2/27/2016

Ciudad Juárez: todo el poder a las maquilocas



Putas o al menos locas, ellas son las maquilocas. Dice un estereotipo. En el estado de Chihuahua, se concentran en Ciudad Juárez y en la capital. Ellas, las trabajadoras de la industria maquiladora, han protagonizado la principal insurgencia obrera en el México reciente y, por si fuera poco, han decidido lanzar a una de ellas como aspirante a la alcaldía de Juárez por la vía independiente. Su nombre: Antonia Hinojosa Hernández. Hay que apoyarla.
Originaria de Camargo, de 45 años, con dos hijos y dos nietas, Toñita fue obrera de Eaton Bussmann hasta que fue despedida, hace unos meses, por participar en el movimiento que busca formar sindicatos independientes en las maquilas juarenses. El movimiento surgió a mediados de 2015, cuando estallaron conflictos en al menos cuatro empresas. Al día de hoy, se mantiene un campamento disidente afuera de la planta de Lexmark.
Escribo estas líneas desde Chihuahua capital, donde he estado viviendo desde hace unos meses luego de 4 años en Inglaterra. Aquí he ido a las maquiladoras con socialistas de esta ciudad para volantear sobre la lucha juarense. Así, las sorpresas que he visto en el estado del burrito1 –como esta: una candidatura obrera en el México neoliberal– me han animado a retomar mis columnas, las cuales suspendí a causa de una tesis que apenas voy sacando de mi vida.
En esta ciudad, he podido distinguir que el término maquiloca tiene dos sentidos: uno asignado por la clases medias, con la connotación denigrante referida al principio de este texto; y otro con raíces en la clase trabajadora, que tiende a ser inofensivo, análogo a cuando los ingenieros se autodenominan ingeniebrios o los habitantes de la Ciudad de México, chilangos.
La Cerve (que recomiendo) es tal vez el principal lugar donde las maquilocas jóvenes agarran el party intenso en la capital. En el estereotipo acusatorio, aquí van a emborracharse y ligarse a algún vato. (Y con la chinga que supone trabajar en la línea de producción, ¿quién no querría enfiestarse al final de la semana?) A las maquilocas, pues, se les recrimina una libertad que las mujeres de clase social privilegiada gozan sin recibir la condena social.
Coppel, por otro lado, es tal vez el principal lugar donde las maquilocas se endeudan (aparte de Infonavit). En el otro estereotipo, de tintes descriptivos en lugar de denigrantes, allí dejan su salario para vestir a sus hijos y conseguir aparatos para el hogar. Y es que con frecuencia, las maquilocas son cabezas de familia… como Toñita, quien necesita recabar 44 mil firmas para obtener la candidatura independiente y poder aparecer en la boleta electoral.
Un sector del periodismo chihuahuense (ver este ejemplo) ha dado argumentos convincentes sobre por qué apoyar a Toñita en lugar de a los aspirantes independientes de la burguesía local o al PRI-PAN-PRD. Aquí yo quiero agregar un contraste con Enrique Peña Nieto, un imbécil que todos conocemos, marioneta de los intereses empresariales. Cuando era candidato, él no supo responder cuáles eran los precios de la canasta básica, explicando que él no era “la señora de la casa”. Pues bueno, Toñita sí lo es, y también es una trabajadora, como millones de mujeres en este país; y a diferencia de los políticos tradicionales, tiene una postura clara y concisa a favor de los trabajadores, lo que le ha valido la confianza de otros hombres y mujeres de su condición. En México, son las candidaturas como esta las que pueden formar gobiernos que respondan a los intereses de las familias trabajadoras.
Los socialistas mexicanos están frente a un ejemplo que puede prefigurar la estrategia a seguir. Decía Tolstoi: “pinta tu aldea y pintarás el mundo”. El primer entorno de la candidatura de Toñita es el local y el estatal. La clave tal vez se encuentre en este último nivel. En junio se renovarán la gubernatura, las alcaldías, y el congreso local de Chihuahua. Toñita podría impulsar la única candidatura en el estado que hable y busque enfrentar los feminicidios, las desapariciones, la corrupción y la antidemocracia sindical. Al confrontar a los habitantes del estado con los problemas de los juarenses, haría visibles las ausencias del resto de las candidaturas (todas pro-patronales), y al hablar de la realidad estatal, demostraría a los juarenses la originalidad de sus planteamientos; en ambos casos, sentaría un precedente nacional.
Cuando Marx murió, Engels recordó que la Asociación Internacional de Trabajadores –fundada por Marx– fue “una obra de la que su autor podía estar orgulloso, aunque no hubiera creado ninguna otra cosa.” Marx, sin embargo, creó muchas otras cosas durante su vida, como explicaría su amigo Engels en el resto de su discurso frente a la tumba de aquél en el Highgate Cemetery de Londres. Pues bien, el desafío del movimiento maquilador juarense a este México tan malacostumbrado a la docilidad de la clase obrera, era también “una obra de la que su autor podía estar orgulloso, aunque no hubiera creado ninguna otra cosa.” No obstante, las maquilocas están yendo por más: por el poder político. Una iniciativa inédita y llena de repercusiones impredecibles.
Nota:
1 Chilangos, no se confundan: el burrito es mexicano y, ahora mismo, es la base de mi alimentación. Cuenta la leyenda que su origen está en Cd. Juárez.
Twitter: @RamonICenteno

25 estados, incluida la CDMX, aún con leyes que permiten el matrimonio infantil


   30 de abril, fecha límite para modificarlas

Veinticinco estados  del país, entre ellos la Ciudad de México, siguen sin modificar sus códigos civiles y sus leyes de infancia locales para impedir el matrimonio infantil.

Esto, pese a que detener el matrimonio infantil es un mandato federal desde 2014 y una exigencia constante de las organizaciones civiles que defienden los derechos de las mujeres. Y a pesar también de que el Sistema Nacional de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes puso como fecha límite el 30 de abril de 2016 para adecuar sus  legislaciones locales a los estatutos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, aún tienen reglamentos que permiten matrimonios entre personas menores de 18 años de edad.

Estas  entidades han incumplido el mandato específico, contenido en el Artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en diciembre de 2014, tras varias revisiones, para reformar sus normas civiles y otras disposiciones relacionadas.

De acuerdo con ONU Mujeres, en México una de cada 5 mujeres mexicanas entra en unión conyugal antes de los 18 años de edad. Explica el organismo  internacional que el matrimonio infantil está fundado en la discriminación de género y tiene múltiples consecuencias como la deserción escolar, el embarazo prematuro, la mortalidad materna, la transmisión intergeneracional de la pobreza y en general la limitación a las oportunidades de vida.

Pocos avances contra el matrimonio infantil

Si bien la gran mayoría de las entidades ya publicaron una ley de infancia local, sólo seis estipularon en sus códigos civiles sin excepciones los 18 años de edad como la edad mínima para contraer matrimonio, lo que podría impedir que niñas y adolescentes sean obligadas a unirse contra su voluntad o con personas adultas, e interrumpan sus estudios y desarrollo personal por una unión temprana.

El gobierno federal, por su parte, inició en diciembre de 2015  la campaña “De la A (Aguascalientes) a la Z (Zacatecas), México sin unión temprana y matrimonio de niñas en la ley y en la práctica”.

Y el pasado 18 de febrero de 2016, senadoras del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitieron un punto de acuerdo en el que llaman a las entidades faltantes a reformar sus códigos civiles para y demás disposiciones aplicables y erradicar el matrimonio infantil.

Estados permisivos

En Chiapas, por ejemplo, el porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que se unieron antes de cumplir 15 y 18 años de edad es de 30.5 por ciento, uno de los más altos del país. La situación es peor para las mujeres indígenas de ese estado, de quienes 38 por ciento se unieron antes de cumplir la mayoría de edad.

Pese a este panorama, la ley de infancia chiapaneca –ya supuestamente homologada con la nacional- estableció que la edad mínima para contraer matrimonio será de 18 años, pero salvo en los casos en los que interceda una autoridad judicial.

Y su código civil establece que “para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan haber cumplido dieciséis años” y que según los casos, los jueces podrán conceder dispensa por causas “graves y justificadas”.

En el caso de Aguascalientes su ley local de infancia establece que cuando se modifique el código civil –que todavía permite las uniones de personas de edad con su consentimiento- se escriba supuestos o excepciones.

El Código Civil de la Ciudad de México también establece como considerando para el matrimonio entre personas menores de edad que ambos consientan la unión por escrito, a pesar de que su ley de infancia sí prohíbe las uniones de personas menores de 18 años de edad.

