4/27/2019

Testimonios del #MeToo reflejan las violaciones a derechos laborales de mujeres


REPORTAJE ESPECIAL
Cimac 
Denuncias pueden acreditarse por la vía administrativa, penal y laboral

El acoso y el hostigamiento sexual en los centros de trabajo es una práctica vieja que se ha sumido como algo particular y privado donde no debería intervenir la autoridad, pero el torbellino de testimonios del #MeToo en redes sociales sacó de lo privado esta violencia para que se reconozca como una violación a los derechos laborales en el que el Estado debe actuar.
En este escenario los actores pocas veces mencionados, los entes privados, las empresas o lugares de trabajo, también tienen responsabilidad en garantizar una vida libre de violencia para las mujeres pero se han mantenido indolentes a las narraciones de mujeres que aseguran ser tocadas por colegas o jefes que aprovechan su jerarquía para intentar besarlas o convencerlas de tener relaciones sexuales a cambio de no despojarlas de su empleo o de oportunidades de ascenso.
Salvo tres centros laborales anunciaron que tomarán medidas internas después de ser señalados en las denuncias confidenciales que se difundieron en Twitter a partir del pasado 23 de marzo, el resto como medios de comunicación, editoriales, instituciones y empresas han evadido las responsabilidades que por ley les corresponden.  
Abogadas expertas como Andrea Medina Rosas explican a Cimacnoticias que los testimonios del #MeToo pueden configurarse en delitos o en violaciones a los derechos laborales y por tanto se pueden denunciar en tres terrenos: el administrativo ante Recursos Humanos del lugar del trabajo, el penal ante un Ministerio Público y el laboral en el lugar de trabajo y luego ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
“A finales del Siglo XX dijimos “no es un tema privado”. Es un tema grave que viola los derechos de las personas y el Estado debe de intervenir” afirmó la abogada. Sin embargo, no todas las mujeres víctimas de esta violencia agotan las vías donde se defienden los derechos de las trabajadoras porque no se asumen como tales o porque las desconocen y desconfían en la autoridad.
El acoso y hostigamiento sexual es tan permitido en el entorno laboral que aun cuando 5 millones 463 mil 521 de mujeres afirman haber enfrentado violencia en su lugar de trabajo --según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2016 (Endireh)-- las empresas parecen no contar con procedimientos para evitar estos casos y mucho menos para resolverlos y garantizar un ambiente laboral libre de violencia.
A pesar de que la legislación en la materia vigente prohíbe a las patronales tolerar actos de acoso y hostigamiento sexual e impone una multa de 250 a 5 mil veces el salario mínimo general a las empresas que lo permitan o toleren, no hay datos públicos que muestren cuántas veces se ha aplicado esta sanción ni cuáles son las medidas preventivas de las empresas para evitar estas conductas.

ACOSO EN EL TRABAJO: UNA VIEJA PRÁCTICA

Para A. N. la hora de la comida no era un momento de distracción ni de convivencia, simplemente era el espacio para tomar rápidamente los alimentos y seguir trabajando en la maquila de ropa, ubicada en el centro de la Ciudad de México, donde laboraba.
Una tarde del año 1997 A. N. acudió al espacio que les servía de cocina y comedor para calentar su almuerzo. En ese momento entró su jefe, quien además era dueño de la maquila. Aprovechando que no había nadie más en ese espacio, él se abalanzó sobre ella con intención de someterla para besarla.
Al verlo ella echó a correr y sin pensar a donde ir dio una vuelta a la mesa. Él la siguió y por unos instantes dieron un par de vueltas a la mesa. Poniendo fin a lo que parecía un juego, él la alcanzó y bruscamente la comenzó a tocar en todo el cuerpo. Cuando ella reaccionó lo empujó con fuerza y salió corriendo.
Ese día corrió hasta que llegó a una estación del metro. Entró al transporte y aun en crisis, tratando de entender qué pasó. A. N. se quedó de pie frente a las vías y comenzó a llorar. El impulso de arrojarse se calmó cuando otra mujer se acercó para preguntarle qué pasaba y abrazarla hasta hacer que se tranquilizara.
El testimonio fue uno los casos que atendió la Red de Mujeres Sindicalistas y que en 1977 ayudó a crear el Área Mujer y Menores Trabajadores en la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social del entonces Distrito Federal. Esa instancia de gobierno fue el primer intento por atender el acoso y el hostigamiento sexual en el ámbito laboral.
A 15 años de crear esta subsecretaría, y gracias al empuje de sindicalistas y trabajadoras, en 2012 se aprobó una reforma laboral para que los centros de trabajo estén obligados por ley a no ejercer ni permitir conductas de acoso y hostigamiento laboral y aunque pocas empresas, industrias, oficinas y fábricas lo saben, pueden ser acreedoras de una multa en caso de no garantizar una vida libre de violencia para sus trabajadoras.
El 30 noviembre de 2012 Felipe Calderón Hinojosa publicó el decreto por el que se modificaron cinco artículos de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en esta materia. Desde entonces la LFT establece la prohibición expresa, para la patronal, de realizar o tolerar actos de acoso y hostigamiento dentro del centro de trabajo o en las funciones laborales.
La ley laboral define el hostigamiento y acoso y señala que se trata de una violencia que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos; pero además establece que estas conductas, cometidas por el empleado, el patrón o sus familiares, pueden ser causa de la rescisión de la relación de trabajo.
La legislación también prohíbe a los patrones permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual en el centro de trabajo y en caso de hacerlo impone una multa, por el equivalente de 250 a 5 mil veces el salario mínimo general.
Es decir, todos los empleos tendrían que desarrollar los mecanismos para prevenir, atender, sancionar y reparar ese tipo de conductas afirmó la abogada Andrea Medina Rosas. No obstante, al día de hoy no hay información en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STPS) de cuántas empresas han emprendido acciones en este terreno.
Hasta ahora, indicó en entrevista la abogada laboralista e integrante de la campaña “Trabajo Digno-Mujeres”, Angélica González, no se sabe cuántos casos por estas conductas violentas han sido denunciados con base en la LFT, cuántos han sido resueltos, ni qué sanciones se han impuesto.
“El problema es que no hay datos desagregados por sexo, ni por género y tampoco por tipo de caso. Y, por supuesto, no va a haber datos de cuántos se han resuelto con perspectiva de género. No existen datos desagregados ni del campo, ni de las entidades, ni del nivel federal”, explicó la abogada.
Una pista sobre las mujeres que acuden a las instancias públicas en busca de guías para denunciar son las cifras de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).
La extitular de la instancia, la maestra Alejandra Negrete Morayta compartió a Cimacnoticias que de diciembre de 2012 a julio de 2018 la Profedet ha asesorado a mil 176 mujeres despedidas después de enfrentar acoso sexual y hostigamiento sexual. Sin embargo, tampoco se sabe qué proceso continuaron.
En suma, desde 2015 México cuenta con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, mejor conocida como “NOM 025”, un documento surgido de un acuerdo entre la STPS, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
La NOM 025 es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, pero al no ser obligatoria se reporta que hasta el 8 de abril de 2019 se certificaron 373 centros de trabajo. La mayoría instituciones públicas de gobierno, universidades, tribunales de justicia y en menor cantidad empresas privadas y medios de comunicación.
Además, la administración pública federal cuenta, desde agosto de 2016, con el “Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual” y con 255 Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, según los cuales, durante 2017 se registraron 145 denuncias por presuntos casos de hostigamiento sexual o acoso sexual en 51 instituciones. 91 por ciento de las denunciantes fueron mujeres.

RUTAS DE DENUNCIA

Comentarios sugestivos o sexistas, bromas ofensivas, miradas obscenas, petición de pláticas indeseables relacionadas con asuntos sexuales, proposiciones directas o indirectas para establecer una relación sexual, contacto físico no deseado, recompensas o incentivos laborales a cambio de favores sexuales o amenazas con daños o castigos en caso de no acceder, todas son conductas violentas.
Estas acciones constituyen acoso y hostigamiento sexual y son formas de violencia sexual, explicó la abogada Andrea Medina Rosas, quien precisó que el acoso puede incluir todas estas variantes, desde la más leve hasta la más grave como la violación sexual, por ello deben ser investigadas para tener efectos en el ámbito administrativo o laboral.
Para que una queja llegue a las instancias laborales lo usual es que la víctima lo reporte a las autoridades de su lugar de trabajo. Cada espacio laboral tiene sus propios procedimientos. Usualmente es el con jefe inmediato, con el superior de éste o con el área de Recursos Humanos y algunos espacios han creado comités específicos.
Las denuncias laborales tienen una primera fase que es administrativa. No es tan común acudir directamente a la Junta de Conciliación y Arbitraje porque se puede hacer una investigación interna administrativa (en el centro laboral) que imponga sanciones o restricciones y que no necesariamente llegue a otro nivel.
En caso de que la investigación administrativa determine la rescisión del contrato de quien fuera denunciado, él puede recurrir a la Junta de Conciliación y Arbitraje por “despido injustificado” y las víctimas serían terceras interesadas. O bien, la víctima puede demandar a la empresa por tolerar actos de hostigamiento y acoso sexual en caso de que no se investigue internamente su denuncia.
No obstante, la mayoría de los casos no están llegando a las instancias laborales, porque a decir de la socióloga y sindicalista Rosario Ignacia Ortiz Magallón, está la falta de reconocimiento de esta violencia como una violación a los derechos laborales y las dificultades para comprobar el acoso y /o hostigamiento sexual.

