6/07/2014

La comitiva “infalible” de Peña Nieto en Europa

Murillo y Peña. Indolencia. Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (apro).- Mientras Enrique Peña Nieto se placea por el continente europeo y, de la mano del procurador de la República y el director de Pemex, ofrece ventajas por invertir en el sector energético, en México sus funcionarios de Hacienda no atinan a decir cómo y cuándo los mexicanos recibirán los beneficios por abrir la venta y extracción de los hidrocarburos a la iniciativa privada.

De la corrupción en Petróleos Mexicanos nada se ha dicho durante la gira. Sin embargo, previendo alguna pregunta incómoda sobre el escandaloso caso de Oceanografía, la comitiva de gobierno incluyó al “infalible” procurador Jesús Murillo Karam y, por supuesto, al director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, para que ofrezcan con lujo de detalles “el portafolio” de oportunidades que tendrán quienes inviertan en el sector.

Para el gobierno es más importante que el director de Pemex detalle a extranjeros la panacea energética en que se convertirá México, que informar a legisladores federales cómo se operó el fraude de Oceanografía, Evya, Hewlett Packard y otras firmas; desde cuándo se detectó la connivencia de empleados de Pemex, cuántas denuncias se han interpuesto por el saqueo al erario federal vía la paraestatal y, por supuesto, cuántos casos más pudieran existir.

Lozoya Austin, por instrucción de Enrique Peña Nieto, canceló su comparecencia ante diputados federales. El viernes 5 de junio en lugar de dar explicaciones a legisladores se dedicó a detallar en el extranjero las bondades de la reforma.

Otro de los invitados al convite internacional fue “el implacable” procurador Murillo Karam, el mismo que nuevamente quedó exhibido por Banamex al exigir éste que la fianza de poco más de 80 millones de pesos fijada al dueño de Oceanografía, Amado Yáñez -para que desde su casa continúe su proceso judicial- le fijen una de cuando menos 5 mil 312 millones de pesos, pues fue el quebranto causado a la entidad financiera al aportar documentos apócrifos de Pemex.

Si algún preocupado inversionista extranjero cuestiona a Peña Nieto sobre la facilidad que existe en México para “comprar” funcionarios y hacer fraudes vía empresas de gobierno como Pemex, -poniendo como ejemplo el caso de Oceanografía-, el “audaz” presidente priista tendrá a la mano a dos de los protagonistas que lograron “detectar” el fraude, “aprehender y presentar ante la justicia” y “probar” el delito en que incurrió Amado Yáñez.

Lozoya y Murillo podrán vanagloriarse y afirmar que en México sí se aplica la ley y se castiga a los culpables.

Pero mientras ello ocurre en el viejo continente, en nuestro país se exige justicia por parte de Banamex y se reclama una fianza real, acorde con el daño. Además, una extraordinaria nota de Abel Barajas, reportero del sector justicia del diario Reforma, evidenció el absurdo de Murillo Karam al revelar que de 12 mil millones de pesos que Banamex le prestó a Amado Yáñez para cumplir los contratos de Pemex, los desvió para comprar algunos equipos de soccer, joyas, obras de arte, yates, autos y lujosos servicios aéreos.

Pero no sólo eso, Barajas develó que “el implacable” Murillo Karam “acusó penalmente a Yáñez sólo por desvíos en favor de AMRH International Soccer, exdueña de los Gallos Blancos de Querétaro, por un monto de 55 millones 222 mil 996 pesos”.

¿Y el resto señor Murillo Karam? ¿Acaso no leyó el infalible procurador el oficio 110/F/A/267/2014 elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que obtuvo el reportero del diario Reforma?

La extensa y bien documentada nota de Barajas, sin duda ridiculizó al procurador, al director de Pemex, a Peña Nieto, a todo su gobierno y le dio más elementos a la población para preguntarse, si con este tipo de funcionarios se asegurará la famosa “renta petrolera” para beneficio de los mexicanos; si con este tipo de funcionarios los mexicanos verán una disminución en su recibo de luz y en su pago por gasolina; y si al fin llegará el bienestar a los mexicanos que no estamos en la lista de Forbes.

¿Cómo podría el mexicano común confiar en que la apertura del sector energético al sector privado será en su beneficio? Cómo si tan sólo en la prestación de servicios de empresas como Oceanografía hay fraudes de ese calibre y el gobierno teniendo las pruebas los inculpa por delitos menores, dejándolos libres bajo fianza. Qué pasará, se podrá preguntar ahora un ciudadano, cuando ya no sean sólo servicios sino la “exploración y explotación” del petróleo.