Otras entidades, como Jalisco, Michoacán y Morelos, incluso omitieron homologar en su ley de infancia el artículo que prohíbe el matrimonio infantil, por lo que no existe ningún mandato estatal para reformar próximamente sus códigos civiles que actualmente permiten el matrimonio de niñas, niños y adolescentes.


CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 

¿Es posible integrar el modelo de partería en el México de hoy?


   LA VOZ DE LA COALICIÓN
Por: Cristina Alonso Lord* y Silvia María Loggia**


El cambio demográfico y los estilos de vida indican que existen madres adolescentes –producto de un embarazo no deseado– o adultas al final del periodo reproductivo, con mayores tasas de complicación.

Hay más mujeres con sobrepeso y obesidad; que sobreviven a una enfermedad grave de la niñez y necesitan un cuidado especial durante el embarazo y el parto; crecientes tasas de partos que no requerían cesárea.

Este proceso expone a una polarización en la prestación de servicios de atención a la salud materna en “alto riesgo” y “bajo riesgo”, en un contexto donde sólo existen poco más de 400 hospitales “resolutivos” para las complicaciones obstétricas a lo largo del país.

El cambio demográfico (incremento de población adulta mayor en relación a la población joven) y la combinación con el perfil epidemiológico (incremento de muertes derivadas de enfermedades no trasmisibles en relación a las infecciosas) –aunque México puede presentar ambos en algunas entidades federativas– requieren de profesionales de la salud altamente especializados para la atención de alrededor de 25 por ciento de las mujeres y, un perfil adecuado para la atención de embarazos de bajo riesgo que constituyen 75 por ciento de las mujeres del país, en una red funcional que asegure la atención oportuna y universal de la emergencia obstétrica.

En este marco, es oportuna la integración del modelo de partería en el actual sistema de salud. No obstante, significa revertir la actual pirámide de los recursos humanos en salud, 70 por ciento desempeñándose en el segundo y tercer nivel de atención, y sólo un 30 por ciento en el primer nivel de atención.

El siguiente paso es transformar las políticas públicas, insertar el modelo de partería al andamiaje normativo, reorientar la planificación y reordenar del ejercicio presupuestal.

La Coalición por la Salud de las Mujeres, con base en la evidencia internacional, contribuye a establecer propuestas dirigidas a mejorar la calidad de la atención de salud materna y del recién nacido.

La mayoría de las mexicanas irá al hospital para dar a luz, es decir tendrá acceso a atención institucionalizada del parto, pero no es sinónimo de atención con calidad por las carencias de infraestructura y recursos humanos en el sistema de salud. El modelo de atención del sistema hospitalario requiere una transformación para que las mujeres reciban un trato digno y respetuoso.

México debe pensar en la construcción del modelo de partería pluricultural. El sistema de salud debe fortalecer la atención del parto en el primer nivel de atención con un equipo multidisciplinario e integrado a un sistema funcional de atención a las emergencias.

La contratación de parteras, por sí misma, en el sistema de salud actual, no es suficiente para transformar la realidad de un parto digno. Se requiere articular un modelo de partería cuyo eje esté centrado en las mujeres y en sus necesidades, y capaz de generar la confianza con las usuarias.

El enfoque debe ser la entrega de servicios de salud basados en la comunidad, es decir, en el primer nivel de atención y en la atención primaria a la salud.

Hoy existen oportunidades para que las parteras puedan fortalecer sus habilidades en la organización y dirección de los servicios locales para las mujeres, parejas y familias.

México se encuentra en un camino de transformación: por la permanencia y continuidad de las parteras tradicionales, por la formación de parteras técnicas profesionales, y el surgimiento de nuevas escuelas de partería; por la reorientación de las licenciadas en enfermería y obstetricia, y la especialización en enfermería perinatal, y por la expresión de las voces de las mujeres que reclaman un cambio en la forma de parir.

¿POR QUÉ LA PARTERA Y EL MODELO DE PARTERÍA?

Una partera está capacitada para acompañar, asesorar y atender a la madre durante el embarazo, el parto y el puerperio, prepararla para el trabajo de parto y asistirla durante el parto. Está capacitada para llevar a cabo los nacimientos con autonomía y recibir al bebé y proporcionarle los cuidados necesarios en sus primeras horas de vida; incluye medidas preventivas, la detección de complicaciones en la madre –y bebé– y la realización de medidas de estabilización y referencia en caso de emergencia.

La partera debe constituir el primer punto de contacto para las mujeres que acceden a los servicios de salud materna y es el conducto para la atención a lo largo del embarazo, el parto y el periodo posnatal.

Es una experta en el embarazo de bajo riesgo y, también ofrece un papel fundamental en la coordinación con el proceso de referencia del primer al segundo nivel y cuando la mujer regresa a la comunidad, y tiene la capacidad de dar seguimiento y mantener la atención.

Los principios clave para el modelo de partería deben construirse sobre la base de los siguientes aspectos:

a) Las mujeres deben tener un servicio de maternidad integrado, que garantice la continuidad en la atención.
b) La mayor parte de la atención debe estar basada en la comunidad, es decir, en el primer nivel de atención.
c) Las mujeres deben tener fácil acceso a una partera como primer punto de contacto durante el embarazo.
d) Las mujeres deben tener acceso las 24 horas a la asesoría y apoyo de una partera.
e) Para cuidar los resultados de la atención para las mujeres, las parteras deben ser capaces de referirse directamente a otros profesionales de la salud, canalizar a las mujeres a servicios especializados y/o recibirlas para poder establecer un seguimiento en el ámbito local.
f) La partera debe ser parte de un equipo multidisciplinario que facilite la comunicación entre los diferentes niveles de atención.

Los servicios de las parteras pueden basarse en la comunidad (parto en casa o en la comunidad), en los centros de salud, pero también cerca o adentro de hospitales (como son las Posadas y los Centros de Nacimiento). La evidencia mundial indica que la partera y el modelo de partería es una opción segura para todas las mujeres que presentan un embarazo de bajo riesgo.

Hacemos un llamado al doctor José Narro, recién nombrado secretario de Salud, a tomar acciones concretas para revertir la pobre calidad de la atención, la hipermedicalización y la iatrogenia (alteración, especialmente negativa, del estado de la o el paciente producida por el personal médico) tan frecuente en los hospitales, involucrando las voces de las mujeres para contribuir a hacer realidad lo escrito en el Plan Nacional de Desarrollo y a fortalecer las políticas de salud materna y del recién nacido.

Este proceso optimizaría y redistribuiría de mejor manera la inversión en salud materna con impactos en la mejora de la calidad de la atención, la eliminación de la violencia obstétrica y, potencialmente, la reducción en la morbimortalidad materna.

México necesita transformar la forma de parir y de nacer, y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos sexuales y reproductivos.

*Cristina Alonso Lord es presidenta de la Asociación Mexicana de Partería (AMP).
**Silvia María Loggia es secretaria técnica de AMP.
***AMP es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Foto: Asociación Mexicana de Partería
Cimacnoticias | México, DF.- 

Demandan Alerta de Violencia de Género para Oaxaca


   20 casos de feminicidio en lo que va del año

Ante el aumento de la violencia contra las mujeres, que se traduce en 20 casos de feminicidio en lo que va del año, integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad demandaron a los gobiernos estatal y federal que se decrete la Alerta de Violencia de Género para Oaxaca, con el fin de que se focalicen acciones y recursos públicos para contener esta situación. 

En el marco del Día Naranja, Ana María Hernández Cárdenas, integrante de Consorcio Oaxaca, señaló que la cifra de feminicidio no sólo se ha duplicado en relación con el año pasado, cuando se registraron ocho casos de mujeres asesinadas, sino que la violencia se ha exacerbado.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Alerta de Violencia de Género consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y la existencia de un agravio comparado.

“Su objetivo consiste en garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos (artículo 23 de la Ley de Acceso)”.

Gran parte de las mujeres asesinadas en lo que va del año fueron atacadas con arma de fuego, como en el caso más reciente, el de una mujer comerciante, de 38 años, quien este miércoles fue baleada en la región de la Costa.

El análisis realizado por Consorcio Oaxaca “nos da la idea de que hay una violencia sistemática contra las mujeres y las niñas que no se ha podido parar y esta es una señal clara de la necesidad de instaurar la Alerta de Género que prevé la ley”, expresó Hernández Cárdenas.

La solicitud  fue dada a conocer durante el Día Naranja, una acción para fomentar la toma de consciencia sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, la cual se realiza el 25 de cada mes.

