El sector financiero de México es una amarra al desarrollo

 Mario Campa

"El sector financiero de México está amarrado. Una reforma profunda, en big bang o al menos en firmeza gradual, puede liberarlo".

En días recientes, una rockstar de la teoría y el análisis económico, Mariana Mazzucato, generó una sana controversia. Cuestionó, en clave constructiva, la arquitectura del Plan México. La académica y consultora argumenta que la correcta ejecución de una política industrial, con la que simpatiza en lo general, depende en gran medida de la inversión pública, hoy día condicionada por la austeridad republicana. Si bien mete en la canasta de responsabilidad a la política fiscal y monetaria, dedica un extenso apartado al rol del sistema financiero en el desarrollo nacional. En resumen, hoy día el sector es una amarra. El diagnóstico, mero punto de partida, abona al debate sobre la urgencia de sacudir las finanzas en México. En definitiva, la lograda estabilidad del sistema financiero es insuficiente.

Una cara de la crítica de Mazzucato al sector es de sobre conocida: la concentración excesiva de la banca comercial. Dos bancos españoles, BBVA y Santander, concentran más de 35 por ciento de los activos del sistema. Esa captura impide que el crédito fluya a las empresas y los hogares, habida cuenta de las generosas comisiones en forma de rentas. Un informe de la Condusef (2018) encontró que las comisiones representan el 40 por ciento del total de ingresos de BBVA y Santander en México, cuando en las matrices las cifras equivalentes rondan el 20 por ciento. Esa lucrativa pasividad condiciona al resto de la economía. Sin crédito suficiente y extendido, la inversión y el consumo quedan condenados al letargo.

En cambio, el lado B del disco que toca Mazzucato está sub-diagnosticado: la flaca banca de desarrollo. Distanciada en México de los hogares para priorizar a las empresas (Nafin, Bancomext) y los gobiernos (Banobras), la estrecha presencia de este pilar crucial para países de ingreso medio impide colmar los vacíos de la banca comercial. Como bien apunta Mazzucato, la banca de desarrollo en México carece de una robusta presencia de primer piso, subsidia a la banca comercial cuando sólo actúa como mitigador de riesgo de cartera, y no crea sinergias entre instituciones que debieran ser complementarias.

Varios factores explican la hiperconcentración financiera y la desnutrición de la banca de desarrollo. De particular peso son las crisis financieras del PRI que empujaron al sistema a nacionalizaciones, quiebras y rescates como el Fobaproa-IPAB. Esos episodios nutrieron la desconfianza de los usuarios, cimentaron el enfoque conservador de los reguladores y facilitaron la entrada de controladores extranjeros que forjaron un oligopolio.

A diferencia de Estados Unidos, donde ningún banco puede amasar más del 10 por ciento de los depósitos, BBVA capta por sí solo más del 20 por ciento en la banca multinivel. A contracorriente de la normalidad internacional, cinco de los seis bancos que controlan tres cuartos de los depósitos en México son foráneos. En cuanto a la banca estatal de promoción, los rescates del FMI y del Tesoro estadounidense y el deseo de privatizar a mejores precios orilló a los gobiernos a acotar el alcance de Nafin con tal de evitar futuros brotes de cartera vencida y, además, no crear competencia a la banca comercial.

Sin un sentido de urgencia proporcional al problema, los gobiernos de Morena han tratado al sector financiero con guante de seda. A comienzos del sexenio pasado, tímidas propuestas legislativas buscaron topar comisiones mediante regulación, sin éxito alguno. Año con año, los bancos alcanzan utilidades récord cabalgando participaciones de mercado glaciales. Gobiernos sin prisa atienden prioridades sociales encomiables, aunque subestiman la transversalidad económica del sector financiero. En su última Convención Bancaria (2024), el expresidente López Obrador incluso declaró ante los banqueros que lo trataron “muy bien y han sido [fueron] correspondidos”.

