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ONU / El matrimonio infantil y las uniones tempranas continúan
vulnerando los derechos de niñas y adolescentes, pese a su prohibición
en México.-La
iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes tiene el fin de prohibir expresamente las uniones
infantiles.
Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de niñas y adolescentes, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de prohibir de manera expresa el matrimonio infantil,
las uniones de hecho y el concubinato entre personas menores de edad,
así como impedir que adolescentes trabajadores realicen jornadas
laborales extraordinarias.
La propuesta contempla modificaciones a los artículos 45 y 47 de dicha ley para reforzar el interés superior de la niñez frente a prácticas que continúan vulnerando sus derechos y que, advirtió la legisladora, pueden provocar consecuencias físicas, psicológicas y sociales permanentes.
Buscan cerrar vacíos legales que permiten las uniones infantiles
Estas uniones ocurren bajo figuras distintas al matrimonio formal, como el concubinato o las llamadas «uniones de hecho», lo que permite evadir la prohibición legal vigente y dificulta la protección efectiva de niñas y adolescentes.
Por ello, la iniciativa plantea que la legislación prohíba expresamente no solo el matrimonio infantil, sino también cualquier institución equivalente o similar, independientemente de usos, costumbres o prácticas culturales.
La
senadora Corona Nakamura señaló que las reformas buscan consolidar los
avances alcanzados en la erradicación del matrimonio infantil,
incorporando herramientas legales que permitan a las autoridades
prevenir estas prácticas y sancionar las violaciones a los derechos de niñas y adolescentes.
La senadora sostuvo que el propósito es fortalecer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
para garantizar el interés superior de la niñez y brindar mayores
condiciones de protección a quienes enfrentan situaciones de
vulnerabilidad desde edades tempranas.
Las «uniones de hecho» mantienen vigente el matrimonio infantil en México
Aunque el matrimonio infantil está prohibido en México,
organizaciones de derechos humanos han advertido que miles de niñas y
adolescentes continúan siendo obligadas a unirse con hombres adultos
mediante figuras como el concubinato o las llamadas «uniones de hecho», prácticas que permiten eludir la legislación vigente y perpetúan distintas formas de violencia.
De acuerdo con la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC), estas uniones suelen estar vinculadas con violencia sexual, embarazos forzados, abandono escolar, pobreza y explotación, además de reproducir patrones de desigualdad de género.
La organización sostiene que, pese a los compromisos internacionales
asumidos por México, el país mantiene una deuda pendiente en la
erradicación de estas prácticas.
Incluso, un informe presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señala que alrededor de un millón 420 mil niñas y adolescentes en México viven casadas o unidas antes de cumplir los 18 años, mientras que en regiones como la Montaña de Guerrero, Chiapas y Oaxaca persisten matrimonios y uniones forzadas justificadas bajo «usos y costumbres», donde las menores son privadas de su derecho a la educación, la salud y una vida libre de violencia.
El trabajo adolescente también pone en riesgo el derecho a la educación y al descanso
Dentro de la iniciativa de la senadora, Corona Nakamura señaló que también busca consolidar los avances alcanzados en la erradicación del trabajo que
afecta principalmente a adolescentes. Aunque en México la edad mínima
legal para trabajar es de 15 años, muchas chicas y chicos adolescentes
continúan realizando jornadas extraordinarias, pese a que aún son menores de edad.
La
legisladora recordó que la Ley Federal del Trabajo ya prohíbe las horas
extraordinarias para personas menores de 18 años; sin embargo,
consideró necesario incorporar esta protección de forma explícita en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y sanción por parte de las autoridades.
ADÍS ABEBA – África alberga aproximadamente 160 millones
de adolescentes femeninas de entre 10 y 19 años, según datos de 2022 de
la División de Población de las Naciones Unidas. Ellas encarnan la
energía, la creatividad y el potencial del continente.
Es innegable
que «el África que queremos», tal y como se prevé en la Agenda 2063 de la Unión
Africana (UA), no se hará realidad sin la plena participación de este grupo,
que representa un componente clave de la mano de obra actual y futura del
continente.
Sin embargo,
uno de los obstáculos más persistentes para hacer realidad esta visión es la
prevalencia del matrimonio infantil y su devastador impacto en la vida y el
bienestar de las niñas africanas, así como su repercusión negativa en el
potencial económico del continente.
El
matrimonio infantil es una de las limitaciones estructurales más subestimadas
de la capacidad de África para aprovechar su dividendo demográfico.
Sin
embargo, millones de personas se están quedando atrás
Las
estadísticas pintan un panorama preocupante.
Según el
Banco Mundial, cuatro de cada 10 niñas de entre 15 y 19 años en África
(excluyendo el norte de África) no van a la escuela ni trabajan, o están
casadas o tienen hijos, en comparación con poco más de uno de cada 10 niños.
En
promedio, casi un tercio (32 %) de las mujeres jóvenes (de 15 a 24 años) no
estudian, no trabajan ni reciben formación, en comparación con 23 % de los
niños de ese rango de edad.
En
África, 130 millones de niñas y mujeres se casaron antes de cumplir los 18
años, la incidencia más alta a nivel mundial, según datos del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de 2025. La prevalencia del
matrimonio infantil varía en todo el continente. Las regiones de África Central
y Occidental soportan una parte desproporcionada de la carga mundial.
Pero
incluso en el norte de África, con la tasa más baja, aunque significativa, de
matrimonios infantiles, se observa que esta práctica nociva persiste en todo el
continente. Además, nueve de cada 10 países con la mayor incidencia de
matrimonios infantiles se encuentran en África..
Los datos
reflejan la información más reciente disponible para el período 2016-2023.
Y los
costos económicos de esta realidad son astronómicos
El
matrimonio infantil se describe con frecuencia como una violación de los
derechos humanos o un problema social y de salud. Y lo es. De hecho, las
complicaciones del embarazo y el parto siguen siendo una de las principales
causas de muerte entre las adolescentes.
Sin
embargo, estos aspectos trágicos y más visibles son solo una parte de la
historia. De forma menos visible, pero más frecuente, los matrimonios
infantiles se asocian con embarazos precoces y excluyen efectivamente a las
niñas de la educación y la participación económica formal en la etapa en que
las inversiones en habilidades y aprendizaje producen los mayores rendimientos.
Además de
limitar el futuro de las personas, esta práctica tiene importantes
repercusiones económicas para los países y regiones africanos.
Para los
países africanos, al igual que para algunos otros países en desarrollo, el
matrimonio infantil es una importante distorsión económica que no se ha
abordado. Distorsiona la acumulación de capital humano y la asignación de mano
de obra, con consecuencias para la productividad y el crecimiento de toda la
economía.
Más concretamente:
– El
matrimonio infantil trunca la educación, limita la adquisición de competencias
e impide la participación de las mujeres en los mercados laborales formales
– Las
niñas que se casan a una edad temprana tienen muchas más probabilidades de
dedicarse a trabajos de cuidados no remunerados o a actividades informales de
baja productividad, con perspectivas limitadas de movilidad social ascendente
(Figura 6).