El recuento realizado por las organizaciones de la sociedad civil documenta 445 casos de feminicidio en el actual sexenio, mientras que las cifras oficiales contabilizan 560.



CIMACFoto: César Martínez López
Por: Citlalli López Velázquez, corresponsal
Cimacnoticias | Oaxaca, Oax.- 
  

La violencia sexual contra mujeres como estrategia de guerra



Ilka Oliva Corado
Adital
"La violencia sexual en los conflictos debe considerarse como el crimen de guerra que es; ya no puede considerarse como un daño colateral desafortunado de las guerras”. Zainab Hawa Bangura, Representante Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual en los conflictos, 2012.

Anistia Internacional
Foto: Amnistía Internacional

Las violaciones masivas de mujeres alemanas por parte del Ejército soviético -entre cien mil y un millón de mujeres pudieron ser víctimas de abusos sexuales- y "las mujeres confort” esclavas sexuales al servicio del Ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial, son dos ejemplos claros de la violencia contra la mujer en contextos bélicos. Entre ochenta mil y doscientas mil mujeres en su mayoría coreanas sufrieron violencia sexual en burdeles para militares japoneses.
Estos lugares fueron establecidos para levantar la moral de las tropas y evitar las violaciones sexuales descontroladas en territorios ocupados por el Ejército. En este contexto miles de mujeres fueron violadas por las tropas.
Una de las víctimas de la dictadura chilena declara en su testimonio que en 1975, estando con 7 meses de embarazo fue detenida y llevada a Villa Grimaldi donde permaneció durante tres meses, ahí fue torturada y perdió a su hijo debido a los golpes. También fue abusada sexualmente y en sus propias palabras relata lo que deja el estigma de una violación en una mujer: "La agresión sexual no es una tortura más. Porque…, cómo te marca, el resto de tu vida, el resto de tus relaciones, el resto de tu sexualidad, de tu afectividad… Y desde dónde se hace. No se hace desde simplemente la búsqueda de la información, se hace desde otra parte, otra tribuna, que es el tema del machismo, del ejercicio del poder sobre la mujer.” Durante la dictadura chilena más de tres mil mujeres sufrieron tortura y violencia sexual por parte de agentes del Estado.
Como lo dice la Iniciativa de Las Naciones Unidas contra la violencia sexual en los conflictos armados: "La inmensa mayoría de las víctimas de las guerras de nuestros días son civiles, principalmente mujeres y niños. Las mujeres en particular pueden enfrentar formas devastadoras de violencia sexual, que se aplican a veces sistemáticamente para lograr objetivos militares o políticos”.
En Ruanda entre cien mil y doscientas cincuenta mil mujeres fueron violadas durante tres meses de genocidio en 1994. Organismos internacionales estiman que entre sesenta mil mujeres fueron violadas durante la guerra civil en Sierra Leona (1991-2002) más de cuarenta mil en Liberia (1989-2003) unas sesenta mil en la ex Yugoslavia (1992-1995) y por lo menos doscientas mil en la República Democrática del Congo 1998.
Como lo indica la Iniciativa de las Naciones Unidas: "Las violaciones cometidas durante la guerra suelen tener la intención de aterrorizar a la población, causar rupturas en las familias, destruir a las comunidades y, en algunos casos, cambiar la composición étnica de la siguiente generación. A veces se utiliza también para infectar deliberadamente a las mujeres por VIH o causar la infecundidad entre las mujeres de la comunidad que se pretende destruir”.
Un testimonio descarnado de las violaciones que sufrieron las mujeres alemanas por parte del Ejército Rojo, es el libro de la periodista Marta Hillers que cuando se publicó por primera vez en 1953 se hizo como anónimo. Es una memoria, un tipo de diario, una biografía en el que la autora fue escribiendo en cuadernos y hojas sueltas y con la urgencia de las circunstancias lo vivido en un edificio en ruinas, donde ella junto a otras mujeres sufrieron innumerables violaciones sexuales.
El documental "la guerra contra las mujeres” trata sobre la violación de mujeres y niñas como arma de guerra, en donde 11 mujeres de tres continentes cuentan sus testimonios y también de la pasividad de la comunidad internacional antes esta vejación inhumana. Fue rodado durante tres años en diez países de África, Europa y América. Afirma Joan Sandler ex Directora del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidad para la Mujer, que este brutal tipo de violencia desintegra a la sociedad que la padece, que implanta el miedo, aniquila generaciones y destruye la dignidad de la mujer.
La psicóloga congoleña Celine Kamwanya trabaja con mujeres que fueron objeto de agresión sexual y torturas en el conflicto bélico entre Congo y Ruanda. Más de doscientas mil fueron violadas en forma extremadamente violenta. Relata la psicóloga que cuando una niña o una mujer ha sido objeto de violencia sexual, piensa que su vida ha terminado y lamenta no haber muerto en el acto.
La República Democrática del Congo hoy en día es el país del mundo donde más violaciones se registran, 48 cada hora.
La Asociación de Mujeres Víctimas de la Guerra ha documentado más de veinticinco mil fichas de mujeres violadas en Bosnia.
En Guatemala en estos días se lleva a cabo el juicio por el caso Sepur Zarco, 30 años después del delito. Son juzgados dos militares, tan solo dos de tantos que viven a sus anchas en la impunidad de un sistema corrupto en una sociedad tan machista y patriarcal como la guatemalteca. ¿Qué decir de quienes son culpables de genocidio y caminan libres a plena luz del día?
Un ex teniente y un comisionada militar (de menor rango comparados con quienes dieron la orden de tortura, violaciones y genocidio desde la silla presidencial) son los acusados de dirigir y organizar el destacamento militar Sepur Zarco que se utilizó durante el Conflicto Armado Interno como centro de tortura y esclavitud sexual de casi 20 mujeres q´eqchíes por miembros del Ejército de Guatemala.
Son 11 mujeres indígenas las que han denunciado a las fuerzas militares por delitos de guerra como la violación, esclavitud sexual y doméstica. Son mujeres que hoy en día tienen entre 70 y 80 años.
Escuchar los testimonios desgarradores de lo que vivieron estas mujeres en manos de militares es por demás desconcertante. Quienes sirvieron de diversión a los mismos torturadores de sus familiares. Muchas de estas mujeres fueron obligadas a abortar, sufrieron hemorragias a causa de las agresiones sexuales y las torturas.
Es la primera vez que en el mundo se realiza un juicio por crímenes de lesa humanidad en una corte nacional y no internacional. Son admirables estas mujeres que se han atrevido a denunciar ante el mundo las vejaciones de las que fueron objeto, cada testimonio, cada palabra, cada lágrima derramada por estas mujeres nos debe doler a todos como humanidad.
Este juicio viene como bofetada a toda Latinoamérica, y a Guatemala en particular nos viene a evidenciar una vez más que sí hubo genocidio por más que lo nieguen los detractores. Por más que se empeñe este sistema impune en negarlo y borrarlo de la Memoria Histórica. Por más que los entachudados y togados sentados a sus anchas en las poltronas hagan de la justicia un títere.
La verdad está ahí, en la voz de estas mujeres que han tenido la valentía que les han querido arrebatar durante décadas. Este juicio tal como el de Genocidio que enfrentó Ríos Montt, (declarado culpable a todas luces y lo sabe el mundo) de nuevo nos encara como sociedad, revela nuestro clasismo, nuestra indolencia, nuestro racismo.
Ha pasado desapercibido para la sociedad en general. Y son varias las razones pero principalmente se debe a esa soberbia nuestra de carecer de identidad, Memoria Histórica, de conciencia social, de dignidad y de humanidad.
Pero es mucho pedir a una sociedad que tiene al país podrido, por su clasismo, racismo y discriminación. A una sociedad que votó por la continuidad de la impunidad. Tengo una sola pregunta, ¿en dónde está la voz rugiente de los estudiantes san carlistas apoyando este juicio? Porque preguntarle a las masas amorfas que salieron a manifestar por corrupción es gastar pólvora en sanates. Conmemoran el Holocausto pero niegan el Genocidio. ¡Habráse visto!
Nos conmueven las violaciones sexuales que vivieron mujeres en otras guerras y en otros tiempos, pero cuando se trata de Latinoamérica y específicamente en nuestros países ni nos inmutamos. ¿Hasta cuándo seguiremos con esa indolencia que solapa toda impunidad y no nos deja sanar heridas?

En tiempo: La artista BEBE se ha juntado con el productor CARLOS JEAN para crear lo que será la canción original de la nueva película de HERNAN ZIN. El tema se titula "César debe morir", y los beneficios de su venta serán destinados a la ONG África Directo.

