo infantil, así como los factores que lo provocan. Actualmente la menor permanece en estado grave y bajo cuidados de terapia intensiva y su caso está marcado por violencia sexual, ya que el padre del bebé es un hombre de 18 años.

Han transcurrido 10 años desde que se creó la ENAPEA en 2015, la cual tiene como finalidad reducir el número de embarazos en adolescentes respetando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. De acuerdo con el informe sombra publicado en 2025 «Prácticas nocivas: matrimonio, embarazo, y venta de niñas y adolescentes», la estrategia apostó por dos principales objetivos: disminuir al 50% la fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años y erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 años.

No obstante, datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) indican que, entre 2015 y 2023, la tasa de fecundidad del primer grupo de adolescentes pudo reducirse un 16.7%; sin embargo, esto no sucedió con el segundo grupo etario. En 10 años, la razón de fecundidad de estas niñas aumentó de 1.63 a 1.69 nacimientos por cada mil niñas. A esto se suma el caso particular de aquellas entre los 12 y 14 años, cuya tasa pasó de 2.71 a 2.81 nacimientos por cada mil.

La ENAPEA cuenta con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género que permiten visualizar las desigualdades que enfrentan las mujeres cuando se convierten en madres a edades tempranas. Además, la estrategia identifica a 12 dependencias para su ejecución junto a la Secretaría de Salud, reúne aportes de la sociedad civil, y con ella por primera vez se incluyó a la población menor de 15 años.

Pese a la creación de esta estrategia, los embarazos en niñas y adolescentes continúan aumentando. El informe sombra indica que un factor relevante es el protagonismo de las instancias religiosas en la elaboración de políticas públicas. La promoción de visiones tradicionales y anti-derechos por parte de organizaciones de la sociedad civil que va en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

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Una investigación realizada en 2023 y retomada por el informe sombra encontró que, entre 2016 y 2021, en el estado de Guanajuato hubo avances respecto a la implementación de la ENAPEA, pero quedaron obstáculos para incorporar la perspectiva de género en la estrategia a nivel local. Esto ocurrió gracias a la influencia de la ideología de grupos conservadores y religiosos con poder, cuyo pensamiento va en contra de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

A esto se suman otros factores como la falta de voluntad política; insuficiencia en el presupuesto asignado; falta de personal con sensibilidad y capacidad en derechos; formación inadecuada de instancias locales para aterrizar los enfoques de derechos, género y juventudes; e información deficiente sobre la sexualidad y prácticas sociales específicos a la población de mujeres menores de 14 años.

En segundo lugar, se encuentra la violencia hacia las mujeres, particularmente la violencia sexual. El informe “No es maternidad, es violencia: Embarazo de niñas y adolescentes” indica que la maternidad en niñas y adolescentes suele estar acompañada de abuso sexual, abandono institucional y familiar, así como expulsiones de sus hogares, uniones tempranas o sometimiento a dinámicas de control por parte de sus agresores. En este contexto, la maternidad no constituye una experiencia de cuidado, sino una extensión del abuso.

El documento advierte que los embarazos infantiles y las uniones a temprana edad constituyen formas de violencia sustentadas en estructuras familiares y comunitarias que toleran o normalizan la pederastia a través de dinámicas de poder. En algunos casos, el agresor pertenece al círculo cercano de la víctima y es mucho mayor en edad; en otros, se trata de relaciones atravesadas por la desigualdad económica, la dependencia o la manipulación emocional.

La violencia sexual se sostiene en dinámicas de poder, en silencios cómplices, en estructuras familiares, comunitaria que minimizan el abuso y la pederastia. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) reportó que tan solo en 2023, se registraron 9 mil 802 casos de niñas, niños y adolescentes de 1 a 17 años, atendidas en hospitales por violencia sexual, de las cuales el 92.3% correspondían a mujeres.

No obstante, la violencia sexual también se da en contextos de matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas (MUITF), los cuales son fenómenos que se relacionan con las desigualdades de género, violencia, pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente, marcos legales y políticas inadecuadas que ponen en riesgo a las niñas y adolescentes.

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Violencia sexual infantil síntoma de la normalización de la Pederastia 

La normalización de la pederastia, de acuerdo con el artículo “Una revisión de las teorías del feminismo radical sobre el abuso sexual contra la infancia”, está profundamente relacionada con el poder que históricamente se ha otorgado a los hombres, quienes ocupan un papel central dentro de la estructura patriarcal. En muchos contextos familiares, los varones detentan una posición de autoridad que les permite ejercer control sin supervisión ni sanciones externas, lo que facilita que algunos utilicen ese poder para explotar sexualmente a niñas de su propio entorno.