– El
matrimonio infantil limita la plena integración de las niñas en la sociedad al
privarlas de sus derechos, su identidad y su capacidad de acción. Crea
dependencia y frena el potencial de liderazgo.
Las
implicaciones para los mercados laborales de África son especialmente graves.
La transformación estructural productiva requiere una mano de obra que pueda
pasar de actividades de baja productividad a sectores de mayor valor añadido,
como la industria manufacturera, los servicios modernos y la economía digital.
Cuando se
interrumpe la educación y la adquisición de habilidades de las niñas, se reduce
la oferta de trabajadores cualificados para estos sectores.
A su vez,
se reducen los incentivos de los empresarios para crear y hacer crecer empresas
productivas. A nivel macro, se reduce el crecimiento de la productividad, la
creación de empleo en el sector formal y la diversificación hacia actividades
de alto valor añadido.
Los
costos económicos de los matrimonios infantiles persisten a lo largo de
generaciones. Esta práctica está estrechamente relacionada con la fertilidad
precoz y elevada, el aumento de la morbilidad y mortalidad materna y los peores
resultados en materia de salud y educación de los niños.
Si no se
abordan, estos resultados sociales conducen a un menor capital humano (logros
educativos y salud) de la siguiente generación, lo que reduce la productividad
laboral y la innovación.
Con el
tiempo, se convierten en una barrera persistente para lograr la sostenibilidad
fiscal, la integración regional y el crecimiento inclusivo.
Esta
dinámica dificulta las posibilidades de África de aprovechar el dividendo
demográfico.
Si bien
el crecimiento de la población en edad de trabajar del continente se considera
una fuente potencial de crecimiento acelerado si va acompañado de inversiones
adecuadas en salud, educación y creación de empleo, los matrimonios infantiles
van acompañados de una reducción del empleo femenino en el sector formal.
En
consecuencia, las ganancias de productividad caen por debajo de su potencial y
la oportunidad demográfica corre el riesgo de convertirse en una carga
demográfica.
A pesar
de las implicaciones macroeconómicas negativas, el matrimonio infantil no se
incluye en los marcos económicos generales ni en los debates que informan la
planificación y las políticas macroeconómicas en África.
Por lo
general, se aborda mediante intervenciones sociales o legales, mientras que las
estrategias macroeconómicas, las políticas industriales y los marcos fiscales
proceden como si estos aspectos de las limitaciones del capital humano fueran
exógenos.
Esta
desconexión da lugar a una inversión insuficiente sistemática en una de las
limitaciones más restrictivas de la capacidad productiva de África.
Los
responsables políticos y la población en general deben replantearse el
matrimonio infantil
Desde una
perspectiva económica, los argumentos a favor de invertir en las niñas son
convincentes. Los análisis muestran sistemáticamente que las inversiones en la
educación y la salud de las niñas producen altos rendimientos, aumentan los
ingresos a lo largo de la vida y potencian la productividad.
En un
«escenario de plena igualdad de género», que incluya la eliminación de las
brechas de género en la educación, el empleo y la toma de decisiones, se podría
añadir un billón (millón de millones) de dólares al producto interno bruto
(PIB) de África para 2043.
Las
estimaciones también sugieren que cada dólar invertido en la salud, la
educación y el empoderamiento de las adolescentes puede generar múltiples
beneficios económicos a lo largo del tiempo.
Para
traducir las pruebas en políticas eficaces será necesario un cambio de enfoque,
en el que se considere que poner fin al matrimonio infantil es un componente
fundamental de la estrategia económica de África.
Por lo
tanto, los indicadores sobre la educación, el empleo y las cargas de cuidados
no remunerados de las adolescentes deben convertirse en parte integrante de los
marcos macroeconómicos, las proyecciones del mercado laboral y las evaluaciones
de la capacidad productiva.
En este
contexto, abordar la cuestión del matrimonio infantil en África es una
necesidad económica, dado que la transformación exitosa de África requiere liberar
todo el potencial productivo de su población. Esto, a su vez, exige una
inversión sostenida en las niñas como agentes económicos y no solo como
beneficiarias de programas sociales.
África
debe financiar a las niñas africanas, y medidas como el fortalecimiento de la
movilización de recursos nacionales, la presupuestación con perspectiva de
género y los bonos de género podrían contribuir en gran medida a este respecto.
Además,
los responsables políticos deberían considerar el gasto público destinado a
reducir los matrimonios infantiles y apoyar la educación continua de las niñas
como un gasto de capital en lugar de un mero gasto social. Esto ayudaría a
alinear los marcos fiscales con los objetivos de crecimiento a largo plazo.
Poner fin
a la práctica del matrimonio infantil no garantizará por sí solo que África
alcance sus objetivos de desarrollo. Sin embargo, a menos que se aborde, esta
barrera estructural seguirá obstaculizando la productividad, la competitividad
y la consecución de la Agenda 2063.
Reconocer
que poner fin al matrimonio infantil es una necesidad tanto económica como
social sería un importante paso adelante. También situaría el empoderamiento de
las niñas donde debe estar: en el centro de la estrategia de desarrollo de
África y de su búsqueda de un crecimiento inclusivo y sostenible.
Zuzana Schwidrowski es directora
de la División de Género, Pobreza y Política Social de la Comisión Económica
para África (Cepa), quien elaboró este artículo con el apoyo Omolola Mary Lipede, becaria de la
misma institución regional.
Sally
Ncube, de Igualdad Ya, participa en el Comité Permanente del Foro
Parlamentario de la Comunidad de Desarrollo de África Austra. Imagen:
Equality Now.-Cecilia Russell
JOHANNESBURGO – Cerrar el capítulo del matrimonio infantil sigue
siendo una meta lejana en la región de la Comunidad de Desarrollo de
África Austral (Sadc, en inglés), y a pesar de los grandes avances en la
elaboración y aprobación de leyes para erradicarlo, los factores
existentes y emergentes que lo impulsan siguen vigentes, lo que mantiene
a la niñez vulnerables a esta práctica.
Estos fueron los mensajes clave de la organización Igualdad Ya
(Equality Now) durante la sesión del Comité Permanente del Foro
Parlamentario de la Sadc (Sadc-PF), celebrada en la ciudad sudafricana
de Kempton Park del 24 de octubre al 1 de noviembre, con el tema
“Reforzar el papel de los parlamentarios en la promoción de la firma,
ratificación, adhesión, incorporación e implementación de los protocolos
de la Sadc”.
Igualdad Ya, en colaboración con el Sadc-PF, presentó dos documentos de política en ese encuentro.
Uno es de medidas de protección para los niños ya casados en África
oriental y meridional, y abordar los nuevos factores que impulsan los
matrimonios infantiles en esas regiones, para que los parlamentarios los
analizaran durante una sesión destinada a sensibilizarlos y aumentar su
conocimiento sobre la legislación y las tendencias del matrimonio
infantil.
Los países de la Sadc adoptaron en 2016 la Ley Modelo para Erradicar
el Matrimonio Infantil y Proteger a los Niños en el Matrimonio; sin
embargo, su incorporación a las legislaciones nacionales es desigual.