Encuentro de la RIPVG se realizará en Cataluña en abril próximo



   Se abordarán derechos de las periodistas y fin de discriminación


El VI Encuentro Internacional de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género se llevará a cabo en el Colegio de Periodistas de Cataluña, España, el 15, 16 y 17 de abril próximo a fin de discutir y definir los objetivos de la RIPVG para los próximos años.
Los encuentros, que se realizan cada dos años, tienen como objetivo destacar los derechos de las mujeres periodistas y la erradicación de la discriminación contra las trabajadoras en los medios de comunicación.
Igualmente, se denuncian las violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres, la invisibilidad de su trabajo y la feminización de la pobreza en el mundo, así como también se demanda el derecho a vivir en paz y sin violencia.
La RIPVG se creó en 2005 durante un encuentro en Morelia, Michoacán, con periodistas de Argentina, Alemania, España, Italia, Perú, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Cuba, Estados Unidos y México.
El encuentro es una oportunidad de enriquecer y construir desde el periodismo con perspectiva de género una sociedad más igualitaria. De igual forma se busca acrecentar la solidaridad y cooperación entre periodistas de los diferentes países que conforman la red.
El pasado fin de semana, con miras al encuentro internacional, se realizó en esta capital el VI Encuentro Nacional de la Red Nacional de Periodistas, que congregó a comunicadoras de 21 estados del país. 

Por: la Redacción

Cimacnoticias | México, DF.- 

Propone España a activista Provida al Comité de la CEDAW



   Desata inconformidad de organizaciones feministas

El próximo 7 de marzo termina el plazo de presentación de candidaturas para la renovación en junio de la mitad de las 23 expertas que integran el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Las organizaciones feministas, de mujeres, Derechos Humanos y desarrollo españolas se enteraron que el gobierno del país ibérico, sin consulta previa, ni diálogo alguno con las expertas, propuso a Ana Peláez Narváez, quien es contraria al derecho al aborto legal.
Frente a ese hecho, la Plataforma CEDAW Sombra, integrada por más de 270 organizaciones, lanzó una campaña para pedir “transparencia y defensa de todas las mujeres en la candidatura de España al Comité de la CEDAW 2016”.
La Plataforma CEDAW denuncia la “política oscurantista, antifeminista y oportunista del (gobernante) Partido Popular (PP) en el nombramiento”, ya que no sólo no consulta a las organizaciones feministas, sino que ignora y combate a las verdaderas expertas en la materia, debilitando los mecanismos nacionales e internacionales para la igualdad de género.
Según explican en una carta, en los últimos cinco años, el gobierno de España se ha caracterizado por ejercer la práctica habitual de no entablar ningún diálogo con los grupos feministas en el marco de los acuerdos y decisiones que se producen a nivel internacional en materia de igualdad, no discriminación y violencia contra las mujeres, ignorando así, de forma reiterada, a las principales expertas y organizaciones destacadas en la materia.
Sin negar el trabajo de Ana Peláez en la ONCE, el CERMI y como miembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, las organizaciones señalaron “su activismo contrario a la movilización feminista por el derecho al aborto en España en 2014 y 2015”.
Esa postura es contraria a las propias observaciones del Comité de la CEDAW al Estado español, que dicen: “Garantice que no se apruebe el proyecto de ley sobre el derecho al aborto para las niñas y mujeres de 16 a 18 años de edad”, y “que los Estados parte se abstengan de poner trabas a las medidas adoptadas por la mujer para conseguir sus objetivos en materia de salud”.
En España hay muchas expertas, referentes internacionales y con largas trayectorias en los ámbitos jurídicos, políticos, académicos y sociales en el marco de las políticas contra la discriminación y la violencia hacia las mujeres, u otras que deberían tener cabida en un proceso de “publicidad y concurrencia, por mérito y capacidad en la lucha contra la discriminación y la violencia de género”, y no, como ya hizo el gobierno en 2015 para el Grupo de Expertas del Convenio del Consejo de Europa contra la Violencia de Género, “a dedo y a escondidas, significando la actitud profundamente antidemocrática de este gobierno”, acusaron las activistas.
Por: la Redacción

Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp.- 

Mujeres de Sepur Zarco lo que quieren es justicia


   OPINIÓN

El juicio de Sepur Zarco es de suma importancia para conocer parte de la historia ocurrida en Guatemala hace 30 años, de la que todavía se ignora muchos hechos represivos y las secuelas que trajeron consigo a mujeres indígenas en el Valle del Polochic.

Es un proceso por hechos de esclavitud y violación sexual en contexto de guerra “no convencional” en los que están inculpados elementos del Ejército. Si bien es el primero con estas características, es casi seguro que tales delitos tipificados como “de lesa humanidad” sucedieron en otras partes del país.

Los peritajes presentados por especialistas exponen elementos que merecen ser difundidos ampliamente, a fin de poder dimensionar por qué militares ultrajaron a mujeres indígenas, cuyos esposos fueron previamente asesinados. Si bien esa tarea es difícil, cabe resaltar algunos elementos:

Varios peritos comprueban que los hechos represivos ocurridos en Sepur Zarco, entre ellos las violaciones sexuales, tenían como propósito beneficiar a finqueros, ya que la actuación del Ejército contra quienes gestionaban un pedazo de tierra provocó que tales reclamos se diluyeran, pero además facilitó que los finqueros se apoderaran de terrenos de manera ilegal y, a su vez, éstos contaran con mano de obra barata proveniente de quienes carecían donde sembrar.

Esta es la realidad actual en el Valle del Polochic, donde se registran elevados índices de pobreza y desnutrición.

Desde diferentes disciplinas académicas, especialistas confirman que existen los suficientes elementos para considerar que las violaciones sexuales cometidas fueron resultado de una estrategia militar, que en Sepur Zar se ejecutaron crímenes de género en la guerra, y que los cuerpos de las mujeres fueron objetos militares porque fueron quebrantados por el papel que ellas jugaban en su comunidad.

Una explicación poco conocida es la relatada por el perito Prudencio García, quien fundamentó que los militares deben mantener obediencia siempre bajo los marcos de la ley y los Derechos Humanos (DH).

Pero que la Ley Orgánica del Ejército de Guatemala de aquel entonces tenía el concepto de la “obediencia debida”, lo que significaba que cualquier subordinado debía obedecer órdenes superiores, incluso las ilegales.

Es decir, el “pensum” de la escuela militar contradecía a la Constitución de ese tiempo, como la de ahora, que reconoce la vigencia de los DH y por tanto fundamenta que ningún militar puede ordenar actos ilícitos a sus subalternos ni tampoco éstos tienen la obligación de realizarlos. Así se demuestra la responsabilidad de los militares inculpados por los delitos de violación y esclavitud sexual.

Estas mujeres q’eqchi’es de Sepur Zarco sin duda son un ejemplo de tenacidad y valentía para muchas otras mujeres y hombres. Lo que ellas vivieron y lo sucedido durante el juicio tendría que incluirse en los libros de texto que abordan la historia del país; ésa sería una verdadera muestra de adhesión a su lucha por la justicia.

*Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.


Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | México, DF.- 

Cuando “el amor” es abuso



   QUINTO PODER
Por: Argentina Casanova*
En la violencia sexual contra niñas y niños intervienen diversos factores y formas de dominio; la constante innegable es que además de ser violencia sexual hay condiciones de explotación amorosa por la relación de control y poder del adulto sobre el o la menor de edad.

Contextualizar así el matrimonio infantil forzado y el estupro nos permitirá entender el alcance de la afectación en la vida de las niñas.

Emprender la desnaturalización de un tema tan complejo y normalizado en un país como México implica revisar a conciencia aspectos que favorecen que la violencia sexual sea defendida incluso desde y con argumentos institucionales.

Hasta ahora se duda de que el matrimonio infantil sea un problema. Hay quienes preguntan ¿es un problema grave? Lo cual me hace reflexionar acerca de su naturalización, pues está ocurriendo en todo el país.

En gran medida la violencia sexual a través del “matrimonio o la unión de niñas” con hombres mayores es una pieza clave para comprender la violencia de género en México.

No me ocuparé ahora del reclamo del derecho a la sexualidad de las adolescentes, que no defienden con el mismo vigor la interrupción del embarazo o a postergar la decisión de casarse o unirse en pareja por no tener la edad suficiente. Por ahora abordaremos sólo una de sus aristas.

El tema afronta resistencias graves, así lo demuestra el argumento a favor del matrimonio infantil que dan funcionarios responsables de la protección de la vida de las niñas; dicen que las adolescentes van a escaparse de la casa para irse con el agresor, o que “amenazan con suicidarse”, y ese es el argumento de por qué debe ser permitido que un hombre mayor se case con una niña de 13 o 14 años, y que se mantenga el permiso a las de entre 14 y 18 años.