POR UN AMBIENTE LABORAL DIGNO

Durante 19 años un jefe del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER) hostigó y acosó sexualmente a seis trabajadoras. Las constantes fueron amenazas, faltas de respeto, burlas, ofensas y condicionar sus vacaciones y asistencia a cursos y congresos. Todo por no acceder a invitaciones personales ni “caer en insinuaciones de carácter sexual”.
Cuando la violencia sexual se combinó con la laboral las seis denunciantes buscaron amparo en el marco legal. El 23 de octubre de 2014 presentaron un escrito ante el Departamento de Relaciones Laborales del Instituto para denunciar que su compañero de trabajo violaba el Código de Conducta de las y los Servidores Públicos del INER.
Al enterarse de la denuncia, el jefe las denunció por amenazas con el apoyo del equipo legal del INER. En la segunda vía, el Departamento de Relaciones Laborales sólo las hizo comparecer en dos ocasiones ante el presunto agresor y el 6 de febrero de 2015 les entregó la resolución del acta de investigación administrativa en la que exhortó al agresor a “dirigirse con respeto” hacia sus compañeras
Ante la vaga respuesta del lugar de trabajo, en octubre de 2014 las seis mujeres acudieron al Órgano Interno de Control, pero a ocho meses de no saber qué sucedía con su denuncia, decidieron acudir a la Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, de la Procuraduría General de la República (FEVIMTRA), en enero de 2015.
En mayo de 2015 las afectadas presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que el 8 de septiembre emitió la recomendación 37/2017 donde llamó a la Secretaría de Salud y de la Función Pública “a reparar el daño e implementar las medidas que sean necesarias para evitar la repetición de estos hechos”.
Las seis mujeres lograron que su agresor fuera inhabilitado por diez años y que siguiera un proceso penal.
Aunque las trabajadoras del INER presentaron su denuncia penal y administrativa su caso no llegó a instancias laborales. En opinión de la sindicalista Rosario Ignacia Ortiz muchas mujeres no agotan las vías donde se defienden los derechos de las trabajadoras porque no se asumen como tales, sin importar si están o no en la informalidad.
Otra razón para no acudir a estas autoridades, advierte, es porque aunque en 2012 se consiguió introducir en la Ley Federal del Trabajo la prohibición de la discriminación por género y del hostigamiento y acoso sexual, promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y la corresponsabilidad de las y los trabajadores en el seno familiar, aún falta mecanismos para hacer realidad esos preceptos.
El 28 de septiembre de 2012, cuando la Cámara de Diputados aprobó estas reformas, con 351 votos a favor, 128 en contra y 10 abstenciones, legisladoras como Martha Lucía Micher Camarena presentaron una serie de reservas para blindar el derecho de las trabajadoras a no ser acosadas.
Durante la discusión de los artículos reservados la diputada Micher Camarena pidió incluir la definición de hostigamiento sexual, acoso sexual, violencia psicológica, violencia laboral en la ley y tener cuotas de participación de mujeres en la capacitación de los centros de trabajo, temas que no fueron considerados ni siquiera para el análisis.
Aún así la reforma laboral con perspectiva de género presentada desde años atrás fue fundamental, afirmó Rosario Ortiz Magallón, quien fue la primera titular del Área Mujer y Menores Trabajadores en la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social en la capital mexicana y quien además fue diputada federal de 2006 a 2009.
Después de ese primer avance, ahora, en 2019 el Congreso de la Unión analiza una nueva reforma en materia de justicia laboral que impactará en el derecho de las trabajadoras a una vida libre de violencia. El 11 de abril la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje y crear el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y sus homólogos estatales.
Entre las modificaciones, que aún deben ser avaladas por el Senado, ahora el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo dirá “que es obligación de los patrones implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual”. El artículo 378 además prohíbe estas conductas al interior de los sindicatos.
Si bien estas modificaciones buscan resolver los conflictos laborales por medio de la conciliación, el artículo 684 E, explica que se trate de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia, donde exista riesgo inminente de revictimización, la autoridad conciliadora tomará las previsiones para no encarar a víctima y agresor como actualmente sucede.
A pesar de los avances normativos Ortiz Magallón, quien además es integrante del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, aseguró que todavía falta aterrizar las normas para saber cómo hacerlas realidad y para explicar cómo debe ser la justicia laboral con perspectiva de género.
Es decir, se trata, por ejemplo, de saber cuáles deben ser las sanciones para el jefe o compañero que toca la cintura de su empleada, le da nalgadas, le manda imágenes con contenido sexual; para entender cómo debe ser o si debe existir conciliación en estos casos o si deben ser enviados directamente a un juez.
Pero, además, señaló, las mujeres deben tener mecanismos para comprobar esa violencia que es sutil y en la intimidad, y aunque hoy en día los videos, mensajes de texto, audios o fotografías pueden ser una prueba, hay que garantizar que patrones y centros de trabajo estén obligados a considerar que el acoso y hostigamiento es un riesgo de trabajo y que no tiene ningún costo económico advertir a los trabajadores que es una conducta no permitida.
Mientras sindicalistas, trabajadoras y feministas buscan incidir en las reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral y construir mecanismos seguros para que las mujeres pueden denunciar, por ahora las redes sociales se convirtieron en un espacio de catarsis para las víctimas de estas violencias.

CATARSIS EN REDES SOCIALES

“Primero presionaba con ‘apuestas’ para salir conmigo o inventaba cenas con supuestos fines laborales. En mi idea de mantener una relación laboral ‘sana’ y ‘amistosa’ accedía manteniendo la distancia, pero siempre intentaba alcoholizarme y me presionaba para darme aventón”, narró en su denuncia pública Eloisa Farrera, ex editora de la sección Internacional del periódico Reforma.
La periodista fue una de las 329 denunciantes que entre el 23 de marzo y el 10 de abril hicieron pública su vivencia en Twitter. Ella, cuenta en entrevista con Cimacnoticias, que vivió acoso sexual en su lugar de trabajo durante 3 años.
A pesar de las implicaciones productivas, en el ambiente laboral y en la salud física y emocional de la víctima, la Endireh indica que la mayoría de las mujeres, 91 por ciento de quienes han enfrentado violencia en su lugar de trabajo, prefirieron no solicitar apoyo institucional o interponer una queja.
Eloisa es parte del 9 por ciento que se atrevió a hacer uso de las instancias administrativas y laborales para poner fin a una situación que la mantuvo en vulnerabilidad.
Las razones para no proceder, revela la Endireh, son el miedo a las consecuencias, no saber en dónde o cómo denunciar, pensar que nadie les creerá o que serán culpadas por lo que les sucedió, sentir que era una pérdida de tiempo, tener vergüenza o no confiar en la respuesta de las autoridades.
Por estas ideas Eloisa aguantó las insinuaciones hasta que un día su acosador restregó sus genitales en su pierna. En junio de 2017 interpuso una queja en el área de Recursos Humanos de la empresa, donde le dijeron “¡ahh claro! Él se echó a todo Club. Sólo que eres la primera que lo denuncia en forma”.
Sin contar con un procedimiento de investigación para resolver estas denuncias, Recursos Humanos de inmediato informó al presunto acosador de la queja y acto seguido él la llamó a su oficina para “disculparse” por el “malentendido”.
“Me sentí peor y escalé la denuncia al Director Editorial y de RRHH. Según ellos investigaron, pero no tenían ningún protocolo”. En el mes que la empresa dijo investigar la queja, no entrevistó a Eloisa, tampoco a otras ex editoras que ofrecieron narrar las violencias que enfrentaron por el mismo hombre, la única medida que tomó el medio mientras llegaba a una resolución, fue que la comunicación entre jefe y empleada fuera vía correo electrónico.
Finalmente, el personal de Recursos Humanos concluyó que no había ocurrido el acoso. A ella le hicieron firmar a un requerimiento para que trabajara de forma regular con él (regresar a las juntas, a la comunicación directa) y mantener un “buen comportamiento”.
En un ambiente que Eloisa Farrera califica de “incómodo” y “estresante”, en el que tenía que cuidar cada acción para evitar su despido, comenzó a vivir acoso laboral. Arbitrariamente la empresa le cambió a su jefe, después le pidieron ir a trabajar a Monterrey donde él se encontraba y cuando se negó por no tener justificación laboral, después de una década de trabajo en el medio, fue despedida.
Con todo en contra, Eloisa decidió en marzo de 2018 hacer uso de su último recurso: presentó una demanda contra la empresa en la Junta de Conciliación y Arbitraje argumentando que en aquel lugar no se garantiza un espacio libre de violencia para las mujeres.
Aunque la demanda pudo quedar en acuerdo, la empresa rechazó los términos de conciliación que ella les solicitó: una disculpa, que la empresa garantizara su atención psicológica y que adoptaran la Norma Mexicana 025 sobre Igualdad Laboral y No Discriminación. Hoy el caso está en juicio y sin fecha de resolución.
El hostigamiento y acoso sexual como el que vivió Eloisa como muestran los otros testimonios es una vieja práctica en los centros laborales pero la comunicación masiva que permiten las redes sociales cambió la forma de denunciar.
La presión en la plataforma de Twitter fue más efectiva que la demanda laboral. Después de que Eloisa publicó su narración con la etiqueta #MeTooPeriodistasMexicanos, irónicamente, señaló, provocó lo que ella no consiguió tras dos años de tocar puertas en las áreas institucionales y legales: Reforma despidió a su agresor.