Los niños ya casados necesitan protección y los factores emergentes
que impulsan el matrimonio infantil deben incluirse en los marcos
legales y las políticas públicas.
Divya Srinivasan, de Igualdad Ya, explicó el contexto de la
incorporación de la ley modelo de la SADC sobre el matrimonio infantil,
señalando que siete de los 16 países, alrededor de 45 %, establecen la
edad mínima de matrimonio en 18 años sin excepciones.
Cinco de los 16 países de la Sadc fijan la edad en 18 años con
algunas excepciones; por ejemplo, Botsuana excluye específicamente los
matrimonios consuetudinarios y religiosos de esta protección.
“Cuatro países, o alrededor de 25%, entre ellos Esuatini, Lesoto,
Sudáfrica y Tanzania, establecen una edad mínima de entre 15 y 18 años.
En estos países, la edad mínima de matrimonio difiere entre varones y
mujeres, siendo siempre más alta para los varones. Además de estas
diferencias, los cuatro países permiten el consentimiento tradicional o
parental para reducir la edad mínima de matrimonio”, explicó Srinivasan.
Bevis Kapaso, de Plan International, afirmó que desde 2016 el
matrimonio infantil ha disminuido cinco puntos porcentuales, pasando de
40% de todos los matrimonios a 35 % en 2025.
Eso convierte en poco probable que la región alcance la meta 5.3 del 5
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que busca “eliminar
todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, el matrimonio
temprano y forzado, y la mutilación genital femenina” para 2030.
Lo más preocupante es que la disminución se dio principalmente en
zonas urbanas, mientras que en las áreas rurales la práctica sigue
profundamente arraigada.
Esto significa que los niños ya casados deben recibir protección, y
los parlamentarios deben reconocer los factores que frenan los avances
hacia la erradicación de esta práctica.
Los legisladores deben esforzarse por garantizar que los niños
casados tengan el derecho de anular sus matrimonios, conservar sus
derechos, acceder a los bienes adquiridos durante el matrimonio y no
perder su ciudadanía, señaló Nkatha Murungi, consultora de Igualdad Ya.
“Los niños en estas circunstancias suelen quedar apátridas”, dijo.
Si bien el matrimonio infantil es “un síntoma y un factor que impulsa
la desigualdad arraigada, la pobreza y la violación de derechos”,
acotó, los parlamentarios tienen un papel clave en garantizar medidas
inmediatas y específicas para proteger y empoderar a los niños ya
casados, lo que incluye el derecho a la custodia de sus hijos y el
acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Murungi sugirió que los legisladores también deben prestar atención a
factores emergentes, como el cambio climático. Explicó que después de
las inundaciones de 2019 en Malaui, que afectaron a más de 868 900
personas y desplazaron a 86 980, los matrimonios infantiles registraron
un aumento.
Según Igualdad Ya, los parlamentarios deberían integrar la prevención
del matrimonio infantil en las estrategias nacionales de adaptación al
cambio climático y gestión del riesgo de desastres.
También propuso un enfoque de empoderamiento económico con
perspectiva de género mediante “el apoyo a oportunidades y programas
económicos resilientes al clima para mujeres y niñas en las comunidades
afectadas”.
Otros factores emergentes y persistentes preocupantes incluyen los
conflictos y la inseguridad, así como el aumento de la migración y el
desplazamiento, que a menudo dejan a los niños sin supervisión
protectora, mientras que la pobreza y la desigualdad persistentes los
empujan al matrimonio.
El documento de política también alertó sobre el rápido crecimiento
de la tecnología, que, “si bien permite la defensa y la sensibilización,
también facilita la desinformación que normaliza prácticas
perjudiciales, incluido el matrimonio infantil”.
Sylvia Elizabeth Lucas, parlamentaria sudafricana y vicepresidenta
del Foro Parlamentario de la Sadc, declaró al margen de la reunión que
proteger a los niños no es negociable; destacó que una legislación
práctica y su aplicación, guiadas por el “espíritu de ubuntu” (compasión
y humanidad), pueden proteger eficazmente a las niñas.
Por su parte, Murungi explicó que era importante analizar por qué los
enfoques tradicionales no habían logrado poner fin al matrimonio
infantil.
La pobreza siempre se ha considerado un factor determinante, pero los
esfuerzos convencionales no han beneficiado a quienes viven en la
pobreza. La educación es clave para el empoderamiento, no solo para
mantener a los niños en la escuela y fuera del matrimonio, sino también
para ofrecerles opciones para su futuro.
El foro recordó que era imperativo actualizar la Ley Modelo de la
Sadc en sus países para incorporar estos nuevos factores emergentes.
“También es necesario que el Parlamento y el Poder Ejecutivo a nivel
nacional trabajen juntos para promover políticas y leyes contra el
matrimonio infantil y garantizar que las respuestas políticas
específicas cubran todas las brechas existentes”, concluyó el documento
de política sobre factores emergentes.
Sally
Ncube, de Igualdad Ya, participa en el Comité Permanente del Foro
Parlamentario de la Comunidad de Desarrollo de África Austra. Imagen:
Equality Now.- Cecilia Russell
JOHANNESBURGO – Cerrar el capítulo del matrimonio infantil sigue
siendo una meta lejana en la región de la Comunidad de Desarrollo de
África Austral (Sadc, en inglés), y a pesar de los grandes avances en la
elaboración y aprobación de leyes para erradicarlo, los factores
existentes y emergentes que lo impulsan siguen vigentes, lo que mantiene
a la niñez vulnerables a esta práctica.
Estos fueron los mensajes clave de la organización Igualdad Ya
(Equality Now) durante la sesión del Comité Permanente del Foro
Parlamentario de la Sadc (Sadc-PF), celebrada en la ciudad sudafricana
de Kempton Park del 24 de octubre al 1 de noviembre, con el tema
“Reforzar el papel de los parlamentarios en la promoción de la firma,
ratificación, adhesión, incorporación e implementación de los protocolos
de la Sadc”.
Igualdad Ya, en colaboración con el Sadc-PF, presentó dos documentos de política en ese encuentro.
Uno es de medidas de protección para los niños ya casados en África
oriental y meridional, y abordar los nuevos factores que impulsan los
matrimonios infantiles en esas regiones, para que los parlamentarios los
analizaran durante una sesión destinada a sensibilizarlos y aumentar su
conocimiento sobre la legislación y las tendencias del matrimonio
infantil.
Los países de la Sadc adoptaron en 2016 la Ley Modelo para Erradicar
el Matrimonio Infantil y Proteger a los Niños en el Matrimonio; sin
embargo, su incorporación a las legislaciones nacionales es desigual.
Los niños ya casados necesitan protección y los factores emergentes
que impulsan el matrimonio infantil deben incluirse en los marcos
legales y las políticas públicas.
Divya Srinivasan, de Igualdad Ya, explicó el contexto de la
incorporación de la ley modelo de la SADC sobre el matrimonio infantil,
señalando que siete de los 16 países, alrededor de 45 %, establecen la
edad mínima de matrimonio en 18 años sin excepciones.