Desde esta perspectiva, el abuso sexual infantil no responde al deseo ni al consentimiento, sino a una lógica de dominación masculina. Para algunos hombres, ejercer control sexual sobre otras personas, especialmente sobre quienes consideran más vulnerables, se convierte en una forma de reafirmar su masculinidad. No se trata de relaciones sexuales consensuadas, sino de actos impuestos mediante la fuerza, la manipulación o el abuso de poder.

Los casos donde las edades entre las mujeres y los hombres son abismales responden a una socialización que enseña a los hombres que sus necesidades son prioritarias y deben satisfacerse incluso a costa de otras personas, en particular de las mujeres. En algunos casos, esta idea se extiende hacia niñas, a quienes suelen ser vistas como objetos sexuales y no como infantes con derechos y autonomía.

En este sentido, la elección de una niña o un niño como víctima no es accidental: se basa en la desigualdad, la dependencia y la vulnerabilidad, condiciones que facilitan la coerción y el abuso. Por ello, el documento señala que el abuso sexual infantil debe entenderse no como un hecho aislado, sino como una consecuencia directa de estructuras patriarcales que toleran y reproducen la pederastia.

Esta problemática se refleja en casos recientes, en junio de 2025 se difundió una lista con 30 nacimientos en los que las diferencias de edad entre las madres y los padres resultaban abismales. Estos datos, proporcionados por la Secretaría de Salud, evidenciaron que se trataba de niñas víctimas de violencia sexual, quienes probablemente se encontraban en contextos de matrimonios forzados con hombre mucho mayores que ellas.

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10/25/2025

En 5 años, Chiapas no ha logrado disminuir embarazos adolescentes

 

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A una década de distancia, Chiapas no ha logrado reducir de manera significativa los embarazos adolescentes. En 2015, la entidad ya reportaba un 20.3%, lo que refleja un estancamiento derivado de la pobreza, las desigualdades estructurales y el abandono institucional, particularmente hacia las mujeres indígenas.

Indigna lista pública de niñas-madre de entre 10 y 12 años de edad. La tradición violenta la niñez

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en Chiapas viven 2.8 millones de mujeres indígenas y el 87.5% de los municipios donde habitan presenta un grado alto o muy alto de marginación.

Esta situación impacta directamente en el acceso a la salud sexual y reproductiva, pues las cifras apuntan que el 73.9% de las adolescentes en la entidad no utilizó ningún método anticonceptivo. Collado Miranda explicó que esto se debe, en gran medida, a la lejanía de las comunidades rurales respecto a los centros de salud, lo que dificulta el acceso tanto a campañas educativas como a servicios de atención.

Esta problemática no es exclusiva de Chiapas, ya que de acuerdo con el artículo Acceso a métodos anticonceptivos de mediana y larga duración en madres adolescentes indígenas de Latinoamérica advierte que las adolescentes indígenas de la región presentan la mayor demanda insatisfecha de anticonceptivos, debido tanto a la falta de información como al limitado conocimiento sobre el tema.

Pese a ello, el Estado no ha implementado campañas de educación sexual adaptadas a las necesidades de las comunidades indígenas desde un enfoque interseccional. Por el contrario, suele aplicar los mismos mecanismos diseñados para zonas urbanas, lo que reduce su efectividad.

A ello se suma la falta de acercamiento del personal de salud hacia las y los adolescentes, pues aunque existan métodos anticonceptivos disponibles, los estigmas y tabúes impiden que la juventud solicite información o atención. Por ello, subrayó Collado, es necesario que sean las y los adultos, mediante campañas adecuadas, quienes se acerquen a brindar acompañamiento y orientación.

Frenar el embarazo adolescente debe asumirse como una prioridad del Estado, garantizando el acceso universal a métodos anticonceptivos. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), si se cubriera la demanda de anticonceptivos en América Latina, cada año podrían evitarse 2.1 millones de nacimientos no planificados, 3.2 millones de abortos y 5 mil 600 muertes maternas, por lo que se trata de un asunto de salud pública urgente.