Acaso esos mismos funcionarios que hoy exculpan “al pecesillo” de Amado Yáñez Osuna actuarán de manera impoluta ante “los tiburones” de las transnacionales que busquen un contrato para explotar un yacimiento de gas y petróleo.

¿Se puede confiar en los funcionarios de gobierno? Creo que por la pequeña muestra del caso Oceanografía la respuesta es un rotundo no.

Con gran alegoría los priistas de Peña Nieto y su corte ofrecen a Europa la apertura del sector energético, con gran tristeza y enojo muchos mexicanos ven la venta de la patria.

Autonomía simulada

Sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El actual gobierno federal retomó la ruta del salinismo tanto en la aprobación de las llamadas reformas estructurales (que quedaron pendientes por la crisis de 1994 y los 12 años de gobiernos panistas) como en la creación de órganos autónomos simulados, es decir, con autonomía constitucional formal y jurídica, pero capturados fundamentalmente por el Ejecutivo –y su partido en el gobierno–, que así actúa más libre e impunemente, pues lo hace sin aparecer formalmente en escena.
Durante el sexenio salinista se concretó la autonomía al Banco de México y fueron creados, jurídicamente con ese carácter, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos; sin embargo, en los hechos, el entonces presidente Carlos Salinas mantuvo siempre el control de los mismos a través de los miembros de sus órganos de gobierno.

Cuatro sexenios después la receta se repite, con las adecuaciones que el actual reparto de poder demanda. Así, el Ejecutivo y el PRI aseguran su predominancia, pero aceptan compartir la integración de los órganos de gobierno con las dirigencias del PAN y el PRD. Los ejemplos más claros de esto son la conformación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Proceso 1953) y la del órgano de gobierno del Instituto Federal de Acceso a la Información (Proceso 1957). En el caso de los Consejos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica sucede lo mismo, pero en ese caso el reparto se hace con las televisoras, las empresas de telecomunicaciones y los oligopolios con prácticas monopólicas.

Las voces que demandaban la creación de más órganos con autonomía constitucional se multiplicaron, luego de los buenos resultados obtenidos tras la conquista de la autonomía real de Banxico, a partir de la alternancia en el Ejecutivo en 2000, y del IFE con la designación del Consejo 1996-2003; incluso, por los avances en materia de transparencia y acceso a la información que impulsaron los primeros consejos del IFAI.

La demanda se mantuvo a pesar de que la involución empezó desde octubre de 2003, cuando el PAN y el PRI impusieron su mayoría calificada en la Cámara de Diputados para repartirse las nueve posiciones del Consejo General del IFE; y se reforzó cuando Felipe Calderón aprovechó sus atribuciones para designar a sus incondicionales en el IFAI, impulsar a su secretario de Hacienda como gobernador del Banco de México, y enviar a su secretario de Economía a la Presidencia del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, una vez que se le concedió formalmente su autonomía.

En la última reforma constitucional en materia político-electoral también se agregó el apartado “C” al artículo 26 constitucional para dotar de autonomía constitucional al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que opera, desde su creación en enero de 2004, con la Ley General de Desarrollo Social, como “un organismo público descentralizado” que tiene buenos resultados.

Conforme al artículo 82 de la citada ley, el consejo lo presidía el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y lo integraban “Seis investigadores académicos, que sean o hayan sido miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), con amplia experiencia en la materia y que colaboren con instituciones de educación superior y de investigación inscritas en el Padrón de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”. Su designación era responsabilidad de la Comisión Nacional de Desarrollo (instancia integrada por las seis secretarías del gobierno federal vinculadas con la política social; los 32 secretarios de desarrollo social de las entidades federativas; un representante de cada una de las asociaciones nacionales de alcaldes; y los presidentes de las comisiones de desarrollo social de las Cámaras de Diputados y Senadores), a través de una convocatoria pública y el voto secreto de todos sus miembros presentes.

Los resultados, hasta el momento, son positivos: los expertos en la evaluación del desarrollo social (en todos sus ámbitos) mantenían sus plantas académicas y utilizaban el conocimiento que desarrollaban en sus instituciones para mejorar los instrumentos e indicadores del Coneval; adoptaron un bajo perfil y nunca pretendieron iniciar una carrera política.