Cinco de los 16 países de la Sadc fijan la edad en 18 años con
algunas excepciones; por ejemplo, Botsuana excluye específicamente los
matrimonios consuetudinarios y religiosos de esta protección.
“Cuatro países, o alrededor de 25%, entre ellos Esuatini, Lesoto,
Sudáfrica y Tanzania, establecen una edad mínima de entre 15 y 18 años.
En estos países, la edad mínima de matrimonio difiere entre varones y
mujeres, siendo siempre más alta para los varones. Además de estas
diferencias, los cuatro países permiten el consentimiento tradicional o
parental para reducir la edad mínima de matrimonio”, explicó Srinivasan.
Bevis Kapaso, de Plan International, afirmó que desde 2016 el
matrimonio infantil ha disminuido cinco puntos porcentuales, pasando de
40% de todos los matrimonios a 35 % en 2025.
Eso convierte en poco probable que la región alcance la meta 5.3 del 5
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que busca “eliminar
todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, el matrimonio
temprano y forzado, y la mutilación genital femenina” para 2030.
Lo más preocupante es que la disminución se dio principalmente en
zonas urbanas, mientras que en las áreas rurales la práctica sigue
profundamente arraigada.
Esto significa que los niños ya casados deben recibir protección, y
los parlamentarios deben reconocer los factores que frenan los avances
hacia la erradicación de esta práctica.
Los legisladores deben esforzarse por garantizar que los niños
casados tengan el derecho de anular sus matrimonios, conservar sus
derechos, acceder a los bienes adquiridos durante el matrimonio y no
perder su ciudadanía, señaló Nkatha Murungi, consultora de Igualdad Ya.
“Los niños en estas circunstancias suelen quedar apátridas”, dijo.
Si bien el matrimonio infantil es “un síntoma y un factor que impulsa
la desigualdad arraigada, la pobreza y la violación de derechos”,
acotó, los parlamentarios tienen un papel clave en garantizar medidas
inmediatas y específicas para proteger y empoderar a los niños ya
casados, lo que incluye el derecho a la custodia de sus hijos y el
acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Murungi sugirió que los legisladores también deben prestar atención a
factores emergentes, como el cambio climático. Explicó que después de
las inundaciones de 2019 en Malaui, que afectaron a más de 868 900
personas y desplazaron a 86 980, los matrimonios infantiles registraron
un aumento.
Según Igualdad Ya, los parlamentarios deberían integrar la prevención
del matrimonio infantil en las estrategias nacionales de adaptación al
cambio climático y gestión del riesgo de desastres.
También propuso un enfoque de empoderamiento económico con
perspectiva de género mediante “el apoyo a oportunidades y programas
económicos resilientes al clima para mujeres y niñas en las comunidades
afectadas”.
Otros factores emergentes y persistentes preocupantes incluyen los
conflictos y la inseguridad, así como el aumento de la migración y el
desplazamiento, que a menudo dejan a los niños sin supervisión
protectora, mientras que la pobreza y la desigualdad persistentes los
empujan al matrimonio.
El documento de política también alertó sobre el rápido crecimiento
de la tecnología, que, “si bien permite la defensa y la sensibilización,
también facilita la desinformación que normaliza prácticas
perjudiciales, incluido el matrimonio infantil”.
Sylvia Elizabeth Lucas, parlamentaria sudafricana y vicepresidenta
del Foro Parlamentario de la Sadc, declaró al margen de la reunión que
proteger a los niños no es negociable; destacó que una legislación
práctica y su aplicación, guiadas por el “espíritu de ubuntu” (compasión
y humanidad), pueden proteger eficazmente a las niñas.
Por su parte, Murungi explicó que era importante analizar por qué los
enfoques tradicionales no habían logrado poner fin al matrimonio
infantil.
La pobreza siempre se ha considerado un factor determinante, pero los
esfuerzos convencionales no han beneficiado a quienes viven en la
pobreza. La educación es clave para el empoderamiento, no solo para
mantener a los niños en la escuela y fuera del matrimonio, sino también
para ofrecerles opciones para su futuro.
El foro recordó que era imperativo actualizar la Ley Modelo de la
Sadc en sus países para incorporar estos nuevos factores emergentes.
“También es necesario que el Parlamento y el Poder Ejecutivo a nivel
nacional trabajen juntos para promover políticas y leyes contra el
matrimonio infantil y garantizar que las respuestas políticas
específicas cubran todas las brechas existentes”, concluyó el documento
de política sobre factores emergentes.
Bhuwan
Ribhu, fundador de la organización india Just Rights for Childrenn,
durante el lanzamiento de una campaña mundial contra el matrimonio
infantil, en una actividad paralela a la 80 Asamblea General de las
Naciones Unidas. Imagen: Just Rights for Children
NACIONES UNIDAS – Un encuentro paralelo a la fase de alto nivel
de la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas, instó a los líderes
mundiales a acabar con el matrimonio infantil, pidiendo a todos ellos
que realicen esfuerzos concertados para garantizar la responsabilidad y
hacer cumplir las leyes que lo prohíben.
Just Rights for Children (derechos justos para los niños) impulsa la
erradicación de los abusos relacionados con los niños y las niñas,
incluidos la trata infantil, el abuso en línea y el matrimonio infantil.
Esta organización fundada en la India por el abogado y activista Bhuwan
Ribhu, ha trabajado para prevenir casi 400 000 matrimonios infantiles
en la India en los últimos tres años y ha rescatado a más de 75 000
niños y niñas de la trata.
Tras el éxito de las campañas en curso en la India y Nepal, Just
Rights for Children lanzó su campaña mundial para lograr un «mundo sin
matrimonios infantiles para 2030», en un acto paralelo a la Asamblea
General, celebrado el 25 de septiembre, durante la semana en que cerca
de 150 gobernantes del mundo se congregaron en Nueva York debatir sobre
la critica situación mundial.
La nueva campaña tiene como objetivo crear la mayor red mundial de la sociedad civil para poner fin al matrimonio infantil.
«El matrimonio infantil, el abuso y la violencia no son solo
injusticias: son delitos», afirmó Bhuwan Ribhu, fundador de Just Rights
for Children. «El fin del matrimonio infantil no solo es posible, sino
inminente. Si nos unimos como comunidad global, podemos ayudar a
garantizar que el matrimonio infantil y el abuso sean perseguidos y
prevenidos, no solo por los sistemas legales, sino por la sociedad en su
conjunto», añadió.
Sobre la importancia de celebrar el lanzamiento durante la Asamblea
General de las Naciones Unidas, Ribhu dijo a IPS: «Aquí es donde se
reúnen todos los líderes mundiales y debaten los problemas que azotan al
mundo hoy en día. Es muy importante que los líderes mundiales presten
atención y tomen nota. Que existe un delito generalizado, el delito de
violación infantil en nombre del matrimonio».
«Creemos que los líderes mundiales deben unirse y colaborar para
apoyar la aplicación de las leyes en sus países. Deben unirse para
apoyar a los niños y jóvenes que están alzando la voz y exigiendo el fin
de la violación infantil y el matrimonio infantil mediante
compromisos», añadió.