LA FACILIDAD PARA JUSTIFICAR LA VIOLENCIA

En México, el despliegue de las denuncias confidenciales por medio de Twitter, conocido como #MeTooMx, tomó vuelo este año cuando el 21 de marzo usuarias de esta red social rompieron el silencio y decidieron señalar a un escritor de renombre que presentaría un libro y que acosó sexualmente a varias mujeres: Herson Barona.
En tres días el ejercicio se transformó en un movimiento de denuncia pública que alzó el vuelo el 23 de marzo.
Originalmente el movimiento #MeToo comenzó en 2006 en la red social MySpace por la activista norteamericana Tarana Burke, quien ayudaba a niñas y mujeres afrodescendientes sobrevivientes de violencia sexual. Lo que inició como un trabajo local pronto volvió viral la frase “A mí también” (Me Too en español) que identificó a miles de mujeres que han experimentado violencia sexual y abrió un debate global al respecto.
En octubre de 2017 la oleada de denuncias resurgió cuando “The New York Times” publicó una investigación con testimonios de actrices que fueron acosadas por el productor de Hollywood, Harvey Weinstein.
Dos años después de las denuncias que sacudieron la industria cinematográfica de Estados Unidos, en marzo pasado, en México se retomó la etiqueta #MeTooEscritoresMexicanos que desató otras similares para poner luz sobre la violencia recurrente en todos los círculos laborales: redacciones periodísticas, centros de estudios, oficinas de la administración pública y organizaciones civiles.
Los relatos del #MeTooMx son pruebas de que las instituciones han fallado en garantizar justicia a las víctimas, concuerdan académicas y defensoras de Derechos Humanos, quienes el 4 de abril publicaron un pronunciamiento donde dijeron que las respuestas agresivas contra las denuncias mostraban que la violencia contra las mujeres está profundamente normalizada.
La confidencialidad de las denuncias de acoso y hostigamiento vertidas en Twitter dividió a la opinión pública. Los señalados, en su mayoría hombres, argumentaron que la denuncia “desde el anonimato” carece de fundamentos y que las personas lo hacen por venganza personal.
Las estrategias de defensa de los acusados son similares: “Aquí es mi palabra contra la de ella”, “quienes me conocen saben que no soy violento”, “a lo largo de mi vida, me he desempeñado siempre con ética personal”, “no debemos satanizar ni hacer una cacería de brujas”, “que la persona aporte las pruebas que sustenten la acusación y proceda de manera legal”.
Las víctimas no sólo deben aguantar las desestimaciones de sus denuncias, el hostigamiento y acoso sexual impacta negativamente en sus relaciones laborales en su lugar de trabajo, el compromiso en su empleo, su productividad y su salud.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoció en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2018 que la violencia y el acoso puede impedir que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo, especialmente en los sectores y trabajos dominados por los hombres, y permanezcan en los mismos.
De esta conferencia se derivó el informe “Acabar con la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo” donde la OIT sustenta que el acoso psicológico y sexual pueden producir en las trabajadoras ansiedad, depresión, cefaleas y trastornos del sueño que afectan directo en su desempeño laboral.
Eloisa Farrera, por ejemplo, describió a Cimacnoticias tener varios de estos padecimientos después del acoso sexual y el asedio que el periódico emprendió en su contra, pero considera que el costo más grande fue a su carrera como periodista. Cuando decidió demandar al medio tuvo que renunciar a un empleo estable para dedicarle tiempo al proceso, el cual aún no tiene fecha para concluir.
Ahora Eloisa es freelance, no tiene un ingreso fijo y lamenta que su nombre sea referencia por la violencia que vivió y no por su labor periodística. Aunque también reconoce que su caso puede aportar a la erradicación de esta violencia y motivar a que otras mujeres rompan el silencio.
El acoso y hostigamiento sexual también tiene costos para el rendimiento de las empresas. La OIT refiere en el informe que puede generar baja productividad y dañar la reputación, imagen y la competitividad de las empresas. Gastos por subsidios de enfermedad, costos de los litigios y pagos de indemnizaciones. Rotar al personal por casos de acoso también supone gastos en la capacitación de las personas que ocupan lo lugares.
La OIT tuvo que discutir este problema el año pasado en la Conferencia Internacional por la efervescencia del movimiento #MeToo, se espera que en junio de 2019 apruebe un instrumento para abordar los casos de acoso contra mujeres y hombres en el ámbito laboral, ya que, hasta ahora, aunque diversos convenios de la OIT se refieren a las violencias en el trabajo, no es tema central en ninguno.

DESPUÉS DEL #METOO

La abogada María Alejandra Sánchez Guzmán, una de las representantes de Eloisa Farrera, afirmó en entrevista con esta agencia que obtener una resolución favorable dejaría un precedente sobre las medidas que deben implementar los centros laborales para garantizar espacios libres de violencia y seguros a sus trabajadoras.
La antropóloga de profesión agrega que el MeToo también debe generar cambios en las estructuras y las formas que están funcionando los centros laborales. Sánchez Guzmán refiere que la falta de paridad, de mujeres en cargos directivos, la brecha salarial, la falta de medidas de prevención, de reglamentos internos y de protocolos genera condiciones para perpetuar y normalizar la violencia sexual en los centros de trabajo.
“Estamos hablando de contextos para cambiar, más a largo plazo, las situaciones de acoso y hostigamiento sexual pasan porque hay un espacio permisivo en donde se ha normalizado la violencia, por eso a las víctimas les cuesta tanto reconocer que están siendo víctimas de violencia y tomar ciertas medidas”, puntualizó la doctora.
La abogada recomendó a quienes busquen denunciar un hecho de este tipo reconocer que están viviendo violencia, tratar de ubicar desde cuándo ocurre y si la empresa cuenta con protocolos o códigos de ética. En cada caso la víctima podrá determinar si denuncia por la vía penal, administrativa o laboral.
Es importante, agregó, acompañarse de una red de personas porque se trata de sumergirse en procesos de presión y en ambientes hostiles. Una acusación por hostigamiento o acoso sexual puede sumar violencia laboralmente o incluso agresiones fuera de las instalaciones del trabajo contra las mujeres que alzan la voz. De ahí, explicó, que solicitar la confidencialidad sea una medida fundamental de seguridad.
En tanto en las redes sociales continúan las denuncias de acoso y hostigamiento sexual. Algunas sindicalistas, organizaciones civiles, feministas y denunciantes se han organizado y en un pliego de peticiones exhortan a diversas instancias del Estado a dar cauce a las denuncias vertidas en el #MeToo, en cumplimiento de su obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
El 11 de marzo, un grupo llamó a diversas instituciones, entre ellas la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y sus homólogas en las entidades federativas, las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales, los tribunales laborales federales y la Secretaría de la Función Pública, a informar sobre las acciones que van a realizar respecto del hostigamiento y acoso sexual.
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Anayeli García Martínez y Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.-


Doce años de ILE

La Jornada
Gabriela Rodríguez


Hace 12 años que en la Ciudad de México se reformó el código penal para que las mujeres puedan acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta la semana 12 de gestación. La doctora Oliva López Arellano, actual secretaria de Salud en esta ciudad, informó que desde entonces se reporta un total de 209 mil 353 procedimientos realizados al 31 de marzo de 2019, con cero muertes maternas en los servicios públicos, dato menor al estándar internacional que estiman la probabilidad de una muerte por cada 100 mil abortos seguros, siendo una baja probabilidad la muerte por aborto, acá se confirma significativa disminución. Las niñas y adolescentes están más expuestas a vivir un embarazo no planeado, vinculado a la falta de información, a relaciones inesperadas o aquellas que no son consentidas; en ellas, el embarazo y parto conllevan un mayor riesgo debido a su condición biológica y a condiciones de vida precaria que prevalece en quienes se embrazan antes de los 18 años: en una niña, el parto implica un riesgo 50 veces mayor que el de un aborto seguro. Actualmente ya no se recurre al legrado uterino, sino a tecnología avanzada, la aspiración para los embarazos de 10 a 12 semanas, y la interrupción con medicamentos que se aplica antes de las nueve semanas.