Los reportes e informes generados por el Coneval son fundamentales para identificar los impactos de la política gubernamental: permitieron identificar los avances en el combate a la pobreza extrema, con el programa Oportunidades, entre 2000 y 2006, así como el incremento en el número y porcentaje de pobres y pobres extremos como consecuencia de las políticas públicas del gobierno ante la crisis económica de 2008 y 2009.

Apenas el pasado lunes 27, unos días después de que Hacienda tuvo que ajustar su pronóstico de crecimiento para este 2014, el Coneval revelaba que el poder adquisitivo del ingreso laboral cayó casi 6% en el primer trimestre de este año con respecto al mismo periodo del año anterior, y un 33%, en los últimos nueve años; y en la víspera del Día del Niño, informaba, en un estudio elaborado conjuntamente con Unicef, que 53.8% de los 40 millones de mexicanos menores de 17 años viven en pobreza.

En teoría, la autonomía constitucional debiese perfeccionar el diseño y desempeño de Coneval. El problema está en que viene acompañada de un nuevo perfil de consejeros y un nuevo procedimiento de designación. Las nuevas normas constitucionales establecen que el presidente y los seis consejeros “deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia mínima de 10 años en materia de desarrollo social…”, con lo cual ya no es indispensable ser investigador adscrito a una institución de educación superior, que parece ser una de las claves de los buenos resultados obtenidos hasta hoy.

Y ahora serán las dos terceras partes de los diputados presentes quienes los elegirán, lo que hasta hoy significa una garantía de que se escogerá a los más leales a las dirigencias partidistas, sin importar las competencias y/o credenciales de los designados.

Los órganos autónomos tienen mucho sentido en el cumplimiento de tareas fundamentalmente técnicas que deben ser realizadas por instancias ajenas a los tres poderes formalmente constituidos, como parte de los pesos y contrapesos indispensables para el funcionamiento de una democracia. Pero en la práctica, en México, se han convertido en una simulación que permite al Ejecutivo y sus aliados ejercer el poder a través de sus personeros, sin pagar las consecuencias y, además, tener más posiciones con sueldos muy jugosos para sus clientelas.

Acumula la economía mexicana 21 meses de caídas de 0.01 a 0.06%: Inegi


En el primer trimestre tuvieron bajo desempeño la industria, comercio e importaciones


En marzo el estado general retrocedió 0.05 por ciento, reportó el instituto este viernes

Susana González G.
Periódico La Jornada
Sábado 7 de junio de 2014, p. 23

La economía de México acumula 21 meses consecutivos de caídas que oscilaron de 0.01 por ciento a 0.06 por ciento, indican cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre el Sistema de Indicadores Cíclicos, el cual, según el organismo, permite dar seguimiento oportuno al comportamiento de la economía mexicana.

En marzo el estado general de la economía retrocedió 0.05 por ciento, informó el Inegi este viernes, pero paralelamente previó una recuperación en las cifras de abril aunque estás se confirmarán hasta el reporte que al respecto emita el mes próximo.

Por lo pronto, los tres primeros meses de 2014 sumaron caídas al hilo debido al bajo desempeño o caídas de diversos indicadores, como la industria, las ventas del sector comercio, las importaciones, el empleo y el número de trabajadores afiliados al IMSS.

A los resultados negativos del primer trimestre del año (0.06 por ciento en enero y 0.05 por ciento durante febrero y marzo) se agregan caídas similares registradas desde julio de 2012 a diciembre de 2013, según las cifras del Inegi, es decir un total de 21 meses con cifras negativas que han oscilado entre 0.01 y 0.06 por ciento.

El Sistema de Indicadores Cíclicos se conforma con dos elementos. El primero es el indicador coincidente, que refleja el estado general de la economía en el mes mencionado y se calcula a partir del comportamiento de los indicadores referidos (desde la industria al desempleo o número de trabajadores asegurados). En marzo, señaló el Inegi, se localizó por debajo de su tendencia de largo plazo al registrar un valor de 99.6 puntos, lo que representa una variación de menos 0.05 puntos respecto del mes anterior.

El otro elemento del sistema es el indicador adelantado, con el cual se busca señalar anticipadamente la trayectoria del indicador coincidente y en su estimación para abril de 2014, el Inegi consideró que se ubicó en su fase de recuperación al observar un valor de 99.9 puntos y un incremento de 0.03 puntos con respecto a marzo de 2014, con ello mejoró su comportamiento respecto del que presentó en febrero. En este caso, el Inegi toma en cuenta datos sobre las exportaciones no petroleras, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el tipo de cambio, la tasa de interés interbancaria, el índice de Standars and Poor y la tendencia del empleo en las manufacturas.