Casi una de cada cinco mujeres jóvenes de entre 20 y 49 años se ha casado antes de cumplir los 18 años.
Los datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)
muestran que, en 2023, el sur de Asia y el África subsahariana
representaban 45 % y 20 %, respectivamente, del número de niñas casadas
antes de los 18 años.
En la India, la prevalencia del matrimonio infantil era de 24 % en
2021. Desde entonces, esta tasa ha descendido a menos del 10 % gracias a
los esfuerzos conjuntos de aplicación de la ley a través de los
tribunales y el Gobierno, y a la labor de promoción de los grupos de la
sociedad civil.
El matrimonio infantil también se asocia con otras consecuencias
negativas, como el aumento del riesgo de violencia doméstica, embarazos
precoces y mortalidad materna. La falta de acceso a la educación también
supone un riesgo, ya que las niñas se ven obligadas a abandonar los
estudios una vez que contraen matrimonio. Por lo tanto, es necesario no
solo ayudar a estas niñas a volver a la escuela, sino también educarlas
sobre sus derechos y las leyes destinadas a protegerlas.
Ribhu y Just Rights for Children hacen hincapié en el estado de
derecho como el camino para poner fin al matrimonio infantil. Otros
expertos en derecho y derechos humanos coinciden en que se requieren al
menos tres medidas clave: la prevención del delito, la protección de las
víctimas y el enjuiciamiento de los autores para disuadir futuros
delitos. Las reparaciones a las víctimas también son fundamentales para
la justicia y la recuperación del trauma.
Ribhu explicó a IPS que se centran en los adultos que ayudan y
colaboran en los matrimonios infantiles. Además del «novio» y los
miembros de la familia, también creen que otros miembros de la comunidad
deben rendir cuentas. Esto incluye a los líderes y consejos
comunitarios, los sacerdotes que ofician la unión e incluso los
proveedores de bodas que, a sabiendas, prestan sus servicios en bodas en
las que la novia es menor de edad.
«Al fin y al cabo, tenemos que ver que la aplicación de la ley crea
esa cultura de rendición de cuentas, esa cultura de responsabilidad, esa
cultura de respeto, esa cultura de conciencia, en la que la gente cree
que no puede salirse con la suya, y así se derrumba toda la impunidad.
El matrimonio infantil es uno de esos delitos que se cometen a la vista
de todos porque nadie lo detiene», afirmó.
«Hoy les pido que utilicen su influencia para garantizar que la ley
funcione, no solo como institución, como ideal, sino como instrumento
vivo y concreto para la protección de los niños», dijo Kerry Kennedy,
presidenta de RFK Human Rights. «La impunidad es el oxígeno que alimenta
estos delitos. El enjuiciamiento es el antídoto», añadió.
Aunque el matrimonio infantil se considera moralmente inaceptable y
es ilegal según las leyes regionales, nacionales e internacionales,
sigue persistiendo debido a las deficiencias de los sistemas jurídicos.
Hay otras lagunas en el sistema que se aprovechan.
Najat Maalla M’jid, representante especial del secretario general de
las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, explicó que
algunas leyes establecen la edad de consentimiento por debajo de los 18
años, o lo permiten con el consentimiento de los padres, o esos
matrimonios no se registran legalmente, lo que dificulta su seguimiento.
Como Kennedy dijo posteriormente a IPS, «no hay antecedentes de
rendición de cuentas». Cuando las fuerzas del orden cumplen su función
de exigir responsabilidades a todas las partes, esto también debe
incluir a los departamentos de policía que no investigan los casos y,
por lo tanto, «nadie quiere ir a la cárcel. Todo el mundo le tiene
miedo. Esto es lo que funciona».
Ribhu señaló que la prevención de la delincuencia solo puede
producirse cuando se respeta el estado de derecho. Se supone que es esta
certeza del castigo lo que disuade a los malos actores y, a
continuación, conduce a una mayor concienciación sobre los males del
matrimonio infantil y previene futuros casos. La disuasión debe ir
acompañada de la concienciación.
Todos los ponentes del evento hicieron hincapié en que para abordar
el matrimonio infantil y proteger a las niñas vulnerables por ello era
necesaria la cooperación de múltiples grupos, desde expertos jurídicos
hasta líderes gubernamentales, pasando por supervivientes y miembros del
sector privado, como filántropos.
Otros países han tomado recientemente medidas para aprobar leyes que
prohíben el matrimonio infantil. El gobierno de Kenia aprobó la Ley de
la Infancia de Kenia de 2022, que tipifica como delito los abusos contra
los niños, incluido el matrimonio infantil.
«El matrimonio infantil es una grave violación de los derechos
humanos de las niñas que amenaza el futuro de millones de niñas en todo
el mundo. Nuestra población joven en Kenia pone de relieve la necesidad
de inversiones sostenidas a nivel nacional y regional, especialmente en
programas dirigidos a los niños, los jóvenes y las mujeres», afirmó
Carren Ageng’o, secretaria principal de Servicios Infantiles del
Ministerio de Género, Cultura y Servicios Infantiles de Kenia.
En un país donde casi 51 % de la población tiene entre 0 y 17 años,
las protecciones legales y sociales para la población joven son
fundamentales para su desarrollo.
El año pasado, Sierra Leona aprobó la Ley de Prohibición del
Matrimonio Infantil 2024 gracias a los esfuerzos liderados por la
primera dama del país, Fatima Maada Bio.
Maada afirmó que esta ley «supone un paso audaz e histórico» para el país, pero dejó claro que «la ley es solo el principio».
«El cambio real se produce en las familias, en las escuelas, en las
aldeas y en los lugares de culto. El cambio real se produce cuando las
comunidades se levantan y dicen: «nuestras hijas no, nunca más», añadió.
«No sueño con una Sierra Leona libre de matrimonios infantiles; sueño
con un mundo libre de matrimonios infantiles. Ese sueño está a nuestro
alcance si actuamos ahora», remarcó».
Al comentar las reuniones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas celebradas en la sede de la ONU, Maada añadió: «Si los gobiernos
tienen valor, si los socios internacionales nos apoyan, si las
comunidades se implican, si los líderes [detrás de esas puertas
cerradas] en esta ciudad de Nueva York hoy… deciden que ahora es el
momento de proteger a los niños».
Adolescentes
corren y juegan en un descampado en México. La Organización Mundial de
la Salud expone que el matrimonio infantil, que lleva a embarazarse a
las menores de 19 años, las expone a riesgos sobre su salud y a menudo
corta las oportunidades de educación y laborales, lo cual conduce a la
pobreza. Imagen: Mauricio Ramos / Unicef
GINEBRA – Los embarazos en la adolescencia siguen siendo la
principal causa de muerte entre las niñas de 15 a 19 años, algo que los
países podrían ayudar a evitar permitiéndoles permanecer en la escuela y
poniendo fin al matrimonio infantil, afirmó en un reporte este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Cada año, más de 21 millones de adolescentes en países de renta baja y
media se quedan embarazadas. Aproximadamente la mitad de esos embarazos
no son deseados. Y nueve de cada 10 alumbramientos de adolescentes se
producen entre chicas que se casaron antes de cumplir los 18 años.