Esto sería intrascendente a no ser porque hay titulares de las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, o de Fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres y niñas que así lo piensan, y con esos argumentos investigan casos de violencia y reciben denuncias de desaparición de adolescentes.

Su pensamiento es resultado de las rígidas estructuras de género que actúan como causa y efecto de la desigualdad.

Con esos argumentos no debe sorprendernos que cuando se reporta la desaparición de una niña de entre 12 y 18 años, la primera justificación para no buscarla es que “seguro se fue con el novio”.

Y así tenemos una feminización de la desaparición, el incremento en la desaparición de niñas y adolescentes, y el incremento trágico en el feminicidio de jóvenes que aún no cumplen los 20 años.

Es tarea pendiente contribuir a cambiar esas estructuras que derivan en discriminación sistémica de género, desmenuzando un aspecto invisibilizado: cuando hay una práctica de sexo intergeneracional entre una niña y un adulto, de lazos próximos, no es un asunto sólo erótico, es también un asunto de afectos. Es al mismo tiempo, violencia sexual y explotación amorosa.

Es decir, no se puede perder de vista que no se trata de una relación entre iguales, en igualdad de etapa de madurez, y que es siempre una situación de asimetría en la que la ley de protección a la infancia sustenta y da argumentos acerca del por qué no hay excepciones y sí responsabilidades que deben asumir los adultos que rodean y que deben proteger la vida y la sexualidad de las y los niños.

La teórica feminista Judith Butler señala: “No se trata simplemente de que el adulto imponga de manera unilateral cierta sexualidad, ni de que el niño fantasee de manera unilateral con cierta sexualidad, sino que se explota el amor del niño, un amor que es necesario para su existencia, y se abusa de su vinculación apasionada”.

Cuando las autoridades a través de sus servidores públicos naturalizan la práctica sexual entre un adulto y una menor de edad, lo que están haciendo es replicar el discurso de control, sometimiento y opresión sobre las mujeres pero desde la infancia.

Es decir, forman a las futuras mujeres que serán oprimidas y violentadas, es garantizar que tengamos mujeres con dos o tres hijos, que llegarán a su edad adulta enfermas, sin dinero, viviendo violencia física y sin recursos para valerse por sí mismas al haber interrumpido su formación educativa y no tener recursos o redes de apoyo familiares o de amigas.

Aun si aparentemente una niña de 12 o 13 años se fuera “por voluntad”, detrás hay formas de coerción que se ocultan y naturalizan como la seducción, el chantaje, la amenaza, la manipulación psicológica, y la fuerza física que constituyen estrategias coercitivas.

Además de relaciones asimétricas de poder implícitas no sólo relacionadas con la posición de jerarquía, sino en el poder adquisitivo, o la condición de vulnerabilidad emocional en la que se encuentre la menor de edad frente a su agresor sexual que se aprovecha de esta situación.

No es casual que en el estupro los agresores tengan un perfil claro y reincidan una y otra vez, y sean puestos en libertad para que regresen después de otro ataque sexual en el que saldrán libres porque la “menor de edad consintió”.

*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
  CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Campeche.- 23/02/2016

Por una Constitución democrática, popular, ciudadana y feminista


   MUJERES CAUTIVAS
Por: Teresa Ulloa Ziáurriz*

En 1997, las y los habitantes del entonces Distrito Federal logramos la culminación de un largo proceso democrático a través del cual, entre otras cosas, conquistamos el derecho a elegir a nuestras o nuestros propios gobernantes a través del voto libre y secreto.

A partir de entonces, se aceleraron nuestras conquistas, por ejemplo, fue el Distrito Federal el primero en contar con una red de Unidades para atender la Violencia Familiar; la Ley Robles, que posibilitó cinco causales para el aborto y más adelante, hace nueve años, la despenalización de las mujeres y adolescentes que deciden abortar a través de la interrupción legal del embarazo.

También tenemos la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Distrito Federal, entre otras que marcan, sin duda, un antecedente histórico de la lucha feminista.

Nadie nos ha regalado nada, lo hemos tenido que pelear palmo a palmo y en lugar de dotar los derechos sociales, económicos y culturales de mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad, se ha implementado una serie de políticas populistas que no corrigen las causas estructurales, ni la falta de oportunidades, ni la pobreza que padece el 60 por ciento de la población de esta ciudad.

En los últimos años, las mujeres y las niñas hemos visto cada vez más limitados nuestros derechos debido a un terrible contexto de inseguridad nunca antes visto en esta ciudad, donde el crimen organizado ha podido penetrar a sus anchas con la permisiva protección de autoridades corruptas.

Más de 6 mil 500 mujeres han desaparecido en los últimos años en la Ciudad de México, según arrojaron las respuestas a solicitudes de información ingresadas a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), según informó el Observatorio contra la Trata de Personas con fines de Explotación Sexual y el Centro Antonio Montesinos (CAM). Casi mil por año.

No sabemos en dónde están estas mujeres y niñas, no sabemos si fueron víctimas de trata o de cualquiera de las formas de explotación, esclavitud o servidumbre; si fueron víctimas de feminicidio; si alguien las busca o si fueron enviadas a una fosa común.

CAPEA y la PGJDF son puntos neurálgicos donde no se respetan los derechos de las mujeres, ni se actúa con la debida diligencia.

Esta situación se agravará con la implementación del nuevo sistema penal adversarial y oral, que resulta un parche del sistema penal del “common law” y más garantista de los derechos de los acusados que el anterior, a pesar de que nos argumenten que equilibra los derechos de los procesados y de las víctimas.

Ni jueces, ni ministerios públicos, ni policías están capacitados para implementar este modelo de justicia penal.

Con la reciente publicación del decreto que convierte al DF en Ciudad de México da inicio el proceso de conformación de la Asamblea Constituyente que culminará con el texto definitivo de la Constitución local. Para ello, las y los capitalinos acudiremos a las urnas el próximo 5 junio para elegir a 60 de 100 diputadas y diputados, que tendrán la encomienda de aprobar dicha Constitución.

El proceso que se ha determinado para esta elección vulnera la soberanía popular, limita nuestra participación en el proceso rumbo a la elección de únicamente el 60 por ciento de las personas que integrarán la Asamblea Constituyente, negándonos además el derecho como pueblo de aprobar o rechazar el texto de la nueva Constitución.

La conquista de los Derechos Humanos (DH) de la población femenina y el avance hacia la igualdad sustantiva es una lucha histórica de las mujeres. La primera Constitución de la Ciudad de México debe garantizar los DH plenos de las mujeres, derechos conquistados y que no pueden ser excluidos de la letra y el espíritu constitucional.

Por todo lo anterior, el pasado 19 de enero participamos en el Primer Encuentro de Mujeres CDMX rumbo a la Constituyente: Por una Constitución democrática, popular, ciudadana y feminista, que reunió a más de 820 mujeres y 420 ponencias de jóvenes, indígenas, adultas mayores, empresarias, trans y activistas en general.

A partir de este encuentro habremos de generar procesos organizativos, informativos y en determinado caso de movilización, para exigir que tanto el grupo como la Asamblea Constituyente hagan caso del principio de progresividad en el derecho, la diversidad en los diferentes espacios, la paridad, la despatriarcalización y la igualdad sustantiva.

Desde la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe nos declaramos a favor de una Constitución democrática, popular, ciudadana y feminista.

No permitiremos que se limite nuestra participación en el proceso constituyente porque somos parte de la conquista por la igualdad de género en la Ciudad de México, y exigimos el derecho de aprobar o rechazar la nueva Constitución, porque hoy más que nunca se encuentran vivas las letras de nuestro artículo 39 constitucional que señala claramente:

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Exigimos la conformación paritaria de la Constituyente porque es la única garantía de que no se dará marcha atrás en los derechos de las mujeres ya conquistados.

Es una lucha histórica en la que muchas de nosotras hemos dejado gran parte de nuestra vida, y eso no puede quedar excluido de la nueva Constitución, que debe reflejar todo lo que somos y lo que aspiramos a ser como humanas y ciudadanas libres de violencia, tal como lo garantizan las leyes nacionales y los tratados internacionales en la materia.

Por una Constitución democrática, popular, ciudadana y feminista. ¡Que vivan las mujeres y las niñas de la Ciudad de México!

