La Redacción
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Ciudad de México. Investigadoras del Consorcio
Latinoamericano contra el aborto inseguro (Clacai) denunciaron que desde
el inicio de la pandemia, las mujeres de la región han enfrentado
distintas trabas para ejercer su derecho a interrumpir un embarazo de
forma segura.
Durante su participación en el webinario “Menos trabas, más acceso al
aborto seguro en América Latina”, las investigadoras resaltaron que si
era difícil para las mujeres acceder a servicios de salud, entre ellos
interrumpir su embarazo, ahora los obstáculos son mayores debido a la
emergencia sanitaria.
Detallaron que existe una “disminución abrupta” de acceso de las
mujeres a servicios de salud sexual y reproductivos en sus países en lo
que va de la pandemia y que se agrava aún más ya que las “visiones de
personas de los equipos de salud siguen permeando antes que las leyes”.
Ejemplificaron que en Colombia, sólo 1 por ciento de las mujeres
logra acceder a abortos legales, pues éste se considera como delito. En
consecuencia, ellas condicionan su derecho a decidir al juicio de
alguien más, por lo que acceder a un servicio o a un centro de salud se
convierte en un privilegio que no está al alcance de todas.
La ginecóloga y directora de la “Fundación Esas”, Laura Gil, enfatizó
que la salud y los derechos sexuales y reproductivos no pueden ser un
privilegio de pocas personas. “Mientras el aborto siga siendo un delito,
habrá un espacio para imponer esa visión que sólo crea barreras y
supedita este derecho un tercero”, añadió.
Para combatir estas barreras, expusieron las investigadoras, en
Colombia se inició un movimiento llamado “Causa Justa” con el cual
organizaciones y defensoras buscan eliminar el aborto del Código Penal
de su país, a través de una demanda de inconstitucionalidad.
Esta petición, agregaron, ya fue admitida por la Corte de Constitucionalidad y se espera sea aprobada en algunos meses.
Las ponentes, resaltaron que pese a los llamados que organismos
internacionales han emitido sobre garantizar el acceso al aborto y a la
salud a todas las mujeres, sus países parecen olvidarlo. Como resultado,
sufren por no poder ejercer de manera libre su derecho a la salud.
Por su parte, la directora de programas de Promsex, Rossina Guerrero,
explicó que en Perú, el Ministerio de Salud (MINSA) actúa bajo una guía
técnica que contiene barreras para realizar un aborto, lo que conlleva a
que el personal médico maneje una interpretación restrictiva del
derecho al aborto terapéutico.
Este protocolo establece un “límite gestacional de 22 semanas que no
existía en el Código Penal y que, aún cuando hay mujeres que llegan a
tiempo, la burocracia estatal las deja afuera de la posibilidad de
interrumpir su embarazo. Perú no prioriza la salud de las mujeres”,
aclaró la directora.
Agregó que las peruanas se ven obligadas a pasar por procesos muy
largos y dolorosos que no les aseguran obtener la atención que
necesitan. Entre junio de 2019 y junio de 2020, dijo, hubo una
disminución de casi 63 por ciento en las atenciones de embarazos
mientras que 700 niñas menores de 14 años han registrado hijos hasta
octubre de 2020.
“Un servicio que ya era escaso (el aborto), con dificultades en su
implementación, y tener una caída así es como que haya desaparecido”,
declaró Guerrero.
Respecto a Ecuador, la directora de Surkuna, Ana Vera, comentó que el
protocolo de salud para combatir la pandemia sólo restringe los
servicios vinculados con el embarazo y la anticoncepción, lo que deja
fuera a las emergencias obstétricas y al aborto, ya que como en muchos
otros países ninguno de estos servicios es concebido como algo esencial.
“Un 47 por ciento de las mujeres que han querido acceder a los
servicios de salud sexual y reproductivos han tenido obstáculos y lo
mismo pasa en los casos que quieren acceder a servicios de atención por
complicaciones obstétricas, con un 75 por ciento”, expuso la
investigadora Vera.
Las especialistas que participaron en el webinar explicaron que el
factor que las une es luchar por los derechos de las mujeres pues a
pesar de ser de distintos países, se enfrentan a las mismas
complicaciones y a un mismo patrón común: limitar o restringir el acceso
de las mujeres a interrumpir su embarazo de forma segura.
Sin embargo, dijeron que el apoyo de la sociedad civil ha impulsado
fuertes movimientos que están trabajando por garantizar el aborto para
todas las mujeres. “Algunas mujeres están, por suerte, llegando a estas
redes feministas, pero muchas otras no”, añadió Ana Vera.
Las ponentes llamaron a la población a cambiar su mentalidad sobre el
aborto. “Hablamos de un procedimiento médico que tiene el menor índice
de complicaciones en comparación a cualquier otros”, concluyó la Laura
Gil.
Este conversatorio fue parte de un ciclo de eventos que organiza
Clacai en el marco de su campaña “La Salud reproductiva es vital”.