Nuestra ciudad sigue siendo una isla de la libertad sexual y reproductiva, en 12 años de servicio han acudido más de 140 mil capitalinas a las 13 clínicas donde se ofrece el servicio (http://ile.salud.cdmx.gob.mx), una cuarta parte son mujeres del estado de México, otras pocas de Puebla e Hidalgo. Hoy y siempre resulta inadmisible que estar informada, vivir cerca o tener recursos para venir, siga siendo un factor determinante para ejercer el derecho a una maternidad voluntaria. No importa qué edad o estado civil se tenga, ni en qué latitud geográfica se haya nacido, toda mujer puede acceder a servicio en las clínicas púbicas y también en las clínicas privadas de la ciudad de México.

En la capital circula más información y hay mayor nivel de escolaridad, y mejores servicios de prevención, educación y de acceso a métodos anticonceptivos, de ahí que registre la menor tasa de fecundidad, 1.4 hijos por mujer, frente a la tasa nacional de 2.2, y la menor tasa de fecundidad de adolescentes, con 52 nacidos por cada mil adolescentes, frente a los 77 del dato nacional. El 73 por ciento de las capitalinas utiliza algún anticonceptivo (68 es el dato nacional), pero no se ha logrado evitar que una tercera parte de las mujeres embarazadas declaran no haberlo planeado ni deseado (frente al 36 por ciento del ámbito nacional); entre las adolescentes más de 80 por ciento recurre al condón masculino en su primera relación sexual, lo cual habla muy bien de la actitud preventiva de los hombres de las nuevas generaciones, pero después lo dejan de utilizar, las adolescentes unidas o casadas son quienes menos recurren al condón y a los anticonceptivos, y son también quienes menos recurren a la ILE. Sólo 5.6 por ciento de mujeres menores de 18 años han recurrido al aborto legal, en tanto que 83 por ciento tienen entre 18 y 35 años de edad, con lo cual explica, en parte, que 74 por ciento de embarazos en niñas y adolescentes no son deseados.
Cuando los anticonceptivos fallan, la ILE es una medida correctiva a la que todas las mujeres tienen derecho. Gran cantidad de los embarazos ocurren por falla del método, la abstinencia sexual es la menos segura, la cual falla, principalmente, por interrumpirla; importa tener presente que ningún método anticonceptivo es 100 por ciento seguro, para evitar un embarazo se tendría que recurrir al condón y a los hormonales, simultáneamente y como corresponsabilidad, y así alcanzar 99 por ciento de efectividad, de esta manera podríamos alcanzar las tasas que registran los países europeos: menos de 10 embarazos anualmente por cada mil adolescentes y 27 abortos por cada mil mujeres de 15 a 44 años de edad.
El Gobierno actual reconoce el avance que significó para las mujeres de esta ciudad, poder acceder a la Interrupción Legal del Embarazo, un derecho garantizado en el artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México:Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre estos, de forma segura, sin coacción ni violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible.
Además está el artículo 14 que garantizael derecho a la autodeterminación, a decidir con quién compartir su sexualidad, a ejercerla de manera libre, responsable e informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual sin coerción ni violencia; así como a la educación en sexualidad y a servicios de salud integrales, con información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica.
En la Ciudad Innovadora y de Derechos, los servicios de salud, así como los servicios comunitarios y educativos, trabajan para que todas las mujeres, independientemente de su edad, escolaridad, estado civil o condición social ejerzan el derecho a la información, a una sexualidad libre, el acceso a la ILE y a todos los métodos anticonceptivos.
*Titular de la Secretaría de las Mujeres
Twitter: @Gabrielarodr108

Estado mexicano a evaluación por tortura sexual contra mujeres


Organizaciones presentan ante Comité de OU informe alternativo
   

Organizaciones de la sociedad civil pidieron garantizar justicia a las mujeres sobrevivientes de tortura sexual, liberar a aquellas que siguen encarceladas porque fueron torturadas para inculparse, y garantizar el adecuado funcionamiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres.
Estas fueron las recomendaciones realizadas por más de 120 agrupaciones que integraron el informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil de México, un insumo que fue enviado al Comité Contra la Tortura de la ONU, organismo que este 25 y 26 de abril en Ginebra, Suiza, evaluará la situación de esta práctica en el país.
Según el informe, de las 8 mil 335 investigaciones de tortura, la oficina de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura informó que en 2018 había presentado cargos en apenas 17 casos y que 41 por ciento de los casos de mujeres encarceladas, que fueron arrestadas por la Marina, también fueron torturadas.
En el documento las agrupaciones llamaron al Comité a recomendar al Estado mexicano cumplir las resoluciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, del Relator Especial sobre la Tortura, de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer y del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer.
También propusieron que México cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, notificada en diciembre de 2018 sobre el caso de once mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, en particular garantizando el adecuado funcionamiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres.
Otra resolución que citaron y que pidieron se le dé puntual seguimiento fue la referente a los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, indígenas sobrevivientes de tortura sexual. En estos caos solicitaron se garanticen sentencias firmes en contra de los militares responsables.
También se pronunciaron por liberar a aquellas mujeres privadas de su libertad por inculparse bajo tortura, como Taylín Clotet Wang, quien fue detenida por la Policía Federal, que entró a su casa la madrugada del 7 de febrero de 2014. En su detención, fue desnudada, torturada sexualmente y golpeada a pesar de su embarazo. Ella es acusada de delincuencia organizada y secuestro.
De acuerdo con las organizaciones, la Relatoría contra la Tortura y el Comité de Expertas de CEDAW han expresado su preocupación por la tortura contra las mujeres. De 2006 a 2016, en 72 por ciento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violación a la integridad personal en casos de mujeres víctimas, los hechos incluyeron actos de índole sexual.
En 2016, Amnistía Internacional analizó los casos de 100 mujeres detenidas en 19 entidades federativas; de ellas 72 informaron haber sufrido violencia sexual en el momento del arresto o en las horas siguientes y 33 denunciaron haber sido violadas.
A partir de la documentación de la sociedad civil y otros actores, se desprende que la tortura sexual a mujeres incluye la violación; la amenaza de cometer dicho acto; los tocamientos y/o descargas eléctricas en pechos, glúteos y/o genitales; y obligar a la víctima a realizar actos sexuales.
La tortura sexual viene acompañada de la reproducción de estereotipos y roles de género, abusos verbales referentes a la sexualidad de las mujeres (por ejemplo, refiriendo que las víctimas son “putas” o “rejegas”, o que “les gusta” la tortura sexual) y el uso de la tortura a mujeres para humillar o incidir en la voluntad de los hombres que las acompañan (por ejemplo, obligarlos a firmar confesiones).
En un informe publicado en noviembre 2018, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez documentó 29 casos de mujeres denunciantes de tortura sexual (la mayoría detenidas entre 2012 y 2015), de las cuales 16 sufrieron violación sexual; en 12 de estos casos, más de un perpetrador intervino.
Cada cuatro años el Estado mexicano expone la situación que guarda el tema de la tortura ante el Comité contra la Tortura de la ONU, un órgano de expertos independientes que supervisa de manera oficial la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México

