"Ante la dificultad para moderar el flujo masivo de información, el entorno virtual se ha transformado en un catalizador de la apología criminal".
Armados con machetes, cuchillos y petardos, los hermanos Carlos y David irrumpieron violentamente en la Escuela Secundaria General número 13, ubicada en el ejido La Unión en Torreón, Coahuila. Durante la agresión, asesinaron a la subdirectora, Nedi Edith Nevárez, e hirieron gravemente a un profesor y tres estudiantes.
Los agresores, gemelos de 18 años, conocidos como “Los Cuates”, son exalumnos del plantel. El día en que perpetraron su ataque llegaron vistiendo ropa oscura y cargando mochilas en las que ocultaban las armas punzocortantes y los artefactos explosivos artesanales que detonaron. Tras su captura, ambos fueron vinculados a proceso por homicidio calificado –con las agravantes de premeditación, ventaja, alevosía y brutal ferocidad–, además de tentativa de homicidio en perjuicio del profesor y los estudiantes a quienes lesionaron.
Una de las principales líneas de investigación de la Fiscalía General del Estado se centra en el consumo recurrente de contenidos digitales violentos por parte de los hermanos. En sus dispositivos electrónicos y cuentas de redes sociales difundían mensajes de odio, manifestaban su fanatismo por perpetradores de masacres escolares, principalmente en Estados Unidos, incluso publicaron imágenes de las armas que planeaban utilizar.
El ataque cometido por los hermanos Carlos y David, nos remite a otro que también en Torreón realizó José Ángel, un menor de sólo 11 años. Esa mañana de enero de 2020 llegó al Colegio Cervantes, donde cursaba el sexto grado y les dijo a sus compañeros: “Hoy es el día”. Minutos después de que todos ingresaran a sus aulas, José Ángel pidió permiso para ir al baño y llevó consigo su mochila. En los sanitarios se cambió el uniforme por un atuendo que aludía a Eric Harris, uno de los perpetradores de la masacre de Columbine, en 1999. Posteriormente, José Ángel sacó de su mochila dos pistolas (calibres .22 y .40) con las que asesinó a una profesora, hirió a seis personas más (profesores y estudiantes) y se quitó la vida.
En ambas indagatorias las autoridades de Coahuila destacaron un factor determinante: el alarmante perfil de consumo digital de los agresores. Estos trágicos eventos evidencian la urgencia de legislar para evitar que contenidos que incitan a la violencia, circulen libremente en redes sociales.
Hace unos meses, en este espacio hablé sobre tres casos de adolescentes de 15 años quienes, en el lapso de una semana y en tres países distintos de la región (México, Argentina y Estados Unidos), acudieron a sus escuelas armados para perpetrar ataques mortales.
En México fue el caso de Osmar, quien la madrugada del 24 de marzo se tomó varias selfies y videos en su habitación horas antes de cometer su crimen. En las imágenes, aparecía de pie frente al espejo, vestido con pantalón, sudadera negra y guantes negros, y sosteniendo un fusil de asalto AR-15 calibre 5.56 –un arma de combate estadounidense de uso exclusivo de las fuerzas armadas–. Osmar publicó las imágenes en sus redes sociales con la frase “Hoy es el día”, el mismo mensaje que en Torreón le escucharon decir a José Ángel antes de iniciar el tiroteo en el Colegio Cervantes.
Para interactuar en foros de Internet y videojuegos, Osmar utilizaba una cuenta en Instagram bajo un pseudónimo similar al que empleaba uno de los perpetradores de Columbine. Tras realizar su publicación digital esa mañana, Osmar salió de su casa en Lázaro Cárdenas, Michoacán, rumbo a la preparatoria privada donde cursaba sus estudios. Ocultó el fusil dentro de un estuche de guitarra y, al llegar al plantel, sacó el arma para asesinar a las profesoras Tatiana y María del Rosario, contra quienes efectuó 14 disparos. El pasado 30 de marzo un Juez determinó vincular a proceso a Osmar por los delitos de doble feminicidio y portación ilegal de arma de fuego.
El mismo día en que en México se llevaba a cabo la audiencia de Osmar, en San Cristóbal –una localidad de la provincia de Santa Fe, Argentina– otro adolescente de 15 años llegó a su colegio con un arma también oculta en un estuche de guitarra. Se trataba de una escopeta de caza calibre 12-70 que pertenecía a su abuelo, y llevaba también una canana con 40 cartuchos.