El abanico de opciones de intervención es más amplio que una simple regulación de comisiones. Para muestra, Mazzucato propuso en su informe la creación de una coordinación central de la banca de desarrollo, a la cual podría sumarse una recapitalización con mandato ampliado. Allende la recomendación de la economista, aspectos como el rol en el desarrollo de las reservas internacionales, hoy invertidas pasivamente en bonos del Tesoro, podrían abrirse a discusión, en especial si contribuyen a la creación de un fondo soberano. Otro tema debatible es si la legislación antimonopolio debe establecer máximos de concentración de activos y cartera—por ejemplo, del 10 o 15 por ciento—para las instituciones bancarias, dando un plazo razonable para la venta de activos en caso de una violación de umbrales. Por nombrar un último caso, si la continuidad de las Afores es considerada indispensable, al menos podrían ajustar carteras, por mandato, para elevar su exposición a inversión directa. En suma, una sacudida al sistema no sólo beneficiaría al ahorrador, sino también al inversor mediante un menor costo del capital.

El sector financiero de México está amarrado. Una reforma profunda, en big bang o al menos en firmeza gradual, puede liberarlo. Alinearlo a las prioridades del desarrollo nacional es tarea reservada al gobierno. De lograrlo por las buenas antes que las malas, los participantes privados y estatales canalizarían ahorros desaprovechados a proyectos productivos rentables, hoy escasos por la estrechez presupuestal y el elevado costo del capital. Una mayor competencia, la receta del liberalismo económico, es solo un punto de partida; romper el cartel financiero es clave, aunque insuficiente. Desmontar la pesada trampa de ingreso medio exige, además, un Estado activo en la formación y forja de mercados. Patear el bote a futuros “pisos de la transformación” equivale a tensar la amarra.

“La casa de los mañosos” de Salinas Pliego

Historia de lo inmediato

Álvaro Delgado Gómez

"Es de mañosos que, al informar, se anteponga la mentira y la manipulación a la verdad".

Salvo que Televisa haya autorizado legalmente el uso del logotipo y la identidad gráfica del reality “La casa de los famosos”, cuya marca compró en 2022, Ricardo Salinas Pliego se ha vuelto a piratear —en realidad, a robar— una obra protegida por derechos de autor con “La casa de los mañosos”, una sátira que se estrenó en Televisión Azteca sobre políticos de Morena cuyos actores, por la falta de dinero, son generados con inteligencia artificial (IA) y a los que imputa conductas criminales.

Si Televisa autorizó a Televisión Azteca de Salinas Pliego explorar “La casa de los famosos” no hay ilegalidad y sólo confirmaría que actúan como una sola televisora que tiene en la izquierda al mismo adversario —lo que a nadie extraña—, pero sí es claramente un refrito de “El privilegio de mandar”, la sátira con la que la empresa de Emilio Azcárraga Jean participó, como en tantas cosas, en la elección fraudulenta de 2006, caricaturizando a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), algo que jamás había hecho con ningún político priista, como confeso soldado del PRI que ha sido.

Salinas Pliego ya había hecho sátira política con “Los Peluches”, en los que exponía y defendía una agenda proclive al PRIAN y a Carlos Salinas de Gortari, su benefactor con la privatización de lo que es Televisión Azteca, junto con su hermano Raúl, pero no llegó a los niveles de vulgaridad y de imputar falsamente delitos a personas, aun si son servidores públicos, como lo hace ahora con una lógica de provocación. Es válida y saludable la sátira, la calumnia no.

Pero en todo caso, ateniéndonos a hechos comprobados, “La casa de los mañosos” describe de manera más precisa a Televisión Azteca: es de mañosos copiar todo a Televisa, sólo que de manera más vulgar y grotesca; es de mañosos que, al informar, se anteponga la mentira y la manipulación a la verdad; es de mañosos plagiar la serie británica de los “Teletubbies” con los grotescos “Telechobis”; es de mañosos hacer campañas contra funcionarios que afectan sus intereses, como ha pasado con muchos antes de este sexenio, incluyendo a consejeros electorales.

“La casa de los mañosos” describe, también, al Grupo Salinas, cuya empresa emblema, Elektra, nació para evadir impuestos, como lo ha confesado Hugo Salinas Price, y cuya conducta reiterada de no pagarlos ha hundido a Salinas Pliego. Evadir y eludir impuestos es de mañosos.