Asimismo, Collado Miranda advirtió que el embarazo adolescente genera profundas consecuencias sociales, por lo que prevenirlo permitiría reducir el abandono escolar, ya que muchas jóvenes dejan sus estudios al convertirse en madres, limitando así sus oportunidades educativas y laborales.

Además, evitaría la interrupción de los proyectos de vida de las adolescentes. Quienes ya tenían un plan suelen verlo truncado, y aquellas que aún no lo definían enfrentan mayores obstáculos para construirlo, perpetuando así el ciclo de pobreza en sus comunidades.

“El embarazo adolescente tiene múltiples impactos sociales, por lo que no puede considerarse un problema individual, sino una cuestión social y de derechos humanos”, señaló María Elena Collado Miranda, subdirectora de Gestión del Conocimiento de Ipas LAC.

Obligaciones del Estado

La prevención del embarazo y la maternidad en la adolescencia es un tema prioritario dentro de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que impacta directamente en el bienestar de las adolescentes, su acceso a oportunidades educativas y económicas, y en la reducción de la pobreza intergeneracional.

Por ello, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su estudio Fecundidad en la adolescencia. Causas, riesgos y opciones, la experiencia en otros países ha mostrado que, para lograr una buena cobertura, los servicios públicos y privados para adolescentes deben cumplir tres condiciones: bajo costo, confidencialidad y respeto al consentimiento informado, además de estar disponibles de manera inmediata.

En adherencia, Collado Miranda apuntó que se debe contar con datos desagregados por municipio para identificar con precisión las zonas que requieren mayor atención y diseñar programas específicos. Además, se necesita una estrategia intersectorial que involucre al sector educativo y a las organizaciones civiles para ofrecer información basada en evidencia científica y combatir estigmas.

9/20/2025

Nuevas configuraciones del embarazo adolescente. Una mirada crítica lejos del estigma

 

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Durante la presentación del libro se informó que el texto cuenta con múltiples testimonios de mujeres y hombres que son o fueron madres y padres en la adolescencia, con el fin de no generalizar experiencias y establecer la brecha entre embarazos adolescentes y los abusos en la infancia, de igual forma, este ejemplar evita la revictimización hacia las adolescentes.

Es importante señalar que en el mundo día con día alrededor de mil niñas y adolescentes de 10 a 15 años dan a luz, en 2023 se registraron 137 mil 660 nacimientos de madres de entre 10 y 19 años, de los cuales 3 mil correspondían a niñas menores de 14 años. En retrospectiva, por cada mil nacimientos 77 son de madres adolescentes de 15 a 19 años.

La prevención del embarazo y la maternidad en la adolescencia es un tema prioritario dentro de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ya que impacta directamente en el bienestar de las adolescentes, su acceso a oportunidades educativas y económicas, y en la reducción de la pobreza intergeneracional. 

Por lo que, para lograr estas metas, es esencial la implementación de programas multisectoriales que combinen la educación, el acceso a métodos anticonceptivos, el empoderamiento de las niñas y adolescentes y el fortalecimiento de los marcos legales que protegen su derecho, ha apuntado la ONU Mujeres.

Durante esta presentación editorial en el Museo de la Mujer en la Ciudad de México, Gloria Elizabeth García Hernández y Nelly Rosa Caro Luján quienes se distinguen por su línea de investigación en embarazos adolescentes y género, abordaron esta problemática como un fenómeno estructural e interseccional que debe ser estudiado desde múltiples disciplinas, pues afirmaron que la pobreza, la baja escolaridad, la etnia y el contexto sociocultural recrudece el panorama de las juventudes.  

“La importancia de entender este fenómeno va más allá de culpabilizar a la joven o a la adolescente (…) primero se debe establecer en qué condiciones socioculturales y económicas sucede”. – Nelly Rosa Caro Luján

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) un embarazo adolescente es aquel que ocurre entre los 15 y los 19 años, sin embargo, es una realidad que actualmente existen niñas menores de 15 años que se encuentran en periodo de gestación o inclusive maternando.

No podemos perder de vista que el embarazo en la adolescencia afecta los derechos sexuales, reproductivos, de salud y de educación de las niñas y adolescentes. Sus impactos no sólo dificultan el acceso a una buena calidad de vida para sus hijas e hijos, sino que también influyen en el bienestar de las propias adolescentes y en su entorno social.