Twitter: @CATWLACDIR

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Foto: cortesía dgcs.unam.mx
Cimacnoticias | México, DF.- 

Tu “piropo” es violencia; acoso callejero en la Ciudad de México


ACOSO CALLEJERO
   
(24 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- “No puedo usar vestidos, faldas,  ni blusas de tirantes. Mi papá tiene que pasarme a recoger todas las noches a la avenida. Si son más de las diez, me da miedo salir a la tienda, si es urgente, voy pero con  mi hermano porque, además, tengo que ir a la que está a tres cuadras. En la de aquí a la vuelta siempre están tomando unos señores y si una entra siente las miradas y a veces, entre ellos, empiezan a decir cosas sobre una, que me da pena decir. Pero me enoja, y me enoja que me dé pena a mí cuando ellos son quienes deberían sentir vergüenza de agredirme, no yo”
“Claro que he sufrido acoso en la calle y en el transporte más ¿quién no?, yo creo que todas y más de una vez. No importa si voy de pants o con sudaderas holgadas, siempre me topo con algún tipo que se me queda viendo, o me dice algo. Es horrible. Una amiga mía tuvo un intento de violación en el metro, como pudo se escapó. El miedo la hizo no denunciar. Yo me acuerdo que desde que iba a la secundaria me ha tocado que vienen a mi lado y comienzan a masturbarse o que de repente te agarran una nalga o ponen las manos sobre los tubos y te tocan los senos. Estás en un constante estado de alerta todo el tiempo, tienes que estarte cuidando, eso me ha creado mucha ansiedad y desesperación. Lo peor es que los espacios que son “exclusivos” para mujeres no los respetan. Parecen ciegos, o se hacen. Lo que sí, es que a veces las  mujeres  sacan violentamente a hombres que se meten en  los vagones exclusivos. Igual no es un acosador, pero lamentablemente una ya no sabe, y tiene que defenderse. Pero a ver, ¿estas divisiones significan entonces que el gobierno está dando por hecho que hay agresiones y que las mujeres tenemos que excluirnos para no ser violentadas? ¿Es tan obvio y tan natural el acoso sexual que se normativiza y entonces mejor  vamos separadas de los hombres porque sólo así nos dejan tranquilas?  Visto así, resulta espantoso”.
“Desde que recuerdo, he vivido el acoso callejero. No sólo eso, cuando era niña un señor en el metro frotó mi vagina.  Yo venía con mi mamá pero había mucha gente.  Me dio miedo decir algo, porque pensaba que nos iba a hacer algo. Y todos los días, en la calle, en el micro, en el metrobús, en el metro, es muy común verlo. Si no te lo hacen a ti, ves cómo ven a otras chicas o si les dicen algo. Siempre me he preguntado ¿qué sienten? Piensan que vas a voltear y decirles ‘hola, mira, te doy mi número, tu guarrada me acaba de enamorar’ ¿o qué? ¿Sabrán que nos están agrediendo? ¿o pensarán que nos ‘halagan’?  De verdad no sé. No sé cómo no se ponen a pensar que podríamos ser sus hijas, sus hermanas, sus madres. ¿Qué sentirían si se los dijeran a las mujeres de su familia?”.
Estos son testimonios de Ana Lilia, Verónica y Ximena. Tres mujeres habitantes de la Ciudad de México cuyas edades oscilan de entre los 17 a los 30 años. Lamentablemente, estos testimonios no resultan sorpresivos ni inusuales. Gran número de mujeres, y niñas, sufren todos los días algún tipo de violencia sexual en las calles y en el transporte público.
Desde la Declaración de la ONU sobre Eliminación de la Violencia contra las Mujeres -aprobada el 20 de Diciembre de 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas- se utiliza el término “Violencia de Género o violencia contra las mujeres”, para referirse a “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada”.
Una mirada lasciva, insistente, recibir “expresiones” que aluden sexualmente a su cuerpo, ser testigos obligadas de masturbaciones, ser tocadas ‘accidental’ o deliberadamente, son situaciones a las que las mujeres en la ciudad se ven expuestas a diario.  Tal parece que esto llega a “naturalizarse” y entonces se vuelve “normal y entendible” que una mujer cambie sus rutas, su manera de vestir y que se sienta incómoda e insegura en el espacio que también le pertenece en tanto que es público.

Entrevistada por Revolución TRESPUNTOCERO, María Jacobo Pérez, psicóloga de Adivac, Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C.  y  terapeuta en Círculo Psicológico Kolping explica detalladamente este fenómeno:
“El acoso callejero es una de las expresiones de la violencia sexual. Es importante no confundir nombrando estos eventos como ‘agresión”, ya que esta corresponde a un acto de sobrevivencia y de defensa ante una situación de peligro, en cambio, se trata de un acto violento debido a que es  deliberado, hay un abuso de poder que busca el sometimiento del género femenino. Este tipo de violencia tiene raíces estructurales  que la mantienen -como el trabajo doméstico no remunerado, el control limitado sobre los bienes y la propiedad-, lo cual ha brindado privilegios a los varones que se traducen en la forma en la que ellos han entendido cómo relacionarse con las mujeres y cómo viven su sexualidad.
Así, los piropos, el exhibicionismo y los frotamientos, no derivan de la atracción sexual, al contrario, lo que se pretende con estas acciones es someter a las mujeres invadiendo su cuerpo. Lo que se comunica es: el espacio público le pertenece a los varones y el cuerpo de las mujeres también o, sin tantos rodeos, las mujeres son un objeto sexual.
La reacción ante estos actos es distinta en cada mujer, ya sea de enojo, miedo, indignación  y ansiedad, lo cierto es que muchas mujeres se encuentran alertas al recorrer las calles, al viajar en transporte público, otras optan por modificar sus trayectos a casa para evitar ser violentadas o eligen cuidadosamente cómo vestir, en suma son muchos los cuidados y afectaciones al estilo de vida,  la salud y la relación que se tiene con el cuerpo.
Lo alarmante de esta problemática social es que se justifica o se minimiza el daño, es muy común escuchar expresiones como: ‘es que traía minifalda’ o ‘bien que quería’. No hay que soslayar que en estos casos únicamente se responsabiliza a las mujeres, con ello se manifiesta la creencia de que los varones viven una sexualidad descontrolada, ‘animal’ o ‘instintiva’.
En este contexto de justificación de la violencia contra la mujer en espacios públicos no ha de extrañarnos que estos eventos sean los precedentes de otros crímenes de odio contra las mujeres y que la respuesta ante ello sea nula. Pero, ante este escenario ¿qué se puede hacer? Por un lado tomar medidas de autocuidado entre mujeres como, crear redes de apoyo, asistir a talleres de defensa personal, denunciar y exponer estos eventos y por supuesto realizar talleres psicoeducativos para trabajar los mandatos sociales de género de hombres y mujeres”, explica.
Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH proporcionadas a este medio por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres), 50 de cada 100 mujeres declararon sufrir violencia comunitaria, estadística que refleja cómo las mujeres se exponen a actos de violencia tras salir de su casa, ya sea en el transporte o en las calles.
Es la Ciudad de México donde más mujeres son violentadas en el ámbito comunitario, seguido del Estado de México (43.2%), Baja California (35.6%), Jalisco (33.9%) y Chihuahua (33.0%). Las mujeres violentadas en el ámbito comunitario, declararon haber vivido hechos de violencia: 82 de cada 100 han sufrido intimidación, 60 de cada 100 han sufrido abuso sexual, 8 de cada 100 han sufrido agresiones físicas.
Al  73% les han dicho frases de carácter sexual que les molesten u ofendan; 58.2% las han tocado o manoseado sin su consentimiento 13.8 % las han hecho sentir miedo de ser atacadas o abusadas y al 9.6% les han hecho insinuaciones o propuestas para tener relaciones sexuales a cambio de algo. Los principales agresores son: 96.1% desconocidos, 6.6% vecino, 5.6% amigo, 3.0% otro (patrones o jefes, compañeros de trabajo o de la escuela, maestros u otras autoridades escolares, policías o militares.)
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Según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el acoso sexual es donde hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima. El acoso sexual está tipificado como delito en el artículo 179 del Código Penal del Distrito Federal y merece una pena de 1 a 6 años de prisión y multas que pueden ir de 4 mil a 10 mil pesos, conforme considere el juez. Este Código señala que el delito de abuso sexual se agrava cuando es cometido al encontrarse la víctima a bordo de un vehículo particular o de un servicio público.