Y es de mañosos asociarse con mercenarios al servicio de la CIA, que usan miles y miles de bots y trolls, para ensuciar y manipular, pero sobre todo para la venganza de Salinas Pliego contra el Gobierno federal y su partido, sólo porque éstos impulsaron el cobro de los impuestos que no pagaba desde 2008 y que pensó que por arrodillarse a López Obrador se le perdonarían.

Sí: Salinas Pliego ha echado a andar contra el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum la maquinaria propagandística que ha quedado exhibida con la detención por intento de homicidio del argentino Fernando Cerimedo, socio del español Javier Negre en La Derecha Diario, que él trajo a México para consumar su venganza.

El escándalo de estos mercenarios mediáticos, que pueden ser sustituidos por otros indecentes o peores, enseña por si hace falta que Salinas Pliego es parte de la misma estructura política, económica y propagandística de la ultraderecha que Donald Trump controla y manipula a través de la CIA, con fines de un expansionismo neocolonial del que sólo México y Brasil se han librado.

Esta estrategia de choque de Salinas Pliego contra la Cuarta Transformación lo exhibe ante los ojos de México como el anfitrión de “La casa de los mañosos”, para cuyo proyecto presidencial tiene ya de su lado a quien unió y lideró a la oposición conservadora desde 2021, Claudio X. González, así como a los partidos tradicionales y al nuevo Somos Mx.

Y finalmente Salinas Pliego tiene también como modelos a seguir a Javier Milei, Abelardo de la Espriella y al propio Donald Trump. Sí: puros mañosos.

El acuerdo por el que Delcy Rodríguez cede a Trump el 22% de las reservas petroleras de Venezuela desata una avalancha de críticas

 elpais.com

María Martín, Alonso Moleiro

Donald Trump selló este viernes el futuro petrolero de Venezuela. El republicano anunció que Estados Unidos se hará con yacimientos estratégicos del país en sociedad con una empresa privada de la que no dio ni el nombre. Lo hizo, dice, de la mano de la “respetable” Delcy Rodríguez, la presidenta encargada que gobierna bajo la tutela de facto de Washington desde la captura de Nicolás Maduro el pasado enero. Trump habla de controlar 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo (un 21,7% de los 300.000 millones de barriles estimados) y Rodríguez de 209.000 millones de dólares en impuestos y 100.000 millones de inversión. Se especula con que se está comprometiendo un siglo de operación. Pero la opacidad del contrato y su negociación —con estas cifras estratosféricas, pero sin condiciones conocidas— ha desatado una avalancha de reacciones, la mayoría negativas, dentro y fuera de Venezuela. Soberanía, intervención extranjera y la legitimidad de un pacto que compromete el futuro de las mayores riquezas del país han saltado de golpe al centro del debate.

El anuncio parece haber marcado un antes y un después en la percepción que el venezolano tiene de Estados Unidos, que, a ojos de muchos, corre el riesgo de pasar de ser el salvador que iba a acabar con la tiranía al explotador de recursos que refuerza al régimen chavista. “Insisto en que, después del 3 de enero, el presidente Trump era visto como un héroe por la gran mayoría de los venezolanos y por una gran parte de los latinoamericanos”, escribía en sus redes Emmanuel Rincón, uno de los más activos influencers en defensa de María Corina Machado y también de las políticas ultraliberales de Trump. “Esa imagen ha cambiado dramáticamente en los últimos meses, y la forma en que se ha manejado este acuerdo solo empeorará la situación”.

El desencanto abarca el campo democrático, pero también a visibles sectores del chavismo, descontentos con la conducción política de Rodríguez y sus continuas concesiones a la Casa Blanca.

Y en un segundo plano, aunque no menor, arrecian las críticas por el papel que —según reportó Bloomberg— habría jugado en este acuerdo el empresario venezolano Alejandro Betancourt, sobre quien pesan investigaciones en Suiza y España por presunto lavado de activos vinculado a la estatal PDVSA. Pese a los cuestionamientos que lo persiguen hace más de una década, Betancourt se ha posicionado como una pieza clave en las negociaciones entre Washington y Miraflores. El trato de favor que recibe de la Casa Blanca llegó al punto de que altos funcionarios estadounidenses intervinieron para flexibilizar las restricciones de movimiento que enfrenta por su causa judicial en Suiza y que lo mantenían confinado en sus dos mansiones en el Reino Unido, según reveló este jueves The Washington Post. Lo necesitaban libre para destrabar sus negocios.