Si bien el Inegi explica que con el valor de los indicadores coincidente y adelantado se pueden identificar las cuatro fases del ciclo económico, no se puede precisar la magnitud de caídas o crecimientos. Dichas fases son: expansión, cuando el indicador (su componente cíclico) está creciendo y se ubica por arriba de su tendencia de largo plazo y desaceleración, cuando el componente cíclico del indicador está decreciendo y se ubica por arriba de su tendencia de largo plazo. También se identifica la fase recesiva referida a cuando el componente cíclico del indicador decrece y se ubica por debajo de su tendencia de largo plazo y la fase de recuperación cuando el componente cíclico del indicador crece y se ubica por debajo de su tendencia de largo plazo.

Sin embargo, para aseverar si la economía crece, hay recesión, desaceleración o recuperación, que se detecta a través de un punto de giro en una gráfica, es decir, mediante picos o valles, el Inegi puntualiza que “debe existir por lo menos un periodo de nueve meses que separe cada ciclo, cuya longitud debe ser de al menos 21 meses.

Con base en lo anterior, para determinar si la actividad económica entra o se encuentra en recesión, por ejemplo, es necesario considerar no solamente si el indicador coincidente se ubica en la etapa recesiva sino además si ha registrado por lo menos nueve meses desde que inició la desaceleración y se tengan 21 meses mínimo entre el pico actual y el pico anterior. Si esta condición no se presenta, no podrá afirmarse que se ha detectado un punto de giro en el ciclo económico, sostuvo.

Denuncian en el mundo abusos laborales y sociales de Walmart; exigen a Secretaría de la Función Pública investigue sobornos y castigue a funcionarios corruptos