Apuntes hacia un diálogo feminista


   Quinto Poder
Por: Argentina Casanova*


El feminismo y la capacidad de generar soluciones pacíficas a problemas propios de sus procesos están alcanzando uno de sus puntos álgidos: la capacidad de autogenerar soluciones pacíficas a los problemas propios de la organización, el trabajo, la reflexión y la construcción de propuestas colectivas en los grupos feministas.
Y es ahí donde surge la pregunta disparadora de estos apuntes ¿estamos reflexionando sobre los conflictos desde y sobre los discursos feministas?
En el propósito de replantear la construcción de otros mundos posibles, mejores mundos, un mundo feminista, hemos sido capaces de revisar y hacernos las preguntas claves acerca de cómo y por qué tendríamos que dialogar desde la paz, esto partiendo de que una de las premisas del feminismo es la construcción de la paz alejada del sistema opresor patriarcal de control y sometimiento inherente a la guerra.
Sin embargo hemos dicho “estamos en guerra”, en una guerra en la que nosotras ponemos los cuerpos, en la que nosotras somos las muertas, las asesinadas; entonces en ese contexto ¿cómo nos defendemos? ¿Con qué armas?
En una reflexión feminista, una compañera respondió a mi pregunta ¿si el feminismo es paz cómo planteamos la “autodefensa”? Su respuesta fue contundente: “compañera, estamos en una guerra”.
Y sí. Cierto, esa guerra contra las mujeres es el rostro de la guerra de los opresores contra los oprimidos, la guerra del exterminio de ciertas poblaciones para la toma de sus recursos, la sustitución de sus identidades, es la misma que mueve a la guerra contra las poblaciones llamadas en situación de “vulnerabilidad”, niñas y niños, personas adultas mayores, población migrante, personas de identidades diferentes a la occidental y las mujeres, “los condenados de la tierra”, pues son ese otro que no es otro, no son personas y como tal pueden ser violentados y dominados, exterminados, sustituidos por la referencia que el mismo sistema patriarcal les da (sólo así podemos entender que por un lado ese sistema disponga del feminicidio como un mecanismo de control y dominación sobre las mujeres y al mismo tiempo continúe con su discurso de explotación del cuerpo a través de otras representaciones virtuales y simbólicas).

LA DEFENSA ES LA PALABRA

En este sentido, apropiarnos de la palabra es y ha sido una vía para transitar en este “universo”, pero no se trata solamente de hacernos “visibles” al ser nombradas; no es pasar de lo negro a lo blanco, de la oscuridad a la luz, el feminismo es la apuesta por un espectro distinto, es transitar entre los dos mundos, entre la dicotomía del discurso occidental que sólo concibe una u otra forma, de ser agresor o ser víctima.
Antes, es necesario revisar ¿cuáles son los recursos que tenemos para transitar del silencio hacia la voz, de ser cifradas desde afuera a crear nuestro discurso, interpelar al mundo contemporáneo? ¿cómo podemos hacerlo?
Un primer paso es el diálogo entre nosotras, y es ahí donde tenemos una dificultad porque no sólo usamos el lenguaje del opresor sino también sus estructuras discursivas, sus mordazas sonoras y sus referencias conceptuales, es decir, hablamos desde el significado que nos ha sido dado desde el patriarcado y lo hacemos en un orden simbólico aprendido-enseñado por el patriarcado, ¿cómo podemos dialogar en feminismo si lo hacemos con mecanismos y rutas aprendidas en el sistema patriarcal? El feminismo se trata de creer que es posible otro mundo y otra forma de pensar.
Ahí aprendimos códigos y estructuras, de ahí se desprende la creencia de que toda subordinación implica una posición imperativa de dominación, “el poder es para ejercerse”, dicen por ahí. Ese sistema nos dice que “el que manda debe ser el/la que domina-subyuga-controla-oprime a sus subordinados.
¿La persona que tiene la posición de control desde su discurso de la marginación histórica puede oprimir en nombre de esa marginación?
La respuesta ya la sabemos. No. La población afrodescendiente que vivió la esclavitud puede ayudarnos a encontrar la respuesta en la reflexión que Angela Davis, Audre Lord y Franz Fannon han hecho sobre las fuerzas del opresor a partir de las alianzas con algunos oprimidos; reproducir formas de opresión es esa alianza contemporánea, sin embargo esto no puede confundirse con la escucha de las razones, y por supuesto el planteamiento de esas razones para la diferencia, que bajo ningún argumento justificarían la opresión, pero sí el derecho a la organización en la diferencia.
*Fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche.

CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Ciudad de México

Silvia Federici: acumulación y caza de brujas

La Jornada
Maciek Wisniewski*


I. La influyente teórica feminista italiano-estadunidense, que enfatiza la importancia del trabajo reproductivo de las mujeres para la acumulación capitalista (desde sus orígenes), en los setenta fue una de las fundadoras del Colectivo Feminista Internacional y movimiento ‘Wages For Housework’. Sus escritos sobre la demanda del salario por el trabajo doméstico –¡Lo llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo no pagado!– han sido revolucionarios ( Wages against housework, 1975). Oponiéndose a la división entre el trabajo asalariado de la fábrica (masculino) y el desvalorizado trabajo doméstico (femenino), declaraba al hogar “un espacio central [ point zero] de la resistencia al capital”. Si bien el movimiento no prosperó, fomentó la consciencia sobre laexplotación en casa(bit.ly/2UnO5ML) y popularizó la noción de lareproducción. En una colección de textos de aquella época – Revolution at point zero: housework, reproduction, and feminist struggle (2012)– apuntaba:no se trata de cambiar la naturaleza de nuestro trabajo, sino de dejar de reproducirnos como trabajadores, como fuerza de trabajo, como mercancía(p. 39).
II. En su obra principal – Caliban and the witch: women, the body, and primitive accumulation (2004)– Federici reconstruye famosamente –y a contrapelo de Marx (sic)– laacumulación originariay el paso del feudalismo al capitalismodesde el punto de vista de las mujeres. Analizando las medievales cazas de brujas como unelemento esencialpara esta transición –y la expansión de esclavitud y colonialismo: de allí el Calibán (Shakespeare), quintaesencialsujeto colonialal lado de la bruja– lo ve más bien como ungiro reaccionario–una contrarrevolución de las élites feudales ante el auge del comunalismo campesino– que tomó como su objetivo la mujer –su desvalorización como un sujeto y la destrucción de su poder social(p. 100)– a fin de imponer control sobre su cuerpo y capacidades reproductivas para asegurar la mano de obra para el mercado. Junto con los cuerpos femeninos –en su visión– se apropiaban y expropiaban tierras (los cercamientos) para el nuevo régimen de explotación.
III. Viendo al salario –más que cantidad de dinero– comouna forma de organización,instrumento de jerarquizacióny hablando delpatriarcado del salario–término que introduce en Caliban...(bit.ly/2ybGaYe)– Federici expone a la vezla falacia de la liberación de las mujeres mediante el salario/el avance en el mercado, el argumento predilecto del feminismo neoliberal (bit.ly/2TMMpRy); por otro lado formulando una serie de acusaciones a Marx – Patriarcado del salario(2018)– por sus (supuestas) cegueras al tema de la reproducción y su centralidad para la acumulación –“el hogar también es una ‘fábrica’, una que produce los trabajadores”– subraya cómo la violencia interfamiliar es laherramienta del disciplinamiento de la mano de obra reproductiva(para una crítica desde el feminismo a estacentralidady algunas ambigüedades federicianas respecto a Marx, véase: bit.ly/2LDZ1lQbit.ly/2KMsUEp).
IV. Siguiendo el argumento de Caliban... –la alienación de las mujeres de los medios de (re)producción como condición para el despegue capitalista– en otra colección de textos (Witches, witch-hunting and women, 2018) Federici insiste en tratar laacumulación originariacomouna fase permanente del capitalismo, viéndola en diferentes violencias contemporáneas hacia las mujeres –maquilas, etcétera (bit.ly/2UxhyJ4)– que apuntan en contra de sus capacidades organizativas; desvela las raíces de la noción delchisme(bit.ly/2UniYRw); analiza –a partir de su experiencia de trabajar en Nigeria– la actual ola de asesinatos de mujeres –¡acusadas de...ser brujas!– a lo largo de África (y Asia), en los mismos términos que las cazas medievales: hoy, las cazas de brujas –subraya– son la herramienta de la globalización (sic) y parte de un promovido por BM y FMI ataque a los sistemas comunitarios de tierra –con unajustificación teológicade las sectas pentecostales financiadas desde EU– con tal de eliminar (o expulsar) sus dueñas y expandir la frontera de la acumulación (bit.ly/2P9g4Ph).
V. Según Federiciuna generalizada crisis de reproduccióncausada por el ataque neoliberal a la esfera de los cuidados –recortes en salud o educación son una forma de violencia(bit.ly/2Db6B3O)– fuerza a las mujeres a trabajar fuera y dentro de la casa para compensar ausencia de servicios sociales propiciando formación deun nuevo patriarcado:las mujeres de hoy deben ser tanto productoras, como reproductoras(bit.ly/2UxhyJ4). Subrayando cómo los medios de subsistencia se vuelven un nuevo terreno de disputa –expansión capitalista/resistencia– une en su análisis Norte y Sur regidos poruna nueva división internacional de trabajo(Revolution…, p. 28) e integra la naturaleza, en la medida en que la explotación femenina se ve intensificada porotra ronda de cercamientos: privatización de tierra, agua, semillas, extractivismo. Aquí es donde entra también su trabajo sobre loscomunes(Re-enchanting the world: feminism and the politics of the commons, 2018), quejunto con el salario pueden ser dos elementos que se refuerzan mutuamente: la clave está en cómo uno expande su autonomía(bit.ly/2P6h6vs).
*Periodista polaco
Twitter: @MaciekWizz