Los primeros en reaccionar con argumentos menos pasionales han sido los economistas. Algunos se han puesto a hacer cuentas y están inquiriendo sobre las regalías y los beneficios que las arcas venezolanas recibirán de este mastodóntico negocio. “No sabemos nada de los términos reales del acuerdo, eso en sí mismo es un problema”, comenta Francisco Rodríguez, economista y académico venezolano. “Un plazo de 100 años de operaciones no tiene precedentes en la historia petrolera venezolana: ninguna concesión local a operadores extranjeros pasó de 50 años”. Y concluye: “Lo poco que sabemos no es alentador: 209.000 millones de dólares sobre 65.000 millones de barriles proyectados a explotar equivalen a 3,2 dólares por barril, menos del 5% del precio actual”.

“Tenemos que conocer los detalles del acuerdo para poder evaluarlo con propiedad”, advertía Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina en el Centro de Estudios Energéticos del Instituto Baker. “Pero el monto de impuestos anunciado por el gobierno interino es insólitamente bajo. Y si ese monto es en términos nominales, traído a valor presente es una cantidad irrisoria. La falta de transparencia con que se está manejando la política petrolera es muy alarmante…”, escribió en sus redes.

Leonardo Vera, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, matiza la interpretación general: “Trump pisa el acelerador y hace un anuncio donde distorsiona la comprensión de lo que se ha establecido para las partes. Termina haciendo entender que algunas reservas de crudo venezolano serán sumadas a las estadounidenses, y eso no es así. No es una transferencia de propiedad de los yacimientos”, explica. “Lo que está pasando es que el país le da un acceso prioritario a ciertas empresas para la explotación de unos 17 campos, que serán cedidos para ser explotados en ciertas condiciones. No descarto que en esa operación estén participando empresas mixtas ya instaladas en el país”.

En el círculo de la opositora María Corina Machado, la decisión tampoco ha sentado bien, no tanto por el acuerdo en sí, sino por la forma y el espaldarazo que supone para Rodríguez. Juan Pablo Guanipa, aliado de Machado, ha sido uno de los pocos que ha intentado equilibrar la desazón con una visión más pragmática ante lo que se plantea como una lluvia de millones para los venezolanos: “Nuestro país no podrá recuperarse si dejamos nuestras enormes reservas en el subsuelo. Hay que explotarlas, agregarles valor y venderlas”.

Secretary Marco Rubio: You have just lost any trust Venezuelans ever had on you, and it will come to haunt you. You opted to use US power, not to free Venezuelans, but to go to bed with our oppressors. You opted to push an asset grab, an unconstitutional deal with an illegitimate… https://t.co/FVhGFuwhIZ

— Ricardo Hausmann (@ricardo_hausman) August 29, 2026

La legitimidad de una de las firmas —la del Gobierno de Rodríguez— de este supuesto acuerdo es parte de lo que está incendiando el debate. “Vergonzoso”, se desahogó en X el economista venezolano Ricardo Hausmann. “Secretario Marco Rubio: usted acaba de perder toda la confianza que los venezolanos alguna vez tuvieron en usted, y esto le perseguirá. Optó por impulsar un despojo de activos, un acuerdo inconstitucional con un gobierno ilegítimo y opresor, en lugar de usar el liderazgo de Estados Unidos para restablecer primero el orden constitucional y la democracia, y luego negociar con un gobierno legítimo que pudiera asumir compromisos creíbles a largo plazo”, le reprochó a Rubio, que celebró el acuerdo anunciado por su jefe. “Ella [por Rodríguez] no tiene legitimidad ni poder constitucional para comprometer a Venezuela en un acuerdo de este tipo. Los venezolanos no respetarán este pacto ilegítimo y ninguna gran petrolera estadounidense lo tomará en serio, porque saben que no perdurará”.