“Las condiciones de vulnerabilidad, de marginación y en algunos casos de exclusión configuran, y están en una articulación permanente, las subjetividades en este caso de las adolescentes y estas subjetividades están permeadas no sólo por la clase social, como categoría analítica estructural, sino el género como una categoría que determina las condiciones de vida en el mundo y en este país “. – Gloria Elizabeth García Hernández  

Publicado por el Colegio Mexiquense y dividido en tres apartados, el libro Nuevas Configuraciones del Embarazo Adolescente. Maternidades, Paternidades y Políticas Públicas, es una compilación de conocimientos de diversos especialistas de las ciencias sociales, de diferentes estados de la república, quienes desde la mirada crítica a esta situación que afecta la vida de las jóvenes.

“La primera ubicación que se hizo necesaria, es pensar en los y las actoras del embarazo adolescente en una diversidad, donde están las mujeres adolescentes, pero no sólo ellas, los varones, pero no sólo ellos, padres y madres de familia, profesores, servidores de la salud y pares”. – Gloria Elizabeth García Hernández   

El embarazo adolescente o precoz, es producto de la falta de información, la falla en los métodos anticonceptivos y el difícil acceso a servicios de anticoncepción, es decir, el conjunto de obstáculos institucionales aunados a las brechas sociales tiene como resultado que miles de niñas y adolescentes pongan en riesgo su vida, desarrollo e integridad con un embarazo a temprana edad.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su estudio Fecundidad en la adolescencia. Causas, riesgos y opciones, la experiencia en otros países ha mostrado que, para lograr una buena cobertura, los servicios públicos y privados para adolescentes deben tener tres condiciones: bajo costo, ser confidenciales y respetar el consentimiento informado, y estar disponibles inmediatamente.

El embarazo adolescente podría disminuir si hubiera educación sexual de calidad, servicios de salud sexual y reproductiva dignos y oportunidades vitales para las y los adolescentes, así lo apunta el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) quien también considera que la educación sexual en México aún es insuficiente. Para GIRE, las causas del embarazo adolescente están determinadas básicamente por factores socioculturales y por elementos psicológicos.

Riesgos en la salud y problemas sociales

El embarazo en la adolescencia es considerado un problema desde diferentes ópticas, ya que implica mayor riesgo de mortalidad materna, menores oportunidades de educación y, en ocasiones, el abandono total de los estudios, así como el fortalecimiento del círculo de la pobreza y un mayor riesgo de daño y mortalidad infantil.

De acuerdo con ONU Mujeres, existen varios factores de riesgo relacionados con el embarazo en la adolescencia comenzando con que, en algunas sociedades, las niñas se ven presionadas a casarse y tener hijos. En 2021, se estimó que el número de novias infantiles alcanzó los 650 millones. De esta manera, el matrimonio infantil aumenta el riesgo de embarazo al limitar su autonomía para tomar decisiones sobre la maternidad.

El programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), afirma que las madres adolescentes enfrentan un riesgo superior al riego general de perder la vida debido al embarazo y al parto, y sus hijas o hijos tienen niveles más altos de mortalidad y morbilidad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y Género (ENDISEG, 2021) en México, los jóvenes inician su vida sexual, en promedio, a los 16 años, aunque cifras apuntan que gran parte de la población de adolescentes tienen actividad sexual desde los 12 años. Este fenómeno es denominado “sexualidad temprana”, lo que aumenta el riesgo de embarazos adolescentes, deseados o no deseados, con consecuencias negativas a corto y largo principalmente para las mujeres adolescentes.

De esta forma, las adolescentes tienen que hacer frente a la resistencia del entorno social, la cual puede traducirse en el rechazo de la familia, la expulsión de la escuela y la pérdida o disminución de su red social de amistades.

Los efectos sociales en las madres jóvenes son importantes, sobre todo si se considera que la mayoría de los embarazos adolescentes se gestan en jóvenes en situación de pobreza y de escasa escolaridad, quienes tienen que asumir la responsabilidad de la crianza. Muchas de ellas se convierten en jefas de hogar con bajos ingresos.

Para aquéllas que desean poner término al embarazo, las posibilidades de hacerlo son frenadas por las leyes que penalizan el aborto, el temor de una intervención insegura, el sentimiento de culpabilidad y el alto costo de la cirugía, entre otros factores.

8/16/2025

Cada 20 segundos una adolescente se convierte en madre en AL y el Caribe

 

América Latina y el Caribe registran la segunda tasa más alta de fecundidad adolescente en el mundo, solo por debajo del África Subsahariana, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el embarazo adolescente está estrechamente vinculado a uniones tempranas y a la violencia sexual, especialmente en menores de 15 años.