Tortura contra Lydia Cacho, violación grave a sus DH

REPORTAJE
   Delito no prescribe, afirma abogado


La publicación del libro “Los Demonios del Edén”, en 2005, donde la periodista Lydia Cacho Ribeiro reveló la existencia de una red de explotación sexual infantil, también sacó a la luz la complicidad de empresarios y funcionarios públicos para acallar este caso de pederastia.
Después de publicar la investigación, en julio de ese año la también escritora fue acusada de difamación y calumnia por uno de los involucrados: el empresario José Kamel Nacif Borge.
Como parte de esa denuncia penal el 16 de diciembre de 2005 Cacho Ribeiro fue detenida por al menos diez personas, entre agentes de la policía y agentes privados, quienes la trasladaron, vía terrestre, de Quintana Roo a Puebla, un trayecto de horas durante el cual fue torturada.
A la par de la acusación penal, el 14 de febrero de 2006 los medios dieron a conocer la grabación de varias llamadas telefónicas entre funcionarios públicos y empresarios para detener, encarcelar y amedrentar a la periodista.
En una de estas conversaciones el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y el empresario Kamel Nacif, hablaron de cómo facilitaron la detención y tortura de la periodista.
A 13 años de las llamadas que revelaron la complicidad entre políticos y presuntos pederastas para manipular al Poder Judicial y encarcelar a Lydia Cacho, el pasado 11 de abril un Tribunal giró una orden aprehensión contra cuatro involucrados en el caso de tortura.
El Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, en el estado de Quintana Roo, giró orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, los empresarios Kamel Nacif Borge y Hugo Adolfo Karam Beltrán y el excomandante Juan Sánchez Moreno.
De acuerdo con los medios locales la orden de aprehensión se liberó luego de que Mario Marín reapareció públicamente apoyando al priista, Alberto Jiménez Merino, candidato a la gubernatura de Puebla en estas elecciones extraordinarias.
La orden de captura se dio después de la intervención del Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo que el 31 de julio de 2018 emitió una resolución donde pidió al Estado mexicano que investigara las violaciones a Derechos Humanos cometidas contra la periodista.
En octubre de 2014, cuando Cacho Ribeiro envió su caso al organismo, la investigación que llevaba años en “suspenso” por fin se reactivó. Ese año se libraron dos órdenes de aprehensión contra dos policías que en 2005 trasladaron a la periodista de Cancún a Puebla.
El abogado de la organización Artículo 19 y quien representa legalmente a la periodista, Leopoldo Maldonado, informó que hay tres policías acusados y procesados por la tortura: uno fue sentenciado, uno se encuentra prófugo y otra más fue capturado y lleva su proceso en prisión.
Desde noviembre de 2018, detalló el abogado, se sumaron tres órdenes de aprehensión contra tres policías más quienes no han sido capturados. Hasta ahora hay entre ocho y 10 personas que deben ser responsabilizadas, desde policías que ejecutaron la violencia hasta quienes dieron la orden de detenerla y torturarla.
El abogado explicó que una orden de aprehensión por tortura no prescribe porque se trata de una violación grave a Derechos Humanos y es un delito de lesa humanidad. En este caso, dijo, además, es claro que se echó a andar una maquinaria para castigar a la periodista por sus publicaciones.
Los personajes políticos son agresores comunes de las periodistas. De acuerdo con el informe “Herencia de un sexenio: Simulación y desplazamiento”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer, del 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre de 2018 se registraron 440 casos de violencia contra mujeres periodistas
El 39.10 por ciento de estos casos fueron de violencia ejercida por agentes del Estado.
En el caso de Lydia Cacho destaca además que en la resolución de la ONU, la primera que resolvió en el sistema de Naciones Unidas por violencia cometida por funcionarios del Estado contra una mujer periodista, el organismo también llamó a despenalizar los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas.
Hoy sigue pendiente la derogación de estos delitos, además de las medidas para garantizar la protección para periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos que están en riesgo y fortalecer el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida en contra de mujeres.
Imagen retomada del Consejo General del Poder Judicial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Yunes es parte de la red de pederastas, ratifica Lydia Cacho


- Proceso

* Involucrado, también el senador Emilio Gamboa, reitera la escritora
* Kamel Nacif hizo aportaciones millonarias a Vamos México, revela

Cancún, Quintana Roo, 17 de febrero (apro).- La activista, escritora y periodista Lydia Cacho ratificó hoy aquí que el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Miguel Ángel Yunes, está vinculado en el caso del presunto pedófilo Jean Succar Kuri.
En conferencia de prensa, comentó que los mismos testimonios de las jóvenes víctimas señalan a Yunes como amigo de Succar, tal como lo es del empresario poblano Kamel Nacif.
“Las niñas dijeron a la PGR sobre Yunes, lo describieron físicamente, lo refirieron como un político, como amigo cercano de Succar”, aseveró.
También está involucrado, reiteró, el senador Emilio Gamboa, con quien Succar hizo negocios en el Aeropuerto Internacional de Cancún, cuando el ahora legislador era secretario de Comunicaciones y Transportes.
Cacho también cuestionó la actuación de la Procuraduría de Quintana Roo.
La periodista aseguró que su detención, ocurrida en este puerto, fue una acción coordinada entre esa dependencia y la Procuraduría de Puebla.
Por ello, demandó se investigue la actuación del procurador de Quintana Roo, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, quien presuntamente ordenó su detención de manera irregular, a fin de que fuera trasladada por carretera a Puebla, en atención a la denuncia presentada en su contra por Kamel Nacif Borge, primo hermano del exgobernador quintanarroense Miguel Borge Martín.
En conferencia de prensa, Lydia Cacho sostuvo igualmente que tiene pruebas en el sentido de que Kamel Nacif hizo aportaciones millonarias a Vamos México, cuya presidenta es Marta Sahagún de Fox.
También reveló que la orden para “congelar” la extradición del presunto pederasta preso en Arizona, Jean Succar Kuri, se dio en los más altos niveles de la política mexicana.
Al tiempo que la periodista Lydia Cacho aseverara que nunca recibió apoyo del gobierno quintanarroense durante su detención en Cancún, el secretario de Gobierno, Eduardo Abuxapqui, dijo que están en la mejor disposición de auxiliarla.
En rueda de prensa, la periodista reconoció que hay personas, tanto nacionales como de otros países, que le han manifestado su solidaridad para que presente su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como en otras instancias internacionales.
Dijo que anoche que llegó a ese destino turístico, en donde reside, recibió una llamada del gobernador Félix González Canto, quien le aseguró que todo el procedimiento iba a desarrollarse dentro del marco legal.
En el café “Nader”, la periodista señaló que antes de su detención ya había recibido amenazas, situación que dio a conocer en su momento al procurador de Quintana Roo, Bello Melchor Rodríguez.
Sin embargo, señaló, nunca recibió el apoyo de éste, por lo que, agregó, no puede perdonarle su ignorancia.
La directora del Centro Internacional de Atención a Mujeres (CIAM) detalló que, en ocasiones anteriores, ya había denunciado la corrupción en la Procuraduría local y el tráfico de influencias, y que siempre fue hostigada por eso.
Aseguró que nunca ha sido amiga de ningún gobernador de Quintana Roo, y mucho menos del actual, Félix González Canto.
Confirmó que nunca tuvo un aviso oficial antes de su detención, y en un principio supo que la denuncia en su contra había sido presentada en Puebla, pero por otros delitos, y no por difamación y calumnias.
Al respecto, el secretario de Gobierno de Quintana Roo, Eduardo Abuxapqui, aseguró que están en la mejor disposición de apoyar a Lydia Cacho.
En entrevista en Mérida, Yucatán, a donde acudió a la firma del llamado Acuerdo de Chapultepec, expuso que si la periodista o sus representantes piden apoyo al gobierno de Quintana Roo, se lo darían como lo harían con cualquier ciudadano que así lo demande.
Sin embargo, hasta ahora ni Cacho ni sus representantes legales han solicitado apoyo al Ejecutivo del estado para enfrentar el proceso que se le sigue en Puebla, afirmó.
De igual manera, aclaró que el gobierno del estado no tiene planes ni ha solicitado la extradición del empresario Jean Succar Kuri, quien permanece detenido en Estados Unidos acusado de pederastia y corrupción de menores.
“Eso ya está en manos de las autoridades federales, y a ellas corresponde en todo caso solicitar la extradición; y nosotros, en su caso, daríamos todas las facilidades y apoyo al proceso si así se requiere”, ofreció.
De tal forma, que ahora toca a las autoridades judiciales evaluar las pruebas y los argumentos en este caso, y determinar las sanciones o castigos que sean aplicables, ya sea al gobernador poblano o cualquier otro involucrado en el asunto, apuntó.
Ante un nutrido grupo de periodistas de Cancún, Lydia Cacho expresó:
“Es importantísimo que finalmente el caso Succar se destrabe; sabemos que estaba 'congelado' por órdenes mucho más arriba de lo que imaginamos”.
Cierran filas en torno a Chuayffet
Mientras tanto, en la Ciudad de México, la diputación del PRI en la Cámara de Diputados pidió hoy a los gobernadores del tricolor, “le retiren de inmediato la confianza” y pidan la renuncia a Miguel Ángel Yunes Linares como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
A través del vocero de la bancada tricolor, Miguel Lucero Palma, y la representación de ésta en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Heliodoro Díaz Escárraga, se advirtió que si el gobierno federal decide mantener a Yunes Linares en ese cargo, “podría considerarse como una ofensiva más del presidente Vicente Fox”.
Heliodoro Díaz precisó en rueda de prensa que “nadie, mucho menos un funcionario del gobierno federal, un empleado de Fox”, puede reconvenir las expresiones de un representante popular, sea del partido que sea, en este caso del diputado Emilio Chuayffet.
Se refirió así a la carta que ayer envió Miguel Ángel Yunes al diputado federal Emilio Chuayffet Chemor, coordinador de la bancada parlamentaria del PRI, en respuesta a lo que éste planteó por la mañana del jueves, en el sentido de investigar no sólo a quienes atentaron contra los derechos de la periodista Lydia Cacho, sino a quienes están implicados en actos de pederastia, entre ellos a Yunes Linares.