“Nos mean en los pies”

El mayor general Manuel Salvador Quevedo Fernández, quien fuera ministro de Petróleo y presidente de PDVSA entre noviembre de 2017 y abril de 2020, también ha cargado contra el acuerdo. “Si es tan bueno, ¿por qué no lo anunció nuestro gobierno?”, cuestionó en X. “Ahhh, la inversión semántica debe estar a toda máquina… Mañana saldrán diciendo que será el non plus ultra para el país… ¡El Dubái del Caribe, pues! Nos ven cara de guevones. ¡Y nos mean los pies también! Vergonzoso”.

Como ya viene siendo habitual en cualquier acuerdo u operación conjunta entre Caracas y Washington, son los estadounidenses los que hacen los anuncios y eligen los términos. El Gobierno de Rodríguez tiene poco margen después para salirse de la línea. A veces, logra añadir algunos matices a los que Trump no suele prestar atención. En esta ocasión, tras el anuncio de Trump, el Palacio de Miraflores publicó un comunicado en el que habla de un “acuerdo histórico” y agradece la disposición de sus socios del norte para cerrar un pacto que considera “un hito de las relaciones bilaterales”. Miraflores se enfocó en resaltar las oportunidades de ingresos y empleo y la prosperidad venidera.

El comunicado —agradecido con la “disposición” de Trump y Marco Rubio— fue replicado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y retuiteado por el propio ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien meses antes advertía de que ni “media gota de petróleo” iría a manos estadounidenses. El acuerdo resucitó precisamente un video de Cabello de finales de 2025 en el que juraba que Venezuela no entregaría “ni una gota de petróleo” a Estados Unidos si agredía al país. “Ni media gota, en ninguna circunstancia”, aseguraba. El desafío no envejeció bien, y nadie en el Gobierno venezolano ha explicado cómo ni por qué se ha llegado a este acuerdo a espaldas de todos.

A cien años de “La cristiada”

Lorenzo Meyer

"Debe siempre subrayarse la composición social y religiosa de los contendientes en esta guerra civil que tuvo un carácter particularmente brutal".

Como bien observara Carl von Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. La definición del militar prusiano viene muy al cuento al reflexionar sobre el centenario de una de nuestras guerras internas más enconadas: la guerra cristera o “cristiada” y que hoy apenas ocupa un par de páginas en los libros de texto escolares y seis en el libro publicado en 1979 por la Secretaría de la Defensa: El ejército mexicano, una voluminosa historia donde los mapas y listas de poblaciones apenas si dejaron espacio para un brevísimo texto donde lo que realmente llama la atención por venir de donde viene es una especie de conclusión que acepta que los cristeros “mexicanos al fin, lucharon con denuedo” contra el Gobierno establecido.

El tema de la aparición hace exactamente cien años de un ejército popular antigubernamental en el centro del país da pie para una reflexión más profunda pues esa lucha que costó la vida a decenas de miles de mexicanos -no sabemos exactamente cuántos- finalmente no llevó a un cambio político sustantivo.

La pugna iglesia católica-régimen revolucionario devino en guerra justamente porque las partes fallaron en lo que Clausewitz subrayara: el período anterior a las hostilidades, es decir el tiempo de la negociación política. Lo que ocurrió después del choque violento fue simplemente la consolidación del estatus quo ante en la relación entre el régimen y la iglesia, y que acabó por institucionalizar una convivencia muy cómoda para ambas partes, lo que lleva a preguntarse si la guerra sirvió de algo.

El inicio convencional de la que fue una nueva gran guerra civil justo cuando apenas había concluido la de la Revolución Mexicana, suele datarse en el 2 de julio de 1926 cuando se publicó en el Diario Oficial la “Ley Calles” -una reglamentación del artículo 130 constitucional que endurecía y reducía el espacio y la forma en que las iglesias (la católica, en realidad) podían desarrollar sus actividades profesionales. Claro que el inicio también podría datarse unos días más adelante, el 26 de ese mes, cuando la iglesia católica anunció que, en protesta por el reglamento que se le imponía, cerraría sus templos y suspendería sus servicios (misas, sacramentos, etc.). Como sea, para fines de agosto tuvieron lugar los primeros choques armados entre las fuerzas del Gobierno y grupos de civiles católicos que terminarían por organizarse como el ejército cristero.