Las mujeres que se embarazan en la adolescencia tienen menos probabilidades de continuar sus estudios que aquellas que son madres después de los 20 años. Quienes ejercen la maternidad en la adultez tienen tres veces más posibilidades de completar su formación académica y, en consecuencia, triplican la probabilidad de obtener mejores ingresos en el mercado laboral.

Aquellas mujeres que optan por no continuar con su embarazo siguen enfrentándose a la criminalización al buscar la interrupción del mismo. En la región, hay cinco países donde el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia: Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

En Costa Rica, Venezuela, Guatemala, Paraguay y Perú, el aborto solo es legal cuando la vida o la salud de las mujeres corre riesgo. Brasil y Chile permiten, además, la interrupción en casos de violación o cuando existen problemas graves que impedirían el desarrollo adecuado del feto.

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional la penalización absoluta del aborto. Sin embargo, en 8 de sus 32 estados aún es ilegal interrumpir un embarazo, y en las 24 entidades donde está despenalizado no se garantiza un acceso pleno y seguro, ya que persisten la criminalización, la falta de medicamentos, el estigma y la discriminación.

En América Latina y el Caribe, siete países han despenalizado el aborto en su totalidad: Cuba, Argentina, Colombia, Uruguay, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico. No obstante, casos como el de México demuestran que la despenalización a nivel federal no garantiza por si misma un acceso real y seguro.

CIMAC: César Martínez López

En América Latina y el Caribe, la mortalidad materna figura entre las tres principales causas de muerte en adolescentes de 15 a 19 años. Para las menores de 15, el riesgo de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo es hasta tres veces mayor que en mujeres mayores de 20. A esta cifra se suma un dato alarmante: cada año, unas 670 mil adolescentes de entre 15 y 19 años se someten a abortos inseguros en la región.

Cabe destacar que en la región, la legislación en cuanto a derechos sexuales y reproductivos es mínima. El acceso a la anticoncepción está consagrado a nivel constitucional únicamente en seis países: Bolivia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay y Venezuela.

Asimismo, solo siete países de la región incluyen en sus constituciones una referencia explícita al deber del Estado de garantizar la salud sexual y reproductiva: México (desde la reforma constitucional de 1974 y en reformas posteriores), Colombia (1991), Paraguay (1992), Venezuela (1999), Ecuador (2008), Bolivia (2009) y Cuba (2019).

¿Hemos avanzado en educación sexual integral?

Pese a este panorama, el informe La educación integral de la sexualidad en América Latina y el Caribe: Un llamado a la acción en contextos de incertidumbre, publicado por la UNFPA, señala que la educación integral en sexualidad (EIS) en escuelas y otros espacios educativos sigue siendo desigual y enfrenta grandes desafíos en calidad, cobertura y enfoque.

Menos de la mitad de los países de la región han hecho obligatorios todos los contenidos de la EIS. En muchos casos, los programas están condicionados por enfoques moralistas o puramente biologicistas, que omiten temas esenciales como derechos sexuales y reproductivos, perspectiva de género, diversidad sexual, placer y conductas sexuales responsables.

La situación es aún más crítica en comunidades históricamente marginadas: las adolescentes afrodescendientes tienen un 50% más probabilidades de ser madres que otras jóvenes. Si bien se han impulsado proyectos de EIS enfocados en poblaciones vulnerables, como adolescentes fuera de la escuela, comunidades indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad y población LGBTI+, la cobertura y sostenibilidad de estas iniciativas siguen siendo insuficientes.

A esto se suma que el presupuesto destinado a desarrollar EIS es mínimo o inexistente, y que los mecanismos de monitoreo y evaluación, incluidos los resultados de aprendizaje del estudiantado, son limitados o nulos.

3/22/2025

«Las vidas se truncan y los sueños se aplastan». Costos de la maternidad adolescente

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), realizó este informe El Precio de la Desigualdad: Consecuencias Socioeconómicas del Embarazo en Adolescentes y la Maternidad Temprana, entre 2019 y 2024 en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam. 

En el que detalla que el Estado paga un costo considerable por el embarazo en adolescentes, que es un obstáculo para el desarrollo socioeconómico. Sin embargo, la gran mayoría de la carga financiera, un alarmante 88,2%, la llevan las adolescentes de 10 a 19 años.