La médica Pascale Allotey, directora de Salud Sexual y Reproductiva e
Investigaciones Conexas de la OMS, destacó que “los embarazos a
temprana edad pueden tener graves consecuencias físicas y psicológicas
para las niñas y las jóvenes”.
“Suelen reflejar desigualdades fundamentales que afectan a su capacidad para moldear sus relaciones y sus vidas”, agregó.
Entre los graves riesgos para la salud que conlleva el embarazo
adolescente están los mayores índices de infecciones, complicaciones y
partos prematuros. Pero también interrumpe la educación y limita las
oportunidades de trabajo en el futuro, por lo que muchas madres jóvenes
acaban atrapadas en la pobreza.
Para ayudar a prevenir el embarazo adolescente, la OMS pide a los
gobiernos que ofrezcan mejores alternativas al matrimonio infantil. Por
ejemplo, mejorando el acceso a la educación, los servicios financieros y
el empleo.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), si todas las niñas terminaran la enseñanza secundaria, el matrimonio infantil podría reducirse hasta en dos tercios.
“Abordar este problema implica crear las condiciones para que las
niñas y mujeres jóvenes puedan prosperar, garantizando que puedan
permanecer en la escuela, estar protegidas de la violencia y la
coerción, acceder a servicios de salud sexual y reproductiva y tener
opciones reales sobre su futuro”, insistió Allotey.
Por otra parte, el reporte registra que se han producido avances a
escala mundial. En 2021, una de cada 25 niñas dio a luz antes de los 20
años. Veinte años antes, la tasa era de una de cada 15.
Sin embargo, sigue habiendo grandes diferencias. En algunos países,
casi una de cada 10 niñas de entre 15 y 19 años sigue dando a luz cada
año.
“El matrimonio infantil priva a las niñas de su infancia y tiene
graves consecuencias para su salud”, afirmó la experta en Salud Pública
Sheri Bastien, del área de Salud Sexual y Reproductiva de los
Adolescentes en la OMS.
Subrayó el poder de la educación para transformar el futuro de las
niñas, y dijo que “tanto los niños como las niñas deben comprender el
concepto de consentimiento y desafiar las grandes desigualdades de
género que siguen impulsando las altas tasas de matrimonio infantil y
embarazo precoz en muchas partes del mundo”.
La OMS actualizó las guías sobre la materia publicadas en 2011,
promoviendo una educación sexual integral que, según ese organismo
sanitario de las Naciones Unidas, es esencial para que las y los jóvenes
sepan cómo utilizar los distintos tipos de anticonceptivos y dónde
buscar asesoramiento.
“Se ha demostrado que reduce los embarazos precoces, retrasa el
inicio de la actividad sexual y mejora los conocimientos de los
adolescentes sobre su cuerpo y su salud reproductiva”, sostiene la OMS.
La directriz recomienda, para las niñas en mayor riesgo, considerar
incentivos para apoyar la finalización de la educación secundaria, como
estipendios financieros específicos o programas de becas.
Además, pide leyes que prohíban el matrimonio antes de los 18 años,
de conformidad con las normas de derechos humanos, y la participación
comunitaria para prevenir esa práctica.
Adolescentes
corren y juegan en un descampado en México. La Organización Mundial de
la Salud expone que el matrimonio infantil, que lleva a embarazarse a
las menores de 19 años, las expone a riesgos sobre su salud y a menudo
corta las oportunidades de educación y laborales, lo cual conduce a la
pobreza. Imagen: Mauricio Ramos / Unicef
GINEBRA – Los embarazos en la adolescencia siguen siendo la
principal causa de muerte entre las niñas de 15 a 19 años, algo que los
países podrían ayudar a evitar permitiéndoles permanecer en la escuela y
poniendo fin al matrimonio infantil, afirmó en un reporte este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Cada año, más de 21 millones de adolescentes en países de renta baja y
media se quedan embarazadas. Aproximadamente la mitad de esos embarazos
no son deseados. Y nueve de cada 10 alumbramientos de adolescentes se
producen entre chicas que se casaron antes de cumplir los 18 años.
La médica Pascale Allotey, directora de Salud Sexual y Reproductiva e
Investigaciones Conexas de la OMS, destacó que “los embarazos a
temprana edad pueden tener graves consecuencias físicas y psicológicas
para las niñas y las jóvenes”.
“Suelen reflejar desigualdades fundamentales que afectan a su capacidad para moldear sus relaciones y sus vidas”, agregó.
Entre los graves riesgos para la salud que conlleva el embarazo
adolescente están los mayores índices de infecciones, complicaciones y
partos prematuros. Pero también interrumpe la educación y limita las
oportunidades de trabajo en el futuro, por lo que muchas madres jóvenes
acaban atrapadas en la pobreza.
Para ayudar a prevenir el embarazo adolescente, la OMS pide a los
gobiernos que ofrezcan mejores alternativas al matrimonio infantil. Por
ejemplo, mejorando el acceso a la educación, los servicios financieros y
el empleo.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), si todas las niñas terminaran la enseñanza secundaria, el matrimonio infantil podría reducirse hasta en dos tercios.
“Abordar este problema implica crear las condiciones para que las
niñas y mujeres jóvenes puedan prosperar, garantizando que puedan
permanecer en la escuela, estar protegidas de la violencia y la
coerción, acceder a servicios de salud sexual y reproductiva y tener
opciones reales sobre su futuro”, insistió Allotey.
Por otra parte, el reporte registra que se han producido avances a
escala mundial. En 2021, una de cada 25 niñas dio a luz antes de los 20
años. Veinte años antes, la tasa era de una de cada 15.
Sin embargo, sigue habiendo grandes diferencias. En algunos países,
casi una de cada 10 niñas de entre 15 y 19 años sigue dando a luz cada
año.
“El matrimonio infantil priva a las niñas de su infancia y tiene
graves consecuencias para su salud”, afirmó la experta en Salud Pública
Sheri Bastien, del área de Salud Sexual y Reproductiva de los
Adolescentes en la OMS.
Subrayó el poder de la educación para transformar el futuro de las
niñas, y dijo que “tanto los niños como las niñas deben comprender el
concepto de consentimiento y desafiar las grandes desigualdades de
género que siguen impulsando las altas tasas de matrimonio infantil y
embarazo precoz en muchas partes del mundo”.
La OMS actualizó las guías sobre la materia publicadas en 2011,
promoviendo una educación sexual integral que, según ese organismo
sanitario de las Naciones Unidas, es esencial para que las y los jóvenes
sepan cómo utilizar los distintos tipos de anticonceptivos y dónde
buscar asesoramiento.
“Se ha demostrado que reduce los embarazos precoces, retrasa el
inicio de la actividad sexual y mejora los conocimientos de los
adolescentes sobre su cuerpo y su salud reproductiva”, sostiene la OMS.