Según información de Inmujeres, obtenida por Revolución TRESPUNTOCERO  entre las conductas de violencia sexual se encuentran: tocamientos, que son los manoseos en zonas sexuales del cuerpo; palabras obscenas, insinuaciones sobre tu cuerpo o apariencia; acosos, agresiones, intimidación o amenazas con fines sexuales; exhibición de genitales; miradas lascivas, permanentes e incómodas a tu cuerpo; expresiones corporales y/o verbales ofensivas hacia las mujeres y niñas; persecución y que tomen fotos o video a tu cuerpo sin tu consentimiento. Todas y cada una es violencia sexual. Todas son denunciables.
Es común que las víctimas de este tipo de violencia se sientan avergonzadas. Aún más, sientan temor al denunciar estas prácticas transgresoras de su integridad. Sin embargo, es necesario denunciar a los culpables, de lo contrario, seguirán haciéndolo sin encontrarse con consecuencias.
Según información del programa “Viajemos Seguras”, puesto en marcha en la Ciudad de México desde 2007, si una mujer sufre acoso en la calle o en el transporte público, puede pedir ayuda a cualquier elemento policial -todos están obligados a ayudarle- también puede llamar al 066 o al Instituto de las Mujeres (5512 2831) o dirigirse directamente a cualquiera de los módulos para que sea asesorada en ese momento. Esta institución brinda  asesoría jurídica y atención psicológica sin costo.
Si el ataque ocurre dentro vagón del metro, debe accionarse la palanca de seguridad. De esta manera, el personal de seguridad del STC o personal de la estación acudirán para brindar auxilio. El proceso de denuncia puede ser tardado, por lo que muchas mujeres a veces optan por desistir de la acusación, sin embargo, la denuncia es vital para frenar la ya cotidiana violencia.
No es normal, natural, ni permisible sentirse violentada en las calles, también son nuestras. Denunciar el acoso de una puede prevenir el de todas.

En picada


   CRISTAL DE ROCA
Por: Cecilia Lavalle*


Nuestro país va mal. No quiero decir, regular. No quiero decir, ahí la lleva. Va mal, muy mal. Y una de las maneras de tomarle la temperatura a la realidad nacional –la nuestra y de cualquier otra nación– es revisar sus niveles de libertades elementales. La libertad de expresión, por ejemplo.

El fin de semana participé en el Sexto Encuentro de la Red Nacional de Periodistas (RNP), una red que aglutina a periodistas que hemos decidido ejercer un periodismo con perspectiva de género; es decir, que tomamos en cuenta las desigualdades que a lo largo de la historia se han construido para las mujeres cuando se trata de ejercer nuestros derechos.

Esta mirada permite que, desde el periodismo, se visibilicen las condiciones de desigualdad que vivimos las mujeres, y se reconozcan los derechos que se vulneran o se nos escamotean. Y todo para contribuir a la construcción de igualdad, que no es otra cosa que las mujeres tengamos la efectiva garantía, goce y ejercicio de nuestros derechos como humanas. Nada más. Pero nada menos.

A esta RNP pertenecemos periodistas de todo el país. Más mujeres que hombres porque, como en otras agrupaciones, cuando se trata de derechos de las mujeres, aún pocos hombres asumen que es un tema que también les compete.

Esta vez nos reunimos colegas de 21 estados del país para reflexionar el camino que ha seguido la RNP y el que proponemos que siga durante los siguientes dos años; pero también para tomar el pulso a nuestro quehacer, sus obstáculos, sus retos.

Y ahí es donde me quedó claro que mi país va en picada. Y me quedó claro porque, como parte de la comisión que redactaría el pronunciamiento, escuché atenta lo que se dijo en voz alta y también lo que se dijo en voz baja durante esos dos días.

A nadie le cupo duda que vivimos en un contexto de violencia y censura generalizada. Pero no nos va igual a las mujeres que a los hombres periodistas.

De 2002 al 20 de febrero de este año, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y la RNP hemos documentado 336 casos de agresiones a mujeres periodistas, entre los que se encuentran 14 casos de feminicidio. Y en los últimos seis años los ataques contra periodistas se han incrementado en 400 por ciento.

En algunas entidades estos ataques tienen nivel de emergencia; pero lo cierto es que en la mayoría ni siquiera hay condiciones para denunciar, porque los agresores son funcionarios públicos.

En resumen, no es posible informar ni opinar, casi de lo que sea, sin tener que valorar el riesgo que se corre. Lo mismo da si es un tema de política, economía, medio ambiente, similares y conexos.

Esto es particularmente cierto en el caso de agresiones a mujeres periodistas. La mayoría de las colegas no cubre la fuente policiaca, cubre la fuente política o cualquier otra.

Pero, además, en casos de secuestro, violación, desaparición y asesinato, casi invariablemente se coloca la sospecha, el rumor, la “línea de investigación” de “los vínculos” con el crimen organizado. Una caja en la que se mete toda la violencia que se vive en nuestro país, y que es como un hoyo negro en el que todo cabe y se evapora.

A la violencia evidente, le sumamos las violencias menos evidentes. Condiciones laborales deplorables, sin contrato o contratos precarios, salarios indignos, y ya de seguridad social ni hablar.

Eso y más escribimos en el Pronunciamiento (que puede consultarse en www.cimacnoticias.com.mx).

Y por ello le exigimos al Estado mexicano fundamentalmente que cumpla con las leyes nacionales y los convenios internacionales que ha firmado. Cuando se tiene que reivindicar el derecho a la información, a la libertad de expresión, a la comunicación, a trabajar en condiciones seguras, a una vida libre de violencia, en un país que se asume como democrático, algo anda mal.

Cuando lo que le exiges al Estado es que cumpla con las leyes, algo anda muy mal.

Y cuando, se debió pensar y repensar en las palabras que debía incluir o no el pronunciamiento, se preguntó a las y los asistentes si alguien prefería que no se le nombrara o se le fotografiara; y cuando, en este mismo instante me pregunto si no dije o escribí algo “inapropiado”, sabes que, en efecto, nuestro país va en picada.

¿Cómo detenemos la caída?

Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com.

*Periodista y feminista en Quintana Roo, México, e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
 

VI Encuentro de la Red Nacional de Periodistas | CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | México, DF.- 

Un viaje llamado Red


   ZONA DE REFLEXIÓN
Por: Lucía Lagunes Huerta*

Cimacnoticias | México, DF.-Hace 20 años se escribía un capítulo fundamental en la historia de la humanidad, especialmente en aquella que tiene que ver con los derechos a la comunicación y a la información de todas las personas.

Tras diversos estudios realizados se demostró que el goce de ambos derechos (comunicación e información que incluyen, por supuesto, libertad de expresión) eran casi nulos por dos razones fundamentales: una, porque los medios de comunicación, principales instrumentos de información, no revelan lo que afecta a la mitad de la población.

La segunda razón es porque si bien las mujeres tenían y tienen mucho que comunicar e informar no eran (y todavía no son mayoritariamente) tomadas en cuenta, más que en aquellos temas considerados equivocadamente exclusivos “para las mujeres” como modas y familia.

Como ambos derechos son fundamentales para el goce de otros, pero por su valor mismo, es que dentro de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer se crearon compromisos para los gobiernos y las empresas periodísticas y de comunicación, que permitieran el disfrute pleno de estos derechos para las mujeres, de los cuales hemos hablado en este espacio.

Paralelo a este proceso, en México crecía una iniciativa que iba y va en el mismo sentido, respetar y promover los derechos a la comunicación e información de las mujeres. Esta iniciativa se llama Red Nacional de Periodistas, su fecha formal de nacimiento es el 23 de septiembre de 1995.

Y este fin de semana, periodistas de la Red Nacional de 20 entidades federativas nos reunimos en la Ciudad de México para seguir construyendo estrategias y avanzar al respecto.

Tras dos días de trabajo, las periodistas ratificaron el compromiso en la creación de un periodismo respetuoso de la dignidad humana de las mujeres, y exigieron “ni una violencia más contra las periodistas, presentación inmediata y con vida de las periodistas desaparecidas, y justicia para nuestras colegas asesinadas”.

En su pronunciamiento, exigen al Estado mexicano el cumplimiento de las leyes y acuerdos nacionales e internacionales dirigidos a garantizar, proteger y asegurar efectivamente una vida libre de discriminación y violencias contra las mujeres.

Reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que se incluya la violencia mediática, simbólica y cibernética; y demandaron las reformas legales necesarias para garantizarles empleos y salarios dignos.

Los contextos violentos en los cuales se desarrolla el periodismo y en específico las mujeres periodistas hacen urgente y necesario seguir evidenciando esta situación, que por supuesto atenta contra el periodismo comprometido con los Derechos Humanos de las mujeres.