“Las vidas se truncan y los sueños se aplastan bajo el peso de la maternidad temprana”, dijo Susana Sottoli, Directora Regional del UNFPA para América Latina y el Caribe. “Adolescentes que deberían estar llenando las aulas, conquistando el mundo, quedan atrapadas en un círculo de pobreza, desigualdad y oportunidades perdidas”.

El estudio, El precio de la desigualdad: Las consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes y la maternidad temprana en América Latina y el Caribe, examina cinco áreas clave: la educación, la participación laboral, los ingresos, los gastos en salud y las pérdidas fiscales. Los tres primeros se centran en el impacto sobre las madres jóvenes y los dos últimos sobre el Estado.

Las conclusiones muestran que las mujeres que tuvieron su primer hijo en la adolescencia tienen menos estudios que las que fueron madres a partir de los 20 años. Una madre adulta tiene tres veces más oportunidades de culminar sus estudios universitarios. Posteriormente, al entrar al mercado laboral, tiene ingresos hasta tres veces más altos que mujeres que tuvieron su primer hijo en la adolescencia.

Tanto por los gastos de salud relacionados con el embarazo en adolescentes como por la potencial pérdida de ingresos fiscales debido a los menores ingresos de las madres jóvenes, el Estado asume USD 1.800 millones al año del costo total estimado.

El informe consolida resultados de estudios que el UNFPA realizó entre 2019 y 2024 en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam. 

Aunque se ha progresado en la reducción de las tasas de fecundidad adolescente, el ritmo de reducción disminuyó durante la pandemia. Aún hoy, la tasa de fecundidad adolescente en la región es la segunda más alta del mundo después de la del África Subsahariana y 1.6 millones de adolescentes dan a luz cada año en toda América Latina y el Caribe, equivalente a una adolescente siendo madre tempranamente cada 20 segundos.

Las disparidades en el impacto que este fenómeno tiene sobre las adolescentes persisten en función de la edad, el origen étnico, los ingresos y la ubicación. Por ejemplo, las adolescentes afrodescendientes tienen un 50% más de probabilidades de ser madres que sus pares no afrodescendientes.

“Los datos y la experiencia nos demuestran que prevenir el embarazo en adolescentes es tanto una buena inversión como un imperativo ético”, dijo Sottoli. “En efecto, por cada dólar invertido en la prevención del embarazo en adolescentes, en el UNFPA estimamos un retorno de entre USD 15 y USD 40, dependiendo del país”. Esto se basa en cálculos del costo de oportunidad y el impacto de las intervenciones para reducir las tasas de fecundidad adolescente.

Un llamado a la acción colectiva

Para hacer frente a esta crisis y acelerar los resultados, UNFPA hace un llamado a que se otorgue prioridad a la prevención del embarazo en adolescentes a través de la inversión en estrategias que han contribuido a su reducción.

Para tal fin, 35 entidades regionales, entre ellas gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, bancos multilaterales y organizaciones internacionales vienen trabajando colectivamente en el Movimiento Cero Embarazos en Adolescentes. Equipado con el informe que UNFPA presenta hoy y otros recursos colectivos, este movimiento – que hoy se presenta oficialmente – pretende constituirse en el motor regional para a) hacer del embarazo en adolescentes una prioridad imprescindible para el desarrollo regional, b) promover opciones de financiación innovadoras y c) generar datos y evidencias para guiar políticas y programas.

La buena noticia es que ya existen experiencias exitosas que algunos países han puesto en marcha en esta región para reducir el embarazo en adolescentes. Algunas de ellas son:

  • Diseñar estrategias nacionales de reducción del embarazo en adolescentes con participación de todos los sectores y niveles del Estado y la sociedad civil.
  • Garantizar el acceso informado a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, incluyendo métodos anticonceptivos modernos, especialmente de larga duración.
  • Crear leyes que prohíban el matrimonio infantil y las uniones tempranas.
  • Promover la participación y el empoderamiento de las adolescentes.
  • Asegurar el acceso a educación integral sobre sexualidad.

A nivel regional, México destaca por la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) con la que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, se ha logrado la reducción de la Tasa Específica de Fecundidad en Adolescentes (TEFA) de 15 a 19 en un 30% al pasar de 72.21 nacimientos por cada mil adolescentes a 50.62.