La directriz recomienda, para las niñas en mayor riesgo, considerar
incentivos para apoyar la finalización de la educación secundaria, como
estipendios financieros específicos o programas de becas.
Además, pide leyes que prohíban el matrimonio antes de los 18 años,
de conformidad con las normas de derechos humanos, y la participación
comunitaria para prevenir esa práctica.
La
Ley de Prohibición del Matrimonio Infantil, promulgada en Sierra Leona
este mes de julio, penaliza los casamientos antes de los 18 años, un
gran paso para un país donde en 2022 la mitad de las niñas estaban ya
casadas a los 15 años. Imagen: Joyce Chimbi / IPS
FREETOWN / NAIROBI – “Un individuo no debe contraer matrimonio con
una menor”, establece taxativamente la esperada nueva Ley de
Prohibición del Matrimonio Infantil de Sierra Leona, que impide
categóricamente el matrimonio infantil y fija la edad para casarse en un
mínimo de 18 años.
También impide otorgar el consentimiento y la tentativa de casarse
con una menor, oficiar la ceremonia, concurrir a ella y promover el
casamiento con una niña, así como usar la fuerza o el maltrato con las
menores de edad.
El presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, firmó solemnemente
la norma el 2 de julio, en una ceremonia en el Centro de Conferencia de
Freetown, la capital del país, organizada por la primera dama, Fatima
Bio, cuya campaña “No toquen a nuestras niñas” jugó un papel esencial en
este logro. Al acto concurrieron también esposas de gobernantes de
otros países africanos.
“Siempre he creído que el futuro de Sierra Leona es femenino. Esta y
las generaciones futuras de Sierra Leona deben prosperar en un país
donde estén protegidas, tengan igualdad de condiciones y estén
empoderadas”, dijo el presidente en la red X poco después de promulgar
la ley, aprobada por el parlamento el 23 de junio.
Al convertirse en un delito penal, los hombres que se casen con niñas
y adolescentes menores de 18 pueden ser castigados desde ahora con 15
años de prisión, una multa de 4000 dólares o ambas penas.
Además, aquellas niñas que no quieren seguir casadas podrán anular los matrimonios.
Fatou Gueye Ndir, representante sénior de compromiso regional y defensa de la organización Girls Not Brides
(Niñas, no esposas) consideró a IPS que el poder de la nueva
legislación para poner fin a las prácticas nocivas contra las niñas
sierraleonesas es un gran logro.
Recordó que “también incluye disposiciones para imponer sanciones a
los infractores, para proteger a las esposas víctimas, y asegurar el
acceso a la educación y respaldar los servicios para las jóvenes
afectadas”.
Girls Not Brides es una coalición mundial de más de 1400
organizaciones de la sociedad civil comprometida a poner fin al
matrimonio infantil y permitir que las niñas puedan alcanzar su máximo
potencial.
Fatou sostiene que la nueva ley ha inyectado vida nueva a la lucha
contra el matrimonio infantil y los matrimonios tempranos y forzosos en
Sierra Leona.
“Esto marca un punto de inflexión. Apelamos al gobierno para
continuar dando servicios de apoyo a las niñas afectadas y acceso a la
educación, que son fundamentales para protegerlas y asegurarse de que no
se vean afectadas negativamente por la criminalización del matrimonio
de menores», adujo.
La ley también prohíbe la conspiración, ayuda e incitación para que
se lleven a cabo matrimonios infantiles. Es tan completa que además
prohíbe la convivencia con un menor, cualquier intento, conspiración,
ayuda o incitación a convivir con una niña.
Fatima
Maada Bio, primera dama de Sierra Leona, promovió la ley contra el
matriomnio infantil con su campaña “No toquen a nuestras niñas”. Imagen:
ONU
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) informó que
solamente en 2020, se casaron en Sierra Leona casi 800 000 niñas
menores de 18 años, lo que representa un tercio de las niñas en este
pequeño país de África occidental.
La mitad de estas víctimas de matrimonioinfantil se casó antes de
cumplir los 15 años. El flagelo del matrimonio infantil es tan
prevalente que alrededor de 9 % de todas las niñas estarían casadas a
los 15 años y 30 %, a los 19.
Hannah Yambasu, directora de Mujeres contra la Violencia y
Explotación en Sociedad de Sierra Leona (WAVES-SL, en inglés), comentó a
IPS que otras medidas para impedir los matrimonios infantiles no habían
tenido éxito para romper la perniciosa práctica.
“La política de educación obligatoria, donde todos los niños y niñas
deben ir a la escuela, no ha sido suficiente para mantener a las niñas
dentro del sistema educativo», citó como un ejemplo.
«Hay grupos étnicos y comunidades que consideran que no es necesario
que las niñas, estén o no en la escuela, o lleguen a los 18 años antes
de casarse”,explicó.
Manifiestó que hasta esta avanzada ley, las niñas entraban en un
terrero peligroso a los 12 años y muchas de ellas después de esa edad
eran forzadas a casarse siendo menores, con consecuencias para toda su
vida.
Yambau sí precisó que la ley por sí misma no es suficiente y planteó
que se deben hacer esfuerzos coordinados para sensibilizar a la
comunidad sobre todos los aspectos de la norma.
Especialmente,explicó, porque la Ley de Matrimonio Consuetudinario y
Divorcio de 2009 permitía los matrimonios infantiles con el
consentimiento del padre, la madre o el tutor y no estipulaba una edad
mínima para casarse.
Destacó que se necesita urgentemente una educación cívica masiva y de
base para que esta prohibición y otros derechos de las niñas y niños
sean interiorizados por la población del país, con 8,2 millones de
habitantes.
Fatou, por su parte, sostuvo que la implementación eficaz de la ley
derivará en avances sustanciales y resultados positivos en educación,
salud y progreso económico de las mujeres.
Hizo hincapié en que el matrimonio infantil y la educación están
estrechamente entrelazados, dado que las niñas que permanecen en la
escuela por más tiempo están protegidas del matrimonio infantil.
Además, manifestó, las jóvenes sufren una menor disrupción provocada
por el matrimonio o embarazo temprano y es más probable que tengan un
mejor desempeño.
Según Fatou, “el matrimonio infantil está vinculado con el embarazo
juvenil; por lo tanto, la ley progresivamente ayudará a reducir la
mortalidad materna e infantilS» en . Sierra Leona.
«El hecho de retrasar el matrimonio y el embarazo disminuirá
significativamente los riesgos asociados con la maternidad temprana,
incluso todas las complicaciones que a menudo llevan a tasas mas altas
de mortalidad materna o infantil”, afirmó.
También indicó que es menos probable que las niñas que rechazan el
matrimonio infantil experimenten estrés o trauma psicológico asociado
con él, lo que conduce a mejores resultados de salud mental.
Además, dijo el activista de Girs Not Brides, “en el momento en que
más niñas finalicen su educación, habrá un grupo mayor de mujeres
instruidas que ingrese a la fuerza laboral, lo que contribuirá al
crecimiento y desarrollo económico» sierraleoneses.
