"El sector financiero de México está amarrado. Una reforma profunda, en big bang o al menos en firmeza gradual, puede liberarlo".
En días recientes, una rockstar de la teoría y el análisis económico, Mariana Mazzucato, generó una sana controversia. Cuestionó, en clave constructiva, la arquitectura del Plan México. La académica y consultora argumenta que la correcta ejecución de una política industrial, con la que simpatiza en lo general, depende en gran medida de la inversión pública, hoy día condicionada por la austeridad republicana. Si bien mete en la canasta de responsabilidad a la política fiscal y monetaria, dedica un extenso apartado al rol del sistema financiero en el desarrollo nacional. En resumen, hoy día el sector es una amarra. El diagnóstico, mero punto de partida, abona al debate sobre la urgencia de sacudir las finanzas en México. En definitiva, la lograda estabilidad del sistema financiero es insuficiente.
Una cara de la crítica de Mazzucato al sector es de sobre conocida: la concentración excesiva de la banca comercial. Dos bancos españoles, BBVA y Santander, concentran más de 35 por ciento de los activos del sistema. Esa captura impide que el crédito fluya a las empresas y los hogares, habida cuenta de las generosas comisiones en forma de rentas. Un informe de la Condusef (2018) encontró que las comisiones representan el 40 por ciento del total de ingresos de BBVA y Santander en México, cuando en las matrices las cifras equivalentes rondan el 20 por ciento. Esa lucrativa pasividad condiciona al resto de la economía. Sin crédito suficiente y extendido, la inversión y el consumo quedan condenados al letargo.
En cambio, el lado B del disco que toca Mazzucato está sub-diagnosticado: la flaca banca de desarrollo. Distanciada en México de los hogares para priorizar a las empresas (Nafin, Bancomext) y los gobiernos (Banobras), la estrecha presencia de este pilar crucial para países de ingreso medio impide colmar los vacíos de la banca comercial. Como bien apunta Mazzucato, la banca de desarrollo en México carece de una robusta presencia de primer piso, subsidia a la banca comercial cuando sólo actúa como mitigador de riesgo de cartera, y no crea sinergias entre instituciones que debieran ser complementarias.
Varios factores explican la hiperconcentración financiera y la desnutrición de la banca de desarrollo. De particular peso son las crisis financieras del PRI que empujaron al sistema a nacionalizaciones, quiebras y rescates como el Fobaproa-IPAB. Esos episodios nutrieron la desconfianza de los usuarios, cimentaron el enfoque conservador de los reguladores y facilitaron la entrada de controladores extranjeros que forjaron un oligopolio.
A diferencia de Estados Unidos, donde ningún banco puede amasar más del 10 por ciento de los depósitos, BBVA capta por sí solo más del 20 por ciento en la banca multinivel. A contracorriente de la normalidad internacional, cinco de los seis bancos que controlan tres cuartos de los depósitos en México son foráneos. En cuanto a la banca estatal de promoción, los rescates del FMI y del Tesoro estadounidense y el deseo de privatizar a mejores precios orilló a los gobiernos a acotar el alcance de Nafin con tal de evitar futuros brotes de cartera vencida y, además, no crear competencia a la banca comercial.
Sin un sentido de urgencia proporcional al problema, los gobiernos de Morena han tratado al sector financiero con guante de seda. A comienzos del sexenio pasado, tímidas propuestas legislativas buscaron topar comisiones mediante regulación, sin éxito alguno. Año con año, los bancos alcanzan utilidades récord cabalgando participaciones de mercado glaciales. Gobiernos sin prisa atienden prioridades sociales encomiables, aunque subestiman la transversalidad económica del sector financiero. En su última Convención Bancaria (2024), el expresidente López Obrador incluso declaró ante los banqueros que lo trataron “muy bien y han sido [fueron] correspondidos”.
El abanico de opciones de intervención es más amplio que una simple regulación de comisiones. Para muestra, Mazzucato propuso en su informe la creación de una coordinación central de la banca de desarrollo, a la cual podría sumarse una recapitalización con mandato ampliado. Allende la recomendación de la economista, aspectos como el rol en el desarrollo de las reservas internacionales, hoy invertidas pasivamente en bonos del Tesoro, podrían abrirse a discusión, en especial si contribuyen a la creación de un fondo soberano. Otro tema debatible es si la legislación antimonopolio debe establecer máximos de concentración de activos y cartera—por ejemplo, del 10 o 15 por ciento—para las instituciones bancarias, dando un plazo razonable para la venta de activos en caso de una violación de umbrales. Por nombrar un último caso, si la continuidad de las Afores es considerada indispensable, al menos podrían ajustar carteras, por mandato, para elevar su exposición a inversión directa. En suma, una sacudida al sistema no sólo beneficiaría al ahorrador, sino también al inversor mediante un menor costo del capital.
El sector financiero de México está amarrado. Una reforma profunda, en big bang o al menos en firmeza gradual, puede liberarlo. Alinearlo a las prioridades del desarrollo nacional es tarea reservada al gobierno. De lograrlo por las buenas antes que las malas, los participantes privados y estatales canalizarían ahorros desaprovechados a proyectos productivos rentables, hoy escasos por la estrechez presupuestal y el elevado costo del capital. Una mayor competencia, la receta del liberalismo económico, es solo un punto de partida; romper el cartel financiero es clave, aunque insuficiente. Desmontar la pesada trampa de ingreso medio exige, además, un Estado activo en la formación y forja de mercados. Patear el bote a futuros “pisos de la transformación” equivale a tensar la amarra.
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