Alineados a esta estrategia federal, UNFPA México, implementa los proyectos multiactorales: “Safeteen First”, ¡Yo decido! Mi proyecto de vida con amor y responsabilidad” y “Proyecto para la Prevención del embarazo adolescente en Xochimilco”, con el objetivo de ampliar y mejorar el acceso a la Educación Sexual Integral (ESI), fortalecer el acceso a los Servicios Amigables para Adolescentes e implementar estrategias dirigidas a responsables de crianza, personal educativo y  profesionales de la salud para fortalecer la atención a las juventudes y adolescencias en materia de derechos, salud sexual y salud reproductiva.

Datos sobre México: 

  • El costo económico total actualizado de la maternidad temprana es de 76,340 millones de pesos, lo que representa 0.32% del PIB. Esto equivale a construir y equipar 21 hospitales generales; construir casi 9,600 escuelas cada año o pagar el presupuesto anual de instituciones públicas de educación superior como la UNAM, el IPN, la UAM y el COLMEX.
  • Es el país de la región con el mayor gasto total en salud asociado al embarazo en adolescentes, alcanzando USD 305.9 millones, seguido por Argentina (USD 200.5 millones) y Ecuador (USD 77.2 millones).
  • Es el país de la región con la mayor pérdida fiscal debido a la maternidad temprana, alcanzando USD 585.6 millones, seguido por Panamá (USD 79 millones) y Perú (USD 73 millones).
  • Los costos totales combinados sobre el Estado alcanzan cifras superiores a los USD 891 millones, lo que lo posiciona como el país con la mayor carga económica derivada del embarazo en adolescentes.


11/23/2024

Se registran en México 9 partos de niñas al día

eluniversal.com.mx

A  los 10 años una niña cursa su último grado de primaria, entre los 12 y los 14 estudia la secundaria, pero en México se vive otra realidad. Más de tres mil niñas de ese rango de edad se convirtieron en madres en 2023.

Si a esto se le suman los nacimientos en los que la mamá es adolescente (15-19 años), tan sólo el año pasado se registraron en total 137 mil 660 de niñas y adolescentes en el país, de acuerdo con las cifras de natalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

Hace nueve años, en 2015, esta problemática presentaba números insostenibles: 402 mil 452 nacimientos en donde la madre tenía entre 10 y 19 años, casi una quinta parte de los partos en México. De estos, el 2%, es decir ocho mil 540, eran de niñas menores de 15, un porcentaje que no ha cambiado hasta la fecha.

La apuesta para frenar esta problemática fue la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (Enapea), que comenzó en 2015 y tuvo una segunda etapa en 2021. Las metas desde el inicio fueron ambiciosas: erradicar el embarazo infantil y reducir a la mitad la tasa de fecundidad entre adolescentes de 15 a 19. La fecha límite: 2030.

A pesar de que la tasa de fecundidad entre niñas y adolescentes ha disminuido de manera sostenida en los últimos nueve años, el embarazo en edad temprana sigue siendo una realidad constante y dolorosa en todo México.

El año en el que se lanzó la Enapea se tenía una tasa de 15 embarazos por cada 10 mil niñas de 10 a 14 años, las últimas cifras (2023) muestran que esta bajó a seis, pero entidades como Colima, Guerrero, Yucatán, Tlaxcala, Michoacán, Coahuila, Chihuahua, Puebla y Querétaroestán por encima de esta cifra.

“Se piensa que este es un problema del sur del país, que sucede más con estas infancias y adolescentes, pero cuando se mira con más lupa, siempre, incluso en las entidades que tienen las tasas más bajas, te vas a encontrar municipios con cifras altas de embarazo infantil o adolescente”, explica Vanessa Arvizu, coautora del estudio “Embarazo temprano en México. Panorama de estrategias públicas para su atención" publicado por el Colegio de México (Colmex).

Embarazo infantil y adolescente. Visualización de datos Alejandra Franco

Tasas de niñas y adolescentes. Fuente: Elaboración propia

Un análisis hecho por EL UNIVERSAL muestra que de 2015 a 2023 más de 2.6 millones de niñas y adolescentes se convirtieron en madres en el país, lo que conlleva un impacto en sus vidas a nivel social, pero también les quita oportunidades a nivel escolar, laboral o las hace permanecer en círculos de violencia, asegura Arvizu.

“Lo que hemos visto es que parece ser un fenómeno que se va transmitiendo intergeneracionalmente (es decir de una generación a otra), esto como resultado de las situaciones de desigualdad estructural en las que se ven estas niñas y adolescentes”, dice la investigadora.