Necesario reconocer a mujeres en el campo de las artes escénicas


#BeYourVoice pretende reducir la brecha de género en industria digital
   


Posicionar a escenógrafas para que accedan a mejores condiciones laborales en México, un país donde las artes escénicas continúan siendo un mundo liderado por hombres, es el objetivo de #BeYourVoice, proyecto mexicano ganador de un subsidio entregado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 


La iniciativa fue una de las cuatro ganadoras de la convocatoria Unesco, Sabrina Ho “You are next: Empowering Creative Women”, abierta por primera vez en 2018 con el objetivo de reducir la brecha de género en las industrias creativas digitales en los países en desarrollo.
Tras salir victoriosa de entre 101 proyectos de todo el mundo, la creadora de #BeYourVoice y directora de Artes Escénicas Teatro de Aire, Ghali Martínez, detalló en entrevista con Cimacnoticias que dará herramientas a las mujeres para incrementar sus habilidades digitales y producir propuestas escenográficas innovadoras.

Añadió que aunque a través de la tecnología busca innovar en las puestas en escena, su objetivo no es cambiar la manera de hacer teatro o las escenografías, solamente aportar una manera más actualizada, diferente e innovadora para la escena nacional.

Con #BeYourVoice “queremos que las mujeres conozcan herramientas que forman parte de un sector tecnológico operado por hombres. Esperamos que el empoderamiento se refleje a través del aprendizaje teórico y en el manejo de equipo, para que con estos instrumentos puedan desarrollar productos creativos diferentes y que esto se traduzca en mejores condiciones laborales y de vida”, expresó Ghali Martínez.

El proyecto consiste en una plataforma de educación a distancia, que involucrará a especialistas en tecnología y artes escénicas. A través de la iniciativa se brindarán contenidos formativos de realidad virtual a 100 jóvenes escenógrafas de todo el país, quienes serán seleccionadas a través de una convocatoria que se espera sea publicada entre julio y agosto.

PANORAMA ESCÉNICO EN MÉXICO

En nuestro país las mujeres no tienen una participación constante en roles donde tengan que tomar decisiones creativas definitivas, dijo la directora de Artes Escénicas Teatro de Aire.

“En la industria digital creativa hay poca participación de mujeres y esta se encuentra enfocada específicamente en el sector editorial. En el sector cinematográfico la participación es muy poca. Es importante destacar que este panorama se replica a nivel mundial, no hay datos, y el no tenerlos es en sí mismo un indicador”, afirmó Ghali Martínez.

Esta opinión la comparte la Liga Mexicana de Mujeres de Teatro, organización que reúne a casi 200 mujeres de todo el país, quienes afirman que en México las mujeres han sido invisibilizadas históricamente en las artes escénicas, ya que aún se pueden observar desproporciones en la participación de las mujeres en puestos administrativos en teatros, en integración de jurados o en becas.

De acuerdo con la Unesco, la desigualdad de oportunidades de la que son objeto las mujeres tiene que ver con el poco acceso que tienen para tomar puestos de dirección y liderazgo; los estereotipos negativos y las limitaciones de la libertad de expresión.

Para la Organización, los gobiernos continúan con el reto de brindar recursos financieros e implementar programas de igualdad al hablar de cultura.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Berenice Chavarría Tenorio
Cimacnoticias | Ciudad de México

La necesidad de nombrar


María Teresa Priego

Nombrar, cuando nos es posible, es un acto necesario de salud emocional. Es estallar la complicidad con el agresor 

"La verdad juega un rol tan determinante en el crecimiento de la psique como el alimento en el crecimiento del organismo. Una privación de verdad provoca un deterioro de la personalidad". -Wilfred Bion
Algunas de las preguntas recurrentes que leemos (o escuchamos), ante las denuncias por acoso, abuso sexual, violación, maltrato psicológico o distintas formas de violencia son: "¿por qué denunció hasta ahora?" "Si fuera verdad, ¿no lo habría dicho de inmediato?" "¿Para qué decirlo ya?" Acompañada con frecuencia de afirmaciones como: "sólo quiere dañar", "es despecho", "es una venganza". "Qué ganas de hacerse la víctima". "Lo acaba de inventar" "¿Qué querrá?" "La ropa sucia se lava en casa". "Las familias decentes sabemos guardar secretos".
La necesidad de acceder a las palabras y ser escuchada/o existe, es una búsqueda de dignidad y de resarcimiento. Es aprehender desde el silencio el espacio del dolor, reconocerlo y nombrarlo. La verdad importa. El derecho a la propia verdad es un principio básico de la salud emocional. Nombrar es lo contrario de victimizarse. Significa que una persona fue víctima de violencia (por ejemplo), en una circunstancia específica.
No es una "oscura vocación", sino una realidad que trae dentro. Es en el acceso a las palabras y en el reconocimiento del daño que sufrió que pasa de la voz pasiva a la voz activa. Se recurra a los mecanismos legales o no. Lo que me importa en este texto, es ese momento en el que la víctima toma la palabra y no permite que su historia sea negada.
El abuso acompañado de ley mordaza es un doble abuso. Y suelen ir juntos. "No importa a qué punto te haya violentado, aquí no ha pasado nada". Esa negación casi psicotizante para una víctima, sobre todo cuando hablamos de la infancia y de la adolescencia. El agresor cuenta con su silencio, se lo exige. El agresor da por hecho que su "presa", además, será su cómplice. ¿Qué puede haber más terrible?
Si nos detenemos a pensar en el pasado y en experiencias de maltrato (sobre todo si fue severo), discriminación, violencia, distintas formas de daño moral que nos hayan sido infligidos en la infancia y en la adolescencia, nos sorprenderá cuántas de esas experiencias nos parecen y/o nos han parecido innombrables. Las frases "nunca antes lo dije", "no me atreví a decirlo", "me dañó mucho, pero me daba miedo hablar", son muy comunes en las terapias y en las conversaciones más íntimas.
Un día una persona puede darse cuenta de que ha venido cargando por años o por décadas con un hondo dolor del que jamás ha hablado. Es más, un día se da cuenta que ni siquiera le había sido dado reconocer que eso que sintió, eso que siente, es dolor. Sucede mucho cuando la persona que ejerció la violencia era alguien cercano, alguien en quien confiábamos. Entre más amada la persona, más difícil nombrar. También entre más temida. Una protege a los que ama, a pesar de todo. Y una se protege de aquellos a quienes teme. Y una pregunta con frecuencia nos habita: "¿tengo derecho a decirlo?" ¿Y, si hago daño a la vez?  ¿Y, si la verdad daña, ¿tengo derecho?"
Nombrar, cuando nos es posible, es un acto necesario de salud emocional. Es estallar la complicidad involuntaria con el agresor. Es haber sido ya capaz de transitar el camino entre el daño y su reparación. A cada quien sus procesos y sus tiempos. Levantar la voz y decir: "Entonces fui víctima de tu violencia y no me pude defender", no significa "soy una víctima".