La confrontación que para 1927-1928 se había convertido en un choque armado sustantivo y en el que la parte insurgente buscaría, en nombre de la defensa de la religión católica, poner fin al régimen revolucionario que apenas estaba tomando forma. Sin embargo, la raíz de tamaño empero puede encontrarse muy antes: en la diferencia y choque de los proyectos políticos que emergieron poco después de que México lograra su Independencia. Se trató del choque de dos proyectos de Nación, el liberal y el conservador, que a mediados del siglo XIX se combatieron a muerte pero que a inicios del siglo siguiente parecía que había superado de manera definitiva como resultado del triunfo de las armas liberales en 1867.

Sin embargo, la violencia que por motivos religiosos volvió a convulsionar a nuestro país cuando todavía se vivían las secuelas de la Revolución Mexicana, se puede entender mejor si se le ve como la reemergencia de ese tremendo choque político y militar que fueron las guerras civiles del siglo anterior.

Esa violencia que conocemos como la Guerra de Reforma tuvo como causa central, aunque no única, el esfuerzo del bando liberal por separar de manera radical y definitiva las estructuras del Estado de las de la iglesia católica. La unión Estado-iglesia fue una de las características principales del sistema político de tres siglos en la Nueva España y el proyecto conservador fue justamente mantener esa simbiosis por considerar que en el México independiente era la única manera de dar unidad a una Nación que estaba montada en una base social muy fragmentada. Para los liberales de entonces, por el contrario, desligar al Estado de la influencia de la iglesia era una condición sine qua non para hacer viable a la economía del joven país, empezar a poner fin a la fragmentación histórica de su base social y lograr una identidad nacional más allá de las creencias religiosas.

La derrota del proyecto conservador original sellada con el fusilamiento del emperador Maximiliano no significó como se vería en los acontecimientos de los 1920 la resignación y adaptación de la jerarquía católica a la nueva realidad. La influencia de la iglesia católica en la vida cotidiana del país, sobre todo en los universos del México rural y mayoritario, era dominante. Obras como Pedro Páramo de Juan Rulfo y Al filo del agua de Agustín Yañes o microhistorias como Pueblo en vilo de Luis González, son otras tantas ventanas que nos permiten aquilatar la importancia no sólo religiosa sino política, cultural e identitaria de la iglesia católica en una buena parte del México central donde, pese a los cambios introducidos por la Revolución o justamente por eso, resultó ser un terreno fértil para el resurgimiento de una reacción violenta contra un Gobierno que, entre otras cosas, seguía empeñado en imponer los valores del Estado laico en ámbitos que, en la práctica, la iglesia y la comunidad católica aún consideraban suyos.

La gran obra -más de mil páginas- de Jean Meyer, La Cristiada, publicada en español y en tres volúmenes en 1973, muestra que en su zona de operaciones el ejército cristero tenía una base social de apoyo sólida, multiclasista y muy motivada por la posibilidad de poner fin no simplemente las medidas anticlericales del gobierno del Presidente Calles sino de poner fin y en nombre de Cristo Rey y la santísima Virgen de Guadalupe, a un régimen que suponían empeñado en acabar con la religión del pueblo. Es de notar que en esa coyuntura y aunque un buen número de curas tomaron las armas, la iglesia católica como tal no optó por sumarse abiertamente a la rebelión. El Gobierno federal, que en ese período también debió de hacer frente a un antiguo levantamiento con base indígena -el de los Yaquis en Sonora-, tenía un ejército que apenas se estaba organizando y profesionalizando, pero cuya jefatura tenía divisiones internas serias que explotarían más tarde. Como sea, la cabeza de la fuerza del Gobierno -el general Joaquín Amaro- concentró sus efectivos en los estados donde la base social cristera era más fuerte -Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Colima, Aguascalientes, Zacatecas y Durango- y logró que una fuerza de irregulares compuesta por agraristas, notablemente de San Luis Potosí, operara como auxiliar del ejército regular.