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A finales de octubre de 2023, el caso de una niña de 14 años que sufrió un aborto espontáneo en Huimilpan, Querétaro, indignó a la sociedad mexicana al reflejar la desigualdad, el abuso y misoginia que sufren mujeres y niñas en el país. De acuerdo con información de la Fiscalía del estado, Esmeralda había sido víctima de violación por parte de un familiar tres años mayor que ella, aún así la primera respuesta del gobierno estatal fue criminalizarla.

Desde 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que ninguna mujer podía ir a la cárcel por abortar, sin embargo solo en 16 entidades se despenalizado y legalizado el aborto -Querétaro no entra en este listado- en el resto del país se sigue castigando, y solo es permitido por situaciones como violación, problemas de salud relacionados con la madre o con el feto, entre otros.

La realidad es que casos como el de Esmeralda no son tan poco comunes, este análisis revela que la diferencia de edad entre las madres menores de 15 años y los padres puede llegar a ser abismal. En el 50% de los embarazos infantiles registrados de 2015 a 2023 el hombre tiene entre 18 y 75 años.

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“Si hay un promedio de cinco años de diferencia, es decir, que estamos hablando de adolescentes de 14, 15, con un joven de 20 o 21, ya solo por esa diferencia de edad claramente hay un tema de dominio”, explica Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, una organización que trabaja desde el 2016 en la defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la región.

Especialistas concuerdan en que estos embarazos son producto, en la mayoría de los casos, de un abuso de poder que se ejerce sobre esta población. Además, las menores se enfrentan no solo a la violencia sexual, sino a un estado de indefensión de sus derechos.

“Nos encontramos entidades en donde el aborto, se supone, debería estar despenalizado, pero hay médicos que abogan por la objeción de conciencia y no hay nadie más que las atienda [...] ahí hay una violación de sus derechos al mismo tiempo de que ni siquiera se los reconocen o se los hacen saber, es más, a veces ni ellas se atreven a pedirlo porque no los conocen”, afirma Vanessa Arvizu.

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Aunque en los embarazos adolescentes es más común ver una relación entre pares, los datos muestran que en dos de cada 10 partos el padre es un adulto de más de 25 años.

El tema ha sido poco abordado desde el punto de vista masculino, es decir, generalmente se habla de las madres de edad temprana que están teniendo hijos, pero no se pone sobre la mesa el hecho de que hay hombres adultos que están teniendo una relación íntima con niñas y adolescentes, explica Juan Martín.

Enfrentar un embarazo en la infancia o en la adolescencia no solo conlleva un impacto socioeconómico, también duplica y cuadruplica el riesgo de muerte materna en menores de 19 y 15 años, respectivamente, d

Complicaciones como preeclampsia o infecciones sistémicas se ven agravadas porque las mujeres de este grupo poblacional tienden a recibir poca atención, ya que es constante la violencia obstétrica que padecen dentro del sistema de salud. “La atención que se da en los servicios públicos está basada en la discriminación y malos tratos, porque hay un prejuicio moral de considerarlas malas niñas o que han perdido su infancia”, asegura el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.

La ocurrencia de un embarazo infantil o adolescente profundiza las vulnerabilidades que ya viven y la brecha que se genera es casi imposible de aminorar. No solo hay riesgos físicos, sino que se reducen las oportunidades educativas, lo que la obliga a aceptar condiciones precarias de empleo y salario.

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“Nueve de cada 10 niñas o adolescentes son expulsadas de las escuelas porque se les considera una representación social negativa, ya que tienen vida sexual y pueden contaminar a otras niñas, esto es tanto en escuelas públicas como privadas”, afirma Juan Martín.

Aunque es clara la reducción en las estadísticas, el nivel de desaceleración es menor en los embarazos de niñas de 10 a 14 años que en adolescentes, cada año hay una disminución, en promedio de apenas 675 casos en este rango de edad, de acuerdo con el análisis hecho a partir de los datos de natalidad de Inegi.

Los especialistas coinciden en ciertas recomendaciones, entre ellas la prevención, ya que lo que observan es una violencia estructural en contra de las niñas y adolescentes de México, pero también ponen el foco sobre una realidad, los registros han disminuido, pero de manera muy lenta, y ni con todas las políticas públicas ni con la Enapea, que está bien planteada, pero en ocasiones mal ejecutada, se ve que podamos llegar a la meta de 2030.

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