Pasaban de las 7:00 de la mañana cuando los estudiantes comenzaban a reunirse en el patio para izar la Bandera. El adolescente entró al baño donde sacó el arma y los cartuchos; allí lo vio otro estudiante, un chico de 13 años a quien asesinó. Luego caminó hacia el patio de la escuela y, mientras gritaba “¡Sorpresa!”, abrió fuego de manera indiscriminada. Hirió a dos estudiantes y otros seis más sufrieron lesiones al intentar huir en estampida.
Los videos y testimonios evidenciaron cómo las víctimas trataban de ocultarse del tirador, hasta que uno de los porteros de la escuela logró detenerlo y desarmarlo. “Salí a cazar el fin de semana”, le decía el adolescente, quien hablaba de que quería matar a toda la escuela.
Sus abogados defensores detallaron que no se trató de un ataque contra alguien en particular, que el joven desde los 10 años manifestaba tener pensamientos autodestructivos, un perfil psicológico que se reflejaba en sus redes sociales, donde solía postear persistentemente contenido de combate y atentados violentos.
Con horas de diferencia, el mismo lunes en que se registró el ataque en la escuela en Argentina, en Estados Unidos, otro estudiante de 15 años llegó a su escuela preparatoria –en Texas– con un revólver calibre .357 que sustrajo de su casa. El joven disparó contra una de sus profesoras dejándola malherida, y posteriormente se suicidó.
Ese ataque reavivó el dolor por la tragedia ocurrida en ese mismo estado en mayo de 2022, cuando Salvador, un joven que recién había cumplido 18 años, irrumpió en una primaria de Uvalde armado con un fusil de asalto AR-15; asesinó a tiros a 19 niños, a dos maestras, e hirió a 17 personas más.
El día en que cumplió 18 años, Salvador se compró como regalo los dos fusiles AR-15 y 375 cartuchos de municiones a través del sitio web de una armería estadounidense. En su cuenta de Instagram publicó la fotografía de las armas que puso sobre la alfombra de su habitación.
Desde aquel violento tiroteo en la escuela de Uvalde los familiares de las víctimas presentaron demandas en que acusaron la responsabilidad que en aquella masacre tenían también las empresas de redes sociales, sitios web y videojuegos, porque argumentaron que los contenidos de esas plataformas contribuyeron directamente al comportamiento del atacante, que los algoritmos y las comunidades digitales le fomentaron la idea de adquirir las armas.
Los casos descritos evidencian un factor común alarmante: el perfil de consumo digital radicalizado en los jóvenes y la complejidad que enfrentan las autoridades para regular los contenidos que en la web hacen apología del delito. Resulta preocupante el aumento de agresiones perpetradas por jóvenes en instituciones educativas. Estos ataques comparten elementos comunes: los autores suelen ser seguidores o imitadores de matanzas masivas –como las de Columbine o Uvalde en Estados Unidos–, cuyas conductas son glorificadas en foros de Internet y plataformas digitales.
Frente a esta realidad, resulta imperativo actualizar los marcos jurídicos para sancionar eficazmente a las compañías tecnológicas cuyas plataformas promueven discursos de odio o incitan a la agresión. Los recientes incidentes en las aulas –donde jóvenes han atacado brutalmente a profesores y compañeros, provocando muertes e incluso trágicos suicidios– reafirman la necesidad de una intervención institucional del Estado.
Ante la dificultad para moderar el flujo masivo de información, el entorno virtual se ha transformado en un catalizador de la apología criminal y en un terreno fértil para la delincuencia. A esto se suma que la sobreexposición a dinámicas virtuales altamente violentas ha convertido a las redes sociales en espacios de influencia donde jóvenes vulnerables buscan la aceptación y pertenecer a comunidades donde se ensalzan conductas destructivas.
La existencia de comunidades virtuales que promueven este tipo de agresiones hace urgente un marco regulatorio estricto que combata la proliferación de contenidos nocivos. Estos mensajes se propagan sin control en el ecosistema digital, donde un simple “me gusta” a publicaciones violentas ha dejado de ser una reacción inocua. Hoy en día, esa interacción se ha convertido en un mecanismo de complicidad indirecta que facilita, acelera y normaliza la violencia en el mundo real.
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