Aborto en la capital: una ley positiva

La Jornada
Editorial


El 25 de abril de 2007, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) reformó el ar-tículo 144 del Código Penal a fin de aprobar la interrupción legal del embarazo. En los 12 años transcurridos, los servicios de salud de la capital han efectuado 209 mil 359 abortos, en los cuales debe destacarse la total ausencia de muertes maternas.

Cabe felicitarse porque la vigencia de dicha legislación ha significado no sólo el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres de todo el país –pues desde un principio los centros médicos del antes Distrito Federal y hoy Ciudad de México han recibido a gestantes de toda la República que desean o necesitan poner fin a su embarazo–, sino asimismo la seguridad para muchas vidas que de otra manera habrían sido absurdamente condenadas a los peligros de los procedimientos abortivos caseros o en clínicas clandestinas carentes de los mínimos estándares profesionales y de salubridad.

Lamentablemente, este insoslayable avance en materia de derechos reproductivos y de género, salud pública y legalidad, contrasta con la situación que prevalece en la mayor parte del país: mientras sólo la violación se considera causal legal para permitir la interrupción del embarazo, unas 20 legislaciones estatales han elevado a rango constitucional la protección a la vidadesde la concepción, artimaña jurídica para convertir en homicidio la interrupción voluntaria del embarazo y criminalizar así a quienes intenten practicarse un aborto; las nefastas e injustificables consecuencias de esas regresiones legales están a la vista: actualmente hay en el país 2 mil 355 mujeres en la cárcel por acusaciones relacionadas con el aborto, incluso cuando muchas de ellas sufrieron interrupciones espontáneas.
Además de constituir violencia jurídica, la penalización del aborto es una medida abiertamente clasista que se ensaña con las más pobres y marginadas: aunque la población rural del país apenas supone 22 por ciento del total, casi la mitad de las complicaciones asociadas a la interrupción clandestina del embarazo se presentan entre mujeres del medio rural. No pocas de las legislaciones retrógradas referidas fueron aprobadas como parte de una reacción conservadora a los adelantos logrados en la Ciudad de México, en lo que constituye una lastimosa e inaceptable revancha que subraya la urgencia de elevar al plano federal la batalla jurídica por la despenalización del aborto; no sólo como un ineludible deber para avanzar hacia la plena igualdad de derechos y poner fin a la asfixiante discriminación con motivos de género, sino además porque México no puede presentarse como un país moderno en tanto no dé pasos decididos en esa dirección.
Es necesario plantear dos consideraciones finales: por un lado, la experiencia demuestra que la penalización no impide la práctica del aborto; por el contrario, orilla a quienes lo requieren a obtenerlo por vías inseguras que ponen en peligro sus vidas; por el otro, que a contrapelo del discurso conservador la despenalización de la interrupción legal del embarazo no impone nada a nadie, pues únicamente quien lo desea solicita el procedimiento, mientras la penalización sí coarta los derechos e impone a toda la población femenina dogmas morales y creencias particulares.

ILE en CDMX política pública y ejercicio de derechos


12 años años de garantizar la vida de las mujeres
   

En los 12 años de funciones del programa de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la Ciudad de México no se ha registrado ni una sola defunción, la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa) ha garantizado abortos seguros a 209 mil 353 mujeres no sólo de la urbe sino provenientes de toda la República.
El 24 de abril de 2007, tras años de pugnas por el movimiento feminista, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal votó a favor de reformar el Código Penal en sus artículos 144 al 147 y el artículo 16 Bis de la Ley de Salud locales para que las capitalinas que desean interrumpir un embarazo tengan la libertad de hacerlo en las primeras 12 semanas de gestación sin ser criminalizadas.
Desde entonces al 31 de marzo de 2019, en las 13 clínicas de la Sedesa 146 mil 110 capitalinas tomaron la decisión de interrumpir sus embarazos de forma legal y segura, así como otras 63 mil 243 mujeres foráneas, ya que la despenalización del aborto en la Ciudad de México abrió las puertas a mujeres de otros estados quienes viajan por servicios seguros y de calidad que no pongan su vida en riesgo.
Es decir, como refiere la organización en salud reproductiva Ipas México, la letalidad por aborto legal en la Ciudad de México es de cero, comparable con la letalidad específica a nivel internacional.
Además, en 12 años de esta política pública colocada como un referente en el mundo, especialistas comienzan a trabajar en estudios sobre el impacto en la reducción de muertes maternas.
Una de las investigaciones es la que está realizando la doctora Raffaela Schiavon Ermani por la Society of Family Planning Research, los datos preliminares que ha divulgado evidencian cómo la despenalización ha beneficiado de forma general en reducir la mortalidad materna (MM) en la capital del país.
Según cifras que ha adelantado la doctora y consultora en salud reproductiva, en 2007 la tasa de letalidad por aborto en la Ciudad de México era de 50 muertes por cada 100 mil abortos, a un año de la despenalización la tasa de letalidad tuvo una caída a 21 defunciones por cada 100 mil abortos. Para 2015 la letalidad se encontraba en 12 defunciones.
Mientras este estudio señala que las tendencias en la Ciudad de México tienden a disminuir, a nivel nacional el aborto es la tercera causa de defunciones maternas.
La Secretaría de Salud calcula que en 2018 la Razón de Mortalidad Materna (RMM) fue de 35.4 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados.
A fin de evitar muertes maternas organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene entre sus recomendaciones contar en los sistemas de salud con servicios de abortos seguros y una atención de calidad después de estos, sobre todo para mujeres en edades tempranas.
Asimismo, la OMS indica que las restricciones legislativas para acceder al aborto hacen que las mujeres con embarazos no deseados, sobre todos aquellas en condiciones de pobreza, recurran a métodos insalubres. Como consecuencia, pueden tener hemorragias, infecciones, perforaciones uterinas, daños en el tracto genital y órganos internos, hasta perder la vida.
En este sentido, el programa de ILE de la Ciudad de México ofrece procedimientos con la tecnología adecuada para realizar el aborto; 77 por ciento aborto por medicamentos; 22 por ciento por aspiración manual endouterina y uno por ciento por legrado uterino instrumentado. 
Las estadísticas que compila y actualiza constantemente la Sedesa permiten conocer que en estos 12 años la mayoría de las mujeres acudió antes de la novena semana de gestación; 35 por ciento de las mujeres tiene como ocupación tareas en el hogar, 25 por ciento eran estudiantes y 24 por ciento trabajadora.
El grupo de edad que más acude al servicio son mujeres entre los 18 a 24 años de edad quienes representan el 47 por ciento de las usuarias.

DERECHO A DECIR A DISCUSIÓN NACIONAL

Como hace 12 años cuando la discusión sobre la despenalización del aborto en la Ciudad de México se convirtió en tema de relevancia nacional y enfrentó los embates de grupos conservadores para impedir su avance, nuevamente en el terreno legislativo se busca que el derecho a decir sobre la maternidad no sea único para las capitalinas sino para todas las mexicanas.
En el Congreso de la Unión existen debates pendientes para modificar la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para despenalizar el aborto y marcar una ruta de reformas para las legislaciones estatales.
En la Cámara de Diputados han presentado iniciativas al respecto Lorena Villavicencio Ayala y Porfirio Muñoz Ledo, ambos de Morena; las perredistas Verónica Juárez Piña y Guadalupe Almaguer Pardo, iniciativas que están pendientes de ser estudiadas.
Asimismo, en el Senado hay propuestas a favor, el pasado 2 de octubre el PRD presentó una iniciativa para modificar el Artículo 1 de la Constitución con la finalidad de garantizar el “derecho al aborto, a una muerte digna y al libre desarrollo de la personalidad”.
Pero como ocurrió hace 12 años que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo que determinar después de una serie de audiencias públicas la constitucionalidad de la reforma por una acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, actualmente también hay posturas en contra.
El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Eruviel Ávila Villegas presentó el pasado 7 de marzo una iniciativa para reformar el artículo 1 de la Constitución, que pretende establecer que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho fundamental estará reconocido, protegido y garantizado por el Estado, a partir del momento de la concepción y hasta la muerte”.
El auge del debate sobre el aborto también ha hecho que los congresos estatales reformen sus constituciones “para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte”, como ha ocurrido en Nuevo León, Sinaloa e iniciativas que están a discusión en Hidalgo y el Estado de México.
Lo cierto, es que pese a los esfuerzos de los grupos conservadores, las mujeres de las entidades de la República siguen acudiendo a recibir el servicio de aborto en la urbe, la mayoría provienen del Estado de México (55 mil 233 mujeres); de Puebla ( mil 277); Hidalgo (mil 121) y de Morelos (783 mujeres).

Imagen retomada del portal Voces Nuestras |Flora Valdez
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México