«Es más probable que las mujeres instruidas obtengan empleos mejor
remunerados, lo cual puede mejorar el estatus económico de sus familias y
reducir así los niveles de pobreza”, añadió.
Organizaciones y especialistas coinciden en que el rápido aumento en
la población de niños en África necesita medidas radicales para poner
fin a las prácticas nocivas ‑incluido el matrimonio infantil‑ dado que
entorpecen el progreso hacia el acceso universal a la educación.
En ese contexto se considera que el matrimonio infantil es el mayor obstáculo para el desarrollo sostenible.
Seis de los 10 países con las tasas más altas de matrimonio infantil a
nivel mundial se encuentran en África occidental y central, donde la
prevalencia promedio en toda la región se mantiene alta: casi 41 % de
las niñas y adolescentes contrae matrimonio antes de llegar a los 18
años.
La nueva ley de Sierra Leona es oportuna, especialmente a la luz del
Informe de Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) 2024, que detalla
los desafíos importantes que el mundo enfrenta para lograr avances
sustanciales hacia su cumplimiento.
El informe destaca áreas con retrocesos, pero también muestra dónde
se ha logrado un progreso tangible, por ejemplo, el mundo sigue
retrasando su búsqueda de la igualdad de género para 2030, cuando deben
cumplirse las 269 metas de los 17 ODS.
Si bien las prácticas nocivas están disminuyendo, el informe revela
que no están a la par del crecimiento poblacional. Aún se casa una de
cinco mujeres antes de los 18, en comparación con una de cada cuatro
hace 25 años (se evitaron 68 millones de casamientos en este período).
El informe expresa preocupaciones acerca de que demasiadas mujeres
aún no pueden ejercer su derecho a decidir sobre su salud sexual y
reproductiva. La violencia contra las mujeres persiste y afecta
desproporcionadamente a las mujeres con discapacidades. T
an solo quedan seis años y el progreso actual está muy lejos de lo
que se debe hacer para cumplir los ODS. Sin inversiones masivas y
acciones ampliadas, el informe cuestiona la posibilidad de lograr los
ODS.
La Cumbre del Futuro de la ONU tendrá lugar en septiembre de 2024.
Una oportunidad única para mejorar la cooperación en desafíos críticos y
reafirmar los compromisos existentes, incluidos los Objetivos de
Desarrollo Sustentable.
Yambasu comprende todos estos desafíos muy bien porque trabaja de
cerca con jóvenes adolescentes, mujeres y personas vulnerables
(incluidas personas con discapacidades) y les implora a todos los
gobiernos, partes de interés y la generación de mayores que le dé una
oportunidad a las niñas de vivir su vida como elijan.
“La oportunidad de ir a la escuela y luego elegir su esposo. Entran
al matrimonio forzoso con el corazón sangrando y el rumbo de sus vidas
cambia para peor. Todos los niños son merecedores de protección y
felicidad y ahora tenemos un plan legal para salvaguardar sus sueños”,
afirmó.
Puso el acento en que las niñas merecen “tener acceso a todas las
herramientas necesarias para participar plenamente en el desarrollo de
nuestras naciones en África».
«Debemos alzarnos contra las prácticas nocivas. Las tradiciones están
ahí, sí, y las queremos preservar. Pero conservemos solamente aquellas
que sirven para el desarrollo y progreso de nuestras comunidades”,
concluyó.
.-Ciudad de México.- Con 76 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
a fin de que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno
(federales, estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México),
adopten medidas integrales que protejan a la niñez contra las prácticas
nocivas que representa el matrimonio infantil.
Con ello, se mandata a que las autoridades adopten medidas integrales contra las prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito, con fines de unión formal e informal o consuetudinaria. Dichas medidas deberán garantizar acciones afirmativas
respecto de las niñas, niños y adolescentes que formen parte de
comunidades indígenas, afromexicanas, con discapacidad, en situación de
migración o desplazamiento o en exclusión social.
En México hay aproximadamente 35 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 7 millones contrajeron matrimonio antes de los 18 años.
De las niñas y adolescentes que casaron contra su voluntad, la mitad
sufre violencia física, 70 por ciento sexual y 16 por ciento económica.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que alrededor de 326
mil niñas y adolescentes contrajeron matrimonio de manera forzada y 193
mil se casaron a cambio de dinero, propiedades o regalos a sus
padres para que celebraran matrimonios arreglados. En algunas zonas
rurales, las niñas y adolescentes son vendidas hasta por 200 mil pesos.
Por
otra parte, en el mundo 15 millones de niñas son casadas al año, esto
significa 28 niñas por minuto, una cada dos segundos y nuestro país es
uno de los 10 países con mayor número de matrimonios infantiles. Ocupa
el octavo lugar mundial solo por debajo de India, Bangladesh, Nigeria,
Brasil, Etiopía, Pakistán e Indonesia, y apenas después del Congo y
Tanzania.
La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota,
manifestó que con la reforma se refuerza la prohibición del matrimonio
infantil, temprano, precoz o forzado (MTPF), como también se le conoce,
sobre todo en ciertas comunidades indígenas donde el matrimonio infantil
es una práctica común al ser considerada parte de los usos y costumbres
de las comunidades. Sin embargo, muchas niñas huyen de los hogares al
no querer enfrentarse con este destino.
Hasta 22 años de cárcel
Cabe
recordar que en el 2011 se reformó el artículo 4º constitucional en
materia de derechos humanos. En dicha reforma se incorporó expresamente
la obligación del Estado de velar por los derechos de las niñas, niños y
adolescentes. Mientras que en junio de 2019, en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) se publicó la reforma para prohibir el matrimonio
infantil, estableciendo como edad mínima para contraerlo 18 años de
edad. Sumado a lo anterior, el Código Penal también se reformó en este
año, para castigar con entre ocho y 15 años 22 años de cárcel el
matrimonio entre infantes o adolescentes y adultos mayores de 18 años,
así como para que las denuncias no prescriban. En caso de infantes y
adolescentes indígenas y afrodescendientes, las penas van de los 12 a
los 22 años de cárcel.
Con las medidas afirmativas en contra del
matrimonio infantil que el Senado acaba de ordenar a los diferentes
ámbitos de gobierno, se espera evitar el nacimiento diario de, en promedio mil, bebes de niñas adolescentes menores de 19 años a causa de los matrimonios forzados. De acuerdo con el informe Niñez interrumpida. Matrimonio infantil y adolescente en México,
elaborado por el Consejo Nacional de Población (Conapo,2023), en 2022
nacieron 9 mil 185 bebés de niñas madres menores de 15 años; 98 por
ciento de las cuales tenían entre 13 y 14 años de edad. Los estados que
registran el mayor número de casos son: Chiapas, Coahuila, Guerrero y
Veracruz.
El matrimonio infantil representa una práctica que
altera el desarrollo integral de las y los menores como: su derecho a la
salud, principalmente a la salud reproductiva (embarazos prematuros);
su derecho a la educación, por el abandono escolar y rezago educativo y
explotación física, principalmente en niñas, una condición violatoria de
la igualdad de género.