Este viernes 6 de junio se realizará en Arkansas, Estados Unidos, se realizará la asamblea anual de accionistas de la trasnacional Walmart mientras en el mundo organizaciones sindicales y sociales realizarán huelgas y acciones de protesta para denunciar las prácticas comerciales predatorias, abusos laborales y, como sucede en México, la impunidad con que opera pese a las denuncias de corrupción y compra de autoridades gubernamentales.
La Red Mexicana contra la Impunidad de Walmart informó que organizaciones sindicales y sociales de varios países del mundo, entre ellos Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, El Salvador, Nicaragua, así como de Europa y Medio Oriente,  se unirán en una denuncia global para evidenciar los métodos y formas de trabajo que Walmart impone y que resultan en bajos salarios para sus empleados, negación —en los hechos— del derecho de organización de éstos; destrucción del tejido social y sobornos a funcionarios públicos para obtener privilegios y facilidades para su expansión.
En la actualidad Walmart de México cuenta con 212,541 trabajadores, sin embargo, según estimaciones académicas por cada puesto de trabajo —precario—  que genera, quita siete en los comercios cercanos y provoca una baja en salarios de 20 por ciento a 25 por ciento. En un promedio de cinco años después de la implantación de una unidad de la trasnacional cada lugar acaba con la mitad del comercio tradicional en cinco kilómetros a la redonda.
La propia empresa reporta que durante 2013 contrató 56,917 empleados, de los cuales 56.89 por ciento son de 25 años, 15.13 por ciento de entre 26 a 30 años, 9.87 de entre 31 a 35 años, 7.80 por ciento de 36 a 40 y 10.29 pro ciento de 41 años. Sin embargo, no hace mención de los salarios de miseria que paga, ni de las condiciones abusivas en que mantiene a sus trabajadores.
Tampoco reporta la inmensa cantidad de empacadoras y empacadores que laboran en sus tiendas, cuyas edades oscilan entre los 12 y los 16 años; reclutados como trabajadores voluntarios cuya única paga son las propinas. Con este sistema Walmart se ahorró, en 2012, más de 85 mil millones de pesos en salarios. Es el mismo caso de los “promotores”, trabajadores de diversas marcas que laboran en las tiendas de la empresa que además de publicitar sus productos se ven obligados a “auxiliar” en tareas diversas en el pasillo donde los ubican.
El pago promedio de un trabajador de la trasnacional va del salario mínimo, 62 pesos diarios —1860 al mes—  a los 185 pesos —5,550 al mes— con jornadas de ocho horas; turnos laborales y días de descanso discontinuos; constantes cambios en el lugar de trabajo y polivalencia de funciones. Estos montos salariales representan la mitad de promedio nacional que se paga en México en el sector formal, es decir, Walmart es la principal empleadora privada pero con salarios y condiciones de miseria.
A lo anterior se suma el largo historial de denuncias contra Walmart en todo el mundo, y especialmente en México, por no permitir la sindicalización auténtica de sus empleados, además de violaciones a otros derechos laborales tales como discriminación a trabajadores discapacitados, discriminación sexual, trabajo infantil, falta de cobertura de salud y tiempo extra no pagado, trato humillante al ser despedidos.
En Walmart rigen los contratos colectivos de protección patronal, simulación que permite a la empresa el control de sus trabajadoras y trabajadores y la imposición de condiciones favorables al patrón utilizando sindicatos fantasma. Tres sindicatos de protección han firmado 88 contratos en el caso de las tiendas y 60 en el caso de las panaderías, en los que la única revisión es la actualización del salario conforme al aumento oficial del salario mínimo y que, además, imponen un reglamento interno de trabajo en que se prevén jornadas laborales flexibles en las que los empleados quedan a disposición de la empresa las 24 horas.
Estos falsos sindicatos son el Nacional de Empleados y Trabajadores de Supermercados y Centros Comerciales, cuyo líder Francisco Flores Monterrosas; la Asociación Sindical de Trabajadores, Empleados y Agentes de Casas Comerciales, de la familia Guarneros y el Sindicato Único de Trabajadores de la Industrial del Pan, de la familia Lazcano Montoya.
En México la trasnacional ha reportado ventas de 367 mil 731 millones de pesos en seis formatos de negocio y, al menos para el año 2012, anunció 220 aperturas. Cada vez que Walmart abre una sucursal más de 50 comerciantes se quejan de competencia desleal, que involucra depredación de precios, aplicación de subsidios cruzados entre productos y/o servicios, aplicación unilateral de descuentos y promociones a la mercancía y la devolución o rechazo de mercancías forzosa e injustificada al proveedor. 
Los abusos de Walmart en México han sido documentados sobradamente por múltiples estudios académicos y de organizaciones sociales, sin embargo, lejos de ser combatidos cuentan con la complicidad de las autoridades gubernamentales. Un botón de muestra: en noviembre de 2010 la empresa firmó un convenio de colaboración el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que le permite obtener información privilegiada para realizar investigación de mercado para determinar dónde abrir nuevos establecimientos. Así, Walmart posee datos de todo el país sobre población, niveles socioeconómicos, gasto e ingreso de familias.
El caso más sonado de complicidad e impunidad en favor de Walmart fue destapado en diciembre de 2012 por el diario The New York Times, que informó de sobornos a funcionarios mexicanos por unos 24 millones de dólares para asegurarse la instalación de sucursales de la empresa, como los casos deBodega Aurrerá, en San Juan Tehotihuacan y Sam´s Club en la zona norte de la ciudad de México, cerca de la Basílica de Guadalupe.
Los sobornos realizados sirvieron para obtener, permisos de construcción, licencias de impacto ambiental para la construcción de las tiendas. Sólo en el caso de Teotihuacan, la empresa habría entregados 200 mil dólares para asegurarse los permisos, pese a tratarse de un área catalogada como patrimonio cultural. Entre 2002 y 2005 —periodo que abarca la investigación sobre corrupción— Walmart abrió 147 tiendas en México. 
Pese a las evidencias, el gobierno mexicano ha alargado y ocultado las pesquisas. La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha señalado que no ha encontrado ninguna irregularidad en las tiendas Walmart acerca de los  permisos a nivel federal solicitados, aunque están pendientes por algunas auditorías. A la fecha no hay resultados de éstas.
Asimismo, la Procuraduría General de la República anunció una investigación sobre los sobornos y pese a que el gobierno de Estados Unidos entregó la información relacionada con este escándalo, no hay acción penal concreta ni contra la trasnacional ni contra los funcionarios corruptos. Este patrón de complicidad se repite en diversos estados de país como el Estado de México, San Luis Potosí y Nuevo León, por poner algunos ejemplos.
La Red Mexicana contra la Impunidad de Walmart hace un llamado a las organizaciones sociales y a la sociedad en su conjunto a exigir el cese de las arbitrariedades de Walmart y el respeto a los derechos de sus trabajadores y trabajadoras, así como a la aplicación de la justicia contra las prácticas corruptas de la empresa y de los funcionarios cómplices que a cambio de dinero permitieron su ilegal expansión.