Recorrieron y reconstruyeron su historia, la cual está enriquecida por los aportes realizados por cada una de ellas, quienes a lo largo y ancho del territorio nacional han abierto espacios para informar sin estereotipos conservadores, sobre los derechos y andamiajes que impiden la plena igualdad de las mujeres.

Son ellas, las periodistas, quienes están escribiendo la historia de los Derechos Humanos de las mujeres y son ellas también las que están escribiendo el diario del viaje de la Red que inició hace 20 años y que sigue pese a vientos y mareas en contra.

Twitter: @lagunes28
 *Periodista y feminista, directora general de CIMAC.

VI Encuentro de la Red Nacional de Periodistas | CIMACFoto: César Martínez López

España: brecha salarial entre los sexos llega a 24 por ciento



   Ellas deben laborar 79 días más para ganar lo mismo que varones
Según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, con datos de 2012, la diferencia de salarios entre mujeres y hombres es de 6 mil 144.72 euros anuales (más de 124 mil pesos mexicanos), produciéndose una brecha entre los sexos de 23.93 por ciento.

A pocos días de celebrarse el Día Europeo por la Igualdad Salarial, la desigualdad sigue imperando en el viejo continente. En España, las mujeres tienen que trabajar 79 días más que los hombres para recibir el mismo salario.

En 2015, en la conmemoración del 22 de febrero, la Unión General de Trabajadores (UGT) presentó el informe “Trabajar igual, cobrar igual”, en el que se analizan los datos aportados por el INE, Eurostat y la Encuesta de Población Activa en materia de igualdad salarial.

Atendiendo al marco europeo, el informe de UGT destaca que España es el cuarto país de la Unión Europea (UE) con mayor brecha salarial, sólo superado por Hungría, Alemania y Eslovaquia.

Mientras que las europeas ganan una media de 16.5 por ciento menos por hora que los hombres, en España la cifra es de 19.3 por ciento, nivel cercano al de 2002 registrado en 20.2 por ciento.

Tomando como referencia los datos de 2012 (últimas estadísticas disponibles), la remuneración anual bruta de las españolas fue 24 por ciento inferior a la de los hombres, tratándose de la más elevada de los últimos cinco años.

La ausencia de políticas de igualdad y la falta de un seguimiento legal contra este tipo de discriminación son las causas atribuidas por UGT para explicar tal disparidad.

En relación al tipo de jornada laboral, los trabajos a tiempo parcial son en 75.21 por ciento ocupados por mujeres, el triple que los hombres. Una de cada cuatro trabajadoras desempeña su jornada en esta modalidad, recibiendo salarios que no superan los 11 mil euros anuales brutos (poco más de 222 mil pesos mexicanos).

Con una brecha salarial de 33.7 por ciento, las diferencias de sueldo entre las y los trabajadores a tiempo parcial son alarmantes, siendo esta cifra la más alta de toda Europa.

UGT apunta que las diferencias más marcadas de salarios se producen en las ocupaciones menor calificadas, precisamente estos puestos son los más feminizados, como es el caso del sector servicios ocupado en 80 por ciento por mujeres.

No obstante, tener una alta formación no acorta distancias entre mujeres y hombres. Los puestos de mayor reconocimiento social y mayor retribución están copados por varones, y en el caso de acceder las mujeres a puestos de dirección o gerencia la brecha salarial persiste cobrando las mujeres 16.08 por ciento menos que los hombres en su mismo puesto.

La segregación laboral está presente en toda España. De las 17 Comunidades Autónomas, sólo cinco están por debajo de la media nacional de 23.9 por ciento.

Baleares (16.78 por ciento); Canarias (17.03); Extremadura (19.38); Madrid (21.55), y Castilla-La Mancha (23.16) son las que presentan un índice ligeramente inferior a la media.

Al contrario, las diferencias más acusadas ocurren en Aragón (29. 98 por ciento); Navarra (29.57); Cantabria (28.05), y Asturias (28.04).

EXCLUSIÓN FEMENINA

Pese a que los datos constatan que las españolas tienen que trabajar más para cobrar lo mismo que los varones, a menudo entre la población existe cierta incredulidad y falta de conciencia con respecto a la brecha salarial.

Pero la desigualdad, más allá de una discriminación directa percibida en términos económicos, es sufrida por las mujeres de un modo indirecto, siendo desprestigiadas de diversas formas, ya sea ocupando puestos de menor rango o relegando su función laboral a las necesidades familiares.

En el caso de las empresas, tal y como expresó a Amecopress Nieves García Huelmo, responsable del Área de la Mujer de la Federación Estatal de Servicios (FES) de UGT, “las empresas tienden a justificar de forma genérica la brecha salarial asociándola a la incorporación más tardía de la mujer al mundo laboral, lo que en muchos casos supone que conceptos como la antigüedad y otros rubros que antiguamente existían en los convenios no sean actualmente percibidos por las mujeres.

“Este argumento es común incluso en sectores tan feminizados como el de la limpieza, lo que evidencia su incoherencia. De hecho, el incremento progresivo de la desigualdad desmonta totalmente esta tesis”.

García Huelmo destacó que más allá del terreno laboral, para lograr soluciones efectivas en materia de igualdad tienen que producirse cambios en el ámbito privado, familiar y social, y en este sentido los estereotipos de género juegan un papel fundamental.

“Nuestra sociedad tiene asentados ciertos estereotipos machistas que ligan a la mujer con el cuidado de los hijos y el hogar. A pesar de que estos roles se van rompiendo a medida que se visibiliza a la mujer en todo tipo de puestos, aún no existe un pleno convencimiento de que las mujeres pueden acceder a todo tipo de empleos, y que a su vez el hombre tiene que aceptar la responsabilidad familiar en la misma medida que lo hace la mujer”, dijo la responsable de UGT.

En este sentido, la falta de corresponsabilidad en las tareas domésticas y en los cuidados y crianza agravan la exclusión de las mujeres generando, según la integrante de UGT, “una frecuente salida y entrada de las mujeres en el mundo laboral sin permitir a las trabajadoras una profesionalización plena”.

A su vez, García Huelmo resaltó que “las consecuencias de que no exista una conciliación equitativa tienden a no valorarse en el momento presente, pero tienen importantes consecuencias a largo plazo como la reducción de la cotización, o el propio descuelgue del mercado laboral por parte de las mujeres, fomentándose así la dependencia del varón y la desprotección, por ejemplo, en casos de que exista una separación”.

En cuanto a la labor del gobierno, la responsable de UGT señaló que “desde el Ejecutivo se podría hacer mucho más para acortar las desigualdades”.

Agregó que “la creación de un ministerio dedicado exclusivamente a la igualdad, hoy desaparecido, fue una gran iniciativa, pero por desgracia gran parte de los compromisos con los que nació se terminaron incumpliendo. De hecho, una de las trabas está en la propia Ley de Igualdad al ser demasiado genérica”.

ACABAR CON LA DESIGUALDAD

En las jornadas organizadas en Córdoba (sur de España) el pasado lunes 15 de febrero, por el Instituto Andaluz de la Mujer y la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo, Elizabeth García, secretaria de la Mujer de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) de Andalucía, defendió como meta exigir una corresponsabilidad a tres bandas –social, de la administración y de las empresas–, para acabar con la discriminación laboral que sufren las mujeres. Calificando estos tres ámbitos como un “triángulo indisociable”.

En el ámbito social, García demandó la necesidad de concientizar a la ciudadanía de la responsabilidad conjunta entre mujeres y hombres en torno a las responsabilidades familiares. Así como impulsar un modelo educativo bajo los parámetros de la igualdad que descarte roles y estereotipos sexistas muy asentados en nuestra sociedad.

La secretaria de la Mujer de CCOO de Andalucía consideró el papel de las administraciones “crucial” para frenar la distancia salarial entre los sexos, y por tanto exigió al gobierno la creación de políticas activas de empleo femenino, una mejora en la contratación a tiempo parcial, políticas que incentiven la corresponsabilidad en el cuidado de menores de edad y personas dependientes, y más inversión para el desarrollo de la Ley de Igualdad.

En referencia a las empresas, García señaló que el cumplimiento de los planes de igualdad pasa por una concientización en ellas. “Las empresas ven sólo su vertiente económica y no repercusión económica y productiva que representaría para las trabajadoras y para las propias empresas”, apuntó.

Entre esos beneficios se remarcó un incremento en el compromiso y en el rendimiento de las trabajadoras, el aumento de la reputación de la empresa, y una mayor satisfacción laboral, traducida en menos conflictos para la empresa.
 

Por: Laura Cadenas Sinovas
Cimacnoticias/Amecopress | Madrid, Esp.-