Aunque resulta obvio, debe siempre subrayarse la composición social y religiosa de los contendientes en esta guerra civil que tuvo un carácter particularmente brutal por ambos bandos y donde prácticamente no se tomaron prisioneros, resultó muy similar, pues los soldados federales y sus auxiliares agraristas también era mayoritariamente católicos y de origen campesino.

A diferencia de lo ocurrido durante la Revolución, en la guerra cristera no hubo grandes enfrentamientos decisivos como, por ejemplo, fueron unos años antes las grandes batallas de Zacatecas o de Celaya. Los cristeros siempre tuvieron dificultades para armarse y no contaron con el concurso de militares profesionales, salvo por el caso del general Enrique Gorostieta, muerto en acción. Para 1929 era evidente que los cristeros no iban a derrotar a las fuerzas del Gobierno, pero era igualmente claro que el Gobierno no podría terminar con sus adversarios de manera rápida y contundente. De ahí que con la mediación del Gobierno de Washington -que no deseaba más inestabilidad al sur del Bravo- el Presidente interino Emilio Portes Gil se reunió con dos obispos -Leopoldo Ruiz y Pascual Díaz- para finalmente volver a la política, y declarar cada quien por su lado, que el Gobierno no se proponía interferir con las creencias religiosas de la sociedad ni destruir a la iglesia católica y que ésta, a su vez, no se proponía desconocer la autoridad del Gobierno y que hacía un llamado a los rebeldes a deponer las armas.

El 21 de junio de 1929 las campanas de las iglesias se echaron al vuelo para anunciar el retorno a la normalidad. Pero como los combatientes cristeros mismos no fueron tomados en cuenta en lo que se llamó “los arreglos” del 29, éstos no se consideraron vencidos sino traicionados por la jerarquía católica. La mayoría de los rebeldes depusieron las armas, pero no todos. Y para mejor entender a los que continuaron la lucha hasta fines de los años treinta -en lo que se ha llamado la “Segunda Cristiada”- se puede recurrir a una obra autobiográfica conmovedora: Rescoldo. Los últimos cristeros, de Antonio Estrada.

En 1934 el general Lázaro Cárdenas quedó al frente del nuevo régimen, en 1936 el expresidente y autor de la “Ley Calles” fue expulsado por Cárdenas del país, la Reforma Agraria cobró fuerza y generó una gran base campesina de apoyo al régimen de la Revolución Mexicana. Sin embargo, el rescoldo de la guerra, de la “Segunda Cristiada”, se mantuvo a lo largo de la segunda mitad de los 1930 aunque a partir de 1940 “la cristiada” empezó a ser historia, de nuestra historia como nación.

Y entonces ¿cómo interpretar hoy un conflicto que le costó la vida según cálculos que varían entre 90 mil a 200 mil mexicanos? En la práctica el gobierno se impuso sobre sus adversarios y los católicos militantes ya no volvieron a poner en duda la legitimidad o la reversibilidad del Estado laico. El modus vivendi logrado en 1929 simplemente arraigó y a finales del siglo pasado, en 1992, se institucionalizó con el reconocimiento gubernamental de las iglesias como organizaciones legítimas con derechos y obligaciones, y con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Gobierno mexicano y el Vaticano.

¿Se hubiera podido llegar a este resultado sin que la confrontación política se transformara en la guerra que fue? Es muy probable, pues finalmente esa penosa lucha no modificó en nada sustantivo el marco legal en que operaba la laicidad del Estado, sino que la reafirmó. Por otro lado, la catolicidad del grueso de los mexicanos se mantuvo y si algo en este último aspecto cambió fue más producto del paso del tiempo y del cambio social que resultado de políticas específicas del Gobierno.

En fin, que la guerra cristera debe reconocerse como una parte trágica -una entre otras- del proceso de formación de nuestra Nación y también como un ejemplo del alto costo que pueden tener para la sociedad las pugnas políticas entre las cúpulas del poder cuando éstas actúan de manera irresponsable.